LA CORRUPCIÓN POLÍTICA Y EL AMOR A LOS PARTIDOS (Nicolás Maquiavelo, 1469-1527)

Los españoles protestamos mucho pero somos extraordinariamente condescendientes con los escándalos políticos cuando acudimos a votar. Y los partidos lo saben.

Al despuntar el segundo mes de 2016 el juez de la Audiencia Nacional ocupado del caso decretaba la apertura del juicio oral para las más de seis decenas de imputados en el asunto de las tarjetas black de Caja Madrid.

No nos interesa ahora su detalle, sino su valor simbólico: ese caso constituye la metáfora perfecta del problema de la corrupción en España. Todos los partidos políticos que han tocado el poder están representados en él; también los sindicatos y patronales que se consideran más representativos en virtud de una legislación a la que le pesan los años, y también una amplia colección de las personalidades llamadas independientes que, más que de asesores y consejeros, han ejercido de correveidiles de los que mandan.

La corrupción se ha extendido sobre todos ellos, respetando sus respectivas cuotas de participación en el manejo de los asuntos públicos, sin que ningún grupo político o sindical se haya quedado fuera. Como en un contexto no muy diferente del nuestro señaló, aludiendo al mismo tema, el gran escritor siciliano Leonardo Sciascia, ya en su lecho de muerte, «vivimos rodeados de porquería«.

Es esa porquería la que nos inquieta como ciudadanos, sobre todo cuando vemos a los líderes de la sociedad aludir a ella para achacársela a sus rivales, como si ellos mismos no estuvieran enmierdados, como si su verborrea burocrática sirviera para eludir un problema que anida en la esencia misma de la naturaleza humana de quienes ejercen el poder y cuya solución sólo puede atisbarse en un cambio radical de la moral pública.

Y sin embargo, tanto ruido actual no nos deja ajustar muchas veces las verdaderas dimensiones del fenómeno de la corrupción. Porque hay que decir con claridad que, en España, la corrupción es un fenómeno acotado a una fracción de la clase política y que no ha alcanzado a los empleados que ejercen la función pública.

España no es, como pasa incluso en algunos de los estados de la Unión Europea, un país en el que los ciudadanos tengan que pagar mordidas para ser atendidos en los servicios públicos, aunque sí haya empresarios que unten adecuadamente a algunos de los políticos que deciden sobre los contratos de suministro o la realización de las inversiones de las Administraciones.

No desconozco que Transparencia Internacional, desde que en 2006 saltó a la palestra el caso Malaya, ha mostrado en sus índices un constante deterioro de la posición internacional de España en este tema; o que, mucho más recientemente, desde el cuarto trimestre de 2012, el CIS señala a la corrupción entre los problemas más relevantes percibidos por los españoles.

Pero se trata de indicadores que muestran una impresión subjetiva de los que han sido encuestados por esas instituciones y que muestran un estado de opinión influido por factores ajenos al fenómeno de la corrupción, como puede ser el malestar provocado por la crisis económica, o que, relacionados con ella, no reflejan sino el ruido que provoca su magnificación en los medios de comunicación, donde -seguramente debido a la cachazuda morosidad que los jueces imprimen a estos asuntos- cada caso se reitera periódicamente durante meses e incluso años.

¿Habrá que recordar que, por poner solo un ejemplo, ahora que en Valencia se han desatado todos los demonios para el PP, el caso Torrevieja se abrió en 2005 y no fue cerrado, con la condena de Carlos Fabra, hasta 2012? ¿O que el caso Brugal lleva nueve años instruyéndose, o que las diferentes piezas del caso Gürtel están en los juzgados desde 2009?

Es cierto que no tenemos un registro completo de los asuntos sucios, pero sí disponemos de algunas fuentes que nos permiten una acotación de las dimensiones reales de la corrupción en España.

A finales de 2009, el fiscal general del Estado compareció en el Congreso y proporcionó información sobre las 617 causas de corrupción política abiertas en los tribunales a lo largo de la primera década del siglo:

Sus datos mostraban, como no podía ser menos, que la mayor parte de ellas concernían al PSOE (264) y al PP (200), pero que también participaban en tan turbio aquelarre los socios de Coalición Canaria (43), CiU (30), Partido Andalucista (24), Izquierda Unida (20), el Grupo Independiente Liberal de Jesús Gil (17), la Unión Mallorquina de María Antonia Munar (7), ERC (5), el Bloque Nacionalista Gallego (3) y los vascos PNV (3) y Eusko Alkartasuna (1).

En el reparto, como se ve, había para todos; pero si, más allá de las cifras brutas, lo relacionamos con la distribución del poder político, entonces lo que emerge es que, con algunas excepciones, la corrupción afecta a los partidos más o menos de la misma manera.

En efecto, si calculamos la ratio entre el número de casos y el número de votantes de cada partido -tomando el promedio de las elecciones generales celebradas en dicha década- entonces se comprueba que:

PSOE, PP, IU y EA registraban en torno a 20 asuntos de corrupción por cada millón de electores; PNV, ERC y el BNG estaban menos afectados con alrededor de 10 causas cada uno; CiU se apartaba hacia arriba con una ratio de 35 pleitos por millón de votantes; y los demás partidos -todos ellos menores desde el punto de vista político- se mostraban como auténticas máquinas delictivas con ratios de entre 200 y casi 500.

¿Qué se deduce de tan simple ejercicio numérico basado en informaciones objetivas? Pues sencillamente que, con pocas excepciones de carácter muy local, la corrupción afecta a todos los partidos más o menos de la misma manera y que su cuantía absoluta depende básicamente de la cantidad de poder político que acumulan esas organizaciones.

Seguramente, si dispusiéramos de la información correspondiente al último quinquenio, llegaríamos a la misma conclusión y, por tanto, veríamos que ahora el PP no es un partido más corrupto que los demás, sino que sencillamente, en estos años recientes, ha manejado un inmenso poder.

Ello es lo que sugiere otro ejercicio similar, en esta ocasión basado en la lista de 363 políticos imputados o condenados hasta finales de 2014 que publicó el diario El Mundo con referencia a los casos de corrupción más importantes.

Ahora la ratio por millón de electores se ubica en 12 y 18 para el PSOE y el PP, respectivamente; se eleva ostensiblemente hasta una cifra en torno a treinta para CiU, PNV, Coalición Canaria y Partido Andalucista; se reduce, en cambio, a unas pocas unidades en los casos del BNG e IU; y sube a niveles estratosféricos en los partidos de ámbito local.

Ejercicio pasmoso. La corrupción es, por consiguiente, un fenómeno transversal que, precisamente por tener ese carácter, tendría que haber sido repudiado por todos los partidos políticos de la misma manera.

Sin embargo, no ha sido así, pues cada organización, en un pasmoso ejercicio de pensamiento asimétrico que no oculta sino una inmensa hipocresía, ha tratado siempre de achacársela a sus rivales políticos, sin reconocer sus propias culpas y, más aún, tratando de ocultarlas con farisaicas apelaciones a la presunción de inocencia, cuando no con el blindaje de los afectados bajo la institución del aforamiento, mientras los jueces y fiscales -cuyas carreras profesionales dependen muchas veces de esos mismos partidos- dilataban sus investigaciones con la también falsa excusa de la carencia de medios.

Pero el problema va mucho más allá porque, paradójicamente, la corrupción también encuentra amparo entre los ciudadanos. Aclaremos de entrada que este fenómeno tiene un coste social que supera muy ampliamente a su coste real.

Si contabilizamos todas las cantidades defraudadas durante los últimos 15 años en los casos conocidos a través de la prensa, se llega a una cifra algo inferior a los 5.000 millones de euros; es decir, unos 330 millones anuales en promedio.

Sin embargo, de acuerdo con la investigación dirigida por el profesor Carmelo León en la Universidad de Las Palmas, siguiendo la metodología de la economía de la felicidad, la pérdida de bienestar de los españoles derivada de la corrupción es equivalente a la que produciría cada año una caída de 39.500 millones en la renta; un valor éste 120 veces superior al que se acaba de señalar.

Siendo esto así, cabría esperar que los españoles tuvieran un comportamiento severamente sancionador con respecto a los políticos corruptos.

Cabría esperar que los españoles tuvieran un comportamiento severamente sancionador con respecto a los políticos corruptos, pero no es así.

Pero, como han puesto de relieve los politólogos de manera reiterada, empleando métodos cuantitativos, no es así. En los últimos años se han publicado numerosas investigaciones acerca de la conducta electoral de los españoles en relación con la corrupción.

Casi todas ellas utilizan como material empírico los resultados de las elecciones locales, aunque también se cuenta con algunos trabajos en los que la referencia se establece en las elecciones generales. En ellos, utilizando muestras amplias de casos judicializados de corrupción, lo que se mide es en qué medida los candidatos implicados ven afectado su resultado cuando se presentan a la reelección.

Con los matices que añadiré a continuación, la principal conclusión de esos estudios es que, como se señala en el realizado por Gonzalo Rivero y Pablo Fernández-Vázquez para la Fundación Alternativas,

«los partidos cuyos alcaldes se ven envueltos en casos de corrupción no se ven penalizados en las urnas».

Ello quiere decir (según añaden estos autores) que el mecanismo electoral no cumple una función de depuración del sistema político y no sirve

«para discriminar […] entre buenos y malos candidatos [y para] expulsar de la arena política a aquellos que podrían haberse aprovechado irregularmente de los bienes comunes».

Sentado esto, caben las matizaciones menores. Así, en un estudio sobre las elecciones municipales de 2007, encabezado por Elena Costas-Pérez, se concluye que la penalización electoral de la corrupción fue del 4%.

En un sentido similar, otra investigación sobre los comicios de 2003, 2007 y 2011, realizada por Juan Luís Jiménez y Carmen García, señala que el castigo solo alcanzó a la izquierda, pues mientras el PSOE perdió alrededor del 2% de los votos por la corrupción, el PP vio premiados a sus alcaldes corruptos con una ganancia del cuatro por ciento.

Esto último se corroboró en el trabajo de Fernández-Vázquez y sus colaboradores acerca de las votaciones de 2011, al valorarse que los regidores corruptos cuya gestión no había mejorado el bienestar de los electores estaban penalizados con algo más del 4% de pérdida en sus papeletas, mientras que los que eran percibidos como buenos gestores, aunque fueran corruptos, registraban como mínimo estabilidad en sus apoyos.

Otro matiz lo introdujo Elena Costas-Pérez al observar que, en 2007, la corrupción había inducido un incremento de la abstención que no llegaba al 2%.

Sin embargo, indicaba esta estudiosa que tal fenómeno afectó a los electores que se consideraban independientes, mientras que los que se identificaban con algún partido, fuera o no corrupto, no modificaron su participación en los comicios.

Estas observaciones se reproducen en los trabajos que han tenido en consideración los resultados de las elecciones generales, de manera que también en ellas la corrupción carece de efectos electorales relevantes.

Ello fue así al menos en las de 2011 y 1996 (que tuvieron como marco una coyuntura política que guarda muchas similitudes con la de 2015), las únicas estudiadas, y por tal motivo es difícil de aceptar la tesis de que en este último año fuera la corrupción el factor decisivo que hizo perder al PP su poder.

Pero más allá del caso más reciente (que habrá que dejar, de momento, al escrutinio de los politólogos), lo que sí es evidente es que los españoles, con quejas o sin quejas, somos extraordinariamente condescendientes con los políticos corruptos cuando acudimos a los colegios electorales. Y los partidos lo saben.

Tal es el motivo por el que, cuando los casos se amontonan en los periódicos y los juzgados, sus reacciones se centran en la propuesta de cambios legislativos y en el aumento de los controles -unos controles, por cierto, que, como ha puesto de relieve la práctica seguida por el Tribunal de Cuentas, hasta ahora no han servido para nada-, pero se resisten a la expulsión de los implicados.

Por todo ello, aunque los principales culpables de la corrupción sean los que ostentan el poder, también los ciudadanos cargamos con el estigma de la tolerancia. En el pecado llevamos la penitencia; y no nos veremos librados de ella hasta que una revolución cultural nos lleve a practicar una moral pública intransigente con los corruptos. Para esto no necesitamos más leyes sino más decencia.