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“El franquismo sigue presente en el poder judicial»; «El Comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa pide la excarcelación de los presos del 1-O».

Malestar en TS por actos del Gobierno que 'buscan' que el TEDH declare falta de proporcionalidad en el fallo del procés

Expertos avisan que el Consejo de Europa legitima la desobediencia, el acoso judicial y actuar al margen de la ley, en su próxima resolución

EUROPA PRESS

3 de junio de 2021

 Boriss Cilevičs (Daugavpils, 26 de marzo de 1956) es un político, físico y periodista letón. Es miembro del Partido Socialdemócrata «Armonía» y diputado de la Saeima (Parlamento letón) desde el 17 de octubre de 2011. Fue miembro del Parlamento Europeo. Relator del Informe aprobado por el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que analiza la situación creada en España como consecuencia de los hechos de septiembre y octubre de 2017 en Catalunya.

 

Las últimas actuaciones del Gobierno, que pasan por la preparación del terreno para una eventual concesión de indultos a los condenados por el proceso independentista, la anunciada reforma de la sedición o la falta de una estrategia común en las alegaciones que PP y PSOE presentarán al documento que se votará el próximo 21 en el Consejo de Europa han generado preocupación entre miembros del Tribunal Supremo. Estos muestran su malestar por lo que entienden que son "maquinaciones" del Ejecutivo de Pedro Sánchez para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acabe declarando una falta de proporcionalidad en las condenas dictadas en su día contra los líderes independentistas.

Así lo han señalado miembros del alto tribunal a Europa Press, que inciden en que los movimientos del Gobierno les merecen más malestar que el que puede pensarse que les habrían podido suponer los votos particulares que dos de los miembros del Tribunal Constitucional (TC), que se realizaron en las primeras sentencias dictadas en este asunto. El TC ha validado las condenas a cuatro de los presos por sedición y malversación, si bien dos magistrados progresistas ven posible vulneración de derechos en el procedimiento judicial al que fueron sometidos.

La modificación de la sedición preocupa, pese a que tardará en ser una realidad en el Código Penal hasta que concluya su trámite parlamentario, pero no porque pueda servir para "vestir" los indultos que pueden concederse en una semana, sino porque abundan en la teoría de una supuesta desproporción de las penas aplicadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que juzgó los hechos.

De este modo, según las fuentes consultadas, el Gobierno de Pedro Sánchez podrá argumentar que el Tribunal de Estrasburgo le ha dado la razón en el caso de que, en el plazo de unos dos años, se conozca una resolución de este órgano que condene a España precisamente por condenar a los líderes independentistas de forma desproporcionada, una opción que no creen descartable.

El Tribunal del "Caso procés": Andrés Palomo, Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena (presidente y ponente), Juan Ramón Verdugo, Antonio del Moral y Ana María Ferrer. TRIBUNAL SUPREMO, SALA SEGUNDA, de lo Penal.

 

Informe del Consejo de Europa

En este contexto, fuentes jurídicas consultadas se muestran bastante de acuerdo con el análisis realizado por la plataforma Foro de Profesores sobre el proyecto de Resolución basado en el memorándum del relator Boriss Cilevics y aprobado por el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que analiza la situación creada en España como consecuencia de los hechos de septiembre y octubre de 2017 en Catalunya. Este análisis es el que someterá a votación el próximo día 21.

El Foro de Profesores es una asociación cívica creada por profesionales del Derecho en 2017 como respuesta al tratamiento internacional, periodístico y académico del referéndum de independencia en Catalunya.

Según su análisis, la propuesta de resolución del diputado letón no solamente incluye errores sino que desgrana una visión parcial, carente de objetividad y avanza unas conclusiones que no solamente son inadecuadas en relación a lo realmente sucedido, sino que suponen la legitimación de la desobediencia a los tribunales, el acoso a los funcionarios judiciales y la actuación de los poderes públicos al margen de la ley.

Tras apuntar los errores del citado documento respecto a los hechos acontecidos, los expertos concluyen, y magistrados consultados coinciden en este análisis, que la propuesta de resolución que debatirá el Consejo de Europa hace una presentación sesgada, parcial e interesada de los acontecimientos que tuvieron lugar en Cataluña en septiembre y en octubre de 2017. Se trata de una visión que coincide en buena medida con la propaganda nacionalista, añaden.

La propuesta supone, según agrega el documento, una crítica a la actuación de los tribunales españoles que resulta gratuita, en tanto en cuanto no aporta evidencias en relación a los errores que pudiera haber en sus conclusiones --en relación a la malversación, por ejemplo-- y carece de rigor jurídico, al insistir en la ausencia de violencia en los hechos imputados cuando el tipo aplicado no requiere la existencia de violencia.

Se trata de una crítica según las fuentes consultadas que roza la intromisión en la función judicial y que, además, propugna que determinadas privaciones de derechos, como la utilización ilegal de datos personales de los ciudadanos para el referéndum, quede sin sanción.

 

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Así defendía Rajoy el referéndum sobre el Estatut de Catalunya en 2006.

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El Comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa pide la excarcelación de los presos del 1-O

El borrador de informe del socialista letón Boriss Cilevics, que ha hecho trabajo sobre el terreno durante un año y medio, se debatirá en la Asamblea Parlamentaria el 21 de junio

La Vanguardia, 3-6-2021
 
Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Josep Rull y Raül Romeva en su única imagen conjunto dentro de la prisión de Lledoners.
 

El borrador del informe del Consejo de Europa sobre los líderes independentistas presos pide a España que "los indulte o libere" y que retire las peticiones de extradición contra el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers que viven en Bélgica.

Redactada por un ponente que ha hecho una investigación sobre el terreno, especialmente en Turquía y España, la resolución, titulada "Los políticos no deben ser procesados por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato político siempre que respeten ciertos límites", también aboga por una reforma de los delitos de rebelión y sedición para evitar "penas desproporcionadas por transgresiones no violentas" o la criminalización de "la organización de un referéndum ilegal". 

El documento, ya votado en la Comisión de Asuntos Legales y Derechos Humanos, ha salido adelante con 21 votos a favor y 6 en contra.

 

 

El texto aboga por retirar la acusación contra el resto de cargos de la Generalitat encausados y retirar la sanción a Torra.

El Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Consejo de Europa ha aprobado este jueves el texto que se debatirá en la Asamblea Parlamentaria a finales de junio. El borrador de la resolución también pide a España que retire la acusación contra el resto de cargos y excargos de menor rango de la Generalitat también encausados por el referéndum ilegal. 

"También que se abstengan de sancionar a los sucesores de los encarcelados por acciones simbólicas que solo expresan su solidaridad con los detenidos", añade el texto, en referencia al expresident Quim Torra, inhabilitado por colgar una pancarta en solidaridad con los presos del procés en el balcón del Palau de la Generalitat.

El informe del comité apuesta por que España abra "un diálogo constructivo con todas las fuerzas políticas en Catalunya".

Además de todo ello, el informe sugiere al Gobierno español que abra "un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas en Catalunya, incluidas las que se oponen a la independencia, para fortalecer la calidad de la democracia española".

El informe ha sido muy bien recibido por las fuerzas independentistas, comenzando por el propio expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha asegurado que el informe es "demoledor". "Las instituciones de la Unión Europea harían bien de preocuparse por el comportamiento de uno de sus miembros, cada vez más cuestionable", ha recalcado, subrayando que "se va ampliando la brecha", en referencia al libro de uno de sus abogados, el exdiputado Josep Costa

 

 

Por su parte, Esquerra Republicana ha enviado un comunicado en el que celebra la resolución del comité, especialmente después de que "miembro del PP y del PSOE presentaran 20 enmiendas, de las que solo se ha aprobado una". En este sentido, los republicanos sostienen que hay "inquietud en Madrid". 

Poco después se ha pronunciado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quien ha asegurado que "la liberación de los presos políticos y el libre retorno de los exiliados es un clamor cada vez más unánime". "De nuevo Europa evidencia la represión y cuestiona duramente la justicia española, no dejaremos de trabajar para la libertad de todos", ha agregado en un mensaje en Twitter.

El diputado socialista letón, Boriss Cilevics, ha sido el encargado de realizar el informe durante un año y medio, tiempo en el que ha visitado tanto Madrid como Barcelona.

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Franco bajo palio. Origen de la imagen incierto.

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“El franquismo sigue presente en el poder judicial”

Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate, fiscal y juez, analizan en un libro la ideología de los magistrados españoles desde los años sesenta hasta hoy

El Plural
 
 
Opinan que “el franquismo y sus fundamentos autoritarios y antidemocráticos continúan estando presentes en una parte del  poder judicial”, y ven con preocupación medidas del Gobierno del PP “tendentes a restringir gravemente y hasta suprimir, derechos civiles democráticos que nos parecían irreversibles, recurriendo incluso a un incremento de la penalización de ciertas conductas consistentes en el ejercicio de aquellos derechos…”. Así lo exponen Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate exfiscal y exmagistrado respectivamente, en su libro “Jueces pero parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial” en cuyas páginas se citan los casos más duros de nuestra historia reciente, Agustín Rueda, Arturo Ruiz, la matanza de Atocha, El Papus, las desapariciones forzosas… entre muchos otros, hasta la actualidad.

Afirma el editor Gonzalo Pontón que “entregar doncellas a los dragones siempre ha sido una cobardía. Los monstruos parecen aquietarse porque dejan de echar llamaradas por la boca, pero su fuego no se apaga. Las fuerzas políticas que no se atrevieron a enfrentarse a los dragones y les sacrificaron nuevas vírgenes –han llamado a eso “transición”—son responsables de que todavía estén entre nosotros”. Así presenta el libro de Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate. Y continúa Pontón, responsable de la editorial Pasado&Presente: “En el seno del Poder judicial habitan dragones que no están, precisamente, aletargados. Algunas prácticas judiciales de la dictadura mantienen su vigencia de forma encubierta dejando un margen para la opresión, la injusticia y la falta de garantías”.

Indignación y horror
Por las páginas de esta obra que trata de la persistencia del franquismo en la judicatura, y se basa en una larga y exhaustiva investigación de sumarios y sentencias del Tribunal de Orden Público, de decisiones de distintas instancias judiciales y del propio Tribunal Supremo, se asoman algunos de los sucesos más dolorosos de nuestra historia reciente. Los resume así Gonzalo Pontón: “Indignación y horror cuando se pasa revista a la connivencia de muchos jueces con las fuerzas represivas heredadas del franquismo. Así, al principio de la transición, con los casos de Agustín Rueda, Arturo Ruiz, la matanza de Atocha, el caso Papus, Enrique Ruano, José Arregui, Yolanda González, los atentados de la calle del Correo… examinados aquí a la luz de los hechos, las sentencias y la práctica forense”.

La muerte de Arregui
“A José Arregui, por ejemplo, le torturaron durante nueve días en la Dirección General de Seguridad, en Madrid. Murió a consecuencia de las palizas. La Audiencia Provincial absolvió, por dos veces, a los funcionarios implicados del delito de torturas. Dice la sentencia constar como hecho probado que Arregui “se mareó” en el despacho de la DGS donde se encontraba. Trasladado al Hospital de Carabanchel, el facultativo de turno observó derrames en la cara, hematomas por todo el cuerpo y quemaduras en la planta de los pies. Arregui murió al día siguiente. Sin embargo, la Audiencia declara la ausencia de responsabilidad penal de los policías y los absuelve”.

Agustín Rueda, molido a palos
Continua el editor: “O el caso de Agustín Rueda, molido a palos por ocho funcionarios de la cárcel de Carabanchel. La autopsia dice que Rueda presenta “innumerables huellas de contusiones inmediatamente anteriores a la muerte” y grandes equimosis y hematomas por todo el cuerpo “consecuencias de un apaleamiento generalizado, prolongado, intenso y ‘técnico’”. Fallece por shock traumático debido a la pérdida de sangre. Diez años después de los hechos, en 1988, el tribunal excluye “el dolo de matar” y condena a los acusados por “imprudencia temeraria” (calificación propia de un accidente de tráfico con resultado de muerte). En 1990, el Supremo confirma la sentencia”.

“Suaves sentencias” para criminales
Villarejo y Oñate no han dejado nada en el tintero. Sobre la matanza de Atocha analizan como el Supremo “entiende” el permiso penitenciario que el juez Gómez Chaparro concedió al principal imputado, Lerdo de Tejada, permiso que hizo posible su huida. Del atentado contra la revista EL PAPUS cometido por ultraderechistas el 20 de septiembre de 1977 que produjo la muerte de una persona y heridas a otras diecisiete, los autores del libro denuncian que la sentencia de la Audiencia Nacional de 1983 “representa la incapacidad de la Justicia para enfrentarse eficazmente a la delincuencia terrorista de extrema derecha todavía con apoyos en ciertas esferas del poder”.

El Supremo niega reaperturas
La actitud del Tribunal Supremo, según los autores, ha sido negar la reapertura de estos casos. En 2006, se vio el recurso de los familiares del sindicalista-pacifista Joan Peiró, fusilado por Franco; en 2010 el recurso de la nieta del poeta Miguel Hernández contra la sentencia que le condenó a muerte; también en 2010 se presentó el recurso de la Generalitat de Catalunya contra la sentencia a muerte del presidente Lluís Companys. En los tres casos, resalta el editor Gonzalo Pontón, “la Sala de lo Militar del Tribuna Supremo se negó a la anulación de las sentencias, manteniendo que deben ser “válidas y vigentes” porque o “no se acredita un nuevo hecho que demuestre que [Peiró] no participó en los hechos”, o porque la sentencia que se promulgó en su día contra Miguel Hernández “carece actualmente de cualquier vigencia jurídica” , o “por falta de objeto”, ya que “la sentencia dictada [contra Companys] ha sido expulsada del ordenamiento jurídico”.

Sin justicia para desaparecidos forzosos
Sobre las denuncias por desapariciones forzadas que enmarcan ambos juristas en un “plan generalizado y sistemático de represión” y “un delito de detención ilegal”, la respuesta de los jueces, critican, es la de que “los posibles delitos estaban prescritos y que además les eran aplicables las Leyes de Amnistía, (…) Sin practicar diligencia alguna de investigación de los hechos delictivos, salvo escasísimos casos en que se ha “colaborado” en la exhumación y entrega a los familiares de los restos encontrados”.

“Conservadurismo e ignorancia” en la sentencia a Garzón
Concluye el libro con el proceso penal contra el juez Garzón en relación a los crímenes del franquismo. “La sentencia de 27/2/2012 del Tribunal Supremo solo tiene un valor, la absolución del juez Garzón, prácticamente ineludible por la presión nacional e internacional. (…) Concurren otros dos valores añadidos, la completa descalificación del juez Varela y de su aliado principal, el juez ponente de la causa, Adolfo Prego, y la derrota de las acusaciones impropiamente llamadas populares de corte fascista. Además de ello, la sentencia rezuma un profundo conservadurismo, ignorancia y hasta autoritarismo”.

Poder judicial y autoritarismo
El epílogo de Villarejo y Oñate no es optimista. Hacen referencia a hechos recientes afirmando que “el franquismo y sus fundamentos autoritarios y antidemocráticos continúan estando presentes. Y de forma preocupante cuando desde el Gobierno del Partido Popular se anuncian medidas tendentes a restringir gravemente y hasta suprimir, derechos civiles democráticos que nos parecían irreversibles, recurriendo incluso a un incremento de la penalización de ciertas conductas consistentes en el ejercicio de aquellos derechos…” Tras citar algunos casos, ponen el broche con estas palabras “hay ejemplos suficientes para pensar que una parte significativa de la magistratura asumirá en silencio y colaborará con el nuevo “campo” que va a abrirse en nuestro país, bajo una cobertura formal democrática que no podrá ocultar siempre la actual deriva autoritaria del sistema político español. Y que necesitará y contará sin duda, de la colaboración del Poder Judicial”.

 

El libro “Jueces pero parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial” está editado por Pasado y Presente. Los autores son Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate.

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