header ('Content-type: text/html; charset=utf-8');

EL «RÉGIMEN DEL 78», LA MEGAMÁQUINA DE ROBAR HEREDADA DEL FRANQUISMO. «DESPUÉS DE FRANCO, LAS INSTITUCIONES»: «De camisa vieja a chaqueta nueva», Película de Rafael Gil (1982).

DE CAMISA VIEJA A CHAQUETA NUEVA, película 

***

«DESPUÉS DE FRANCO, LAS INSTITUCIONES»

Del Franquismo a la Democracia

EL RÉGIMEN DEL 78, la Megamáquina de robar heredada del franquismo.

Recuerdo los 20 de Noviembre, con Franco en el Balcón del Palacio de Oriente. Pensábamos que le levantaban el brazo para que creyésemos que seguía vivo. Lo necesitaban. Los mismos que entonces le levantaban el brazo siguen siendo quienes hoy mandan en España; bueno, sus sucesores. Una familia aumentada con algunos de sus sicarios, que fueron «elevados», más que ascendidos, con el paso de las décadas. Ejercen el Poder sobre nosotros sin presentarse a elección alguna, desde sus Consejos de Administración y sus Cargos dotados de Autoridad. Pero, por fin, sin tener que avergonzarse ante el mundo; ahora el expolio queda santificado por la ilusión de la Democracia, el espectáculo de masas presentado por un siniestro nigromante, que unas veces tiene forma de Magistrado, otras tiene forma de Institución Bancaria, pero que puede tener o cualquier otra forma o sustancia que el dinero pueda comprar, al que llamamos «Régimen del 78».

Una vez muerto Franco, el deseo de los franquistas («Después de Franco las instituciones«), se presentó como la lucha de las «familias» franquistas cara a la definición del nuevo régimen postfranquista, cuyo desenlace determinó el contenido de la Constitución de 1978.

 

«El franquismo y sus fundamentos autoritarios y antidemocráticos continúan estando presentes en una parte del  poder judicial”, que tiende a «restringir gravemente y hasta suprimir, derechos civiles democráticos que nos parecían irreversibles, recurriendo incluso a un incremento de la penalización de ciertas conductas consistentes en el ejercicio de aquellos derechos…”. (“Jueces pero parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial”, de Carlos Jiménez Villarejo  y Antonio Doñate).

«La élite económica y social de este país, representada por la derecha, sigue pensando que el país es suyo, y en parte lo creen con razón, ya que nunca les fue arrebatado. A la muerte de Franco aceptaron que era inevitable aprobar nuevas reglas, sí, pero se encargaron de que dichas nuevas reglas no supusieran una completa ruptura con el pasado. Así que nadie detuvo a los torturadores, nadie obligo a los ladrones a devolver lo robado, nadie expulsó de la carrera judicial a los jueces franquistas, nadie desposeyó de nada a las grandes fortunas que se hicieron sobre la rapiña de la guerra y la posguerra; las reglas cambiaron mansamente para ellos  y aunque llegó la democracia, la derecha quiso que eso no implicara pérdida de privilegios ni de poder. No voy a entrar en si se pudo o no se pudo hacer de otra manera, esa es otra cuestión. Se hizo así y así estamos» (Beatriz Gimeno).

Nadie quiere que tengamos «Memoria Histórica» del final de la Dictadura. 

Señala el analista Germán Gorráiz, como «el establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español que serían los herederos naturales del legado del General Franco y que habrían fagocitado todas las esferas de decisión”.

 

Recuerdo los 20 de Noviembre con Franco en el Balcón del Palacio de Oriente. Pensábamos que le levantaban el brazo para que creyésemos que seguía vivo. Lo necesitaban. Los mismos que entonces le levantaban el brazo siguen siendo quienes hoy mandan en España, bueno, sus sucesores. Una familia aumentada con algunos de sus sicarios, ascendidos. Ejercen el Poder sobre nosotros sin presentarse a elección alguna, desde sus Consejos de Administración y sus Cargos dotados de Autoridad. Pero, por fin, sin tener que avergonzarse ante el mundo; ahora el expolio queda santificado por la ilusión de la Democracia, el espectáculo de masas presentado por un siniestro nigromante, unas veces con forma de juez, otras con forma de banquero, pero que puede tener o cualquier otra forma o sustancia que el dinero pueda comprar, al que llamamos «Régimen del 78». FOTO: 20N 1975

 

Después de Franco, las Instituciones.

Como hacer una «Transición» que no afecte al status quo del poder.

A comienzos de los años sesenta la oposición, tanto la interior como la exterior, estaba desmoralizada y desorganizada, era muy débil, y el régimen de Franco, tras la ruptura del cerco internacional establecido tras la guerra mundial, se había consolidado.

 

el crecimiento económico alcanzado durante esta década otorgó al franquismo amplios apoyos sociales. Pero estas nuevas clases medias apenas muestran interés en cuestionar el sistema político y en buena medida se identifican con la jefatura de Franco, convirtiéndose en la pieza clave de la legitimación de su régimen. Es decir, un amplio sector de la sociedad de entonces colabora con la dictadura, mucho más allá de lo que ahora se quiere reconocer.

 

Ciertamente el marco político no parece haber sido un motivo de especial preocupación para el conjunto de la sociedad, inmersa en una etapa de crecimiento económico y de aspiraciones materiales que, a diferencia de etapas anteriores, en parte pueden ser cubiertas.

La inmensa mayoría de los ciudadanos se mantiene al margen o se niega a colaborar con las actividades de la oposición hasta finales de los sesenta, bien por falta de identidad con los ideales de una izquierda muy ideologizada, o por la mezcla de miedo y resignación de las clases populares obligadas a vivir en unas condiciones de vida extremadamente duras durante la posguerra y después atraídas por la posibilidad de una mejora material que no habían imaginado.

En cualquier caso, entonces la crisis del régimen parece haber sido mucho más una crisis de sucesión y de distanciamiento creciente entre la sociedad y el régimen que una crisis consistente en la erosión del régimen como consecuencia de la labor de la oposición.

El 9 de febrero de 1962, mediante carta dirigida al presidente del Consejo de la Comunidad Económica Europea (CEE), el gobierno español solicitó de este organismo la apertura de negociaciones para una eventual asociación susceptible de llegar en su día a la integración. La propuesta no fue bien recibida y las negociaciones fracasaron como consecuencia de la decisión de la CEE de vincular el ingreso de nuevos miembros a condiciones geográficas, económicas y políticas. En el caso español pesaron las políticas.

El Tratado de Roma de 1957, por el que se creó la CEE, no especificaba este tipo de condicionante para la adhesión, pero con anterioridad a la solicitud de Franco, en enero, se había planteado el problema en el seno del Parlamento Europeo y éste había aprobado el Informe Birkelbach, que en su punto 25 establecía: “La garantía de la existencia de una forma de Estado democrático en el sentido de una organización política liberal es una condición para la adhesión”.

Pese a que en 1970 el Estado español obtiene de la CEE un acuerdo preferencial favorable, sectores cada vez más amplios de la clase política franquista y los más dinámicos de la burguesía industrial y financiera expresan y explican en diferentes foros la necesidad de que España se incorpore al proceso de unidad económica de Europa. Unos y otros son conscientes de que el crecimiento sostenido de la economía española exige una relación más estrecha con la CEE.

Recordemos que el crecimiento y la liberalización de la economía española, a la vez causa y resultado de una integración cada vez mayor en el sistema económico europeo, coinciden en el tiempo con el auge de la Comunidad Económica Europea.

 

el rechazo de la CEE a la incorporación de España hace del europeísmo una bandera y un elemento de presión contra el régimen, dado que el veto político sitúa a la sociedad española ante la circunstancia de que la forma de régimen no es la adecuada para un país en vías de modernización y que tiene como marco geográfico de relación privilegiada a Europa occidental; además la necesidad de esta homologación no es reivindicación principal de las formaciones antifranquistas que se mueven en la clandestinidad, pero sí, cada vez más, de los sectores sociales que durante tres décadas se han identificado con el franquismo y reclamado formas políticas autoritarias

 

Sin embargo, no se debe olvidar que el desarrollo económico español sirvió, primeramente, en los años cincuenta y sesenta para consolidar el régimen (el crecimiento económico fue el nuevo elemento de legitimación del régimen, mucho más presentable que la victoria en una guerra civil), y que si bien el crecimiento económico puede poner en marcha un proceso desestabilizador del sistema político dictatorial, nunca es la única explicación del mismo.

En España la transformación de la estructura social no exigía el tipo de transición que después tendría lugar, la particular resolución española de la crisis del régimen, ni explica el resultado final del proceso de transición.

 

junto a los cambios estructurales, debemos atender a los factores políticos, entendiendo por tales la competencia por el poder y los privilegios derivados del mismo

 

Por lo tanto, junto a los cambios estructurales, debemos atender a los factores políticos, entendiendo por tales la competencia por el poder y los privilegios derivados del mismo, y las diferentes concepciones y estrategias desarrolladas por las fuerzas que participan, en mayor o menor medida, primero en el diseño de una reforma del sistema y después en el proceso de cambio de régimen.

La transformación socio-económica, y el hecho de que el intervencionismo delEstado en la economía hubiese dado lugar a la fundación de numerosas empresas de capital público, supuso un cambio profundo en el tamaño y el papel del Estado desde comienzos de los años sesenta. Y el aumento de funcionarios y servidores del Estado contribuyó “a liquidar la base institucional del poder de la coalición autoritaria originaria«.

Esto no significa que los grupos fundacionales del régimen dejen de tener a sus miembros situados en la cumbre del sistema, donde se deciden los asuntos de mayor relevancia política. Pero las rivalidades surgidas entre los grupos políticos franquistas son diferentes a las de décadas anteriores.

Ahora las disensiones en el interior del régimen se desarrollan en dos niveles principales. En primer lugar en el de la esfera gubernamental, mediante la competencia protagonizada entre dos equipos políticos delimitados, pero no perfectamente cohesionados: el equipo tecnocrático, y el conformado por el personal procedente y ligado al aparato del Movimiento, cada uno de los cuales cuenta con un proyecto diferenciado para encarar la institucionalización del régimen y la sucesión cuando ésta tenga lugar.

Los tecnócratas, conocidos así por su gestión al frente de los ministerios económicos y el énfasis puesto en los conceptos de modernización eficacia, ofrecen una imagen de unidad en razón tanto de la existencia de un programa común, aunque con notables matices personales, como de la pertenencia de buena parte de sus miembros al Opus Dei (Carrero, desde su posición de mano derecha de Franco, había promovido el acceso al poder de personas vinculadas, por lo menos espiritualmente, al Opus Dei y reducido la presencia de los hombres de Falange y Acción Católica en el Gobierno y la Administración).

 

Gracias a Carrero, y al asentimiento de Franco, los tecnócratas alcanzan una posición hegemónica en las tareas de conducción del Estado a finales de los sesenta: se sitúan, primero, al frente de los Planes de Desarrollo y carteras económicas y paulatinamente ocupan otras áreas de gobierno

 

Los tecnócratas entendían que el Estado debía ser, más que movilizador ideológico de la sociedad (que era lo que pretendían los falangistas), un organismo garante de la continuidad del ordenamiento político existente, y gestor de servicios económicos y administrativos. Su programa consistía en una reforma de la administración para modernizar el Estado, la apertura en política exterior, el desarrollo económico frente al desarrollo político auspiciado por otros componentes del régimen, y la instauración monárquica.

Se les puede catalogar como franquistas puros, entendiendo por tales a católicos integristas y autoritarios, pero al mismo tiempo pragmáticos y favorables a una instauración monárquica, que no restauración, a la muerte de Franco.

 

Para los Tecnócratas, una vez solucionado el problema sucesorio, el proceso de modernización económica legitimaría en su día el nuevo régimen autoritario

 

En contraposición a estos planteamientos el personal político vinculado al Movimiento, y por tanto a organismos nacidos del partido único, y distintas personalidades que se sienten movimientistas, como Manuel Fraga, sostenían que el desarrollo económico debía ir acompañado de un desarrollo político. Lo cierto es que el Movimiento continuaba siendo un elemento importante de control sobre la sociedad a través de sus delegaciones y servicios.

 

el equipo del Movimiento creía que la supervivencia de la estructura de la que emanaba su influencia quedaría asegurada mediante la apertura de cauces de representación política que permitieran el reclutamiento y encuadramiento tanto de las antiguas como de nuevas bases de apoyo

 

Este modelo de desarrollo político suponía reorganizar elMovimiento de forma que sus estructuras y funcionamiento quedasen reguladas en una ley fundamental, y que se incorporasen al mismo las tendencias políticas que formaban parte de la coalición franquista; esto implicaba la aceptación por todas ellas del compromiso de hacer política exclusivamente en el marco del Movimiento, y que la incorporación al mismo sería canalizada mediante la creación y regulación de asociaciones políticas de «opinión» o de «acción política«, que aceptarían los denominados Principios Fundamentales del Movimiento.

Pero esta operación es frenada por el entorno deCarrero, que entiende, al igual que había ocurrido en 1956, que en las leyes fundamentales se debía regular el Movimiento como comunión de los españoles en los Principios Fundamentales del Movimiento, pero no aquello que era relativo a sus estructuras y funcionamiento, y que es contrario a la existencia de asociaciones políticas (un equivalente a los partidos tantas veces condenados por la propaganda del régimen) con capacidad para ejercer una acción crítica sobre el gobierno.

Decíamos que las disensiones en el interior del régimen se desarrollan en dos niveles principales. Hemos hecho referencia a lo que sucede en el nivel del Gobierno, donde compiten dos equipos políticos. Y nos queda un segundo nivel, referido tanto al conjunto de la clase política situada en las esferas del poder, como a personas, casi exclusivamente varones, de clase media y media alta, que ocupan puestos en la Administración, en muchos casos en empresas de propiedad estatal, o han triunfado como profesionales liberales y que, en ambos casos, sienten el deseo de ejercer como políticos en un futuro próximo.

 

un segundo nivel referido tanto al conjunto de la clase política situada en las esferas del poder, como a personas, casi exclusivamente varones, de clase media y media alta, que ocupan puestos en la Administración, en muchos casos en empresas de propiedad estatal, o han triunfado como profesionales liberales. Este nivel nos remite al conflicto abierto entre continuistas, involucionistas y reformistas desde mediados de la década de los sesenta y agudizado tras el asesinato de Carrero y la llegada a la jefatura del Gobierno de Carlos Arias; hasta este momento todas las familias franquistas habían sido partidarias de la continuidad de la dictadura como forma de gobierno y se habían negado a cualquier entendimiento con los derrotados en la guerra civil y con cualquiera que se situase extramuros del régimen

 

Este nivel nos remite al conflicto abierto entre continuistas, involucionistas y reformistas desde mediados de la década de los sesenta y agudizado tras el asesinato de Carrero y la llegada a la jefatura del Gobierno de Carlos Arias. A este nivel lo que se dirime es una lucha por el poder entre distintas corrientes franquistas, y también la posibilidad de que desde dentro del régimen se de paso a una reforma parcial del sistema político.

 

a partir de finales de los sesenta, de forma paulatina y con ciertas dosis de improvisación, una serie de políticos franquistas propugna la reforma del sistema, con el propósito de ampliar sus bases sociales y atenuar el nivel de rechazo al régimen, y muestra su disposición a intentar llegar a acuerdos con un sector de la oposición antifranquista

 

En todo sistema autoritario sucede que cuando fallan los sistemas de arbitraje establecidos, los perdedores no tardan en contemplar la posibilidad de acudir a otras instancias decisorias. A comienzos de los años setenta, desde el punto de vista reformista, la única instancia que podía cumplir ese papel era la opinión pública, y a ella intentaron hacer llegar sus propuestas. Es decir, al perder espacio en el gobierno tratan de organizarse fuera del mismo, desde donde ejercen una labor crítica, y, en ocasiones, buscan y encuentran nuevos aliados en sectores excluidos del poder.

Ese camino ya había sido recorrido antes de esa fecha por una parte del personal que desempeña tareas de responsabilidad de segundo orden en departamentos políticos y económicos, el cual se organiza en grupos que mantienen un contacto permanente para tratar de asuntos políticos. Y a sus filas irán llegando nuevos convencidos de la necesidad de caminar por esa vía.

El escándalo estalló el 23 de julio de 1969 cuando el director general de Aduanas denuncia a Matesa (Maquinaria Textil del Norte S.A.) ante el Tribunal de delitos monetarios, que interviene la empresa y encarcela al empresario y principal accionista de la sociedad, Juan Vilá Reyes y también a otros accionistas y directivos. Se conoce que la empresa Matesa, fundada en 1956 como una empresa familiar, mantení­a una deuda de 10.000 millones de pesetas con un banco público (el Banco de Crédito Industrial, dirigido por José González Robatto). La empresa habí­a adquirido en 1957, las patentes de fabricación de un telar francés sin lanzadera (rebautizado por la empresa como Iwer), capaz de tejer cualquier clase de material, desde papel hasta fibra de vidrio. La empresa desarrolló más de 100 patentes y depósitos y las ofreció en el exterior, iniciando una expansión internacional. La verdadera dimensión de la pretendida expansión internacional de la compañí­a mediante exportaciones de dicho telar quedó al descubierto con la visita a España del ministro argentino de industria (se comprobó que sólo se habí­an vendido 120 de los 1.500 telares que se habí­an enviado a Argentina sin comprador a fin de cobrar los créditos a la exportación a través del citado banco). Para ello manipularon documentos y realizaron salidas ilegales de capitales por algunos miles de millones de pesetas.

 

Utilizamos los términos inmovilismo involucionismo para referirnos a aquellos sectores del régimen que en la etapa del tardofranquismo (1966-1975) se movilizan para impedir que en vida de Franco, a quien perciben débil física y mentalmente, se produzca cualquier cambio en las estructuras sociales y políticas implantadas por la dictadura.

 

Pasa a denominarse búnker a la mentalidad ligada al esquema de valores impuesto por los vencedores en la guerra civil y, más concretamente, a algo que es, mucho más que una ideología o un programa determinado, una forma de defender intereses políticos y económicos. Una parte de ellos pueden ser tentados para apoyar un proceso de apertura o para que no lo obstaculicen a cambio de su incorporación al proceso, es decir, garantizándoles su continuidad en las estructuras de poder.

Los reformistas no son demócratas; contemplan una hipotética democratización de las estructuras del régimen como un proceso por ellos pilotado y aceptado por el resto de fuerzas políticas; los reformistas no entienden originalmente la transición como un proceso democrático, más bien todo lo contrario, se convertirán en demócratas a la fuerza, por la presión de los acontecimientos.

Tampoco lo son la mayor parte de quienes integran las fuerzas de la oposición, lo que no impedirá que buena parte de sus representantes se comporten como demócratas y auspicien una solución democrática.

En la fase final del franquismo lo que encontramos, más que familias, son clientelas de carácter personalista.

 

La división de la clase política y el paulatino aislamiento de los involucionistas son factores que facilitan el proceso de cambio de régimen y el éxito del proceso iniciado de transición a la democracia. Si en el momento de la muerte del dictador el régimen hubiese estado compuesto por un bloque monolítico la transición a la democracia habría resultado mucho más complicada, desde luego habría sido un proceso más largo, seguramente con una fase de democracia restringida.

En cambio, esa división y la incapacidad de la oposición para derribar el régimen y establecer un gobierno provisional propician el acercamiento entre los moderados de dentro y fuera del sistema político, partidarios todos ellos de un mismo modelo económico, de la monarquía como forma deEstado, del concierto con la iglesia católica y de la democracia parlamentaria, con límites predeterminados, como forma de gobierno.

«La división de la clase política en el tardofranquismo», por José L. Rodríguez Jiménez.

 

De camisa vieja a chaqueta nueva
«Sólo tenía una idea: Mantenerse en el Poder»

*******

DE CAMISA VIEJA A CHAQUETA NUEVA (1982) *

Dirección Rafael Gil 

«Sólo tenía una idea: Mantenerse en el Poder»

 

 

Título original: De camisa vieja a chaqueta nueva

Año: 1982

Duración: 105 min.

País: España

Dirección: Rafael Gil

Guion: Fernando Vizcaíno Casas

Música: Gregorio García Segura

Fotografía: José Fernández Aguayo

RepartoJosé Luis López Vázquez, María Casanova, Manolo Codeso, Antonio Garisa, Charo López, Agustín González, Fernando Sancho, Manuel Zarzo, Emilio Gutiérrez Caba, Félix Dafauce, Emiliano Redondo, Marcelo Arroita-Jáuregui, Fernando Vizcaíno Casas, Fernando Delgado

Productora. Manuel Salvador S.A, Coral P.C

Género. Comedia | Política

Sinopsis: Narra la historia de Manolo Vivar, quien desde el comienzo del franquismo hasta la democracia ha ido cambiando sucesivamente de ideología y amistades para adaptarse a los nuevos tiempos. Entre el ‘Cara al sol’ y ‘La Internacional’, ha tenido además tiempo de mejorar su situación económica gracias a su amigo Alfonso y a sus buenas relaciones con el poder. 

 

Rafael Gil Álvarez

*******

“El franquismo sigue presente en el poder judicial”

Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate, fiscal y juez, analizan en un libro la ideología de los magistrados españoles desde los años sesenta hasta hoy

El Plural
 
 
Opinan que “el franquismo y sus fundamentos autoritarios y antidemocráticos continúan estando presentes en una parte del  poder judicial”, y ven con preocupación medidas del Gobierno del PP “tendentes a restringir gravemente y hasta suprimir, derechos civiles democráticos que nos parecían irreversibles, recurriendo incluso a un incremento de la penalización de ciertas conductas consistentes en el ejercicio de aquellos derechos…”. Así lo exponen Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate exfiscal y exmagistrado respectivamente, en su libro “Jueces pero parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial” en cuyas páginas se citan los casos más duros de nuestra historia reciente, Agustín Rueda, Arturo Ruiz, la matanza de Atocha, El Papus, las desapariciones forzosas… entre muchos otros, hasta la actualidad.

Afirma el editor Gonzalo Pontón que “entregar doncellas a los dragones siempre ha sido una cobardía. Los monstruos parecen aquietarse porque dejan de echar llamaradas por la boca, pero su fuego no se apaga. Las fuerzas políticas que no se atrevieron a enfrentarse a los dragones y les sacrificaron nuevas vírgenes –han llamado a eso “transición”—son responsables de que todavía estén entre nosotros”. Así presenta el libro de Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate. Y continúa Pontón, responsable de la editorial Pasado&Presente: “En el seno del Poder judicial habitan dragones que no están, precisamente, aletargados. Algunas prácticas judiciales de la dictadura mantienen su vigencia de forma encubierta dejando un margen para la opresión, la injusticia y la falta de garantías”.

Indignación y horror

Por las páginas de esta obra que trata de la persistencia del franquismo en la judicatura, y se basa en una larga y exhaustiva investigación de sumarios y sentencias del Tribunal de Orden Público, de decisiones de distintas instancias judiciales y del propio Tribunal Supremo, se asoman algunos de los sucesos más dolorosos de nuestra historia reciente. Los resume así Gonzalo Pontón: “Indignación y horror cuando se pasa revista a la connivencia de muchos jueces con las fuerzas represivas heredadas del franquismo. Así, al principio de la transición, con los casos de Agustín Rueda, Arturo Ruiz, la matanza de Atocha, el caso Papus, Enrique Ruano, José Arregui, Yolanda González, los atentados de la calle del Correo… examinados aquí a la luz de los hechos, las sentencias y la práctica forense”.

La muerte de Arregui

“A José Arregui, por ejemplo, le torturaron durante nueve días en la Dirección General de Seguridad, en Madrid. Murió a consecuencia de las palizas. La Audiencia Provincial absolvió, por dos veces, a los funcionarios implicados del delito de torturas. Dice la sentencia constar como hecho probado que Arregui “se mareó” en el despacho de la DGS donde se encontraba. Trasladado al Hospital de Carabanchel, el facultativo de turno observó derrames en la cara, hematomas por todo el cuerpo y quemaduras en la planta de los pies. Arregui murió al día siguiente. Sin embargo, la Audiencia declara la ausencia de responsabilidad penal de los policías y los absuelve”.

Agustín Rueda, molido a palos

Continua el editor: “O el caso de Agustín Rueda, molido a palos por ocho funcionarios de la cárcel de Carabanchel. La autopsia dice que Rueda presenta “innumerables huellas de contusiones inmediatamente anteriores a la muerte” y grandes equimosis y hematomas por todo el cuerpo “consecuencias de un apaleamiento generalizado, prolongado, intenso y ‘técnico’”. Fallece por shock traumático debido a la pérdida de sangre. Diez años después de los hechos, en 1988, el tribunal excluye “el dolo de matar” y condena a los acusados por “imprudencia temeraria” (calificación propia de un accidente de tráfico con resultado de muerte). En 1990, el Supremo confirma la sentencia”.

“Suaves sentencias” para criminales

Villarejo y Oñate no han dejado nada en el tintero. Sobre la matanza de Atocha analizan como el Supremo “entiende” el permiso penitenciario que el juez Gómez Chaparro concedió al principal imputado, Lerdo de Tejada, permiso que hizo posible su huida. Del atentado contra la revista EL PAPUS cometido por ultraderechistas el 20 de septiembre de 1977 que produjo la muerte de una persona y heridas a otras diecisiete, los autores del libro denuncian que la sentencia de la Audiencia Nacional de 1983 “representa la incapacidad de la Justicia para enfrentarse eficazmente a la delincuencia terrorista de extrema derecha todavía con apoyos en ciertas esferas del poder”.

El Supremo niega reaperturas

La actitud del Tribunal Supremo, según los autores, ha sido negar la reapertura de estos casos. En 2006, se vio el recurso de los familiares del sindicalista-pacifista Joan Peiró, fusilado por Franco; en 2010 el recurso de la nieta del poeta Miguel Hernández contra la sentencia que le condenó a muerte; también en 2010 se presentó el recurso de la Generalitat de Catalunya contra la sentencia a muerte del presidente Lluís Companys. En los tres casos, resalta el editor Gonzalo Pontón, “la Sala de lo Militar del Tribuna Supremo se negó a la anulación de las sentencias, manteniendo que deben ser “válidas y vigentes” porque o “no se acredita un nuevo hecho que demuestre que [Peiró] no participó en los hechos”, o porque la sentencia que se promulgó en su día contra Miguel Hernández “carece actualmente de cualquier vigencia jurídica” , o “por falta de objeto”, ya que “la sentencia dictada [contra Companys] ha sido expulsada del ordenamiento jurídico”.

Sin justicia para desaparecidos forzosos

Sobre las denuncias por desapariciones forzadas que enmarcan ambos juristas en un “plan generalizado y sistemático de represión” y “un delito de detención ilegal”, la respuesta de los jueces, critican, es la de que “los posibles delitos estaban prescritos y que además les eran aplicables las Leyes de Amnistía, (…) Sin practicar diligencia alguna de investigación de los hechos delictivos, salvo escasísimos casos en que se ha “colaborado” en la exhumación y entrega a los familiares de los restos encontrados”.

“Conservadurismo e ignorancia” en la sentencia a Garzón

Concluye el libro con el proceso penal contra el juez Garzón en relación a los crímenes del franquismo. “La sentencia de 27/2/2012 del Tribunal Supremo solo tiene un valor, la absolución del juez Garzón, prácticamente ineludible por la presión nacional e internacional. (…) Concurren otros dos valores añadidos, la completa descalificación del juez Varela y de su aliado principal, el juez ponente de la causa, Adolfo Prego, y la derrota de las acusaciones impropiamente llamadas populares de corte fascista. Además de ello, la sentencia rezuma un profundo conservadurismo, ignorancia y hasta autoritarismo”.

 

“hay ejemplos suficientes para pensar que una parte significativa de la magistratura asumirá en silencio y colaborará con el nuevo “campo” que va a abrirse en nuestro país, bajo una cobertura formal democrática que no podrá ocultar siempre la actual deriva autoritaria del sistema político español. Y que necesitará y contará sin duda, de la colaboración del Poder Judicial”

 

Poder judicial y autoritarismo. 

El epílogo de Villarejo y Oñate no es optimista. Hacen referencia a hechos recientes afirmando que “el franquismo y sus fundamentos autoritarios y antidemocráticos continúan estando presentes. Y de forma preocupante cuando desde el Gobierno del Partido Popular se anuncian medidas tendentes a restringir gravemente y hasta suprimir, derechos civiles democráticos que nos parecían irreversibles, recurriendo incluso a un incremento de la penalización de ciertas conductas consistentes en el ejercicio de aquellos derechos…” Tras citar algunos casos, ponen el broche con estas palabras “hay ejemplos suficientes para pensar que una parte significativa de la magistratura asumirá en silencio y colaborará con el nuevo “campo” que va a abrirse en nuestro país, bajo una cobertura formal democrática que no podrá ocultar siempre la actual deriva autoritaria del sistema político español. Y que necesitará y contará sin duda, de la colaboración del Poder Judicial”.

 

El libro “Jueces pero parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial” está editado por Pasado y Presente. Los autores son Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate.

 

Ramón Tamames, ex miembro del PCE: «José Antonio Primo de Rivera era un hombre extraordinario»

 

*******

*******

JOSEANTONIANOS DEL MUNDO, UNÍOS

Anguita fue premio nacional José Antonio, pero su  discurso de las dos orillas es también del marxista Sartre

Por Carles Castro

La Vanguardia, julio 1997

 

La Izquierda Unida difícilmente se convertirá en la “casa común” de la izquierda, pero corre camino de transformase en una autentica “casa de los espectros”. El último de los fantasmas resucitados ha sido el del dubitativo Hamlet, a cuenta del “ser o no ser” ante HB. 

 

antes de que julio Anguita resucitara el espectro de las purgas estalinistas –aplicado, eso sí, en una versión de terciopelo sobre los disidentes de Nueva Izquierda-, otro fantasma recorría Izquierda Unida: el de Falange Española

 

Pero, incluso, antes de que julio Anguita resucitara el espectro de las purgas estalinistas –aplicado, eso sí, en una versión de terciopelo sobre los disidentes de Nueva Izquierda-, otro fantasma recorría Izquierda Unida: el de Falange Española. Santiago Carrillo, ex secretario general del PCE, fue el primero en desempolvar el espectro al definir a Anguita como “una secuela de la revolución pendiente y una mezcla de su juventud falangista y su conocimiento tardío del marxismo y del leninismo”.  Y más recientemente, Cristina Almeida calificó el discurso de “las dos orillas” -que permite a Julio Anguita situar en el margen izquierdo a la IU, y en el derecho a los restantes partidos– de “antiguo” y José Antonio. De hecho, hace más de diez años, el propio Anguita admitió en una entrevista a la revista “Época” que en su juventud  vistió la camisa azul, cantó el “Cara al sol” e incluso ganó “un  premio humano de este personaje”.

 

De hecho, hace más de diez años, el propio Anguita admitió en una entrevista a la revista “Época” que en su juventud  vistió la camisa azul, cantó el “Cara al sol” e incluso ganó “un  premio humano de este personaje”.

 

Ciertamente, la metáfora de “las dos orillas” aparece en un texto joseantoniano: “La labor verdadera que corresponde a España y a nuestra generación es pasar de eta ultima orilla de un orden económico social que se derrumba, a la orilla fresca y prometedora del orden que se adivina”. Sin embargo, el texto no acaba ahí, pues incluye un tramo en el que se advierte que ese salto “de una orilla a otra” debe hacerse “sin que nos arrastre el torrente de la invasión de los barbaros”, sinónimo joseantonio de la revolución comunista.

Por lo tanto, es conveniente no sacar las palabras de su contexto; entre otras razones porque la metáfora de “las dos orillas” también ha sido utilizada por el filósofo marxista Jean Paul Sartre y, precisamente, para comparar las dos órdenes sociales en pugna durante la guerra fría: el capitalismo y el comunismo. 

Dicho esto, ¿es correcto definir a Julio Anguita como joseantoniano o, por lo menos, encontrar en el líder comunista ecos joseantonianos? La respuesta a esa pregunta no es fácil, ya que exige previamente delimitar el significado de un término qué no pocas personas  asocian con un pasado tenebroso. Además, un discurso joseantoniano puede aludir a la “democracia apacible”, pero también a firmar que “el ser rotas es el más noble destino de las urnas”. Y es que el pensamiento del líder falangista es variable, por cuanto responde a la exclusión del propio personaje, que culmina en su apelación a la concordia entre los españoles, ya desde el “corredor de la muerte”, poco antes de ser ejecutado en 1936.

En cualquier caso, de los rasgos ideológicos más permanentes en Primo de Rivera se desprender que las concomitancias entre el discurso del actual líder comunista español y el del fundador de la Falange solo existen a través de una forzada metamorfosis. Así, José Antonio alude en todo momento a una minoría dirigente (la “aristocracia abierta”), al frente de la “revolución nacional-sindicalista”, pero no parece que ese concepto se corresponda con el de la vanguardia revolucionaria del partido leninista.

Por otra parte, la idea joseantoniana de la clase obrera como sujeto histórico es ambivalente. Primo de Rivera defiende su dignidad, pero no duda en calificar a “la plebe urbana” de “rencorosa e insolente”, mientras que Anguita emplea un tono  didáctico, entre reprobatorio y conmiserativo, para dirigirse a un “pueblo llano” seducido por los cantos de sirena del capitalismo y sus cómplices. Eso sí, los dos personajes coinciden en una radicalidad que tiene bastante de utópica, pues el líder falangista defendía la reforma agraria y la nacionalización del crédito (elementos programáticos de Izquierda Unida). Y coinciden también, aunque sin duda desde ópticas distintas, en sus renitencias hacia los nacionalismos periféricos y en su convicción de que el ciclo de la monarquía ha terminado.

RECELO HACIA LA DEMOCRACIA LIBERAL

Por último, ambos políticos expresan un parecido recelo hacha la democracia liberal a partir de una denuncia común: la del divorcio frecuente entre las libertades formales y una realidad social marcada por la desigualdad y la opresión de los débiles. En definitiva, tanto Anguita como Primo de Rivera rechazan el capitalismo liberal y el culto al dinero, aunque, sin duda, en pro de soluciones espartanas de muy distinto carácter. Así, aunque a José Antonio le angustia la injusticia y la indiferencia ante la miseria, anhela el tipo de autoridad austera y el férreo orden militar que persiguen las clases medias en los momentos de crisis agudas, lo que supone una alternativa bien diferente al totalitarismo colectivista que normalmente precede a un levantamiento popular revolucionario. Es decir, por un lado, la elemental dialéctica joseantoniana de “los puños y las pistolas, la única admisible cuando se ofende a la justicia o a la patria”, y, por otro, la sofisticada dialéctica marxista de la lucha de clases, administrada por el KGB de turno.

Sin embargo, y paradójicamente, es en el plano parlamentario donde ambos personajes interpretan papeles aun mas contrapuestos. Las inversiones de Anguita, con su carga solemnidad apocalíptica y trascendencia mística, contrastan con el estilo ágil, irónico, conciliador e incluso constructivo-salvo cuando, al sentirse ofendido, la emprendía a puñetazos con algún otro diputado- del líder falangista, bien lejos del tono metafísico  de algunos de sus escritos y de su desprecio doctrinal hacia el parlamentarismo.

Por tanto, los ecos joseantonianos en Anguita son limitados o, cuando menos, responden a las coincidencias inevitables entre dos doctrinas (falangismo y comunismo) que se presentan como alternativas totalizantes a la democracia de partidos. 

LA REVOLUCION PENDIENTE

A quienes tachan de “joseantoniano” a Julio Anguita tal vez les haya jugado una mala pasada la memoria histórica y hayan atribuido a quien no debían un discurso, imperativo y doctrinario, que proclamaba “nuestra irrevocable vocación revolucionaria frente a la instancia y los hachazos del capitalismo”, defendía las “promociones de obreros instruidos en la doctrina social de la revolución” y proponía “recorrer España llevando a los trabajadores la solidaridad de la patria, la palabra veraz de la revolución y las consignas más duras y más difíciles”. Un discurso que criticaba con ferocidad el ”socialismo domesticado en la parafernalia de la socialdemocracia”, ya que “la plutocracia siempre tuvo mucha fuerza en España, pero menos con Franco que la ha tenido en doce años de Gobierno del PSOE”. Y esto, según ese discurso, porque durante la etapa socialista, “el fantasma del hambre asoma trágicamente en muchos lugares de nuestro pueblo, y las ciudades se llenan de desheredados y ofrecen escenas patéticas, ya que el sistema socioeconómico vigente promueve millones de parados y no existe política social”.

Ese discurso defensiva, por último, la “vigencia de la revolución” frente a un “gobierno de tecnócratas exentos de emociones” y expresaba nítidas reservas a la actual monarquía constitucional: lo que “la voluntad de la nación ha decidido no es la restauración de la vieja institución monárquica gloriosamente fenecida”, sino “una monarquía limitada”.

Sin embargo, el autor de ese discurso no es Julio Anguita, sino José Antonio. Pero José Antonio Girón de Velasco, ministro de Trabajo con el general Franco.

 

El ministro de Trabajo franquista José Antonio Girón de Velasco

 


RELACIONADOS:

 

 
 
 
 

 


Sé el primero en comentar

Deja tu opinión

Tu dirección de correo no será publicada.


*