MARINO BARBERO, EL MAGISTRADO CANCELADO (1): «La Calumnia, los Jueces y el PSOE»

MARINO BARBERO, EL MAGISTRADO CANCELADO (1)

 

MARINO BARBERO, EL MAGISTRADO CANCELADO

 

 

«Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie». 

Carmen Calvo (29 de mayo de 2004)

» El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino «

Conde Pumpido, Fiscal General del Estado  16-10-2016

 

Marino Barbero, «uno de los más prestigiosos penalistas españoles con influencia en los foros del Derecho penal europeo», antifranquista declarado, que, en la toma de posesión de su cátedra en la Universidad de Murcia,  se negó a jurar los Principios del Movimiento,  que servían de base ideológica a la dictadura, ¡en 1963, doce años antes de que esta desapareciera!

Juez Honesto, y jurista excepcional, fue nombrado Magistrado de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo en base a sus extensos y bien conocidos méritos. Y fue entonces cuando el destino -el «corrupto» PSOE- se cruzó en su vida, recayendo sobre él la investigación -judicial- de los graves delitos de Corrupción consustanciales a los ex falangistas ahora en el PSOE surgido de los 40 años de frío de la Dictadura, travestido de nosotros para ocultar su pasado criminal.

Se trataba del conocido como «CASO FILESA»

La «Lucha por el Derecho» en el Postfranquismo (que llamamos «Transición», que dura ya «otros» 40 años) se produjo en España, entre dos fuerzas: Los Jueces nacional-católicos (Fundamentalistas religiosos) y los Jueces Falangistas (sedientos de dinero y poder), agrupados en torno al PSOE.

Tras el muy Institucional Golpe de Estado del 23 F, el poder se entregó, como estaba previsto, a la Falange, entonces enmascarado en las siglas del PSOE. Esa mayoría absoluta dio lugar al inicio de la Corrupción Constituyente, que hoy conocemos como FELIPISMO.

 

 

Nada más llegar al poder, robaron la empresa más grande de España (y una de las mayores de Europa), RUMASA, el Holding de Ruiz Mateos, el empresario Nacional Católico al que los suyos abandonaron. Para quitarle lo que, antes, él había recibido del régimen franquista.

En medio de esa corrupta «lucha por el derecho» aparece por casualidad un JUEZ honesto. Ese Juez, que era además un reconocido y brillante penalista, se llamaba MARINO BARBERO.

La instrucción (investigación Judicial) del primer gran caso de corrupción del nuevo régimen, fue llevada a cabo por el Tribunal Supremo; que era el mismo que había sido durante el Franquismo (en el poder judicial nunca existió «transición»; un día, los Jueces franquistas se acostaron y cuando al día siguiente se levantaron, lo hicieron como «demócratas de toda la vida»). Los jueces nombrados por Franco, se convirtieron, además de en Jueces exquisitamente democráticos, en los encargados de seleccionar a los futuros Jueces -entre los franquistas de las diferentes familias del régimen- para la época que abría la muerte del Dictador. Todo cambia para que todo siga igual.

 

“ La mayor parte de esos jueces y fiscales han colaborado en la represión política del general Franco. Cuando se concluye la dictadura y se instala la Transición democrática, estos jueces han permanecido en sus cargos, e incluso han sido promocionados para ejercer altas funciones dentro del aparato judicial. Y esto es lo que explica la continuidad del sistema franquista. El Tribunal Supremo es por consiguiente el heredero de esa justicia que tantos servicios le ha rendido a la dictadura ”.

Carlos Jiménez Villarejo, Fiscal

 

Así, tenemos hoy, al borde de la jubilación, a los jueces franquistas de la última hornada de la dictadura. Que podemos ejemplificar en jueces como Martínez Arrieta (Juez, hijo de Juez, nombrado en 1979, que al año de su nombramiento pasó a ser vocal del CGPJ). Su caso no es, ni mucho menos, excepcional. Es el CURSUS HONORUM que da acceso al cargo de Jueces controladores de la Sala II, de lo Penal, del Tribunal Supremo, la Sala del Gran Poder.

Merece la pena recordar que se trata del único Tribunal competente para juzgar a los delincuentes más peligrosos: LOS DELINCUENTES AUPADOS AL MÁXIMO NIVEL DEL PODER PÚBLICO.

 

***

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, Artículo 57.

1. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá:

1.º De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley.

2.º De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Fiscal Europeo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que, en su caso, determinan los Estatutos de Autonomía.

3.º De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional, de un Tribunal Superior de Justicia o de los Fiscales europeos delegados.

4.º De los demás asuntos que le atribuya esta Ley.

5.º De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

2. En las causas a que se refieren los números segundo y tercero del párrafo anterior se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.

3. En las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, contra las personas a las que se refieren los números 2.º y 3.º del apartado 1, se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un Juez de garantías, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.

 

***

Volvamos con Marino Barbero, al que habíamos dejado a cargo del Sumario del «Caso Filesa», el primer gran escándalo de corrupción del PSOE, el partido que acogió el Poder del Fascismo español (LA FALANGE).

Cuando comenzó su investigación, Marino Barbero, se encontró con un primer obstáculo: El Tribunal Supremo español es un órgano casacional, donde no existían medios para desarrollar una investigación judicial (Instrucción Penal). Y, así, sin medios, comenzó su importantísima -esencial- investigación.

¿Cómo sería hoy la sociedad española si hubieran sido purgados los jueces corruptos en lugar de los honestos? La respuesta, amigo mío, se la lleva el viento .

Pronto comenzaron los ataques. Llevados a cabo por la Organización Criminal que finalmente consiguió vencer al incipiente Estado de Derecho español, frustrándolo ya antes de ser construido. 

 

 

Veremos como fue calumniado sin límite (en la prensa del Nuevo Régimen Post franquista, que conocemos como «Felipista», lo llegaron a llamar «terrorista») por aquéllos a quienes estaba investigando . Veremos como el resto de los Jueces  no hicieron nada, que en este caso es lo mismo que hacer mucho, pero a favor del Delito, y no de la Justicia y la Verdad.

EL Presidente del Consejo General del Poder Judicial -y por tanto, del Tribunal Supremo- era entonces  Pascual Sala, vinculado a lo largo del tiempo de alguna manera al PSOE (ya fue propuesto por este partido en 1982 como consejero del Tribunal de Cuentas). Y Pascual Sala SE NEGÓ A AMPARAR A MARINO BARBERO DE LAS AGRESIONES DE LAS QUE LE HACÍAN OBJETO LOS DELINCUENTES QUE LE HABÍAN NOMBRADO «JEFE» DE LA JUDICATURA ESPAÑOLA.

En cuanto a la labor de Marino Barbero, señalaremos ahora que, finalmente, el Caso Filesa llegó a juicio. Se acreditó la financiación ilegal del PSOE, y los principales responsables, incluidos el senador y el diputado que habían sido acusados, resultaron condenados. El Tribunal Constitucional ratificó más adelante esas condenas, y confirmó la validez de la investigación de Marino Barbero. 

Una vez que la Organización Criminal logró deshacerse del Juez Honesto, es cuando entra en escena otro Juez, introducido en la Judicatura por la FALANGE ESPAÑOLA -ahora oculta tras las siglas del PSOE-, un peronista argentino, un político extranjero más que cuestionado, que ni siquiera había estudiado derecho español, ENRIQUE BACIGALUPO.

Bacigalupo Zapater, que «había cobrado 85 millones de pesetas por dos meses de trabajo en el Tesoro argentino en 1973. Ingresó en el Supremo por el turno de jurista de reconocido prestigio por ser catedrático de Derecho Penal. Su cátedra, por Lérida, duros siete horas. Después pidió la excedencia. No impartió una sola clase (…) fue catedrático durante siete horas para ingresar en el Supremo «.

 

*******

*******

 

BIOGRAFÍA

MARINO BARBERO SANTOS: IN MEMORIAM

(El Jurista y el patán)

Por Antonio Marcelo Vacas

Extremadura Progresista, 23 DIC 2009

 

El profesor Marino Barbero Santos, ha sido uno de los más prestigiosos penalistas españoles con influencia en los foros del Derecho penal europeo.

Natural de Plasencia (Cáceres) nacido el 14/8/1929, falleció en Madrid, a la edad de 72 años el 26 de Junio de 2001, dejando tras de si una monumental obra de más de 140 publicaciones entre libros, monografías y artículos publicados en España, Italia, Alemania, Francia, USA y en casi todos los países latinoamericanos.

Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca licenciándose con Premio extraordinario, fue profesor adjunto de su maestro Antón Oneca y luego encargado de la Cátedra de Derecho Penal, cuando el maestro se trasladó a la Universidad de Madrid.

Cuando el profesor Barbero Santos pronunció en 1963 en la Universidad de Murcia su lección inaugural sobre la Pena de Muerte estaba reciente el caso “Grimau” y la polémica internacional que había suscitado la condena de este dirigente del Partido Comunista en un Consejo de Guerra y su posterior ejecución.

Había que tener mucho valor entonces, para en aquel ambiente de crispación y especial dureza de la dictadura franquista contra los disidentes, pronunciarse en contra de la pena de muerte y pedir su abolición en un acto público de la envergadura y trascendencia que tenía la lección inaugural de un joven Catedrático de derecho penal que acababa de acceder a dicho puesto, en una Universidad conservadora, presidida por lo demás por un Rector bastante afín al régimen franquista.

Pero el profesor Barbero Santos criticó también otros aspectos muy duros del régimen penal de la dictadura como fue la Legislación especial sobre bandidaje y terrorismo, bajo cuya vigencia se impusieron y ejecutaron todavía en septiembre de 1975 cinco penas de muerte.

Su oposición frontal, enérgica, decida y valiente a estas atrocidades le acarrearon muchos disgustos y sinsabores, como, por ejemplo, que desde el Ministerio de Educación se bloqueara durante algún tiempo su traslado a la cátedra de Derecho Penal de la Universidad Complutense, que había ganado poco antes en concurso de méritos, como ya le había sucedido antes con la toma de posesión de su cátedra en la Universidad de Murcia, cuando  se negó a jurar los Principios del Movimiento, que servían de base ideológica a la dictadura, ¡en 1963, doce años antes de que esta desapareciera!

Pero nada de esto le hizo renunciar a su defensa apasionada del Estado de Derecho y de los Derechos fundamentales, sino antes bien, en un rasgo muy característico de su personalidad, en una época en la que hablar de estas cosas podría acarrear más riesgos que los puramente intelectuales, él insistía con verdadero VALOR una y otra vez en sus clases, en sus publicaciones y comparecencias públicas, en la crítica al Derecho penal de aquel régimen que para él y para muchos españoles era la negación de los principios jurídicos más elementales que debían inspirar el Derecho penal de un Estado de Derecho.

Marino Barbero Santos accede en 1990 a la más alta magistratura del Estado al ser nombrado Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, accediendo a la carrera judicial por el quinto turno, al reconocerse su figura como una de las de mayor prestigio del país.

Llevaba dos años como magistrado del Supremo cuando cayó en sus manos el caso Filesa, que fue caso de corrupción del PSOE consistente en la creación de una trama de empresas (Filesa, Malesa y Time Export) cuyo fin era la financiación ilegal del PSOE.

No le tocó a Barbero por reparto, el Caso Filesa le atrapa casi de rebote. Le había correspondido al magistrado Fernando Cotta quien presentó ante el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo una serie de condicionantes para evitar la instrucción. Nadie quería el caso Filesa.

Cuando comenzó a instruir el caso Filesa, se le negó toda colaboración por parte del Estado y tuvo que aguantar toda suerte de improperios.

Sin embargo, hombre íntegro y tenaz como era Marino Barbero, intentó realizar su trabajo, registró las sedes del PSOE y de entidades financieras como el Banco Arabe Español, siendo consciente de que en realidad no disponía de los medios necesarios para desentrañar del todo la maraña de negocios fraudulentos emprendidos alrededor del holding Filesa por el partido en el poder desde 1982.

Al mismo tiempo que el Juez instruía, el felipismo puso en marcha, con la inestimable y bien pagada ayuda mediática de Polanco/Prisa, toda una batería de tretas y actuaciones para boicotear la actuación del magistrado y muy especialmente para desprestigiarlo difamándolo.

Y como ocurrió en otras muchas ocasiones, uno de los destacados maestros de ceremonias encargados de injuriar y atacar la labor del instructor del caso Filesa fue el patán que gobernaba Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, mamporrero de honor de sus promotores y máximos beneficiarios de Filesa el dúo González / Guerra.

El 22/ Enero de 1993, este impresentable y desalmado paleto acusó a Marino Barbero Santos de dejar impagado un crédito bancario:

“Si aquí se preguntara a todos los magistrados que van al Supremo, no por su ideología, si no cumple sus deberes cívicos pagando sus cuentas pendientes con las instituciones financieras, algún juez no estaría investigando como pagan los créditos los partidos políticos y, en especial, el PSOE, sus cuentas bancarias” (El País 23/1/1993).

Siguió el patán afirmando: “Eso es lo que se pregunta en Estados Unidos: si el magistrado mete mano a su secretaria o si paga sus créditos”.

Barbero en tal año 1993, envió un informe a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el que acusaba el PSOE de “comportamiento engañoso” (SIC) y le imputaba una “abierta obstrucción a la justicia” (SIC).

Paralelamente a finales del mismo año 1993, Marino Barbero recibió el galardón al “Mejor jurista del año” que el otorgó la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

Este cafre sin escrúpulos que hemos sufrido en Extremadura durante un cuarto de siglo como presidente de una Comunidad que no se lo merecía, y que continúa influyendo en la sombra igual que antes lo hacía a las claras, se convirtió en el perseguidor de Marino Barbero durante todo el tiempo que duró la instrucción del caso Filesa.

Así, el 7 de Julio de 1995, Marino Barbero pidió al Consejo General del Poder Judicial (politizado y dominado por el PSOE), que le amparase frente a las críticas de Rodríguez Ibarra pues consideraba que la conducta de este individuo afectaba directamente a su independencia como juez.

La gota que colmó el vaso de la paciencia del magistrado fueron las declaraciones de Ibarra afirmando la siguiente soez:

“(Marino Barbero) quiere intervenir en política sin presentarse a las elecciones, dictando sentencias, abriendo y cerrando sumarios, al igual que hace ETA, que quiere participar en la vida política poniendo bombas” (SIC).

“este juez utiliza los tribunales para influir en la campaña electoral” (SIC).

Al serle denegado el amparo por el órgano de gobierno de los jueces por 18 votos frente a 11,  el 31 de julio de 1995, Marino Barbero abandonó la Carrera Judicial renunciando oficialmente a la misma.

Casi cuatro años estuvo instruyendo el caso Filesa, con Ibarra pegado a su espalda, dejando el caso con 39 personas imputadas donde figuraban socialistas, empresarios y banqueros.

Paralelamente Barbero interpuso querella contra Ibarra, ante el Tribunal Supremo por desacato, por equipararle a ETA, que fue admitida por el entonces magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) Jesús González Jubete en septiembre de 1995, al haber sido trasladada la causa a este Tribunal competente para el caso.

El Auto de procesamiento de Jubete (hombre íntegro y de izquierdas como el propio Marino Barbero) fue revocado por la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJEx, con el informe favorable del fiscal, archivándose la causa penal contra Ibarra.

El Sumario Filesa sería posteriormente desmontado por Bacigalupo, sucesor de Barbero en al instrucción de Filesa,  juez que importó Felipe González de Argentina que rebajó los acusados a 12, protagonista más tarde del linchamiento del juez Javier Gómez de Liaño, instructor del caso GAL, todo lo cual es una muestra de como las gastan los socialistas con la independencia judicial.

Hemos reproducido las intervenciones más significativas del patán sin principios mientras duró la instrucción del caso Filesa por Marino Barbero, intervenciones que, extendió al caso GAL y a Liaño al coincidir en el tiempo con Filesa, porque hubo otras declaraciones descalificadoras hacia el juez Barbero como cuando llegó a hacer mofa del magistrado pretendiendo que se había metido a competir “a ver quien mea más lejos” (SIC).

Después de su dimisión como magistrado y su discreta reiterada de la vida pública en 1995, se reincorporó a la docencia falleciendo en Madrid el 27 de Junio de 2001.

En este lapsus temporal, solo concedió una entrevista en noviembre de 1997 al diario ABC, donde denunciaba las brutales presiones recibidas durante la instrucción del caso de corrupción política más célebre de la España postfranquista. Ministros de Justicia, Fiscalía General del Estado, Tribunal de Cuentas Felipe González y “el ínclito Pascual Sala”, a la sazón presidente del CGPJ habían obstaculizado su investigación, de modo, declaraba, que ante la imposibilidad de seguir adelante y de actuar con la independencia propia de su cargo, lo más honrado a su juicio había sido dimitir.

Al patán extremeño ni lo mencionaba, entendemos que hubiera sido algo similar a si entrevistado Napoleón después de Waterloo, en lugar de nombrar a Wellington y a Von Blücher, se acordara del soldado que limpiaba los establos del Duque inglés y del Mariscal prusiano, y a la vez era su mamporrero, hubiera sido rebajarse.

 

 

*******

01 Agosto 1995

El juez de Filesa, Marino Barbero, se retira de la judicatura después de que el CGPJ le negara el amparo ante los ataques del PSOE

Rodríguez Ibarra le comparó públicamente con ETA, y el diario EL PAÍS publicó reportajes en su contra

 

El 1 de agosto de 1995 se hace pública la renuncia del magistrado del Tribunal Supremo, D. Marino Barbero Santos, Instructor del caso Filesa (presunta financiación ilegal del PSOE) y su retirada de la carrera judicial. La instrucción del Sr. Barbero ha sido muy criticada por su lentitud (comenzó en 1992). Desde el PSOE fue especialmente criticado por sus registros sorpresa a la sede del PSOE en la calle Ferraz y el dirigente del PSOE, D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra (presidente de Extremadura), le comparó con el terrorismo de ETA por «querer influir en la política sin presentarse a las elecciones«.

El Sr. Barbero Santos pidió el amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aún presidido por D. Pascual Sala Sánchez, pero este organismo se desentendió de la polémica, lo que ha llevado al Sr. Barbero Santos a optar por renunciar a continuar la instrucción y a continuar en la judicatura. El nuevo instructor del caso Filesa será el juez progresista D. Enrique Bacigalupo, a quien la oposición considera afín al PSOE.

 

*******

Por Carlos Castresana Fernández

Almacén de Derecho, 29 de junio de 2021

 

Su vida

Marino Barbero nació en 1929 en Plasencia, Cáceres. Creció y estudió en esa histórica ciudad extremeña, y cursó sus estudios de derecho en la Universidad de Salamanca, donde se graduó con premio extraordinario. Discípulo de Antón Oneca, estudioso de la doctrina alemana e italiana, se doctoró en Bolonia, igualmente cómo elogio . Podríamos definirle como un jurista insigne, catedrático de derecho penal y autor de más de 150 libros – Política y Derecho Penal, Marginación social y derecho represivo, Ingeniería genética y reproducción asistida – y artículos; pero la enumeración de sus innegables méritos académicos no alcanzaría para describir al maestro, que lo es siempre por el ejemplo, más que por la erudición.

Tímido, menudo, ensimismado, hablando siempre de manera pausada, sin levantar nunca la voz, Barbero transmitía una primera impresión de vulnerabilidad, acentuada por su dificultad para pronunciar la letra “r”, que arrastraba; pero esa falsa apariencia se desvanecía apenas se le escuchaba. Detrás de sus gafas de miope parecía un sabio despistado, pero era un comunicador excepcional que se imponía siempre por su conocimiento inagotable de la ciencia penal, sobre la que disertaba incansablemente con agrado, sin afectación, con argumentos; con seguridad y convicción pasmosas. Nunca consultaba libros, no llevaba notas. Hablaba, explicaba, razonaba, persuadía.

Acostumbrados como estábamos los estudiantes de la España de los últimos años del franquismo a catedráticos grandilocuentes que proclamaban a voces sus verdades inamovibles y vacías que no podían ser puestas en cuestión, la llegada a la Universidad Complutense en 1975 de ese señor calvo y pequeño de apariencia Discreto, que arrastraba por los pasillos una cartera que parecía más grande que él, fue una revelación. Con Barbero aprendimos a conocer a Kant ya Hegel, a Carrara y Lombroso, a Von Liszt y Carnelutti, pero sobre todo a Beccaria. Nos puso de manifiesto la dimensión histórica de Crímenes y Penas , y de camino nos explicó sencillamente la verdad por nosotros desconocidos del entramado jurídico penal de la dictadura que otros callaban. Eran tiempos turbulentos, y no faltaban estudiantes exaltados que faltaban al respeto e increpaban al profesor, como aquel día en que, explicando Barbero la que él llamaba ley de amnistía inversa de 1940, mediante la que el General Franco, interpretando retrospectivamente nuestra guerra civil, había declarado por Decreto rebeldes a los leales y leales a los rebeldes, le interrumpieron al grito de ¡libertad para Estonia, Letonia y Lituania! El profesor les contestó que estaba de acuerdo y continuó su lección sin inmutarse.

Fuimos conociendo entonces los pormenores de la accidentada carrera de Marino Barbero. Supimos que para poder acceder en 1963 a su primera Cátedra de derecho penal en Murcia, hubo de impugnar la decisión de las autoridades académicas que intentaron desposeerle de la plaza ganada por oposición al negarse él a jurar fidelidad a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional , el ideario oficial del franquismo. Conocimos también que tituló Contra la pena de muerte su lección inaugural de toma de posesión, en un momento en que el régimen acababa de condenar a muerte y ejecutar a Julián Grimau, líder del Partido Comunista. Nos enteramos igualmente de que, ya catedrático en Salamanca, le fue denegado el pasaporte para impedir que asistiera a una invitación de las universidades alemanas, suscitándose un incidente diplomático que no se resolvió hasta que el Gobierno presionado por Alemania, le permitió viajar. Esas informaciones nos confirman el inequívoco compromiso democrático del Profesor Barbero, que habíamos podido comprobar y disfrutar a través de sus enseñanzas, día a día, en sus clases magistrales. Por ello, no resultó una sorpresa que, más reconocido y apreciado fuera de España que en su propio país, fuera elegido para integrar el Consejo Científico Criminológico del Consejo de Europa.

No eran pues, solo las lecciones. Era el ejemplo de esa voluntad inquebrantable de contribuir a convertir a España en un Estado de derecho. Un día de examen de la cátedra, precisamente a la hora señalada, se presentó inopinadamente la Policía y ocupada la Facultad de Derecho. Era una práctica habitual. Entraban, retiraban los carteles de las organizaciones democráticas, todas ellas ilegales en aquellos tiempos convulsos, practicaban algunas detenciones, y se retiraban. Ese día, algunos estudiantes convocados al examen tuvimos que ausentarnos ante la presencia policial, pero el examen se realizó de todas maneras. Al día siguiente acudimos a visitar al Profesor y le expusimos el problema. Barbero nos escuchó, y sin hacer preguntas, nos dio una segunda oportunidad: nos hizo sentar allí mismo e improvisó para nosotros un nuevo examen. Gracias.

Marino Barbero también creó la escuela. Algunos de los mejores Catedráticos de derecho penal españoles de la siguiente generación fueron sus discípulos: Luis Arroyo, Ignacio Berdugo, Juan Terradillos.

 

Corte Suprema de Justicia

El reconocimiento definitivo de los méritos de Marino Barbero se produjo cuando en 1986 fue promovido al cargo de Magistrado del Tribunal Supremo, al que accedió por el cuarto turno reservado a los juristas de mayor prestigio. Se le nombró a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en el que a la sazón ostentaban mayoría absoluta los vocales designados a propuesta del partido socialista. No podíamos imaginar que ese reconocimiento, culminación en plena democracia de la carrera del profesor Barbero, también se frustraría, como había ocurrido en algunas oportunidades anteriores durante la dictadura.

En 1991, luego de la confesión de un arrepentido, se inició en el Tribunal Supremo la investigación del caso Filesa , una trama de corrupción y financiación ilegal del Partido Socialista y de sus campañas electorales. Los responsables de finanzas del PSOE habían constituido un entramado de empresas, Filesa, Malesa, Time Export, a las que importantes empresarios hicieron pagos multimillonarios en pago de estudios, informes o dictámenes inexistentes, entregas que en realidad hacían a cambio de la obtención de contratos. Oficiales y concesiones administrativas.

La investigación, inicialmente asignada a un Magistrado conservador que enseguida se excusó, correspondió a Marino Barbero. Conocido por su talante progresista, y habiendo sido nombrado Magistrado a propuesta del PSOE, todos esperaban que la investigación de Barbero concluyese enseguida sin mayores consecuencias. Se equivocaban. El Magistrado, cuya salud ya estaba quebrantada, se dedicó en cuerpo y alma a la instrucción del procedimiento.

Sin apenas ayuda, Barbero fue acumulando evidencias. Realizó una entrada y registro –un cateo- en la sede del Arab Bank, registró el Banco de España, obtuvo del Tribunal de Cuentas la contabilidad oficial del partido, y registró finalmente la sede central del PSOE. La imagen de la independencia judicial en las circunstancias más adversas se puede ilustrar con ese pequeño gran Magistrado del Tribunal Supremo personándose en un taxi frente a las oficinas del partido del Gobierno y llevándose toda la documentación financiera de las campañas electorales, ante la mirada atónita del taxista y de los medios de comunicación que inmediatamente se congregaron en la calle Ferraz de Madrid.

Se desató una feroz campaña de acoso y derribo contra Marino Barbero. Su investigación fue constantemente desacreditada por los medios de comunicación afines al Gobierno. Los barones del PSOE se arremetieron con saña contra el Magistrado, rebuscando en su vida privada, publicando que no pagaba sus deudas –en realidad, un préstamo hipotecario que satisfizo mediante una dación en pago- asegurando finalmente el Presidente socialista de una Comunidad Autónoma, de cuyo nombre no quiero acordarme, que el Juez quería participar en la vida política abriendo y cerrando acusaciones del mismo modo que ETA participaba poniendo bombas . El Magistrado, que había resistido como profesor las embestidas de la dictadura, resistió también como juez en democracia y siguió trabajando en silencio.

Solo en 1994 Barbero, que no solía hacer declaraciones públicas, respondió a la campaña de descrédito desatada en su contra, desde una sede académica, rodeada de los suyos, estudiantes y profesores, en la Universidad Autónoma de Barcelona: La independencia judicial es la última esperanza de la sociedad para combatir a un poder político corrupto y prepotente.

El Diccionario de la Real Academia de la lengua define la expresión empinada , utilizada sobre todo en América latina, como un adjetivo que significa solitario, abandonado, sin compañía. Se utiliza la expresión para definir, pues, más que a quien está solo, a quien ha sido dejado solo .

En febrero de 1995, Marino Barbero culminó su investigación solicitando de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que diera curso al suplicatorio al Congreso, preceptivo para proceder al procesamiento por un delito electoral del Vicesecretario General del partido socialista, Alfonso Guerra, como responsable de la financiación. ilegal de las campañas del PSOE. Guerra había sido Vicepresidente del Gobierno entre 1982 y 1991, y había tenido que renunciar por otro escándalo de corrupción. La Sala de lo Penal denegó el suplicatorio.

El juez entonces dio por concluida la investigación con 39 imputados, entre los que se encontraban dos altos responsables del partido socialista, uno de ellos senador y otro diputado. Solo entonces solicitó el amparo del Consejo General del Poder Judicial, previsto legalmente para los casos en que un magistrado ve perturbada la independencia judicial en el ejercicio de sus funciones. El Consejo le denegó el amparo.

Marino Barbero, íngrimo, renunció a la carrera judicial en julio de 1995, y regresó a la Universidad.

 

 

El juicio del caso Filesa

El caso Filesa llegó a juicio. Se acreditó la financiación ilegal del PSOE, y los principales responsables, incluidos el senador y el diputado que habían sido acusados, resultaron condenados. El Tribunal Constitucional ratificó más adelante esas condenas, y confirmó la validez de la investigación de Marino Barbero. La causa contra el presidente de la Comunidad Autónoma que había calumniado al Magistrado fue archivada. Alfonso Guerra nunca fue acusado. El Partido Socialista perdió las elecciones de 1996.

Marino Barbero no recibió nunca una reparación, ni siquiera moral, por los atropellos a los que fue sometido, por haber tenido que abandonar injustamente la carrera judicial el 31 de julio de 1995, abandonado de todos. Ese día, la independencia judicial recibió en España un golpe del que no se ha recuperado. Nunca se ha escuchado una disculpa del Tribunal Supremo ni del Consejo General del Poder Judicial. Barbero falleció en 2001. Salvo los académicos, nadie ha reivindicado después de su figura.

 

La soledad del barbero

¿Cómo pudieron negar su apoyo a Barbero los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a pesar de que la evidencia de que el Partido Socialista había financiado sus campañas ilegalmente era abrumadora? ¿Cómo pudo llegar a convertirse en los máximos representantes de los jueces españoles aquellos vocales que negaron su amparo a un Magistrado insigne que estaba siendo virtualmente linchado? No fue error, accidente o casualidad, sino consecuencia de la deliberación y acuerdo de los dos grandes partidos, PP –que también tenía ante el Tribunal Supremo una causa abierta por financiación ilegal, el caso Naseiro, que fue archivado sin juicio- y PSOE: porque no querían un poder judicial independiente, y no eligieron a los mejores vocales, sino a los más conformistas.

Sin embargo, una democracia no lo es solo por el sufragio, sino por la legalidad. No basta con que los gobernantes se renueven periódicamente en procesos electorales razonablemente transparentes. La democracia lo es principalmente porque la misma ley se aplica a todos por igual. Y lo es también por la división de poderes, por su sistema de contrapesos: cuando alguno de los poderes se excede en sus atribuciones, hay otro que le limita. En un Estado de derecho, el poder judicial es el órgano de control por excelencia. Es así desde que lo anunció Montesquieu: que el poder pare al poder .

España es una democracia imperfecta, como tantas otras. Los españoles heredamos el poder judicial que tenemos, como el resto del aparato del Estado, a beneficio de inventario luego de una dictadura de 40 años. Como las demás instituciones franquistas, reformamos ésta lo mejor que pudimos durante la transición, y la pusimos a servir en el nuevo Estado social y democrático de derecho.

La experiencia acumulada nos ha enseñado que no hicimos lo suficiente entonces, y hoy pagamos las consecuencias. En la mayor parte de los casos sometidos a nuestros tribunales, el servicio público de la justicia española funciona hoy razonablemente bien, resuelve sin mucha demora los conflictos entre el común de los ciudadanos, y restaura mejor o peor el orden jurídico. Eso, naturalmente, no es noticia. Por el contrario, lamentablemente, en los pocos casos importantes en que están comprometidos los intereses de las grandes corporaciones o los individuos más poderosos, política, mediática o económicamente, nuestro poder judicial viene demostrando un déficit de independencia y una debilidad muy preocupantes.

La independencia judicial es mal entendida por algunos jueces como la prerrogativa de hacer lo que les parece sin rendir cuentas a nadie, pero esa interpretación resulta difícilmente sostenible: como no podía ser de otra manera, la Constitución nos garantiza la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de todos los poderes públicos, jueces incluidos.

La independencia, en realidad, no es un privilegio de los jueces sino una garantía de los ciudadanos: es el fundamental del justiciable a que su caso sea resuelto por jueces que, sin aceptar presiones o intromisiones, se sometan únicamente al imperio de la ley. .

La desigualdad está en las calles, en la sociedad; es la vida misma. No podemos cambiar eso. Somos desiguales por razones políticas, económicas, de género, de raza, de nacionalidad. La grandeza de la democracia consiste, precisamente, en que nos hemos atrevido a organizarnos de manera tal que, frente a la ley, todos debamos ser tratados como si fuéramos iguales; y para que el milagro de la igualdad ante la ley se haga realidad, hemos encargado a los jueces la tarea más difícil del Estado de derecho: impedir que la desigualdad de la sociedad traspase el umbral de los juzgados. De puertas adentro, todos iguales. Y para que cuiden de nuestra igualdad, hemos dado a los jueces la independencia: con ella tienen que hacer prevalecer nuestros derechos frente a todos. La independencia no es un privilegio de los jueces sino una garantía de los ciudadanos.

En estos años hemos visto cómo banqueros y constructores convertían las viviendas y las hipotecas de las familias españolas en productos comerciales y luego en productos financieros con los que han especulado en las bolsas hasta hacerlos reventar. Hemos visto también cómo algunos gobernantes gastaban sin tasa, financiaban ilícitamente a sus partidos –muchos otros escándalos han seguido a los de Filesa y Naseiro-, se enriquecían a nuestra costa, destruían el medio ambiente, y convertían en humo el futuro de nuestros hijos. Mientras eso ocurría, no pocos autos y sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional exoneraban con interpretaciones legales novedosas, en casos con nombres propios muy notorios, a los presuntos responsables de algunos de los fraudes más graves de nuestra historia reciente. Y en estos días de pandemia, asistimos a la tragedia de la pérdida de millas de vidas humanas porque la sanidad pública, privada de los recursos esenciales, es incapaz de responder como debería, mientras los desaprensivos se lucran impunemente de la necesidad imperiosa de equipos y material sanitario.

De todas las asignaturas pendientes de nuestra transición democrática, quizás la más trascendental sea la de la independencia judicial. En vez de promover siempre a los más capaces para que lleguesen como vocales al Consejo General del Poder Judicial y velasen desde allí por la independencia de los jueces, nuestros gobiernos y partidos han elegido demasiadas veces a juristas de prestigio discutible, que se han limitado después a servir los intereses de quienes les habían promovido. Las consecuencias están a la vista.

La igualdad ante la ley y la independencia judicial son posiblemente las grandes quimeras de la democracia, pero son nuestras. Marino Barbero nos demostró con su esfuerzo y su sacrificio que sí se pueden hacer realidad. Su figura necesita ser reivindicada, hoy más que nunca. No solo ni principalmente por sus enseñanzas, sino por su compromiso, por su ejemplo; porque en tiempos de zozobra necesitamos más que nunca certidumbres morales.

 

 

*******

El Banco Central de Alfonso Escámez y el Banco BBV de Emilio Ybarra financiaron al PSOE entre 1986 y 1989 a través de la sociedad Filesa-Time Export, empresas de Josep María Sala (tío de Susanna Griso) y Carlos Navarro

 

MARINO BARBERO Y EL PAÍS (2): LA TRANSICIÓN … DE LA CENSURA A LA DESINFORMACIÓN: «Análisis del tratamiento mediático del Juez del Caso FILESA en «El País» (1992-1995), por Antonio Carreras

MARINO BARBERO, EPÍLOGO: «LOS JUECES TRANSACTOS» (y 3). El Caso Sogecable, Gómez de Liaño, Baltasar Garzón y «El clan de los Bacigalupo».