ÁLVARO GARCÍA ORTIZ, NUEVO FISCAL GENERAL DEL ESTADO: EL MÉRITO DE LA OBEDIENCIA.
LA CARRERA «DIGITAL» DEL NUEVO FGE
LA OPORTUNIDAD ES LA NUEVA LEGALIDAD. LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ACABARÁ CON EL ESTADO DE DERECHO. LA CARRERA «DIGITAL» DE UN FISCAL SIN MÁS MÉRITOS QUE LA OBEDIENCIA AL PARTIDO: «Para el Poder Judicial -en el que se integra la FGE- Politización equivale a Corrupción».
Ingresó en la Carrera Fisal en el año 1998, fue fiscal coordinador de la entonces Adscripción de Menorca de los años 2000 a 2002
En 2002 fue destinado a la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela, (antes Adscripción Permanente de Santiago de Compostela, Tribunal Superior de Justicia de Galicia), donde fue nombrado Fiscal Especial Coordinador de Incendios de la Comunidad Autónoma desde Octubre 2004.
Posteriormente es nombrado Fiscal delegado de Medio-ambiente, urbanismo, ordenación del territorio e incendios forestales, desde 2007 a nivel provincial y autonómico hasta marzo de 2021.
En 2021 fue promovido a la categoría de Fiscal de Sala y nombrado Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la FGE.
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LA OBEDIENCIA COMO MÉRITO QUE ACREDITA INDEPENDENCIA, UN HALLAZGO ESPAÑOL
Esta es la escueta información que, sobre el nuevo Fiscal General del Estado, nos ofrece la página web del Ministerio Fiscal español. Analicémosla someramente, pues tiempo habrá para ampliarla durante el desarrollo de su mandato (el Informe del CGPJ resultó favorable, aunque lejos de la unanimidad, negándose la mayoría -12 vocales- a examinar su «Idoneidad» para desempeñar el cargo).
Respecto a su ingreso en la Carrera Fiscal, que se produce en 1998, poco podemos decir, dada la total ausencia de garantías del resultado de las Oposiciones en España, que continuó con las formas del franquismo (que, en su mayor parte, se mantienen hasta hoy: no hay grabación, ni respuestas escritas, y cuando las hay, no son conservadas; solo importa lo que decide el Tribunal, no siendo posible comprobar sus razones, con la pequeña excepción que a continuación exponemos, que no era de aplicación antes del año 2016).
En el año 2013, en AUSAJ aceptamos llevar la defensa -gratuita- de un soldado sin recursos, que había sido expulsado del ejército por causa de un informe psiquiátrico, que estimamos mendaz.
Estos Informes médicos, entonces, no se podían discutir en sede judicial. El motivo: se trataba de un acto «discrecional» que no admitía revisión judicial, porque era «Técnico«, y no «Jurídico«. Las razones eran idénticas a las que -todavía- impiden revisar los resultados de las oposiciones en general.
La consecuencia de esta desviación está a la vista: Permiten adjudicar plazas y fabricar curriculums de manera fraudulenta, que permitan a los políticos, o a sus dependientes, presentarse como «Juristas de reconocido prestigio«, y así, okupar los cargos de autoridad más relevantes del Estado, sin más mérito que su obediencia incondicional al Régimen.
Para que tal sistema corrupto funcione es necesaria la ignorancia del Derecho por parte de la ciudadanía. Nada más sencillo en un Estado en el que la población -por su desconocimiento de la Ley- no sabe si vive o no en un Estado de Derecho, y sin embargo posee la convicción de ser ciudadanos titulares de derechos en un Estado de Derecho. Pero sólo formalmente, porque lo pone en un papel.
Y, sin embargo, vemos una y otra vez que, materialmente, no tenemos derecho alguno, solo meras expectativas. Preferimos creer que somos ciudadanos a serlo efectivamente, que es muy cansado.
La ignorancia conduce a la servidumbre. Nunca una sociedad sumida en la ignorancia, conservó la Libertad.
Retomando el guion, comenzaremos recordando que las Decisiones Discrecionales no son Decisiones Arbitrarias. En cada caso, existen varias posibles soluciones, pero una única «Solución Justa«, que constituye la decisión debida.
Por otra parte, en los actos discrecionales, existen actuaciones «regladas«, que han de poder ser cuestionadas en vía judicial, aunque sea solo respecto a estos «elementos reglados«. Pero la Jurisprudencia de los Tribunales no lo admitía entonces, en el año 2013, cuando interpusimos el Recurso Contencioso Administrativo (que, pese a ello, resultaría estimado por Sentencia del TSJ de Galicia, de 9 de maro de 2016).
Nada más ingresar en la Carrera Fiscal, recién salido de la Escuela de Fiscales, recibe un «puestazo» de Libre Designación (designación «digital», lo que sería una constante en su devenir profesional): Fiscal Coordinador de menores en Menorca. Coordinador de Fiscales con experiencia, él, que carecía de ella.
Esta ha sido una constante en su programada «Carrera»; sus ascensos se han producido en virtud de nombramientos «discrecionales», que en realidad son Arbitrarios, y por tanto Nulos.
El último hito, su penúltimo nombramiento como Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la FGE, en cuya virtud se convirtió, sin más, en Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, lo más alto. Bueno, casi. Lo más alto le llegó ahora, y de la misma manera arbitraria, sino directamente corrupta: FGE.
No nos extenderemos sobre la agresión que, para el Sistema de Derechos Humanos, supone la Totalitaria Ideología de Género, que el FGE se ha comprometido a instaurar férreamente.
Ello implica el compromiso del nuevo FGE contra los Derechos Humanos, que se han convertido ya, no en Derechos, sino en Expectativas, que dependen de la personalidad del sujeto implicado, no de las disposiciones de una Ley General.
Y que el sometimiento de la ley al criterio de la Oportunidad, declaración Gubernamental mediante, que el PPSOE persigue instaurar desde hace muchos años, ampliará las excepciones, convertidas en regla general para ciertas categorías de sujetos, acabando con la Igualdad ante la Ley; excepciones que permitirán no someterse a la Ley a quienes, en cada momento, el Gobierno considere Oportuno.
Ni Igualdad ante la Ley, ni Tutela Judicial son Derechos para los varones. Pero todo empeorará, pues la Justicia desaparecerá como «dar a cada uno lo suyo» (Ulpiano), para convertirse en tu no tienes nada, los políticos lo tienen todo. Lo que rematan con el ofensivo meme «No tendrás nada, y serás feliz«. Y, en efecto, sin Derechos, ¿quién se atreverá a no serlo? Huelga decir que para los que no sean felices sin derechos, siempre quedará el Gulag.
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En cuanto a su proclamada especialización en Incendios forestales, de nuevo estamos ante un argumento falaz: ¿Algún caso relevante en que su intervención hubiese sido determinante? NO.
Y eso que estaba en el lugar adecuado para ello, la Galicia de los Incendios forestales. Su más relevante actividad fue política, atacando al PP y echando balones fuera. Ni investigó al llamado «Cártel del Fuego«, ni otra cosa reseñable.
«A lo largo del año 2020, último con datos cerrados, la Fiscalía del Estado investigó más de 3.300 incendios forestales y, en aquellos casos en que las pesquisas dieron frutos, procedió a la detención de 440 presuntos pirómanos. Estas cifras han obligado a la reflexión a organizaciones ecologistas como Greenpeace, que admitió recientemente que el grueso de las quemas se dan por este motivo«.
Sin embargo, el nuevo FGE, como buen doctrinario, solo ve los incendios forestales como efectos del «Cambio climático».
La OPORTUNIDAD como justificación para la no aplicación de la Ley, nunca contó con mejor propaganda (aunque aquel «too big to fail», o el Estado de Excepción -inconstitucional, pero tan real como impune- fueron muy buenos aperitivos, el menú se servirá ahora): ¡¡Hay que salvar el mundo!! Pronto los herejes climáticos arderán en la hoguera de las «veleidades».
Vigo, rodeada por las llamas (2017)
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En cuanto a su especialización en Derecho Ambiental, que habría adquirido en virtud de una Nueva Designación Arbitraria (que es como ha sido construido su Curriculum, con apariencia de que resulta suficiente para la mayoría de los españoles, ignorantes del Derecho), se quiere hacer surgir, a falta de otros ejemplos, de su intervención en el «CasoPrestige«, el mayor desastre ambiental de las últimas décadas, sino de la historia de España.
Baste señalar que, tras 10 años de Investigación Judicial, tiempo durante el cual siempre estuvo personado el Ministerio Fiscal, la Sentencia declaró, en lo sustancial, que no se podía saber que es lo que había pasado.
Lo que sí recuerdo es la extrema politización de tan trágicos hechos, proceso al que no fue ajeno el hoy FGE. Siempre en defensa de los intereses políticos del mismo partido que lo ha nombrado ahora FGE.
Dejaremos para próximas entradas el asunto de la destrucción programada de la Independencia de Poder Judicial, que supone entregar al Gobierno («¿De quien depende fiscalía?«) las funciones de Investigación judicial, que ya no lo serán. Será Investigación Gubernamental.
Los corruptos, que ya hacen las Leyes, ahora constituirán el núcleo de la Función Jurisdiccional.
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«QUÉ ESCÁNDALO!, HE DESCUBIERTO QUE AQUÍ SE JUEGA»
(Capitán Renault, Casablanca)
EN ESPAÑA, HACE TIEMPO QUE LA JUSTICIA ES MERO CONTROL SOCIAL.
Lo de «dar a cada uno lo suyo«, queda para los libros de Derecho Romano.
El Principio de Oportunidad, que se ha cargado el de Legalidad (por eso España ha dejado de ser un Estado de Derecho), impone la «realpolitic» en los Tribunales, convertidos en órganos políticos: La facción vencedora en las elecciones se queda con todo.
La Justicia del vencedor. Como en la guerra; en eso hemos convertido la convivencia democrática, en una guerra sin final. Esta dictadura bicéfala que llamamos Democracia, al cargarse la separación de poderes, también ha destruido la Constitución.
La Ley la aprueban los corruptos, y la aplicarán sus vasallos en los juzgados, reducida a la más pura arbitrariedad, de manera que la Justicia, en lugar de «dar a cada uno lo suyo» se habrá visto reducida al papel de «dar lo tuyo a los suyos«.
Asesinado Montesquieu, que poco ha de costar sacar a Ulpiano de los libros.
Pero no vale la pena preocuparse: Todo va a ir a peor. Porque los ciudadanos, en la soledad de este mundo hiperconectado, no tenemos ningún poder.
El Estado no somos nosotros: el Estado es contra nosotros.
Y, mientras sigamos cayendo en las redes que nos separan y aíslan, nada podremos hacer los muchos para liberarnos de la tiranía de los muy pocos.
Como advirtió Homero (el de la Ilíada, no el de los Simpson), usando la metáfora del arte de la doma, las cadenas con que nos atan son tan débiles que, con sólo ser conscientes de su endeblez, nos liberaremos de ellas. De la misma forma que el caballo, cuya enorme fuerza es dominada por una ligera brida, nuestras cadenas son mentales; ni siquiera son sólidas.
Pero, misteriosamente, como alertó Spinoza, «Luchamos por nuestra esclavitud como si luchásemos por nuestra libertad«. Y seguimos haciéndolo, más de 300 años después.
No nos remontaremos más en el tiempo. Valga por todos el recuerdo de aquel Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix. Supolémico nombramiento fue cosa del Fiscal General del Estado del PP, el fallecido Maza.
Manuel Moix, amigo personal -y político- del delincuente que presidía el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, el corrupto -éste del PP- Ignacio González, quien solicitó a Maza el nombramiento de su amigo Moix para que fuese quien se encargase de investigarlo. Y así lo hizo Maza, Fiscal de ingrato recuerdo por su sectarismo partidista. Por supuesto, tras su muerte, fue unánimemente alabado por los Poderes Mediáticos que nos desinforman en ejercicio de su Derecho a la Información, que para nosotros es su derecho a mentirnos y engañarnos como eje fundamental del Control Social de ese Estado que nos es tan lejano, instrumento de nuestra opresión, más que ente liberador común.
En ejercicio de su -mal adquirido- Poder, Moix inició la persecución del Fiscal Carlos Yañez, el principal de los dos fiscales que condujeron a la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Madrid, 10 may (EFE).- El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha admitido hoy que antes de nombrar a Manuel Moix como fiscal jefe Anticorrupción supo de la conversación en la que Ignacio González mostraba su deseo de que fuese nombrado, algo que no le extrañó ni le llevó a pensar mal del candidato.
«No me extraña, fue mi conjetura, porque le conoce y ha compartido con él puestos institucionales en la Comunidad de Madrid», ha dicho Maza en la Comisión de Justicia en el Congreso en relación a esa conversación entre Eduardo Zaplana e Ignacio González contenida en el sumario del caso Lezo.
LA PARTICULA DE MOIX, el Fiscal cuántico: Es simultáneamente Corrupción y Anticorrupción.
El «honesto Maza«, que nombró a un corrupto como Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, y lo hizo porque se lo pidió otro corrupto, éste del PP, Partido que lo había nombrado FGE.
Pero el asunto, no acaba aquí. Es todavía más morboso. Como publicamos en su momento:
«.. en el marco de la llamada “Operación Lezo”, del Juzgado Central de Instrucción (Audiencia Nacional) del que es titular el Magistrado Velasco, el hecho –que sólo puede ser calificado de gravemente delictivo-, de que una Magistrada ha avisado a los investigados (antes imputados) de las escuchas acordadas judicialmente«. (…)
«Pero las cosas no acaban aquí. En estos días se ha evidenciado también la podredumbre de las más altas jerarquías de la Fiscalía General del Estado (empezando por el mismo Fiscal General del Estado, el discutido José Manuel Maza, cuya cercanía al Partido Popular es incluso económica http://www.eldiario.es/politica/general-defiende-vinculada-comisario-Villarejo_0_583392833.html ); hemos visto, asqueados, como los nombramientos en la Fiscalía Especial Anticorrupción, están ordenados a velar por la impunidad de la corrupción del Partido de Gobierno. ¿Sólo del partido de Gobierno? Vemos, sin embargo, como los Fiscales de base, arriesgando su carrera, han plantado cara a las decisiones –en mi opinión, presuntamente delictivas por prevaricadoras-, del Fiscal Moix (quien mediante una Orden Escrita pretendió dejar sin efecto una decisión anterior de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, sin existir hechos ni fundamentos nuevos, que permitieren este cambio de criterio –presuntamente- constitutivo de una decisión Injusta adoptada a sabiendas de su injusticia; tipo penal de Prevaricación Administrativa).
Corremos con todo ello un riesgo evidente: El de creer que estamos ante una situación excepcional, que afecta exclusivamente al Partido Popular. Nada más lejos de la realidad. Estamos ante un suceso más que común en estos “otros” 40 años de Post Franquismo. La especificidad es que se trata de hechos que, parcialmente, han tenido cobertura mediática (que no informativa).
Corría el mes de mayo de 1996 cuando, encontrándome en París por motivos de trabajo, acudí a cambiar pesetas por francos a una sucursal del BBV -en las cercanías del Palacio de la Ópera-, el empleado de la caja me respondió que mis billetes carecían de valor, por lo que no podía cambiarlos por moneda francesa. Sorprendido, pregunté las razones, y el cajero me respondió “es que el que firma los billetes está en la cárcel”. Me quedé atónito, y tras comprobar que en los billetes figuraba la firma de Mariano Rubio como Gobernador del Banco de España, me di la vuelta, pensando cómo salir del problema. Escuché entonces a mi espalda las risas del cajero y del resto de los empleados, diciéndome que era broma, en un perfecto castellano. Pero a mí nunca me pareció una broma. Porque, en efecto, en aquél momento, el que había sido Gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, el que firmaba mis billetes, estaba en prisión acusado de graves delitos de Corrupción.
Eran los últimos estertores de Felipe González en la Presidencia del Gobierno español. Tras una larga carrera de corrupción, que tuvo especial virulencia en los años 1989 (caso Juan Guerra), 1991 (Caso FILESA), 1992 (Caso Ibercorp, que daría lugar a la dimisión del entonces “superministro” económico, Carlos Solchaga, y finalmente al encarcelamiento de Mariano Rubio, Gobernador del Banco de España), 1993 (Casos Roldan, BOE o Mario Conde y Javier de la Rosa) y finalmente el episodio más aberrante de los que han llegado a nuestro conocimiento en las 4 últimas décadas; el estallido del Caso GAL, en 1994 (secuestros, torturas y asesinatos perpetrados desde el Gobierno del Estado), que daría lugar, dos años más tarde, al final político de Felipe González (quien ni siquiera fue llamado a declarar como testigo en el Caso GAL; a diferencia de lo que está pasando actualmente con el Presidente Rajoy, cuya declaración testifical en el seno del caso Gurtell resulta mucho menos interesante que la del entonces responsable, José María Aznar; que sin embargo no se ha acordado, determinando claramente el carácter eminentemente político del recorrido judicial de este asunto, todo sea dicho).
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CASO(S) INDRA: En el mismo centro de operaciones de la Operación “Lezo”, se encuentra una vieja conocida; la Multinacional INDRA. Como destaca el Ex Teniente Segura, en el artículo ya citado, “Esta empresa -INDRA-, que se encuentra controlada en un 20% por el SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), se puede considerar estratégica por ser la encargada de los recuentos electorales y el control de fronteras. Entre sus decisiones “estratégicas” para la Defensa Nacional se encuentran, por ejemplo, la compra de Europraxis, de Josep Pujol (44,47 millones de euros), y la de la empresa Oyauri Investment, de Pablo González (1,5 millones de euros). Sí, eso es, los hijos de Jordi Pujol y Felipe González”.
Continúa Segura exponiendo “En 2007, Indra presumía, en su propia web, de haber cobrado 1,9 millones de euros por la formación durante dos años de los nuevos jueces (de 150 a 200 al año), aseverando, además, que colaboraba con el CGPJ desde 2005 y había formado a un total de 4.500 jueces en el uso de las nuevas tecnologías (no es difícil sacar cuentas)”. Y señala también que “Indra no es nueva en el mundo de los escándalos. Por ejemplo, en el año 2015 se supo que esta empresa estaba retribuyendo a 32 juristas que cobraban por cursos de formación entre 3.000 y 9.000 euros anuales. De ellos, al menos nueve eran jueces y cinco fiscales y el Consejo General del Poder Judicial investigaba si esta empresa estaba siendo utilizada por la Comunidad de Madrid para dichos pagos”.
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CASO TANIA SÁNCHEZ. Como recordarán, se acusaba a la entonces novia de Pablo Iglesias y quintacolumnista en Izquierda Unida, de graves delitos (Prevaricación, Malversación de caudales públicos y tráfico de influencias), al haber concedido 1.200.000 euros de “subvenciones” municipales a su hermano, con el voto a favor del padre de ambos, otro profesional de la política, siendo que tales hechos se encontraban acreditados documentalmente, y en todo caso, eran susceptibles de investigación con garantías de éxito. Sin embargo la causa fue archivada por no apreciar la Juez de Instrucción (Gladis López Manzanares) que existiese el elemento subjetivo del injusto; la intención. Justamente lo que, en tales supuestos, ha de ser dirimido en Juicio Oral; que se nos hurtó, a favor de la impunidad de quien efectivamente, había otorgado una millonaria subvención a su propio hermano (en este sentido, la valoración del elemento subjetivo del injusto, el cual trasciende o va más allá de lo que el dolo representa –entendido como conocimiento de los elementos objetivos del tipo-, sólo cabe entender que su valoración ha de producirse en fase de juicio oral; es decir determinada la existencia de indicios objetivos de la existencia “exterior” del delito, la valoración de la existencia “interior”, solo puede producirse por el órgano competente para enjuiciamiento, siendo de profusa discusión incluso si esa valoración del elemento subjetivo ha de residir en la declaración de hechos probados de una Sentencia o en sus fundamentos; así se infiere, entre otras, de las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de 7 de junio de 2012 y 15 de noviembre de 2011). No fue el único asunto en que la “discrecionalidad judicial” generó la impunidad de diversos miembros de Podemos; sistémicos antisistemas. En próximas entregas de esta serie que iniciamos hoy, trataremos pormenorizadamente, entre otras muchas cosas, esta serie de asuntos relativos al Central Circle del Podemismo de “SorosAguas”.
Aclararemos mejor lo sucedido, teniendo presente que la Juez, Gladis Lòpez Manzanares, obtuvo, poco después, un ascenso insólito: De juez en un pueblo, a Magistrada en la Capital (Madrid). La corrupción es rentable (para los corruptos).
Lo primero que nos viene a la mente es el Gris, que no es transparencia ni oscuridad. Es confusión.
Se implanta mediante la Desinformación, la cual implica tanto a los Medios de Información, como a las Instituciones del Poder Judicial, que han de esclarecer los Delitos (comportamientos contrarios a la ley, de mayor gravedad).
Son las «Guerras Híbridas Interiores», la guerra de los Partidos Políticos contra los ciudadanos, las que requieren el control gubernamental del Poder Judicial.
En España tenemos una dilatada experiencia en ZONAS GRISES (zonas del Estado donde la Ley no se aplica, permitiendo actuar al Estado conjuntamente con Organizaciones Criminales o Grupos Terroristas en perjuicio del Estado de Derecho, de la Democracia y, especialmente, de los ciudadanos), desde el asesinato de Carrero Blanco, hasta la Esclavitud como «Cuestión de Estado«, principalmente en Huelva (y que se está extendiendo a otras Audiencias), pasando por los asesinatos preelectorales que conocemos como los Atentados del 11 M, para llegar -de momento- a los cientos de millones malversados en Andalucía (al menos, 680.000.000 de Euros), que -con la plena conformidad de los Tribunales-, no serán reclamados a los «agraciados» por este vil desfalco.
Este nombramiento sin motivación alguna, ni mera mención de sus ignotos méritos, es el que le proporcionó el ascenso a la categoría de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo. Cuando cesan en los cargos para lo que fueron nombrados por su adscripción partidista, se quedan con el rango artificialmente adquirido. Y no, no es solo cosa del PSOE. Es competencia del PPSOE, de los Partidos del Régimen del 78.
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La fiscal general Dolores Delgado dimite por razones de salud y deja a su mano derecha
El Gobierno ultima el cese de la fiscal general del Estado, la cual será relevada en el cargo por su mano derecha, el jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado – Europa Press
Dolores Delgado ultima su renuncia como fiscal general del Estado. El Consejo de Ministros de este martes prevé nombrar a su mano derecha, el jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz, que sustituirá a la exministra de Justicia al frente del Ministerio Fiscal, según confirman fuentes fiscales a Vozpópuli. La máxima representante del Ministerio Público dejará su cargo por motivos de salud y personales.
La Fiscalía informa en una nota de prensa que Delgado, que asumió el cargo a comienzos de 2020, ha remitido una carta a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la que le ha expresado su voluntad de apartarse del cargo por motivos de salud. Delgado se sometió el pasado 20 de abril a una intervención de urgencia de la columna vertebral que le mantuvo de baja hasta hace apenas unas semanas, cuando retomó su agenda convocando de nuevo el Consejo Fiscal.
Sorpresa en la Fiscalía
Delgado subraya en la misiva que ha sido una decisión muy difícil ya que ha tenido que conjugar su «vocación de servicio público» con el sentido de la responsabilidad, lo que le ha llevado a la convicción de que no se encuentra en las condiciones físicas necesarias para seguir ejerciendo el cargo. La nota precisa que el balance en estos dos años y medio de mandato es «satisfactorio» y que se han conseguido «hitos históricos» en la carrera fiscal.
«Se han cumplido los objetivos del proyecto, en el que se han logrado hitos históricos para la carrera fiscal y la justicia española y un cambio de paradigma en la Fiscalía centrado en la transparencia, los valores democráticos, los derechos humanos, la perspectiva de género y la protección de los más vulnerables», reza la nota.
El anuncio de su cese ha pillado por sorpresa a gran parte de la carrera fiscal que no se esperaba la decisión de Delgado. El Gobierno anunciará en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que le sustituirá Álvaro García.
El ex Juez corrupto, abogado de Saab, Baltasar Garzón, con su actual pareja Dolores Delgado Fiscal General del Estado Español
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
La Fiscal General del Estado renuncia al cargo por motivos de salud.
La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha remitido una carta a la Ministra de Justicia, Pilar Llop, expresando su voluntad de apartarse de las responsabilidades como Fiscal General del Estado por motivos de salud, para su traslado al Gobierno a los efectos del art. 31.3 EOMF.
El pasado día 20 de abril de 2022, Delgado se sometió a una intervención de urgencia en la columna vertebral, que consistió en la eliminación de un quiste sinovial que comprimía el conducto de las vértebras L2/L3 del lado derecho, así como la eliminación de una fractura de la faceta articular de la vértebra, con una columna muy afectada que obligará a nuevas intervenciones quirúrgicas.
Delgado ha subrayado lo difícil de una decisión en la que ha tenido que conjugar su inequívoca vocación de servicio público con un alto sentido del deber y responsabilidad, lo que le ha llevado a la convicción de que no se encuentra enlas condiciones físicas exigidas para tan alta función.
Para la Fiscal General, el balance de estos dos años y medio de mandato es satisfactorio. Se han cumplido los objetivos del proyecto, en el que se han logrado hitos históricos para la carrera fiscal y la justicia española y un cambio de paradigma en la Fiscalía centrado en la transparencia, los valores democráticos, los derechos humanos, la perspectiva de género y la protección de los más vulnerables.
Madrid, a 19 de julio de 2022
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Vocales del CGPJ cuestionan a Álvaro García por «apariencia de vinculación» con el Gobierno
Los vocales discrepantes con el aval al futuro fiscal general reprochan su participación en un acto político y su cercanía a Delgado y dicen que es «un serio impedimento para garantizar imagen de imparcialidad»
Álvaro García (segundo por la derecha), en una mesa redonda organizada por el PSG
Los siete vocales del CGPJ que se han opuesto a avalar a Álvaro García Ortiz como futuro fiscal general del Estado han cuestionado en un voto particular su cercanía con Dolores Delgado y su participación en un acto del PSOE en el pasado. Según plasman en un voto particular se trata de actuaciones que llevan a «crear una apariencia de vinculación» con el Gobierno y que dañan seriamente la imagen del Ministerio Fiscal.
El voto particular se conoce horas después de que el Pleno celebrado este jueves respaldara con doce votos frente a siete el nombramiento del jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General. El CGPJ se ha dividido en un debate en el que finalmente se ha impuesto el criterio de dar el visto bueno a su nombramiento al cumplir los requisitos exigidos por la Ley, esto es: ser un jurista de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio.
No obstante, estos siete vocales consideran que no es idóneo por su vinculación con Dolores Delgado, su antecesora en el cargo, y también con el PSOE. Así lo han plasmado en el voto particular redactado tras el encuentro, en el que argumentan que concurren una serie de circunstancias que les llevan a concluir que no cumple «con el requisito de la imparcialidad» necesario para ser nombrado fiscal general del Estado.
«No merece un juicio positivo»
«La trayectoria del candidato propuesto para ocupar la Fiscalía General del Estado se liga de manera intensa, desde la responsabilidad reciente que ha ocupado, a la de la fiscal genera, cuya idoneidad ya resultó controvertida. Desgraciadamente, el tiempo y los hechos han dado la razón a quienes negamos esa idoneidad y, en lo que parecen, algunos de los episodios no elogiosos producidos durante esa época no son ajenos a la gestión del candidato«, explican.
Las circunstancias crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye con la percepción de independencia e imparcialidad de la institución
El documento, firmado por los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán y Carmen Llombart, también apela a su trayectoria en la Secretaría Técnica. Según explican, se ha caracterizado durante su mandato «por lo que cabía esperar de ella». «No merece un juicio positivo: en todo este período no se ha formulado ni una sola circular que contribuya a la formación de doctrina o a esclarecer el sentido de las leyes», dicen.
Extracto del voto particular de 7 vocales del CGPJ
Por otro lado, aluden a un encuentro del PSOE en Galicia. Al respecto explican que su participación en actos de la fundación ligada al partido socialista supone un «serio impedimento» para garantizar ante la ciudadanía la imagen de imparcialidad e independencia que se le exige a un fiscal general del Estado. Inciden en que no se discute la libertad de cualquier jurista para participar en las actividades de debate jurídico que tenga por oportuno, pero ello no excluye que juegue en su contra a la hora de otorgarle el aval del CGPJ.
«Incompatible con la neutralidad»
Los vocales explican en su documento que el evento en el que participó García no consistió en un debate de ideas en el marco de una actividad académica, sino de una entidad (un think tank) que proporciona sustento ideológico a un partido político. Por ello precisan que con su participación en el acto se generó «inevitablemente» una apariencia de apoyo a un partido «incompatible con la neutralidad política» que cabe esperar de un miembro de la Fiscalía.
Al respecto fuentes de la Fiscalía consultadas por este medio explican que García participó como fiscal experto en incendios forestales, no en un acto político ni electoral. Asimismo matizaron que esta actuación fue previamente actualizada por la Inspección fiscal de la Fiscalía General y avalada también por el Consejo Fiscal.
Pese a ello, los vocales críticos aseguran que todo ello le vincula al Gobierno. «Estas circunstancias son hechos que, por un lado, crean apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia y, por otro lado, no permiten la formulación de un pronóstico positivo de gestión cuando la pasada, que no le es ajena, se ha hecho acreedora de una valoración negativa, lo que lo comporta que las funciones que debe cumplir estén expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones«, añaden los siete vocales del CGPJ.
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Siete vocales del CGPJ no ven idóneo al sucesor de Dolores Delgado por falta de neutralidad
El Pleno da el visto bueno a Álvaro García como próximo fiscal general del Estado pese a que una facción importante ha cuestionado su idoneidad por falta de neutralidad
El Pleno del CGPJ se ha dividido este jueves en la propuesta de nombramiento de Álvaro García como futuro fiscal general del Estado. Pese a que finalmente se ha avalado al sucesor de Dolores Delgado al considerar que reúne los requisitos legales exigidos para acceder al cargo, un total de siete vocales ha advertido que no es idóneo por falta de cumplimiento de los estándares europeos y falta de neutralidad, según informan fuentes jurídicas a Vozpópuli.
Con todo, la propuesta de Álvaro García ha contado con el respaldo de 12 de los 19 vocales que han participado en el Pleno (deberían ser 21 pero el CGPJ acusa las bajas por jubilación de Rafael Fernández Valverde y por fallecimiento de Victoria Cinto). Entre los votos a favor del sucesor de Dolores Delgado se encuentra el del presidente del órgano, Carlos Lesmes. Los discrepantes, por contra, emitirán voto particular.
De esta forma la propuesta del todavía jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado pasa el primer trámite, relativo al aval del CGPJ, ya que cumple los requisitos exigidos por la Ley, esto es, ser un jurista español de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. El siguiente paso ahora, es comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados antes de que sea nombrado por el Rey.
Mano derecha de Delgado
El Consejo de Ministros propuso a Álvaro García el pasado martes tras conocerse el cese de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por motivos de salud. García ingresó en la carrera en 1998 y tiene acreditados más de 23 años de servicios prestados en la Carrera Fiscal. Comenzó ejerciendo como fiscal coordinador de la entonces Adscripción de Menorca, aunque gran parte de su trayectoria la ha desarrollado como Fiscal delegado de Medio ambiente e incendios forestales en Galicia.
En 2021, tras la llegada de Dolores Delgado a la cúpula del Ministerio Fiscal, fue promovido a la categoría de Fiscal de Sala y nombrado Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica; un órgano asesor del fiscal general del Estado. De hecho, García se ha convertido en mano derecha de Delgado en los más de dos años que ha durado su mandato, convirtiéndose en uno de los fiscales de su máxima confianza.
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Álvaro García, fiscal del Prestige, ‘extensión’ de Delgado y con ‘choques’ con Feijóo
Mano derecha de Delgado, fiscal en el caso ‘Prestige’, delegado de Medio-ambiente y urbanismo en Galicia durante 14 años, el nuevo fiscal general no dudó en participar en actos del Partido Socialista de Galicia
Mapa de los Incendios Forestales en Galicia durante el año 2017
El fiscal de Sala y jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, nombrado por la fiscal saliente y considerado una ‘extensión’ de ella, es el nuevo fiscal general del Estado en sustitución de Dolores Delgado.
Hasta ahora mano derecha de Delgado, Ortiz le sucede en el cargo después de que este martes la fiscal haya anunciado su dimisión poco después de reincorporarse de una baja médica por una operación en la columna vertebral y tras dos años y medio de polémico mandato marcado desde el comienzo por los audios de Villarejo y sus insultos a Marlaska.
¿Quién es Álvaro García Ortiz?
Natural deSalamanca, García Ortiz ha ejercido la mayor parte de su profesión en Galicia durante 18 años, en donde destacó ya como fiscal en el caso ‘Prestige‘. Padre de dos hijos, su pareja es la fiscala especializada en violencia de género Pilar Fernández. Proviene de la Unión Progresista de Fiscales, la misma de Dolores Delgado y que es minoría dentro de la carrera, entidad que presidió entre 2013 y 2017.
Ortiz ingresó en la Carrera Fiscal en el año 1998 y fue fiscal coordinador de la entonces Adscripción de Menorca de los años 2000 a 2002, cuando fue destinado a la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela. Allí fue nombrado Fiscal Especial Coordinador de Incendios de la Comunidad Autónoma desde octubre 2004.
Posteriormente, es nombrado Fiscal delegado de Medio-ambiente, urbanismo, ordenación del territorio e incendios forestales, desde 2007, a nivel provincial y autonómico, hasta marzo de 2021. En 2021, fue promovido a la categoría de Fiscal de Sala y nombrado Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la FGE, un cargo que la propia Delgado se encargó de crear como una extensión de sí misma. García Ortiz cumplió a pies juntillas las órdenes de su superior hasta el punto de ser considerado como su «mano derecha» y su brazo ejecutor.
Enfrentado con Feijóo
Hasta ese cargo en que pasó a la sombra de Delgado, sobresalió como investigador de incendios y de las posibles causas delictivas de los incendios forestales. En octubre de 2017 protahonizó un enfrentamiento con el hoy líder de la oposición y entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien aseguró que tras la racha de incendios de aquel año en Galicia había una trama y una actividad «delictiva homicida» y llegase a plantear el delito incendiario como «terrorista». García Ortiz elaboró un informe y fue tajante al respecto tras el análisis de la Fiscalía: aseguró que no tenían «evidencias de la existencia de ninguna trama» incendiaria. Este informe fue llevado al Parlamento de Galicia en la comisión que investigó la ola de incendios de aquel inicio de otoño.
Ahora pasará a estar al frente de la Fiscalía tras la decisión de Delgado, que dimite haciendo un balance «satisfactorio» de los dos años y medio que ha ostentado el cargo y la convicción de que ha cumplido los objetivos de su proyecto.
Licenciada en Derecho (1980-1985) por la Universidad Autónoma de Madrid.
Miembro de la Carrera Fiscal desde 1987.
Estuvo destinada en la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Barcelona, coordinando, desde 1992 el Servicio de Protección de Menores de la Fiscalía.
En 1993 fue destinada a la Fiscalía de Sevilla, donde trabajó vinculada a las especialidades de Menores y Familia hasta mayo de 2002, coordinando primero el Servicio de Protección de Menores y luego el de Familia.
En 2004 ocupó el puesto de Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Sevilla. Enfocando su trabajo en tres facetas fundamentales: el impulso y materialización del despliegue de las especialidades exigidas por la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 2007, el impulso de la modernización de la organización y gestión de la Fiscalía Provincial, y la tramitación y culminación de procedimientos de transcendencia mediática. Autora de diversas ponencias publicadas en el CEJ, destacando “Apuntes prácticos sobre los procesos de familia. Menores y Protección de Menores” o “Fase de ejecución: en especial, acumulaciones y refundiciones, libertad condicional e indulto. Regulación actual y perspectivas legislativas”. También en Estudios Jurídicos como “El fiscal y las entidades públicas: cuestiones problemáticas en el desarrollo de medidas de protección en relación con los menores de edad”, “La protección de la mujer extranjera en situación administrativa irregular”, o “Apuntes prácticos sobre los procesos de familia, menores y protección de menores”. Así como en Cuadernos de Derecho Judicial, Estudios sobre violencia familiar y agresiones sexuales y La Toga.
En el año 2016 se le concedió la Medalla de Oro de la Provincia por la Diputación Provincial de Sevilla.
El 3 de julio de 2018 tomó posesión ante Su Majestad el Rey Felipe VI como Fiscal General del Estado.
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Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar
Nombramiento: 07/12/2017
Cese: 21/06/2018
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, y Doctor en Derecho por la Universidad de A Coruña, con premio extraordinario.
Ingresó en la Carrera Judicial en 1983 (promoción 29ª), ascendió a magistrado en 1987 por el turno de pruebas selectivas.
Estuvo destinado en la audiencia Territorial de Barcelona, fue Juez Decano de los Juzgados de Santander por elección de sus compañeros, magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJ de Cantabria, Presidente de la Audiencia Provincial de Ávila (1993-2000), y magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde el año 2000 hasta su nombramiento como Fiscal General del Estado.
Cuenta con numerosas publicaciones científicas en revistas especializadas y obras conjuntas, destacando los libros dedicados al estudio del Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal e Inviolabilidad e Inmunidad Parlamentaria, tema sobre el que versó su tesis doctoral.
Entre las distinciones que le han sido concedidas, debe destacarse la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, Cruz distinguida de 1ª Clase, otorgada en 1992, a petición de los colegios profesionales de Santander.
Fue Vocal del Consejo Rector de la Escuela Judicial (2013-2016) y Letrado de la Administración de Justicia (1981-1982). Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
Académico de número de la Institución Gran Duque de Alba, academia cultural abulense.
Durante toda su vida profesional ha venido colaborando con diversas universidades en materia docente, e impartiendo conferencias en el ámbito nacional e internacional.
El 12 de diciembre de 2017 tomó posesión ante Su Majestad el Rey Felipe VI como Fiscal General del Estado.
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Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín
Nombramiento: 25/11/2016
Fallecimiento:18 de noviembre de 2017
Nació en Madrid el 23 de octubre de 1951.
Se licenció en Derecho y en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y obtuvo el título de Diplomado en Criminología por la misma Universidad y en Estudios Avanzados de Derecho Penal por la Universidad Europea de Madrid.
Ingresó en la Carrera Judicial en 1975 y en la Carrera Fiscal en 1978 con el número 1 de su promoción. Ejerció unos años como abogado y como letrado de la Red Nacional de Ferrocarriles y reingresó en la carrera judicial prestando sus servicios en los juzgados de Cangas (Pontevedra), Alacuás (Valencia), Alcorcón número 1 (Madrid) y en el juzgado de distrito número 9 de Madrid.
Entre los cargos que ostentó destacan los de Juez Decano de los Juzgados de Distrito de Madrid, Miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
El 29 de noviembre de 2016 tomó posesión ante Su Majestad el Rey Felipe VI como Fiscal General del Estado.
El 18 de noviembre de 2017 falleció repentinamente en Buenos Aires (Argentina), ciudad en la que se encontraba para participar en la Asamblea de Ministerios Públicos Iberoamericanos.
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Excma. Sra. Dª. Consuelo Madrigal Martínez-Pereda
Nombramiento: 09/01/2015
Cese: 04/11/2016
Nacida en Segovia el 2 de noviembre de 1956, se licencia en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en julio de 1978 con la calificación de sobresaliente.
En 1980 ingresa en la Carrera Fiscal con el número 3 de su promoción. Como fiscal ha estado destinada en las fiscalías de Santa Cruz de Tenerife, Palencia y Madrid, así como en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado. En esta última ocupó la responsabilidad de fiscal de la Secretaría Técnica, siendo fiscal general el Excmo. Sr. D. Carlos Granados.
En febrero de 2008 es promovida a la categoría de Fiscal de Sala y nombrada Fiscal de Sala Coordinadora de Menores. Estando en este cargo se produce la dimisión del que era fiscal general del Estado en ese momento, Excmo. Sr. D. Eduardo Torres-Dulce.
En diciembre de 2014 el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, propone a Consuelo Madrigal como nueva fiscal general del Estado. El 12 de enero de 2015 toma posesión ante Su Majestad el Rey Felipe VI, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo.
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Excmo. Sr. D. Eduardo Torres-Dulce Lifante
Nombramiento: 27/01/2012
Cese: 19/12/2014
Ingresó por oposición en la Escuela Judicial en mayo de 1975. Tras cursar el pertinente período de estudios y prácticas optó por la Carrera Fiscal en el mes de mayo de 1976.
Ha sido Fiscal en las Fiscalías de Sevilla, Teniente Fiscal en la de Guadalajara, y Fiscal en la de Madrid. Desde 1985 estuvo destinado como Fiscal en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. En octubre de 1996, fue ascendido a la categoría de Fiscal de Sala y nombrado Fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. En marzo de 2000 fue nombrado Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Jefe de la Sección de lo Penal, hasta junio de 2005. Posteriormente fue adscrito como Fiscal de Sala a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.
Ha sido miembro de la Comisión de Codificación en su Sección especial para la reforma procesal.
Vocal electivo en el Consejo Fiscal entre 1991-1995, elegido en la lista de la Asociación de Fiscales a la que pertenece desde 1980 y de cuya Junta directiva ha sido vocal entre 1989-1991. Como miembro de dicho Consejo Fiscal ha sido coordinador y componente del Libro Blanco elaborado por el Consejo Fiscal y en el que se abordó la situación actual y propuesta de futuro para el Ministerio Fiscal y la Carrera Fiscal.
En el mes de febrero de 2000, fue elegido Vocal del Consejo Fiscal, como Fiscal de Sala por la candidatura de la Asociación de Fiscales hasta el vencimiento de su mandato en julio de 2005.
En Enero de 2010, fue elegido Vocal del Consejo Fiscal, en la candidatura de la Asociación de Fiscales.
Ha sido profesor de Derecho Penal en el CEU Luis Vives; de Derecho Penal Económico en el Instituto de Empresa y de Práctica Procesal Penal en la Escuela de Práctica Jurídica de ICADE y del Curso Prácticum en la Licenciatura de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
Ha sido profesor de Derecho Penal Procesal y de la Circulación en la Facultad de Ciencias del Seguro perteneciente a la Universidad Pontificia de Salamanca. En la actualidad es profesor de Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Jurídicos.
Es autor de diversas publicaciones y artículos en revistas. Especialmente cabe destacar su participación en el Código Penal comentado (Ed. Colex); Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ed. Colex); Derechos Humanos del Incapaz, Extranjero, del delincuente y complejidad del sujeto (Ed. Bosch); Régimen Jurídico del fútbol profesional (Ed. Cívitas); La posición del Fiscal en la investigación penal. La reforma de la LECR, (CEJAJ-Thomson-Aranzadi).
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Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Tourón
Nombramiento: 23/04/2004
Cese: 16/12/2011
Nació en La Coruña el 22 de septiembre de 1949. Se licenció en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela.
Su entorno familiar, a lo largo de varias generaciones, ha estado formado por eminentes juristas.
Su abuelo paterno, D. Cándido Conde Pumpido, fue Presidente de las Audiencias Territoriales de La Coruña, Valladolid y Valencia.
Su padre, D. Cándido Conde Pumpido Ferreiro ha desempeñado importantes destinos tanto en la Judicatura como en la Carrera Fiscal.
En 1974 inició su carrera profesional como Juez de Primera Instancia e Instrucción en Puebla de Sanabria (Zamora) y Carballino (Orense).
En febrero de 1981 ascendió a Magistrado, trasladándose al País Vasco, como Magistrado de la Audiencia Provincial de San Sebastián, ciudad en la que también ejerció como profesor universitario, y en la que permaneció hasta diciembre de 1985. En esa fecha el Consejo General del Poder Judicial le nombró Presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, destino en el que fue renovado en 1991.
En 1995 fue nombrado Magistrado de la Sala Segunda del Supremo, siendo entonces el Magistrado más joven de este alto tribunal con 46 años.
Miembro de Justicia Democrática, fue uno de los fundadores de la Asociación Jueces para la Democracia, de la que ejerció como primer portavoz (1984-1986), repitiendo en el cargo en 1992-1994. Durante su estancia en San Sebastián fue también uno de los fundadores, en 1984, de la Asociación Pro Derechos Humanos en el País Vasco, así como de la Asociación Magistrados Europeos para los Derechos y las Libertades (MEDEL).
El 23 de abril de 2004, fue nombrado Fiscal General del Estado.
El 14 de mayo de 2008, toma posesión de su segundo mandato como Fiscal General del Estado, por un periodo de cuatro años, siendo el primer Fiscal General del Estado nombrado conforme al nuevo sistema establecido por la Reforma de 2007 del Estatuto del Ministerio Fiscal de la que ha sido uno de los promotores más destacados.
Es consejero nato del Consejo de Estado desde mayo del año 2004.
El 7 de noviembre de 2006, en el marco de la XIV Asamblea de la AIAMP (Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos) celebrada en Santiago de Chile, fue elegido Vicepresidente de la Asociación.
En octubre de 2007, en la XV Asamblea celebrada en Madrid, fue elegido Presidente de la AIAMP, cargo que ejerció hasta noviembre de 2009, como primer mandato, y para el que fue reelegido en la XVII Asamblea de la AIAMP, celebrada en Antigua Guatemala, y ejercerá hasta noviembre de 2011.
En febrero de 2009 participó en la Corte de Casación de París en la constitución de la Red de Fiscales Generales de los Tribunales Supremos de la Unión Europea. En mayo del mismo año fue elegido, en Praga, Presidente de la Red.
Ha sido profesor de Derecho Civil en la Universidad del País Vasco, Facultad de Derecho de San Sebastián (1981-1986) y en la Universidad Complutense, en el Colegio Universitario de Segovia (1986-1998).
Es autor de numerosas publicaciones en materia penal y procesal, entre las que destacan «Los Procesos Penales» (2000), «La Ley de Responsabilidad Penal de los Menores. Doctrina y Jurisprudencia» (2001), «Tratado Práctico de los Procesos de Extranjería» (2002), «Los Juicios Rápidos, el Procedimiento Abreviado y los Juicios de Faltas» (2003), «Manual del Jurado» (1996), o «Comentarios al Código Penal de 1995» (2007), en colaboración con otros autores.
Es Profesor “Honoris Causa” de la Escuela Nacional del Ministerio Público de la República Dominicana.
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Excmo. Sr. D. Jesús Cardenal Fernández
Nombramiento: 16/05/1997
Cese: 23/04/2004
Nació en Pesquera de Duero (Valladolid), el 20 de febrero de 1930 1.
Obtuvo la Licenciatura en Derecho por la Universidad de Valladolid en el año 1955, con Premio Extraordinario. En 1977 obtuvo el Grado de Doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra con la calificación “cum laude”.
La Tesis Doctoral “El tiempo en el cumplimiento de las obligaciones”, fue publicada después como monografía jurídica en 1979 en la Editorial Montecorbo de Madrid. En 1958 ingresó en la Escuela Judicial optando por la Carrera Fiscal y al término del Curso en el referido Centro, el 29 abril 1960 es destinado como Abogado Fiscal a la Fiscalía de la entonces Audiencia Provincial de Bilbao, donde permaneció 37 años hasta que fue nombrado Fiscal General del Estado el 19 mayo 1997 cuando ostentaba la Jefatura de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 2 .
En 1984 accedió a la condición de Profesor Titular de Derecho Civil de la Facultad de Económicas del País Vasco, al superar las pruebas de idoneidad que se establecieron al respecto. Permaneció como profesor de la citada Facultad hasta el Curso Académico 1988-1989, pasando posteriormente a la situación de excedencia por razón de incompatibilidad de los cargos de Fiscal y Profesor Titular de Universidad.
Durante los años 1977 a 1987, de conformidad con la legislación entonces vigente, simultaneó el cargo de Fiscal de la Audiencia Territorial de Bilbao con la de Juez Unipersonal de Menores de Bilbao, actividad en la que cesó por incompatibilidad establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 para desempeñar las funciones de Fiscal y de Juez de Menores.
Tras su jubilación se dedicó al ejercicio de la Abogacía. Está en posesión de la Cruz distinguida de Primera Clase y de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
Notas:
(1) Expediente personal custodiado en el Archivo de la Fiscalía General del Estado, caja nº 237, y datos aportados por el biografiado.
En 1965 comenzó a impartir clases de la Asignatura de Introducción al Derecho y Derecho Civil en la Facultad de Ciencias Políticas y Empresariales de la Universidad Autónoma del País Vasco.
En 1984 accedió a la condición de Profesor Titular de Derecho Civil de la Facultad de Económicas del País Vasco, al superar las pruebas de idoneidad que se establecieron al respecto. Permaneció como profesor de la citada Facultad hasta el Curso Académico 1988-1989, pasando posteriormente a la situación de excedencia por razón de incompatibilidad de los cargos de Fiscal y Profesor Titular de Universidad.
Durante los años 1977 a 1987, de conformidad con la legislación entonces vigente, simultaneó el cargo de Fiscal de la Audiencia Territorial de Bilbao con la de Juez Unipersonal de Menores de Bilbao, actividad en la que cesó por incompatibilidad establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 para desempeñar las funciones de Fiscal y de Juez de Menores. Tras su jubilación está dedicado al ejercicio de la Abogacía. Está en posesión de la Cruz distinguida de Primera Clase y de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
(2) Nombrado para este cargo por Real Decreto 2380/86 de 31 de octubre publicado en el BOE del 14 de noviembre
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Excmo. Sr. D. Juan Cesareo Ortiz Úrculo
Nombramiento: 06/09/1996
Cese: 16/05/1997
Nació1 en Bilbao, el 25 de mayo de 1939.
Su Padre, D. Victoriano Ortiz Gez-Coronado, fue Magistrado y Presidente de la Audiencia Territorial de Oviedo2 .
Cursó los estudios de la Licenciatura de Derecho en la Universidad de Zaragoza, obteniendo el Doctorado en la Universidad Complutense de Madrid en los años 1975/76, con la máxima calificación académica.
Desempeñó su actividad profesional en la Carrera Fiscal, la docencia y la investigación jurídica.
Ingresó en la Carrera Fiscal en 1967, ocupando cargos de Fiscal en las Audiencias de Bilbao en 1967, Barcelona en 1968 y Bilbao, de nuevo, en los años 1969 a 1975.
En 1975 es nombrado Fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid 3 , puesto en el que continuó hasta el año 1984, en el que obtuvo el destino de Fiscal ante el Tribunal Constitucional donde permaneció hasta septiembre de 1996, en cuya fecha fue nombrado Fiscal General del Estado.
En 1977, en el Primer Gobierno de la Monarquía, fue nombrado Inspector General de Servicios del Ministerio de Educación, durante seis meses.
En 1982 fue enviado por el Fiscal General del Estado a Paris, donde efectuó un curso de seis meses (enero a junio) en la Escuela de la Magistratura Francesa, juntamente con magistrados franceses, sobre el ordenamiento procesal francés y en especial del proceso penal.
En mayo de 1997, al cesar en el anterior cargo, regresa su destino de Fiscal ante el Tribunal Constitucional.
Por RD 1651/1997, de 31 octubre 4 ascendía a la categoría de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo y fue nombrado para el cargo de Fiscal Jefe de la Fiscal Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, en el que permanecería hasta el 18 de julio de 2000.
Por RD 1375/2000, de 19 de julio, fue nombrado Fiscal Jefe de la Fiscal ante el Tribunal Constitucional, cargo en el que permanecería hasta su jubilación en el año 2009.
Fue elegido Presidente de la Comisión Ejecutiva y Portavoz de la Asociación de Fiscales durante los años 1989 a 1996.
Ha sido Profesor en la Universidad Complutense, en la Cátedra del Profesor Uría, en el Curso 1967/68. En la Universidad de Barcelona fue Profesor Ayudante de Derecho Penal en la Cátedra del Profesor Pez Vitoria, en el Curso 1968/69. Profesor Encargado de Curso de Derecho Penal de la Universidad de Deusto (Bilbao), Cursos 1971 a 1975. Profesor Ayudante de Derecho Mercantil, en la Cátedra del Profesor Aurelio Mendez, en la Universidad Autónoma de Madrid, Curso 1975/76; Profesor de ICADE (Madrid), Cursos 1987 a 1994. Profesor del Centro de Estudios Universitarios (CEU), Madrid, Cursos 1979/1980 y 1980/1981. Profesor Ayudante y Encargado de curso en el Departamento de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid desde el Curso 1977, continuando después como Profesor Asociado hasta 1999, interviniendo en esta Universidad en diversos seminarios de su especialidad.
También ha sido Profesor de la Escuela Judicial en los Cursos 1982, 1983, 1985 y 2001 a 2005.
Entre sus publicaciones destacan su colaboración en el libro colectivo Autos del Tribunal Constitucional, Cortes Generales: 1987 y 1995 (2 Tomos); Jurisprudencia Penal Colex, años 1981 a 1992. Resumen Jurisprudencial Constitucional, Colex, 1993. Código Penal de 1973, editorial Colex, nueve ediciones, de 1984 a 1995, con comentarios: en las tres primeras ediciones a los arts. 420 a 428, 443, 444, 452 bis c) y g), 468, 487 y 501 a 516; en las siguientes ediciones, a los arts. 500 a 564 (Delitos contra la propiedad). Código Penal de 1995, editorial Colex, Doce ediciones /1996- dos ediciones-, 1997 a 2005, y 2007 y 2008) con comentarios y jurisprudencia a los Títulos VI (Delitos contra la libertad), XIII (Delitos contra el patrimonio y el orden socio económico) y XVII, capítulo I (Riesgo Catastrico) y Capítulo II (Incendios) del Libro II, y también del Libro III (Faltas y sus penas), Disposiciones Adicionales, Transitorias, derogatorias y Finales. Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, libro con comentarios jurisprudenciales, editorial Colex 1995 (1ª edición) y Colex 2008 (2ª edición). Igualmente tiene publicados numerosos trabajos sobre temas jurídicos en forma de ponencias y colaboraciones y ha impartido un gran número de conferencias.
Destaca su intensa actividad asociativa en la Carrera Fiscal, habiendo sido Presidente de la Comisión Ejecutiva y Portavoz de la Asociación de Fiscales por elección democrática durante los años 1989 a 1996, hasta que fue nombrado Fiscal General del Estado.
Ha sido condecorado con la Cruz distinguida de primera Clase de San Raimundo de Peñafort (1983) y con la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort (2005)
Notas:
(1) Síntesis extraída de los datos aportados por el propio personaje y de las bases de datos del BOE.
(2) Hoy Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.
(3) Hoy Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
(4) BOE 1-11-1997
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Excmo. Sr. D. Carlos Granados Pérez
Nombramiento: 03/06/1994
Cese: 06/09/1996
Nacia1 en Melilla, el 3 de octubre de 1943.
Su padre, D. Miguel Granados Lez, perteneció también a la Carrera Judicial2 .
Desarrolla su actividad profesional en la Carrera Judicial, la docencia y la investigaci. En 1970 ingrespor oposici en la Carrera Judicial desempendo los destinos de Juez de 1Instancia e Instrucci de Pola de Laviana (Asturias) y Chiclana de la Frontera (Ciz) en 1972.
En 1980 asciende a Magistrado ocupando la titularidad del Juzgado de Instrucci n1 de Pamplona, pasando poco despu al Juzgado de Instrucci n10 de Madrid y m tarde a la Presidencia de la Secci 2de la Audiencia Provincial de Madrid.
Con posterioridad, el 1 junio 1989 es designado Magistrado del Gabinete Tnico del Tribunal Supremo desde donde es nombrado en junio 1992 Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
El 3 junio 1994 es nombrado Fiscal General del Estado a propuesta del Gobierno socialista de Felipe Gonzez Mquez. El 7 julio 1994 toma posesi como Consejero de Estado nato, cesando en ambas funciones el 9 septiembre 1996, fecha en la que reingresa como Magistrado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Como docente ha sido Profesor-Tutor de Derecho Procesal I y II y de Derecho Civil IV en el Centro Asociado de Ciz de la Universidad Nacional de Educaci a Distancia durante los cursos 1977/78 a 1979/80.
En el Centro de Estudios Judiciales fue profesor de la asignatura “Organización de Tribunales” en el Curso de Jueces durante el período 1987 a 1993.
Ha dirigido y sido ponente en numerosos Cursos de Formaci organizados por el Consejo General del Poder Judicial dentro del Plan Estatal de Formaci, tales como “La individualizaci y ejecuci de las penas” (30, 31 de marzo y 1 de abril de 1993), “Problemas actuales y soluciones de futuro en el bito del Derecho Penal y Procesal” (Escuela de Verano del Poder Judicial. La Coru, 1999), y otros muchos.
Ha sido tambi Profesor en Jornadas organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia de Argentina sobre la reforma del proceso penal argentino (Buenos Aires, julio 1992) y en el Curso sobre Derecho Comunitario, organizado por la Comisi Europea, celebrado en Bruselas en octubre de 1995.
Ha intervenido como conferenciante o ponente en m de cien congresos o actos juricos abarcando prticamente todas las materias de Derecho Penal y Procesal Penal.
Tiene publicados numerosos artulos doctrinales sobre Administraci de Justicia y Derecho Penal y los libros El delito contable, Instituto de Estudios Fiscales (1996); (Varios) Derechos a Tribunales independientes e imparciales, 50 Aniversario de los Derechos Humanos. Centro Internacional de Estudios Policos (1998); Acuerdos tomados en las Juntas Generales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para unificaci de la Jurisprudencia, Tirant lo Blanch, 1edici (2000), este mismo libro pasa titularse Acuerdos del Pleno de la Sala del Tribunal Supremo para unificaci de jurisprudencia, en su 2(2003) y 3edici (2009); La criminalidad organizada: aspectos sustantivos, procesales y orgicos, 2001; El Ministerio Fiscal tras la Constituci, en el Libro conmemorativo de los 25 as de la Constituci. Instituto Internacional de Estudios Policos, enero 2003; Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito de trico de drogas, La Ley, 2007; Varios Comentarios al Cigo Penal, editorial Bosch, 2007; Responsabilidad civil ex delicto, La Ley 2010.
Notas:
(1) Stesis extraa de la biografia aportada por el propio personaje y de las Bases de datos
(2) Entre otros destinos ocupel Juzgado de primera Instancia e Instrucci nero 1, Decano de los de Madrid y Presidente de la Secci Segunda de la Audiencia territorial de Madrid. En 1968, fue condecorado con la Gran Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort.
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Excmo. Sr. D. Eligio Hernández Gutiérrez
Nombramiento: 10/04/1992
Cese: 27/05/1994
Nació1 en El Pinar (Isla del Hierro – Canarias), el 24 de julio de 1947, tiene por tanto en la actualidad 64 años.
Obtuvo la Licenciatura en Derecho por la Universidad de La Laguna y el Título de Diplomado de Derechos Humanos por la Universidad de Estrasburgo.
Su actividad profesional posterior se ha centrado en el seno de la Carrera Judicial, en la política y en el ejercicio de la Abogacía.
Dentro de su actividad profesional, en 1974 ingresa por oposición en el Cuerpo de Letrados Sindicales de la antigua A.I.S.S. y trabaja en la sede de Santa Cruz de Tenerife. En 1976 ingresa en la Carrera Judicial y es destinado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Telde.
En el año 1978 es destinado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Icod de Los Vinos y sirve por prórroga de Jurisdicción los Juzgados de Granadilla de Abona y La Orotava.
En el año 1980 asciende a Magistrado y es destinado al Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional.
Ese mismo año es destinado como Magistrado-Juez de Primera Instancia, al Juzgado nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria.
En el año 1985, al crearse el Tribunal Superior de Justicia de Canarias obtiene destino como Magistrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho Tribunal, con sede en Santa Cruz de Tenerife, hasta el año 1999 en que pasa a la situación de excedencia forzosa, y a excedencia voluntaria en junio de 2002.
Es Abogado en ejercicio de los Ilustres Colegios de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
En el campo de la política, bajo el gobierno del PSOE, en diciembre de 1982 es nombrado Gobernador Civil de Tenerife.
En julio de 1984 es nombrado Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias y Gobernador Civil de Las Palmas.
En noviembre de 1990 es designado por el Senado Vocal de Consejo General del Poder Judicial.
En abril de 1992 es nombrado Fiscal General del Estado, cargo en el que permanecerá hasta junio de 1994.
En mayo de 1995 es elegido Diputado en el Parlamento Canario, escaño que ocupará hasta 1999, en que abandona la política activa.
Ha estudiado y publicado las biografías de algunos personajes políticos canarios de la II República, como por ejemplo Juan Negrín López2 y D. José Franchy y Roca 3 . Forma parte de La Academia Canaria de la Lengua en la que ingresó con el discurso: “La aportación de los republicano canarios a la democracia española”.
Fue Ponente del Estudio sobre Inmigración del Gobierno de Canarias.
Durante su actividad en el Parlamento Canario fue miembro de la Diputación Permanente, de la Comisión de Economía, Comercio, Industria, Aguas y Energía, de la del Estatuto de los Diputados, de la del Estudio sobre el régimen específico de abastecimientos de Canarias, de la del Estudio sobre la posible instalación de una lanzadera de cohetes y de la de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico, habiendo presentado numerosas iniciativas parlamentarias.
Es miembro del Instituto Venezolano de Cultura Hispánica, Vicepresidente de la Fundación Canaria «Juan Negrín», y Académico de Número de la Academia Canaria de la Lengua.
Ha sido distinguido con las siguientes Condecoraciones:
Cruz de 1ª Clase de San Raimundo de Peñ
Gran Cruz del Mérito Militar.
Medalla al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco.
Notas:
(1) Síntesis extraída de la biografía proporcionada por el biografiado.
Colección histórica de la Gaceta del BOE.
Crónica de España. 1994: Barcelona. Ed. Plaza & Janés Editores S.A. 2 vol. 1026-1027p.
Expediente personal del Archivo General del Ministerio de Justicia caja nº 25503, expediente. nº 6355.
(2) Médico y eminente científico canario que, además de ser el titular de diferentes carteras ministeriales, presidió la II República durante el período, del 17 de mayo de 1937 al 31 de marzo de 1939.
(3) Fiscal General de la República durante el período comprendido entre el 1 de agosto y 23 de diciembre de 1931
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Excmo. Sr. Leopoldo Torres Boursault
Nombramiento: 26/01/1990
Cese: 10/04/1992
Nació 1 en Valdeavellano de Tera (Soria), el 12 de enero de 1941. Es hijo de Rafael Torres Balbás, hermano del conocido Arquitecto, Arqueólogo e Historiador del Arte, Leopoldo Torres Balbás, gran especialista en Arte Musulmán de la Península Ibérica que revolucionó el mundo de la Restauración y Rehabilitación de edificios en el siglo XX 2 .
Cursó la Carrera de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid durante el período 1958-63. Amplió estudios de Derecho Comparado en las Universidades de Estrasburgo (Francia) y de Helsinki (Finlandia), obteniendo la Licenciatura en Derecho Comparado por ambas Universidades (1963).
Forma parte del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde 1965.
Su actividad profesional se ha desarrollado en el ejercicio de la Abogacía, la política y la docencia e investigación.
Ha sido profesor adjunto de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense (1965-69) y Profesor del Instituto de Criminología de Madrid y del Centro de Estudios Judiciales (1965-68).
Es miembro de la Corte Española de Arbitraje del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, de las Cortes de Arbitraje de las Cámaras de Comercio de Madrid y Cantabria, así como del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). Formó parte del equipo fundador de la revista “Cuadernos para el Diálogo” y pertenece al Patronato de la Fundación Sistema y al Consejo de Redacción de las revistas “Sistema” y “Temas para el debate”.
Secretario General del “Movimiento Internacional de Juristas Católicos” (1970-1974), ha formado parte, posteriormente, de varias misiones internacionales de observación en materia de Derechos Humanos, en Chile, Portugal, Brasil, Francia, Turquía, Rumanía, Italia, Islandia, Albania, Benin e Isla Mauricio.
Formó parte como Juez “ad hoc” del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (1987-94) y ha sido representante de España en el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa, del que también fue Vicepresidente (1988-1990 y 1992-2000).
Ha sido miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas (2006-09).
Desde el 31 de enero de 1990 al 11de abril de 1992 desempeñó el cargo de Fiscal General del Estado y Consejero nato del Consejo de Estado.
Militante del PSOE desde 1973, fue Secretario Político del Comité Provincial de Madrid en la clandestinidad, miembro del Comité Federal del Partido entre 1982 y 1988 y Presidente del Partido Socialista de Castilla-La Mancha desde 1985 a 1988.
Ha sido Asesor Jurídico de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y Patrono de la Fundación Pablo Iglesias.
Fue miembro de la Delegación española en la 64ª Conferencia de la OIT en Ginebra en 1978, como experto designado por la Unión General de Trabajadores.
Fue elegido Diputado a Cortes por Guadalajara desde 1979 y reelegido en las Elecciones Generales de 1982 y 1986. Fue Secretario del Congreso de los Diputados en la 1ª Legislatura (1979-82) y Vicepresidente Primero de la Cámara en la 2ª y 3ª Legislaturas (1982-1989).
Intervino como Ponente en la redacción de los Estatutos de Autonomía de Castilla-La Mancha, de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid, de reforma del Código de Justicia Militar, de la Ley de Arbitraje, de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y otros.
Fue Presidente de la Comisión de Investigación sobre financiación de los partidos políticos, de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas y de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Comunidades Europeas. Es Socio de Honor de la Asociación de ex Diputados y ex Senadores de las Cortes Generales, de la que fue fundador y Secretario General.
Ha sido distinguido con las siguientes condecoraciones:
Medalla de Oro de Guadalajara
Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort
Gran Cruz de la Orden al Mérito Bernardo O´Higgins, de Chile
Gran Cruz de la Orden do Cruzeiro do Sul, de Brasil
Gran Cruz de la Orden del Águila Azteca, de México
Oficial de la Orden de la Legión de Honor, de Francia
Notas:
(1) Síntesis extraída del Índice Biográfico de España, Portugal e Iberoamérica(IBEPI), 2ª edición corregida y ampliada, editado por Víctor Herrero Mediavilla, K.G. Saur München, 2000 (Biblioteca Nacional), en el que se recogen las biografías publicadas en Documentación española contemporánea (Ed.): Quién es quién en las Cortes Generales. 1979-1083, 1908, págs. 154 y 155.
Datos proporcionados por el propio personaje;
Colección histórica Gaceta del BOE;
Servicio de Archivo, Biblioteca y Documentación del Congreso de los Diputados
Crónica de España. 1994: Barcelona. Ed. Plaza & Janés Editores S.A. 2 vol. 1026-1027p.
Expediente personal del Archivo General del Ministerio de Justicia caja nº 25503, expediente. nº 6377.
(2) Su padre era el conocido Geógrafo y Académico de la Historia Rafael Torres Campos, muy vinculado a la Institución Libre de Enseñanza.
Su tío, Leopoldo Torres Balbás, entre su inmensa labor como Restaurador y Arqueólogo, es conocido especialmente por la Restauración de la Alambra y el Generalife, la Mezquita de Córdoba y las ruinas de Madinat-al- Zahra.
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Excmo. Sr. D. Javier Moscoso del Prado y Muñoz
Nombramiento: 19/09/1986
Cese: 26/01/1990
Estudió Derecho en la Universidad de Zaragoza y posteriormente se diplomó en Derecho Comparado en la Universidad de Estrasburgo. Es Doctor en Derecho, Abogado del Estado y miembro de la Carrera Fiscal desde 1960 en cuyo desempeño estuvo destinado en Pamplona durante más de 20 años, como Fiscal de la Audiencia Territorial de Navarra.
Posteriormente sería nombrado Fiscal del Tribunal Supremo en abril de 1987.
Su actividad profesional se ha desarrollado, por tanto, en la Carrera Fiscal, la política y posteriormente en la empresa privada.
En las Elecciones Generales de 1979 fue elegido Diputado al Congreso por Navarra, por Unión de Centro Democrático (UCD).
En 1982, junto con otros miembros de UCD seguidores de la línea política socialdemócrata de Francisco Fernández Ordóñez, fundó el Partido de Acción Democrática (PAD) a cuya ejecutiva perteneció hasta su integración en el Partido Socialista Obrero Español, en 1983.
Ese mismo año, como miembro de esta formación política fue elegido Diputado por la circunscripción de Madrid, escaño que renovó después en las elecciones de 1982-1986 y en las de 1986-1989, por la circunscripción de Murcia.
En la formación del primer Gobierno del PSOE (1982), Felipe González le nombró Ministro de la Presidencia, cargo que ocupó hasta el final de la legislatura y en cuyo desempeño, llevó a cabo importantes reformas de la Función Pública
En relación con el ámbito jurídico y judicial, ocupó cargos de la relevancia de Fiscal General del Estado, Director General de Justicia, Vocal del Consejo General del Poder Judicial y Secretario General de la Sociedad de Autores.
En la actualidad es Presidente del Consejo de Redacción de la Editorial Aranzadi-Thomson, cargo desde el que ha impulsado la edición de numerosos textos legales.
En el año 1990 se le concedió la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
Como Fiscal General centró su actividad en materias como la intervención del Fiscal en las cuestiones de inconstitucionalidad y en los procesos de separación y divorcio, siendo importantes sus aportaciones en materia organizativa y procesal en cuestiones como el papel de las Juntas de Fiscalía que asumen importantes funciones en garantía del principio de unidad de actuación y la puesta en marcha de la reforma del procedimiento abreviado.
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Excmo. Sr. D. Luis Antonio Burón Barba
Nombramiento: 16/12/1982
Cese: 19/09/1986
Nació1 en Fuenteovejuna (Córdoba), el 18 de marzo de 1918 y murió en Madrid, el 17 de agosto de 1995 a los 77 años de edad.
De origen rural, su actividad profesional se desarrolla primero en el Magisterio Nacional en 1940 y posteriormente en el seno de la Carrera Judicial desde 1945 hasta que es nombrado Fiscal General del Estado, cargo que ocupa entre los años 1983 a 1986, compatibilizando esta actividad con la investigación y la docencia jurídica.
Cursó bachillerato como alumno interno en el Real Colegio de la Asunción de Córdoba, ciudad, en la que posteriormente terminó la carrera de Magisterio. Durante cuatro años, entre 1940 y 1944, ejerció como maestro en la pedanía murciana de Baños y Mendigo y en Bujalance, en la provincia de Córdoba.
En sólo tres años se licenció en Derecho por la Universidad de Sevilla.
Ingresó por oposición en la Carrera Judicial en 1945, desempeñando su cargo en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Vélez Rubio (Almería) y en los de Hinojosa del Duque y Bujalance (Córdoba).
Tras ascender a Magistrado en agosto de 1956, fue destinado al Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Bilbao, ciudad en la que permaneció ocho años, durante los que también desempeñó funciones docentes como profesor de Derecho Político y de Derecho Civil en la Universidad de Deusto y en otros centros académicos.
Trasladado a Madrid en el año 1964, ejerció como Juez trece años.
Buen conocedor de los idiomas francés, inglés y alemán, tradujo la obra La Justicia para todos, de Casamayor, editada por Vicens-Vives, y fue invitado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para conocer la Justicia Estatal y Federal de dicho país durante los meses de septiembre y octubre de 1965.
En 1970, designado por el Ministerio de Justicia, asistió al curso anual del “Centro degli Magistrati, Luigi Severini” en Perugia, Italia.
Fue uno de los integrantes y miembro fundador del grupo de Jueces, Fiscales y Secretarios de Justicia Democrática, defensores durante el franquismo de la restauración de la democracia. Sus ideas sobre la Justicia y el Derecho tuvieron influencia decisiva en los primeros documentos elaborados en la clandestinidad por esta formación.
Desde 1977 sirvió el cargo de Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En 1981 sería promovido a Magistrado del Tribunal Supremo y el 16 de diciembre de 1982 fue propuesto para el cargo de Fiscal General del Estado, por el primer Gobierno socialista de la Monarquía constitucional, presidido por D. Felipe González Márquez, a instancias del Ministro de Justicia D. Fernando Ledesma Bartret.
En ese cargo destaca su intervención personal en 1983 en el informe del recurso de casación interpuesto contra la benigna sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar en la causa seguida contra los golpistas del 23 F.
En 1984 tomó por propia iniciativa la decisión de querellarse contra Jordi Pujol y otros dirigentes de Banca Catalana, iniciativa que molestó al Gobierno y precipitó su dimisión en 1986.
El 8 de mayo de 1986 sufrió un atentado de la banda terrorista ETA, del que salió ileso.
Se jubiló el 18 marzo 1987, aunque permaneció como Magistrado suplente en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo hasta el mismo año de su fallecimiento que se produjo el 17 agosto 1995.
Jurista de fina sensibilidad social y gran cultura, una selección de su obra se encuentra publicada en el libro Democracia y Derecho, CajaSur, Córdoba, 1998.
Fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
Notas:
(1) Síntesis extraída de la biografía a cargo del Fiscal de Sala D. José Mª Paz Rubio, publicada en el libro Democracia y Derecho, Cajasur, Córdoba, 1998, en el que se recogen diversos escritos del biografiado, págs. 11 y 12. También de la Colección histórica Gaceta del BOE, Crónica de España. 1994: Barcelona. Ed. Plaza & Janés Editores S.A. 2 vol.; Necrológicas publicadas en los diarios El Mundo (18 agosto 1995) y El País (18 agosto 1995).
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Excmo. Sr. D. José M. Gil-Albert Velarde
Nombramiento: 14/11/1980
Cese: 15/12/1982
Nacio1 en Villarcayo (Burgos) el 25 de febrero de 1925 y murió en Logroño el 14 de diciembre de 2007, a los 82 años de edad.
Su padre, D. Alberto Gil-Albert de Nava, también fue Fiscal, carrera en la que ingresó en febrero de 1923 y en la que desempeñó destinos en Orense2 y Barcelona 3, entre otros, jubilándose por Decreto de 21 de febrero de 1963.
Cursó Bachillerato en el Colegio de los PP. Escolapios de Logroño y la carrera de Derecho en la Universidad de Zaragoza en la que obtuvo la licenciatura en 1949. Se especializó en Derecho Penal y fue miembro numerario del Instituto de Estudios Riojanos.
Su actividad profesional la dedicó fundamentalmente al ejercicio de la Abogacía y la política.
Miembro del Partido Demócrata Cristiano, de cuya Comisión Ejecutiva y Comité Político formó parte, fue candidato al Congreso de los Diputados, por Logroño por esta formación política4 , en las elecciones generales del 15 junio 1977, habiendo sido elegido en la Legislatura constituyente 1977-1979.
Fue Presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados y el 15 julio de 1978 fue nombrado Director General de Justicia, a propuesta del Ministro de Justicia, el Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina y Presidente del Gobierno, el Excmo. Sr. D. Adolfo Suárez González.
Tras la desaparición del Partido Demócrata Cristiano por fusión con la U.C.D., fue de nuevo elegido Diputado por Logroño, en la I Legislatura 1979-1982, a lo largo de la cual formó parte de las Comisiones de Asuntos Exteriores y de Justicia.
Intervino muy activamente en la formación y constitución de la Comunidad Autónoma de La Rioja en la redacción de cuyo Estatuto participó, al igual que en los de Cataluña y el País Vasco.
Tuvo también un papel destacado en la elaboración de otras normas de enorme trascendencia como el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la Ley General Penitenciaria.
En noviembre de 1980 fue nombrado Fiscal General del Estado cargo en el que permanecería hasta diciembre de 1982.
Tras la desaparición de la UCD, abandonó la política activa y se retiró a Logroño para ejercer la Abogacía
Fue distinguido con la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.
Notas:
(1) Síntesis extraída del Índice Biográfico de España, Portugal e Iberoamérica (IBEPI), 2ª edición corregida y ampliada, editado por Víctor Herrero Mediavilla, K.G. Saur München, 2000 (Biblioteca Nacional), en el que se recogen las biografías publicadas en Documentación española contemporánea (Ed.): Quién es quién en las Cortes Generales. 1979-1983. 1980, p. 222; González Vera, Elías (Ed.): Quién es quién en España, 1985, p. 223; Campillo Alonso, José Luis (ed.): Quién es quién en España, 1989, p. 224;
Servicio de Documentación, Biblioteca y Archivo del Congreso de los Diputados, Bibliografía de Diputados.
Colección histórica de la Gaceta del BOE; Crítica de España. 1994: Barcelona. Ed. Plaza & Jan Editores S.A. 2 vol. 1026-1027p.
Expediente personal del Archivo General del Ministerio de Justicia caja n13848, expediente. n4541.
(2) En 1928, como Teniente Fiscal
(3) En 1963, como Abogado Fiscal
(4) Integrada en la coalición de Unión de Centro Democrático
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Excmo. Sr. D. Juan Manuel Fanjul Sedeño
Nombramiento: 13/01/1978
Cese: 14/01/1980
Nacia1 en Melilla el 16 de noviembre de 1914 y fallecien Madrid el 3 de febrero de 1989 a los 75 años.
Estudiel Bachillerato en el Colegio de los Jesuitas de Madrid, y se licencien la Facultad de Derecho de la Universidad Central de la capital.
Su actividad profesional se desarrollen el campo de la polica y la abogac. Estuvo vinculado al rimen franquista desde su origen, en el que fue Vicesecretario General del Movimiento entre 1938 y 1939 y Consejero Nacional hasta 1943, a en que fue destituido por el apoyo prestado a la restauraci monquica.
Ocupesca como Procurador en Cortes en 1943 y en 19672 .
Ejerció la Abogacía desde diciembre 1939, siendo Secretario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y del Consejo Nacional de la Abogacía desde 1959 a 1963.
Pertenecia la Comisión de Legislación Extranjera del Ministerio de Justicia.
Ocupó tambien puestos de responsabilidad en diferentes empresas y bancos: Banco Popular Español, Compañia Hispano Americana de Seguros y Reaseguros, Sociedad Espala de Radiodifusión, Sociedad Comercial de Nitratos de Chile, Fincosit Ibica, de la Sociedad Anima Lator, Banco de Andalucía.
Fue colaborador del periodico ABC en la sección titulada “La sentencia de la Semana”. Perteneció a la Asociación Mundial de Juristas “La Paz mediante el Derecho”, de la cual fue Presidente en España.
Fue condecorado con la Gran Cruz al Mito Civil3 en 1972, la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort 4 en 1979 y la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III5 en 1980.
Entre sus publicaciones destacan: La responsabilidad civil de los profesionales, Madrid, 1960; La reforma de la empresa capitalista, Madrid,1967 y158 sentencias del Tribunal Supremo, Madrid, 1973.
Notas:
(1) Hijo del General Joaqu Fanjul Go que participó en la sublevación del Cuartel de la Monta y posteriormente fue juzgado por rebelión militar, condenado y fusilado en agosto de 1936.
(2) Archivo del Congreso de los Diputados (signaturas: A.C.D. Serie documentación Electoral, 182, n2 y 193, n6)
(3) RD 2637/1972 de 30 de septiembre (BOE de 2/10/1972)
(4) RD 113/1979 de 25 de octubre (BOE de 26/01/1979)
(5) RD 2856/1980 de 14 de noviembre (BOE de 8/01/1981)
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Excmo. Sr. D. Eleuterio González Zapatero
Nombramiento: 10/12/1976
Cese: 13/01/1978
Nació el 4 de mayo de 19161 . Estudió en la Universidad de Salamanca, doctorándose en 19412 .
Su carrera profesional se desarrolló dentro de la Carrera Fiscal y en la politica. En 19473fue promovido a la plaza de Abogado Fiscal de ascenso y tras declararse excedente voluntario en 1948, reingresen el servicio activo en 1950 4 con la categoría de Abogado Fiscal de ascenso en la Audiencia Provincial de Murcia.
Un a m tarde fue nombrado para la plaza de Teniente Fiscal de la Audiencia Provincial de Murcia 5. En 1952 obtuvo la plaza de Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid 6 y fue nombrado Fiscal de ascenso en febrero de 1964 7 .
En 1965 fue nombrado Director General de Archivos y Bibliotecas 8 . Posteriormente ocupo los siguientes cargos: Director de la Escuela de Partica Juridica de la Facultad de Derecho de Madrid en 1965 y Subsecretario del Ministerio de Justicia en 1975.
Fue condecorado con la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 9 , la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort 10 en 1967 y la Gran cruz de San Raimundo de Peñafort en 197611 .
Notas:
(1) Stesis extraa del dice Biogrico de Espa, Portugal e Iberoamica(IBEPI), 2 edici corregida y ampliada, editado por Vtor Herrero Mediavilla, K.G. Saur Mchen, 2000 (Biblioteca Nacional), en el que se recogen las biografs publicadas en Gonzez Vera, E. (Ed.): Herdica, Gu de Sociedad, 1980, p. 449. Entre los fondos del Archivo General del Ministerio de Justicia figura el expediente personal de Eleuterio Gonzez Zapatero (Legajo n13847, expte. N4498) pero no se conserva dicho expediente.
Martez Neira, Manuel, “Sobre el doctorado en Derecho en la Salamanca contemporea” en Juristas de Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2009, pp. 353-371. En este artulo se recoge la informaci relativa a los cursos de doctorado de D. Eleuterio Gonzez Zapatero, incluida su fecha de nacimiento.
(2) Obtuvo la calificaci de Sobresaliente con premio extraordinario. El tulo de su tesis fue “Organizaci judicial y procesal del Santo Oficio”.
(3) Orden de fecha 26/09/1947 (BOE n280, de 07/10/1947)
(4) Orden de fecha 31/12/1949 (BOE n7, de 07/01/1950)
(5) Orden de fecha 16/03/1951 (BOE n123, de 03/05/1951)
(6) Orden de fecha 19/01/1952 (BOE n25, de 25/01/1952)
(7) Decreto 198/1964, de 6 febrero (BOE n33, de 07/02/1964)
(8) Decreto 618/1965, de 8 marzo (BOE n73, de 26 marzo)
(9) Decreto 1676/1968, de 18 de julio (BOE n172, de 18/07/1968)
(10) Orden de fecha 18/07/1967 (BOE n193, de 14/08/1967)
(11) Decreto 149/1977, de 24 de enero (BOE n32 de 06/02/1976)
SOBRE EL CASO DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, DIGO DEL PsPSOE: EL NOMBRAMIENTO DE SU AMIGA LOLA: Ahora utiliza los medios PUBLICOS de comunicación («medio de comunicación propio de la FGE, Infofiscalía»):
Artículo 542 Código Penal: «Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes».
Otros Derechos Cívicos; como el Honor de Doña Consuelo y la Libertad de Información de 47 millones de españoles.
Es posible -además de justo y deseable- inhabilitar al nombrador de fiscales del PsPSOE
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Manuel Moix. Su polémico nombramiento fue cosa del Fiscal General del Estado del PP, el fallecido Maza.
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Los fiscales exigen la dimisión de García Ortiz por usar «información manipulada» para desacreditar a Madrigal
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https://www.eldebate.com/espana/20230607/fiscales-exigen-dimision-garcia-ortiz-usar-informacion-manipulada-desacreditar-madrigal_119971.html
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