No es posible referirse a los "Grandes Éxitos de la Justicia española de los últimos años", sin citar, al menos, al famoso Juan Guerra, "Mienmano", que actuaba como "conseguidor" del Gobierno vicepresidido por su hermano Alfonso, en un edificio oficial pegado a la propia Junta de Andalucía; Juan Guerra, el hermano -y alter ego- de Alfonso Guerra.
Pero resulta necesario referirse a los grandes cambios ocurridos en cuanto a la interpretación jurisprudencial del concepto "hermano". Hablamos de Hermanos enriquecidos con el dinero Público gestionado por sus hermanos.
Partiremos del CASO TANIA SÁNCHEZ , en el que el PP acusaba a la entonces novia de Pablo Iglesias -y quintacolumnista en Izquierda Unida-, de graves delitos ( Prevaricación, Malversación de Caudales Públicos y Tráfico de Influencias ), al haber concedido 1.200.000 euros en “ subvenciones ” municipales ( del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid del que ella y su padre, políticos "profesionales", eran concejales ) a su hermano, con sus votos a favor del otorgamiento de la cantidad a su hermano e hijo. Siendo que tales hechos se encontraron acreditados documentalmente, y en todo caso, eran susceptibles de investigación con garantías de éxito.
Sin embargo la causa fue archivada por no apreciar la Juez de Instrucción (doña Gladys López Manzanares , que poco tiempo después sería nombrada juez de Primera Instancia número 64 de Madrid, quizás una merecida satisfacción por haber tenido que comer un marrón político en su juzgado ) que existe el elemento subjetivo del injusto ( la intención) . Pese a que, en realidad, el archivo, procesalmente, parece haber sido debido a la negligencia del Partido Político Denunciante, el PP, pues los hechos, en efecto, sucedieron (el hermano de Tania recibió el dinero del Ayuntamiento "familiar").
Justamente lo que, en tales supuestos de existencia de Elementos Subjetivos del Injusto, ha de ser dirimido en Juicio Oral ; que se nos lastimó, a favor de la impunidad de quien efectivamente, había otorgado una millonaria subvención a su propio hermano ( en este sentido, la valoración del elemento subjetivo del injusto, el cual trasciende o va más allá de lo que el dolo representa – entendido como conocimiento de los elementos objetivos del tipo-, sólo cabe entender que su valoración ha de producirse en fase de juicio oral; es decir determinada la existencia de indicios objetivos de la existencia “exterior” del delito, la valoración de la existencia “interior” ”, solo puede producirse por el órgano competente para enjuiciamiento, siendo de profusa discusión incluso si esa valoración del elemento subjetivo ha de residir en la declaración de hechos probados de una Sentencia o en sus fundamentos; así se infiere, entre otras, de las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de 7 de junio de 2012 y 15 de noviembre de 2011 ).
No fue el único asunto en que la “ discrecionalidad judicial ” generó la impunidad de los que se apropian de ese dinero " que no es de nadie ", pero lo pones tú.
No fue el único asunto en que la “ discrecionalidad judicial ” generó la impunidad de los que se apropian de ese dinero " que no es de nadie ", pero lo pones tú.
Son Asuntos que se encuentran -o deberían- en los Anales de la Jurisprudencia española , en un volumen anexo a los " Grandes éxitos de la Justicia española ". El éxito de esta Jurisprudencia de la Impunidad, es que las decisiones judiciales en este sentido, resultan predecibles para sus destinatarios. Por la Seguridad Jurídica.
Si los Jueces archivan sin Juicio esos " Asuntos ", la Conclusión, a la vista tanto de la relación de Hechos investigados, como de la Resolución Judicial, solo puede ser que nos han robado con arreglo a la Ley .
Si los Jueces archivan sin Juicio esos " Asuntos ", la Conclusión, a la vista tanto de la relación de Hechos investigados, como de la Resolución Judicial, solo puede ser que nos han robado con arreglo a la Ley.
Un paso más en la búsqueda de la impunidad de los hermanos de los poderosos, pasa recordar las palabras de Pablo Casado en la COPE, criticando la gestión de Ayuso :
"La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermano y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas".
Así, el Caso Ayuso , genera otra jurisprudencia similar a la del Caso Tania Sánchez , recaída en otro caso de Hermano enriquecido con fondos públicos del Gobierno -Autonómico, en este caso- presidido por su hermana.
Tomás , el hermano que hace negocio como intermediario en la adquisición, por parte del Gobierno presidido por su hermana Isabel , de suministros Urgentes durante la terrible Pandemia de COVID-19, resultó enriquecido con la tragedia, gracias al Gobierno que preside su hermana Isabel . No será Delito, pero apesta .
Así las cosas, cabe preguntarse: El "Caso Koldo", ¿podría sostenerse si se demuestra que Koldo es tan cercano a su Jefe, como lo es un Hermano?
Porque, tras un par de décadas alborotados, los corderos volvemos al Dogma tradicional , el que conviene tanto a los Sucesores de Tecnócratas y Nacionales Católicos, como a los causahabientes de los Falangista: la Verdad Metafísica , que satisface a los dos bandos de Demócratas de toda la vida que nos han tenido entretenidos estos "otros" 40 años:
LOS JUEZES HAN HABLADO; QUE SE CALLE LA RAZÓN
Porque la razón se resiste a comprender como es posible que se haya negado la investigación judicial de los Cargos políticos responsables, presuntamente y todo eso, de la Muerte de 100.000 ancianos en las Residencias , abandonados a su suerte en plena pandemia, muchos de ellos solos. y desasistidos, quienes habiendo incluso sido prohibida la asistencia -y las mismas visitas- de sus hijos, familiares o allegados, tuvieron una de las muertes más espantosas: los dejaron morir de sed.
Porque la razón se resiste a comprender como es posible que se haya negado la investigación judicial de los Cargos políticos responsables, presuntamente y todo eso, de la Muerte de 100.000 ancianos en las Residencias, abandonados a su suerte en plena pandemia, muchos de ellos solos. y desasistidos, quienes habiendo incluso sido prohibida la asistencia -y las mismas visitas- de sus hijos, familiares o allegados, tuvieron una de las muertes más espantosas: los dejaron morir de sed.
En el Tribunal Supremo, el Ministerio Fiscal se opuso a la admisión a trámite de las Querellas y Denuncias formuladas contra los Políticos Aforados (más bien con Impunidad Garantizada) ante la Sala II del Tribunal Supremo, en bloque, sin estudiarlas individualmente, lo que así fue decidido por los Magistrados de Dicha Sala II, de lo Penal, del Tribunal Supremo .
Se negaron a investigar la horrible muerte de 100.000 ancianos bajo custodia pública (en las Residencias de Ancianos del Estado), remitiendo las denuncias y querellas a los juzgados ordinarios, que en su inmensa mayoría se han perdido en el infinito judicial.
Y ahora se llevan las manos a la cabeza por el dinero defraudado por los Impunes.
Parciales e impunes, pero independientes ( de la Ley, no de la Corrupción ), son los Jueces del Régimen del 78', los salvadores del PPSOE. No responden de sus actos más que ante ellos mismos.
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KOLDOGATE, NUEVO CAPÍTULO DE LA SAGA "PPSOE Y COVID"
JOSÉ LUIS ÁBALOS Y KOLDO GARCÍA: LOS CONTRATOS SANITARIOS, LAS JUERGAS Y SU ESTRECHA AMISTAD
El libro 'Conexión Caracas-Moncloa', del director de EL OBJETIVO, desvela todos los datos sobre el 'Koldogate'
POR SU INDUDABLE INTERÉS, THE OBJETIVE PUBLICA A CONTINUACIÓN UN EXTRACTO DEL LIBRO 'CONEXIÓN CARACAS MONCLOA', PUBLICADO POR EL DIRECTOR DE THE OBJETIVE, ÁLVARO NIETO, EN FEBRERO DE 2022 EN LA EDITORIAL B.
Cuando José Luis Ábalos llega a la sede central del PSOE como secretario de Organización, Santos Cerdán, otro de los hombres de confianza de Pedro Sánchez, le recomienda la contratación de Koldo García Izaguirre como asistente personal. Cerdán conoció a García de su Navarra natal, donde había empezado a destacar dentro del partido como chico para todo.
García, que no tiene estudios y cuyo historial laboral arrancó como portero de algunos locales turbios en Pamplona, enseguida se gana la confianza de Ábalos y este, cuando es nombrado ministro, se lo lleva como miembro de su gabinete. Pero es que además lo coloca, entre otras bicocas, como consejero de la empresa pública Renfe Mercancías, escándalo que también desvelamos cuando hicimos famoso a García al publicar que había sido el que, en su coche particular, había trasladado al ministro a Barajas la noche. del 'Delcygate'.
La vida de García es un culebrón en sí misma. La noche navarra le unió a Cerdán, quien acabó fichándolo de chófer del partido. Luego le propuso ir de relleno en la lista de las elecciones municipales en la localidad de Huarte, donde terminó de concejal por una serie de rebotes. Cuando Ábalos se hizo cargo de la secretaría de Organización del PSOE, se incorporó como escolta y conductora ocasional. Y, finalmente, cuando el dirigente socialista entró en el Gobierno, se lo llevó de asesor, dentro de los puestos de libre designación que suelen tener los ministros. A él ya su mujer, Patricia Úriz, a la que también colocóon como ayudante de secretaría en el ministerio.
Cuando estalló el 'Delcygate', y en respuesta a una pregunta parlamentaria, Ábalos justificó la contratación de García porque «salvó la vida de dos policías». Y algo parecido también debía pensar en él Sánchez, pues el 23 de junio de 2014 le dedicó un artículo en la red social Facebook. Bajo el título «El último aizkolari socialista; un titán contra los desahucios», el presidente del Gobierno afirmaba que García es «uno de los gigantes de la militancia en tierras navarras», «un guerrillero de grandes dimensiones físicas y corazón comprometido, que es un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha». Y terminaba así: «Un inagotable aizkolari contra las injusticias, un ejemplo para la militancia». A pesar de tantos elogios en el pasado, García también fue destituido como consejero en Renfe Mercancías en cuanto Ábalos salió del Gobierno.
Episodios truculentos
La historia de García está plagada de episodios truculentos, hasta el punto de que ha sido condenado dos veces por agresiones. La primera de ellas, en 1991, se la impuso el Juzgado de lo Penal Número 3 de Pamplona y le acarreó una pena de dos años y cuatro meses de cárcel y la suspensión de todo cargo público por un delito de lesiones, aunque luego fue indultado. en 1996 por el Gobierno del Partido Popular. Y en 2011 fue condenado por el juzgado de instrucción número 1 de Pamplona a una multa de 900 euros por haber agredido a una menor de edad que había entrado en un bar con una camiseta con la palabra «Independentzia» la noche que España ganó el mundial. de fútbol. Acabaron los dos por los suelos en una pelea.
Por si eso fuera poco, García participó en una trifulca que tuvo el ministro en un pub de Mérida en febrero de 2019. Y, cómo no, también apareció en escena unos meses más tarde del 'Delcygate' cuando se destapó la famosa juerga de Ábalos. en las islas Canarias, en noviembre de 2020. El diario ABC había destapado que, tras una serie de actos oficiales en Las Palmas y Tenerife debido a una crisis migratoria, Ábalos había pasado un fin de semana con su familia y su séquito en dos hoteles de lujo (Palacio de Isora y Santa Catalina) tras ir a visitar un viernes un centro de inmigrantes en Arguineguín. La noticia puso el acento en la doble moral del ministro, capaz de organizarse una breve visita a los inmigrantes con tal de tener una excusa para, en mitad de la pandemia y con restricciones de movilidad en toda España, poder pasar unos días de asueto.
Pero el problema de aquel viaje iba mucho más allá de la doble moral. Como destapó posteriormente mi compañero Antonio Rodríguez, García llegó a pagar en metálico y con billetes de 500 euros una factura de gastos extras de 1.800 euros que incluía un masaje para Ábalos y diversas bebidas alcohólicas, entre ellas varias botellas de champán de la marca Moët & Chandón. Según supimos más tarde, ese día era el cumpleaños de uno de sus escoltas y decidió celebrarlo por todo lo alto.
Lo sorprendente, aparte de la juerga en sí, fue cómo en España nadie parecía escandalizarse por el asunto. Se descubre que un asesor del Ministerio de Transportes ha pagado gastos particulares del ministro con billetes de 500 euros sacados de un sobre y casi nadie se pregunta de dónde ha salido el dinero y quién ha pagado realmente la fiesta. Ábalos, obviamente, salió al paso de las informaciones diciendo que no se había utilizado dinero público.
En respuesta a preguntas del Partido Popular, el Gobierno contestó en febrero de 2021 que el coste oficial del viaje (ministro, jefe de gabinete, dos asesores y dos escoltas) fue de 7.150 euros, al tiempo que empresarial que se hubiera abonado partida alguna al margen de la agenda oficial. Según Ábalos, el alojamiento de su mujer y de dos de sus hijos lo pagó de su bolsillo: 381 euros por dormir en Tenerife y 168 por el hotel en Gran Canaria. No obstante, el PP siguió preguntando en días posteriores si se habían utilizado fondos reservados en ese viaje.
La versión de Ábalos deja muchos aristas sobre lo ocurrido. Si los gastos eran particulares, ¿por qué los pagó su asesor? ¿Y por qué se pagaron en efectivo en lugar de usar la típica tarjeta de crédito? En este punto conviene recordar que el propio Gobierno del PSOE puso en marcha un cambio en la legislación española para evitar los pagos en efectivo superiores a 1.000 euros con la idea de combatir el lavado de dinero negro. ¿Qué hacía un ministro de España moviéndose con grandes sumas de dinero en efectivo?¿De dónde sacó ese dinero?
Las respuestas pueden ser muy variadas, pero fuentes del Ministerio de Transportes confirman que durante el mandato de Ábalos se siguieron procedimientos un tanto sui generis a la hora de justificar los gastos del ministro. De hecho, era habitual que García se dotase de grandes sumas de dinero en efectivo antes de cualquier viaje para ir pagando los gastos que estaban surgiendo. La duda está en saber si tanto Ábalos como García fueron lo suficientemente escrupulosos a la hora de separar los gastos particulares de los oficiales.
García solía viajar con tres sobres con dinero en efectivo. Uno para pagar los gastos del ministerio, otro para saldar las facturas relacionadas con el partido y un tercero para los gastillos del propio ministro. Extraño método en un mundo tan digitalizado, pero todo es posible. Como nunca se pudo crear una comisión de investigación en el Parlamento para aclarar el asunto, nos quedaremos de momento con las ganas de saber si García llevaba bien las cuentas.
inseparables
Koldo García y José Luis Ábalos son inseparables, incluso aunque el segundo haya dejado de ser ministro. La prueba es que ambos visitaron juntos una vez países en los tres meses siguientes a su salida del Gobierno, entre ellos la República Dominicana y Guinea Ecuatorial. Y eso a pesar de que García ha concedido desde hace años una invalidez parcial por una discapacidad en los dedos de un pie que, supuestamente, no le permite andar con normalidad. «Trabajaba con permiso de la Seguridad Social», se justifica desde el Ministerio de Transportes. En su momento pidió la invalidez completa, pero no se la dieron y llegó a pleitear.
Oficialmente, y según se han encargado de airear desde el Palacio de la Moncloa, Ábalos tuvo que salir del Gobierno debido a su vida disoluta, como desveló la periodista Ketty Garat enTHE OBJECTIVE . Otras fuentes apuntan a diversos informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en donde supuestamente se mencionan hechos más graves.
Como desvelamos en su día, Ábalos aprovechó la pandemia para controlar personalmente buena parte de las compras de material sanitario que hizo el Gobierno en las primeras semanas de coronavirus. Gracias al estado de alarma, se pudo gastar grandes sumas de dinero sin seguir las normas tradicionales de contratación. Se suprimieron los concursos públicos y reinó la adjudicación directa.
El 14 de marzo de 2020, cuando el Ejecutivo aprobó oficialmente el estado de alarma, España pasó a tener un mando administrativo único, al frente del cual estaba el presidente del Gobierno. Sin embargo, según el decreto aprobado ese día, ese poder se delegaba en cuatro de sus ministros: Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Luis Ábalos (Transportes) y Salvador Illa (Sanidad).
Gracias a ese poder delegado, Ábalos firmó una orden ministerial el 20 de marzo en la que el Ministerio de Transportes tomó la compra de mascarillas. Hasta ese día, era Sanidad quien llevaba el peso de la contratación de material sanitario y no sin dificultades, porque el organismo dirigido por Illa apenas contaba con personal y recursos suficientes para afrontar una crisis de tanta magnitud: su ministerio se había quedado escuálido al haber ido transfiriendo durante años las competencias sanitarias a las comunidades autónomas.
Por tanto, el Boletín Oficial del Estado publicó la orden de Ábalos el sábado 21 de marzo. En teoría, esa instrucción era para regular la compra y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes con el objetivo de garantizar el tránsito de mercancías y viajeros en condiciones adecuadas durante la vigencia del estado de alarma.
El problema es que, al haber suprimido las tradicionales normas de adjudicación de contratos en la administración, la compra se hizo mediante adquisición centralizada, adjudicación directa y tramitación de emergencia. Es decir, se concedieron los contratos a dedo y se redujeron a la mínima expresión la transparencia y el control sobre los mismos.
Y luego pasa lo que pasa. El 14 de abril de 2020, Vozpópuli abría su edición con el siguiente titular: «El Ministerio de Transportes compra ocho millones de mascarillas a una empresa sin experiencia en material sanitario». La información estaba firmada por los periodistas Alberto Sanz, Antonio Rodríguez y Gonzalo Araluce.
Resulta que, en virtud de la orden ministerial del 20 de marzo, el ministerio dirigido por Ábalos había ordenado la compra de 8 millones de mascarillas a la empresa pública Puertos del Estado y esa compra se adjudicó a Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas SL, una sociedad completamente desconocida en el sector sanitario español y dedicada a la ejecución de proyectos en África.
La compañía, con sede en Zaragoza, ofrece supuestamente asesoramiento técnico a empresas en campos como la salud, la energía o las infraestructuras agrícolas, y opera en países como Mauritania o Túnez. No obstante, en abril de 2020, que es cuando fue contratada, la empresa llevaba casi tres años sin comunicar ningún proyecto, desde que participó en la construcción de una central eléctrica en Angola en agosto de 2017.
Todo lo que rodea a la empresa Soluciones de Gestión huele especialmente mal. Pese a contar con apenas cinco trabajadores, según los datos del Registro Mercantil, logró contratos del Gobierno para la compra de material sanitario valorados en 40,5 millones de euros: dos de ellos del Ministerio de Transportes y otro del de Interior por recomendación del equipo de Ábalos, según confesó Marlaska en una respuesta parlamentaria
El primer contrato se hizo a través de Puertos del Estado (24,2 millones de euros por 8 millones de mascarillas), el segundo a través de Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias (12,5 millones de euros por 5 millones de mascarillas). ) y el tercero fue obra de Interior (3,48 millones de euros por 1 millón de mascarillas). Las adjudicaciones se hicieron a hecho y con una sola oferta presentada. En el caso del departamento de Marlaska, lo más sorprendente es que la entrega de la oferta por parte de Soluciones de Gestión se hizo en mano, una práctica casi erradicada en la Administración General del Estado, pues la totalidad de las empresas utilizan la vía electrónica. cuando entreguen la documentación.
Una empresa extraña
Así pues, una compañía que apenas había facturado 100.000 euros en sus últimas cuentas publicadas y que había arrojado unos números rojos de 1,1 millones de euros (año 2018), pasó a convertirse en uno de los principales proveedores de mascarillas del Gobierno. Sin tener una gran experiencia en el sector y sin producir directamente el material, su misión se limitó a intermediar con China, pero tampoco constaba que tuviera vínculos especiales con aquel país.
El Ministerio de Transportes y Puertos del Estado nunca aclararon por qué se recurrió a esta empresa. Pero las principales firmas del sector sanitario español, y en especial las que se habían dedicado tradicionalmente a importar material desde China, dieron de inmediato la voz de alarma y expresaron su malestar al Gobierno, lo que acabó provocando que en los meses sucesivos el Ejecutivo fuera un poco más cauto en la adjudicación a dedo de contratos y diversificara el número de proveedores.
El accionista mayoritario de Soluciones de Gestión es Erromar Soluciones, con sede en Guecho (Bilbao). Y el administrador único de esta sociedad es Purdey Investment, a quien representa a José Ángel Escorial Senante (también detenido por la Guardia Civil). Según publicó El Mundo , Escorial fundó dos empresas offshore en Malta en septiembre de 2008: Delta Advisory and Management Services Limited y Arce Investment Consulting Limited. Además, Escorial se presenta en las redes como consejero de un fondo especializado en el sector inmobiliario, Goya Global Holding, y es consejero delegado de la empresa Malta Capital, aunque no tiene actividad actualmente.
El día 16 de abril de 2020, Vozpópuli destapó que «el proveedor de mascarillas de Ábalos es socio en Angola de una empresa procesada por corrupción». Y es que Soluciones de Gestión se involucró en dos proyectos en Angola a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE), Boavista II, con Cueto Comercial 92, una compañía procesada por corrupción en el caso Defex. La UTE se creó para la implantación de una central térmica flotante y para construir un centro médico en Luanda.
La empresa Cueto Comercial 92 se hizo famosa en mayo de 2019 porque el magistrado José de la Mata la involucró en el presunto desvío y apropiación de fondos en contratos de suministro de material policial. El juez detalló que existían indicios sólidos de que esa sociedad y Defex, empresa pública española de venta de armas, mantenían una operativa en Angola para «contratos públicos mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos angoleños». Curiosamente, la oficina de Soluciones de Gestión en Madrid está en el mismo edificio que la de Cueto.
Pese a las reiteradas consultas al Portal de la Transparencia y reclamaciones de información a las diferentes administraciones, los pliegos de estos contratos y los detalles de Soluciones de Gestión siguen siendo un misterio.
El escándalo de las mascarillas, unido al Delcygate y posteriormente a su participación directa en el rescate de Plus Ultra, han dejado a Ábalos con la permanente sombra de la corrupción a sus espaldas, si bien es cierto que todavía no se ha conseguido demostrar ninguna ilegalidad. en los tribunales y tampoco está claro si accionaba por interés propio o para beneficio de su partido. En este sentido, resulta extraño que Sánchez le echase del Gobierno y del PSOE, pero le haya permitido conservar el escaño en el Congreso de los Diputados, por lo que Ábalos mantiene el aforamiento y solo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo.
Todos los indicios apuntan a que Ábalos fue destituido de forma preventiva: Sánchez soltó lastre ante el temor de lo que pudiera aparecer en el futuro. Y la prueba es que lo quitó a la vez del Gobierno y del PSOE, para que no hubiera contaminación posible cuando estallara la bomba. Eso sí, le dejó con el escaño y el aforamiento, por si acaso llega a tener problemas con la Justicia.
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Ábalos, un político versátil. Aquí, disfrazado de Harvey Weinstein
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Álvaro Nieto explica todas las claves del 'Koldogate' (Vídeo)
No todo fueron buenas noticias para la empresa investigada en el ‘caso Koldo’ durante la pandemia. Un año después de que el Gobierno le adjudicara varios contratos multimillonarios por parte del Gobierno de España y de algunas Administraciones socialistas, se vio obligada a acudir a la Corte Internacional de Arbitraje de París ante los problemas que encontró con un opaco proveedor chino de mascarillas.
Así lo reconoce el auditor de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas en su informe cuentas de 2021, es decir, el último que está disponible en el Registro Mercantil, en el que eleva a 1,53 millones de euros el montante de este litigio, frente a los 1,4 millones que registró en el ejercicio anterior.
La entidad expresa que recurrió a este órgano de justicia por el –considera- “incumplimiento continuado por parte del proveedor”, en cuya web –china- figura como especialista en la distribución de material sanitario. Entre otras cosas, del relacionado con las mascarillas y las pruebas rápidas de detección de covid-19.
Un contrato que acabó en los tribunales
El contrato entre las partes se rubricó el 3 de abril de 2020, o sea, 18 días después de la declaración del primer estado de alarma en España, cuando la demanda de máscaras y equipos de protección individual se disparó en todo el mundo y los diferentes países tuvieron que salir al mercado para comprarlo de forma urgente. Muchos de ellos miraron hacia Asia, donde encontraron proveedores de estos materiales.
Estos investigados dentro del ‘caso Koldo’ contactaron con la sociedad HRH Holdings Limited y llegaron a un acuerdo millonario. Sin embargo, las diferencias entre las partes provocaron que terminara en el tribunal parisino. En la base de datos de resoluciones no consta que este caso se haya resuelto.
Sea como sea, conviene tener presente que el primer contrato entre Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas S.L. y el Ejecutivo se cerró el 21 de marzo de 2020, dos semanas después de decretarse el estado de alarma, y su cliente fue el Ministerio de Transportes, una institución que por entonces lideraba José Luis Ábalos.
Este organismo compró entonces a través de Puertos del Estado, sociedad que depende de Transportes, ocho millones de mascarillas FFP2 por un total de 24 millones de euros, impuestos incluidos.
El segundo contrato con Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas llegó cinco días después. Cinco millones de mascarillas por 12,5 millones de euros. La compra de emergencia se realizó a través de Adif, una sociedad que también depende del organismo que dirigía José Luis Ábalos.
El siguiente cliente llegaría en abril y también llegaría del Gobierno que lidera Pedro Sánchez. El Ministerio de Interior compró un millón de mascarillas a esta sociedad por 3,4 millones de euros, según comentaban fuentes conocedoras de esta compra a Vozpópuli, por recomendación del propio Ministerio de Transportes.
Los siguientes en recurrir al material sanitario de esta micropyme zaragozana fueron dos gobiernos regionales, también del PSOE. El balear, presidido por Francina Armengol, adjudicó de emergencia y sin concurso un pedido de 3,7 millones de euros en mascarillas a Soluciones de Gestión. Por último, el equipo del socialista Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, cerró tres contratos de suministro por un total de 11,2 millones de euros con esta sociedad.
Estos acuerdos hicieron que la empresa alcanzara una facturación de 53 millones de euros en 2020, según el Registro Mercantil, y 54 millones ,según la Fiscalía. En 2019, había obtenido 0 euros, mientras que en 2018, algo más de 100.000.
Un año después de la declaración de la pandemia, en 2021, la cifra de negocio disminuyó hasta los 2 millones de euros. Fue entonces cuando acudió a la Corte de París.
Referencia a la Fiscalía Anticorrupción Llama la atención que ya en su informe de cuentas de 2020, los gestores de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas reconocieron que habían tenido noticia, a través de la prensa, de la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción –en 2022- “debido a las adjudicaciones concedidas por el Gobierno en el estado de alarma”.
A este respecto, la empresa consideró que “todas las operaciones realizadas a cabo durante la situación extraordinaria de pandemia mundial (…) se realizaron dentro de la legalidad”.
Y es este punto esencial el que se está destrozando con el "Caso Ayuso", llegando incluso a exigir que se identifique al denunciante inicial.
Por Jesús Díaz Formoso, 20 FEB 2022
abogado
Isabel Díaz Ayuso con su hermano Tomás, enriquecido por la contratación de suministros Urgentes durante la terrible Pandemia de COVID-19. Enriquecido con la tragedia, gracias al Gobierno que preside su hermana Isabel. No será Delito, pero apesta.
La cara de la empatía, que tanto han agradecido tantos, Isabel Díaz Ayuso, técnica en Marketing y Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), acusada de Tráfico de Influencias, Malversación de Caudales Públicos y otros delitos relacionados en la contratación de suministros de mascarillas para la CAM, adjudicado por el procedimiento de emergencia el 1 de abril de 2020.
Conforme a la escasa información disponible, y pese a los ríos de tinta que están manchando la verdad desde la prensa corrupta del Régimen del 78', sabemos que el hermano de la Presidenta de la CAM habría contratado con la propia CAM, mediante persona interpuesta, la empresa Priviet Sportive , SL , que estaría controlada por un amigo de la infancia de los hermanos Díaz Ayuso.
Dicha mercantil, Priviet Sportive , obtuvo la adjudicación del contrato público, tramitado por el procedimiento de urgencia, del Servicio de Salud de la CAM ( Servicio Madrileño de Salud, que es el ente de derecho público encargado del sistema de prestaciones sanitarias en la Comunidad de Madrid ), para el suministro de mascarillas, en un momento en que su adquisición resultaba especialmente urgente, ya unos precios muy inferiores a los que, entonces, marcaba un mercado lastrado por la escasez de este tipo de suministros.
Mientras que, según el PP, la denuncia del Alertador ( según nos cuentan, porque nosotros, el pueblo, los que pagamos todas las rondas corruptas, no sabemos más que lo que quieren decirnos ) se refiere a unas comisiones por importación de 286.000 euros, la Presidenta ha reducido la cantidad a 55.000 euros, que habría facturado a Priviet Sportive - y no a la CAM- el propio hermano de Isabel Díaz Ayuso, en concepto de "Gestión" ( ¿qué gestión? ), negando su condición de comisionista, sin argumentos atendibles, solo cambiando una palabra por otra.
Pero lo que nos interesa son los Hechos, no las palabras. Las palabras de Ayuso fueron « La factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto. Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación ».
Como acertadamente señala al respecto el periodista, Javier Chicote, en ABC , " Lo cierto es que los comisionistas -legales, por supuesto- obtienen un porcentaje a cambio de su trabajo, de las gestiones que realizan, por lo que no se entiende demasiado bien esa distinción que hace Ayuso ".
En efecto, como declara Pablo Casado en la COPE " mientras morían en España 700 personas al día se firmaba una venta de mascarillas contratando con tu hermana para recibir 300.000 euros de beneficios ". Escuchando las exculpaciones de Ayuso, parecería que, sustituyendo la palabra " comisión " por la palabra " gestión ", y rebajando a 55.000 los euros fundidos, ¿ya es admisible el presunto fraude y resulta inadmisible investigarlo?
En absoluto. Ha de investigarse, y todos debemos estar al resultado de la Investigación (que, en mi opinión, difícilmente podrá tener resultado incriminatorio para los hermanos Díaz Ayuso, si bien ello en nada obsta a que la investigación haya de ser sustanciada).
Por otra parte, y dejando al margen todo lo relativo a los Procedimientos de " Compliance " ( conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos ) que, en muchos casos, ha dejado de ser una opción voluntaria para las organizaciones -públicas y privadas- y ha pasado a ser un requisito a integrar dentro de su estrategia y estructuras internas a fin de Dar cumplimiento a los preceptos legales o protegerse ante situaciones de riesgo que pondrían en serios problemas la estabilidad y continuidad de la actividad de la organización, nos centraremos únicamente en la Protección legalmente establecida a favor de los "Denunciantes de Corrupción" ( Alertadores o Whistleblowers ) .
Y esta importante Directiva exige la CONFIDENCIALIDAD del Denunciante, a fin de evitar que sea represaliado por los presuntos Corruptos, a quienes ha denunciado. Y esa es quizás la cuestión principal de la Directiva, poner a cubierto de las represalias a los denunciantes de corrupción.
Y es este punto esencial el que está siendo destruido con el "Caso Ayuso", y en especial, por la "exigencia", reiterada por la mayoría de los medios pro-Ayuso, de dar a conocer quién ha sido el denunciante inicial, que remitió a la sede del Partido Popular documentación de la cual sabemos ( por haberlo afirmado el Presidente del PP, Sr. Casado, en el programa de radio -de máxima audiencia- conducido por Carlos Herrera ) que contenía "datos fiscales y bancarios y se podía inferir que podría venir de una institución pública ".
El periodista, cumpliendo con su obligación, preguntó quién había remitido la denuncia anónima, y el Sr. Casado, cumpliendo con su propia obligación, se negó a identificar al Denunciante.
Lo que no parece que haya sido observado por el PP, es el Plazo de 3 meses que instaura la Directiva para realizar la Investigación interna.
Por otra parte, conforme a la citada Directiva, y en relación con la obtención de la información remitida con su Denuncia por el anónimo Alertador ( sin perjuicio de la protección prevista en el artículo 21, apartado 7, de la tan citada Directiva ), cuando los denunciantes hayan cometido un delito , como la intrusión o la piratería informática, para obtener o acceder a la información o los documentos en cuestión , deben seguir siendo considerados penalmente responsables de conformidad con la legislación nacional aplicable.
Desde este momento, la Fiscalía -manejada con absoluta parcialidad y, acaso, delictivamente, por los partidos políticos que ostentan el Poder Ejecutivo Nacional, el " Complejo PsPSOE "-, se ha negado a investigar, a la vez que ha forzado que el mismo Tribunal Supremo se haya negado a investigar los indicios de gravísimos crímenes, que habrían sido perpetrados desde el poder con ocasión de la Pandemia de COVID 19, que podrían ir desde inmensos fraudes en las contrataciones públicas, hasta el Genocidio de nuestros mayores, cuyas muertes tuvieron como causa inmediata, no la pandemia, sino la Omisión del Deber de Socorro , por parte de las Autoridades y Funcionarios que ostentaban la Posición de Garantía respecto a los mayores a quienes dejaron morir solos, encerrados en residencias y asilos, llevándolos a la muerte, conforme a numerosos indicios, por presunta omisión delictiva. La muerte de nuestros mayores, de nuestras madres y padres, abandonados a su suerte, encerrados, aislados y sin medicación, solo sedados con morfina.
Es decir, el "Complejo PsPSOE", de lograr la caída de Pablo Casado, tendrá en sus manos al PP de Ayuso, a quien podrá, en el momento preciso, atacar utilizando la Fiscalía unida a la correspondiente campaña de acoso y derribo en sus medios corruptos (casi todos), bien pagados con nuestro sudor, ese que nos es confiscado en forma de Tributos, inconstitucionalmente, pues su destino no es el Interés General ni el pago de legítimas cargas públicas, sino el Interés Particular de los Corruptos y el pago de mordidas y otras corrupciones; algo habitual en esta España en que la CORRUPCIÓN INFORMATIVA con sus juicios mediáticos regidos por las leyes de la guerra por las audiencias -feroces linchamientos, en realidad-, ha sustituido al Poder Judicial en el enjuiciamiento político.
«en España hay 47 millones de jueces, que no permiten no tener razón. Que odian a quien opina diferente. Un país desquiciado, es lo que hemos obtenido de los Nuevos Partidos, todos ellos, como los de la Vieja Política, Partidos Partidarios de su Interés Mercenario»
Es el populismo aplicado a la justicia, en el que estamos inmersos. Es uno de los rasgos constitutivos de la Nueva Política; porque en España hay 47 millones de jueces, que no permiten no tener razón. Que odian a quien opina diferente. Un país desquiciado, es lo que hemos obtenido de los Nuevos Partidos, partidos partidarios de su interés mercenario.
Repasemos: El Asunto Ayuso entró con el caso " Avalmadrid ", en el que la CAM no pudo ejecutar unos prestamos con avales, por importación de 400.000 euros concedidos a la empresa de los padres de los hermanos Ayuso en 2011, pues los inmuebles que garantizaban la devolución del préstamo se perdió. Dos de estos inmuebles serían sendos pisos que sus padres habrían donado (regalado) a Isabel ya Tomás Díaz Ayuso.
Vemos que los Alertadores juegan un importantísimo papel en la lucha contra la corrupción. O deberían. Porque la realidad es que durante estos dos años de gasto sin control en todas las administraciones públicas, de todos los colorines político-mediáticos, ha estado tan presente la corrupción, como ausentes los Alertadores. El "Asunto Ayuso" consolidará esta situación en la que las bases de los partidos políticos consienten cualquier corrupción en los suyos, bien porque se niegan a verla, bien porque viéndola, se benefician de ella; o esperan beneficiarse, impidiendo así cualquier investigación.
En definitiva, la DIRETIVA DE ALERTADORES, que no ha sido traspuesta al derecho interno español dentro del plazo debido, además de resultar por ello, directamente aplicable -en cuanto sus disposiciones incondicionales no precisan de desarrollo anterior- comienza su andadura tarde y mal, como era más que previsible en un Estado, como el español, en que la Corrupción sustenta las principales partidas del PIB, instrumentalizando el "olvido" de esta Directiva para disuadir a los Alertadores de Corrupción, ante la más que posible eventualidad de ser desveladas sus identidades. y ser perseguidos por los poderosos corruptos a quienes se atrevan a denunciar.
La realidad es más tenebrosa. A lo largo de estos años de restricciones variadas -por lo demás, inconstitucionales- de nuestros Derechos y Libertades, han existido algunas constantes. Una de ellas es la denuncia de los gravísimos hechos presuntamente delictivos perpetrados por las Autoridades públicas en la adquisición de Material médico y sanitario destinado a la lucha contra la Pandemia. Denuncias que el Poder Judicial se ha negado a investigar por, dicen, carecer de indicios suficientes para incoar actuaciones judiciales penales.
No hay Alertadores que denuncian y proporcionan pruebas o indicios con sus denuncias. Nadie confía en la Justicia hasta el punto de jugarse sus medios de vida -quizás la vida misma- denunciando la corrupción de la que son testigos. No ha habido Alertadores a lo largo de estos últimos dos años.
«Miles de millones dilapidó el ex Ábalos en lo peor de la pandemia, con empresas sospechosas, amigos luciferinos, tramposos por doquier, compras truchas, respiradores sin oxígeno, y aún no se ha visto ni una factura ( José Alejandro Vara, Vozpopuli )»
La razón no es ajena al hecho de que no se les otorgue protección alguna, dejándolos desamparados ante los poderosos corruptos. Que son quienes nombran a los que nombran a los jueces que les tendrán que juzgar. Los ciudadanos tenemos suficientes razones para desconfiar de la Justicia, estamos llenos de motivos para no confiar en ella.
El peor de los males para una sociedad es el no tener confianza en la administración de justicia (“Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”, advierte el Talmud). Esa es la situación a la que nos venimos enfrentando, y que no hemos podido superar, pese a los mediáticos nuevos partidos, que solo han aportado más problemas y ninguna solución. Parece que esa sea, precisamente, su misión, aletargar sociedades condenándolas a la injusticia.
Es el fin, que ha llegado antes que el principio. Quizás porque todos los Principios han encontrado, hoy en nuestra España, asolada por la Corrupción, su Final.
***
PD: Al margen de toda otra cuestión, el deseo lo mejor a la Excma. Sra. Díaz Ayuso, cuya empatía ha devuelto la ilusión a tantos compatriotas. Le deseo mucha suerte, ya que justicia, en esta España de hoy, no es seguro que encuentre; bueno, tal vez ella si que "pueda".
No quiero finalizar esta nota sin, al menos, referirme a la extraordinaria similitud existente entre la ascensión a los altares del Presidente el Gobierno, Pedro Sánchez , aupado por su enfrentamiento con la entonces candidata "oficial" del PSOE a la Presidencia del Gobierno español, Susana Díaz , y la que se anuncia ya, la elevación de Isabel Díaz Ayuso a los altares políticos, sobre los restos del hasta ahora candidato oficial del PP a la Presidencia del Gobierno español, Pablo Casado .
De aquel " Las rosas son rojas, la sangre es roja, y yo con Pedro ", al actual " El cielo es azul, el mar es azul, y yo con Isabel ", han pasado muy pocos años, los suficientes para olvidar el pasado reciente y no ver el futuro inmediato.
Porque si " Susana es a Pedro como Casado es a Isabel ", también es posible expresar la misma relación con la frase " Vox es al PP, como Podemos es al PSOE ".
De aquel " Las rosas son rojas, la sangre es roja, y yo con Pedro ", al actual " El cielo es azul, el mar es azul, y yo con Isabel ", han pasado muy pocos años, los suficientes para olvidar el pasado reciente y no ver el futuro inmediato. Porque si " Susana es a Pedro como Casado es a Isabel ", también es posible expresar la misma relación con la frase " Vox es al PP, como Podemos es al PSOE ".
No parece, pues, adivinación, sino planificación ( desvelada por la incontinencia verbal del líder Podemita de la banda globalista que ha llevado el cinismo en la política hasta cotas nunca antes alcanzadas, Pablo Iglesias ), la advertencia que en la Sesión de Control al Gobierno del 3 de junio de 2020 en el Congreso de los Diputados realizó el Globalista de Podemos, Pablo Iglesias, al Globalista del PP, Pablo Casado: " Usted nunca será Presidente del Gobierno ".
Bienvenidos a la Distopía de la mano del Régimen del 78' , o lo que es igual, de la mano del PPSOE y sus "confluencias". Nuevos Partidos, a los que Gregorio Morán redefinió, de manera muy gráfica, como " Asociaciones con ánimo de lucro ".
***
PPS: He intentado comentar sobre la Directiva de Alertadores y su relación con la Denuncia anónima que dio lugar a que Isabel Díaz Ayuso fuese Investigada por su partido, el Partido Popular, lo que encuentro justificado por la aplicación de esta Directiva .
No tiene posible justificación, evidentemente, el hecho de que tal investigación haya sido filtrada -y además, por el propio PP- a los medios , lo que entiendo presuntamente delictivo , además de inmoral y acreditativo de una nauseabunda perversión ética que, finalmente ha derivado en la desagradable estética que están reflejando estos últimos días los medios.
Sin embargo, todos mis intentos de encontrar la mención a esta Directiva en las noticias sobre el "Asunto Ayuso" en diversos Medios, resultaron infructuosos. Los comentarios desaparecieron de inmediato. Es este teatrillo mediático-político que nos embriaga con sus "Ruidos y Pasiones" (Macbeth), incapacitándonos para actuar en el " Mercado Político " como individuos Racionales y Libres.
Considere de la mayor importancia Garantizar la CONFIDENCIALIDAD del Denunciante de Corrupción y garantizar su indemnidad , ya tal fin, evitar el cuestionamiento , más en ausencia de información veraz al respecto, de los Denunciantes de Corrupción ; quienes, en el momento oportuno , esto es, tras finalizar la preceptiva investigación con la motivada conclusión de no ser ciertos los hechos denunciados o de haber vulnerado los Denunciantes de Corrupción la Ley al acceder, sustraer o copiar la información aportada con su Denuncia, tendrán que responde, incluso ante la jurisdicción Penal, de sus actos , conforme a la propia Directiva, como ha quedado expuesto más atrás.
De hecho, la única referencia no explícita - incluso lejana- a la Directiva de Alertadores, que he encontrado en medios de derechas, ha sido ésta, solo para "iniciados", del Editorial de ABC , que merece la pena reseñar, pues no excluye de la necesaria investigación el "Asunto Ayuso", si bien recuerda otros asuntos en los que también resulta necesaria la Investigación, no producida hasta el momento (al contrario de lo sucedido en el "Asunto Ayuso", cuya Investigación sabemos que el PP inició) :
Ley del embudo con la corrupción y transparencia
"Es cierto que algunos de los casos de enchufismo que está denunciando ABC no adquieren la notoriedad política de la crisis que afecta al liderazgo del PP. Pero eso no oculta que son casos reales. El modo en que el marido de Nadia Calviño se ha visto favorecido con ayudas europeas, la imputación de Ada Colau por regar con dinero público y subvenciones a organizaciones de amigos, o revelaciones como las que hoy hace ABC sobre los contratos que consigue el marido de la directora general de la Guardia Civil, podrán ser legales o No. Cada caso es distinto y tendrá sus matices. Pero no se puede aplicar la ley del embudo, y criminalizar a Ayuso sin pruebas mientras se condenan al ostracismo casos de aparentes corruptelas solo porque sus protagonistas pertenecen a la izquierda. En todos los casos, más allá de que existen o no ilicitudes penales, lo idóneo es la transparencia. Porque pueden no ser ilegales. Pero la ciudadanía tiene derecho a conocerlo todo con pelos y señales".
"Pero no os perdáis la doctrina Cristina de Borbón con la que pretenden exculpar a nuestra IDA: "La presidenta alega desconocimiento y eso significa que no se ha dado irregularidad formal alguna, aunque objetivamente se ha producido un efecto no deseado por las leyes, incumpliendo el espíritu de lo que persigue". "Esto de exculpar a las damas que se dicen tontas a mí me suena un poco machista, cuando menos".
"... editorialista de El Mundo : "Los votantes del PP hoy saben que el partido al que votaron o al que pensaban votar está dirigido por una desafortunada conjunción de insensatos sin escrúpulos". Vaya plagio: Pedro Sánchez también era un "insensato sin escrúpulos" en el editorial que le dedicó El País en 2016, cuando en el PSOE volaban los puñales entre Susana Díaz y Sánchez ".
Isabel y Tomás Díaz Ayuso.
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LA (¿IRREVERSIBLE?) DESCOMPOSICIÓN DE LO PÚBLICO
“Se detecta un deterioro profundo del ecosistema público, que comienza a ofrecer síntomas evidentes de procesamiento. Lo grave de la situación no es tanto el presente, que lo es, sino especialmente el futuro; pues el deterioro del actual sistema político-administrativo en España tendrá inevitables consecuencias devastadoras sobre el futuro del país y de sus próximas generaciones. La pandemia ha consolidado ( aunque venía de lejos ) una forma de hacer política y de gestionar lo público basada en la contingencia ( a veces chapucera ) y en la inmediata. Hay síntomas muy preocupantes de ineptitud política e ineficacia gestora, amén de dispendio constante de recursos públicos, ahora “ abundantes ” ( por las vacaciones de las reglas fiscales, el endeudamiento y los fondos europeos ) y dentro de poco escasos ( por los planes de reequilibrio). ). que habrá que aprobar ). Y, en ese momento, no muy lejano, aflorarán crudamente los machos nunca resueltos”.
No dura siempre el mismo sol ardiente en el mismo cielo azul”
(José Hierro, Poesías completas 1947-2003 , Visor, 2017, p. 255)
preliminar
Los datos de contexto más inmediatos nos muestran algunas señales de alarma. Pero, no les ocultos que no me interesan demasiado ahora: son mera sintomatología de una enfermedad mucho más profunda. Que el Índice de Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción en 2021 nos haga bajar dos escalones y nos sitúe en el puesto 14 de la UE, es preocupante (por debajo de la media); pero no pasa tampoco de mero síntoma. Lo mismo se puede afirmar del reciente Democracy Index editado por The Economist que, sin perjuicio de las inteligentes objeciones que plantea Carlos Sánchez en su artículo dominical en El Confidencial , desciende a la democracia española al segundo escalón, fuera ya de los sistemas políticos más consistentes. . . Estas son noticias de inmediata, siempre interesantes y que tantos comentarios mediáticos levantan, pero ofrecen solo una parte del problema.
Lo que aquí sigue, es una mirada personal e incompleta. Hay momentos en que cabe trascender de lo inmediato e intentar, al menos, analizar el presente y el futuro con una lente más amplia, que nos permita identificar los movimientos sísmicos que realmente se están produciendo en nuestro panorama público-institucional, y sobre todo hacer. . un ejercicio de prospectiva sobre cuáles serán sus efectos hipotéticos. Esa mirada es necesaria, aunque nos incomode, disguste y perturbamos, pues –al menos en mi caso y tras más de cuatro décadas trabajando desde y sobre lo público- se detecta un deterioro profundo del ecosistema público, que comienza a ofrecer síntomas evidentes (más allá de los índices expuestos) de revisión. Lo grave de la situación no es tanto el presente, que lo es, sino especialmente el futuro; pues el deterioro del actual sistema político-administrativo en España tendrá inevitables consecuencias devastadoras sobre el futuro del país y de sus próximas generaciones. La pandemia ha consolidado (aunque venía de lejos) una forma de hacer política y de gestionar lo público basada en la contingencia (a veces chapucera) y en la inmediata. Hay síntomas muy preocupantes de ineptitud política e ineficacia gestora, amén de dispendio constante de recursos públicos, ahora “abundantes” (por las vacaciones de las reglas fiscales, el endeudamiento y los fondos europeos) y dentro de poco escasos (por los planes de reequilibrio). ). que habrá que aprobar). Y, en ese momento, no muy lejano, aflorarán crudamente los machos nunca resueltos.
Una sintomatología (incompleta) del estado de revisión de lo público en España
Estas son algunas muestras evidentes del estado de análisis de lo público en este país llamado España y en todos sus niveles territoriales de gobierno:
a) No funciona (nunca lo ha hecho) el principio de separación de poderes: las instituciones de control están capturadas por el clientelismo partidista. No cumplen, o lo hacen de forma muy insatisfactoria, las misiones existenciales que tienen asignadas. No hay contrapesos efectivos, ni frenos institucionales del poder. Y sin ellos, ya se sabe: los atropellos son constantes.
b) El sistema político institucional está devastado, sin legitimidad; en hundimiento imparable.
c) El Parlamento es una institución sin pulso que ha cedido graciosamente su potestad legislativa al Ejecutivo, que “legisla” excepcionalmente sin freno ni control. El ruido parlamentario es un insulto a la inteligencia.
d) Los partidos políticos ya no son lo que eran, están adosados al poder. Alejados de la ciudadanía, son ya partidos de cargos públicos. Viven en el poder o esperando alcanzarlo .
e) Hay una connivencia espuria entre política gubernamental y sindicalismo del sector público, para defender el statu quo y paralizar de facto cualquier transformación de lo público que altere sus intereses recíprocos endogámicos.
g) Disponemos de élites políticas de muy baja calidad y liderazgos efectivos inexistentes. La política no sabe gobernar con mirada estratégica, vive atada a la contingencia. Solo quieren ganar elecciones para estar en el Gobierno. No para hacer realmente la vida más feliz a la ciudadanía ni resolver los grandes problemas siempre pendientes . Las decisiones incómodas se aplazan eternamente.
h) La política actual está preñada de impotencia, sectarismo, fragmentación y polarización. Notas apropiadas para el triunfo (ya se anuncia) de las políticas populistas y de la pura demagogia. Las redes sociales fomentan una ciudadanía cada vez más ignorante que se mueve principalmente por estímulos primarios. El debate se ha enterrado. La deliberación apenas existe.
i) Todo se fía en política a una comunicación política de baratija, que vende discursos autocomplacientes que nada tienen que ver con la realidad, y que la ciudadanía ya no compra.
j) No hay alineamiento real entre política y gestión. La realidad público-institucional vive en compartimentos estancos y con muy baja interacción. Desconfianza recíproca y aislamiento.
k) Las políticas se cuartean en estructuras de gobierno multinivel descoordinadas y hasta cierto punto anárquicas, con costos elevadísimos de transacción. No funciona la Gobernanza. El Estado es un conglomerado de estructuras territoriales adosadas que hacen lo mismo (isomorfismo) o se diferencian en la nimiedad absurda y desconcertante (Covid19).
l) Internamente los gobiernos se fragmentan en compartimentos estancos (silos) que apenas interactúan entre sí, agravado por estructuras de gobiernos de coalición con lógicas internas disgregadoras y contradictorias. Sin cultura de coalición. Los ministerios “legislan” sobre “su negociado”, dando lugar, por ejemplo, a disparatados complejos normativos incoherentes y absurdos en su aplicación al sector público (Ley 20/2021 y RDL 32/2021).
ll) La alta administración está colonizada por la política, sin resquicio alguno a la profesionalización efectiva. España es uno de los países de la UE con mayor politización de la Administración (que alcanza decenas de millas de niveles orgánicos de responsabilidad).
m) Las Administraciones públicas no son tractoras de (casi) nada, son máquinas repartidoras de recursos públicos ya tasados (pensiones, retribuciones a empleados) o discrecionalmente distribuidas por medio de subvenciones, ayudas o contratos públicos, frecuentemente dirigidas por criterios clientelares o hacia grandes. empresas, despachos y consultoras.
n) La transformación digital está empeorando los servicios públicos, con abandono de la atención ciudadana y afectación brutal a la brecha digital. No hay una transición ordenada.
ñ) El sector público está perdiendo a marchas forzadas capacidad ejecutiva viéndose cada vez más obligado a echarse en manos de un sector privado que ve en lo público un nicho de negocio de proporciones incalculables (algo que ya se visualiza con los fondos europeos).
o) La Agenda 2030 sigue sin calar, convertida en un marchamo publicitario (desarrollo sostenible), sin aplicación efectiva. Los ODS son, en buena medida, elementos decorativos. Las instituciones sólidas del ODS 16 se están transformando en instituciones gaseosas. Nadie (o muy pocos) se cree nada: ni la integridad, ni la transparencia, ni la participación.
p) Las Administraciones Públicas son organizaciones del pleistoceno. No se trabaja por proyectos, se dispone de estructuras rígidas e inadaptadas, que nadie quiere tocar. El sector público empresarial sigue siendo, en buena medida, la cueva de Alí Baba de lo público.
q) Las AAPP están perdiendo su (escaso) talento interno por las jubilaciones masivas. Y nadie piensa en cómo rehacerlo. La Administración se descapitaliza a marchas forzadas. Los recursos humanos del sector público son el gran nudo. Irresoluble.
r) El declive del mérito y la capacidad es absoluta en el acceso. Las oposiciones libres son ya casi anecdóticas porcentualmente. Las Ofertas de empleo público, en buena parte mentira. Los RPT instrumentos rígidos y obsoletos.
t) El aplantillamiento automático (sin pruebas reales de acceso) de centenares de millas de plazas fruto de una política populista y demagógica de pretendido combate contra la temporalidad, comportará muy bajos estándares profesionales en las próximas décadas. Se han dado un tiro en la cabeza. Sin conocimiento interno, la dependencia del mercado será total. No puede haber conocimiento (talento) cuando no se exige en el acceso. No se crea por generación espontánea
u) Sigue el reinado absoluto de la libre designación y la aplicación pésima de los sistemas de concurso. Los RRHH del sector público son compartimentos estanco e incomunicados. Es la cañería principal por donde se van los mayores costos de ineficiencia del sector público (también en el docente y sanitario) por incapacidad estratégica y de gestión.
v) Ni hay evaluación del desempeño, ni carrera profesional efectiva, ni Dirección Pública Profesional. Los valores públicos juegan en retirada en un bastardo empleo público, contaminado hasta los tuétanos por la impronta laboral. La función pública (servicio público) ha dejado paso a la centralidad del empleado público, que de forma espuria y perversa se convierte en el centro endógeno de lo público.
x) La ciudadanía (la persona), por tanto, ya no está en el centro de las políticas (solo de boquilla), que se han convertido en endogámicas (garantizar el statu quo y los intereses endógenos y exógenos cruzados). No hay nadie ya que defensa al ciudadano. La digitalización lo hace aún más vulnerable.
y) Un país que es incapaz de promover reformas y transformación si no nos las exige la UE (que siempre procuramos orillar), es un fracaso colectivo. No dispone de visión ni proyecto.
z) El interés general se ha convertido en un eufemismo formal, pues está dando paso a una privatización creciente de lo público, tanto por los partidos políticos, por el sindicalismo del sector público, por un empleo público en zona de confort, así como por las grandes empresas que se benefician de todas las carencias indicadas. Los demás, a pasar por caja.
Bailando en la cola del paro (The Full Monty)
Final
Quienes sean finos analistas del pasado, presente y futuro del sistema público objetarán al planteamiento anterior muchas limitaciones y una mirada muy cargada de elementos disfuncionales, sin poner el acento en lo positivo. No lo negaré. Tampoco pido que se comparta, sino que sirva de elemento de reflexión. Cada uno es hijo de su pasado y de sus obsesiones. También se objetará que muchas de esas taras detectadas son globales, fruto de una sociedad en proceso de aceleración y división permanente, y con unos retos o desafíos comunes. Esto es verdad, al menos parcialmente, pero en España se multiplican esas patologías por factores endógenos nunca bien analizados. O simplemente preteridos u olvidados.
Ross Douthat, en un libro editado en 2021, ponía el foco en cuatro notas que identificaban a la actual sociedad decadente: estancamiento, esterilidad, esclerosis y repetición . Las cuatro notas se reiteran de forma clara en el caso español y en todos sus ámbitos territoriales de gobierno, si bien en caso nuestro incrementan sus efectos hasta multiplicarse. Y no parece haber absolutamente nadie con capacidad de decisión y liderazgo en el ámbito de lo público que quiera darle la vuelta a este estado de cosas.
Hay, además, un modo de entender lo público enquistado, viejo y dominado por un conjunto de vicios innatos que proceden de la particular concepción de hacer política en España desde tiempos inmemoriales (herencia decimonónica), preñada de clientelismo y pegada a las ubres de los presupuestos públicos como fuente de absorción y reparto “de poder” (ahora incrementada la leche de la vaca con la gestión de fondos europeos, que corre el riesgo de transformarse en un enorme fiasco). Ahí y no en otro sitio están nuestras grandes dolencias. Las de siempre. Las que nadie quiere resolver, porque “siempre se ha hecho así”. El peso de las mentalidades (o de las patologías heredadas) es inmenso. Y ni siquiera las admoniciones permanentes de la UE sirven para mucho. Entran por un oído y salen por otro. Estamos instalados en el reino de la impostura y de la mentira, en el que la mala política abunda cada vez más y la burocracia empieza a dar muestras evidentes de esterilidad, y ambas tendencias se retroalimentan a sí mismas en ese espacio cerrado que es lo público. , en plena era de Gobierno Abierto. Nada es como debería ser, todo son apariencias. Se vive de vender humo. O, en su defecto, de trampear. Así, hasta que el toldo se derrumbe. Nada es eterno, tampoco los sistemas público-institucionales.
Seguridad en el Trabajo
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LA TRAMA DE KOLDO QUE SALPICA A VARIOS MINISTROS AMASA 130 MILLONES EN UNA OFFSHORE DE LUXEMBURGO
La Guardia Civil sostiene que sacaron las comisiones al extranjero para dificultar el seguimiento y la trazabilidad del dinero
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que las mordidas de la trama de Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, que ya salpica a varios ministros, cuenta con una sociedad ubicada en el paraíso fiscal de Luxemburgo que tiene un activo de más de 130 millones de euros. Por el momento, Ábalos se niega a dejar su acta de diputado en el Congreso e insiste en que no va a dimitir. «Yo no tengo ninguna responsabilidad en esto e irme sería darle un tributo a la estrategia de la derecha», ha asegurado este fin de semana.
Tal y como figura en el sumario de la trama, la red con la que contaba Ábalos se dedicó a sacar de España las comisiones ilegales que obtenía de los contratos públicos de mascarillas. Los dos países que escogieron para camuflar las mordidas fueron Luxemburgo y Brasil. El primero de los países está considerado un paraíso fiscal. Siguiendo el rastro del dinero, los investigadores han descubierto que los integrantes de la trama constituyen justo después de recibir las adjudicaciones públicas la sociedad Stronghold Topco SARL. En concreto, esta sociedad offshore se abrió el 15 de diciembre de 2020.
Activos de la sociedad luxemburguesa que usó la trama de Koldo García
El Debate ha tenido acceso a las finanzas de la mercantil, donde hay constancia que a los pocos meses de iniciar sus actividades, la sociedad luxemburguesa declaró un activo de 94.084.708 millones de euros. A día de hoy esa cifra ha llegado hasta los 130.882.339 millones de euros. Un crecimiento rápido que coincide con las fechas en que ministerios como el de Sanidad o Transportes pagaron a Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL. En paralelo, la offshore tiene también una cuenta a parte con ahorros por valor de 7.935.775 millones de euros, notablemente superiores a los que declaró en 2021, que fueron de 3.488.724 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que parte de las ganancias obtenidas por Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL fueron transferidos a la sociedad MTM 180 Capital SL, propiedad del empresario Víctor de Aldama, detenido junto a Koldo la semana pasada en el marco de la ‘operación Delorme’ por el pago de mordidas. La UCO cifra este dinero, al que hay que sumarle un préstamo del proveedor de Ábalos, en más de un millón de euros. Concretamente en 1.600.150,50 millones de euros. El destino final de estos emolumentos acabaron en y a su vez en la sociedad luxemburguesa.
La sociedad luxemburguesa participa en las sociedades donde se escondían las mordidas - El Debate
Los investigadores expertos en blanqueo de capitales describen los traspasos societarios llevados a cabo por la trama de Ábalos como «hacer el helicóptero». Se trata de una forma de hacer desaparecer el dinero mediante varias sociedades y el uso de testaferros. Además de Luxemburgo, la red también usó Brasil para blanquear las comisiones. Para ello utilizaron la sociedad Suro Capital Brasil Participacoes LTDA y una cuenta bancaria a nombre de la mercantil en la entidad Banco Itau Bba SA. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el empleo de estos dos países fue para «dificultar el seguimiento y la trazabilidad del dinero».
Además de Ábalos, desde que estalló este escándalo de corrupción también se han visto salpicados otros ministros y altos cargos del Gobierno. Uno de ellos ha sido Salvador Illa, extitular de Sanidad y actual líder del PSC. En 2020 incluyó a Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL en un megacontrato sanitario de mascarillas de 2.500 millones de euros. El director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en aquel momento, Alfonso Jiménez Palacios, ha declarado ante uno de los juzgados que investiga estas adjudicaciones que recibió una orden ministerial del propio Illa para escoger a esta empresa, hoy en el punto de mira de la UCO y de Anticorrupción.
Otro de los miembros del Gobierno afectados es Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Durante la pandemia era presidente de Canarias y adjudicó 11 contratos por un valor total de 12,2 millones de euros a la empresa de la trama. Torres sostiene ahora que no sabe de dónde pudo llegar la oferta, aunque ha reconocido que pudo tener su origen en una llamada del Ministerio de Transportes, que en ese momento dirigía José Luis Ábalos, ya que «ellos ya habían contratado a esta empresa en otras ocasiones». Ábalos se niega por el momento a dimitir alegando que «yo soy diputado ahora, no soy ministro. Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido».
Jorge Verstringe, Secretario General de Alianza Popular, el partido fundado por Fraga, antecedente del actual PP, con Esperanza Aguirre (mentora de Isabel Díaz Ayuso), antes de que el Gran Wayoming la convirtiese en un referente político
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represaliado por los presuntos Corruptos, a quienes ha denunciado. Y esa es quizás la cuestión principal de la Directiva, poner a cubierto de las represalias a los denunciantes de corrupción.
