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La institución, que ha recibido este año 350.000 euros de subvención pública, señala que se trata de un «acto de alquiler del espacio». Falange ocupó y clausuró en 1939 el edificio del Ateneo, que fue convertido en la Delegación Provincial de Educación Nacional del partido único de la dictadura franquista. El Ateneo es un símbolo de intelectualidad y progreso. 

https://twitter.com/lafalange/status/1188405583428378624

 

A finales de marzo de 1939, en los últimos días de la Guerra Civil, la Falange ocupó el Ateneo de Madrid. La institución, cuna de la intelectualidad y del liberalismo, fue cerrada, desapareció el nombre de Ateneo y allí se instaló la Delegación Provincial de Educación Nacional del partido único de la dictadura franquista: la Falange Española Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FET de las de las JONS). Su salón de actos, de hecho, pasó a ser el Aula de Cultura de la Delegación. La ocupación de Falange ponía fin, de esta manera, a un legado de 100 años de debate y de conocimiento y, también, «presumiblemente» provocaba la «desaparición» del archivo histórico de la institución, a la que el propio José Antonio Primo de Rivera acudía a estudiar. Así, al menos, aparece recogido en la propia página del Ateneo de Madrid. 

Ochenta años después de aquello, de la ocupación y desaparición del Ateneo en manos de la Falange, el partido fascista ha regresado al Ateneo de Madrid. Eso sí, esta vez pagando por alquilar el salón de actos del histórico edificio para conmemorar el nacimiento de Falange Española un 29 de octubre de 1933 de la mano de José Antonio Primo de Rivera, el mismo partido que acabaría con la libertad de la institución seis años después de su fundación. En el acto, que se celebró el sábado, participaron varias de las corrientes que conforman el actual espacio falangista: La Falange, la Hermandad Nacional de la Vieja Guardia y FE de las JONS. De hecho, fueron habituales los cánticos que llamaban a la «unidad» de los partidos falangistas. 

El Ateneo de Madrid, contactado por este medio, ha señalado que se trata de un acto «privado» y que los organizadores pagaron por alquilar la sala, pero aún no han concretado por qué importe. Los propios organizadores, desde la tribuna, reconocieron a lo largo del acto que el alquiler de la sala fue «complicado», pero que al final lo consiguieron pagando un «buen» alquiler. No obstante, la institución que este 2019 recibió 350.000 euros de dinero público entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, todavía no ha contestado a la petición de información por parte de Público. 

Así, durante las dos horas que se prolongó la celebración, se cantó el Cara al Sol, se hizo el saludo fascista, se cargó contra todo lo que se podía cargar y se honró la memoria de los falangistas que se levantaron en armas contra la democracia republicana y apuntalaron el régimen franquista. Así, por ejemplo, Norberto Pico Sanabria, jefe Nacional de FET de las JONS,alabó al escritor fascista Rafael García Serrano, que «aquel 18 de julio cogió su fusil y salió a defender la unidad de España». 

El propio hijo de Rafael, Eduardo García Serrano, director de El Correo de Madrid y colaborador habitual de Intereconomía, también tomó la palabra para definirse como «franquista y falangista», cargar contra la izquierda «rencorosa y analfabeta» de 1936 y de la actualidad, enaltecer a los luchadores falangistas que participaron en el golpe de Estado y la Guerra Civil y calificar a Franco como «el mayor estadista» y «caudillo militar» de la Historia desde los Reyes Católicos a la actualidad.

Asimismo, García Serrano también contó una anécdota que cabe destacar. Señaló que el día de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, estando él en Mingorrubio, recibió una llamada del escritor Arturo Pérez Reverte para confesarle que su padre, el falangista Rafael García Serrano, es «el más grande» de todos los escritores que ha dado España «desde Quevedo».

También dio un discurso el jefe nacional de La Falange, Manuel Andrino, que llamó a acabar con «la Constitución española». «La Constitución española es la verdadera culpable del caos, de la ruina y de la situación de ruptura y de enfrentamiento civil que se produce no sólo en Catalunya sino en el resto de España», pronunció Andrino, que pidió la derogación de la Carta magna «por inútil» y por «antiespañola». 

 

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[2] El fascismo ocupa el Ateneo de Madrid como en 1939

La Vanguardia

Esta semana se celebró en un lugar tan importante como el Ateneo de Madrid este acto fascista en conmemoración de la fundación de Falange ¿A qué espera el gobierno para convertir en delito los actos de exaltación de la dictadura? pic.twitter.com/6nEc6g4yHA

— Lucio Martínez Pereda (@anluma99) October 30, 2019

 

La historia se ha repetido parcialmente 80 años después. Si en 1939 la Falange ocupó y clausuró el edificio del Ateneo de Madrid para convertirlo en una de sus sedes ministeriales, el pasado 27 de octubre fue un grupo de tardofranquistas el que ocupó una de las cunas del conocimiento de la capital para ensalzar la dictadura de Francisco Franco mediante cánticos -cara al sol-, vítores -ensalzando al dictador- y ataques a la democracia instaurada en España. Esta vez se empleó dinero, y no la fuerza. El partido falangista alquiló el local ‘para realizar un acto privado pese a que la institución se define como “referente en la historia de España y dedicada a la difusión de la cultura”.

Ese es el factor al que se agarra la dirección de la institución para tratar de capear el temporal y no perder, entre otros, las subvenciones anuales que en este 2019 ascienden a 350.000 euros de la mano del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. El acto de Falange contrasta con el lema de campaña del actual presidente, el arquitecto Juan Armindo Hernández Montero, que se presentó a las últimas elecciones con el eslogan “Nuevos aires para el Ateneo”.

Pese a las críticas recibidas tras conocerse este acto, la junta directiva del Ateneo guarda silencio sobre los motivos que llevaron a aceptar la celebración de este acto dado que, según reza en sus estatutos, la programación de actividades que pueden ser objeto de polémica suelen ser votados en el seno de la junta.

 

 

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[3] Santiago Torres, el juez que encarceló a Jesús Gil: «La maquinaria judicial está prevista para que no funcione, excepto con los robaperas»

Dejó la toga desmotivado, especialmente cuando vio que se metía en la cárcel a boleros [que transportan droga en el cuerpo] pero no se investigaba a las mafias que los explotaban: «Yo no podía dictar una sentencia más», dice a eldiario.es

«Existe corrupción porque hay áreas de impunidad: es lo mismo que se tire el dinero o que no, que haya estaciones vacías del Ave o aeropuertos sin vuelos», señala el ahora abogado Santiago Torres

Por Raquel Ejerique

Eldiario.es

 

Santiago Torres entró en la carrera judicial con 26 años y pasó «sudores para intentar aplicar el Derecho con el peso que suponía juzgar a otros». Destapó uno de los primeros casos de corrupción urbanística en la Marbella de Jesús Gil y se hizo famoso tras meter en la cárcel al alcalde, entonces todopoderoso y presidente del Atlético de Madrid, por el caso Camisetas en 1998. Se marchó a Madrid, tras una campaña de desprestigio que incluyó manifestaciones vecinales contra él y denuncias. Después de varios infartos, en los que «es de suponer que tuvo mucho que ver la herencia genética», y algunas decepciones, dejó la magistratura. Santiago Torres también fue el juez del caso Guateque (quedó sobreseído y él amonestado por un retraso en el sumario de 130.000 folios), el caso Alierta (contra el entonces presidente de Telefónica) o el que desarticuló el clan de los búlgaros. Todo le «valió la pena».

Usted metió en la cárcel a Jesús Gil cuando era alcalde de Marbella. ¿Le sorprende que la mayoría de los políticos juzgados y condenados lo sean cuando ya se han retirado? Por ejemplo, Eduardo Zaplana, Esperanza Aguirre…

Yo recuerdo lo que me contaba un fiscal de Marbella: que él no se metía en determinados asuntos porque eran políticos y suponían problemas. Es muy fácil mirar para otro lado en cuestiones que afectan a los políticos y al poder y la tentación supongo que será muy grande. Tiene que ver con que te creas que eres juez o un mero funcionario que pasa papeles. Que estés convencido del valor del Derecho para resolver conflictos, que es lo que determina el valor de nuestra civilización. Eso puede ser aplicado solo de una forma: sin sometimientos a otros intereses de los estrictamente establecidos por la ley. Y si tienes otros intereses, probablemente no merezcas ser juez. Es una cuestión de ser o no ser.

¿Le dieron más miedo las amenazas de Jesús Gil o las del clan de los búlgaros?

A mí las amenazas de Gil no me daban miedo, lo que me dio verdaderamente miedo fue que tuviera influencias en el sistema judicial. Tuve que dedicarme más a mi defensa por los ataques de la propia casa que al trabajo judicial. Es una forma de presión terrible. Tuve que hacer frente a 17 denuncias y cuatro querellas. 

En 2013 dejó la toga y se pasó a la abogacía. ¿Cuándo dejó de creer en el sistema judicial?

Siempre creí que cada uno desde su puesto podía hacer algo importante. Pero me di cuenta de que yo no era un ladrillo de un muro que yo creía que se llamaba Estado de Derecho. Veía que el único que se llevaba las leches era yo, y que no había ningún ladrillo más, y me di cuenta de que era un sacrificio estéril. El Estado es susceptible de increíbles mejoras que no se pueden hacer desde el sacrificio individual de los funcionarios. La norma de conducta no debe ser la heroicidad. Por eso pensé que más valía dejarlo.

Dice que ser juez acabó siendo un peso para usted. ¿Por qué?

La maquinaria judicial está prevista para que no funcione, excepto en el caso de los robaperas, ahí funciona de una forma hasta cruel. Uno de los casos que más me desmotivó fue el de los boleros [las personas que transportan bolas de droga en el cuerpo]. Suelen ir a prisión porque no tienen arraigo en España y son pillados in fraganti. Pero desde el punto de vista del juez que está de guardia está claro que este señor no viene a traer eso para sí mismo ni para venderlo en las discotecas de Madrid. Este hombre viene para traerlo para alguien. No vas a aplicar con toda la dureza el Código Penal a la escala más baja, a los desgraciados. Pero claro, se acumulaban los asuntos el día de la guardia con investigaciones complicadas.

Y cuando llego a la Audiencia Provincial de Madrid y veo que todo el proceso es contra el bolero… Todo terminado el día de la guardia y a juicio. Y le caen 9 u 11 años de prisión. ¿Estamos metiendo en las cárceles a hombres desgraciados usados como mulas a costa de sus propias vidas y no miramos a dónde van y quiénes son esas redes de explotación? Yo no podía dictar una sentencia más. El sistema es completamente injusto. Solamente se castiga a los robaperas, y excepcionalmente cae alguno más para mantener el sistema. 

 

 

¿Cómo nace y se reproduce la corrupción?

Existe corrupción porque hay áreas de impunidad. Por ejemplo, nunca se ha establecido un verdadero control de eficiencia de la actividad administrativa. Es lo mismo que valga 8 que 80, que se tire el dinero o no, que haya estaciones vacías del Ave o aeropuertos sin vuelos… y todo pagado con dinero público. En estas áreas, donde no hay control de eficacia, es donde hay posibilidad de corrupción.

¿Y también por cierta impunidad judicial? Ha dicho usted que «la Justicia en España puede ser muy dócil al poder político». ¿En qué sentido?

En el sentido de que solo progresan profesionalmente dentro de la carrera judicial aquellos que no son versos sueltos ni problemáticos, desde el punto de vista político. El sistema de promoción judicial está basado en nombramientos discrecionales de personas que son de estricta confianza política. Estamos hablando de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presidentes de Audiencia, presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, magistrados del Supremo… Por no hablar de otros nombramientos que tienen relación con un desahogo profesional, como servicios de inspección, letrados del CGPJ o letrados del Constitucional.

Precisamente la última renovación del CGPJ hizo aguas tras un whatsapp de Cosidó en el que sugería que Marchena sería presidente e iba a favorecer al PP…

El CGPJ tiene que ser abolido o sustituido en la forma de elección. Si tiene que ser órgano de gestión, un órgano colegiado no es efectivo para eso. Si tiene que ser un mero órgano áulico sin gestión y de establecimiento del deber ser judicial, entonces tiene que ser nombrado de otra forma, porque quienes deciden cómo tienen que comportarse los jueces no pueden ser elegidos a dedo por los que tienen el poder político. Y eso el Consejo de Europa nos lo ha dicho por activa y por pasiva. Además, si la dotación de medios materiales y personales de los juzgados está intervenida por las conveniencias políticas, el funcionamiento de los juzgados está mediado por razones políticas. 

¿Quiere decir que según lo bien o mal que se lleva el juez con el político se le da más o menos dinero? ¿Así de rudo?

Tú no me das problemas, yo te pongo el personal que te falta. Si no, te boicoteo el personal, o no pago los peritos que te están haciendo las investigaciones, como me pasó a mí con la Comunidad de Madrid en el caso Guateque [investigaba una trama de sobornos de funcionarios del Ayuntamiento de Gallardón y fue finalmente archivado tras anularse todas las pruebas].

El Supremo decidió que los gastos de las hipotecas los pagaran los bancos y al día siguiente reculó por la «enorme repercusión económica y social». ¿También hay injerencias económicas, en su opinión?

Ha habido otros casos más llamativos aún, y que demuestran la conexión del Supremo con los intereses económicos. Y me refiero a la nulidad de las cláusulas suelo. Se determinó que, aunque podían ser nulas, el efecto no era desde la firma, sino desde la declaración de la sentencia del Supremo, con lo que se rompió con la tradición histórica, porque desde la época del derecho romano se decía que lo que es nulo es nulo desde un principio, y por tanto desde el momento en que se hizo la contratación. El Supremo tomó esa decisión por una razón de apreciación de conveniencia económica. Últimamente está proporcionando demasiados supuestos en los que toma en consideración principios que son extralegales, metajurídicos. Creo que tiene que ver con la forma de selección que tiene el tribunal, personas que ganan la confianza de personas que a su vez tienen confianza política.

¿Está de acuerdo con la sentencia sobre Catalunya? ¿Ha habido sedición?

La rebelión tal y como está definida en el Código Penal es un delito de imposible aplicación. Se define por el que se alzare. Un alzamiento es una fuerza armada que se pone en contra del gobierno y que quiere sustituir el orden constitucional. El delito de rebelión está pensado para evitar un 18 de julio. Pero desde el momento en que se realiza el alzamiento, que requiere fuerza armada, estaríamos ante una fuerza insurgente, y como fuerza insurgente, se aplica el código militar. Jamás podrían los tribunales civiles juzgar un delito de rebelión. Un alzamiento es lo que hizo Tejero. Lo insólito es que el Código Penal que tenemos, con treinta y tantas modificaciones, está generando una discusión política y social irracional. Los países de nuestro entorno tampoco tienen el delito de rebelión, sino de traición, para aquel que traicione el orden constitucional. Sedición era la única posibilidad de condena que podía haber.

¿O por desórdenes públicos?

Es que no se debería haber producido, y bastaba con aplicar la desobediencia, como pedían los requerimientos desatendidos del Tribunal Constitucional. Se tenían que haber tomado medidas cautelares para impedir el referéndum del 1 de octubre. La solución pasaba por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que podría haber impedido la comisión de delitos si el viernes por la tarde los cuerpos y fuerzas de seguridad toman los colegios. Y si se quiere votar se hace en las plazas, en las calles, vale, pero la legitimidad hubiera sido diferente.

¿Qué le pide al siguiente gobierno, después del 10N?

Tres cosas. Hay que recuperar la unidad jurisdiccional, porque sobre un mismo asunto hay setenta opiniones diversas, y todas valen. Si en situaciones análogas no todos los juzgados dicen lo mismo, nuestro sistema no funciona bien. 

Se refiere a que según en qué juzgado caes, te va mejor o peor…

Exacto, los pronunciamientos judiciales deben ser absolutamente previsibles, porque si no el ciudadano no sabe a qué tiene que acomodar su comportamiento. Si la determinación de lo que se ajusta o no a Derecho depende de cada juez y valen lo mismo decisiones contradictorias sobre un mismo tema, perdemos la seguridad jurídica, abandonamos a la postre la ley para entrar en la arbitrariedad judicial.

La segunda cuestión que pediría es asegurar la independencia judicial, estableciendo controles de compatibilidad, declaración de intereses y sobre todo asegurando que la promoción judicial no dependa del dedazo político y que puedan ser elegidos por los propios jueces, estableciendo criterios objetivos de concurso de valores que establezcan quién es más o menos apto. Eso es garantizar la independencia judicial. Además, si quieres personas que lleven a cabo la función jurisdiccional, retribúyelas y no las machaques con sobrecarga de trabajo. Siempre me hubiera gustado trabajar como un juez alemán y cobrar como un juez portugués. Ese sería el paradigma de la independencia del juez.

¿Alguna otra sugerencia al futuro gobierno?

La tercera cuestión sería eliminar las trabas que supone la propia administración. Realizar la informática no es escanear papeles, es establecer sistemas informáticos que ayuden y no esclavicen. Con inteligencia artificial, que no requiera la actuación mecanográfica de jueces y oficiales. No es necesario procedimentar hasta lo más mínimo con resoluciones judiciales infinitas. 

Tras el caso de la manada hubo un debate social sobre la justicia. ¿Usted cree que la ley y/o sus aplicadores son machistas?

Algunos casos se ven, pero no diría que en términos generales la justicia es machista. Existen patologías, como en todos los ámbitos de la vida. Es un problema general de la sociedad, no específico de la justicia.

Muchos de los preparadores de opositores a juez cobran en negro. ¿No le parece incoherente? ¿No deberían los jueces o fiscales ser los primeros en cumplir la ley?

Sería lo propio. Pero me planteo otras cuestiones. Las oposiciones se hicieron para favorecer el interclasismo y que cualquier persona que no tuviera relación con la justicia pudiera acceder al cargo, como en mi caso. Pero un juez se forma o malforma a lo largo del ejercicio profesional y eso se soluciona si antes de las oposiciones has tenido un periodo de desarrollo profesional y madurez personal. Justamente el sistema de oposición propicia que esa persona se aísle de la sociedad en la que va impartir justicia. Yo entré en la carrera judicial con 26 años y pasé sudores para intentar aplicar el derecho con el peso que suponía juzgar a otros. Estaba avasallado por la sensación de responsabilidad. No sabía enjuiciar determinadas cuestiones, porque solo te lo da la experiencia. No me llama mucho la atención lo que cobran los preparadores, lo que me preocupa es que alguien tras acabar la carrera, sin haber tenido la más mínima experiencia vital, profesional o jurídica, y porque se ha encerrado y aislado de la sociedad para sacar las oposiciones, empiece a ejercer.

 

Cómo vota Santiago Torres

«No sé si iré a votar, porque estoy consternado. No he oído propuestas de proyectos de desarrollo industrial, empleo, ni el mal funcionamiento del mercado bancario. No veo a nadie competente hablando de problemas. No oigo más propuestas de empleo que darle al rodillo del BOE para crear nuevos funcionarios. Para mí el 10N no va a ser una fiesta, sino el día de la marmota. Cuando voto uso la cortina, porque demasiadas cosas raras he visto en mi vida. He sido presidente de zona electoral, y he tenido que llevar delitos electorales adelante, como falsificación de votos por correo. Lo de la cortina es básico»

 

 

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El juzgado de instrucción número 6 de Ceuta ha estimado el recurso de la Fiscalía y cierra el caso en aplicación de la doctrina Botín

La jueza ceutí mantiene que continúa identificando la «presencia de indicios de delito de homicidio imprudente y denegación de auxilio»

Por Gabriela Sánchez y Gonzalo Testa

Eldiario.es

 

 

El caso Tarajal queda archivado por tercera vez. La titular del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta, la misma que acordó el procesamiento de 16 agentes hace un mes, ha concluido ahora el sobreseimiento provisional de la causa, en aplicación de la Doctrina Botín a los guardias civiles investigados, tras haber estimado el recurso de la Fiscalía que solicitó el carpetazo, según el auto al que ha accedido eldiario.es. 

El pasado 24 de septiembre, la magistrada María de la Luz Lozano Gago dio por concluida la instrucción y procesó a los 16 agentes de la Guardia Civil investigados por disparar pelotas de goma y botes de humo hacia el agua en el operativo activado para frenar un intento de entrada a Ceuta en el que murieron 14 personas. La jueza argumentó entonces que «si bien es cierto la protección de la frontera se activa frente a intentos de entrada ilegal», ello «no puede dar pábulo a sobreentender, ni remotamente, que las fronteras o espacios entre las mismas son zonas de excepción en relación a los derechos humanos». Lozano Gago también sostuvo que los guardias civiles «podían haber auxiliado» a los migrantes que trataban de entrar en Ceuta a nado aquel 6 de febrero de 2014 pero «se abstuvieron sin causa que justifique su omisión».

Tras los recursos presentados por la Abogacía del Estado, la Fiscalía y las defensas particulares, la magistrada ceutí ha decidido romper su último auto, aunque evidencia en su escrito que continúa identificando la «presencia de indicios de delito de homicidio imprudente y denegación de auxilio» en la forma de actuar de 16 agentes el 6 de febrero de 2014 en el espigón del Tarajal. 

Lozano Gago cierra el caso apelando a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en 2007, según la cual la acusación popular no es suficiente para sentar en el banquillo a un investigado si no acusa también la Fiscalía o la víctima del delito. «En este caso, sólo han mostrado su propósito de instar la celebración de Juicio Oral las acusaciones populares», ha indicado la titular del juzgado. 

Lozano defiende el archivo destacando la falta de acusación particular, es decir, de las víctimas o sus familiares. «Por tanto, en estos autos, dada la falta de personación de acusación particular alguna, y asimismo la falta de acusación del Ministerio Fiscal, la jueza concluye que «no puede llevarse a juicio a los investigados sin que exista acusación del fiscal y/o de la acusación particular».

Sin embargo, las familias de seis víctimas del Tarajal, procedentes de Camerún, han solicitado en dos ocasiones su personación como acusación particular en el caso que investiga la muerte de sus hijos, pero el juzgado de Ceuta ha rechazado ambas peticiones.

 

 

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[5] Marchena, reelegido presidente de la Sala de lo Penal del Supremo por 19 votos del CGPJ

El magistrado es nombrado por cinco años más a dos semanas de la sentencia del ‘procés’. El Consejo también ha aprobado la designación del nuevo presidente del TSJ de Asturias, Jesús Chamorro González, y de los presidentes del TSJ de Aragón, Manuel Bellido Aspas, y el del TSJ de Navarra, Joaquín Galve Saurasen, que renuevan mandato.

Por Julia Pérez

Público.es

 

El magistrado Manuel Marchena Gómez ha sido reelegido presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La elección por otros cinco años ha sido aprobada por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano constitucional encargado de elegir los cargos discrecionales.

Marchena, ha recibido 19 votos a favor y dos abstenciones: las de los vocales Enrique Lucas -excompañero suyo de colegio Mayor en Bilbao- y Concepción Sáenz.

 

Dos vocales del CGPJ se han abstenido en la votación; el magistrado Marchena se examinó ante el Consejo sólo dos días después de la publicación de la sentencia del ‘procés’

 

El magistrado, de 60 años de edad, tiene por delante cinco años más de presidencia de la Sala de lo Penal.

Manuel Marchena fue el ponente de la sentencia que condenó a la cúpula del procés por sedición y malversación, con penas de 9 a 13 años de cárcel, y los absolvió del delito de rebelión por el que les acusaba la Fiscalía.

Como miembro de la Sala de lo Penal, Marchena fue ponente también de la condena de Baltasar Garzón Garzon por prevaricación (2012) por grabar a presos de Gürtel hablando con sus abogados en los locutorios de la cárcel.

También fue ponente de la sentencia anulada por el Tribunal Europeo de Derechos humanos que condenó a 11 años de inhabilitación al expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa y a los exmiembros de la Mesa de la Cámara. Esta ponencia recayó en el juez entonces al ser el más nuevo de los integrantes de la Sala de lo Penal.

En noviembre de 2018, Marchena anunció su renuncia a presidir el CGPJ y el Supremo después de que se filtraran unos mensajes de whatsapp del entonces portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, en los que se jactaba de que, gracias al acuerdo con el PSOE para la renovación del órgano constitucional, el PP se aseguraba el control “por detrás” de la Sala de lo Penal del Supremo.

Un nuevo presidente de TSJ y otros dos que renuevan mandato

Por otro lado, el Pleno del CGPJ también ha nombrado a tres nuevos presidentes de Tribunales Superiores de Justicia. Son Jesús Chamorro González, flamante presidente del TSJ de Asturias, que ha logrado el apoyo de 15 vocales, y que sustituirá a Ignacio Vidau Argüelles; Manuel Bellido Aspas, que afronta su segundo mandato como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y Joaquín Galve Saurasen, que también renueva como presidente del TSJ de Navarra. Los dos últimos accedieron por primera vez al cargo en octubre de 2014.

A su vez, el Consejo ha afrontado el nombramiento de varias Audiencias Provinciales: son Reyes Goenaga Olaizola (Audiencia Provincial de Bizkaia); Francisco Javier Menéndez Estébanez (Pontevedra) ; Ignacio Pando Echevarria (Segovia) y Joan Perarnau Moya (Audiencia Provincial de Tarragona).

Por último, el CGPJ ha formalizado el nombramiento de nuevos presidentes de Salas de varios TSJ: es el caso de Andreu Enfedaque Marco (presidente de la Sala de lo Social del TSJ de Catalunya); Luis Fernando de Castro Mejuto (presidente de la Sala de lo Social del TSX de Galicia), y María Dolores Rivera Frade, nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSX de Galicia. 

 

 

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Imagen de Portada:

Exaltación del Fascismo en el Ateneo Republicano de Madrid: Un momento en el acto de conmemoración de la fundación de Falange el pasado sábado en el Ateneo de Madrid.- YOUTUBE