Acumulación Originaria, Represión de Clase: Génesis de la Oligarquía Corporativa en España (1939-1975)
Punto Crítico
Franco y Mussolini
El Concepto de «Acumulación Originaria» Aplicado al Franquismo
La teoría de la acumulación originaria (o primitiva) de capital, expuesta por Karl Marx en el capítulo XXIV del primer volumen de El Capital, describe el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción.
Lejos de la visión idílica de la economía política clásica —que atribuye la riqueza inicial al ahorro diligente de una élite laboriosa—, Marx identifica este origen en la violencia, la conquista, el sojuzgamiento y la usurpación.
Es un proceso escrito «con letras de sangre y fuego» que transforma los medios de producción y subsistencia en capital, y a los productores directos en obreros asalariados libres solo en apariencia, pero obligados a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir.
Si bien Marx utilizó el caso inglés de los cercamientos (enclosures) y la colonización para ilustrar este fenómeno, la historiografía económica contemporánea ha resignificado el concepto para analizar procesos modernos donde el Estado interviene coercitivamente para reconfigurar las relaciones de propiedad y clase en favor de una oligarquía emergente o para restaurar el poder de una clase dominante amenazada.
Aplicar este marco teórico al franquismo (1939-1975) requiere entender la Guerra Civil y la posterior dictadura no solo como eventos militares o políticos, sino como una contrarrevolución económica destinada a reiniciar el ciclo de acumulación capitalista en condiciones óptimas para la burguesía vencedora.
En la España de 1939, la acumulación originaria no surgió de un vacío feudal, sino de una destrucción deliberada del «poder social» acumulado por las clases trabajadoras durante las décadas anteriores.
El régimen franquista actuó como un agente de «acumulación por desposesión» (en términos del geógrafo David Harvey), utilizando el aparato represivo del Estado para transferir rentas, activos y plusvalía desde las clases populares y los sectores republicanos derrotados hacia una nueva coalición de terratenientes, financieros e industriales afectos al Movimiento Nacional.
El primer mecanismo de esta acumulación fue la desvalorización forzada de la fuerza de trabajo. Mediante la aniquilación física e institucional de los sindicatos de clase (CNT, UGT) y la promulgación de leyes que prohibían la negociación colectiva y la huelga (considerada delito de sedición), el franquismo redujo los salarios reales a niveles de subsistencia o inferiores, situándose en la década de 1940 por debajo de los niveles de 1914.
Esta brecha colosal entre el coste de reproducción de la mano de obra y el valor generado por ella no fue una «consecuencia triste» de la posguerra, sino la base material de la recuperación de la tasa de ganancia empresarial.
El Estado garantizó, mediante la coerción extraeconómica del cuartel y la cárcel, una extracción de plusvalía absoluta que permitió la capitalización rápida de sectores intensivos en mano de obra como la minería y la construcción.
En segundo lugar, la acumulación se produjo mediante la apropiación directa y el saqueo institucionalizado.
La Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 y los tribunales de incautación de bienes permitieron el expolio sistemático de las propiedades de partidos, sindicatos y particulares republicanos. Estos activos -desde rotativas de periódicos hasta sedes sociales, tierras y cuentas bancarias- fueron transferidos al Estado, al partido único (Falange) o subastados en condiciones ventajosas a empresarios afines, constituyendo una transferencia de riqueza neta que cimentó el patrimonio inicial de muchas fortunas de la posguerra.
A esto se sumó la corrupción estructural del «estraperlo«, donde la gestión política de la escasez y las licencias de importación permitieron a la élite burocrática y empresarial acumular capital comercial masivo mediante la especulación con bienes de primera necesidad.
Finalmente, el concepto se manifiesta en su forma más literal a través del trabajo esclavo.
El sistema de Redención de Penas por el Trabajo convirtió a los prisioneros de guerra y presos políticos en una reserva de mano de obra forzada, alquilable a empresas privadas por un precio irrisorio, muy inferior al salario de mercado.
Esta práctica, que evocaba las formas de explotación colonial o pre-capitalista, inyectó un subsidio directo en los balances de las grandes constructoras y empresas mineras, permitiéndoles acometer obras de infraestructura con costes laborales artificialmente deprimidos y beneficios asegurados por el Estado.
Así, la «acumulación originaria» franquista fue el proceso de refundación del capitalismo español sobre la base de la victoria militar, la exclusión política y la explotación intensiva, creando las estructuras de poder económico que, con transformaciones y modernizaciones, perdurarían hasta la democracia actual.
Presos republicanos trabajando en el Valle de los caidos
Anatomía de la Oligarquía: Mecanismos de Consolidación
La formación de la élite empresarial durante el franquismo no fue homogénea; respondió a diferentes lógicas de acumulación que operaron de manera simultánea y complementaria. Estas lógicas, orquestadas desde el Estado, permitieron el ascenso de grupos familiares que supieron capitalizar su cercanía al poder político.
2.1. El Estado como «Partera» de la Riqueza Privada: Autarquía y Regulación
La política autárquica (1939-1959), a menudo analizada como un error de cálculo económico o una necesidad impuesta por el aislamiento internacional, funcionó en la práctica como un mecanismo de protección de mercado para la burguesía nacional.
El cierre de fronteras y el control de cambios eliminaron la competencia extranjera, creando un mercado cautivo donde los precios podían fijarse muy por encima de los costes internacionales.
El Sistema de Licencias y Cupos:
La escasez de divisas obligó a establecer un riguroso control sobre las importaciones. Para importar maquinaria, repuestos, petróleo o algodón, un empresario necesitaba una licencia administrativa expedida por el Ministerio de Comercio o Industria.
Mecanismo de Enriquecimiento: La concesión de estas licencias era discrecional y estaba permeada por el tráfico de influencias. Los empresarios con acceso directo a los ministerios (como Demetrio Carceller o los Oriol) obtenían licencias exclusivas, lo que les otorgaba un monopolio de facto sobre sectores enteros.
El Gran Estraperlo: Quienes obtenían materias primas a precios oficiales (tasados por el Estado) desviaban frecuentemente parte de su producción o de las importaciones al mercado negro, donde los precios se multiplicaban exponencialmente. Este diferencial generó una acumulación de capital financiero brutal en manos de intermediarios y grandes industriales, mientras la pequeña burguesía y el proletariado sufrían la escasez.
2.2. La Plusvalía Penal: El Patronato de Redención de Penas
El uso de prisioneros políticos no fue una medida coyuntural de posguerra, sino un sistema industrializado que duró décadas, gestionado por el Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo.
Estructura Económica: Las empresas privadas (constructoras, mineras, metalúrgicas) solicitaban batallones de trabajadores. El Estado cobraba a la empresa un salario diario por preso (ej. 14 pesetas), pero solo entregaba al preso una fracción mínima (ej. 2 pesetas) o retenía el resto en concepto de «manutención«.
Beneficio Empresarial: Las empresas obtenían una fuerza laboral disciplinada (bajo amenaza militar), sin derechos a huelga, sin seguridad social, y a un coste muy inferior al de un trabajador libre, cuyo salario ya estaba deprimido. Esto permitía a empresas como Dragados y Construcciones o Banús licitar a la baja en obra pública y obtener márgenes de beneficio superiores.
Reunión de la Confederación Española de Cajas de Ahorro con el ministro de Trabajo para la probación de sus estatutos, 1928. (‘Guía de archivos históricos de la banca en España’)
2.3. La Banca Mixta y el Estatus Quo Bancario
La Ley de Ordenación Bancaria de 1946 congeló el mapa bancario español, impidiendo la creación de nuevos bancos y consagrando el oligopolio de los «Siete Grandes» (Banesto, Central, Hispano Americano, Bilbao, Vizcaya, Santander, Popular).
Poder Estructural: Estos bancos no eran meros intermediarios financieros; eran propietarios directos de la industria (banca mixta). Controlaban las carteras industriales de las empresas eléctricas, constructoras y manufactureras.
Al negar crédito a competidores externos y financiar sus propias participadas, la banca concentró el poder económico de forma absoluta, actuando como el cerebro organizador de la acumulación franquista.
Spaniard Banksters
Las Dinastías del Régimen: Genealogía del Poder Económico
A continuación, se presenta un análisis de las principales familias y corporaciones que cimentaron su poder durante la dictadura, detallando sus orígenes, los mecanismos específicos de su ascenso y su evolución hacia las actuales sociedades anónimas del IBEX 35.
Joan March Monjo de visita a Joan March Ordinas en la prisión de Alcalà de Henares.
3.1. El Sector Financiero, Energético y Monopolístico
La Familia March: El Capital Financiero y el Contrabando de Estado
Figura Central:Juan March Ordinas (1880-1962).
Origen y Vínculo Político: Conocido como «el banquero de Franco«, March fue fundamental para el éxito del golpe de Estado de 1936. Financió el alquiler del avión Dragon Rapide que trasladó a Franco desde Canarias a Tetuán y proporcionó créditos vitales a los sublevados a través de bancos internacionales cuando la República controlaba las reservas de oro. Franco reconoció esta deuda, otorgando a March una impunidad y capacidad de influencia sin parangón.
Mecanismo de Acumulación (Caso Barcelona Traction):
La operación más emblemática de «acumulación por desposesión jurídica» fue el caso de la Barcelona Traction, Light and Power.
Esta empresa de capital canadiense controlaba la producción eléctrica de Cataluña.
En 1948, un juez de Reus, en una maniobra orquestada por March, declaró la quiebra de la compañía por el impago de unos intereses de bonos que el propio gobierno franquista había impedido transferir al extranjero (bloqueo de divisas).
March adquirió los activos de la compañía en subasta por una fracción ridícula de su valor real (aprox. 10 millones de libras de la época para activos valorados en mucho más).
Estos activos se reorganizaron en Fuerzas Eléctricas de Cataluña S.A. (FECSA), que otorgó a March el control energético del noreste peninsular. FECSA fue absorbida posteriormente por Endesa.
La familia March consolidó su fortuna a través de la Banca March (único banco español de propiedad 100% familiar hoy en día) y la Corporación Financiera Alba, el brazo inversor a través del cual poseen participaciones significativas en empresas del IBEX 35 como Naturgy, ACS, Acerinox y Ebro Foods.
Los nietos, Juan y Carlos March, lideran hoy este imperio financiero.
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La Familia Oriol: La Simbiosis Perfecta entre Falange y Electricidad
Figura Central: José María de Oriol y Urquijo (1905-1985).
Origen y Vínculo Político: José María de Oriol encarnó la fusión absoluta entre política y negocios. Fue Jefe Provincial de Falange en Vizcaya, alcalde de Bilbao y procurador en Cortes durante casi toda la dictadura. Su acceso directo a Franco era notorio.
José María de Oriol Urquijo en la Galería de Alcaldes de Bilbao
Mecanismo de Acumulación:
El Oligopolio Eléctrico: Oriol fue el arquitecto de UNESA (Unidad Eléctrica S.A.), el lobby patronal que coordinaba las inversiones y tarifas eléctricas con el Estado, eliminando la competencia real entre empresas.
Hidroeléctrica Española: Bajo su presidencia, Hidrola (hoy Iberdrola) experimentó un crecimiento exponencial, beneficiándose de la política de construcción de grandes embalses del franquismo. La empresa capitalizó la construcción de infraestructuras públicas y obtuvo concesiones de explotación hidroeléctrica a perpetuidad.
Apuesta Nuclear: Oriol impulsó la nuclearización de España, asegurando contratos estatales y financiación pública para las centrales que sus empresas construirían y explotarían (Almaraz, Cofrentes).
Talgo: La familia Oriol financió el desarrollo del tren Talgo, cuya implantación fue prioridad nacional para el régimen, otorgándole un monopolio técnico en la alta velocidad española durante décadas.
Evolución y Actualidad: Hidroeléctrica Española se fusionó con Iberduero para formar Iberdrola, hoy una de las mayores compañías eléctricas del mundo. Íñigo de Oriol e Ybarra continuó la saga en la presidencia hasta la llegada de Ignacio Sánchez Galán.
Aunque la participación familiar se ha diluido en el capital flotante, el linaje Oriol sigue vinculado a la aristocracia empresarial.
Ignacio Sánchez Galán ganó 13,2 millones en 2021, un 8,23 % más. El consejo de administración de Iberdrola recibió en su conjunto en 2021 una retribución de 21,39 millones de euros.
La Familia Carceller: El Petróleo y la Cerveza
Figura Central:Demetrio Carceller Segura (1894-1968).
Origen y Vínculo Político: Falangista y tecnócrata, fue Ministro de Industria y Comercio (1940-1945), el puesto clave para controlar toda la economía de la autarquía.
Carceller, otro imperio surgido de La Falange española.
Mecanismo de Acumulación:
Ingeniería del Monopolio: Desde el ministerio, Carceller diseñó el sistema de cupos petroleros. Fue impulsor de CEPSA (Compañía Española de Petróleos S.A.) y mantuvo el monopolio estatal de CAMPSA, pero asegurando que el refino y la logística beneficiaran a intereses privados aliados.
Opacidad y Testaferros: Utilizó su posición para acumular participaciones en empresas que él mismo regulaba, a menudo mediante sociedades instrumentales para evitar el escándalo público, aunque era un «secreto a voces» en el régimen.
Damm y DISA: Consolidó el control de la cervecera Damm (aprovechando el acceso privilegiado a lúpulo y cebada importados o racionados) y fundó DISA en Canarias, que obtuvo un monopolio de facto en la distribución de combustible en las islas gracias al régimen fiscal especial y la protección política.
Demetrio fue Ministro de Industria y Comercio desde el año 1940 hasta 1945
Evolución y Actualidad: Su nieto, Demetrio Carceller Arce, es hoy una de las figuras más poderosas del IBEX 35. Preside Damm y DISA, y es accionista de referencia y vicepresidente de la constructora Sacyr. La familia ha enfrentado problemas legales recientes por fraude fiscal, revelando estructuras offshore heredadas.
Florentino Pérez (ACS), Rafael del Pino (Ferrovial), José Manuel Entrecanales (Acciona), la familia Villar Mir y los hermanos Amodio (OHL), y Manuel Manrique (Sacyr) Clara Rodríguez
3.2. Los «Señores del Ladrillo»: Construcción y Obras Públicas
El sector de la construcción fue el gran beneficiario del modelo desarrollista y de la reconstrucción de posguerra. Aquí se encuentran las raíces más profundas del poder corporativo actual.
La Familia Koplowitz: El Cemento de Madrid
Figura Central: Ernesto Koplowitz Sternberg.
Origen: Empresario de origen judío alemán que llegó a España escapando del nazismo, paradójicamente logró integrarse en la élite franquista gracias a su habilidad para tejer relaciones en el Madrid de la posguerra.
Ernst Koplowitz Sternberg
Mecanismo de Acumulación:
Adquirió una pequeña empresa de saneamiento, Construcciones y Reparaciones, que transformó en Construcciones y Contratas (Cycsa).
Su éxito radicó en obtener la mayoría de las contratas municipales de Madrid (alcantarillado, limpieza, pavimentación) durante el crecimiento explosivo y desordenado de la capital en los años 50 y 60. La cercanía a los concejales y alcaldes franquistas fue determinante para asegurar este flujo constante de caja pública.
Alicia y Esther Koplowitz
Evolución y Actualidad: Tras su muerte en 1962, la empresa continuó creciendo. En los 90, se fusionó con Fomento de Obras y Construcciones (FOCSA) —controlada por los Albertos y el Banco Central— para crear FCC (Fomento de Construcciones y Contratas).
Sus hijas, Esther y Alicia Koplowitz, gestionaron el imperio y lo expandieron. Actualmente, el magnate mexicano Carlos Slim controla la mayoría de FCC, pero las Koplowitz mantienen una posición relevante y simbólica.
La Familia Entrecanales: Ingeniería y Baronía
Figura Central: José Entrecanales Ibarra.
Origen: Catedrático de ingeniería y empresario vasco asentado en Madrid.
Mecanismo de Acumulación:
Fundó Entrecanales y Távora en 1931, pero su explosión se dio bajo el franquismo. La empresa se convirtió en una de las contratistas preferidas para las grandes obras hidráulicas y portuarias.
Trabajo Forzado: Documentación histórica vincula a la empresa con el uso de batallones de presos políticos, específicamente en obras como el Plan de Mejora del Puerto de Sevilla y la construcción de canales, beneficiándose de la reducción de costes laborales mediante el sistema de redención de penas.
Evolución y Actualidad: La empresa absorbió a sus rivales para convertirse en Acciona, un gigante global de infraestructuras y energías renovables.
La familia Entrecanales (José Manuel Entrecanales Domecq) sigue controlando la gestión y la propiedad, manteniéndose en la cúspide de la aristocracia empresarial española (la «jet set» vinculada a la nobleza mediante matrimonios estratégicos).
La Familia Huarte: El Constructor del Valle
Figura Central: Félix Huarte Goñi (1896-1971).
Origen: Empresario navarro de origen carlista/conservador.
Mecanismo de Acumulación:
Valle de los Caídos: Huarte y Cía fue una de las empresas principales (junto a Banús y San Román) en la construcción del mausoleo de Franco.
Este contrato, que se extendió durante casi dos décadas, garantizó ingresos seguros y acceso preferente a materiales (cemento, acero) escasos para otros. Utilizó masivamente mano de obra de presos políticos republicanos en condiciones de extrema dureza.
Caciquismo Industrial: Huarte usó el capital acumulado para impulsar el «Programa de Promoción Industrial» de Navarra en 1964, actuando casi como un virrey económico que dirigía la transformación de la provincia, con total apoyo del régimen.
Imposición de la Medalla de oro al Mérito en el Trabajo a Félix Huarte Goñi, vicepresidente de la Diputación Foral, por el ministro de Trabajo, Jesús Romeo Gorría en agosto de 1965. Anulada por el Gobierno de Pedro Sánchez
Evolución y Actualidad: El grupo Huarte pasó por dificultades en los 90 y fue integrado en Obrascón Huarte Lain (OHL), bajo el mando de Juan Miguel Villar Mir (quien también fue un alto cargo del franquismo y ministro en la Transición). Hoy la empresa opera como OHLA.
El primer gobierno de la monarquía (diciembre de 1975-junio de 1976)
La Familia Del Pino: Las Vías del Estado
Figura Central: Rafael del Pino y Moreno (1920-2008).
Origen: Vinculado familiarmente a la élite del régimen (primo segundo de Milans del Bosch y casado con Ana Calvo-Sotelo, hermana del futuro presidente y sobrina del «protomártir» José Calvo Sotelo).
Florentino Pérez (ACS), Pablo Colio (FCC), Rafael del Pino (Ferrovial), José Manuel Entrecanales (Acciona), José Antonio Fernández Gallar (OHLA) y Manuel Manrique (Sacyr)
Mecanismo de Acumulación:
Fundó Ferrovial en 1952. Su gran salto se produjo al obtener el contrato para la renovación de las vías de RENFE.
A diferencia de las obras puntuales, este era un contrato de mantenimiento y renovación continua con una empresa estatal monopolística, lo que proporcionó a Ferrovial una estabilidad financiera («cash flow») excepcional que le permitió apalancarse y crecer sin riesgo.
La conexión política fue vital para mantener esta posición privilegiada frente a competidores más antiguos como MZOV.
Ferrovial es hoy una multinacional propietaria de aeropuertos (Heathrow) y autopistas en EEUU y Canadá.
La familia Del Pino sigue siendo la máxima accionista, y Rafael del Pino Calvo-Sotelo es una de las personas más ricas de España. Recientemente, la empresa trasladó su sede social a los Países Bajos, generando una fuerte controversia política.
La Familia Banús: El Promotor de la «Jet Set» y los Barracones
Figura Central: José Banús Masdeu (1906-1984).
Caricatura de los hermanos Juan y José Banús
Mecanismo de Acumulación:
Conocido como «el constructor del régimen«, Banús cimentó su fortuna inicial construyendo los accesos y viaductos del Valle de los Caídos, utilizando trabajo esclavo.
Posteriormente, se benefició de la especulación urbanística en Madrid, construyendo barrios enteros de «colmenas» residenciales (Barrio del Pilar) sobre terrenos recalificados favorablemente.
Utilizó ese capital para desarrollar Puerto Banús en Marbella, convirtiéndose en el símbolo del turismo de lujo franquista y blanqueando su imagen de constructor de posguerra.
José Banús Masdeu
La empresa como tal se disolvió y fragmentó tras su muerte y disputas hereditarias, pero el legado físico y el modelo de negocio inmobiliario perduran.
Banús, un espía franquista, con el Rey Juan Carlos I
3.3. Medios, Banca y Otros Sectores
CELA Y LARA FALLECIERON ESTANDO IMPUTADOS DE PLAGIO tras-20 años no quedó ninguno vivo para poder juzgarlo
La Familia Lara: Cultura de Masas y Censura
Figura Central: José Manuel Lara Hernández (1914-2003).
Origen: Exlegionario que entró en Barcelona con las tropas franquistas.
Mecanismo: Fundó la Editorial Planeta en 1949. En un contexto de censura férrea y escasez de papel (cuyo cupo controlaba el Estado), su fidelidad ideológica le garantizó suministros y permisos para publicar.
Supo combinar esta protección con una visión comercial astuta, creando el Premio Planeta para dinamizar el mercado literario bajo los límites permitidos.
El Grupo Planeta es el mayor grupo editorial y mediático de España (propietario de Atresmedia: Antena 3, La Sexta), controlado por los descendientes de Lara.
María del Carmen Formoso Lapido (A Coruña, 1940-2020), escritora, poeta y pintora. Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, diplomada en Bellas Artes. Presentó el original de Carmen Carmela Carmiña al premio Planeta en 1994, donde resultaría premiado Camilo José Cela con La Cruz de San Andrés. Alarmada, al encontrar allí nada menos que la historia de su propia vida, interpuso una demanda contra el premio Nobel por plagio, juicio que provocaría una tormenta en la escena literaria española.
Familia Valls-Taberner: La Banca del Opus Dei
Figura Central: Luis Valls-Taberner Arnó.
Mecanismo: Vinculado al Banco Popular y numerario del Opus Dei. Durante la etapa de los tecnócratas (1959-1973), la influencia del Opus Dei en el gobierno (López Rodó, Ullastres) facilitó el ascenso del Banco Popular como una entidad eficiente y muy rentable, protegida políticamente y gestora de los intereses de la burguesía católica conservadora.
Luis Valls-Taberner Arnó
El Banco Popular colapsó en 2017 y fue absorbido por el Banco Santander por un euro, marcando el fin de la independencia de esta dinastía financiera.
El Presidente, Pedro Sánchez, con Juan Ignacio Entrecanales
El Trabajo Forzado: Una Subvención Encubierta al Capital
Es imperativo detenerse en la dimensión económica del trabajo esclavo, ya que constituye la prueba más fehaciente de la acumulación originaria violenta.
No fue un fenómeno marginal; movilizó a cientos de miles de presos.
Tabla 1. Selección de Empresas y Obras Vinculadas al Trabajo Forzado (Patronato de Redención de Penas)
Empresa Histórica
Obra / Proyecto
Tipo de Trabajo
Conexión Actual
Dragados y Construcciones
Embalse del Ebro, Canal del Bajo Guadalquivir («Canal de los Presos»)
Excavación, hormigonado
ACS (Presidida por Florentino Pérez)
Huarte y Cía
Valle de los Caídos, Sanatorios antituberculosos
Construcción monumental
OHLA (Grupo Villar Mir)
Construcciones Banús
Valle de los Caídos (Carretera, Viaductos), Viviendas
Infraestructura viaria
(Disuelta / Activos inmobiliarios)
Entrecanales y Távora
Plan de Mejora del Puerto de Sevilla, Canales
Infraestructura hidráulica
Acciona (Familia Entrecanales)
San Román
Valle de los Caídos, Reconstrucción de pueblos
Edificación
(Absorbida/Extinguida)
Babcock & Wilcox
Industria pesada en Vizcaya
Metalurgia, Bienes de equipo
(Liquidada/Fragmentada)
Duro Felguera
Minas en Asturias
Minería del carbón
Duro Felguera (Ingeniería)
Muguruza / Méndez
Dirección arquitectónica Valle de los Caídos
Arquitectura estatal
Patrimonio Nacional
RENFE
Trazado Zamora-Coruña, Madrid-Burgos
Vías férreas (Batallones disciplinarios)
Renfe / Adif
Metropolitano de Madrid
Ampliación de líneas
Infraestructura urbana
Metro de Madrid
Cía. Minero-Siderúrgica de Ponferrada
Minas de León/El Bierzo
Minería e industria
(Coto Minero Cantábrico – Liquidada)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de «Los esclavos de Franco» y listados de batallones de trabajadores.
Batallones disciplinarios de soldados trabajadores presos políticos (1940)
El beneficio económico no residía solo en el bajo coste salarial, sino en la disciplina militarizada: las huelgas eran imposibles, el ritmo de trabajo era extenuante y la rotación de mano de obra (por agotamiento o muerte) era cubierta inmediatamente por el Estado con nuevos remesas de presos.
Esto permitía a las empresas planificar obras a largo plazo con costes fijos muy bajos, acumulando un excedente que luego reinvertirían en maquinaria y expansión cuando la economía se liberalizó en los años 60.
Empresarios con Francisco Franco. El 40% de los grandes empresarios en la Transición provenía de las élites franquistas
Continuidad y Metamorfosis: De la Dictadura al IBEX 35
La Transición a la democracia (1975-1978) supuso una reforma política, pero no una ruptura económica. El pacto de la Transición garantizó implícitamente la intangibilidad de los patrimonios acumulados durante la dictadura.
No hubo depuración de responsabilidades económicas, ni revisión de las adjudicaciones, ni reparaciones por el trabajo esclavo exigidas a las empresas privadas (a diferencia de lo ocurrido en Alemania con empresas como Siemens o Volkswagen décadas más tarde).
Este fenómeno de continuidad se manifiesta en:
Las Puertas Giratorias (Revolving Doors): Los altos cargos del franquismo pasaron a los consejos de administración de las empresas que habían regulado. Martín Villa (ministro franquista y de la Transición) acabó en Endesa y Sogecable. Villar Mir (alto cargo franquista) compró OHL.
Consolidación y Fusiones: En los años 80 y 90, ante la entrada en la CEE, el gobierno socialista de Felipe González favoreció la fusión de los grandes bancos y constructoras para crear «campeones nacionales«. Esto permitió a las familias franquistas diluir su pasado en nuevas marcas corporativas (ACS, FCC, Acciona) sin perder el control accionarial o la influencia.
Privatizaciones: La privatización de empresas públicas (Endesa, Telefónica, Repsol, Argentaria) en los años 90 benefició a los núcleos financieros tradicionales (la banca de siempre) y a gestores afines al poder político, cerrando el círculo de la acumulación: lo que el Estado creó o expropió, acabó gestionado por la élite privada heredera del régimen.
Conclusión
La economía española contemporánea no puede explicarse sin la variable de la acumulación originaria franquista. Las grandes corporaciones que hoy dominan el índice IBEX 35 y proyectan el poder económico de España en el mundo (especialmente en Latinoamérica) tienen, en muchos casos, un origen manchado por la represión de clase y el favoritismo estatal de la dictadura.
La guerra y la autarquía no fueron paréntesis en el desarrollo del capitalismo español, sino su momento fundacional moderno: un periodo de transferencia masiva de rentas del trabajo al capital que dotó a la burguesía española de la solvencia necesaria para integrarse en el mercado global, dejando tras de sí una historia de desposesión que, en términos económicos, nunca fue revertida.
El problema que el fascismo propone resolver con la introducción del E(stado) C(orporativo) es el de la relación de capital y trabajo entre ellos y con el Estado.
En la Italia de la posguerra la lucha entre trabajo y capital alcanzó un estado crítico.
Las clases capitalista y trabajadora habían llegado a consolidarse en dos opuestos y exclusivos partidos que trataron decisivamente de conquistar el control del Estado.
Se había roto el equilibrio del gobierno democrático, que implica que cada uno de los diversos intereses en disputa deba ser mucho menos potente que el agregado de los otros.
Los intereses opuestos no combatían sobre el fondo de particulares puntos en disputa.
Cada vez que surgía una cuestión sindical o política, se dejaba atrás inmediatamente la cuestión específica y el conflicto adquiría una importancia general, conllevando siempre y en última instancia la cuestión fundamental –quién mandaba en la fábrica, quién tenía el control del Estado.
A todos los efectos prácticos se trataba de un estado de guerra en el que cada una de las partes se interesaba poco en las ventajas inmediatas que se podían obtener o en las temporales dificultades que habría que sufrir, concentrando por el momento todas sus energías en asegurar la victoria final: después, se pensaba, cuando una de las dos clases hubiese alcanzado la supremacía, sería fácil para la misma resolver todas las cuestiones particulares según sus propios intereses y punto de vista.
Parecía, y de hecho habría sido bastante fútil, consumir energías para obtener éxitos inmediatos en cuestiones secundarias, de detalle, como por ejemplo salarios o reformas sociales, cuando se esperaba que en caso de una derrota todo se perdería mientras que en el caso de la victoria final todas las ventajas se harían realidad.
El aspecto destacable de la situación era que los sentimientos de clase y la concepción de clase del Estado estaban profundamente enraizados tanto entre los capitalistas como entre los trabajadores.
Los gobiernos liberales, en su intento de mantener una apariencia de imparcialidad, eran incapaces de mantener el equilibrio entre las dos fuerzas contendientes, debían hacer concesión tras concesión y cada éxito de una de las partes implicaba la renuncia a su favor de un poco de la autoridad del Estado.
Las dos partes más activas y poderosas secciones de la comunidad se estaban separando del Estado y se estaban organizando como unidades autosuficientes, casi instaurando por sí mismas una organización estatal separada, –los empleadores, desengañados por no haber obtenido un abierto apoyo al que ellos creían tener derecho, los trabajadores siendo conscientes de que el Estado ayudaba secretamente a preparar la reacción fascista a favor de los capitalistas.
Toda la situación era obviamente inestable y no había otra salida que la victoria completa de una de las clases.
Los gobiernos liberales, en su intento de mantener una apariencia de imparcialidad, eran incapaces de mantener el equilibrio entre las dos fuerzas contendientes, debían hacer concesión tras concesión y cada éxito de una de las partes implicaba la renuncia a su favor de un poco de la autoridad del Estado
Durante los dos primeros años siguientes a la conquista del poder, el trabajo del gobierno fascista había sido principalmente de tipo negativo, y consistió en la abolición de lo que venía llamándose imposición demagógica, como los impuestos de sucesiones y la tasa sobre los beneficios de las empresas, anulando todas las restricciones a la libertad de empresa que eran una referencia a la legislación de guerra y a las reformas socialistas de postguerra.
Cumplido este trabajo, hacía falta algo más original y constructivo, una nueva concepción del Estado capaz de sustituir tanto a la concepción liberal como a la socialista, y un aparato estatal que pudiera justificar y asegurar la permanencia y estabilidad del régimen fascista, estabilizando el actual equilibrio en las relaciones entre las clases sociales.
Es en esta situación cuando surge la concepción del E.C. y durante los últimos dos años este ha ido saliendo de la inicial nebulosa y en pasos sucesivos se va poniendo en práctica.
La base del E.C. está formada por las organizaciones de los empleadores y de los trabajadores.
La idea que subyace en sus mutuas relaciones, y que no es muy nueva, se puede resumir de esta forma: los intereses del trabajo y del capital, y también de la nación en su conjunto, son idénticos en relación con la producción:
cuanto mayor es el producto mayor será la cuota que obtendrá cada uno, y mayor la potencia nacional.
Solo cuando llegamos a la división del producto es cuando los intereses son opuestos, porque cuanto más grande es la cuota de uno más pequeña tiene que ser la del otro.
Todos los problemas surgen del hecho de que, al depender el poder de negociación de cada una de las partes de su importancia en la producción, el arma usada en la lucha por una mayor cuota es la retención, o la amenaza de retención, de su propia contribución a la producción.
El conflicto, si se le deja evolucionar sin regulación, lleva a una disminución de la producción y por ello perjudica los intereses de todas las partes, y de la comunidad.
En consecuencia, se hace necesario configurar un sistema por el cual el conflicto que surge en la división del producto tenga efecto sobre el producto mismo.
No habiéndose encontrado fallos con el actual sistema de control y organización de la producción, la interferencia del Estado en este campo solo podría ser perjudicial:
la producción, por tanto, se debe dejar sin trabas a la iniciativa y a la empresa privada.
La Carta del Trabajo, en la que se ponen en términos muy vagos los principios del E.C., es clara en este punto:
«El Estado corporativo considera la iniciativa privada en el campo de la producción como el medio más eficaz y más útil para el interés de la Nación. La intervención del Estado en la producción, económica se verifica solamente cuando falte o sea insuficiente la iniciativa privada o cuando estén en juego intereses políticos del Estado»
(Carta del Lavoro, Art. VII y IX).
Pero la intervención del Estado es necesaria en el proceso de la división del producto, lo cual genera pérdida:
el Estado debe asumir la tarea de tomar decisiones sobre la distribución lo que permitirá a los productores, aliviados de los costes de esta lucha, dedicar completamente todos sus esfuerzos al aumento de la producción.
Por eso, rechazando la nacionalización de los medios de producción, el fascismo procede a nacionalizar el mecanismo de la distribución.
Y eso implica no solo la mediación obligatoria sino en la práctica el control y dirección de los sindicatos de trabajadores y de los empleadores por parte del gobierno:
En el E.C. solo son reconocidos por el Estado un Sindicato y una organización de empleadores por cada rama o distrito.
Para ser reconocidas las organizaciones deben satisfacer dos requisitos: para los sindicatos, sus miembros deben alcanzar al menos el 10 por ciento de los empleados en la rama o distrito y para las organizaciones de empleadores sus miembros deben emplear al menos el 10 por ciento de los trabajadores de la rama o distrito.
El segundo requisito es que los funcionarios deben ser fascistas de toda confianza. Todos los demás sindicatos y asociaciones son en la práctica prohibidos.
Las organizaciones reconocidas legalmente hablan por todos los pertenecientes a la rama –trabajadores o empleadores–, sean miembros o no.
Tienen el monopolio de la representación de la rama, de modo que cualquier acuerdo firmado entre un grupo de trabajadores o un empleador individual es nulo.
Pero estos no están abiertos a todos los pertenecientes a la respectiva rama: están abiertos solo a aquellas personas que la ley describe como
«de buena conducta moral y política desde el punto de vista nacional».
Las organizaciones reconocidas tienen el derecho de imponer contribuciones a todos los que forman parte de la rama, sean o no miembros. Estas contribuciones obligatorias anuales son para los trabajadores iguales a un día de salario y para los empleadores son iguales a la masa salarial de un día.
Estos pagan la contribución a su asociación y además deducen de los salarios de sus empleados la contribución al sindicato de estos, entregándola a la hacienda, la cual la abona al sindicato.
Rechazando la nacionalización de los medios de producción, el fascismo procede a nacionalizar el mecanismo de la distribución.
Y eso implica no solo la mediación obligatoria sino en la práctica el control y dirección de los sindicatos de trabajadores y de los empleadores por parte del gobierno
Los acuerdos sobre salarios, horario de trabajo y condiciones de trabajo firmados entre los sindicatos y las asociaciones legalmente reconocidas son vinculantes para todos los empleadores y trabajadores de la rama.
Cuando fuese imposible llegar a un acuerdo el pleito debe ser decidido por el tribunal del trabajo, compuesto por tres jueces ordinarios y dos expertos, que decide tanto en materia de interpretación de los acuerdos vigentes como en la valoración de las nuevas escalas salariales y condiciones de trabajo o modificaciones de las vigentes.
Las huelgas y cierres patronales están consiguientemente prohibidos, con un sistema de sanciones progresivas hasta llegar a un máximo de 7 años de prisión, graduados según se desarrollen en el sector privado, en los servicios públicos o sean concebidos con el fin de presionar a la autoridad.
La teoría según la cual huelgas y cierres patronales se consideran hechos criminales y dado que el Estado suministra un mecanismo para resolver las disputas de las que surgen, se asimilan a los casos de ley en que se usa la violencia privada para reparar un agravio, en vez de recurrir a los tribunales ordinarios.
Para el funcionamiento de esta ley se ha tenido que levantar todo un sistema de sindicatos y asociaciones de empleadores absorbiendo las preexistentes organizaciones fascistas y creando otras en las industrias que hasta entonces no estaban organizadas.
Todos los sindicatos locales en cada una de las ramas se han reagrupado en federaciones provinciales y estas en federaciones nacionales de rama.
Las federaciones nacionales se reagrupan en seis confederaciones: industria, agricultura, comercio, transporte marítimo, transporte terrestre, banca. Y estas se unen en la única Confederación General de Sindicatos Fascistas, que controla todo el sistema por la parte del trabajo.
La teoría según la cual huelgas y cierres patronales se consideran hechos criminales y dado que el Estado suministra un mecanismo para resolver las disputas de las que surgen, se asimilan a los casos de ley en que se usa la violencia privada para reparar un agravio, en vez de recurrir a los tribunales ordinarios
Por el lado de los empleadores el sistema es casi exactamente el mismo, con la diferencia, sin embargo, de que no existe una confederación general de empleadores y sus seis confederaciones son bastante independientes entre sí.
Esto resulta del hecho de que, dado que la Confederación de Industrias es de lejos la más importante de las seis confederaciones de empleadores, los agricultores temían que en una confederación general de empleadores el interés agrario habría estado subordinado completamente al industrial.
Todas estas organizaciones exigen una enorme y pródigamente pagada burocracia; pero dado que los sindicatos solo tienen función de representación y no pagan subsidio de ningún tipo a sus miembros, el gasto puede ser fácilmente soportado con los grandes fondos de la contribución obligatoria.
Los funcionarios están sometidos al estrecho control de la autoridad gubernativa, que les pueden despedir de su puesto si muestran insuficiente lealtad al gobierno. La norma establecida por ello por el jefe del Partido Fascista es que
«los sindicatos tendrán que ser dirigidos, en todos los casos y siempre, por los más fieles Camisas Negras».
El esquema de organización sitúa a las corporaciones por encima de las asociaciones y los sindicatos de cada rama; serán instituciones en las que los representantes de los empleadores y de los empleados estarán bajo la presidencia de un funcionario de gobierno, para decidir en materias de interés común, para tratar de una conciliación antes de llevar el caso ante los tribunales del trabajo, y establecer reglas generales sobre las condiciones del empleo, el horario tipo de trabajo y el nivel de salarios;
estas reglas tendrán la misma fuerza que las decisiones del tribunal del trabajo y todos los acuerdos particulares en el futuro deberán estar armonizados con estos.
Las Corporaciones no son asociaciones de individuos sino departamentos gubernativos: de hecho, son solo secciones del Ministerio de las Corporaciones.
Hasta aquí he tratado solo de las funciones sindicales ordinarias de las organizaciones corporativas, campo en el que el fascismo no ha introducido nada realmente sensacional.
La pretensión fascista de originalidad, y por la que puede ser llamada una revolución, está en la reforma de los fundamentos del Estado, mediante la sustitución de los distritos electorales por las organizaciones corporativas, y del ciudadano y elector al parlamento por el productor.
Este esquema no se ha puesto todavía en práctica e incluso sobre el papel está lejos de haber adquirido forma. Pero por las líneas generales de la reforma que se han desvelado está claro ya que el fascismo no correrá grandes riesgos en experimentos precipitados.
El primer experimento se hará en los municipios.
Todos los poderes se concentrarán en un alcalde nombrado por el Gobierno; pero será asistido por un consejo consultivo cuyos miembros serán escogidos por el Gobierno entre un determinado número de candidatos propuestos por las organizaciones corporativas: sea cual sea el número respectivo de trabajadores y empleadores, las dos clases tendrán en cualquier caso el mismo número de representantes en dicho consejo.
La pretensión fascista de originalidad, y por la que puede ser llamada una revolución, está en la reforma de los fundamentos del Estado, mediante la sustitución de los distritos electorales por las organizaciones corporativas, y del ciudadano y elector al parlamento por el productor
En cuanto al parlamento, incluso este consejo municipal no se considera suficientemente seguro por lo que se introducirán ulteriores salvaguardias.
Las doce confederaciones de empleadores y trabajadores y la confederación de profesionales presentarán una lista de candidatos al Gran Consejo Fascista,
organismo compuesto por ministros fascistas, los comandantes de la Milicia fascista, los máximos cargos del Partido Fascista y los jefes de la Confederación General del Trabajo y de la Confederación de Industrias.
El Gran Consejo decidirá sobre los méritos de cada candidato, tanto desde el punto de vista de sus cualificaciones personales y de la importancia de los intereses que representa como de
«los generales y superiores intereses del Régimen Fascista y de la nación como un todo».
A esta lista añadirá un cierto número de candidatos que representan intereses no incluidos en las 13 federaciones. La lista así compuesta será sometida al electorado y, a efectos electorales, el país será considerado un colegio electoral único.
No se admitirá a ningún candidato de la oposición y se pedirá al país que vote por la lista única de candidatos confeccionada por el Gran Consejo Fascista.
Pero el privilegio de votar a estos candidatos estará restringido a los miembros de las organizaciones sindicales fascistas y a aquellos que
«no han sido considerados por la ley de Sindicatos pero son útiles a la nación en su conjunto».
Si queremos mirar al Estado Corporativo en su conjunto, estas líneas son suficientes, en mi opinión, para mostrar en su conjunto que este elaborado mecanismo es entendido mucho más para dar una apariencia moderna a una anticuada dictadura que que para instaurar un nuevo sistema de gobierno representativo.
Pero las simples líneas podrían dar la impresión de que la dictadura es independiente de los intereses sectoriales, que sería un intento bienintencionado de gobernar de forma paternalistaa un pueblo atrasadono preparado para un gobierno democrático o al menos que, si es opresiva, su peso caiga equitativamente sobre los diferentes sectores de la comunidad.
A fin de aclarar este punto es necesario examinar más de cerca algunos detalles de la ley sobre las relaciones entre capital y trabajo y sobre la organización sindical.
El primer punto que aparece frecuentemente es la diferente actitud de la ley hacia las huelgas y los cierres patronales –las primeras son en cualquier caso penalizadas, incluso cuando se hacen para hacer ejecutar un acuerdo colectivo o una sentencia de un tribunal contra un empleador que no lo respeta; los cierres por el contrario son penalizados solo cuando se hacen sin «motivo adecuado».
Pero esto en la práctica no tiene importancia porque cuando las huelgas están prohibidas los cierres se convierten en inútiles.
Es mucho más importante la cuestión de la aplicación de los acuerdos colectivos.
Las organizaciones que los han firmado son responsables de penas solo «en la medida en que no han hecho aquello que estaba en su poder hacer para aplicarlo», y los individuos son responsables solo hacia sus organizaciones.
En consecuencia, los empleadores pueden fácilmente, sin necesidad de cierres, romper los acuerdos que no ven convenientes, y la asociación de empleadores solo puede, admitido que lo quiera hacer, tomar medidas disciplinarias contra ellos: naturalmente, a los trabajadores no les es posible, sin poder hacer huelga, alcanzar ese resultado.
De hecho, los mismos sindicatos fascistas lamentan que en muchos casos los empleadores consiguen eludir las cláusulas de los acuerdos y aquellos no tienen medios para obligarles a respetar.
Fotografía: Enric de Santos
De nuevo, en las decisiones sobre cuestiones salariales los tribunales de trabajo deberían, según la ley,
«encontrar un compromiso entre los intereses de los empleadores y los empleados, considerando ante todo los superiores intereses de la producción».
El superior interés de la producción es, según la interpretación oficial, que «la producción rebaje sus costos de modo que posibilite que los productores italianos puedan competir con éxito con los extranjeros», lo que naturalmente quiere decir que los salarios se mantengan al nivel más bajo posible.
Pero en la práctica no es este el modo con el que se mantienen bajos los salarios. La experiencia del primer año y medio en que la ley está en vigor ha demostrado que casi no ha hecho falta la intervención de los tribunales y, consecuentemente, se han reducido drásticamente los miembros del tribunal:
los funcionarios sindicales son tan extremadamente razonables que siempre se alcanza sin fricciones un acuerdo con los empleadores.
En efecto, en este periodo se han firmado más de mil acuerdos salariales y solo en un caso se ha tenido que recurrir a los tribunales.
En la práctica, la diferencia fundamental entre los empleadores y los trabajadores está en la naturaleza de sus respectivas organizaciones.
Las asociaciones de empleadores son organizaciones genuinamente voluntarias, fundadas libremente antes de la llegada del fascismo: simplemente han sido integradas en el sistema general.
El único cambio es que han añadido la palabra “fascista” a sus nombres.
Se autogobiernan de forma democrática normal, sus representantes son elegidos con los votos de los socios, y se exige la sanción de los miembros ante de contraer un acuerdo colectivo y para cualquier otra decisión importante.
Los poderes de las asociaciones sobre sus miembros son condicionados estrictamente y en particular la ley aclara que
«las asociaciones no pueden en ningún modo interferir en la dirección comercial, administrativa y técnica de las empresas de sus miembros».
Ocurre lo contrario en las organizaciones de trabajadores.
El primer paso fue destruir los sindicatos libres que existían, proceso que se desarrolló a lo largo de varios años, hasta que con el reconocimiento oficial de los sindicatos fascistas los viejos sindicatos se declararon ilegales, disueltos y sus propiedades traspasadas a los sindicatos fascistas.
Después, ha sido necesario obligar a los trabajadores a adherirse a los nuevos sindicatos. En muchos casos, los empleadores han inscrito a su personal en los sindicatos, en otros han hecho de la inscripción al sindicato condición para ser empleado.
Este método se ha llevado a la Carta del Trabajo que obliga a los empleadores, a efectos de contratación de nuevos trabajadores, a dar preferencia entre diversos aspirantes a los miembros del Partido Fascista y de los sindicatos fascistas; de esta forma, en aquellos sectores deprimidos la pertenencia a los mismos es condición necesaria para encontrar trabajo.
Es significativo que, a pesar de estos incentivos, los sindicatos fascistas solo llegan a poco más de dos millones de afiliados en relación con los tres millones y medio de inscritos en los sindicatos en 1920.
Es evidente que los denominados sindicatos fascistas no son de hecho sindicatos: ni siquiera se pueden llamar asociaciones de algún tipo; son en efecto una organización impuesta a los trabajadores para tenerlos bajo estricto control
En los sindicatos los inscritos no tienen derecho a participar en las decisiones en cuestiones políticas o de acuerdos salariales, ni eligen a los funcionarios o comités ejecutivos.
El presidente de la Confederación General de Sindicatos Fascistas (que ha sido nombrado en primera instancia por el primer ministro) nombra a los funcionarios de las seis grandes Confederaciones, de la Federación Nacional del Comercio y de las federaciones provinciales.
Esos funcionarios (junto con una minoría de representantes locales seleccionados con métodos que se determinarán en cada caso por el Presidente de la Confederación General) componen el Congreso General. Y este organismo a su vez elige al Presidente de la Confederación General.
En consecuencia, el presidente selecciona a sus propios electores y los afiliados no participan en el procedimiento.
Los funcionarios nombrados de esta forma tienen poderes dictatoriales:
«dirigen y representan a la organización, son responsables de la misma y ejercitan los poderes disciplinarios sobre los inscritos».
Pueden expulsar del sindicato, sin derecho de apelación, a cualquier miembro que en su opinión sea
«indeseable desde un punto de vista moral o político».
En mi opinión, es evidente que los denominados sindicatos fascistas no son de hecho sindicatos: ni siquiera se pueden llamar asociaciones de algún tipo; son en efecto una organización impuesta a los trabajadores para tenerlos bajo estricto control.
Difieren extraordinariamente de las asociaciones de empleadores, que son las únicas organizaciones libres y auto gobernadas admitidas por el Estado Corporativo.
En conclusión, sugeriría que lo más interesante que hay que observar, en la futura evolución del fascismo, no son los resultados del experimento constitucional.
La cuestión realmente importante a la que el futuro dará respuesta es si el fascismo es un producto anormal de la psicosis post bélica, adecuado solo a las condiciones locales italianas, o si representa un resultado lógico e inevitable de las modernas sociedades industriales.
La oposición democrática italiana ha adoptado, al menos en el primer periodo del fascismo, la primera posición; y ha esperado confiadamente la caída del fascismo, que tendría lugar en cuanto la gente volviera a su estado normal.
De esta manera, el fascismo pasaría sin dejar huella duradera, todo volvería al sistema liberal, y el orden natural de las cosas habría vuelto exactamente al de los viejos tiempos.
Pero la experiencia prueba que el fascismo (aparte sus aspectos más superficiales y pintorescos) tiene su origen en causas permanentes y menos fútiles, la cuestión es profundamente distinta.
Si aquel ha representado efectivamente la última línea de resistencia sobre la que debe retroceder el actual orden social a fin de defenderse de los ataques del trabajo organizado, si, en efecto, es el único método para consolidar las bases del capitalismo cuando se haya llegado a un estadio en que ya no es posible conservarlo sin romper las formas de la democracia política, entonces
los desarrollos del fascismo tendrán mucho mayor interés en cuanto que representan quizás un anticipo de los resultados a los que el capitalismo puede llevar en última instancia en otros países.
Este texto es traducción de los apuntes manuscritos en inglés que Piero Sraffa redactó para una charla en el Keynes Political Economy Club del 14 de noviembre de 1927.
Su título original es The Corporative State y el texto se puede encontrar en el sitio de la universidad de Cambridge Papers of Piero Sraffa.
Hay una versión en italiano en el apéndice del libro de Giancarlo de Vivo Nella bufera del Novecento. Antonio Gramsci e Piero Sraffa tra lotta política e teoría critica (Castelvecchi 2017)
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