LA SEGUNDA TRANSICIÓN: NACIONAL-CATÓLICOS: LOS MEDIOS DE LA REACCIÓN (2): CONOCIENDO «EL DEBATE». «La Pandemia y el 8 M», por Antonio R. Naranjo

LA PANDEMIA Y EL 8 M

INDICE PANDEMIA CORONAVIRUS

 

TRES AÑOS DESPUÉS DE LA PANDEMIA LA JUSTICIA INDAGA CONTRATOS DEL GOBIERNO POR 310 MILLONES

Aunque la mayoría de investigaciones por compra de material sanitario se han ido archivando, todavía quedan vivas causas por los contratos del Gobierno central y del Ayuntamiento de Madrid

Por Gema Huesca, 14 MARZO 2023

 

La irrupción de la pandemia covid propició la compra a la desesperada de material sanitario mediante contratos de urgencia muchos de los cuáles terminaron investigándose en Anticorrupción o en la Justicia. Tres años después de que se decretara el estado de alarma, muchas de esas diligencias se han archivado aunque otras todavía siguen su recorrido en los tribunales. De todas ellas destaca la abierta un juzgado de Plaza de Castilla por contratos del Gobierno central de 310 millones de euros.

A esta causa -por la que se imputaron a dos altos cargos de Sanidad y uno de Hacienda- se suman otras, aunque menores, relativas a la compra de material en otras regiones. Destaca la investigación en un juzgado de Canarias por un contrato de 4 millones de euros o el conocido como 'pelotazo de las mascarillas' por el contrato de 11 millones de euros que el Ayuntamiento de Madrid firmó con una empresa asiática y que provocó la imputación de Alberto Luceño y de Luis Medina.

Se trata de procedimientos aislados ya que la gran mayoría de investigaciones abiertas por el suministro a gran escala de material sanitario se han ido archivando en este tiempo. Algunas incluso no llegaron a nacer, como ocurrió con la avalancha de querellas que estudió el Tribunal Supremo contra el Gobierno en los primeros compases de la pandemia. Ni una de las 30 querellas y 20 denuncias presentadas contra los miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez salió adelante.

Freno del Supremo

La Sala de lo Penal desestimó la petición solicitada por sindicatos médicos, policiales, colectivos de ciudadanos y partidos políticos que quisieron actuar a título individual contra Pedro Sánchez y sus ministros por delitos como prevaricación, homicidio, contra el derecho de los trabajadores o malversación. Las principales quejas se centraban en que no se hubiera facilitado a sanitarios y fuerzas de Seguridad del Estado los equipos de protección adecuados.

Además, también coleaban las denuncias por la autorización de concentraciones masivas como la del 8-M días antes de la declaración del estado de alarma del que ahora se cumplen tres años. En relación a este último asunto se llegó a abrir una causa en los juzgados de Plaza Castilla contra el entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, pero en junio de 2020 se archivó al no acreditarse que conociera el peligro del virus cuando autorizó la marcha por el Día de la Mujer a la que acudieron miles de personas.

En lo que respecta al Tribunal Supremo, éste se negó a actuar contra los aforados pero abrió la puerta a que la gestión por la covid se investigara en los juzgados ordinarios. De esta forma arrancaron varios procedimientos penales algunos de los cuáles siguen su curso a día de hoy. En su mayoría se denuncia el desorbitado precio que se pagó por mascarillas, test y guantes a empresarios (principalmente asiáticos) que no tenían nada que ver con el sector. La tramitación como contratos de emergencia evitó el control de estos contratos, muchos de los cuáles se quedaron sin cumplir ya que las partidas adquiridas no solo estaban en mal estado sino que algunas ni llegaron.

Las mascarillas de Illa

Así, por ejemplo destaca la causa que impulsó el sindicato médico CESM contra el exministro de Sanidad por las mascarillas defectuosas que adquirió a una empresa china. El colectivo consiguió que se abriera causa contra Salvador Illa, entonces ministro del ramo, por presunto delito contra los trabajadores. La querella recogía que los médicos utilizaron mascarillas fake en lo peor de la pandemia, lo que no impidió los contagios entre sanitarios.

Las diligencias se derivaron a Cataluña a tenor de la condición de diputado catalán de Illa; sin embargo la Justicia revocó la decisión del juez y le obligó no solo a reabrir la causa, sino a practicar también las diligencias necesarias para esclarecer este asunto. Ahora se está a la espera de recabar información del Instituto de Salud Carlos III y del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre la certificación de resultados de los análisis de estas mascarillas.

También en los juzgados de Madrid hay dos causas penales por la compra de mascarillas. La primera de ellas es la que acumula contratos por mayor importe. Una querella de Vox contra tres altos cargos de Sanidad y Hacienda dio origen a una causa penal por contratos de 310 millones de euros. La Fiscalía ha pedido el archivo de las diligencias pero el partido insiste en que Sanidad y el Tribunal de Cuentas deben aportar documentación de estos acuerdos.

Megacontrato de 200 millones

En el epicentro de estas adjudicaciones se encuentra el 'megacontrato' desvelado por Vozpópuli de 200 millones que se adjudicó a Hong Kong Travis Asia. Este medio contó que detrás de esta firma se encontraba un complejo entramado societario que ha evitado que, tres años después, se sepa cual fue el destino final de todos estos millones. Por su parte, los tres altos cargos del Gobierno imputados en la causa declararon que siguieron escrupulosamente los trámites de contratación pública.

Más mediática ha sido la causa por la que permanecen imputados el comisionista Alberto Luceño y Luis Medina. En este caso el asunto no arrancó de una querella en el Tribunal Supremo, sino de una investigación secreta y prolongada durante meses en la Fiscalía Anticorrupción. En abril del año pasado el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid admitió la querella para investigar los pormenores de un contrato con una empresa asiática de 11 millones de dólares para suministrar guantes, mascarillas y test rápidos. Los imputados se quedaron 6 millones en comisiones.

 

SAN CHIN CHON. Estafa con recochineo

 

También millonario fue el monto público que se desvió para la compra de mascarillas en Canarias. Un juzgado de Las Palmas investigó una presunta estafa de 4 millones de euros que salpicó, curiosamente, a uno de los protagonistas de la causa sobre el 'tito Berni'. Se trata de Conrado Domínguez, entonces director del Servicio de Salud Canario. El asunto se derivó a finales del año pasado a la Fiscalía Europea que indaga un presunto desvío de fondos europeos.

Diligencias en Anticorrupción

A todas estas causas penales en juzgados hay que añadir la decena de diligencias que se han ido abriendo en la Fiscalía Anticorrupción a tenor de las denuncias de unos y otros partidos. En este tiempo, el ente ha ido archivando aquellas en las que no ve indicio de delito. Destacan, entre otras, la que se siguió contra el hermano de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por el contrato de mascarillas que suscribió la empresa Priviet Sportive con la Comunidad de Madrid en lo peor de la pandemia.

 

Ciertamente es noticiable que la adjudicataria de ese contrato fuera una empresa que no tenía relación con el sector y cuya cifra de negocio en el año anterior había sido de 0

 
Un juez sobre el proveedor de confianza de Ábalos

 

También en archivo terminaron las pesquisas abiertas por las ayudas y bonificaciones que recibió una empresa vinculada a los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En julio se dio carpetazo a este asunto alegando que no se podía probar irregularidad alguna en las 15 ayudas que recibió la mercantil Playbol entre febrero de 2020 y mayo de 2021 en forma de subvenciones o avales del ICO.

No obstante, a la Fiscalía que dirige Alejandro Luzón llegaron una decena de denuncias sobre megacontratos suscritos por el Gobierno de material sanitario. Entre los entes que se pidieron investigar destaca la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a EmpresasComo desveló este medio, la empresa vinculada al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos fue una de las especialmente beneficiadas por estos contratos de emergencia.

El departamento de Ábalos compró 8 millones de mascarillas a esta sociedad que no solo no tenía experiencia en el sector, sino que su volumen de negocio era de cero antes de la pandemia. La firma en cuestión (la misma que suministró los tapabocas a Canarias) se embolsó 24,2 millones de este contrato. Días después Adif (empresa que tutelaba Ábalos) adquirió a esta misma firma 5 millones de mascarillas por 12,5 millones. Estas operaciones nunca se han judicializado.

 

LA VIRGEN DE WUHAN

"Indudable interés público"

Aunque muchas de estas causas no han prosperado, los jueces sí se han pronunciado sobre la compra defectuosa de material a lo largo de estos años. A modo de ejemplo destaca lo plasmado por magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid que, en el auto por el cual ordenaban reabrir la causa contra Illa, apuntaban que la distribución de las mascarillas fake fue un hecho "notorio". "No estamos criminalizando la pandemia, pero esta situación tampoco puede servir de patente de corso para descartar cualquier tipo de responsabilidad penal", dijeron.

También Anticorrupción criticó duramente la actuación de Luceño y Medina en su condición de comisionistas en el peor momento de la pandemia. Más recientemente un juez de Madrid ha valorado la necesidad de informar sobre estas empresas y las millonarias partidas que se embolsaron. Una sentencia ha dado la razón al abogado Ramiro Grau por la publicación de un artículo en el que apuntaba a los "chanchullos" del dueño de la proveedora de confianza de Ábalos.

"La empresa de la que era administrador el actor consiguió la adjudicación para la adquisición de un número muy importante de mascarillas con un precio también importante. Ciertamente es noticiable que la adjudicataria de ese contrato fuera una empresa que no tenía relación con el sector y cuya cifra de negocio en el año anterior había sido de 0", expuso el fallo, el cual incidió en que la información era de un "indudable interés público" y que era "especialmente importante la fiscalización" de la actividad de las administraciones pública por parte de los medios de comunicación.

 

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¿Quién vigila al vigilante?

Cuando los fiscales actúan al dictado del Gobierno, o lo que es peor, del PSOE, cuando las autoridades dan chivatazos, cuando se vende a las fuerzas del orden público, cuando todo eso ocurre quiere decir que nos deslizamos por la degradación paulatina de las instituciones

 

Cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno de España no le informaban con antelación de las detenciones del caso Púnica ni de ningún otro. Solía enterarse, como en cualquier otra democracia, a posteriori. Desde que Sánchez rompió las reglas de juego, la neutralidad democrática y los consensos, la institucionalidad en España peligra más que nunca. El PSOE sabe con anterioridad que la juez va a citar e interrogar a Tito Berni, el fiscal del caso se opone a su ingreso en prisión y la delegada del Gobierno en Cantabria avisa a Revilla de que la policía va a registrar una de sus Consejerías… y aquí no pasa nada. Todavía tenemos que aguantar las insolentes declaraciones del presidente cántabro.
 
La democracia española se ha deteriorado considerablemente en los últimos años. La Fiscalía ha perdido todo su prestigio, porque está contaminada desde la llegada de Dolores Delgado. Que una ministra de Justicia pasase del Ministerio a la Fiscalía General no tiene precedente y hasta una heroica jueza canaria tiene que sacarle los colores a un cuerpo del Estado que se supone está para servir a la Justicia y al bien común, no para ponerse de parte de un partido determinado.
 
Si no cuidamos a la democracia, sus usos y normas, sus consensos e instituciones, sus normas escritas y las sobreentendidas, si no hacemos eso, el país se nos va por el desagüe. Es increíble que nadie se escandalice y que nadie reaccione. Es inquietante que asistamos al progresivo deterioro del armazón legal y a la función legitimadora de nuestro sistema político. Cuando los fiscales actúan como lo están haciendo, al dictado del Gobierno, o lo que es peor, del PSOE, cuando las autoridades dan chivatazos, cuando se vende a las fuerzas del orden público, cuando todo eso ocurre quiere decir que nos deslizamos por la degradación paulatina de las instituciones. Tal vez la fatiga informativa o el efecto narcotizante de la sobreinformación nos lleva a un estado de apatía sobre las cuestiones públicas, pero nos jugamos mucho, porque la arbitrariedad y discrecionalidad de un organismo tan relevante como la Fiscalía puede terminar orientándose contra el ciudadano medio, sin capacidad para defenderse. Por eso vuelve a ser providencial que aparezca quien juzga al juez, quien fiscaliza al fiscal y quien vigila al vigilante y les exige responsabilidades. Todo se andará.

 

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El problema fundamental de España

España tiene un grave problema político, pero el problema de España no es político. El cambio de Gobierno no basta. Es necesario, pero no suficiente. La final se juega en otro estadio

 

Muchos españoles esperamos que este año electoral nos traiga un cambio de gobierno que estimamos imprescindible e inaplazable, pero no debemos esperar de él la solución de los más hondos problemas nacionales. El problema fundamental de España no es político, en realidad nunca suele serlo. La política constituye un orden superficial de la vida social, muchas veces el más visible, el que hace más ruido, pero nunca el más radical y profundo. Lo peor es que además distrae la atención y buscamos en él la clave de lo que nos pasa, pero no se encuentra ahí.

Nada de esto quita un ápice a la gravedad de nuestra situación política. El Gobierno está haciendo mucho de lo que nunca debe hacer uno democrático. La democracia no sólo afecta a la legitimidad de origen, sino también a la de ejercicio. Un gobierno elegido democráticamente puede adoptar decisiones que no lo son. La democracia también consiste en defensa de los derechos, división de poderes, respeto a la crítica de la oposición y mucho más. Votar es condición necesaria, pero no suficiente, de la democracia. En ella, caben decisiones y programas políticos muy diferentes, pero hay otros que quedan excluidos. Ni el Gobierno ni el Parlamento pueden vulnerar derechos, imponer una ideología, una visión de la verdad religiosa, moral, filosófica, histórica o científica a toda la sociedad, no puede excluir a la mitad de la ciudadanía, ni mentir ni robar. Un ejemplo: el aborto. Cabe la penalización, la despenalización parcial, la despenalización total, la tolerancia general. Naturalmente, no afirmo que todo eso dé igual. Pero lo que no cabe es su consideración como un derecho, entre otras cosas, porque vulnera la obligatoria protección jurídica de la vida humana. Considerar el aborto como un derecho no sólo es inmoral e ilegal. Es, también, antidemocrático.
 
Los políticos están sobrevalorados en lo relativo a su influencia en la sociedad. Aunque lo pretendan no son arquitectos arbitrarios del orden social. A lo más profundo de la vida colectiva nunca llegan plenamente. Tampoco es cierto que constituyan el grupo (la «casta») peor de la sociedad. No es razonable pensar que ciudadanos sabios y justos se dejen gobernar por una legión de ignorantes desvergonzados. Algo falla. Pero, desde luego, tampoco son devotos de las sabias palabras del Rey Salomón, dirigidas a Dios, en el bíblico Libro de los Reyes: «Concede a tu siervo un corazón dócil, para que sepa juzgar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal». Lo del corazón dócil no va con los petulantes soberbios, ni aspiran a distinguir entre el bien y el mal quienes se erigen en sus definidores.
 
Existen, pues, otros problemas nacionales, prepolíticos, como el estado de la vitalidad social, el ambiente de disociación y particularismo (la horrible tragedia del nacionalismo separatista), la hemiplejia moral, la ausencia de un proyecto de vida en común, la falta de minorías ejemplares o su escasez, o la falta de reconocimiento que reciben. Aquí se juega lo que luego llega a la política como enfermedad total. Pero dentro de estos problemas sobresale uno, el fundamental, la causa de las causas: la indigencia intelectual y moral, el declive de la inteligencia y de la virtud. Existen, al menos, cuatro posiciones relevantes ante el bien y el mal. Quienes, católicos o no, optan en favor de la moral clásica de raíz cristiana, que ha sido durante siglos la vigente en Europa. Otros que la repudian en nombre de una moral laica, progresista y, en última instancia, atea. Entre estas dos, pese a sus radicales diferencias, cabe, y es preciso, el diálogo. Al fin y al cabo, las ideas modernas proceden del cristianismo, se hayan vuelto o no locas. Está también la muchedumbre de los indiferentes, a quienes les importa su bienestar y no ninguna disquisición sobre el bien y el mal. Y, por último, los que dispensan la semilla del diablo al optar, deliberadamente o no, por el mal. Ignoro el reparto numérico entre las cuatro opciones, pero intuyo que asistimos a una alianza, de momento triunfante, entre las dos últimas, las peores, la coalición entre los indiferentes y los malos.
 
España tiene un grave problema político, pero el problema de España no es político. El cambio de Gobierno no basta. Es necesario, pero no suficiente. La final se juega en otro estadio.

 

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Cursillo climático para Mónica García

Cuando te paseas espantada por la Puerta del Sol para denunciar que hace mucho calor demuestras un pasmoso desconocimiento de la historia

 

Un pequeño y cordial recordatorio dirigido a la admirable Mónica García, médico –que ya no ejerce– y madre; feliz multipropietaria inmobiliaria y candidata de la izquierda Möet a la Comunidad de Madrid.

Como sabes, Mónica, mucho se ha escrito sobre el hundimiento del Imperio Romano. Y más que se escribirá ahora que la Roma de nuestros días, Estados Unidos, está iniciado su declive ante nuestra mirada (para felicidad de vuestra izquierda filoputiniana).
 
A pesar de que sus tesis se consideran superadas, probablemente el libro más conocido sobre el asunto siga siendo Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, un clásico escrito a finales del XVIII por el ilustrado inglés Edward Gibbon. De magnífica prosa y aguda ironía, fue un personaje curioso. Lo expulsaron de Oxford por convertirse al catolicismo, pero acabó en la masonería e instalado en el rechazo al cristianismo y el judaísmo. En su opinión, los cristianos socavaron desde dentro el Imperio Romano, al importar unas nuevas costumbres. Además, Gibbon añade como razones del declive romano la pérdida de las virtudes cívicas, el creciente autoritarismo y arbitrariedad de los césares, el recorte de las libertades y el empeoramiento de la milicia.
 
Los estudiosos de hoy han dejado a Gibbon un tanto obsoleto, aunque siga suponiendo un placer leer sus exposiciones, y añaden otras causas sobre la caída de Roma. Una de ellas es un cambio climático entre los años 200 y 400. Y ese fenómeno se produce –pásmate, querida Mónica– cuando todo indica que no existían coches de combustión, ni centrales de carbón, ni aviones, y cuando en toda la Tierra solo vivían 200 millones de seres humanos (hoy somos 7.888 millones).
 
La Roma clásica se benefició de un clima amable, con suficiente lluvia. Pero en el siglo III llega una gran sequía, que castiga a toda la cuenta mediterránea. Los cultivos decaen drásticamente y aumentan las enfermedades. Curiosamente, todo esto ocurría veinte siglos antes de Sánchez, la niña Greta, los chalados que se pegan a los cuadros de los museos por el clima y las trompetas de Apocalipsis climático bajo las que hoy vivimos.
 
Y seguimos, Mónica, que hay más sorpresillas. En los siglos VI y VII se registró la que los expertos actuales llaman la Pequeña Edad de Hielo de la Antigüedad Tardía. Un enfriamiento provocado por tres grandes explosiones volcánicas, con una caída media de las temperaturas de -2,5 grados en el año 536.
 
Entre el siglo X y el XIV discurrió lo que se conoce como el Óptimo Medieval, una etapa de clima benigno. Pero entre 1550 y 1850 llega un enfriamiento a todo el hemisferio norte, la Pequeña Glaciación, se cree que debido a una disminución de la actividad solar y un aumento de la actividad volcánica. En 1789, el Ebro se heló durante quince días. ¿Te imaginas lo que estaríais diciendo los profetas de la seudo religión climática si hoy ocurriese algo así? Los telediarios del Apocalipsis climático harían un serial inagotable y la Sexta y la Sextita (TVE) instalaría un plató móvil sobre el hielo para anunciar el inminente fin del mundo (debido al negacionismo de «la derecha y la ultraderecha»).
 
Querida Mónica, a la vista de todo esto tal vez concluyas que has hecho un poco el ridi presentándote en la Puerta del Sol con una cámara termográfica para denunciar la malignidad anticlimática de Almeida por no plantar árboles en la plaza: «Récord de calor en Madrid en abril. Hay que tomar medidas para que el negacionismo del PP con el calor no afecte a niños y niñas», clamabas desesperada. Aunque casi te superó tu correligionaria Rita, que logró probar termómetro en mano que en la plaza había 48 grados, más que en las calderas del infierno.
 
En resumen: es muy necesario contaminar lo menos posible y reducir las emisiones, por supuesto. Todos queremos un planeta limpio. Pero lo que no se puede hacer es amplificar el problema del clima de una manera histérica e ignorando que siempre ha habido oscilaciones de temperaturas y lluvias. Pero eso se llama razonar y estudiar, y da la impresión, querida Mónica, de que tan cansadas actividades te dan una cierta pereza.

 

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LA PANDEMIA Y EL 8 M

SÁNCHEZ RECLUYÓ A TODA ESPAÑA ILEGALMENTE Y NO HA RENDIDO CUENTAS

Es inaceptable que no se pidan cuentas al Gobierno de un drama que acabó con miles de vidas, arruinó al país y profanó derechos fundamentales

 

Se cumple en estas fechas el tercer aniversario del estado de alarma decretado por Pedro Sánchez para, en teoría, frenar la expansión de un temible virus que previamente había minusvalorado con evidente temeridad.

Porque hay que recordar que, apenas una semana antes de recluir en sus casas a todos los españoles y cerrar buena parte de la actividad económica y empresarial, el mismo Gobierno animó a participar en el 8-M, consintió todos los eventos de multitudes para no suspender las manifestaciones feministas y desoyó, con infinita negligencia, las reiteradas alertas internacionales que anunciaban un drama explosivo.
 
De todo ello ha dado cuenta El Debate en una extensa investigación, demostrativa de hasta qué punto la irresponsabilidad de las autoridades sanitarias, al servicio de Pedro Sánchez y de su agenda ideológica, contribuyó a detonar una auténtica bomba vírica, con un resultado espeluznante.
 
Sólo en Madrid, como demostró este periódico, la mortalidad se disparó un 71 por ciento por encima de lo habitual en la semana siguiente a aquel 8-M de 2020, una cifra terrible que explica la renuencia oficial, vigente aún hoy en día, a ofrecer a la opinión pública una estadística global de la letalidad de la pandemia en España.
 
A la inaceptable desidia sanitaria, coronada luego con una galopante incompetencia en la adquisición de material sanitario durante semanas, se le añade además el carácter inconstitucional de las medidas adoptadas a continuación, más sustentadas en el temor a aumentar los contagios ya desatados que a prevenirlos.
 
Sánchez no cerró toda España para frenar la pandemia, sino para evitar que multiplicara todavía más los efectos derivados del retraso en su actuación. Pero además lo hizo en contra de la Constitución, por dos veces, tal y como sentenciaron después sendas resoluciones del Tribunal Constitucional.
 
A todo ello cabe añadirle el formidable perjuicio económico sufrido por España, que sigue pagando la factura, resumido en el peor hundimiento del producto interior bruto de Europa y la recuperación más lenta de todo el continente.
 
El cuadro conjunto resultante es desolador. Pero también es sorprendente la falta de consecuencias: en Italia acaba de citarse como imputados a su antiguo primer ministro y a su ministro de Sanidad, por comportamientos igual de sospechosos en lo sanitario que el de Sánchez y su equipo pero bastante menos lesivos en materia de libertades fundamentales.
 
Aquí, pese a las evidencias de que Sánchez gestionó mal, mintió a la ciudadanía en asuntos cruciales como el inexistente Comité de Expertos y además profanó derechos constitucionales; no ha pasado nada y todo ello puede quedar impune.
 
Que este Gobierno se permita dar lecciones sanitarias a Gobiernos autonómicos como los de Madrid o Andalucía, con ese siniestro historial, cierra el círculo de indecencias y lanza una última pregunta al aire.
 
¿Se va a poder enjuiciar algún día, con la precisión y honestidad que requieren los hechos, todos los errores, irregularidades y abusos perpetrados por un Gobierno y un presidente que tienen, además, la poca prudencia de presentarse ahora como ejemplo de solvencia y dignidad?

 

PSICOSIS DE FORMACIÓN MASIVA. En esta respuesta coordinada de propaganda y censura, podemos ver claramente las manos de la Trusted News Initiative liderada por la BBC , la élite tecnológica científica , los fondos de inversión transnacionales y sus aliados del Foro Económico Mundial (que controlan Pfizer y la mayoría de las grandes farmacéuticas), el legado. Los medios de comunicación y las grandes tecnologías (y muchos gobiernos nacionales) actúan en tiempo real para suprimir la creciente conciencia del público en general de haber sido manipulados activamente utilizando herramientas de psicología de masas para generar miedo y ansiedad clínicamente significativos de COVID-19 (también conocido como ‘ coronafobia ‘ )  para avanzar en sus agendas a escala global.
“La operación psicológica es real. La historia demuestra que los verificadores de hechos están completamente equivocados”, dijo el psicoanalista y autor Dr. Bruce Scott a Church Militant. “Los departamentos académicos de psicología han estado estudiando durante años los procesos grupales (en términos de altruismo/sacrificio), así como los métodos de psicología de la salud (lavado de manos, vacilación ante las vacunas, etc.)”. (Dr. Malone).

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AQUEL 8-M LA PANDEMIA FUE SÁNCHEZ

Tres años después sigue siendo incompresible que Sánchez no siga los pasos de su homólogo italiano y no esté sentado en el banquillo

 

Desde al menos enero de 2020 todos los responsables sanitarios europeos, y desde luego españoles, tenían constancia del potencial devastador de un virus de origen chino capaz de desatar una especie de peste negra moderna. Lo sabía Fernando Simón y, con él, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el jefe de ambos, Pedro Sánchez.
 
La gravedad de la alerta sanitaria está recogida en una veintena de avisos formales de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea entre otros organismos que, de una manera inequívoca, invitaron a tomar medidas preventivas que el Gobierno de España desoyó y silenció sistemáticamente hasta que ya era tarde.
 
No solo es que no atendieran las contundentes señales de peligro: además sostuvieron públicamente lo contrario, hasta el punto de que muchos consideramos un deber, en aquellas fechas, lanzar mensajes de tranquilidad, confiados en el criterio y la decencia de las autoridades sanitarias, con ese portavoz siniestro que debería estar sentado en un banquillo, con su almendra y su pelo blanco, pero inspiró camisetas con su rostro.
 
Es difícil encontrar otra razón distinta al 8-M para explicar esa temeridad, objeto entonces de una batalla política entre el PSOE y Podemos por arrogarse una bandera feminista que hoy sigue vigente: en 2020 Irene Montero quiso presentar la ley del 'solo sí es sí' a toda costa, aunque fuera apenas un borrador como ha demostrado El Debate; y hoy se mantiene la pelea por su derogación tras el espectáculo resumido en los beneficios regalados a 800 delincuentes sexuales.
 
Como Podemos no quería aplazar el evento donde más podía presumir de su vanguardista ley, el mismo PSOE que luego terminó por aprobársela y ahora se la ha enmendado por miedo al elector, no se atrevió a anteponer las insoslayables razones sanitarias a los espurios intereses políticos de su socio y de él mismo: Calvo contra Montero, porque el «machismo mata más que el virus» y había que poder llegar a casa «sola y borracha», aunque al final lo hicieran «enfermas e intubadas».
 
No hay otra razón y, si la hay, nadie ha sabido encontrarla, para que el Gobierno forzara la máquina hasta pasado el 8-M y, con ello, aumentara la letal transmisión comunitaria de un virus que, en la primera oleada, arrasó España, la confinó ilegalmente, hundió su actividad económica y, pese a ello, dejó el mayor reguero de cadáveres de Europa, maquillado de nuevo por un despreciable Simón a las órdenes de sus siniestros señoritos.
 
Porque el estado de alarma no fue una respuesta preventiva ante la pandemia, sino la maniobra de distracción inevitable para tapar la huella del crimen cometido por apurar los plazos y priorizar una causa hoy envenenada, la feminista, a una superior: la vida.
 
España ha acumulado una de las peores cinco mortandades del mundo en proporción a su población; vio desplomarse su PIB como nadie en todo el planeta salvo Argentina; destrozó las libertades constitucionales con un encierro ilegal y dedicó toda la artillería sanchista a tapar una mayúscula negligencia, de consecuencias mortales, que en Italia ha llevado ante el juzgado a su primer ministro y a su responsable sanitario. 
 
Aquí, tras demorar las restricciones de manera suicida, mentir con la supuesta tutela de un inexistente Comité de Expertos, retrasar hasta límites letales la adquisición de material de protección, permitir vuelos desde zonas catastróficas hasta el 10 de marzo y ocultar el recuento real de cadáveres; los responsables de todo eso dan lecciones sobre la sanidad madrileña o andaluza y se presentan como adalides de las mismas mujeres a las que convocaron a una encerrona vírica.
 
De todas las tropelías que ha hecho Sánchez, su gestión de la pandemia es la peor de todas y la que resume al resto. Y si queda algo de decencia en España, en el Parlamento, los juzgados, la calle y los medios de comunicación, algún día le harán pagar la factura en el lugar oportuno: como imputado formal de una escandalosa temeridad que, como todas las que perpetra el sujeto, nunca paga en persona. En marzo de 2020 nos cayó una bomba vírica, sin duda, pero quien la detonó con todos mirando fue el encargado de hacer de artificiero.

 

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Nuevos documentos revelan las falsedades de Igualdad en 2020

LA VERDAD DEL 8-M DE LA PANDEMIA: MENTIRAS, LEYES CHAPUCERAS Y CONTAGIOS MASIVOS

Una investigación de El Debate demuestra que el Gobierno desoyó la alerta sanitaria para celebrar el 8-M de 2020 y una ley que era papel mojado en ese momento y tenía poco «impacto» real según su propia confesión

 

La ley del 'solo sí es sí' auxilia hoy a delincuentes sexuales, por un insólito error en su redacción advertido por el Consejo General del Poder Judicial, varios órganos consultivos y una parte de la oposición, pero, pese a ello, ignorado por el Gobierno, ahora sumido en una polémica devastadora que le hará llegar partido en dos al 8M.

Pero la norma generó otro estrago formidable en las vísperas de la pandemia, allá por 2020, según demuestra hoy El Debate con una sorprendente revelación: la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica fue una monumental fake, sin ningún valor legal cuando fue presentada como un hito y alentó las celebraciones masivas del 8-M, sin la adopción de medidas sanitarias que hubieran evitado, probablemente, una de las mortandades más elevadas del mundo en la primera oleada. Y carecía de «impacto significativo», según los documentos oficiales en propiedad de este periódico elaborados por el propio Ministerio.
 
El Gobierno presentó una ley que no era tal para mantener el 8M con el virus ya en funcionamiento, a sabiendas de que la norma tenía poco «impacto»
 
De tales urgencias de Irene Montero para ponerse la medalla con una ley que hoy beneficia a violadores y pederastas, el Gobierno de Sánchez, con el presidente a la cabeza, fue no solo conocedor, sino cooperador necesario.
 
El Debate publica hoy el documento que así lo prueba: el Gobierno mantuvo aquel 8-M y todos los eventos de masas en España, a pesar de disponer de incontables avisos de la emergencia sanitaria ya en marcha, para «celebrar» una ley que era entonces papel mojado. Esta es la historia.
 

La manifestación, a toda costa

El 31 de enero de 2020, la OMS emitió una alerta internacional por coronavirus. Fue uno de los cuarenta avisos de todo tipo que el Gobierno de España, como el resto de los países, recibió con el tétrico ejemplo de China como espejo al que mirarse. Pero no hizo nada.
 
Tampoco con la última sugerencia recibida, el 3 de marzo, de la propia Unión Europea, desaconsejando de manera tajante cualquier evento de masas que pudiera generar un contagio masivo.
 
También se ignoró. Pero la gran pregunta es por qué. El propio Gobierno «confesó» a su manera, tiempo después, que el virus que ha provocado en España una de las mayores mortandades del mundo ya pululaba por aquí desde febrero.
 
Lo desveló casi sin querer el célebre Fernando Simón, el 23 de abril de aquel año, con unas palabras que contradecían lo que él mismo sostuvo en público antes del 8-M: «Hacia mediados de febrero han detectado una divergencia de algunos de los virus que entraron en España respecto a los virus originales».
 
Lo dijo de forma textual el mismo portavoz del Gobierno que semana antes sostuvo lo contrario: «En España ni hay virus, ni se está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso actualmente».
 
El Gobierno alimentó o consintió que cientos de miles de personas, quizá millones, corrieran hacia la ola vírica que nos venía encima: mientras Grecia o Portugal tomaban nota, España permitió partidos de fútbol en grandes estadios, carreras populares, conciertos e incluso vuelos al norte de Italia, la zona cero del COVID-19, hasta el 10 de marzo: se calcula que hasta dos millones de viajeros fueron y vinieron a la zona de Milán en aquellos días fatídicos.
 
¿Cuál fue una de las razones de ese empecinamiento? ¿Por qué, pese a todas las señales emitidas, el Gobierno decidió retrasar la adopción de medidas, facilitando con ello la transmisión de un virus que en su primera oleada provocó más muertos en España que en la práctica totalidad del mundo?
 

Montero presumió de ley y quiso celebrarla el 8-M escondiendo que ni siquiera era un anteproyecto formal y contó con Calvo luego para que lo «afinara»

 
La gran pregunta tiene una respuesta que el Gobierno no ha sido capaz de rebatir y es sorprendente: la misma ley del «solo sí es sí», que ahora ha generado una inmensa tormenta por ayudar a cientos de agresores sexuales a reducir sus condenas o incluso a salir de la cárcel.
 
La reconstrucción de los hechos elaborada por El Debate, con informes oficiales siempre, permite alcanzar esa conclusión: el empeño de Irene Montero en presentar la ley en marzo y su obsesión por presumir de ella el 8-M, con una gran manifestación en Madrid, permitió a Pedro Sánchez posponer medidas restrictivas, fue decisiva para ampliar el impacto del virus y le llevó a decretar el confinamiento en toda España con un Estado de Alarma impuesto el 14 de marzo, apenas seis días después de las manifestaciones.
 
Montero no quería suspender, bajo ningún concepto, el primer 8-M con Podemos en el Gobierno y la Primera Dama de la formación al frente del Ministerio de Igualdad. Y si no se podía anular ese evento, ¿cómo prohibir el resto? Así que se permitieron todos, desde mítines a pruebas deportivas con estadios llenos, pese a tener información sobrada de lo que podía pasar. Y de hecho pasó.
 
Del empecinamiento en salir a las calles a toda costa da cuenta un hecho que ha podido confirmar El Debate tras una laboriosa investigación y reconstrucción documental de las horas decisivas que pudieron contener el coronavirus o, por el contrario, hacerlo detonar como una bomba vírica expansiva que concluyó con la tasa de mortalidad más desproporcionada del mundo en el primer tramo de la pandemia.
 
En España, que duplica en gasto sanitario per cápita a Grecia, murieron en la primera oleada de Covid 584 personas por millón de habitantes, a 15 de mayo de 2020: cuarenta veces más que en el país de Platón, pero también nueve veces más que en Alemania, seis que en Portugal, casi cuatro que en Estados Unidos o cien veces más que en Corea del Sur.
 
Lo de este país es significativo: con una población similar a la de España y un presupuesto sanitario 5.000 millones inferior; el antagonismo en la respuesta retrata como pocas cosas al Gobierno: allí murió un coreano por cada cien españoles en aquellas fechas y el país no paró su actividad económica ni laboral.
 
Pero el Gobierno no quiso suspender nada. Y una certera explicación está en la Ley de Libertad Sexual que presentó la propia Montero mientras el virus ya avisaba y Moncloa se tiraba a la papelera un aviso del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, adscrito a la Unión Europea y radicado en Estocolmo con una plantilla de 290 personas.
 
En esa nota se instaba a mantener ya la famosa «distancia social» y, según explicó El País en su edición del 13 de marzo, a «evitar actos multitudinarios innecesarios».
 
Pero Montero, como Carmen Calvo y el propio Sánchez, encontraban en el 8-M una ocasión para lucir feminismo y esa ley era la plataforma ideal, presentada a bombo y platillo por la ministra como un antes y después revolucionario.
«Hemos llegado hasta aquí, hemos conseguido presentar este histórico proyecto de ley que es pionero. Con esta ley España va a ser un país más seguro», decía eufórica Montero solo una semana antes de dar positivo ella misma, al presentar en realidad lo que tan solo era el inicio del anteproyecto aprobado en el Consejo de Ministros tras una discusión entre Podemos y el PSOE que concluyó con ese acuerdo.
 

El 8-M de 2020 se mantuvo para festejar una supuesta ley aprobada por todo el Consejo de Ministros que no era más que un trámite inicial sin respeto a los procedimientos

 
Pero la ley ahora en vigor era entonces papel mojado, según la documentación acumulada por El Debate: se trataba de una campaña de marketing, sin efectos prácticos, que motivó con seguridad que se antepusiera la gran fiesta del 8-M y se permitieran decenas de actos masivos contrarios a los consejos internacionales.
 
Lo que aprobó el Consejo de Ministros no fue otra cosa que un mero inicio de la tramitación del Anteproyecto de ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, de ahí que no hubiera publicado ni uno solo de los trámites previos que la ley exige para la aprobación de una nueva ley, donde deben emitirse toda una serie de informes preceptivos para asegurar, entre otras cuestiones, la participación de colectivos que deben ser escuchados con anterioridad.
 
El entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, magistrado de profesión, fue tildado incluso de «machista» por parte del vicepresidente Pablo Iglesias y del portavoz de Podemos, Pablo Echenique, ya que desde su departamento se propusieron algunas enmiendas a una norma que ya salía del Ministerio de Igualdad plagada de incorrecciones legales e incluso faltas ortográficas, dando lugar a una norma que para algunos ministros socialistas no era más que una chapuza, hoy confirmada dolorosamente.
 
Aun así, desde ambos sectores del Ejecutivo intentaron cerrar filas, asegurando que todos remaban en la misma dirección, la del feminismo, la de la pancarta morada tras la que refugiarse para aguantar un chaparrón que había mostrado la fragilidad de un Gobierno en el que las peleas por arrogarse la bandera de la defensa de los derechos de las mujeres habían supuesto un cataclismo de dimensiones incalculables.
 
Sin embargo, al margen de las luchas intestinas en el seno del Ejecutivo, lo cierto es que las prisas por hacer público el anuncio de una norma exigida por los grupos feministas y por las que todos querían colgarse su correspondiente medalla, escondían tras de sí la auténtica realidad: que solo se llevaba al Consejo de Ministros para su aprobación el inicio de la tramitación de un anteproyecto que debía pasar aún por muchas manos y contar con los informes jurídicos pertinentes que después se ignoraron y de los que hasta ahora carece.
 
La ministra Montero recurrió a una mera treta publicitaria previa a la manifestación del 8-M, que por otra parte y dadas las circunstancias jamás debió celebrarse, con el fin de vender en la rueda de prensa del Consejo de Ministros una ley que ni siquiera estaba en su fase más embrionaria.
 
Podía haber esperado, el Gobierno podía haber atendido a la OMS, pero el 8-M estaba a la vuelta de la esquina y ni la ley fake podía esperar ni la manifestación desconvocarse.
 
El borrador no siguió los trámites oportunos ni contó, en esas fechas, con una serie de documentos e informes que obligatoriamente deben ser realizados, lo que provocó los recelos de los juristas que forman parte del Ejecutivo, conscientes de su prematura presentación.
 

Las trampas de Montero

Así, y según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el «anteproyecto» careció de las consultas y estudios previos entre los diferentes departamentos para garantizar el acierto y la legalidad del texto, de ahí que surgieran tantas dudas sobre la legalidad de las propuestas, la invasión de competencias autonómicas, conflictos con otras normativas y un sinfín de problemas que fueron detectados y que generaron tantísimo revuelo mediático como una grave crisis en el Gobierno de coalición, que hoy rebrota por la reforma de esa misma norma.
 
De hecho, el Ministerio que dirige Irene Montero, ante las preguntas presentadas por este periódico, en lugar de reconocer que el texto no es más que un borrador de un anteproyecto, intentó esconder este hecho, alegando que algunos informes y consultas «no son preceptivos».
 
Sin embargo, y según las fuentes jurídicas consultadas, dichos informes sí eran preceptivos, ya que la ley estipula que la redacción de una norma «estará precedida» de «cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad», por lo que al menos sí que debe contar con uno de ellos.
 
Junto a ello, el Ministerio de Igualdad, en un documento fechado el 11 de marzo de 2020 aseguró no disponer de «ningún informe de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios», un trámite que, en el caso de que se hubiera tramitado el anteproyecto como se anunció a bombo y platillo, es un paso previo necesario a su paso por el Consejo de Ministros.
 
 
Documento de Montero reconociendo que no tenía informes necesarios - El Debate

 

Sin embargo, posteriormente y solo tras la intermediación del Consejo de Transparencia, que obligó a Igualdad a facilitar toda la documentación relativa a la tramitación de la norma, el gabinete ministerial remitió una diligencia rubricada por la propia Carmen Calvo en su calidad de Ministra Secretaria en la que hacía constar, a 3 de marzo de 2020, «que el Consejo de Ministros, a propuesta de los ministros de Igualdad, de Justicia, de Interior, de Política Territorial y Función Pública y de Derechos Sociales y Agenda 2030, (...) ha tomado conocimiento del Anteproyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual».
 
Un documento que evidencia que todo el Consejo de Ministros en pleno era consciente del texto legal propuesto por Montero y que ahora está teniendo unas consecuencias devastadoras, al reducirse las condenas de los agresores.
 
Y demuestra algo más: Carmen Calvo, cabeza visible luego de la oposición a Montero en este asunto y otros como la «Ley Trans», en realidad ayudó a la ministra de Podemos a dar apariencia formal al «papel mojado» del «sí es sí», validando el procedimiento seguido por ella.
 
Aun así, y para tapar sus argucias políticas como legisladora, desde Igualdad, en un primer momento, se argumentó que dicho informe de la Comisión de Secretarios y Subsecretarios no era un trámite que se contemple en la ley, para después rectificar y asegurar que «este trámite consiste básicamente en la toma de conocimiento del texto del anteproyecto y de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo por parte del Consejo de Ministros, a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes».
 
 
Documento firmado por Carmen Calvo donde sale al rescate de Irene Montero - El Debate
 
Por su parte, Montero también aseguró que su proyecto carecía de una Memoria de Análisis de Impacto normativo, que según Igualdad, sería «publicada en el Portal de Transparencia una vez finalizada», pero que realmente se facilitó posteriormente y de nuevo a instancias del CTBG, aunque aclarando que se trataba de «un documento provisional que seguirá completándose a medida que se perfeccionen los trámites aún pendientes en este procedimiento normativo».
 

Cambio de versiones

Y es que, además, el propio Ministerio se negaron en esa época a facilitar el informe elaborado por la Secretaría General Técnica de Igualdad, que también debería estar redactado alegando que es un documento auxiliar que no tiene razón para ser público, aunque las fuentes jurídicas consultadas aseguran que muy al contrario es un documento preceptivo que no tiene carácter auxiliar.
 
Sin embargo, Igualdad cambió de nuevo posteriormente su versión a la hora de justificar sus reticencias a remitir dicho informe, alegando, esta vez, que se tendría que elaborarse «en un momento posterior de la tramitación; de hecho, es el último documento en elaborarse antes de remitir el proyecto normativo al Consejo de Estado, pues en él ha de reflejarse toda la tramitación que ha seguido la norma y los cambios que, en su caso, se hayan ido introduciendo en el texto durante dicho procedimiento».
 
 
Uno de los documentos donde el Ministerio reconoce que la «Ley» no había cumplido ninguno de los requisitos previos - El Debate
 
 
Por último, y uno de los aspectos más criticados de la tramitación de la norma, que hasta incluso ha sido puesto de relieve por los propios colectivos feministas, es la falta de un trámite de consulta pública previo necesario para su aprobación.
 
De hecho, Igualdad se escuda para ello en que «el artículo 26.2 párrafo tercero de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, prevé que podrá prescindirse del trámite de consulta pública cuando, entre otras razones, la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia», rebajando de esta manera la importancia de una norma que siempre ha parecido vital para Montero.
 

Sin consulta pública

Debe recordarse que esta tramitación legislativa tuvo lugar finalmente mediante Ley Orgánica, la categoría legal reforzada que la Constitución reserva para aquellas normas que afectan de manera especial a los derechos fundamentales de las personas, algo que ocurre de manera muy concreta al regular el polémico delito de la agresión y abuso sexual.
 
Sin embargo, lo cierto es que en la misma norma pero en el artículo 26.6 se asegura que «cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades».
 
De hecho, fue algo que no se produjo hasta semanas después de que se llevara este borrador al Consejo de Ministros, en lugar de hacerlo de forma previa. En concreto, según detallaban en la propia Memoria, el trámite de audiencia e información pública se sustanció a través del portal web del departamento, según lo dispuesto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, durante los días 9 a 13 de marzo de 2020 y del 1 al 15 de junio de 2020.
 
Y es que las prisas han sido las peores consejeras de Montero. Quería tener lista a toda costa una norma con un marcado carácter propagandístico de cara a la manifestación del 8M, con la que presumir frente a los colectivos feministas, a los que tampoco contentó, ofreciendo a cambio una chapuza que sus compañeros del PSOE rubricaron igualmente y que ahora intentan enmendar conscientes del desastre.
Sin embargo Podemos, desde aquel entonces, optó por ponerse del lado de la ministra y generar una crisis de gobierno, que ahora se ha acrecentado aún más, sin aceptar las críticas posibles y sin tener en cuenta que en la tramitación de la norma no se habían seguido ni los plazos, ni los protocolos marcados de forma muy clara en la legislación vigente.
 
Todo ello por ganar una batalla mediática que colocase a Podemos en el primer puesto en la defensa de los postulados feministas. Que además les incitara a salir a la calle el 8M con la medalla del «solo sí es si» colgada en la solapa, mientras la sombra de la pandemia ya estaba Madrid y la misma Montero o Calvo resultaban infectadas por un virus que hizo perder la vida a 22.000 personas en su primer tramo, 20 veces más de la media mundial.
 
Y todo por una ley que, en palabras de Montero y de su equipo en un documento oficial en propiedad de El Debate, no es tan importante porque esta Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, «no tiene un impacto significativo en la actividad económica, no impone obligaciones a los destinatarios (sino que concede derechos) y regula un aspecto parcial –la libertad sexual– de una materia más amplia como es la igualdad de género».
 
Una ley que entonces no era tal pero alentó una manifestación irresponsable y hoy, ya en vigor, auxilia a delincuentes sexuales en un número que se acerca peligrosamente ya al millar.

 

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LAS PRUEBAS DE QUE LA MANIFESTACIÓN A FAVOR DE LA LEY DEL 'SOLO SÍ ES SÍ' EN 2020 DISPARÓ LA COVID

La ley más polémica del Gobierno obligó a celebrar el 8-M en 2020, engañó a la opinión pública sobre su vigencia y ayudó a detonar una bomba vírica de mortalidad en Madrid

 

Irene Montero presentó como una gran novedad una ley que no era tal, tal y como ha demostrado El Debate con documentos del propio Ministerio, se aferró a ella para que el Gobierno no aplazara ni el 8-M ni ningún evento de masas y contribuyó con todo ello, de manera decisiva, a que detonara una bomba vírica en Madrid una explosión de muertes en los días siguientes a la fiesta feminista.

Si ahora la ley del 'solo sí es sí' tiene sobrecogida a la sociedad por el auxilio que presta a cientos de delincuentes sexuales; en su génesis plagada de medias verdades a la opinión pública, despreció las advertencias sanitarias, facilitó los contagios masivos y derivó en una cifra de fallecidos descomunal e inusual en el resto de España, tal y como hoy desvela este periódico y corrobora el estudio elaborado por el profesor Fernando Bernaldo de Quirós, tres años después de la tragedia.
 
Ese contexto explica, sin asomo de duda médica, por qué en España el coronavirus generó en la primera oleada unos estragos sin parangón en el mundo. La permisividad del fin de semana del 8-M coronó una ceremonia de indiferencia ante los reiterados avisos internacionales, de desprecio a medidas que otros ya tomaban y decisiones opuestas a las que la incipiente emergencia sanitaria reclamaba.
 
Todo ello se sustenta en un único dato, aunque hay muchos más, simplemente demoledor que el Gobierno ha hecho lo imposible por maquillar: España tuvo, a 16 de mayo de 2020, 587 víctimas mortales por cada millón de habitantes. Es la única manera de medir el impacto real del COVID-19, comparando su letalidad con la población de cada país.
 
 
LA PANDEMIA Y EL 8 M
El informe que demuestra cómo se disparó la mortalidad tras el 8M en Madrid
 
Trasladado los números españoles al mundo, la pandemia que se ha llevó la vida de 308.000 personas en ese mismo periodo de tiempo de 2020, habría provocado 3.2 millones de muertos, 11 veces más de los que ha generado oficialmente.
 
La desproporción es aún más abrumadora con países como Corea del Sur o, más cerca, Portugal y Grecia: todos ellos tienen un gasto sanitario per cápita inferior al de España (la mitad en el caso griego incluso), pero en todos ellos la cifra de muertes es infinitamente inferior, según los datos del propio Ministerio de Sanidad y el informe Our world in data, dirigido por el Director del Departamento de Economía de Oxford y tutelado por un pool de medios y universidades que incluye a la BBC, The New York Times o The Washington Post.
 

En Madrid se disparó la mortalidad más del 70% después de que se permitiera celebrar el 8M, de donde varias ministras salieron contagiadas

 
Ahí se percibe bien la diferencia: España tuvo 40 veces más muertos que Grecia, seis más que Portugal, ocho que Alemania y cien veces más que Corea, un país de similar tamaño que a principios de marzo tenía unos parámetros de infección casi idénticos a los españoles: desde entonces, aquí murieron 27.000 personas; allí solo 262, con datos de mediados de mayo de aquel año primigenio de la pandemia.
 
Incluso con los países más afectados, como Francia, Reino Unido, Estados Unidos o Italia; el caso español sale maltrecho: a todos ellos les supera en muertes con arreglo a su población, que es la fórmula correcta que el Gobierno desecha arteramente en sus comparecencias para disimular la realidad.
 
Fernando Simón, en su comparecencia del 14 de abril de 2020, llegó a afirmar literalmente que la letalidad en España era «igual o algo más baja» a la de Europa, y la situó en torno al «10%» con un truco matemático que no resiste la comparación con la verdad: dividió los contagios oficiales entre los muertos (200.000 y 20.000 respectivamente aquella jornada) para dar a la opinión pública un dato falso.
 
 
La curva de contagios se disparó a partir del 8M, según el propio Ministerio
 
Que España permitiera vuelos con Italia hasta el 10 de marzo, con cifras de ida y vuelta de hasta un millón de pasajeros; que rechazara expresamente la adquisición de material; que persuadiera desde enero a la opinión pública de que aquí solo habría «casos aislados» o que tolerara e impulsara acontecimientos de masas para no tener que aplazar el 8M son las razones, sin la menor duda, del contagio masivo que hubo aquí y en casi ningún sitio más.

El drama de Madrid

Y los datos oficiales de Madrid lo corroboran. Solo es la semana del 10 al 17 de marzo de 2020, la subsiguiente justo al 8M, la mortandad en la región creció un macabro 70%, con los datos oficiales en la mano del propio Ministerio de Sanidad y su Informe Momo, del que nunca habla pero elaboraba por aquel entonces casi a diario en colaboración con el Instituto Carlos III.
 
Ahí, en el correspondiente al 26 de marzo, se percibe el impacto de un contagio que afectó incluso a Irene Montero o a Carmen Calvo y se demuestra el efecto letal de la indiferencia del Gobierno ante las sucesivas alertas recibidas desde el 31 de enero hasta el 3 de marzo inclusive: murieron, solo en Madrid, un 71.2% más de los ciudadanos contemplados en las medias habituales, un dato consignado por Sanidad con el elocuente nombre de «exceso de mortandad».
 
 
 
 
En ese escaso lapso de tiempo, «tuvieron» que morir 904 personas según las cifras medias habituales: en realidad lo hicieron 1548, 644 más de lo esperado. La bomba vírica había estallado, mientras el Gobierno ignoraba los avisos y echaba gasolina al fuego, y las muertes innecesarias empezaban su escalada.
 
 
Con las cifras de mortalidad de España tras el 8M, en el mundo debieron morir 3.5 millones de personas: lo hicieron menos de 400.000
 
 
Sánchez situó en dos semanas el tiempo imprescindible para saltar de fase, apelando al periodo de incubación medio de la enfermedad, un tiempo que los expertos rebajaron luego a entre cuatro y siete días: en realidad, el presidente reconoció con ello que la práctica totalidad de muertos en España del mes de marzo se infectaron en esa primera semana trágica en la que, lejos de apartar a la ciudadanía del virus, la arrojaron contra él al consentir todo tipo de celebraciones y eventos con multitudes, coronados por las grandes manifestaciones del 8-M de 2020.

EUGENISTAS

"Pienso que ahora mismo el virus sólo está atacando a personas mayores, no a los jóvenes ni a los niños......creo que nos está dando la naturaleza un aviso de que puede ser que estemos llenando la Tierra de muchas personas mayores y no de jóvenes". Elizabeth Merino, Concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Arrecife (Somos-Nueva Canarias). 

 

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