Ni hay baremos; ni hay anuncio de las condiciones requeridas para cada puesto, ni tampoco la justificación de las razones por las que se elige a uno y no a otro, son honestas. Se ocultan las verdaderas razones de la elección, que no tienen nada que ver con el mérito y la capacidad, ni con la experiencia, ni con el trabajo desempeñado, ni con nada de todo esto.
Podrían discutirse las bases para establecer las exigencias de cada puesto. Pero no, aparentemente, es solo un concurso de méritos, concebidos estos con amplitud. Pero luego se elige por criterios subjetivos, cuando no caprichosos o arbitrarios, y obedeciendo en muchas ocasiones al reparto de candidatos entre los pertenecientes a las asociaciones profesionales. Esta vergüenza la llevamos padeciendo décadas.
Por eso la promoción en la Fiscalía es una farsa y las complicidades con este sistema equivocado son muy evidentes.
El corrupto ex Juez, Baltasar Garzón, con su actual pareja, Dolores Delgado, Fiscal General del Estado Español
El sistema de promoción en la Fiscalía es, en su conjunto, una farsa. Si por farsa se entiende, como sostengo, «una acción realizada para fingir o aparentar«. Aquí estamos ante un sistema pomposo, lleno de trámites a cumplir, pero que intrínsecamente busca poder conferir toda la libertad al FGE para elegir a quien le de la gana para cada puesto. Para contentar a los perjudicados por este sistema, de tanto en tanto, se hacen concesiones, repartiendo un poco. Pero ese reparto está también viciado por la falta de garantías. Vamos a ver: para que haya un sistema objetivo, ha de acreditarse la intención de quien interviene de actuar de manera imparcial y objetiva. Eso está acreditado que no ocurre. Cada asociación presente en el Consejo Fiscal tira para los suyos, y no de ahora, sino desde siempre. Se ha normalizado ese modo de actuar. Además, debería haber unas reglas mínimas de evaluación, un sistema de baremo de méritos, un sistema de clasificación de los candidatos, unas exigencias anunciadas antes para cada puesto que se intenta cubrir. Pues no.
Ni la Sección Permanente de Valoración (concebida en 2009 como una aproximación a la valoración de méritos) funciona, ni ha funcionado nunca; ni hay baremos; ni hay anuncio de las condiciones requeridas para cada puesto, ni tampoco la justificación de las razones por las que se elige a uno y no a otro, son honestas. Se ocultan las verdaderas razones de la elección, que no tienen nada que ver con el mérito y la capacidad, ni con la experiencia, ni con el trabajo desempeñado, ni con nada de todo esto.
Es práctica frecuente en estos tiempos que se llame por la Fiscalía General a fiscales para que pidan determinados puestos. Cuando llaman, se sabe que van a ser designados, y por tanto, otros candidatos ya no piden, porque además se hace saber que se ha llamado a tal o cual candidato. Si se sabe el nombre del elegido antes de conocer con quien puede competir, es claro que el concurso es una farsa. Las razones para elegir a unos y no a otros, no son objeto de contraste.
Por ejemplo, elegir a alguien para un puesto porque hay que incrementar la cuota de mujeres en ciertos puertos, sería un argumento si no hubiera otras mujeres candidatas que la elegida, y especialmente si se anunciara en la convocatoria. Pero no se hace así: en realidad, cuando conviene elegir a una determinada mujer, el argumento del género se hace constar en la motivación. Y si lo que conviene es elegir a un determinado varón, se omite toda referencia al género.
Si se sabe el nombre del elegido antes de conocer con quien puede competir, es claro que el concurso es una farsa. Las razones para elegir a unos y no a otros, no son objeto de constraste
Voy, simplemente a título de ejemplo, a comparar un poco las trayectorias de las elegidas en el último concurso para dos plazas en el Tribunal Supremo con algunos datos de otros candidatos. Han sido elegidas las candidatas número 14 y número 24 de entre los peticionarios por orden de antigüedad. La 24 era la última de todos los candidatos. Ellas no tienen ninguna culpa de ser elegidas, vaya por delante, y por lo tanto, las felicito cordialmente. Pero unos datos nos ayudarán a entender porque digo que esto más que un concurso de méritos, es una auténtica farsa y un timo profesional para muchos fiscales. De la número 14 se resalta en la Nota Informativa de la Fiscalía, que es fiscal desde 1989, que desde 2015 está destinada en la Inspección Fiscal, y que fue vocal del Consejo Fiscal entre 2012 y 2014.
Se omite que pertenece a la AF, y que aquel fue el famoso Consejo Fiscal autor del atropello que sufrió el fiscal Juan Antonio Frago, al que expulsaron injustamente con el voto favorable del Consejo Fiscal, y que supuso una condena durísima de la Audiencia Nacional a la Fiscalía. Bueno, cosas que pasan.
De la número 24, que ingresa en la Carrera en 1994, se resalta que es una superespecialista en violencia de género, algo que sin duda debe ser verdad. Además, es Juez excedente. Los currículums de ambas acreditan que son dos buenas profesionales, pero no se aprecian méritos objetivos tan extraordinarios para superar a 13 y 23 compañeros y compañeras, respectivamente, con más antigüedad en el escalafón. Por ejemplo, la número 24 tiene una única publicación, un artículo publicado en un curso, en 2013. La número 14 recoge tres publicaciones de artículos doctrinales en su CV: el más antiguo de 2006; el más reciente de 2015. Hay candidatos con mucha mas producción científica (por ejemplo, el número 6, que además de haber sido fiscal jefe durante más de 15 años, tiene dos libros publicados, además de más de 10 artículos doctrinales). El numero 4 tiene un curriculum objetivamente mucho mejor. Doctor en Derecho, con amplísima experiencia internacional en la OLAF, y con una variedad en su experiencia (que incluye haber sido profesor asociado de derecho penal muchos años, o acreditar docencia de doctorado en inglés, o varias publicaciones) incomparable con las elegidas. ¿Que no son mujeres? Vale (aunque esa exigencia hay que avisarla antes del concurso). Pues hay varias mujeres fiscales, de la máxima categoría profesional que ocupan los números 1, 2, 3, 7, 8 y 10, con muchos más años de servicio profesional, con mucho mayores responsabilidades profesionales asumidas (ha habido fiscales jefas en funciones, teniente fiscal durante muchos años de la Fiscalía Anticorrupción, Asistente nacional en Eurojust, o tenientes fiscales de la Fiscalía de Madrid, ni más ni menos) y además con mayor experiencia docente y producción científica.
Compañeras que sacan más de 500 números en el escalafón y en algún caso más de diez años de prestación de servicios. Sobre eso, ni la Asociación de Fiscales, ni especialmente la Unión Progresista de Fiscales, dan explicaciones. Y por supuesto, la Fiscal General del Estado, nombra a quien quiere, pero que no se nos diga que es en atención al mérito y la capacidad, porque no es verdad
Compañeras que sacan más de 500 números en el escalafón y en algún caso más de diez años de prestación de servicios. Sobre eso, ni la Asociación de Fiscales, ni especialmente la Unión Progresista de Fiscales, dan explicaciones. Y por supuesto, la Fiscal General del Estado, nombra a quien quiere, pero que no se nos diga que es en atención al mérito y la capacidad, porque no es verdad. Si para una plaza hace falta (o se prefiere) alguien que haya pasado por el Consejo Fiscal, por la Inspección o ser una mujer, o una especialista en violencia de género, habría que indicarlo en la convocatoria. De esa manera, podrían discutirse las bases para establecer las exigencias de cada puesto. Pero no, aparentemente, es solo un concurso de méritos, concebidos estos con amplitud. Pero luego se elige por criterios subjetivos, cuando no caprichosos o arbitrarios, y obedeciendo en muchas ocasiones al reparto de candidatos entre los pertenecientes a las asociaciones profesionales.
Esta vergüenza la llevamos padeciendo décadas. Y es que no basta con resaltar lo brillante que es el elegido: hay que decir porqué es mejor que el no elegido. Especialmente cuando el escalafón nos marca ya un orden. Decir que la mejor es la última de los peticionarios requiere algo más que resaltar sus méritos. ¿O es que los 22 anteriores son unos incompetentes? ¿O es que no le importan a nadie? ¿O es que no tienen las influencias necesarias? ¿A que me voy acercando a la verdadera razón…?
Las verdaderas razones de los nombramientos se esconden en muchos casos. Por eso la promoción en la Fiscalía es una farsa y las complicidades con este sistema equivocado son muy evidentes.
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Salvador Viada
Salvador Viada Bardají ingresa en las Carreras Judicial y Fiscal en 1984. Permanece en excedencia en la Carrera Judicial. Ha desempeñado sus funciones como fiscal en las Fiscalías de Barcelona, Granada, Sevilla y Madrid.
En 1995 fue destinado a la Fiscalía Anticorrupción, donde ejerció hasta 2003 habiendo sido hasta esa fecha miembro de la Red Judicial Europea. En ese año es contratado por la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para los crímenes cometidos en durante la guerra de la Antigua Yugoslavia trabajando en La Haya, Holanda, durante tres años y unos meses.
En 2005 es nombrado Fiscal del Tribunal Supremo y se incorpora a dicha Fiscalía en abril de 2006.
Es autor y conferenciante en numerosas cuestiones de derecho penal y procesal penal, especializado en delincuencia económica y delincuencia penal internacional. Profesor asociado de derecho penal y procesal en la Universidad Complutense de Madrid en diversas ocasiones, hasta septiembre de 2011 lo fue en la cátedra de derecho penal. Fundador de la página web de derecho penal Wikipenal. Autor del blog Justicia Imparcial (justiciaimparcial.com)
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¿De quién depende la Fiscalía?
La Fiscal General del Estado actual, que es elegida tras cesar como ministra de Justicia, tiene un claro compromiso con el Gobierno
La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. Isabel Infantes / Europa Press.
¿Cómo se puede controlar la Fiscalía por el poder ejecutivo? Eso sería posible si los fiscales fuéramos servidores de otra cosa diferente a la aplicación imparcial de la ley, que es lo que somos. Por tanto, no es fácil hacerlo con la ley en la mano. Pero hay mecanismos que permiten mantener cierto control, cierta influencia matizada pero evidente, del poder político en la institución, especialmente en la jerarquía de la misma (y esta es una institución fundamentalmente jerarquizada).
La pieza fundamental para ello, es, naturalmente, la figura del Fiscal General del Estado. Al Fiscal General lo elige el Gobierno, con la intervención simbólica del CGPJ y del Parlamento. No es sencillo elegir a la persona adecuada si el propósito de quien selecciona es convertir a la Fiscalía en una institución “afín” al Gobierno. Por eso ha habido Fiscales Generales “buenos” o “menos malos”, junto con otros realmente militantes. Y es que no basta con que sea una persona ideológicamente próxima, hace falta “compromiso”, “militancia” con el Gobierno para conseguirlo. Luego hay más cosas, pero esta es la primera y más importante de las claves de control. En el caso que la Fiscalía española padece en estos tiempos, el Gobierno ha acertado plenamente para hacer realidad aquello de ¿de quién depende la Fiscalía?
Y no solo porque evidentemente, la FGE actual, que es elegida tras cesar como ministra de Justicia, tiene un claro compromiso con el Gobierno. En el caso actual, la fiscal general, además, cree que tiene una misión diferente de exigir ante los Tribunales la aplicación de la ley con imparcialidad: la de ejecutar “la política criminal del Gobierno”. Lo repite constantemente: ella es la encargada de dicha misión. Por supuesto, no hay base alguna en la ley, ni en la Constitución para entender tal cosa. Al contrario, la ley no autoriza al Gobierno a forzar al Fiscal General a adoptar ningún tipo de actuación, pero eso no parece evitar el convencimiento de que esa misión existe, aunque no se ha hecho público por el Gobierno cual es el contenido específico de ella.
A partir de ahí, las cosas que vienen ocurriendo se entienden mejor: se entiende que la Fiscal General, so pretexto de ejecutar una determinada, concreta y desconocida “política criminal” en la Fiscalía y a través de los Tribunales donde se juzga a las personas (impropio lugar para hacer política, en mi opinión), se sienta liberada para poder administrar la institución como lo haría (como lo hizo) con un Ministerio. La confianza en los fiscales para formar “su equipo” es el criterio fundamental, y por eso acude una y otra vez al granero de su antigua asociación para los puestos de mayor rango profesional, la Unión Progresista de Fiscales. Necesita “un equipo”, olvidando que los fiscales ni somos ni creo que nos sentimos “equipo” de nadie más que de quienes defienden la aplicación imparcial de la ley. Pero eso son minucias.
Las cosas que vienen ocurriendo se entienden mejor: se entiende que la Fiscal General, so pretexto de ejecutar una determinada, concreta y desconocida “política criminal” en la Fiscalía y a través de los Tribunales donde se juzga a las personas
Se entiende también que niegue abiertamente contenidos profesionales a la primera sesión de un Consejo Fiscal que se constituye casi dos meses después de las elecciones y no va a volver a convocar hasta la segunda quincena de septiembre, ya que considera que el castigo electoral que le ha infligido la carrera lo convierte en un órgano incómodo para esa “misión” que cree que tiene. Se negó a que se discutiera ninguna de las propuestas que los vocales electos traíamos para debate en el primer Consejo que se celebró. ¿Para qué hacemos entonces elecciones los fiscales, prometiendo a nuestros compañeros que lucharemos por sus derechos, por la independencia de la Fiscalía, si la FGE llegado el caso, no nos deja incluir dichas propuestas para que se debatan en el Consejo Fiscal?
Se entiende también el autobombo con el que defiende su gestión como ministra –obviando los méritos de personas como Manuel Dolz, su secretario de Estado, a quien ahora margina, verdadero artífice de muchas cosas que ahora se atribuye en exclusiva-, en lugar de analizar las causas por las cuales la Fiscalía padece una tremenda crisis de credibilidad, y las razones por las cuales la Carrera ha propinado un severo varapalo al modo como se hacen las cosas últimamente, y que obedece en mi opinión, precisamente a las consecuencias de esa “misión” que la Fiscal General se atribuye.
Se entiende, por último, que no se haya tenido empacho en mantener diligencias penales abiertas contra un fiscal unos meses más del tiempo que el Instructor de las mismas había acordado –además, haciéndolo de un modo asombrosamente irregular-, y de esa manera poder conformar mejor “su equipo” liberado de personas que no considera adecuadas. Si hemos llegado a eso, cualquier cosa puede ser posible en el futuro: generando miedo en los fiscales se intenta también conceder poco espacio para las aventuras heroicas de nadie. Es el conocido “palo y la zanahoria” del que hablaba aquel político togado del PP para controlar a los jueces.
Pero no es la figura del FGE la única pieza necesaria –aunque si la más importante- para poder influir en la Fiscalía. La Fiscalía es quizá el único órgano personalidad jurídica propia y con relevancia constitucional (art. 2 del EOMF) que no tiene presupuesto propio que administrar. Se trata de un órgano “integrado en el Poder Judicial con autonomía funcional” (art. 2 del EOMF). Integrado en el poder Judicial, no en el Ejecutivo. Por supuesto que ningún Fiscal General del Estado, al margen de lamentar ese hecho, ha luchado con el Gobierno para que eso cambie. Ni fiscales generales nombrados por el PP, ni por el PSOE. Pero es que eso es un aspecto fundamental para que la Fiscalía tenga autonomía real y no dependa de que el Ministerio autorice según el momento, gastos necesarios para la institución, que incluyen no solo aquellos relacionados con las necesidades de la actuación sustantiva de la institución, sino también otros relacionados con las obligaciones de la Fiscalía para con los fiscales. Al conferirle personalidad jurídica propia, el legislador establece que el Ministerio Fiscal tiene capacidad para poseer y administrar un patrimonio, para adquirir y poseer bienes de todo tipo, capacidad para contratar, y desde luego, capacidad para administrar su propio presupuesto.
Por supuesto que ningún Fiscal General del Estado, al margen de lamentar ese hecho, ha luchado con el Gobierno para que eso cambie. Ni fiscales generales nombrados por el PP, ni por el PSOE
La decisión de que el Ministerio Fiscal, al igual que otros órganos constitucionales, como el CGPJ, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado o el Tribunal Constitucional, tenga una dotación diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado es meramente política. El art. 74 de la Ley 47/2003 permite que eso pueda ser así, pero hace falta una decisión política: incluir en la ley una cláusula autorizando dicha dotación diferenciada, como por ejemplo se recoge para el Consejo de Estado en el art. 27 de la LO 3/1980. Pero es que además, que la administración del presupuesto de la Fiscalía pasara del Ministerio de Justicia al Ministerio Fiscal, visto que la inmensa mayoría de los gastos son de personal, no habría de suponer ningún tipo de impacto efectivo negativo en las cuentas, pero si en incrementar la autonomía de la institución. Es raro que los Gobiernos no hayan reparado en este hecho, que tendría un impacto reputacional enorme, salvo por su afán de mantener amarrado al Ministerio Fiscal con lazos invisibles: ¿De quien depende la Fiscalía?.
Aún hay otra pieza más que mantiene esos lazos con el ejecutivo al margen de lo que dice la ley (“integrado en el poder judicial, con autonomía funcional”): la potestad reglamentaria. Hoy, esa potestad reglamentaria sobre el Ministerio Fiscal la tiene el Ministerio de Justicia. Acaba de publicarse un Reglamento del Ministerio Fiscal, salido de las cocinas del Ministerio de Justicia. ¿Cómo es posible que la ley no prevea que el Ministerio Fiscal pueda dictar los reglamentos que desarrollen las leyes que rigen su propio funcionamiento? Pues es posible porque los sucesivos Gobiernos de la democracia mantienen respecto del Ministerio Fiscal una cómoda concepción de “amigo” en los Tribunales, al modo de la Ley Orgánica del Estado de 1967: el Ministerio Fiscal es órgano de comunicación del Gobierno con los Tribunales. Y eso ya no es así ni en la ley y en la Constitución ni en la vocación de los fiscales. ¿De quien depende entonces la Fiscalía? Del Gobierno, no. El Gobierno elige (y eso debería ser modificado para que el Parlamento tuviera mucho mayor poder en la selección de candidatos), al Fiscal General. Y, siendo eso mucho, ahí se debería acabar su influencia. La Fiscalía tiene autonomía en su actuación, “integrada en el Poder Judicial”. Y por tanto, como institución, la Fiscalía -ni su titular- no depende de nadie, aunque deba dar cuenta al Parlamento cuando se le reclame por éste.
Salvador Viada Bardají es fiscal, vocal del Consejo Fiscal y portavoz de la APIF (Asociación Profesional e Independiente de Fiscales)
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«La Justicia nos importa un carajo. Lo que queremos es que nos den la razón, y a eso llamarle Justicia»
Parece que resulta irrelevante que los Jueces sean nombrados y promovidos por los corruptos nombrados por otro poder todavía más corrupto, el Político.
Y unos (Jueces carentes de Imparcialidad, el peor de los males de la judicatura) y otros (Jueces Políticos) deben su posición preeminente a la CORRUPCIÓN INFORMATIVA que cobra por publicar hagiografías de corruptos, a quenes después, desinformados, elegimos, para finalmente, procesarlos -al menos intentarlo- para que sean los Jueces que ellos habían elegido, quienes los juzguen.
Y vuelta a empezar con la Desinformación:
LOS JUECES DEPENDIENTES DE LOS POLÍTICOS HAN HABLADO: ¡¡QUE SE CALLE LA RAZÓN!!
Y dando otra vuelta de tuerca al dogal de los Siervos que nos creemos Ciudadanos, pasamos a defender la Independencia Judicial, para que continúen siendo parciales. Independencia de los Jueces, para que puedan ser parciales. Es la absoluta perversión del Estado de Derecho; su desaparición y sustitución por un Estado Arbitrario.
Todo se ha pervertido. Porque hoy, la Corrupción Judicial (o la falta de imparcialidad judicial, dicho de modo más «discreto») aparece, no como mal menor, sino como bien mayor.
Y, además, es necesario revisar la actuación del Ministerio Fiscal, que formando -conforme a la Constitución- parte del Poder Judicial, se ha convertido en una Dependencia más del Poder Ejecutivo, en un engranaje político en manos del Gobierno, una palanca política potencialmente capaz de forzar la voluntad del entero Poder Judicial; malversando la IMPARCIALIDAD JUDICIAL y destruyendo el Estado de Derecho, en favor de intereses partidistas, de parte (PARCIALES). Con la descarada pretensión de poner a Jueces y Fiscales al servicio de la Corrupción Política, que tiende a abarcarlo todo.
Porque «La Justicia nos importa un carajo. Lo que queremos es que nos den la razón, y a eso llamarle Justicia».
Chus
LA PARTICULA DE MOIX; Corrupción y Anticorrupción a la vez.
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