1983-1989: HISTORIA DE LA BANDA TERRORISTA ESPAÑOLA GAL
Tabla de contenidos
EL DECLIVE DE ETA EN DIEZ HITOS
La banda anunciará su disolución la próxima semana en Francia. Con este motivo, EL PAÍS publica una serie de reportajes dedicados a recordar las cinco décadas de horror terrorista que pusieron a prueba a la sociedad española
Por Luis R. Aizpeolea
ETA ha sido la lacra heredada del franquismo que más ha durado. Aunque nació en 1959, cometió su primer asesinato en los estertores de la dictadura, en 1968, sólo siete años antes de la muerte de Franco. Y si bien asesinó al heredero del dictador, el almirante Carrero Blanco, no fue una organización antifranquista: el 93% de sus 829 asesinatos los cometió tras la muerte de Franco. Peor aún. ETA pretendió desestabilizar la democracia española y el autogobierno vasco para imponer su proyecto totalitario. Concentró el mayor número de asesinatos en los años más difíciles de la Transición. En 1978, el año de aprobación de la Constitución, asesinó a 65 personas; en 1979, el del referéndum del Estatuto, a 86; en 1980, el de la constitución del primer Gobierno vasco tras la Guerra Civil, a 93, su récord. Nunca en su historia alcanzó cifras similares. Solo en 1991, el año anterior a la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona, tuvo un repunte: 46 asesinatos.
ETA estaba condenada a desaparecer cuando decidió, tras beneficiarse de la amnistía de 1977, mantener el terrorismo contra la democracia reinstaurada en España. Su declive fue lento porque se benefició de la dictadura franquista que, en sus últimos coletazos, golpeó indiscriminadamente a la sociedad vasca en una respuesta ciega a una banda cuya osadía gozó de simpatías generales. Se benefició también del retraso de las fuerzas de seguridad en adaptarse a la democracia. Y, hasta mediados los años ochenta, de la “guerra sucia” (Batallón Vasco Español, GAL, etc.). No obstante, su declive fue inexorable desde 1981. Las cifras son claras. Ese año, ETA asesinó a 32 personas mientras el anterior había matado a 93. La clave de ese primer bajón radica en que ETA político-militar (pm) —una de las organizaciones terroristas junto con ETA militar (m) y los comandos autónomos— declaró una tregua y abandonó el terrorismo. Ahí empezó su pérdida progresiva de apoyo, no exenta de altibajos, que puede resumirse en 10 hitos.
Disolución de ETA político-militar (1982). La aprobación del Estatuto, en octubre de 1979, y el intento de golpe del 23-F abrieron una crisis en ETA pm. Euskadiko Ezkerra, partido vinculado a esta organización armada, estaba comprometido con el Estatuto. El 23-F confirmó la tesis de sus líderes, Juan María Bandrés y Mario Onaindia, de que los golpistas utilizaban el terrorismo para desestabilizar la democracia. Onaindia se esforzó, tras la intentona golpista de 1981, en convencer a los líderes de ETA pm de su disolución. Lo logró en septiembre de 1982. Acordó con el Gobierno de UCD paz por presos. En tres años fueron excarcelados todos los poli-milis y regresaron sus exiliados. La disolución de ETA pm fue un hito e implicó, por vez primera, el reconocimiento del mundo de ETA de la democracia y el autogobierno. Supuso, también, una drástica caída de los asesinatos.
Asesinato de Yoyes (1986). El asesinato en septiembre de 1986 de Dolores González, Yoyes, por ETA militar por abandonar el terrorismo y regresar a Euskadi, tras haber sido dirigente de la banda, tuvo un enorme impacto social. ETA militar estaba atemorizada por el abandono de miembros y empezó con una campaña contra los “traidores polimilis”. Al no conseguir atajar la crisis, en 1984 mató a un militante reinsertado, Mikel Solaun, y dos años después a Yoyes. El atentado de Yoyes reveló que el totalitarismo etarra no respetaba siquiera a quienes habían sido de los suyos. El investigador Gurutz Jáuregui fija en el asesinato de Yoyes el inicio del “rechazo implícito” de una mayoría vasca a ETA.
La incautación de los archivos de ETA en Sokoa (1986). La incautación de los archivos de ETA en la empresa Sokoa, en Hendaya (Francia), en noviembre de 1986, fue un hito en la colaboración de las policías francesa y española, iniciada en diciembre de 1983, con François Mitterrand y Felipe González. Francia intensificó las expulsiones de etarras e inició las extradiciones a España. Pero el gran salto fue la incautación de dichos archivos que facilitó a las fuerzas de seguridad, por vez primera, información clave sobre el funcionamiento de ETA. En septiembre de 1987, la detención del responsable del aparato militar, Santi Potros, en Anglet (Francia), y la documentación intervenida acarreó la mayor redada de la historia de ETA: un centenar de etarras en Francia y otro en España.
Atentado de Hipercor y Pacto de Ajuria Enea (1987-1988). ETA disminuye su capacidad operativa y recurre al coche-bomba. En junio de 1987 estalló uno en el Hipercor de Barcelona, dejando 21 muertos y 45 heridos. Fue el mayor asesinato de la banda y su indiscriminación aumentó la consternación. Tanta que, por vez primera, todos los partidos vascos, nacionalistas y no nacionalistas, superaron sus diferencias y acordaron negar a ETA capacidad para negociar políticamente con el Gobierno y legitimaron a las fuerzas de seguridad para combatirla. Fue el Pacto de Ajuria Enea. La unidad estimuló la movilización unitaria contra ETA y comenzó el aislamiento de HB.
Ruptura de las conversaciones de Argel (1989). Francia presionaba a España para que acabara con el terrorismo de ETA por la vía negociada. El Pacto de Ajuria Enea permitía al Gobierno un acuerdo de paz por presos. En enero de 1989, Felipe González envió una representación a Argel para negociar con la banda terrorista. A los dos meses fracasó por la pretensión de ETA de tratar asuntos políticos. La banda no midió las consecuencias. Los etarras fueron expulsados de Argelia, y Francia dio otro salto en la colaboración con España al permitir la presencia de policías españoles en suelo francés. También tuvo consecuencias para la banda terrorista. Un sector —Antxón Etxebeste y Joseba Urrusolo— discrepó de la ruptura de la negociación.
Detención de la cúpula de ETA en Bidart (1992). La detención de la cúpula de ETA en Bidart (Francia) en marzo de 1992 marca otro hito. Fue la primera vez que se detenía a su dirección, lo que revelaba su vulnerabilidad y el avance de las fuerzas de seguridad. ETA desde entonces no fue la misma. Necesitó varios años para reorganizarse y, cuando lo hizo, no recuperó su ritmo anterior: en los años posteriores a 1992 y hasta su cese definitivo en 2011, la cifra de asesinatos bajó a mínimos: 15 entre 1995 y 2001 y tres en 2003. La excepción fueron los 23 asesinatos de 2000 debido a que ETA repuntó aprovechando la tregua de 1998-99.
Asesinato de Miguel Angel Blanco (1997). Tras la detención de la cúpula de ETA, Mikel Antza se erige en jefe político. Consciente de la creciente debilidad de ETA, sustituye el coche-bomba por la kale borroka, la actuación pandillera de alevines etarras. E impulsa la “estrategia de socialización del sufrimiento”, una persecución étnica contra representantes del constitucionalismo en Euskadi para forzar al Gobierno a negociar. La inicia en 1995 con el asesinato de Gregorio Ordóñez, edil donostiarra por el PP. La ira social estalló con el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Angel Blanco, en julio de 1997. Provocó las mayores manifestaciones sociales contra ETA en su historia.
Pacto Antiterrorista y Ley de Partidos (2000-2001). Tras el levantamiento de Ermua, ETA y Batasuna se asustan e inician un acercamiento al PNV, que se plasma en el Pacto de Lizarra, en septiembre de 1998, que comprometía a todos los partidos nacionalistas a avanzar hacia la soberanía mientras ETA declaraba una tregua. El PP y el PSOE, excluidos, acuerdan un Pacto Antiterrorista, en 2000, como réplica mientras el lehendakari Ibarretxe, del PNV, mantiene el apoyo de Batasuna, pese a la ruptura de la tregua. El Pacto de Lizarra fue un retroceso. Pero el Pacto Antiterrorista acarreó la Ley de Partidos, que ilegalizó a Batasuna, en 2002.
Ruptura de la tregua con el atentado de Barajas (2006). Tras el fracaso del Pacto de Lizarra y su ilegalización, Batasuna intenta un tercer proceso de diálogo, esta vez con el Gobierno de Zapatero, que gana las elecciones en abril de 2004. Arnaldo Otegi, de Batasuna, y Jesús Eguiguren, del PSE, diseñan una mesa negociadora entre el Gobierno y ETA, de paz por presos. ETA declara una tregua en marzo de 2006 y la rompe en diciembre, con un atentado en Barajas, al no resignarse a ceder a Batasuna la negociación política. El atentado deja a Batasuna en una situación crítica. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, emplaza al partido a elegir entre convencer a ETA o romper con ella si quiere sobrevivir como partido. Tarda cinco años en lograrlo.
Cese definitivo del terrorismo (2011). Cuando ETA cesó definitivamente el terrorismo, en octubre de 2011, estaba ya muy debilitada. El jefe de Información de la Guardia Civil, Pablo Martín Alonso, dice que tenía tan sólo medio centenar de militantes. Habían sido detenidos sus principales dirigentes de manera continua desde 2004. En siete años cayeron tres cúpulas políticas y cuatro militares. Batasuna estaba ilegalizada y deseosa de que acabara el terrorismo. Una encuesta de 2007 del Euskobarómetro señalaba que el apoyo total a ETA desde la izquierda abertzale había bajado de un 20% a un 2%. Batasuna, en su afán de supervivencia, convence a la banda para poner el punto final.
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1983 1989 HISTORIA DE LA BANDA TERRORISTA ESPAÑOLA GAL (DOCUMENTAL)
Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron agrupaciones parapoliciales que practicaron lo que se ha denominado terrorismo de Estado o «guerra sucia» contra la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y su entorno. Estuvieron activos entre 1983 y 1987, durante los primeros años de los gobiernos de Felipe González. Durante el proceso judicial contra esta organización fue probado que fue financiada por altos funcionarios del Ministerio del Interior.
Aunque decían combatir a ETA y «los intereses franceses en Europa», a estos últimos por responsabilizar a Francia de «acoger y permitir actuar a los terroristas en su territorio impunemente»,también realizaron acciones indiscriminadas debido a las cuales fallecieron ciudadanos franceses sin adscripción política conocida.
Nación Vasca (12 de diciembre 2013)
Documental sobre Historia de la banda terrorista española GAL (1983-1989) o cómo se utilizó el Terrorismo para combatir el Terrorismo.
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LOS GAL, ETA Y OTROS SECRETOS OFICIALES
En su libro Diario de una tregua, de 2007, Txiki Benegas recuerda una entrevista con Gaston Defferre, ministro francés del Interior y alcalde socialista de Marsella, a la que, enviado por Felipe González, acudió junto a Ramón Rubial “para plantearle que era muy necesario que el Gobierno francés colaborara con el presidente Adolfo Suárez en la lucha contra el terrorismo”. De ese encargo da cuenta una nota del propio González en 1982, meses antes de que se celebre en España el Mundial de fútbol y de que el PSOE gane las elecciones: “Los franceses no están haciendo nada. / No se fían del Gobierno español. / Viajar a Francia. / Hablar con Gaston”. ETA asesinó a 41 personas ese año.
Más allá de la vía internacional y policial, la lucha antiterrorista de los gobiernos de Felipe González tuvo entre sus puntos calientes las conversaciones con ETA en Argel, interrumpidas por la muerte en accidente de tráfico del dirigente etarra Domingo Iturbe Abasolo Txomin el 27 de febrero de 1987. El 5 de marzo, el presidente anota: “Asunto Txomin. No hay autopsia. / Cadáver ¿Qué hacer con él? / Argel. Vienen a sugerir que busquemos una fórmula para los acompañantes que no sea el envío a España. P. e. expulsión a otro país. / Pasados varios días: entrevista secreta”. Iturbe fue enterrado en Mondragón el día 8.
Más allá de la vía internacional y policial, la lucha antiterrorista de los gobiernos de Felipe González tuvo entre sus puntos calientes las conversaciones con ETA en Argel
José María Maravall, exministro de Felipe González y actual patrono de su fundación, es consciente de que uno de los aspectos que más interés despertará de la apertura de los archivos del presidente socialista es el terrorismo y la guerra sucia contra el terrorismo, que terminó llevando a la cárcel a otro ministro de González: José Barrionuevo. Maravall es tajante al respecto: “Se acusa de los GAL y no: se puso fin a eso en el año 86. Al antiterrorismo contra ETA, a todos esos grupos y a los GAL. ¿Por qué hay nombres que desde la muerte de Carrero están en la organización de un terrorismo subterráneo? Cuando el señor Olarra [presidente de la Confederación de Empresarios de Vizcaya] dice que está reclutando mercenarios en Marsella, pensamos: ¿qué está pasando? De eso se sabe muy poco y se sabrá”. ¿Cuándo? “En cuanto la ley lo permita”. En el caso de los papeles de Felipe González, que desde hoy podrán consultarse en la web de su fundación, a la regulación sobre protección de datos se le suma la Ley de Secretos Oficiales, una normativa franquista de 1968 que no establece plazos para la desclasificación ni de documentos reservados –clasificados directamente por el Consejo de Ministros y, por ello, no presentes entre los fondos del archivo- ni de documentos que puedan referirse a materias reservadas. En marzo pasado –tras dos años en el limbo parlamentario y antes de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa- PSOE y PP se sumaron a la propuesta registrada en 2016 por el PNV para que los documentos secretos sean públicos a los 25 años con una posible prórroga única de 10.
Habrá, pues, que esperar a que resuelva el Congreso de los Diputados. Mientras se desclasifican los documentos que puedan afectar a su etapa de Gobierno, en los cuadernos manuscritos de Felipe González puede comprobarse cómo toma, por ejemplo, de una entrevista con el ministro de Justicia y el Fiscal General del Estado el 7 de septiembre de 1988: “Asunto Amedo –Fondos reservados / Actuación de los fiscales / Posible respuesta / Evidentemente las fuentes de información para el procesamiento son muy frágiles. Las pruebas inexistentes. / Las declaraciones de los implicados son comprensibles, tratando de disminuir su responsabilidad mediante manifestaciones en juicio contra la policía francesa y española. / Las reacciones de las autoridades en Francia no llevan a ninguna diligencia ante la policía y menos a procesamiento. / Los condenados están dispuestos a declarar lo contrario. / Los delitos han sido cometidos en Francia, ¿cómo juzgar en España a los responsables?”
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LASA Y ZABALA: LA PUNTA DEL ICEBERG DEL SEÑOR X
Por Toni Roderic
LOS VERDES, 16 OCT 2017
El 16 de octubre de 1983, fueron secuestrados y torturados los presuntos miembros de ETA, de 19 años, José Lasa Arostegui «Joxean» y José Ignacio Zabala «Joxi«en Bayona (Francia). Posteriormente fueron asesinados de un tiro en la cabeza y enterrados en Busot (Alicante). Los cuerpos aparecieron en enero de 1985 pero no fueron identificados hasta 1995, a raíz de las investigaciones realizadas por el comisario Jesús García, porque habían sido bañados y desfigurados en “cal viva”. En 1996, se celebró el juicio por su muerte en el que resultó condenado, entre otros, un general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo.
Este hecho dio comienzo a las actividades de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) que estuvieron activos entre 1983 y 1987, durante los primeros años de los gobiernos de Felipe González. Durante el proceso judicial contra esta organización fue probado que estaba financiada por altos funcionarios del Ministerio del Interior.
Los GAL fueron responsables de 27 asesinatos. En sus cuatro años de historia, los GAL cometieron más de treinta acciones terroristas, matando o hiriendo a cerca de 60 personas. Entre sus métodos habituales, estaban la colocación de bombas en los coches, tiros en la nuca y ametrallamiento en los bares donde supuestamente se encontraban presuntos miembros de ETA. Actuaron, principalmente, en el País Vasco francés, aunque también llevaron a cabo secuestros, torturas y delitos económicos en algunas zonas de España. Sus atentados se dirigían contra militantes y simpatizantes de ETA, pero también afectaron a personas que no tenían relación con el terrorismo, produciéndose, entre este colectivo, 10 víctimas mortales como Jean Pierre Leyba (trabajador ferroviario vascofrancés), el bailarín Christian Olaskoaga, Juan Carlos García Goena o el médico Santi Brouard. También, hubo secuestros y torturas de ciudadanos sin ninguna relación con ETA como Segundo Marey.
Por el caso GAL, el Tribunal Supremo condenó en 1996 a políticos socialistas como Barrionuevo, Vera, García Damborenea, Elgorriaga y SanCristóbal a penas de entre 7 y 71 años de prisión (de los cuales cumplieron penas mínimas –Barrionuevo, tres meses-); a policías como Álvarez, Planchuelo, Amedo y Domínguez a penas de entre 2 y 9 años; y a guardias civiles como el General Rodríguez Galindo y el Teniente Coronel Vaquero a penas de entre 69 y 75 años.
Durante la instrucción del Juez Garzón, Amedo le entregó al mismo Garzón una cinta con 20 minutos de una conversación con Sancristóbal, que había grabado en secreto, en la que, presumiblemente, se daba a entender que Felipe González, así como Ricardo García Damborenea y los gobernadores civiles en el País Vasco estaban al tanto de los GAL. Miguel Planchuelo, ex jefe superior de Policía de Bilbao, realizó una declaración ante Garzón en la que implicaba al exministro Barrionuevo en el secuestro de Marey y en las actividades de los GAL. Francisco Álvarez, exjefe del Gabinete de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior explicó al juez Garzón, en privado, la estructura de los GAL: mencionó la existencia de cuatro GAL -el GAL verde, de la Guardia Civil; el azul, de la Policía; el marrón, del CESID y el GAL francés- y explicó que la estructura de mando de los mismos y la de la lucha antiterrorista estaba relacionada. Al día siguiente, García Damborenea declaró ante Garzón autoinculpándose en el secuestro de Segundo Marey e implicando a Felipe González y otros altos dirigentes socialistas, a quienes acusaba de tener pleno conocimiento de las acciones de los GAL. Según García Damborenea, él mismo había hablado en varias ocasiones con González sobre la guerra sucia contra ETA.
El juez Garzón remitió a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el sumario de los GAL, diciendo haber encontrado indicios delictivos en las actuaciones del presidente del Gobierno, Felipe González, los exministros Narcís Serra y José Barrionuevo y el diputado socialista Txiki Benegas, basándose en el testimonio de García Damborenea.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo, con el magistrado Eduardo Moner, solo llevó a juicio a uno de los imputados por Garzón, el ministro Barrionuevo.
En agosto de 1996, el gobierno de José María Aznar negó a los jueces los papeles del CESID que habían sido reclamados para continuar la investigación de los distintos casos vinculados a los GAL, argumentando que afectaban a la seguridad del Estado. Y, a petición de Felipe González, concedió indultos totales o parciales a varios de los condenados.
Tras la investidura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2004, que supuso la vuelta al poder del PSOE, nuevamente, diferentes dirigentes socialistas, con Felipe González al frente, reclamaron el indulto total para Rafael Vera y otros condenados y, en el mes de septiembre del mismo año, aduciendo enfermedad, fue puesto en libertad el último preso importante ligado a estos grupos, el general Enrique Rodríguez Galindo.
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Recomendamos leer:
«Los GAL no éramos una guerrilla sino unos asesinos y punto«. Artículo de Begoña Piña. Público (31 de mayo de 2013).
“Amedo: ‘Los GAL fueron decisión de Felipe González. Él estaba detrás de todo”. EL Mundo (5 de abril de 2011).
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