TERRORISTAS, TORTURADORES E INDULTOS. El jefe de los Torturadores de Intxaurrondo, el ex-General de la Guardia Civil condenado por Terrorismo, Rodríguez Galindo, no fue indultado; simplemente fue excarcelado 26 años antes de cumplir la pena de prisión a que fue condenado.

La Guardia Civil pagó operaciones anti-ETA con contrabando, según el ex mando de Intxaurrondo

Por Francisco Mercado y Santiago Carcar

El País, 1995

 

«El teniente coronel Rodríguez Galindo ha estado continuamente implicado en operaciones de contrabando por la costa de Guipúzcoa y la frontera francesa (…). En un principio, el dinero que se obtenía por estos procedimientos se empleaba en la lucha antiterrorista». Estas dos afirmaciones resumen la denuncia interna formulada en 1992 contra su superior y otros oficiales de la Comandancia de la Guardia Civil en Guipúzcoa por el comandante Máximo Blanco López, jefe de la lucha antidroga en el cuartel de Intxaurrondo desde 1988 a 1993.La denuncia, grabada en una cinta que nunca fue entregada a la justicia, fue recogida también en documentos secretos del instituto armado.

Enrique Rodríguez Galindo, al conocer esta acusación, la atribuyó a maniobras de sus enemigos, y Blanco matiza ahora que sí denunció irregularidades de varios oficiales, pero no del coronel. Asegura que la cinta fue manipulada.

En el contexto de la secreta Operación Arca de Noé de la Guardia Civil, destinada a sabotear en 1992 la investigación del fiscal Luis Navajas y del juez Fernando Andreu sobre supuesta corrupción en Intxaurrondo, se elaboró un informe encabezado con un «S. E. [Su Excelencia] Ejemplar único». Según el documento, Blanco facilitó informaciones sobre Rodríguez Galindo «para descargar su conciencia, ya que antiguas razones de fidelidad y de simpatías personales hacia aquél le habían impedido darlas antes». Tal documento confirma y resume el contenido de una entrevista de Blanco con mandos de la Guardia Civil:

«Desde 1980/81 y hasta que comenzaron a conocerse a través de los medios de comunicación social las primeras noticias sobre sus posibles actividades irregulares y que algún servicio de información las estaba investigando, el teniente coronel [hoy coronel] Rodríguez Galindo ha estado continuamente implicado en operaciones de contrabando por la costa de Guipúzcoa y la frontera francesa».

«Ha formado sociedad con José Antonio Santamaría Vaqueriza, Javier Narvarte, y Luis Astiazarán

«El contrabando que ha realizado nunca ha sido de drogas».

«En un principio, el dinero que se obtenía por estos procedimientos se empleaba en la lucha antiterrorista. Posteriorente, el teniente coronel Rodríguez Galindo y las personas del cuerpo en las que se apoyaba (miembros del servicio de información de la 513ª Comandancia, principalmente) comenzaron a lucrarse con esta actividad y, finalmente, perdió el control de la situación y sus antiguos elementos de apoyo comenzaron a actuar por cuenta propia con toda osadía y desfachatez. Ha habido temporadas en las que ni siquiera se han recatado de ocultar sus actividades ante el resto de sus compañeros».

«Las personas que han colaborado con el teniente coronel Rodríguez Galindo han sido los componentes del grupo inicial que se constituyó en aquella comandancia para las actividades clandestinas de la lucha contraterrorista [coinciden con los cuadros de relación de la Operación Arca de Noé y con la mayoría de las personas que señaló el fiscal general del Estado en fecha 12 de mayo de 1989]».

«Por estas actividades ha recibido de José Antonio Santamaría, Javier Narvarte y Luis Astiazarán importantes cantidades de dinero que en muchas ocasiones han sido entregadas en metálico, en sobres y en bolsas de plástico [da una serie de detalles y concreciones]».

«La situación en la 513ª Comandancia por este motivo siempre ha sido tensa. Los oficiales no corruptos han tratado siempre, a los dos o tres años de su destino y cuando han conocido los hechos, de obtener nuevo destino en otras unidades. Algunos de ellos, como el actual capitán Arturo Espejo Valero, han tenido algún fuerte altercado con él por estos hechos».

«Actualmente, la mayor parte de oficiales no participan en ninguna actividad de este tipo. La unidad podría sanearse buscando una salida adecuada para 10 o 12 personas [las que figuran en el cuadro de relación de la Operación Arca de Noé]».

Blanco, en conversaciones privadas con personas de su confianza, confirma la existencia de tal cinta y que desveló irregularidades de diversos oficiales de Intxaurrondo, hecho confirmado por el propio documento. Entre ellos, según reconocen fuentes próximas a Blanco, citó a varios oficiales ya denunciados por el fiscal Navajas, como el sargento Enrique Dorado Villalobos, el capitán Fidel del Hoyo Cepeda, el teniente José Guisado y el cabo Antonio Cruz Sánchez Castellanos. Incluso asegura que Rodríguez Galindo fue víctima de la confianza en sus subordinados. Blanco, quien también fue acusado de hechos similares por Egin, fue fulminantemente destituido tras una tensa reunión en la que el entonces teniente coronel le recriminó su «deslealtad».

Rodríguez Galindo atribuye esta grabación-denuncia a que Blanco, «una buena persona», fue «emborrachado y engañado» por los mandos de la Guardia Civil que le entrevistaron, y por eso dijo que «aquí se traficaba». «Todo lo que afecta a mí es mentira, aquí sólo ha habido dos o tres corruptos, y los que hemos encontrado los hemos puesto a disposición judicial».

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 08 de julio de 1995.

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El ‘numero dos’ de Galindo hasta 1993 pidió dos millones un supuesto traficante

Por José Luís Barbería

El País, 1995

 

El comandante Máximo Blanco López, mano derecha hasta 1993 del coronel Enrique Rodríguez Galindo en la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa, fue trasladado fulminantemente a Extremadura después de que ocurrieran los dos hechos que aquí se relatan. En el curso de las diligencias abiertas en 1991 por el juez de primera instancia de San Sebastián compañeros suyos detectaron que Blanco había pedido un crédito de dos millones al supuesto traficante José Manuel Olarte, posteriormente asesinado por ETA. Y mientras estaba siendo investigado por ello, Blanco formuló en 1992 una denuncia secreta ante mandos de la Guardia Civil contra su superior y otros oficiales del acuartelamiento de Intxaurrondo, implicándoles en operaciones de contrabando, cuyos beneficios, según el comandante, se utilizaban en la lucha contra ETA.

El comandante Máximo Blanco López, número dos del entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo -quien aún permanece al frente de la 513 Comandancia de Guipúzcoa-, fue obligado en 1993 a abandonar el acuartelamiento donostiarra de Intxaurrondo después de que efectivos de la propia Guardia Civil descubrieran que había pedido dos millones de pesetas a José Manuel Olarte Urreizti, Plomos, supuesto contrabandista y narcotraficante, posteriormente asesinado por la banda terrorista ETA.Ésa fue una de las razones fundamentales de su alejamiento del País Vasco, según fuentes judiciales. El Gobierno Civil de la provincia atribuyó entonces oficialmente el traslado a un «voluntario cambio de destino».

Los investigadores no encontraron pruebas contra el comandante Blanco, pero la solicitud de un crédito de dos millones a una persona como Olarte fue juzgada lo suficientemente sospechosa como para justificar su fulminante traslado.

Representantes del Ministerio de Interior y Justicia interpelados sobre este asunto se han negado a confirmar o desmentir la noticia, y tampoco el antiguo segundo jefe del acuartelamiento de la Guardia Civil en Intxaurrondo ha contestado al requerimiento telefónico de este diario.

Traslado de presos

Tras haber cumplido destino en Extremadura, Máximo Blanco, que sigue siendo comandante, fue nombrado jefe de la Plana Mayor de la Agrupación Rural de Seguridad con sede en Madrid, una unidad con funciones de policía antidisturbios encargada asimismo de la custodia y traslado de presos. A falta de pruebas incriminatorias, los investigadores constataron fehacientemente la estrecha relación personal que el segundo jefe de Intxaurrondo mantenía con José Manuel Olarte, un hombre que, al contrario que los confidentes políciales habituales, manejaba mucho dinero.

Blanco y Olarte se entrevistaban con frecuencia y eran clierites asiduos de una whiskería céntrica situada en el bulevar donostiarra.

En el denominado informe Navajas, elaborado por la Fiscalía de San Sebastián con fecha 12 de mayo de 1989 sobre la presunta implicación de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) en contrabando y tráfico de drogas, Olarte, alias, Plomos y Pistolas, aparece identificado como «elemento clave» de una de las supuestas organizaciones.

Cobro de cantidades

Según el informe elaborado por Luis Navajas, Olarte era el «encargado de tener los contactos con los miembros de las FSE a los que se controla, así como de cobrar todas las cantidades que más tarde van destinadas a ellos».

En el informe se señala que estas cantidades oscilaban entre 250.000 pesetas por persona, cuando el alijo de tabaco era de menor importancia (inferior a las 2.000 cajas) y 500.000 cuando era de mayor entidad.

«En ocasiones, determinados funcionarios han estado a sueldo fijo de la organización, sueldo que parece situarse en el millón de pesetas mensuales», según reza el informe.

Máximo Blanco no figura en las diligencias informativas 1/89, conocidas como informe Navajas, ni tampoco el comisario antiguo jefe de la Brigada de Estupefacientes de San Sebastián, José Ángel Sangorrín. Pero también este último, cuyo teléfono fue intervenido judicialmente en un momento determinado, mantenía relaciones con José Manuel Olarte.

De hecho, los agentes de la policía judicial que llevaron a cabo la investigación detectaron la presencia de Plomos en la cena de despedida al comisario Sangorrín, celebrada en un exquisito restaurante de Pasaia (Pasajes). Los agentes constataron esa presencia y anotaron: «No es normal que un policía, invite a un confidente a su cena de despedida».

La investigación sobre las relaciones entre Plomos y el comandante Blanco fue realizada en el marco de las diligencias 491/91, abiertas por el juez de instrucción número 1 de San Sebastián en 1991. Éstas diligencias acabaron siendo archivadas, al no haberse conseguido avanzar en la investigación.

José Manuel Olarte mantenía también excelentes relaciones con miembros de la Ertzaintza, hasta el punto de que en una ocasión telefoneó a sus contactos en la policía autonómica para que le suministraran la titularidad del vehículo que les seguía los pasos.

Rápida respuesta

Sus vigilantes, guardias civiles en funciones de policía judicial, dieron fe igualmente de la celeridad con la que obtuvo la respuesta desde la Ertzaintza.

Plomos, que se sabía amenazado por la banda terrorista ETA y debía su ápodo al hábito de ir armado, sí ejerció de confidente, y de hecho, según fuentes judiciales, fue él quién facilitó a la Guardia Civil la captura de los mil kilos de hachís intervenidos en Irún y el desmantelamiento de la red de narcotraficantes formada por los gallegos Luis Falcón Pérez, Falconetti, y Benito Prado Vázquez, así como por el guipuzcoano Bonifacio Sagarzazu Virto.

Este último, simpatizante de la coalición abertzale Herri Batasuna (HB), según se indica en el informe Navajas, y una persona de su entorno familiar fueron los primeros en denunciar, en un principio a la Guardia Civil y posteriormente al fiscal jefe de la Audiencia donostiarra, la supuesta implicación de miembros de las FSE en la redes de narcotráfico.

Entre los nombres que aportaron, sin otro sustento que el de su testimonio, fliguraba el del entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo, jefe de la Comandancia de Intxaurrondo. Falconetti, por el contrario, siempre se negó a facilitar la identidad de los supuestos guardias corruptos.

EL ‘NÚMERO DOS’ DE GALINDO HASTA 1993 PIDIÓ DOS MILLONES A UN SUPUESTO TRAFICANTE

Aunque en el informe Navajas se vinculó a José Manuel Olarte con el exjugador de la Real Sociedad de San Sebastián José Antonio Santamaría, igualmente asesinado por ETA, averiguaciones posteriores cuestionan la idea de que ambos pertenecieran a la misma red. En todo caso, los dos tenían en común el disponer de colaboradores en las fuerzas de seguridad.

Santamaría, que en privado admitió haberse dedicado al contrabando de tabaco pero siempre negó cualquier implicación con el narcotráfico, invocó argumentalmente a sus contactos en las FSE para, según fuentes de la investigación judicial, evitar ser barridos por las poderosísimas organizaciones gallegas de narcotraficantes que habían puesto la vista en la costa vasca.

Los investigadores judiciales sospechan que Santamaría llegó a un acuerdo con uno de los grupos gallegos, el dirigido por Manuel Carballo Jueguen, de forma que él aportaba sus contactos en las fuerzas de seguridad y, por tanto, la garantía de que las operaciones de descarga de contrabando no iban a ser interceptadas.

Días antes de su asesinato, mientras la Fiscalía preparaba su acusación contra él por intente de soborno a un miembro de la Guardia Civil, José Antonio Santamaría insinuó a un capitán de ese mismo cuerpo la posibilidad de sincerarse enteramente con el juez, pero no llegó a transmitir personalmente esa intención a instancia judicial alguna.

Protesta de Santamaría

José Antonio Santamaría sólo se personó una vez en la Fiscalía de San Sebastián y fue para protestar airadamente de que su nombre hubiera sido filtrado a los medios de comunicación como sospechoso, cuando ni siquiera existía una acusación judicial contra él. No llegó siquiera a ocupar la silla que le ofreció el fiscal Luis Navajas, aludió al peligro de un atentado de los terroristas de ETA y dijo que su madre estaba muy afectada y había recibido llamadas amenazantes.

Al contrario de lo que se ha escrito en la perspectiva de que los últimos asesinatos perpetrados por ETA en San Sebastián responden al propósito de taponar las vías de investigación, José Manuel Olarte nunca mostró ni di recta ni indirectamente disposición alguna a colaborar con la Justicia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 08 de julio de 1995.

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EL INDULTO ES UN ACTO POLÍTICO

Que genera Responsabilidad  Política

«No hay mejor fortaleza que el no ser odiado por el pueblo, porque si el pueblo aborrece al príncipe, no lo salvarán todas las fortalezas que posea»

(Maquiavelo)

 

 

«El príncipe tiene que pensar en evitar cualquier cosa que pueda provocar el odio y el desprecio, siempre que consiga evitarlo habrá cumplido con su deber, y las demás infamias no supondrán par él ningún peligro.

El odio nace sobre todo cuando el príncipe roba y usurpa los bienes y las mujeres de su súbditos de lo cual debe abstenerse; cuando no se arrebatan ni los bienes ni el honor de la mayoría de los hombres, éstos viven contentos, y sólo hay que combatir la ambición de unos pocos, a los que se puede frenar fácilmente de muchas maneras.

El desprecio nace cuando el príncipe se le considera inestable, superficial, afeminado, pusilánime e indeciso, algo que debe rehuir como si fuera un escollo en su camino, e ingeniárselas para que en sus acciones se reconozcan grandeza, valor, prudencia y fortaleza».

Maquiavelo, «El Príncipe», Capítulo XIX «Como evitar el desprecio y el odio«.

 

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«El amor es un vínculo de gratitud que los hombres, perversos por naturaleza, rompen cada vez que pueden beneficiarse; pero el temor es miedo al castigo que no se pierde nunca»

Maquiavelo, «El Príncipe», Capítulo XVII «De la crueldad y la clemencia; y si es mejor ser amado que temido, o ser temido que amado«.

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Enrique Rodríguez Galindo

Narcotráfico y trata de blancas

Durante su carrera fue acusado por diferentes medios de comunicación —Diario 16, Egin y Egunkaria—​ de estar ligado a redes de narcotráfico y trata de blancas. Fue denunciado pero la causa fue archivada por el Juzgado Instrucción de San Sebastián, que consideró que las acusaciones eran «simples rumores que no han quedado probados».​ No obstante, el diario El Mundo publicó en 2006 un informe secreto elaborado por el Servicio de Información de la Guardia Civil, del 17 de octubre de 1992, donde se admitía que Galindo se había lucrado con el narcotráfico. Según el informe, los beneficios se habían desviado a la lucha antiterrorista y más adelante, parte de los mismos fueron a parar a las arcas de Galindo.​

Galindo denunció a los diarios Diario 16 y Egin por publicar esas noticias, pero perdió los respectivos juicios en 1999 y 2000. También denunció al grupo vasco Negu Gorriak por la letra de la canción «Ustelkeria» [«Podredumbre»], en la que el grupo se hizo eco de la noticia publicada en Egunkaria, aunque el guardia civil terminó perdiendo el pleito.​

FUENTE: WIKIPEDIA

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STS, 1ª,15.1.1999: “Diario 16” había publicado, entre el 14.11.1990 y 15.3.1991, 11 artículos sobre un informe del Fiscal de la AP de Guipúzcoa, Luis Navajas, que investigaba la posible existencia de una banda de narcotraficantes entre cuyos componentes podría encontrarse Enrique Rodríguez Galindo. Este reclamó de los periodistas y de la sociedad editora del periódico una indemnización de 50.000.000 ptas. (300.506,052€) y la publicación de la sentencia condenatoria. La demanda fue rechazada en ambas instancias y el TS declaró no haber lugar al recurso: las información publicadas eran sustancialmente verdaderas, de interés general y reproducían en lo sustancial noticias publicadas por el Diario “Egin” en una edición anterior (F.D.6º). STS, 1ª, 18.4.2000: “Egin”, en 6 artículos publicados entre el 15.11.1990 y el 17.1.1991, se había referido al mencionado informe y a la presunta implicación del Sr. Rodríguez Galindo en los hechos narrados. Éste demandó a dos periodistas, al director y a la editora de “Egin”, por 30.000.000 ptas. (180.303,631€) y la publicación de la sentencia condenatoria. El JPI nº1 de Bilbao (3.3.1993) estimó parcialmente la demanda y condenó a los demandados  a pagar una indemnización de 10.000.000 ptas. (60.101,21€). En apelación, la SAP de Bilbao (Sección 4ª, 3.4.1995) absolvió a los demandados. El TS rechazó el recurso de casación del actor: los demandados se habían limitado a reproducir el contenido sustancial de la información publicada por “Diario 16” antes referida (F.D.3º). Obsérvese que la sentencia de 1999 afirma que “Diario 16” reprodujo informaciones publicadas por Egin (“El Tribunal a quo estableció que el “Diario 16” se limita a informar de lo publicado por el periódico “Egin”, el día anterior, y transcribe esa información literalmente de la que no se aparta ni un ápice, sin apostillarla ni comentarla, y dejando, en todo momento clara y reiterada constancia de estar reproduciendo la información proporcionada por otro periódico”, F.D.6º) y la del año 2000 dice que Egin reprodujo informaciones publicadas anteriormente por Diario 16 (“ la información en cuestión … se limita a reproducir informaciones … tal y como lo publicaba su fuente de información, esto es, el periódico “Diario 16”, sin añadir comentario o valoración alguno”, F.D.2º). STS,1ª,13.10.2000: En el libro titulado “La red Galindo”, editado por la demandada “Txalaparta” y del que era autor el codemandado José Benigno R.R. se narraban noveladamente los hechos objeto de los dos casos mencionados. El Sr. Rodríguez Galindo reclamó en su demanda una indemnización de 60.000.000 ptas. (360.607,762€), la publicación de la sentencia y que los demandados se abstuvieran en el futuro de realizar intromisiones semejantes. Las sentencias de instancias concedieron y el TS convalidó una indemnización por importe de 5.000.000 ptas. (30.050,61€). En esta ocasión, el TS coincidió con la Audiencia en que el contenido de la información no era veraz (F.D.3º). De las tres últimas sentencias reseñadas, únicos antecedentes a los que InDret ha tenido acceso para reseñarlas (y, de derecho, los únicos relevantes para formar jurisprudencia) no se desprende un criterio común de resolución. Hay, con todo, algunos elementos de juicio claros: en primer lugar, resalta la deferencia que todo tribunal de casación ha de manifestar en relación con los hechos que la sentencia de segunda instancia hubiera declarado probados; en segundo término, la diferencia del sentido de la resolución entre los dos primeros casos, que se refieren a reportajes periodísticos, y el tercero, cuyo objeto es un libro, quizás deriva de la exigencia normativa virtual en virtud de la cual se exige al autor de un libro más rigor del que se exige al periodista, más ni el TS afirma expresamente tal cosa, ni probablemente sería razonable establecer un criterio general en este sentido, pues es arbitrario aplicar criterios distintos a un mismo contenido informativo por la simple circunstancia de que aparezca  encuadernado; en tercer lugar, tal vez el número y entidad de las afirmaciones no contrastadas incluidas en el libro fuera muy superior al de las que conformaban los reportajes objeto de las dos primeras sentencias, o acaso y por último, el confesado propósito de novelar la realidad pudo entenderse por el TS como una inaceptable licencia para propalar falsedades.  La STS,2ª,de 20.7.2001, que confirma en lo sustancial la Sentencia de la Sección 1ª de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, de 26.4.2000, condenó al señor Enrique Rodríguez Galindo, junto con otras personas, por dos delitos de asesinato y detención ilegal. En el caso, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala habían sido detenidos en Bayona el 15.10.1983 y muertos por disparos en la nuca y enterrados en cal viva en Busot (Alicante) pocos días después. La mencionada sentencia del Tribunal Supremo es una más de las que han abordado el episodio histórico de la formación, amparada por altos cargos del gobierno español, del denominado “Grupos Antiterroristas de Liberación”. El GAL era una banda armada ilegalmente constituida para combatir el terrorismo exactamente con sus mismas armas. La STS, 2ª, 29.7.1998, que resuelve el llamado “Caso Marey”, condenó a varios de sus componentes, entre los que se encontraba el Sr. Enrique Rodríguez Galindo, por los delitos de malversación de caudales públicos, secuestro y detención ilegal de Segundo Marey, un empresario francés al que confundieron con un miembro de la banda terrorista ETA.  FUENTE: InDret

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EL HÉROE DE VOX, ¿EL «PARTIDO DE LA GUARDIA CIVIL POR PODERES»?

RODRÍGUEZ GALINDO, CONDENADO A 75 AÑOS DE CÁRCEL POR TERRORISMO, NO FUE INDULTADO; FUE EXCARCELADO TRAS ESTAR SOLO 4 AÑOS EN PRISIÓN, POR «PROBLEMAS DE SALUD». 

Su fallecimiento, 17 años después (febrero de 2021), se produjo por COVID.

NO TUVO QUE CUMPLIR SU CONDENA.

¿»Intxaurrondo en el corazón» del próximo Gobierno de los españoles?

¿Un Centro de Tortura «en el corazón» del próximo Gobierno de los españoles?

La indefinición del mensaje de la Portavoz de VOX, Sra. Olona, crea un paisaje oscuro; tanto como el Cuartel de Intxaurrondo. 

Porque los largos años del plomo etarra, no nos pueden llevar a olvidar que la Tortura es un terrible crimen. Que ha de ser perseguido hasta expulsarlo por completo de nuestra sociedad.

La lucha contra el Terrorismo nunca puede justificar la Tortura.

El Terrorismo es un crimen espantoso. Como lo es la Tortura.

La Tortura es la negación de la Presunción de Inocencia: Se Tortura para arrancar confesiones.

Se tortura a Inocentes, que lo son porque no han sido condenados.

Y si la Condena es consecuencia de la Confesión obtenida mediante Tortura,

¿qué culpabilidad acreditaría tal Condena?

NINGUNA

En un Estado de Derecho no puede, la Venganza, ocupar el lugar de la Justicia.

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NOTA de Punto Crítico:

Hemos escuchado las razones de la Excma. Sr. Olona al respecto, que nos parecen admisibles; aun cuando no las compartimos. En cualquier caso, entendemos que ella conoce mucho mejor el asunto de lo que lo podríamos conocer nosotros. La razón es que, como Marlaska entonces, ella tampoco creía a los presuntos Terroristas. Pese a todo, entendemos que ello no eximía al Juez de la obligación de investigar tan graves denuncias.

 

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Macarena Olona (VOX) rinde homenaje a Rodríguez Galindo: «Que la tierra te sea leve, mi General».

El Plural, 13-02-2021

 

La portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha trasladado sus condolencias por la muerte del exgeneral de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, que fue mando destacado en la lucha contra ETA y condenado por el terrorismo de Estado del GAL, recordando su etapa al frente del cuartel de Intxaurrondo en los ‘años de plomo’ de la lucha contra ETA.

«Que la tierra te sea leve, mi General. Hoy, más que nunca, Intxaurrondo en nuestro corazón. Descansa en Paz«, ha puesto Olona en un mensaje en su perfil oficial de Twitter.

El Tribunal Supremo condenó a Rodríguez Galindo a 75 años de cárcel en 2001 por su relación con el secuestro y asesinato en 1983 de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. El exgeneral estuvo al frente del cuartel de Intxaurrondo en los ‘años de plomo’ de lucha contra ETA.

 

Decir que el indulto es una rutina en el Estado español no es ninguna exageración. Una rutina diaria, puesto que desde la muerte de Franco (que también indultó de vez en cuando) su número supera los 20.000, es decir, más de uno por día. Pero posiblemente en estos 45 años nunca haya habido un debate tan encendido al respecto como el que se abre ahora, con la opción de supresión del cumplimiento de pena (que no de la condena) a los líderes independentistas catalanes.

Entre quienes intentan recortar el margen de maniobra al Consejo de Ministros, encargado de decidir, está el Tribunal Supremo que en otras ocasiones no tuvo problema en «revocar» sus propios condenas y que ahora ha convertido el habitual trámite consultivo en un alegato político de 20 páginas. Y también hay fuego amigo, el del expresidente y exlíder del PSOE Felipe González, que aprobó nada menos que 5.944 indultos. Casi tantos como su sucesor del PP, José María Aznar, que se fue hasta los 5.948. En 2000, el año en que logró la mayoría absoluta, Aznar indultó 1.744 veces, casi cinco por día.

La difusión de estas cifras, recogidas por la fundación ciudadana Civio, han sorprendido en el Estado español por la habitualidad que reflejan. Pero en Euskal Herria habrán extrañado menos, porque ya era conocido que por ejemplo más de la mitad de los condenados por torturas han recibido indultos. Datos de Euskal Memoria de hace ya casi una década exponían que de 62 castigados 36 habían sido indultados. Si esos 36 obviamente son una minucia entre los 20.000 «perdones», se explica únicamente porque los casos de torturas condenados resultan ínfimos (según el informe oficial del equipo de Paco Etxeberria referido a la CAV, apenas 49 agentes condenados con sentencia firme entre más de 4.000 casos de tormentos).

Los indultos en estos casos, además, han tenido como continuación una rehabilitación total, cuando no un ascenso. Uno de esos indultados por torturas es Manuel Sánchez Corbí, a quien Madrid convirtió luego en jefe de la UCO de la Guardia Civil y París concedió la Legión de Honor. Y no solo se ha indultado a policías y guardias civiles torturadores, también se hizo con cuatro Mossos d’Esquadra en 2009 tras golpear a un detenido y meterle una pistola en la boca.

Con los GAL ocurre otro tanto: no hay muchos indultados porque hay poquísimas condenas, pero porcentualmente suponen más de la mitad. Los más conocidos por sus altas responsabilidades en Interior, José Barrionuevo y Rafael Vera, a los que el Gobierno Aznar sacó de la cárcel vía indulto tres meses después de entrar arropados por González (1998).

Los otros condenados por el secuestro de Marey también fueron exonerados. Con José Amedo y Michel Domínguez no se hizo porque, como explicó el Supremo, ya habían tenido suficiente beneficio con acumulaciones de condenas. Y tampoco le hizo falta a Enrique Rodríguez Galindo unos años después por el caso Lasa-Zabala, porque resultó más cómodo políticamente excarcelarle por enfermedad.

También golpistas

De entre las alegaciones muy políticas del informe consultivo del Supremo ante el caso catalán destaca esta queja: para la sala no cabe indulto porque en la petición se presenta a los líderes del «procés» como «presos políticos» cuando «han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a la del resto de sus conciudadanos».

La afirmación y su contundencia contrastan con la posición que tomó el mismo Alto Tribunal español en favor de indultar a los autores del intento de golpe de Estado en 1981, con toma del Congreso incluida. En aquella ocasión, la Sala de lo Militar se puso en evidencia hasta extremos ridículos en el caso de Antonio Tejero; para argumentar que tenía buena conducta en prisión apuntó que había pintado 300 cuadros y que era donante de sangre. El Gobierno, entonces todavía en manos de Felipe González, no le excarceló pero sí lo hizo con el ex general Alfonso Armada, condenado a 26 años como cabecilla.

El arrepentimiento, un comodín

Uno de los debates colaterales más presentes sobre el indulto es el del arrepentimiento. Legalmente no se exige pero en la práctica sí se toma en consideración a veces como elemento a favor. En el caso de los líderes catalanes, «no hay el menor indicio de arrepentimiento», ha remarcado la Sala Segunda. Se corresponde con la realidad de afirmaciones como las reiteradas por Jordi Cuixart (‘Ho tornarem a fer’) o esta de Oriol Junqueras: «El indulto se lo pueden meter por donde les quepa». La petición de sacarlos de la cárcel no ha salido de ellos, sino de la UGT en primera instancia.

Ahora bien, ¿acaso expresaron arrepentimiento los casos citados anteriormente? Las justificaciones del terrorismo de Estado por parte de Rafael Vera han sido recurrentes y públicas hasta la actualidad. En el caso de la tortura no consta una sola disculpa o reconocimiento de los hechos por parte de las docenas de indultados, algunos como José Domínguez Tuda (el temido «Goli» de Intxaurrondo) en dos ocasiones. Tampoco Tejero hizo autocrítica ni pidió su indulto, algo que el Supremo intentó camuflar diciendo que la Archicofradía de la Celeste, Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, entidad solicitante, actuaba realmente en su nombre.

 

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La mitad de los condenados por torturas han sido indultados

 

Según el último recuento realizado por la fundación Euskal Memoria, de 62 agentes condenados por torturar a ciudadanos vascos, 36 fueron luego indultados. De otros no se sabe si llegaron a cumplir la condena, puesto que en más de un caso se ha comprobado que funcionarios que debían estar inhabilitados seguían trabajando en otro puesto o incluso habían sido ascendidos.

La Guardia Civil nunca prescindió, por ejemplo, de los servicios del capitán José Pérez Navarrete, su compañero José Antonio Hernández del Barco y los agentes Emilio Parar Moreno, Alejandro Iglesias Blanco y Julio Saavedra Mariño. Todos ellos fueron condenados por torturas a Juana Goikoetxea en 1987 a cuatro meses de prisión y cuatro años de inhabilitación. En febrero de 1993 fueron indultados por el Gobierno de Felipe González. El ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, justificó la decisión con el argumento de que «el discurso de la reinserción» debe ser global. Añadió que tras casi doce años en que estos agentes habían seguido destinados en sus mismos puestos [después de torturar a Goikoetxea] no tendría mucho sentido aplicar la pena de inhabilitación profesional a la que fueron condenados.

Hay también quien ha sido indultado hasta en dos ocasiones. Los guardias civiles José Domínguez Tuda, Manuel Macías Ramos y Antonio Román Ríos fueron condenados en 1990 por torturas a los hermanos Víctor Jesús, Joxe Mari y Lucio Olarra y a Iñaki Olaetxea, e indultados a primeros de 1991. Al año siguiente, el 22 de setiembre de 1992, el mismo José Domínguez Tuda, era condenado nuevamente, en esta ocasión por torturar a Jokin Olano en 1983. En marzo de 1995, el ministro Juan Alberto Belloch volvía a indultarlo por este delito, al igual que al agente Manuel Barroso Caballero, condenado también por los malos tratos a Olano. El entonces ministro de Justicia e Interior dijo que los dos guardias civiles indultados «han demostrado en los últimos once años de servicio en tareas de investigación del terrorismo que están efectivamente reinsertados». Es preciso señalar que el tribunal que les condenó se mostró contrario a la concesión del indulto.

Muchas veces ha sido incluso la Fiscalía la que ha facilitado los indultos. Así ocurrió, por ejemplo, con el teniente coronel Rafael Masa y otros ocho guardias civiles que fueron condenados por las torturas a Tomás Linaza a pesar de todos los impedimentos que para el juicio puso el Ministerio del Interior de José Luis Corcuera. Solo fue indultado José Martín Llovet, por su edad, aunque Masa ascendió pese a la condena. Finalmente, todos ellos fueron absueltos, porque en 1999 el Supremo acabó considerando prescrito el delito debido a los cambios legislativos que se habían producido desde que en 1981 se produjeron las torturas y desde que en 1990 se dio la primera sentencia.

En 1999 el primer Gobierno de José María Aznar indultó a los guardias civiles José María Cuevas, Antonio Lozano García y Miguel Ángel Sánchez Corbí, que dos años antes habían sido condenados por las torturas infligidas en 1992 a Kepa Urra. La petición de indulto partió del Ministerio de Justicia.

Indultos masivos

El indulto más masivo se produjo en diciembre de 2000, cuando fueron indultados nada menos que un total de 15 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Entre ellos estaban Julio Hierro y María Jesús Fanegas, condenados por la denuncia interpuesta por Ana Ereño; Aníbal Machín, Juan José Fernández y Abel Alberto Núñez, condenados por las torturas a Enrique Erregerena; Isidro Martínez, Emilio Mariño y Carlos Prieto, condenados por los malos tratos a Juan Carlos Garmendia; José Luis Fraila y Luciano García, hallados culpables de torturar a Mikel Ruiz Maldonado; Pedro Laíz y Paulino Navarro, que participaron en el maltrato a Kepa Otero y José Ramón Quintana; y José María Rodríguez y Damián Vinayo, que torturaron a Javier Fernández.

El entonces ministro de Justicia, Ángel Acebes, justificó su decisión asegurando que todas estas personas indultadas de delitos de tortura habían sido condenados por casos de «escasa gravedad» (aplicación de descargas eléctricas en pene, testículos y cabeza, simulacros de ejecuciones con pistola o por ahorcamiento, golpes continuados…) y en los que su participación había sido «circunstancial o incluso indirecta».

Los gobiernos españoles nunca han actuado en serio contra la tortura, como lo denuncian organismos internacionales. La fundación Euskal Memoria ha recogido más de 9.600 casos de tortura en 50 años.

 

 

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Los Reyes de España, don Felipe VI y doña Letizia, visitan la reproducción del zulo en el que Ortega Lara, secuestrado por la banda terrorista ETA, permaneció durante 532 días.

Centro Memorial de Víctimas, del Terrorismo, Inaugurado en Vitoria.