25 AÑOS DEFRAUDANDO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: EL CÁRTEL DE CONSTRUCTORAS Y EL RÉGIMEN DEL 78. La transición española: El tránsito del Delito al Crimen. Siempre impunes.
La CNMC multa con 203 millones a ACS, Acciona, OHL, FCC, Ferrovial y Sacyr por alterar contratos desde 1992
El organismo afirma que se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. También intercambiaban información sobre su estrategia
Florentino Pérez (ACS), Rafael del Pino (Ferrovial), José Manuel Entrecanales (Acciona), la familia Villar Mir y los hermanos Amodio (OHL), y Manuel Manrique (Sacyr) - Clara Rodríguez
La CNMC impone una multa de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas. Acciona Construcción, Dragados (Grupo ACS), FCC Construcción, Ferrovial Construcción, Obrascón Huarte Lain (OHL) y Sacyr Construcción ha alterado desde 1992, según el organismo, miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.
"Las conductas constituyen una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", ha comunicado este jueves la CNMC. "En este caso, se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc", añaden.
Entre las AAPP afectadas figuran fundamentalmente las pertenecientes al ámbito de fomento, incluyendo al Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) junto con sus organismos yentidades públicas empresariales dependientes.
Modus operandi
La CNMC apunta que estas empresas se reunían semanalmente desde 1992 para analizar las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado.
En las reuniones, las empresas decidían los concursos en que iban a compartir -entre todas o en un subgrupo- una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones. Los trabajos se encargaban conjuntamente por los miembros del Grupo a empresas externas.
Zapatero (i), Montilla (d) y Villar Mir (c), visitando las obras del AVE a Barcelona en 2007.
Las empresas no podían modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y la aprobación del resto de miembros del grupo. La única personalización admitida era la inclusión de logos y denominaciones de cada empresa en el documento conjunto para dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentación de las ofertas.
La CNMC apunta en un amplío informe de 164 páginas que las empresas desarrollaron unas complejas normas de funcionamiento que fueron evolucionando durante el tiempo que duró la conducta. Además, en los encuentros semanales, las empresas intercambiaban información comercial sensible (diferente de la necesaria para compartir los trabajos), por ejemplo, su intención de concurrir o no a licitaciones, o la intención de formar UTEs (Unión Temporal de Empresas) y los miembros que las integrarían.
Acuerdos en las ofertas técnicas
En el caso de los contratos de edificación y obra civil de infraestructuras de interés general (hospitales, carreteras, aeropuertos, etc.) durante el periodo investigado la oferta técnica era en muchas ocasiones la variable competitiva con mayor importancia. Esta llegaba a alcanzar el 70% de la puntuación del concurso, frente al 30% correspondiente a la puntuación económica.
Los trabajos que compartían las constructoras eran siempre objeto de puntuación por la administración como parte de la oferta técnica. En algunos supuestos, en torno al 5%, las empresas llegaron a compartir el proyecto de licitación que iban a presentar a la Administración.
Florentino Pérez y José Manuel Soria.
El hecho de compartir las ofertas técnicas y los intercambios de información entre licitadores incumplen los deberes de proposición única y de secreto de las proposiciones y eliminan la independencia exigida a las empresas en los procedimientos de contratación pública.
Las empresas disolvieron el G7 en el año 2017 y manifestaron expresamente que estos acuerdos podían ser contrarios a las normas de defensa de la competencia.
Efectos de las conductas
Los acuerdos colusorios sancionados han derivado en una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas presentadas por las empresas a la Administración contratante.
Las conductas también produjeron efectos sobre las empresas competidoras, que concurrieron a los contratos públicos en desventaja competitiva frente a las empresas del Grupo, ya que tuvieron que acometer un mayor coste para la preparación de las proposiciones técnicas.
La ex ministra de Fomento, Ana Pastor. A su izquierda, Rafael del Pino, presidente de Ferrovial.
La CNMC expone que, al no disponer de la misma información estratégica que las empresas del Grupo, se alteraron los términos de competencia leal entre todos los oferentes.
El organismo matiza en su informe que se debe tener en cuenta el efecto agregado que tuvieron sobre la competencia las prácticas colusorias, debido al gran número de obras en las que hubo trabajos compartidos entre empresas del Grupo, el elevado importe que entrañaron dichas obras y la prolongada duración en el tiempo de las prácticas.
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El último tinglado de los Florentino, Del Pino y Entrecanales
Ahora se han descubierto irregularidades en decenas de contratos públicos que se licitaron entre 1992 y 2017. Lo de siempre. Lo de toda la vida. De lo que el Gobierno no habla nunca
La protagonista de 'El cuento de la lechera' pecaba de una ambición excesiva, pero su actitud era la correcta. Confiaba en que el trabajo diario y la buena habilidad para comerciar y gastar le conducirían al éxito. No hay nada más estimulante que pensar que el esfuerzo es el camino más recto hacia el bienestar. Los niños deberían escuchar más veces la palabra 'tesón' y menos todas aquellas relacionadas con su identidad y con el yo, que inflan el ego y no contribuyen a hacer que su vida futura sea mejor.
Una sociedad se tuerce cuando el método de 'la lechera' pierde efectividad. Cuando una parte de cada euro que gana un individuo no se invierte en la mejora del negocio, en el ahorro o en el consumo, sino en el mantenimiento de un sistema ineficiente y de una Corte de 'elegidos'. Así ocurre en España y así lo ha vuelto a poner de manifiesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que es la institución que se encarga de detectar las corruptelas y las malas prácticas de aquellos que conforman los tinglados nacionales.
En este caso, ha descubierto irregularidades en decenas de contratos públicos que se licitaron entre 1992 y 2017. Lo de siempre. Eso sí, su gravedad no es menor pese a que se conozcan al dedillo este tipo de 'apaños'. Last, but not least.
¿Cómo le iría a 'la lechera' en la España de hoy? Podría matricularse en una ingeniería y estudiar día a día para obtener el mejor expediente de su promoción. Después, tendría la opción de incorporarse al mercado laboral con un contrato en prácticas y trabajar duro -mientras se forma en los nuevos procedimientos y en idiomas- para que le asciendan en su empresa. Con el tiempo, y tras haberse ganado la confianza de potenciales clientes, la lógica invita a pensar que podría montar una sociedad e invertir bien una buena parte de lo que facture en el crecimiento del negocio, algo que le hará ganar competitividad y le permitirá presentarse a licitaciones.
A partir de ahí, no jugará el partido con las mismas reglas que Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr. Es decir, que las empresas que han sido multadas con 203 millones de euros por alterar licitaciones durante 25 años. Entre todas, conformaban un grupo al que la CNMC ha apodado 'el G7', cuyos representantes se reunían una vez a la semana para analizar la nueva obra pública y decidir en qué contratos podrían echarse una mano.
Florentino y los reyes del mercado
Las 164 páginas de la resolución de la CNMC son el vivo ejemplo de la naturalidad con la que se practican las corruptelas alrededor del dinero público, ante el pasmo de todas las partes. Tal es así que, en 2017, cuando tres de estas empresas abandonaron el grupo, lo hicieron porque habían comenzado a sospechar que el Sanedrín que habían montado vulneraba la ley. Hasta entonces, parece ser que lo consideraban normal; e incluso sano.
¿Y qué hacían? En este caso, no se repartían licitaciones, como hacía el 'cártel del AVE', en el que algunos de los principales contratistas del país -incluidos algunos de los ahora sancionados- acordaban en qué pujas debían participar y con qué oferta para no perjudicar a sus 'aliados' ni presentar una propuesta temeraria. Aquí se coordinaban para elaborar las ofertas técnicas de forma conjunta y, de ese modo, ahorrar costes y mejorar su eficiencia. Y, de paso, no pisarse la manguera.
Las Administraciones observaban que las propuestas les llegaban con estudios y cálculos técnicos exactamente iguales, peroningún funcionario dijo esta boca es mía. Parece ser que ministros de Industria de este período, como Miguel Sebastián -el profesor que todo lo sabe cuando sale por televisión-, nunca se enteraron o no se dieron cuenta. Aquí todo el mundo se hace el loco cuando interesa. La corrupción sería menor sin la complicidad de tantos y tantos hombres pequeños que prefieren convertirse en cómplices de los infractores a señalarlos.
Mientras esto ocurría, 'la lechera' perdía el tiempo y el dinero en la elaboración de sus proyectos para los concursos públicos, con mucho menos éxito que el G7, dado que sus recursos eran mucho más limitados que los de las siete principales constructoras de este país. Conviene tener claro que el volumen de negocios agregado de estas empresas asciende a un total de 138.793.941.515 euros en el mercado afectado. “Su aptitud para afectar a la competencia queda fuera de duda”, expone la CNMC.
Sería agotador citar todas las grandes obras en las que se produjeron estas prácticas anticompetitivas, pero puede decirse que afectaron a puertos, a autovías, a aeropuertos, a hospitales o a líneas de alta velocidad, como la que discurre entre Madrid y Extremadura. Aquí nadie parecía enterarse de nada. Ni sobre este tinglado ni sobre otros, también desmontados por la CNMC.
Prohibición de contratar
La CNMC ha trasladado todos estos datos a la Junta Consultiva de Contratación Pública, que depende del Gobierno, para que determine si las empresas sancionadas deberían tener prohibido contratar a partir de ahora por un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque así lo determina la ley de 2015, que regula las licitaciones.
¿Dará el paso? Hay un punto en el que los gigantes se vuelven tan altos, pesados y musculosos que resulta imposible controlar que cumplen las normas. Así ha ocurrido con las grandes empresas de infraestructuras, que han hecho muchas cosas bien, pero que también se han beneficiado de... en fin..., de ese particular estilo de hacer las cosas que siempre ha existido por aquí.
No es la primera vez que el Ejecutivo recibe documentación de la CNMC en la que se ofrecen indicios suficientes como para vetar a los Florentino Pérez la participación de sus empresas en las licitaciones. Pero el gabinete de Pedro Sánchez, el de lo social, la justicia y la igualdad de "las clases medias trabajadoras", ha hecho la vista gorda ante todo esto. Se ha escudado en que sería imprudente actuar ahora, toda vez que hay procesos judiciales en marcha sobre los cárteles de la contratación pública. Iniciados por los propios afectados, por cierto. Por tanto, el Gobierno también ha tallado un enorme 'escudo social' para sus 'protegidos' de las constructoras.
La noticia no ha sido destacada este jueves por ninguno de los medios de comunicación que piden estos días dinero a sus lectores por tener acceso a la información más 'importante' y 'diferencial'. Ni siquiera las grandes cabeceras económicas la situaban por encima de un hecho político, como la dimisión de Boris Johnson, u otro de interés público, como el precio del fútbol televisado. La complicidad de la prensa con los dueños del tinglado también es fundamental.
Lo más llamativo de todo esto es que las infractoras no tenían claro que lo que hacían fuera ilegal. Eso sí, esa idiocia no la demostraban todas las veces, dado que para optar a los contratos de 100 millones de euros no compartían información con sus competidores. En esos casos, rivalizaban entre ellas, pues aspiraban a zamparse todo el pastel.
En la próxima presentación de Pedro Sánchez en la Casa de América, ahí estarán, en primera fila. Y el presidente les dará la mano. Faltaría más. Este país se construye sobre estos mimbres. Sobre esas cañas de madera, de gran elasticidad y resistencia, en las que se columpian todos los que practican el clientelismo y son responsables de la ruina que se avecina. De la que ninguno se hará cargo, claro está.
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Moncloa confía a las constructoras los fondos UE pese a llevar 25 años pactando precios
El Gobierno mantendrá a ACS, Acciona, Sacyr, OHL, Ferrovial, FCC y Acciona como socios. Este ‘G7’ son sus principales aliados para las infraestructuras del Plan de Resiliencia pese a la denuncia de la CNMC
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; saluda al presidente de ACS, Florentino Pérez, y a la presidenta del Grupo FCC, Esther Alcocer Koplowitz EP
La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) presenta un informe de161 páginas para argumentar que ACS, Acciona, Sacyr, OHL, Ferrovial, FCC y Acciona pactaron precios en su puja por las licitaciones públicas durante 25 años. La investigación afirma que estas grandes constructoras formaron entre 1992 y 2017 un cartel para "alterar el proceso competitivo" de los proyectos de infraestructuras de la Administración. El organismo más afectado por este pacto fue el Ministerio de Transportes y sus respectivas empresas públicas. Aunque ni el Ministerio que ahora lidera Raquel Sánchez ni Moncloa reclamarán daños y perjuicios tras este expediente.
Según informan fuentes gubernamentales a Vozpópuli, esta "incómoda" resolución de la CNMC no es positiva para los intereses del Gobierno a corto plazo. Moncloa ve a estas grandes empresas como sus principales socios para desarrollar el gran plan de infraestructuras que se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
De estos fondos europeos que recibirá España, 10.400 millones de euros se dedicarán a "Infraestructuras y ecosistemas resilientes". Es decir, obras públicas de las que estos socios señalados por la CNMC son sus mejores aliados. Y Moncloa los necesita desde ya.
Según los Presupuestos Generales del Estado para 2022, el Estado invertirá casi 27.000 millones de euros vinculados Plan de Recuperación de los que 600 millones se dedicarán a infraestructuras ferroviarias, 3.000 millones para renovación de vivienda, 1.300 millones para proyectos de protección del medio ambiente , 1.200 millones a nueva economía de los cuidados y 11.300 millones de euros a políticas de industria.
Silencio en Moncloa
Como explican otras fuentes gubernamentales, este escenario no es el "idóneo" para enemistarse con las seis constructoras que deben levantar todos los compromisos con la Comisión Europea. Moncloa no contempla a corto plazo ninguna posición beligerante con estas empresas, pese a que el mayor organismo de competencia español haya denunciado un pacto de precios desde 1992.
La CNMC apunta que este cartel de constructoras ha afectado a licitaciones cuyo presupuesto total alcanza valores de miles de millones de euros. Según los datos de Acciona que recoge este informe, durante el periodo de 2009 a 2016, el presupuesto total fue de las licitaciones fue de 45.714 millones de euros. Los datos de Dragados (ACS) que señala la CNMC apunta a que para los años 2012, 2013, 2015 y 2016, el presupuesto total fue de 10.257 millones de euros. Por su parte, esta investigación registra que FCC, durante el periodo 2008- 2015, actúo bajo este 'paraguas' en licitaciones por valor de 52.567 millones de euros.
Las empresas van a recurrir
ACS, Acciona, Sacyr, OHL, Ferrovial y FCC han activado a sus equipos judiciales para que recurran esta multa de la CNMC. Las empresas consultadas por este medio comparten que el máximo organismo de competencia español no lleva razón en su denuncia y que ninguna de sus prácticas empresariales puede de tacharse de "ilegal" o "anticompetitiva".
Un movimiento que la propia CNMC ya espera. "Los interesados saben que contra la misma no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación", cierra el informe de 161 páginas del organismo que preside Cani Fernández.
La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados, Cani Fernández Vicién - Europa Press
"En nuestros informes anuales ya se contemplaban algún nuevo capítulo de estos informes recurrentes y ninguno de nuestros 'stakeholders' espera que prospere", comenta un directivo de estas empresas. Desde las grandes constructoras se escudan en que ninguna de sus cotizaciones en Bolsa se han visto debilitadas después de un informe tan contundente en uno de sus principales mercados. Todas las compañías afectadas repuntaban en el mercado este jueves más de un 2%.
Los 203 millones de multa que se reparten estas seis empresas no es la única amenaza. El expediente plantea una posible prohibición de contratar a estas grandes empresas por parte de la Administración. Una decisión que tendrá que analizar la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado tras conocer este nuevo informe de la CNMC.
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Dragados a Ferrovial, sobre el cartel de las constructoras: “Lo del grupo raya la legalidad”
La investigación de la CNMC revela una serie de conversaciones entre las empresas a través del correo electrónico y el whatsapp que reflejan su relación pese a ser competidores
Las 161 páginas del expediente de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) sobre la alteración de precios de las seis principales constructoras entre 1992 y 2017 refleja la relación entre estas empresas. La investigación deja por escrito algunos correos electrónicos y conversaciones de whatsapp entre los representantes de las compañías donde se muestra su relación.
En la fase de disolución de lo que denominaban ‘Grupo G-7’, que formaban las seis grandes empresas y una compañía que la CNMC omite de su informe, el representante de Dragados le escribe en un chat de whatsApp a su homólogo de Ferrovial: “Irá relacionado con lo que os comenté en enero, que me decían que pensaban que lo del grupo raya la legalidad de la competencia”, aseguraba el directivo del Grupo ACS el pasado el 3 de abril de 2017.
La CNMC destaca que este Grupo se constituyó con el objeto, declarado por sus integrantes, de compartir determinados aspectos de las ofertas técnicas que las empresas presentaban en licitaciones públicas de obra y edificación civil a las que concurrían como competidoras. Durante su vigencia sirvió también para compartir en ocasiones otros elementos sensibles de las ofertas, incluidas las memorias.
En un correo electrónico interno de FCC de 5 de mayo de 2016 se explican los objetivos, las actuaciones y el funcionamiento del G-7: “Acerca del funcionamiento del grupo de empresas del sector de la construcción, lo que denominamos ‘Grupo G-7’, en este grupo compartimos diversos trabajos las empresas Acciona, (Empresa no incoada que la CNMC mantiene el anonimato), Ferrovial, Dragados, OHL, Sacyr y FCC”, explican. El objetivo es compartir trabajos que se suelen subcontratar o externalizar y puedan ser compartidos, ya que "al compartir trabajos el coste obviamente se reparte y se puede ahorrar dinero, hay trabajos de todo tipo”, explicaba FCC en un amplío correo.
Menos mal que encuentras siempre algo. Ya no sabía qué meter en el cuadro y me niego a menos de 1.000.000 de eurosSacyr
En sus intercambios de información también se hablaba de las cifras de las adjudicaciones, según recoge la investigación de la CNMC. Un representante de Sacyr felicitaba por mail a un miembros de la empresa que la CNMC no incoado: “Menos mal que encuentras siempre algo. Ya no sabía qué meter en el cuadro y me niego a menos de 1.000.000 de euros”, aseguraba el 15 de septiembre de 2016. El G-7 no compartía, como regla general, proyectos de más de 50 millones de euros y no constan proyectos de más de 100 millones compartidos.
Dragados, FCC, Acciona, ... y sus ‘normas’
Este grupo de empresas tenían sus propias normas de funcionamiento. Una de ellas era la obligación de los miembros de compartir cualquier información que recabasen de la Administración y que pudiera afectar a los trabajos encargados de manera conjunta. “Cada empresa tiene derecho a reunirse con la Administración con entera libertad. Debiendo, no obstante, comunicar al grupo cualquier información relativa a los trabajos del Grupo, que pueda suponer planteamientos contrarios a los considerados en los mismos”, asegura una de las normas del G-7.
También compartían las decisiones de cada miembro de optar o no a alguna adjudicación. La documentación interna que describe la CNMC de Acciona, Dragados y Sacyr pone de manifiesto que las empresas intercambiaron información sobre las acciones que iban a llevar a cabo en relación con determinadas licitaciones públicas.
Cada empresa tiene derecho a reunirse con la Administración con entera libertad. Debiendo comunicar al grupo cualquier información relativa a los trabajos
En un correo electrónico interno de Acciona de 11 de mayo de 2010 se informa del contenido de la reunión del G-7 de aquella semana en relación con unas licitaciones que se identifican como “concesiones de Aragón”. “Ferrovial ha insinuado que las obras no encajan económicamente”, afirma el directivo de la compañía de Los Entrecanales.
El G-7 servía para gestionar sus esfuerzos. Los documentos de Competencia revelan que el 17 de octubre de 2013, pese a que se decide no compartir trabajos, las empresas se informan sobre sus intenciones de concurrir o no en una licitación. “Finalmente, para los proyectos de la Junta de Castilla la Mancha no se va a realizar proyectos en grupo; OHL indicó que por su parte no van a licitar, y el resto ya lo tienen en marcha”, explica la investigación.
El G-7 se disuelve en 2017
25 años después de su creación, los miembros empiezan a sospechar que este intercambio de información y trabajos puede generar problemas. En abril de 2017, Dragados, Ferrovial y Sacyr abandonan el G-7. Dragados y Sacyr asistieron a su última reunión el 20 de abril de 2017 y Ferrovial lo abandonó el 27 de abril de 2017, según registra la investigación de la CNMC. Con el anuncio de FCC y OHL de abandonar el Grupo, el G7 celebró su última reunión el 11 de mayo de 2017.
Según señala el organismo, FCC explicaba de manera interna que el motivo por el que Dragados y Sacyr dejaban el G7 porque creían que "podría no ser lícito preparar trabajos que son objeto de valoración en común”. El representante de Dragados en el G7 envió a su homólogo de FCC un correo electrónico de 25 de marzo de 2017 que contenía un enlace web a la ‘Guía contra el fraude en la licitación pública’ de la CNMC con el siguiente comentario: “Puedes adivinar las connotaciones de nuestra huida”.
Dragados y Sacyr dejaban el G7 porque creían que podría no ser lícito preparar trabajos que son objeto de valoración en común
“Me ha llamado (representante de OHL), que es el que va a las reuniones del grupo por parte de OHL. Su director de contratación te quiere llamar para comentar los de Dragados y tu punto de vista sobre la legalidad o ilegalidad del asunto”, comentaba el representante de OHL a FCC el 4 de abril de 2017.
A raíz del abandono del Grupo por parte de FCC en la reunión de 11 de mayo de 2017, la CNMC describe que OHL decidió abandonar también el G-7, ya que no quería continuar en él si se producía una baja más, lo cual condujo a que se disolviera el G-7 en esa misma reunión. “Buenos días. Al final también me dieron la orden de abandonar, por lo que hoy ha sido la última reunión de Grupo, ya que OHL tampoco seguía si había alguna baja más”, concluía así esta relación entre las constructoras.
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EL CÁRTEL DE CONSTRUCTORAS
Unos breves trazos de realidades que fueron y son
Algunos titulares de los últimos años, relativos al "CÁRTEL DE CONSTRUCTORAS"
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha sancionado este viernes con un total de 61,3 millones de euros a doce empresas, entre las cuales hay filiales de las constructoras de Acciona, ACS, OHL, Ferrovial, FCC, Elecnor, Copcisa y Sacyr, por una infracción constitutiva de un cártel para repartirse las licitaciones convocadas por el ministerio de Fomento entre los años 2014 y 2018 para arreglar carreteras. Además, Competencia prohíbe que contraten con la administración pública por un tiempo indeterminado. A pesar de que no es la primera vez que se ponen multas de este estilo (en 2019 se puso una multa similar a un cártel que monopolizaba las licitaciones de Adif), esta decisión es especialmente significativa porque revela una forma de proceder que altera completamente las reglas de la competencia y que ha condenado a decenas de empresas que actuaban de forma legal y veían como, una y otra vez, se quedaban fuera de los concursos públicos.
Tras las consultoras, las constructoras. La Comisión estatal de Competencia (CNMC) ha constatado que doce grandes empresas formaron un cártel para repartirse y abaratar las licitaciones del Ministerio de Fomento. Se les impone una multa de 61,3 millones por «infracción muy grave».
La reordenación del embarque a Tánger, los nuevos controles de Policía Nacional y Guardia Civil y la demolición del rompeolas del dique norte salieron a concurso por siete millones de euros
Tumba los recursos de ACS, Acciona y Sacyr contra los registros de sus sedes que derivaron en un expediente sancionador incoado en 2018; su “complejidad” hizo que el expediente caducara y se tuviera que reiniciar en 2020
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sanciona con 61,3 millones a 12 firmas por repartirse los contratos de Fomento para el mantenimiento de carreteras. El grupo ourensano, que logró tres licitaciones por 27 millones, afronta una multa de 5,6 millones
La CNMC ha sancionado con 61,28 M€ a 12 empresas por poner en marcha un cártel para la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras del Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) entre 2014 y 2018. Las empresas sancionadas por formar parte de este cártel son Acciona Mantenimiento de Infraestructuras (y solidariamente su matriz Acciona), Aceinsa Movilidad, Alvac, API Movilidad (y solidariamente su matriz ACS), Audeca (y solidariamente su matriz Elecnor), Copasa, Elsamex, Elsan (y solidariamente su matriz Obrascón Huarte Laín), Ferroser Infraestructras (y solidariamente su matriz Ferrovial Servicios), Innovia Coptalia (y solidariamente su matriz Copcisa Corp), Mantenimiento de Infraestructuras (y solidariamente su matriz Fomento de Construcciones y Contratas) y Sacyr Conservación (y solidariamente su matriz Sacyr).
El cártel establecía periódicamente los criterios de coordinación de las ofertas económicas a presentar en las licitaciones del Ministerio de Fomento para los servicios de conservación de carreteras de la Red de Carreteras del Estado. Agrupaba las diferentes licitaciones en grupos para los que se acordaban unos criterios comunes de presentación de ofertas económicas. El cártel asignaba una “bolsa” de puntos para cada grupo de licitaciones que se iban consumiendo por las empresas en función del nivel de descuentos sobre el presupuesto de contratación. Cuando mayores fueran las bajas que presentasen en sus respectivas ofertas económicas, más puntos se gastaban, aplicando una fórmula específicamente diseñada por el cártel para cada grupo de contratos.
De este modo se limitaba el número de contratos en los que las empresas presentaban descuentos altos en cada grupo de licitaciones, ya que el número de puntos de la bolsa nunca era suficiente como para tratar de conseguir todos los contratos de cada grupo. Este sistema incentivaba a cada empresa del cártel a concentrar sus posibilidades de adjudicación en un número limitado de licitaciones, presentando en las restantes, ofertas con escasas o nulas posibilidades de adjudicación, convirtiéndose así en ofertas de cobertura. Las empresas acordaban también el umbral de descuentos para esas ofertas de cobertura y se comprometían a presentar ofertas en todas las licitaciones de cada grupo. De este modo se conseguía alterar el umbral de anormalidad (calculado sobre la base de las ofertas presentadas en cada licitación) y podían conseguir que ofertas de empresas ajenas al cartel realmente competitivas fueran excluidas del proceso de contratación. El sofisticado sistema diseñado por las empresas se fue adaptando a los sucesivos cambios en los pliegos de contratación introducidos por la administración. La mecánica empleada por el cártel resultaba particularmente compleja, facilitando la monitorización de su cumplimiento a la vez que se dificultaba enormemente su detección.
La CNMC ha podido acreditar que el cártel operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, aunque se han detectado conversaciones desde 2009. Las empresas participantes se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 que sacó el Ministerio de Fomento en este ámbito. El importe total de las adjudicaciones a empresas del cártel superó los 530 M€, lo cual supone el 63% del importe total adjudicado por el Ministerio para los servicios de conservación de las Red de Carreteras del Estado.
(20 Agosto 2021) ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL y sus filiales reciben multas de más de 60 M€ y no podrán presentarse a las futuras licitaciones.
Según la CNMC las seis empresas "alteraban el resultado de licitaciones de los servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado"
La prohibición de contratar con la Administración se ha activado para las filiales del área de carreteras de las seis grandes empresas de la construcción en España (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL), por formar parte de un cártel de 12 empresas que pactaban un reparto de las licitaciones de Fomento entre 2014 y 2018.
(11 OCTUBRE 2018) Acciona, Isolux Corsán, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr, los grupos investigados. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra las grandes constructoras del país tras detectar "indicios racionales" de que constituyeron un cártel para intercambiar información y restringir la competencia en la licitación de obras de infraestructuras públicas.
Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL, Sacyr e Isolux Corsán, a través de sus respectivas filiales constructoras, son las siete compañías investigadas por el 'superregulador', que ha llevado a cabo inspecciones en las sedes y oficinas de cuatro de ellas.
La CNMC explica que el expediente tiene su origen en "determinada documentación" encontrada durante la instrucción de otra investigación que, además, no tiene nada que ver con el caso investigado.
Así, ante esta información, y la documentación recabada en los registros, el órgano que preside José María Marín Quemada concluyó que "existen indicios racionales" de que estas compañías cometieron "posibles infracciones" de la Ley de Competencia.
REUNIONES SEMANALES.
Según la CNMC, estas siete constructoras habrían constituido un grupo "estable y formal" en el que, semanalmente, trataban la preparación de ofertas técnicas para concurrir a contratos de obras licitados por distintas administraciones públicas.
De esta forma, sopesaban si concurrían conjuntamente a distintos aspectos técnicos de los proyectos.
Para el 'superregulador', estas prácticas suponen la conformación de un cártel para acuerdos e intercambios de información entre empresas con el fin de restringir la competencia.
La investigación de los cárteles constituye uno de los principales objetivos de la CNMC, al considerar que presentan "graves consecuencias" para los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados.
No obstante, la comisión recuerda que a partir de ahora se inicia un periodo máximo de 18 meses para instruir el expediente, cuya apertura de un expediente no prejuzga el resultado final de esta investigación.
'CARTEL' DE LA BASURAS.
En cuanto a las grandes constructoras, se enfrentan a este expediente después de que algunas de ellas estén también incluidas en el expediente sobre el denominado 'cartel de las basuras' que la CNMC decidió reabrir el pasado mes de mayo después de que la Audiencia Nacional anulara la resolución que dictó en 2015 por la que impuso una histórica multa de 98 millones.
En este caso, el primero en el que el 'superregulador' reabre un expediente, la investigación afecta a un total de 51 compañías, entre las que figuran FCC, Sacyr, Ferrovial y Urbaser, exfilial de ACS actualmente en manos de un grupo chino.
Seopan denuncia que el organismo sustenta la millonaria multa sin prueba alguna.
La patronal recuerda que la propia CNMC rechaza que las empresas formaran un cártel.
Las constructoras sancionadas esta semana por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por, según su resolución, alterar durante 25 años, entre 1992 y 2017, miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y la obra civil de infraestructuras acusan al organismo que preside Cani Fernández de "falta de rigor" por cuanto "prescinde de los necesarios elementos de prueba, basándose en meras apreciaciones subjetivas, opiniones o sospechas, que vulneran el derecho de las empresas a la presunción de inocencia, incurre en error al valorar equivocadamente las conductas investigadas como prácticas colusorias y vulnera el principio de proporcionalidad al imponer unas sanciones manifiestamente desproporcionadas".
Florentino Pérez (ACS), Pablo Colio (FCC), Rafael del Pino (Ferrovial), José Manuel Entrecanales (Acciona), José Antonio Fernández Gallar (OHLA) y Manuel Manrique (Sacyr)
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En España, la corrupción, es forma de gobierno o es forma de estado?
«Ten en cuenta que nosotros le pagamos el 0,3% del volumen de contratación, pero es que le hemos anticipado ya 450.000 euros porque se va a comprar la casa», reza una de las grabaciones de Hernández. «Son 450.000 euros cada dos meses (…). Deberíamos llevar 300 millones adjudicados. Esto es imposible, se ha quedado con la pasta y hasta luego Lucas», comenta, de acuerdo con este archivo que se grabó en octubre de 2006.
La UCO expuso en su informe de 2018 que estos audios junto con las hojas de cálculo incautadas pondrían de manifiesto una correlación entre las adjudicaciones a OHL con el presunto pago de una comisión del 0,3% del volumen total de los contratos que la constructora firmó con la Administración. De acuerdo con los audios se habrían adelantado ya a Romero 450.000 euros y se habría comprometido otro monto idéntico.
«Se ha podido verificar que los importes consignados en la columna ‘M. B.’ coinciden aproximadamente con el 0,3% del importe de adjudicación sin IVA de la obra junto a la que aparecen (todas obras adjudicadas a OHL). Esta coincidencia dota de veracidad lo explicado por Paulino Hernández en la grabación analizada, en la que éste explicaba que a Bruno le pagaban el 0,3% del volumen de contratación», expuso la Policía Judicial.
Contratos por 362 millones para OHL
Los agentes trasladaron al juez de la Audiencia Nacional que en ese tiempo OHL se adjudicó tres obras del Ministerio de Transportes: la circunvalación de Málaga por 72.258 euros, la variante de Albaida carretera N-340 por 6,5 millones de euros y la obra de la autovía Carreira-Lindín, en Galicia, por 60,5 millones de euros. El importe total que OHL habría entregado a Romero ascendería a 1.087.000 euros, cifra que, según la UCO, habría supuesto un volumen de contratación a OHL de 362 millones de euros, de acuerdo con el porcentaje del 0,3% de comisión al que hacen referencia en la grabación.
Por ese motivo, y ante las sospechas de que parte de esa comisión se habría desviado para la compra del domicilio familiar, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 estudia las cuenta del exalto cargo de Fomento y su cónyuge. Según sostiene, consta que en una de ellas realizaron ingresos en efectivo por importe de 617.000 euros. Además identifica que son propietarios de una vivienda del madrileño barrio de Arturo Soria, la cual constituye también el domicilio social de Sistemas Madrileños S.L.
38,5 millones en comisiones
Esta mercantil adquirió el dúplex junto con dos plazas de garaje por cerca de un millón de euros. Aunque la firma figuraba a nombre de terceros, éstos vendieron sus participaciones en 2015 a una sociedad controlada por la mujer de Romero. En la cuenta bancaria a nombre de esta firma también se detectaron ingresos en efectivo por 970.000 euros, lo que lleva al juez a pensar que esto guarda relación con las supuestas mordidas de OHL.
«Según lo expuesto, Romero, directamente o por mediación de de su cónyuge o de una sociedad interpuesta, habría dispuesto de 1,6 millones de euros en efectivo y habría adquirido un inmueble durante el tiempo que desempeñó su cargo en el Ministerio de Fomento, coincidiendo con la adjudicación a la entidad OHL por parte de dicho organismo de contratos de ejecución de obra pública. Según los indicios, se trata de la misma persona a quienes Paulino Hernández y Francisco Javier Peláez -altos responsables de OHL- identifican como Bruno», reza el juez del caso Lezo.
De esta forma los investigadores impulsan una causa que nació en 2018 ante las sospechas de que los imputados impulsaron un sistema de pagos en B y de facturación ficticia para hacerse con adjudicación de obra pública. Según la UCO se trató de una conducta arraigada en el seno de la compañía desde 2003 hasta 2014 en el marco de la cual efectuaron entregas a los directivos de diferentes puntos de España. Éstas, siempre con el visto bueno del exconsejero delegado Rafael Martínez Nicolás, fueron para comisiones. En total se habrían desviado 38,5 millones.
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En España, la corrupción, es forma de gobierno o es forma de estado?
«Ten en cuenta que nosotros le pagamos el 0,3% del volumen de contratación, pero es que le hemos anticipado ya 450.000 euros porque se va a comprar la casa», reza una de las grabaciones de Hernández. «Son 450.000 euros cada dos meses (…). Deberíamos llevar 300 millones adjudicados. Esto es imposible, se ha quedado con la pasta y hasta luego Lucas», comenta, de acuerdo con este archivo que se grabó en octubre de 2006.
La UCO expuso en su informe de 2018 que estos audios junto con las hojas de cálculo incautadas pondrían de manifiesto una correlación entre las adjudicaciones a OHL con el presunto pago de una comisión del 0,3% del volumen total de los contratos que la constructora firmó con la Administración. De acuerdo con los audios se habrían adelantado ya a Romero 450.000 euros y se habría comprometido otro monto idéntico.
«Se ha podido verificar que los importes consignados en la columna ‘M. B.’ coinciden aproximadamente con el 0,3% del importe de adjudicación sin IVA de la obra junto a la que aparecen (todas obras adjudicadas a OHL). Esta coincidencia dota de veracidad lo explicado por Paulino Hernández en la grabación analizada, en la que éste explicaba que a Bruno le pagaban el 0,3% del volumen de contratación», expuso la Policía Judicial.
Contratos por 362 millones para OHL
Los agentes trasladaron al juez de la Audiencia Nacional que en ese tiempo OHL se adjudicó tres obras del Ministerio de Transportes: la circunvalación de Málaga por 72.258 euros, la variante de Albaida carretera N-340 por 6,5 millones de euros y la obra de la autovía Carreira-Lindín, en Galicia, por 60,5 millones de euros. El importe total que OHL habría entregado a Romero ascendería a 1.087.000 euros, cifra que, según la UCO, habría supuesto un volumen de contratación a OHL de 362 millones de euros, de acuerdo con el porcentaje del 0,3% de comisión al que hacen referencia en la grabación.
Por ese motivo, y ante las sospechas de que parte de esa comisión se habría desviado para la compra del domicilio familiar, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 estudia las cuenta del exalto cargo de Fomento y su cónyuge. Según sostiene, consta que en una de ellas realizaron ingresos en efectivo por importe de 617.000 euros. Además identifica que son propietarios de una vivienda del madrileño barrio de Arturo Soria, la cual constituye también el domicilio social de Sistemas Madrileños S.L.
38,5 millones en comisiones
Esta mercantil adquirió el dúplex junto con dos plazas de garaje por cerca de un millón de euros. Aunque la firma figuraba a nombre de terceros, éstos vendieron sus participaciones en 2015 a una sociedad controlada por la mujer de Romero. En la cuenta bancaria a nombre de esta firma también se detectaron ingresos en efectivo por 970.000 euros, lo que lleva al juez a pensar que esto guarda relación con las supuestas mordidas de OHL.
«Según lo expuesto, Romero, directamente o por mediación de de su cónyuge o de una sociedad interpuesta, habría dispuesto de 1,6 millones de euros en efectivo y habría adquirido un inmueble durante el tiempo que desempeñó su cargo en el Ministerio de Fomento, coincidiendo con la adjudicación a la entidad OHL por parte de dicho organismo de contratos de ejecución de obra pública. Según los indicios, se trata de la misma persona a quienes Paulino Hernández y Francisco Javier Peláez -altos responsables de OHL- identifican como Bruno», reza el juez del caso Lezo.
De esta forma los investigadores impulsan una causa que nació en 2018 ante las sospechas de que los imputados impulsaron un sistema de pagos en B y de facturación ficticia para hacerse con adjudicación de obra pública. Según la UCO se trató de una conducta arraigada en el seno de la compañía desde 2003 hasta 2014 en el marco de la cual efectuaron entregas a los directivos de diferentes puntos de España. Éstas, siempre con el visto bueno del exconsejero delegado Rafael Martínez Nicolás, fueron para comisiones. En total se habrían desviado 38,5 millones.
https://www.vozpopuli.com/espana/audiencia-ohl-cargo-fomento-mordidas.html