«El que es Ciudadano en una Democracia, con frecuencia no es Ciudadano en una Oligarquía»
Perdida ya la condición de Ciudadano como «persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a su vez a sus leyes», mudada en la de mero Residente con derecho a ser Representado, olvidada la autonomía personal junto a la Responsabilidad individual, desconocido el significado de los preceptos de la Constitución, que es por ello, por esa ignorancia mayoritaria, mutante.
Ignorante y soberbia, la Desinformada Multitud, que no atiende a razones y solo escucha y repite propaganda, cree vivir en un Estado de Derecho, mientras lo ignora todo acerca del Derecho. Una masa querulante, que encomienda su bienestar a unos personajes que solo conocen por lo que leen o escuchan en la Propaganda que se obcecan y ufanan en llamar Información; una multitud iracunda que elige como Legisladores a unos actorcillos proclamados candidatos a Representantes nadie sabe de quién.
Es desde esta perspectiva que podemos, sin dificultad, apreciar la razón aristotélica («El que es ciudadano en una democracia con frecuencia no es ciudadano en una oligarquía.»)
La Corrupción es a España, como la arena a la playa. Ahora le (vuelve) a tocar al Falangismo Peseoero. Ya no recordamos a los Tecnócratas Nacional Católicos robando, pero eran mucho mejores. Los de Aznar, que acababan de ver a Felipe González robándolo todo, no perdieron el tiempo y nada mas llegar, se robaron Telefónica (por un 1% de su valor) y la pusieron al cuidado del amiguito del cole de Aznar, un tal Villalonga, del que no merece la pena hablar más.
La corrupción de los canallas, de los políticos «Transactos», de los herederos del Franquismo, en este franquismo sin Franco al que llamamos Régimen del 78′ (PPSOE y sus respectivas confluencias) -a los que, por cierto, llevamos votando masivamente desde que nos dejaron volver a votar- es cíclica.
Los ciclos son electorales. Cuando Gobierna uno, roba todo lo que puede, y facilita así la alternancia, cayendo en las encuestas electorales que se publican y son asumidas por la generalidad de una población esclava de los deseos que los medios de desinformación del más abyecto capitalismo salvaje inculcan a los débiles mentales, que forman una mayoría imbatible, que transita de los malos del momento a los que rechazaron por ser muy malos unos pocos años antes.
Ahora viene el PP. Los Tecnócratas. Los que saben robar de verdad. Para ello, antes, tiene que haber un escándalo que movilice a los Estúpidos, esa mayoría silenciosa cebada con piensos mentales (posmodernos y tradicionales, que para todos hay píldoras negras de Estupidez).
Existen los Momentos de Lucidez, como existen los Momentos de Estupidez. Ambos pueden ser Inducidos, y por ello, afectar a grandes colectivos simultáneamente, pero nunca son permanentes. Pero, al poder ser inducidos, un Momento de Estupidez puede suceder a otro Momento de Estupidez simétrico pero que apunte en dirección opuesta. La inducción no es más que la Propaganda tradicional, ampliada tecnológicamente, con una inusitada potencia, capaz de hacer que los Momentos de Estupidez colectivos se sucedan unos a otros, en bucle.
Existen los Momentos de Lucidez, como existen los Momentos de Estupidez. Ambos pueden ser colectivos, pero nunca son permanentes
Vamos a dedicar este post al escándalo que necesitaba el PP para volver a acceder a los sillones de robar. Con desgana, porque la realidad no es nunca la que parece, en este reino de la corrupción que es España. Y es que cuanto más burros, peor roban. Y en el PSOE (así como en los partiditos que les pusieron a sus hijos, retoños de la más pura «casta» de ladrones, que conocemos como podemitas, masmaderitas o yoyolanditas), los burros son especie protegida, porque roban a granel.
EFECTO DUNNING-KRUGER. «El problema con el mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas»
La Guerra borrará todos los crímenes. Y dará lugar a enormes fortunas. A cambio de nuestra sangre
Pero, como siempre, lo peor está por llegar. La Guerra borrará todos los crímenes. Y dará lugar a enormes fortunas. A cambio de nuestra sangre. El Tributo de Sangre es una invención española, aunque para nada original.
El Tributo de sangre o Tributo en sangre es la denominación popular que recibió el derecho de familias, una imposición de la Corona española a las Islas Canarias, que consistía en la obligación de enviar cinco familias canarias a América por cada cien toneladas de mercancías que llevaran los barcos con productos de las Islas Canarias (obligación impuesta por el Reglamento Real de 1718, que rompía el monopolio comercial con América que hasta ese momento mantenía la Casa de Contratación).
En esta posmodernidad el Tributo de Sangre se refleja en la escasez; escasez de todos los Servicios Públicos, por los que pagamos una ingente cantidad de dinero anualmente en forma de Tributos, que son destinados a las mafias corruptas que se enriquecen con lo público, escasez que ya lo está siendo, para muchos, de comida, y pronto será de agua. La miseria que mata, por la que llevamos medio siglo votando masivamente. Y que, ¡por fin! estamos apunto de empezar a disfrutar. Antes, después, o más probablemente durante, la guerra, que anhelan los Canallas de medio mundo. El Tributo de Sangre definitivo. El precio de la Codicia.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reclamó esta semana un «despertar urgente» en materia de Defensa en Europa y manifestó que «la amenaza de guerra no es inminente, pero no es imposible».
Así, avisó de los «peligros de una creciente e inquietante liga de autoritarios», en referencia a Rusia, Irán y Corea del Norte, además de la inestabilidad en Oriente Próximo con la guerra en Gaza. Por todo ello llamó a que Europa «despierte urgentemente» en materia de seguridad. «Tenemos que empezar a actuar como tal», dijo la dirigente globalista.
De este modo, adelantó que su plan de estrategia industrial de Defensa que se presentará próximamente pasa por que Europa pueda estar a la cabeza en «la próxima generación de capacidades operativas ganadoras de batallas» y garantizarse suficiente material armamentístico y superioridad tecnológica. Y confirmó que este tipo de adquisiciones conjuntas de material militar, como con las vacunas, será la prioridad y «ayudarán a reducir la fragmentación y aumentar la interoperabilidad».
Cabe señalar que Von der Leyen será la candidata del Partido Popular Europeo para repetir mandato en la Comisión Europea puesto que ya cerró el plazo de inscripciones sin propuestas alternativas.
«Si sumamos los tres rasgos étnicos, la chulería, el mangoneo, y la jactancia de lo local, verán ustedes cómo se cumple, una vez más, lo que nos hace insoportables»
Por Félix de Azúa
Ilustración de Erich Gordon
Es tan acuciante lo que sucede todos los días en este país, es tan violento y va tan acelerado, que resulta cada vez más difícil recordar. Por ejemplo, recordar quiénes somos y de quién se habla cuando decimos «los españoles». ¿Quiénes son esos individuos?
Hemos olvidado, por ejemplo, que nuestras tres más insistentes locuras, desvaríos, neurosis, vicios o inconvenientes, como quieras llamarlos, son el robo, el chovinismo y la arrogancia. Así nos vieron los visitantes extranjeros, ingleses, franceses, alemanes, durante siglos. Todos coincidían en que lo peor de España eran las posadas y la gente guapa, o sea, feroz. Hay que leer una y otra vez aquel librito de Ferlosio titulado Guapo y sus isótopos.
El chulo español, antiguamente llamado «guapo», era un tipo capaz de morir antes de reconocer sus errores, su escasez, su estupidez. Aquella frase de una ministra de Sánchez: «Antes rota que doblá» es un lema perfecto para la guapura española. Esa fragilidad de espíritu que pone de manifiesto una actitud tan infantil, es signo de orgullo para el chulángano y la chulapa. Nunca darse por vencido, aunque sea a costa de machacar a los inocentes. Lo decía un personaje zafio, pero muy valorado: en España resistir es vencer, decía.
Solemos caer en las garras de estos prepotentes porque nos amparamos en el modelo. Sobre todo, algunas mujeres que se sienten más seguras en compañía de los chulos. Y ellos, cuya tiranía es, a su entender, lo natural, lo que se merecen, las usan sin compasión y se rodean de mujeres porque las saben más sumisas. Y entre ellas, tienen preferencia por las que creen haber superado su frágil carácter mediante la exageración, las que más gritan, las mandonas, esas son aquellas que más gusta de doblegar el chulo, el guapo, verlas obedientes y aplaudiendo sus fechorías. ¡Y cómo aplauden!
Y digo fechorías porque el guapo, en cuanto puede, roba. Tiene también muy aprendido que a él se le debe todo y que él no debe nada a nadie. De modo que, si puede, roba porque él se lo merece. Y si le pillan, le echa la culpa a otro, a quien sea, a su hermano o a su padre si es preciso. La mentira es su mayor defensa.
«Eso que suelen llamar identidad no es sino lo que los franceses llaman ‘el espíritu del campanario’»
Y otro rasgo que fue constantemente remarcado por los visitantes extranjeros es el apego a lo próximo, a lo inmediato, al pequeño pueblo o aldea, al lugar de nacimiento, al terruño, a lo que ahora los populistas llaman «identidad» como si ésta pudiera conocerse, asumirse y propagarse. Sin embargo, eso que suelen llamar identidad no es sino lo que los franceses llaman «el espíritu del campanario», la pasión por lo propio, por lo pequeño, por lo inmediato, lo fácil de entender.
Hace años me fascinaba un programa de la televisión de Franco en el que un autobús recorría los pueblos españoles. Cuando llegaba a una aldea, se reunía la gente y el locutor, por lo general un guapo de ciudad, les preguntaba por los asuntos de interés en aquel lugarejo. Inmediatamente hombres y mujeres se quitaban la palabra para gritar, unos que las aguas de la fuente no las hay igual en toda España, otras que las tortillas de sebo vienen de todo el mundo para comerlas. Los críos asistían serios y sombríos a la algarabía de los mayores. Luego el autobús partía hacia otro poblachón de casas arruinadas, granjas puercas y patios repletos de chatarra oxidada, para escuchar nuevamente que allí estaba la ermita más santa de la humanidad y que se habían dado ya medio centenar de curaciones milagrosas, o una poza de río donde bañarse era la gloria.
Si sumamos los tres rasgos étnicos, la chulería, el mangoneo, y la jactancia de lo local, verán ustedes cómo se cumple, una vez más, nuestra condena, lo que nos hace insoportables, lo que demuestra la inferioridad espiritual que nos atenaza desde hace siglos y que no hay modo de superar.
Y, sin embargo, yo diría que sí hay remedio. Los vasallos suelen ser honrados y serios. Lo malo son los señores, pero, sobre todo, los señoritos.
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MONTERO AYUDÓ A ÁBALOS A DAR 53 MILLONES A PLUS ULTRA CON EL PRETEXTO DE LA PANDEMIA Y A ESCONDER EL RESCATE
La número 2 del Gobierno y del PSOE ocultó, hasta que la ley la obligó, la concesión de 53 millones a una empresa con acento venezolano, en pérdidas y con aviones alquilados
Montaje de la vicepresidenta María Jesús Montero y del exministro José Luís Ábalos con un avión de Plus Ultra – Paula Andrade
«Yo sé lo que yo haría». Son palabras de María Jesús Montero, número dos del Gobierno y del PSOE a la vez, instándole esta semana a José Luis Ábalos a renunciar el acta de diputado, cinco minutos antes de que el partido le suspendiera de militancia y él optara por plantar cara y quedarse con el escaño.
Esa «rotundidad» de la vicepresidenta primera de Sánchez es, sin embargo, sobrevenida. No la tuvo para reclamar el dinero defraudado con los ERE en Andalucía, cuando ella ejercía las competencias requeridas para hacerlo desde la Junta.
Y no mostró la más mínima precaución para frenar o al menos examinar alguna de las operaciones más controvertidas de quien ha puesto ahora al PSOE al borde del precipicio: el extraño rescate de Plus Ultra.
Según la documentación en posesión deEl Debate, Montero ayudó a Ábalos como nadie en el Gobierno para que prosperara una ayuda de 53 millones de euros a una empresa hispanovenezolana que se benefició de fondos reservados para compañías en problemas por la pandemia pese a que, en realidad, arrastraba pérdidas desde antes de la pandemia: el hoy caído en desgracia impulsó la operación, pero solo pudo prosperar gracias a la vicesecretaria general del PSOE.
Y no solo eso. Además de favorecer la aportación de 9.000 millones de las antiguas pesetas, Montero hizo todo lo posible para esconder el expediente justificativo del costosísimo rescate, finalmente publicado por este periódico tras meses de investigación y una pugna legal para doblegar la resistencia de todos los protagonistas de la historia.
Solo así pudieron conocerse las tripas de una operación que, junto al misterioso encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez en Barajas, simboliza mejor las inexplicadas conexiones políticas entre España y Venezuela y cobra ahora todo el sentido al trascender que la trama de las mascarillas también intentó participar en otra operación de altos vuelos, en concreto con la compañía Air Europa, a cuyo representante llegó a recibir la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, sin que se sepa el contenido y las consecuencias exactas del encuentro.
En concreto, María Jesús Montero convirtió la SEPI en una especie de «abogado defensor» de Plus Ultra en la negativa de la compañía a ofrecer explicaciones detalladas de su rescate con dinero público, según la documentación oficial obtenida por este periódico.
El Gobierno usó fondos destinados a empresas en problemas por la COVID para darle 53 millones a Plus Ultra, con la complicidad absoluta de Ábalos y Montero
La número dos de Sánchez se sirvió, para ese fin, del secretario de su consejo y director de asuntos jurídicos, Javier Morales Abad, que en un largo informe de 16 páginas de fecha 11 de enero de 2022, en propiedad de El Debate, respalda la estrategia de la aerolínea y defiende seguir escondiendo las razones del millonario rescate, con argumentos sorprendentes.
«Parece claro que el daño directo a la aerolínea Plus Ultra está probado, dado que la puesta a disposición de la solicitante de la documentación objeto de la solicitud de acceso, implica facilitar información comercial sensible relativa a sus estrategias comerciales y sobre sus relaciones comerciales, para su posterior divulgación en un medio de comunicación accesible al público, que sin riesgo de duda perjudicaría gravemente la capacidad competitiva y su posición negociadora en el mercado».
O este otro, aún más llamativo: «Asimismo, la revelación de la información puede ir en detrimento de la competitividad de la empresa frente a sus competidores, debilitando su posición en el mercado o causando un daño económico al hacer accesible a los competidores conocimientos exclusivos de carácter técnico o comercial».
53 millones para rescatar Plus Ultra
Lo que se tapaba, en realidad, es algo bien distinto: el juego de complicidades de Ábalos desde Transportes y Montero en Hacienda que permitió transferir una millonada a una compañía ya en pérdidas, pese a que el fondo creado en la SEPI en tiempos de pandemia imponía, como gran requisito, que los problemas financieros comenzaran con la pandemia.
El Fondo se creó, según establece el RDL 25/2020 de 3 de julio en su artículo 2.2, para apoyar a empresas «que atraviesen severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia de la covid y que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional (…)».
Pero según datos oficiales obrantes en el Registro Mercantil a los que ha accedido El Debate y relativos a los cinco últimos ejercicios contables depositados, Plus Ultra acumulaba ya importantes pérdidas operativas para cada ejercicio en el período comprendido entre 2016 y 2020, ambos inclusive.
A Plus Ultra la rescata el Gobierno pese a incumplir los requisitos del fondo: a continuación, todos hicieron lo imposible por esconder los detalles de la operación
Así, por ejemplo, en 2018 el resultado del ejercicio es de pérdidas por importe de 6.725.682 euros; en 2019, de 2.113.286 y en 2020 por un total de 2.781.883 euros.
En ese año de pandemia, el incremento de las pérdidas estructurales no supone más que la tendencia ya existente de una empresa a la deriva y que maquilla su RAI (Resultado antes de impuestos) por la liquidación del IS (Impuesto de Sociedades), que reporta un beneficio contable sobre la cuenta de explotación, al compensar en parte tal liquidación las pérdidas acumuladas.
Así, en 2018 el Resultado Antes de Impuestos (RAI) es de -9.028.890, que se reduce por la liquidación del IS hasta la cifra de -6.725.682 mencionados, en pérdidas en ambos casos. No cumple, por ello, el requisito señalado por el Real Decreto, al evidenciarse que las pérdidas acumuladas son previas al coronavirus.
Abundando en este dato, se puede constatar igualmente cómo el importe neto de la cifra de negocios se ve incrementado de manera muy significativa precisamente en el año 2020. Es decir, que la crisis pandémica no había afectado a sus ingresos, puesto que los mismos aumentaron de manera importante, al pasar de los 63.543.689 euros correspondientes a 2019, a los 94.024.701 euros de 2020.
Y también lo hizo de manera notable los llamados «otros ingresos de explotación», pasando a 6.935.442 euros en 2020, cuando en el 2019 fueron de 1.146.332 euros.
Recorte del documento – Paula Andrade
La verdad del rescate
Finalmente, y pese a la resistencia del ministro caído en desgracia y de la ministra ascendida luego por Sánchez, este periódico pudo acceder al expediente íntegro del rescate, cuyo contenido demuestra una evidente generosidad del Gobierno en la concesión de dinero público al que tantos otros no pudieron acceder, hasta el punto de que la pandemia se llevó por delante a cerca de 300.000 empresas durante la pandemia.
Se trata de un documento de 22 páginas, bajo el sello de «Confidencial», firmado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entonces encabezado por José Luis Ábalos, destituido luego sin explicaciones y de manera fulminante por Sánchez.
El Ministerio de Ábalos reconoció por escrito que Plus Ultra estaba en pérdidas, apenas tenía pasajeros y su futuro era negro
La razón de tanto oscurantismo puede intuirse, al conocerse al fin los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para aprobar la operación: Plus Ultra era una empresa irrelevante en el sector, que arrastraba pérdidas desde su nacimiento, que no estaba en crisis por la covid como exigían las normas para insuflar un dineral y que, incluso, carecía de aviones propios.
El rescate de Plus Ultra, firmado un 9 de marzo de 2021, coincidió con la quiebra de firmas tan conocidas como Majorica
Así, el rescate de Plus Ultra, firmado un 9 de marzo de 2021, coincidió con la quiebra de firmas tan conocidas como Majorica, la firma española líder mundial en perlas cultivadas, o con el cierre de otras ilustres compañías de fuerte presencia en nuestro país: desde Pullmantur hasta Imaginarium o Kodak, cavaron su tumba con la pala de una crisis agravada por la pandemia, como tantas otras de menor fama que dejaron familias enteras en la ruina.
No fue el caso de la compañía aérea, pese a que en el informe secreto al que ha accedido El Debate se reconocen cosas como ésta: «Plus Ultra ha venido mostrando una posición débil en resultados desde el inicio de su operativa. Desde 2015, todos los años ha cerrado sus ejercicios con pérdidas. Dichas pérdidas fueron especialmente negativas en 2017».
las empresas rescatadas debían haber entrado en crisis por la influencia en su actividad del coronavirus y las subsiguientes restricciones
La confesión escrita del propio Ministerio de Ábalos es relevante porque derriba, ya de entrada, la justificación que imponía la ley para proceder a inyecciones de dinero público: las empresas rescatadas debían haber entrado en crisis por la influencia en su actividad del coronavirus y las subsiguientes restricciones, pero Plus Ultra ya estaba en esa situación desde un lustro antes de que se desatara la pandemia.
Pérdidas desde siempre
El Fondo Covid se creó, según establece el RDL 25/2020 de 3 de julio en su artículo 2.2, para apoyar a empresas «que atraviesen severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia de la covid y que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional (…)». La crisis de Plus Ultra era su estado natural desde mucho antes, pese a la cual recibió un «premio» de 9.000 millones de las viejas pesetas.
La crisis de Plus Ultra era su estado natural desde mucho antes, pese a la cual recibió un «premio» de 9.000 millones de las viejas pesetas
Es una de las «joyas» del informe, que redacta cada una de sus páginas bajo el sello «Confidencial» por la dificultad, probablemente, para defender en público la justificación de un rescate negado a tantas otras, con el caso de Abengoa tan reciente, un gigante con 11.000 empleos en vilo ignorado por la SEPI, el mismo organismo que sí mimó a PlusUltra pese a tener poco de «estratégica», otra de las exigencias para recibir dinero público.
El propio Ministerio lo reconoce en el informe, al glosar la paupérrima cifra de negocio, de clientes y de presencia en el mercado de la compañía: «Tiene una cuota del 0.2 % en relación con el volumen de pasajeros (…) y esta cuota se sitúa en el 0.1 % en términos de ingresos».
Para hacerse una idea de la irrelevancia de la compañía no hace falta fabular: basta con consultar lo que el propio Ministerio de Transportes recogía en su informe, un retrato feroz de la realidad de Plus Ultra.
El informe lo firmó el Ministerio de Ábalos, pero el cheque a Plus Ultra salió de María Jesús Montero, número 2 del PSOE de Sánchez
Por mucho esfuerzo que los responsables del informe intentar hacer para maquillar la realidad, sus propias conclusiones estadísticas son demoledoras: Plus Ultra parece por debajo incluso de aerolíneas menores, cuando no desconocidas para el gran público, como Wamos Air, Evelop, Canary Fly o Volotea, todas ellas con cifras de pasajeros entre tres y diez veces superiores.
«Este volumen de actividad sitúa a la compañía en el puesto 77 en el ranking de compañías en 2019 (año que se utiliza de referencia) en España, con una cuota inferior al 0.1 % del tráfico de pasajeros en la red de AENA», confiesa el estudio secreto.
«La cifra de negocios de Plus Ultra se encuentra lejos de las de otras compañias españolas, no solo del nivel de Iberia, Air Europa o Vueling, sino también del segmento de compañías con u volumen de facturación del entorno de los 500 millones de euros (como Iberia Express, Air Nostrum o Volotea). Con respecto a compañías como Wamos o Evelop, la facturación se sitúa en torno a la mitad de las anteriores», añade el informe.
Es decir, para el propio Ministerio la aerolínea era marginal, acumulaba pérdidas desde su nacimiento, apenas tenía pasajeros, era superada por todas las compañías de «tipo A» (así se califica a las que pueden realizar servicios aéreos comerciales de pasajeros, carga y/o correo)… y sin embargo se merecía 53 millones de dinero público.
Ni siquiera el argumento de que, pese al desastroso cuadro general, era estratégica por la naturaleza exclusiva del servicio, aguanta la opinión que el propio Ministerio vierte en su informe preceptivo para liberar la millonada.
Porque, de manera casi hilarante, intenta justificar el valor de la empresa argumentando que «centrando la vista en el sur del continente americano, se puede señalar que Plus Ultra es la única compañía española que opera de forma regular en el mercado Madrid-Latinoamérica».
Pero añade a continuación una frase definitiva: «Aparte de las compañías de la red Iberia y Air Europa, aunque como se ha indicado, con un volumen de actividad muy inferior». Es decir, Plus Ultra tenía alternativas y, de hecho, frente a ellas su volumen de pasajeros era ínfimo.
Para dejarlo aún más claro, y hacer más extravagante el rescate, el Ministerio también se ve obligado a reconocer su irrelevancia frente a más competidores: «Su presencia en el hub madrileño es minoritaria, muy por debajo de las grandes compañías tanto españolas (Iberia y Air Europa) como latinoamericanas que ofrecen conexiones regulares desde sus países de bandera hasta Madrid (Avianca, LATAM Airlines, Aeroméxico y Aerolíneas Argentinas) y los turoperadores Evelop y Wamos Air».
Montero y Ábalos fueron de la mano: el segundo defendió el rescate; su ahora enemiga le buscó la financiación que necesitaba la operación
Y un dato más, bien curioso: «Si el análisis se centra únicamente en los enlaces que opera la compañía, sus cuotas son reducidas en comparación con sus competidoras. Solamente en el caso de Venezuela (con conexión con algunos de los accionistas de la compañía), la presencia de Plus Ultra cobra cierta relevancia, llegando al 19.4 % de cuota)».
Las conclusiones del departamento de Ábalos tampoco mejoraron el panorama y hacen aún más inexplicable el socorro prestado a una empresa (Plus Ultra) dominada mayoritariamente por Snip Aviation, la sociedad en la que se ubican empresarios de larga trayectoria en Venezuela:
«(…) Se perfila una situación complicada para la compañía de cara a afrontar la recuperación durante los próximos años, debida a su elevada exposición al largo radio con Latinoamérica, mercado para el que se anticipa una recuperación más lenta que para otros mercados internacionales (…)».
Con un pasado de pérdidas, un presente modesto y un futuro negro, en palabras del propio Gobierno, ¿por qué accedió a un «regalo» inabordable para tantos y por qué se clasificó todo ello de confidencial?
Con un pasado de pérdidas, un presente modesto y un futuro negro, en palabras del propio Gobierno, ¿por qué accedió a un «regalo» inabordable para tantos y por qué se clasificó todo ello de confidencial?
Esas respuestas siguen pendientes. Quizá puedan darlas José Luis Ábalos, destituido al poco de esta operación, o María Jesús Montero, ministra de Hacienda, número 2 del PSOE y responsable final del SEPI, desde donde se extendió el jugoso cheque que hoy vuelve a estar de actualidad por el enfrentamiento aparente entre dos dirigentes que, al menos en esto, fueron uña y carne. Y una vez más, como con las mascarillas, el coronavirus fue el contexto, o el pretexto, para un gran movimiento de dinero público.
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EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE CHICANO ELIMINÓ EN SU INFORME FINAL LOS 748 MILLONES DEL COVID SIN JUSTIFICAR DEL GOBIERNO
El ‘Informe de Fiscalización de los contratos de emergencia 2020’, al que ha tenido acceso LD, fue aprobado por unanimidad en el Tribunal de Cuentas.
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano y Santos Cerdán. | Congreso.
El Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano eliminó en su informe final de fiscalización los 748 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez no justificó al efectuar compras de material sanitario para las CC.AA. durante la pandemia del covid-19.
El ‘Anteproyecto de Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas’ remitido para alegaciones a la Junta de Extremadura en septiembre de 2021 desvelado por LD, reflejaba que de los 1.000 millones de euros que destinó el Ejecutivo para comprar mascarillas, gel hidroalcohólico, kits para pruebas de PCR, equipamiento de protección o guantes en plena pandemia, Sanidad sólo entregó material a las Comunidades Autónomas por valor de 256 millones. Es decir, el Ejecutivo dejó sin justificar el paradero de 748 millones de euros.
Así lo exponía textualmente el citado documento del Tribunal de Cuentas: «Debe resaltarse que el Ministerio realizó contratos o comprometió la adquisición de bienes por un valor de algo más de 1.000 millones de euros entre marzo y mayo, fundamentalmente en marzo (863,8 millones) y abril (130,9 millones), con unos plazos que en varios contratos fijaban la entrega por semanas con un máximo de 4 semanas o como mucho 60 días, si bien en algunos no se fijaba siquiera el plazo de entrega. No obstante, las entregas realizadas en los meses de mayor desabastecimiento fueron las siguientes: marzo 8,4 millones de euros, abril 54 millones, mayo 35,6 millones y junio 15,8 millones, esto es, un total de 113,8 millones de euros, lo que supone un 44,5% de los 256 millones entregados y un 11,4% de los 1.000 millones dotados para los gastos extraordinarios de las CC.AA«.
No obstante, el informe final del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, eliminó la denuncia del informe previo en la que se alertaba de que el Gobierno socialista no había justificado los 748 millones de euros que supuestamente iban a parar a compra de material sanitario.
Dicho informe, denominado «Informe de Fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas sin órgano de control externo propio«, fue aprobado por unanimidad por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 29 de septiembre de 2022, ya bajo la presidencia de Chicano.
Recordamos que tras el pacto de renovación del Tribunal de Cuentas alcanzado por socialistas y populares en noviembre de 2021, salieron los 7 consejeros que propuso el PP en la anterior renovación, 2 de los 4 que propuso el PSOE y también se cubrió la vacante de otro consejero socialista. Las únicas consejeras que se mantuvieron fueron las propuestas en su día por los socialistas: Enriqueta Chicano (nueva presidenta) y Dolores Genaro (Presidencia de Fiscalización).
El Tribunal de Cuentas, la coartada del Gobierno y del PSOE
Cabe destacar que la supuesta fiscalización de los contratos de compra de material sanitario durante la pandemia por parte del Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano ha sido la coartada recurrente en los últimos días por parte de miembros del PSOE e incluso del Ejecutivo para defender la legalidad de los mismos tras estallar el caso Ábalos. El primero en apelar a la fiscalización de este tribunal fue el propio exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Este martes, la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, hacía lo propio: «Todos los contratos que se establecieron por parte del Estado son contratos conforme a la legalidad y han sido auditados por el Tribunal de Cuentas y la IGAE«. El mismo argumento fue empleado por el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López: «Sabemos que el Tribunal de Cuentas auditó los contratos y, según su informe, todo se hizo con conformidad«.
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Francina Armengol es Licenciada en Farmacia, puede por tanto ser -y lo es, o lo fue- titular de Establecimientos Farmacéuticos, o Farmacias, que es donde se pueden adquirir Productos Sanitarios, como las mascarillas.
La historia del sapo es equiparable a todo proceso donde existe alguien con una intención manifiesta de manipular a otros. La reacción de los productores europeos de la que hemos sido espectadores durante las últimas semanas no es intempestiva; es el resultado de una larga lista de políticas arbitrarias, inconsultas y abusivas que fueron abrumándoles hasta empujarlos a una rebelión pacífica pero contundente. Durante décadas, unos burócratas millonarios desde su torre de cristal han ido construyendo un universo paralelo con normas alejadas de la realidad de aquellos que trabajan la tierra y que producen alimentos y servicios para millones de personas; han impuestos condiciones y restricciones en todas las áreas de la vida, desde las formas de cultivo a la educación de los hijos. En todo han querido intervenir y, en aras de una supuesta mejora del planeta, se apoderaron de las banderas de la ética.
Bruselas y el macabro invento de la Agenda 2030 son el caldero; desde allí dictaron normas y prohibiciones, aumentaron la burocracia, encarecieron la producción y condicionaron la vida del ciudadano de a pie. En la actualidad, ya están intentando que sus decisiones primen sobre la autodeterminación de los países queriendo demonizar la soberanía nacional. Con mala fe, tergiversan las posturas de quienes reivindican la libre determinación de las naciones y apelan a la falacia de sugerir que, quienes no adhieren a esa cesión informal de la autoridad, son antieuropeos. Nada más lejano a la verdad, porque la UE fue creada con el espíritu de ampliar la capacidad de desarrollo de los países miembros y no para cercenarles derechos. El reciente proyecto de Ursula von der Leyen, una pieza clave en la cruzada globalista, de unificar la compra de armas entre los países de la Unión Europea demuestra que el plan sigue en marcha y que solo han levantado el pie del acelerador en cuanto al Pacto Verde por imperio de la efervescencia que produjo recientemente el tremendo reclamo rural.
Ahora bien. Hay muchos sectores que se han percatado del proceso en el que estamos y, desde sus lugares, hacen su contribución.
Los think tanks y fundaciones cumplen la función de difundir ideas para concientizar a la población concentrada en el día a día, que es cada vez más complejo; esas organizaciones hacen una valiosa tarea docente, exponen temas que no siempre son obvios para el hombre común pero que, directa o indirectamente, lo involucran. Son las que llevan adelante la batalla cultural, las que toman a su cargo la responsabilidad de desmantelar la trama que las izquierdas tan bien han tejido. Hoy esa batalla, titánica por cierto, consiste en desmitificar las bondades del ecologismo frenético, los ficticios horrores y amenazas que plantaron alrededor del cambio climático, el feminismo desmedido cuyas raíces no son el respeto de la mujer sino la guerra declarada al entendimiento con el hombre o la defensa de las migraciones ilegales.
La batalla cultural implica denunciar, sin medias palabras, que el Pacto Verde se asienta sobre el encarecimiento de los productos para la población en general y la ruina de los productores y que en otras áreas, el globalismo es más sutil pero no menos invasivo y dañino: el estado adoctrinando a nuestros hijos intenta atribuirse una preminencia sobre su educación que pertenece a los padres. A ese nivel de desquicio han llegado los planes que la Agenda 2030 impulsa.
Los castigos impuestos a los países que cuestionan o rechazan sus medidas es la demostración palmaria de que no están dispuestos a ceder.
Pero la prédica de estas organizaciones y sus colaboradores tienen un límite; tienen capacidad de difusión y, con ella, generan un cambio de mentalidad pero no de las medidas que ya están en marcha y de otras por venir; para frenarlas es imprescindible que sus principios se transformen en políticas de estado.
Los productores, inorgánicamente pero con cuerpo y alma, han hecho historia y han puesto un freno al avance de la arbitrariedad woke. Las ongs también vienen aportando lo suyo. La sociedad civil ha hecho su parte. Ahora es el momento de la política. Porque solo la política puede concentrar, dar forma, encauzar esas masivas protestas y obtener resultados prácticos.
Por eso también es tiempo de enfrentar los discursos antipolítica; con ellos se allana el camino a los dictadores que luego imponen su propia agenda. Donde no hay política no hay participación general, no hay disenso ni discusión de ideas. Hay una idea, la del autócrata. El camino para derrotar el globalismo no es más autoritarismo sino más libertad, más democracia y más principio recto.
«Un gran líder no es un buscador de consensos sino un moldeador de consensos» decía Martin Luther King. Se requiere de hombres decididos a defender los valores tradicionales, la soberanía de las naciones, la familia como núcleo primario de la sociedad y tener espaldas para tolerar el embate izquierdista; ese mantra que repiten los enemigos de la libertad que llaman «ultra derecha» a todo lo que no sea de izquierdas y «populismo» a todo lo que no sea colectivismo también de izquierdas.
La buena noticia es que personas con esas características están apareciendo en distintas latitudes y están uniendo fuerzas para un trabajo común, pues luchar contra el globalismo empobrecedor es una tarea que excede las nacionalidades.
Y se los ve con la fuerza de mantener sus convicciones a pesar de los embates. Thomas Jefferson lo definía con claridad: «En términos de estilo, nada con la corriente. En términos de principios, permanece como una roca». Claramente, atravesamos un tiempo extremadamente difícil que necesita la inspiración y la acción de aquellos que son capaces de mantenerse como una roca en defensa de los principios que han iluminado la civilización occidental.
José Luis Ábalos, Javier Hidalgo (exCEO de Air Europa), Juan José Hidalgo (fundador de Air Europa) y Víctor de Aldama. | Alejandra Svriz
Víctor de Aldama, uno de los supuestos cabecillas de la trama Koldo por la venta irregular de mascarillas durante la pandemia, reconoció a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que medió en las negociaciones con el Ministerio de Transportes para sacar adelante el millonario rescate de Air Europa que se haría efectivo en noviembre de 2020. Según los documentos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE en el marco del sumario de la investigación de la Audiencia Nacional, el consultor presentó los contratos y facturas que confirmaban esta relación.
La vinculación directa de De Aldama con el rescate de Air Europa es clave para entender algunas de las interrogantes que planean sobre el millonario desembolso de 475 millones de euros de dinero público. Este diario ya ha explicado que el principal promotor de esta operación fue el propio José Luis Ábalos, desde el Ministerio de Transportes, quien medió ante el resto de ministerios para sacar adelante el mayor salvavidas entregado en el marco de este fondo de rescate de la SEPI, el que se dio con mayor rapidez y el que consiguió las mejores condiciones de devolución.
«El señor De Aldama era consultor en la sombra del grupo de empresas Air Europa. Esta relación tenía su eje en la amistad personal con miembros de la familia Hidalgo y se plasmó en la presencia del señor De Aldama en las negociaciones de dos temas de gran importancia: negociaciones con el Ministerio de Transportes en relación al rescate de la compañía Air Europa y negociaciones para conseguir el pago de 200 millones de dólares a Globalia (matriz de Air Europa) retenidos por el Gobierno de Venezuela».
Documento donde se refleja la relación de Aldama con el rescate de Air Europa.
ONIF y Aldama
Ésta es la conclusión de la ONIF respecto de los vínculos de De Aldama con Air Europa, una relación de la que se han publicado múltiples nexos durante esta semana, pero de la que hasta la fecha no se había publicado ninguna conexión directa entre la asesoría del implicado y su mediación en el millonario rescate de la compañía que se saldó con en 2020 con un préstamo de 140 millones avalado por la entidad pública Instituto de Crédito Oficial (ICO) en marzo y otros 475 millones del Fondo de Ayuda para la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) de la SEPI aprobados en noviembre.
En el documento fechado el 2 de febrero de este año, se indica que la ONIF requirió a De Aldama para confirmar su vinculación con la trama y con la venta de mascarillas a diferentes administraciones y en ese interrogatorio aportó contrato y facturas emitidas a Air Europa en las que se confirmaba que, por medio de MTM 180 Capital SL (sociedad de la que es administrador único) trabajó para la compañía aérea en asuntos como el rescate. Air Europa, por su parte, confirmó el contrato sobre Venezuela, pero no mencionó que Aldama hubiera trabajado en nada relacionado con las mascarillas o la gestión de la ayuda de la compañía, según dice el informe.
El contrato al que se refiere es la asesoría pactada con Air Europa y que este jueves publicó este diario. Fue firmado por JavierHidalgo y el CEO de MTM 180, Víctor de Aldama. La prestación acordada fue de 10.000 euros mensuales y se firmó por una duración de dos años a contar de la fecha efectiva, es decir el 1 de noviembre de 2019. Se mantuvo al menos durante todo el año 2020, el tiempo en el que se negoció y aprobó el rescate.
MTM 180 y Globalia
MTM 180 Capital designó específicamente a Aldama como persona física encargada de prestar la asesoría «durante toda la vigencia del contrato». Oficialmente se contrataron servicios de consultoría y asesoramiento, análisis estratégico, búsqueda de potenciales inversores, ahorro de costes, negociación con proveedores, realización de estudios de mercado o asesoramiento en la búsqueda de soluciones viables a problemas operativos.
El sumario indica que la facturación total de MTM 180 Capital a Globalia fue de 140.000 euros en 2020, 169.400 euros si se incluye el IVA. Este diario ha podido corroborar este extremo con las facturas emitidas por la sociedad de De Aldama, la primera por 60.000 euros emitida en abril y otras ocho durante los respectivos meses siguientes hasta diciembre, un mes después de que se hiciera oficial el rescate de AirEuropa. Se emitían la primera semana de cada mes antes de que expirase el mes el curso respecto del que se realizaba el pago.
En relación con el contrato sobre Venezuela, MTM 180 aportó un acuerdo «con el que quería demostrar las amplias relaciones de consultoría de su administrador único con Air Europa». Este contrato tiene fecha de septiembre de 2019 y el objetivo era convertir en dólares una cifra no determinada de bolívares venezolanos en poder de AirEuropa -según Aldama por compra de vuelos- cifrada en 200 millones de dólares (185 millones de euros).
Aldama confirmó la existencia del contrato, de las gestiones realizadas por el Gobierno venezolano y la posibilidad real, según informó, «de haber podido cobrar la presunta deuda en Petros» (un token venezolano ya desaparecido). Pero acto seguido reconoció que las negociaciones no fructificaron al no admitir este acuerdo «el señor Hidalgo» (en referencia a Javier Hidalgo, hijo del fundador de Globalia y por esas fechas CEO de la compañía) y concluyó que no había cobrado nada.
En este mismo sentido, Air Europa reconoció el contrato aunque afirmó que «no había pagado nada». De Aldama complementó esta información demostrando que el cobro no había sido posible por lo que varios despachos de abogados siguieron trabajando en el cobro de la deuda por medio de la compañía Venezolana de Petróleos.
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LA VICEPRESIDENTA PARTICIPÓ EN LA «CREACIÓN DE UNA COMISIÓN AD HOC PARA CENTRALIZAR LAS COMPRAS»
MARÍA JESÚS MONTERO CONOCÍA LOS CONTRATOS FRAUDULENTOS DE MATERIAL SANITARIO: «Se implicó personalmente»
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Europa Press.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, fue conocedora de las irregularidades en la compra de mascarillas. La que fuera consejera de Economía en la Junta de Andalucía durante los años —¡décadas!— de corrupción socialista, ahora parece presuntamente implicada en la trama de contratos fraudulentos de material sanitario durante los peores meses de la pandemia.
Fuentes conocedoras de los procesos de contratación pública durante los mencionados meses señalan directamente a la titular de Hacienda y número dos del Ejecutivo. Ella participó en la «creación de una comisión ad hoc para centralizar las compras», tal y como adelanta Vozpópuli. Ante la incapacidad del Ministerio de Sanidad, desprovisto de competencias y competentes, el Gobierno quiso centralizar la compra de todo el material sanitario.
«Ningún contrato se ejecutaba sin el visto bueno de aquel equipo», han explicado las mencionadas fuentes. Un visto bueno que también ha llegado a reconocer el que fuera ministro de Sanidad, Salvador Illa. En su libro El año de la pandemia, Illa reconoce que «en el ministerio fuimos reforzando el equipo de compras hasta montar una célula logística de apoyo de medio centenar de personas que se trasladaron físicamente a la sede del Ingesa y en la que se implicó personalmente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero».
Así, las últimas informaciones publicadas quedan verificadas por las declaraciones de Illa, que deja en evidencia la implicación de Montero en el proceso de contratación, que ahora se ha demostrado fraudulento: «Además, dos secretarias de Estado, la de Hacienda y la de Comercio; y representantes del Ministerio de Defensa y de Exteriores, entre otros, pasaron en la primera planta del edificio de la calle Alcalá largas jornadas encargados de localizar suministros, comprobar su viabilidad, negociar precios y organizar el operativo de traslado. Se sumaban así al equipo que lideraban Patricia Lacruz—directora general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia que vino al Ministerio de la mano de Carmen Montón— y Alfonso Giménez, exdirector del Ingesa —que también llegó con Montón—«.
Pese a la implicación de la ahora vicepresidenta y de todos los altos cargos de la Administración, «aquel equipo» terminó contratando material que nunca llegó. Pese a las «largas jornadas» del núcleo que se encargó de la compra de mascarillas, el Gobierno terminó adjudicando contratos millonarios a empresas como Member of the Tribe, que cobró más de 5 millones de euros públicos por unos guantes de nitrilo que nunca fueron recibidos.
Así, fuentes de Hacienda explican que aquel equipo liderado por María Jesús Montero «intentaba traer mascarillas con bastante éxito». Precisamente por eso, aquellos que involucran a la vicepresidenta en el «éxito» también lo hacen en el fracaso. O en la corrupción. Las citadas fuentes explican que «la ministra de Hacienda tiene responsabilidad por haber comprado mascarillas».
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