El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comparecencia del 4 de abril, en la que anunció la prolongación del estado de alarma hasta el 25 de abril próximo. El autor de esta columna, Ricardo Rodríguez, le pide que piense en declarar el estado de excepción, más acorde con las medidas de seguridad aplicadas. Foto: Pool/Borja Puig de la Bellacasa.
Por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Gobierno de España declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, ahora denominado COVID-19, por un plazo de 15 días, que fue prorrogado por Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por otros quince días.
Ayer, sábado 4 de abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció, en rueda de prensa, que el próximo martes, 7 de abril, acordará una segunda prórroga de este estado de alarma hasta el 26 de abril.
Una rueda de prensa sin periodistas y con las preguntas filtradas por el secretario de Estado de Comunicación, como nos viene acostumbrando en sus últimas comparecencias televisivas, quien selecciona las preguntas y, lo que es quizás más grave, sin posibilidad alguna de repreguntar, lo que ha motivado críticas de todos los medios y asociaciones profesionales periodísticas.
Lo que originariamente estaba bien (esto es, acordar el estado de alarma por la crisis sanitaria producida por la pandemia del coronavirus) ha ido derivando a un problema de orden público al limitarse el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
En efecto, la acción original del Gobierno, al decretar el estado de alarma era:
1.- Proteger la salud y seguridad de los ciudadanos;
2.- Contener la progresión de la enfermedad y
3.- reforzar el sistema de salud pública.
Pero lo cierto es que las sucesivas medidas temporales de carácter extraordinario que ha ido adoptando el Gobierno se han intensificado para –lo que es loable- prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico.
El problema estriba –a mi juicio- que con todas o, al menos, alguna de las medidas adoptadas con posterioridad al Real Decreto que lo acordó y el que lo prorrogó (ambos convalidados por el Congreso de los Diputados) se están afectando, limitándolos y, de hecho, suspendiendo alguna de las libertades y de los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución.
A título de ejemplo, podemos reseñar:
La libertad deambulatoria, de libre circulación, nuestra libertad de movimientos al estar obligados todos a estar confinados en nuestros domicilios (a excepción de los movimientos autorizados por órdenes ministeriales), que, a su vez, afecta a los derechos de reunión, de manifestación y libertad de culto.
La libertad de empresa, desde el mismo momento en que se prohíben los despidos.
El derecho de propiedad al impedir a los arrendadores que puedan disponer de sus propiedades al prohibirse los desahucios.
La libertad de poder contraer matrimonio libremente, al no poder realizarse.
El mismo derecho a la libertad, por cuanto si alguien fallece no puede ser acompañado por todos los familiares y amigos que deseenr y no se puede hacer un acto religioso.
El derecho a la tutela judicialefectiva al estar suspendidos los plazos administrativos y procesales (tal es, por ejemplo, la imposibilidad de presentar una demanda de reclamación de cantidad, de desahucio). Y, en suma,
El de libertad de prensa, de información (derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión) en los términos ya citados.
Lo que originariamente se hizo bien por el presupuesto de hecho de la alarma –evitar la propagación de la pandemia- ha quedado superado por los acontecimientos con una clara afectación del orden público –aquella limitación de derechos fundamentales- que, en modo alguno pueden realizarse bajo un estado de alarma, debiendo pasarse al siguiente grado de excepcionalidad, cual es el estado de excepción.
La limitación de derechos fundamentales es clara, patente, notoria y manifiesta.
Y tal limitación de derechos fundamentales necesita una cobertura legal que solo tiene encuadre, según nuestra Constitución (artículo 55.1), bajo la declaración del estado de excepción o de sitio. Nunca bajo el estado de alarma.
Y debe recordarse al Gobierno que, según el párrafo segundo del apartado 2 del citado precepto constitucional, “la utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica [LO 4/1981, de 12 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio)] producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes”.
El estado de excepción está previsto para los casos en los que “el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo” (artículo 13 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio).
Es el Gobierno quien también declara el estado de excepción por decreto acordado en Consejo de Ministros pero (al contrario de lo que ocurre con el estado de alarma en que es declarado por el Gobierno mediante decreto acordado por Consejo de Ministros y dando cuenta al Congreso de los Diputados y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado) previa autorización del Congreso de los Diputados, que deberá determinar expresamente los efectos del mismo, así como su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual y con los mismos requisitos.
En definitiva, lo que inicialmente se hizo bien (declarar el estado de alarma para controlar la pandemia -que no evitar por cuanto ya estaba extendida por todo el territorio nacional-) ha derivado en una limitación de libertades y derechos fundamentales que no puede sustentarse con este estado de alarma, sino que debe darse un paso más, declarando el estado de excepción, previa autorización del Congreso de los Diputados. Cierto es que sería algo absolutamente excepcional (sería la primera vez en la historia de nuestra reciente democracia), pero también es excepcional la grave crisis, social, sanitaria y económica que estamos padeciendo.
Aún están el presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros a tiempo de rectificar.
Piénseselo…, pueden solventar así las graves responsabilidades –incluidas las penales, artículo 452 del Código Penal– que, en caso contrario, podrían incurrir.
Debe recordarse que si bien las decisiones que adopta el Consejo de Ministros son actos políticos no es menos cierto que no dejan de estar exentos de control judicial.
Termino con una acepción coloquial marinera: Aviso a navegantes.
1.-El derrumbe capitalista, el sálvese quien pueda y la pandemia como convidada de piedra
La reunión de los Ministros de Economía y Gobernadores de los Bancos Centrales de los países del G-20 –los 20 Estados que concentran el 85% del producto bruto mundial-, realizado telemáticamente el pasado 23 de Marzo, es hasta el momento la evidencia más clara de que no es tan importante para el sistema capitalista salvar a la humanidad de la pandemia con mayor impacto mundial ce la historia (en cuanto al número de países afectados y el porcentaje de población planetaria confinado en sus casas) como salvarse a sí mismo.
La incorporación de la India (1.300 millones de habitantes) a la lista de países (de un total de 195 reconocidos internacionalmente) que aplican el confinamiento de sus hogares y otros establecimientos) es alrededor del 40% de la población mundial (más de 3.000 de unos 7.800 millones de seres humanos que habitan el Planeta) los que se encuentran en tal situación.
Dicha reunión, preparatoria de la Cumbre de Presidentes del G-20, aparentemente convocada con el fin de hacer frente a la pandemia del coronavirus, ha puesto en realidad el énfasis en el impacto económico que traerá esta nueva “peste negra” del siglo XXI.
Dada la extensión de la epidemia y el tiempo transcurrido desde que el brote inicial apareció en la provincia china de Wuhan no puede decirse que el G-20 haya actuado precisamente con precipitación.
Por su parte el Ministro de Economía francés Bruno Le Marie expresó en un tuit el interés de la pasada reunión por el "impacto violento de la pandemia en la economía global, el necesario apoyo financiero para los países en desarrollo y los preparativos para una estrategia de salida común de la crisis".
No se avanzó en dicha reunión ninguna propuesta de actuación contra el coronavirus, ni siquiera orientación concreta ante la inminente celebración de la cumbre de presidentes y primeros ministros.
Cómo no podía ser de otro modo, porque al capitalismo le mueve solo el beneficio y le duele éste cuando es amenazado, sea por una revolución social, una de sus periódicas e inevitables crisis o un desastre que amenace su realización, la Cumbre del G-20 del jueves 26 de Marzo ha concluido en fracaso para las víctimas del coronavirus y para quienes cada día engrosan las brutales cifras de afectados y de muertos y en éxito en la toma de decisiones económicas, que ya veremos hasta dónde alcanza.
Para combatir el coronavirus la notificación final de la Cumbre alude a declaraciones tan pobres como "compartiremos información oportuna y transparente; intercambiaremos datos epidemiológicos y clínicos; compartiremos materiales necesarios para la investigación; y fortaleceremos los sistemas de salud a nivel mundial", sin concretar ninguna partida económica para lograr este objetivo.
Tampoco es que el comunicado final de la Cumbre del G-20 destaque por su concreción en relación con el COVID-19 y su afectación a los países subdesarrollados
Por el contrario, en el caso de las medidas aprobadas ha hablado mucho más claro: 5 billones, con B, de euros (4,5 billones de dólares) para estimular la economía mundial
Porque, en el fondo, al capital le importa lo que le importa
Y no duda, para ello, de revestirlo del camelo del “bien común” y el “interés general”
“La magnitud y el objetivo de esta respuesta reanimarán la economía global y pondrán una sólida base para proteger trabajos y recuperar el crecimiento”
“Vamos a proteger la vida humana, restablecer la estabilidad económica global y sentar bases sólidas para un crecimiento sostenible, equilibrado e integrador"
Esta semana ha sido prolija en reuniones internacionales de tipo virtual.
El pasado miércoles 25, un día antes de la cumbre del G-20 concluía la del G-7, formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, sin acuerdo de comunicado final, por lo que no se tomaron decisiones.
La insistencia de Mike Pompeo, secretario de Estado USA, en referirse a la pandemia como “virus chino” o “virus de Wuhan” llevó al resto de los miembros del grupo a no suscribir un comunicado final.
En paralelo a la Cumbre del G-20, el mismo jueves tenía lugar la reunión telemática de presidentes y primeros ministros de la UE buscando un plan anticrisis de reactivación de la economía europea, que está entrando en recesión por causa tanto de la enfermedad como de las medidas adoptadas para frenar el COVID-19.
Pero la pretensión de una “estrategia coordinada”, una vez que se superase la pandemia, para volver a arrancar la máquina económica, afectada del mayor parón desde la fundación de la UE, fracasó.
Para su puesta en marcha se demandaba desde los países del sur, capitaneados por España, Italia y Francia, una emisión de deuda con respaldo de la UE (“coronabonos”) y no simplemente de cada país como pretendían las naciones más ricas de la eurozona. Alemania, Austria y Holanda se opusieron frontalmente, sabedores de que los países más ricos de la UE tendrían que hacer un aporte económico mayor para la emisión de deuda pública.
Los 9 países, incluidos los 3 del sur citados, que apoyaron la petición de coronabonos son los más endeudados de la UE, por lo que la capacidad de respuesta derivada del coronavirus asentada en sus propios medios económicos es mucho más limitada que una actuación en conjunto derivada de una respuesta mancomunada. España y Francia con un volumen de deuda alrededor del 100%, e Italia con un nivel superior, apenas poseen capacidad de maniobra financiera.
En este punto las tentaciones de culparse entre los países miembros de la UE se han hecho ya operativas. Mientras el Ministro de Finanzas holandés, Wopke Hoekstra, ya acusa a los PIGS de derrochadores, en un argumentario que recuerda los primeros años de la crisis capitalista del 2007 en Europa, los del sur acusan a los más ricos de insolidarios y abandonarles a su suerte.
Así pues, el aplazamiento de la próxima reunión a 2 semanas más tarde solo puede ser una repetición aún más frustrante de las expectativas de ese remedo de Plan Marshall porque Alemania fundamentalmente no está dispuesta a seguir tirando de la máquina de fabricar dinero.
Cualquier calificación moral que se exprese en binomios de solidaridad/insolidaridad entre los socios de la UE es absurdo e inútil. La lógica del capitalismo es el beneficio, no la solidaridad o el apoyo mutuo entre las naciones. Cuando el capitalismo entra en la UCI no hay Oda a la Alegría (himno dela UE) que valga sino My Way (A mi manera) para cada uno de los países que componen una UE en crisis que podría acabar siendo terminal.
De todas las reuniones celebradas en estos días, la de la UE expresa el mayor grado de fracaso no ya porque la cooperación europea en la lucha contra el coronavirus sea inexistente, que lo es, o porque no hay existido una actuación conjunta en las medidas de protección sanitaria de la población, que tampoco se ha producido, actuando cada país a su aire, o porque no haya habido una puesta en común de recursos sanitarios y una contratación centralizada de recursos y medios sanitarios que potenciase la eficacia en la respuesta a la propia pandemia, sino porque ha fulminado elementos centrales de la esencia de la propia UE
Si la crisis capitalista de 2007 puso en jaque el proyecto de hacer de la eurozona un tercer polo económico, capaz de diseñar y llevar a cabo estrategias comunes para hacer del área geográfica un mercado potente y con capacidad de competir tanto frente a China como frente a Estados Unidos, esta nueva fase de la crisis que ahora detona con el coronavirus, ha demostrado que la UE ni siquiera es capaz de dar respuesta en términos de financiación conjunta de la deuda que los países miembros están asumiendo para impedir la muerte de sus economías.
El espacio común europeo, nacido del Acuerdo de Schengen, ya no existe. Del total de socios, 12 países han vuelto a levantar fronteras al tránsito de mercancías y personas, más allá de que el control de personas entre países sea o no necesario en estos momentos.
El cuestionamiento de la eficacia de la UE para resolver problemas compartidos de los países miembros se incrementará, al evidenciar que ni siquiera existen intereses comunes, con el aumento del euroescepticismo, el repliegue nacionalista dentro de cada país y el incremento de la fuerza de los partidos de ultraderecha.
La propuesta, finalmente retirada en las conclusiones de la reunión del pasado jueves de recurrir al MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad), puesto en marcha para el rescate determinados países europeos en la anterior fase de la crisis capitalista, huele de nuevo a austeridad y recortes sociales, ya que se contempla como deuda de los países que pudieran acogerse a él.
La desconfianza y los reproches norte-sur, incrementarán las tensiones intercomunitarias, dificultando aún más llegar a acuerdos beneficiosos para el conjunto de las economías de los socios.
La sugerencia del Ministro de Finanzas holandés, Wopke Hoekstra, en el sentido de que la Comisión Europea debiera abrir una investigación a España e Italia para averiguar por qué carecen de margen de maniobra financiero para hacer frente a la crisis del coronavirus y sus consecuencias económicas es una acusación sin precedentes que rompe con la necesaria confianza entre los socios.
Se aprueben las inversiones económicas que se aprueben en las distintas instancias internacionales, y por supuesto nacionales, para mantener la economía y reactivarla cuando la pandemia lo permita, estarán centradas fundamentalmente en ayudar a las empresas y en mucha menor medida a los autónomos, las familias y la clase trabajadora, y esto solo con el objetivo de mantener el consumo para que la maquinaria del capitalismo siga funcionando
Pero esas ayudas para cubrir la deuda privada derivada de las necesidades de financiación de las empresas se transformarán en deuda pública que asumirán los Estados, sea por su papel de prestamistas, como fiduiciarios o como avalistas de las empresas. Y, como muchos de ustedes han experimentado en sus propias carnes, la deuda asumida por los Estados acabarán pagándola los trabajadores y las familias a través del mismo tipo de recetas que se aplicaron en el período anterior de la crisis capitalista (políticas de austeridad, recorte del gasto público, privatizaciones de los servicios públicos, abaratamiento de los despidos, rebajas salariales, impuestos,…)
La fase anterior (2007) de la larga crisis capitalista se resolvió de este modo. Nada, y la correlación de fuerzas en la lucha de clases no hace esperar algo mejor, permite una visión más optimista para el futuro inmediato y a medio plazo que se nos presenta.
En USA el presidente Trump ha ordenado la inyección de 2 billones de euros para mantener viva la economía del país.
De ellos, 500.000 millones, en préstamos garantizados y subvencionados, van dedicados a la ayuda a las grandes empresas y 367.000 millones de dólares para que los pequeños negocios sigan pagando los salarios mientras los trabajadores se ven obligados a quedarse en casa, lo que constituye una forma de apoyar la liquidez de las empresas.
Más allá de otras cifras que estén dedicadas de manera indirecta al mantenimiento económico del sistema y descontando que podamos creer que las ayudas a las familias tienen por objeto salvarlas de la pobreza que se les viene encima y no al sustento del consumo (1.200 dólares a cada ciudadano adulto que cobre menos de 75.000 dólares al año, además de otros 500 por hijo), lo cierto es que las medidas ya aprobadas parecen poco compasivas con la vida humana amenazada por la pandemia que ya se ha cobrado más de 27.000 muertes a nivel mundial.
2.-Los intereses del capitalismo son antagónicos con la lucha por la vida
En mi anterior artículo, al inicio de la pandemia en Europa, señalé que cuando se pusiera en peligro la economía capitalista veríamos con qué rapidez remitiría la alarma social por el coronavirus.
Esta afirmación quisiera matizarla, del mismo modo en que creo que debo revisar mi cuestionamiento del confinamiento como medio de poner coto a la extensión del virus.
Con el crecimiento casi geométrico de la pandemia en España y en otros lugares del mundo, la experiencia de llevar cerca de 2 semanas encerrado en mi propia casa y el sometimiento intensivo y permanente a la información sobre la enfermedad dudo en gran medida de lo corecto de mi crítica de entonces a la necesidad del confinamiento
Del mismo modo, cuestiono mi propia reflexión acerca de la relativización que entonces hice de la importancia de la amenaza del coronavirus, frente a otras enfermedades, ya que la diferencia, fundamental, con ellas es que es nueva y se carece de los remedios médicos probados y eficaces para combatirla, lo que hace que, aunque sea mortal solo en una minoría muy reducida de los casos, su extensión parezca universal e imparable y la posibilidad de morir se convierta en una especie de siniestra lotería.
Creo que la autocrítica es necesaria cuando se ha podido contribuir involuntariamente por irreflexión a que otros adoptasen el mismo punto de vista.
No obstante, mantengo que la reclusión de la población en sus hogares se está convirtiendo en un gran experimento social, en vivo y en directo, sobre el consentimiento y sometimiento de poblaciones enteras a nivel mundial y que esta cuestión puede traer en el futuro gravísimas consecuencias para las libertades y garantías ciudadanas, una vez comprobada la aceptación social.
Y ahora volvamos a la cuestión que entonces señalaba acerca de que si el coronavirus amenazaba gravemente al capitalismo y a la realización de su beneficio, se produciría una reacción que cuestionaría la alarma social generada.
En estos momentos se entrecruzan en el mismo tiempo crecientes medidas de aislamiento social en un número cada vez mayor de países con reacciones que afirman que la gravedad de un hundimiento económico de los países sería peor que la propia enfermedad.
En el momento presente, no sabemos lo que dirá dentro de unos días, ya que la situación es tan cambiante como las veleidades del presidente Trump en general y en este ahora en particular, la máxima autoridad USA pretende relajar las restricciones al confinamiento y la movilidad de los ciudadanos antes del 12 de Abril, fecha del Domingo de Pascua, mientras los infectados controlados superan ya los 104.000 (el país con más número de afectados) y el número de muertos alcanza los 1.700.
“Perdemos miles de personas cada año por la gripe y nunca hemos cerrado el país. Perdemos mucha más gente en accidentes de automóvil y no los prohibimos. Podemos distanciarnos socialmente, podemos dejar de darnos la mano por un tiempo. Morirá gente. Pero perderemos más gente si sumimos al país en una recesión o una depresión enorme. Miles de suicidios, inestabilidad. No puedes cerrar Estados Unidos, el país más exitoso. La gente puede volver al trabajo y practicar el buen juicio” , ha dicho Donald Trump.
Como poco es discutible su afirmación. No sabemos cuanta gente moriría si la crisis se acentuara por cerrar los sectores productivos no indispensables pero sí sabemos cuanta está muriendo y podemos imaginarnos que mucha más lo hará en adelante, dado que, aunque el coronavirus ha llegado a Estados Unidos más tardíamente, su progresión ha sido geométrica de manera muy rápida.
Por su parte, el vicegobernador de Texas Dan Patrick, de 70 años, ha declarado. “Nadie me ha preguntado si, como persona mayor, estaría dispuesto a arriesgar mi supervivencia para mantener los Estados Unidos que amamos para mis nietos y bisnietos. Si ese es el trato, yo lo acepto”. Ganaría mucho en credibilidad si su oferta fuera acompañada por los hechos.
No nos engañemos, Dan Patrick busca aligerar el coste de las jubilaciones a las empresas que sustentan el sistema de pensiones privadas. Hablamos del capital financiero, muy afectado en la crisis del 2007.
Tanto a él como a Trump hay que agradecerles el descaro y la sinceridad con la que se expresan porque no permiten albergar demasiadas dudas sobre cuál es el valor superior para el capitalismo cuando se trata de elegir entre el beneficio y la vida.
Los viejos son , en medio de esta crisis pandémica, la expresión más acabada de un capitalismo que, tras acabar de exprimir la última gota del esfuerzo humano del trabajo traducido en explotación y plusvalía, se transforman en generadores de beneficio para grandes corporaciones financieras que se enriquecen a costa de la vulnerabilidad humana y la dependencia en residencias en las que el abandono, la soledad, el miedo y la tristeza les cercan en una habitación en la que mueren a cada hora, alejados del mundo en el que habitan el resto de los humanos, como si fueran de otra especie diferente al resto. Un motivo más para reflexionar sobre el capitalismo que nos toma, nos exprime y nos regurgita en la última etapa de la vida. Cuando el coronavirus haya pasado no habrá cambiado, sin embargo, esa realidad que a la inmensa mayoría de la población de las sociedades del capitalismo tardío le espera.
En Brasil, el presidente fascista Bolsonaro calificó de “gripecita” o “resfriadito” el coronavirus, se opuso a las limitaciones de movimientos de la población y al confinamiento, como medio de frenar la virulencia inicial de la crisis pandémica, mientras animaba a continuar con la actividad económica porque, en sus propias palabras, "con la economía quebrada habrá una pérdida de vidas gigantesca".
En consecuencia la crudeza con la que remarcó su falta de empatía hacia el dolor ajeno no pudo expresarse de un modo más cruel: "¿Algunos van a morir? Van a morir. Lo lamento, lo lamento, esa es la vida, es la realidad"
Y para ello recurrió al razonamiento de otras eminencias como el Dr. Steven Woolf, director emérito del Centro de Sociedad y Salud de la Virginia Commonwealth University, del que destaca algunas reflexiones como ésta:
“Los salarios perdidos y los despidos laborales están dejando a muchos trabajadores sin seguro médico y obligando a muchas familias a renunciar a la atención médica y los medicamentos para pagar los alimentos, la vivienda y otras necesidades básicas. Las personas de color y los pobres, que han sufrido durante generaciones con tasas de mortalidad más altas, serán las más afectadas y probablemente las menos ayudadas. Son las amas de casa en los hoteles cerrados y las familias sin opciones cuando se cierra el transporte público. Los trabajadores de bajos ingresos que logran ahorrar el dinero para comprar comestibles y llegar a la tienda pueden encontrar estantes vacíos, dejados por los compradores de pánico con los recursos para el acaparamiento"
Los capitalistas y sus voceros siempre que pueden juegan al solitario (sin discutir con quienes cuestionan su sistema económico) y lo hacen con las cartas marcadas y con trampas para engañar al resto de la sociedad.
Esta preocupación filantrópica que manifiesta Steven Woolf escamotea la realidad de que no es el COVID-19, ni la paralización de la actividad económica los responsables de que un alto porcentaje de trabajadores norteamericanos carezcan de seguros médicos o deban elegir entre medicamentos y alimentos o que existan pobres sino el propio sistema capitalista y, entre ellos, de un modo particularmente desigual el de USA. Es evidente que la paralización de la actividad económica no afectaría por igual a una sociedad socialista que a otra regida por el objetivo de la rentabilidad y que solo medidas que buscasen el dinero donde lo hay, entre las grandes corporaciones y las grandes fortunas, podría disminuir mucho las consecuencias sociales del parón económico pero lo mismo que el gato no se pone a sí mismo el cascabel, el capital no se hace el harakiri.
Bastaría con señalar la falacia de los argumentos “sanitarios” contrarios a paralizar la actividad productiva no imprescindible para la supervivencia social para desnudar lo que ocultan. El señor Thomas L. Friedman recurre como argumento de autoridad al Doctor David L. Katz, director fundador del Centro de Investigación de Prevención Yale-Griffin financiado por la Universidad de Yale y un experto en salud pública y medicina preventiva, para justificar un confinamiento de solo dos semanas y una vuelta al trabajo posterior a quienes no presentan síntomas:
“Use una estrategia de aislamiento de dos semanas”, respondió Katz. Dígales a todos que básicamente se queden en casa por dos semanas, en lugar de indefinidamente”
Y continúa: “Aquellos que tienen infección sintomática deben aislarse a sí mismos, con o sin pruebas, que es exactamente lo que hacemos con la gripe”, dijo Katz. “A aquellos que no lo hacen, si están en la población de bajo riesgo, se les debe permitir regresar al trabajo o la escuela, después del final de las dos semanas”
Se le “escapa” al señor Katz que la infección no sintomática contagia igual que la sintomática y que en un país que solo ha aplicado los test de coronavirus, como en la gran mayoría de los países, a una parte pequeña de la población, podría haber millones de personas moviéndose libremente como bombas ambulantes. Eso sin contar con que las reinfecciones, aunque escasas, existen.
Otro “bastión ético” del capitalismo práctico, el presidente de la CEOE, señor Garamendi, intenta lograr la cuadratura del círculo afirmando respetar el confinamiento total pero sin paralizar el país:
Sería bueno que el señor Garamendi aclare los conceptos porque da la sensación de que la idea de proteger a las personas no está en su agenda o, al menos no de protegerlas tanto que se ponga en peligro el beneficio empresarial, que parece siempre el meollo del asunto.
Es evidente que hay en marcha a nivel mundial un intento de convencernos –a los trabajadores, que somos los que arriesgamos nuestras vidas- de que existen unos niveles de riesgo vital asumibles –por los que menos ponen en peligro su existencia- con tal de que la maquinaria capitalista no gripe.
Y por si alguno duda de lo que viene después de que el coronavirus haya sido controlado, el señor Garamendi nos lo aclara:
“No entendíamos la derogación de la reforma laboral y ahora todavía la entenderíamos menos. Si en fase de crecimiento era posible a negociar alguna cosa, ahora sería muy complicado. Los ERTEs de ahora es la reforma laboral flexibilizada. Como se toque la reforma laboral y se meta rigidez, conseguirán que los empresarios no puedan salir adelante”
Por cierto, ni el Gobierno Sánchez en su conjunto, ni en particular la señora Ministra de Trabajo, de Unidos Podemos, Yolanda Díaz pretendían derogarla sino, a lo sumo, darle unos ligeros retoques para consolar a la hinchada progre.
Lo que sí es evidente es que, tras el coronavirus y las medidas económicas aprobadas por el gobierno Sánchez, se acabó cualquier ilusión de gobierno de progreso que pudieran tener los más incautos.
Todos los presidentes y primeros ministros europeos han actuado de un modo muy similar: lentos, cautelosos, como si el coronoavirus fuera un asunto solo de China, luego de Italia, después de España, más tarde de Alemania y Francia, estableciendo restricciones paso a paso, cerrando espacios públicos mientras se dejaban otros, confinando seriamente a poblaciones a la vez que se permitían cientos de vulnerabilidades de las mismas,…
Hay muchas razones que pueden explicar la cautela de los pasos dados: Europa era culturalmente más abierta que China, los países europeos aprecian más la libertad individual que el sentimiento colectivo chino (no es socialismo, inexistente, sino conciencia nacional), si China aisló un territorio concreto por qué cerrar un país, no estábamos preparados para reaccionar ante el coronavirus, viniendo de una experiencia asumida de la gripe,…
Pero hay una razón mucho más de peso. El temor de los gobiernos a paralizar la actividad económica de un país antes de que el descontrol de las cifras de muertos e infectados les obligase a ello porque, sea cuál sea el signo político del gobierno de cada país bajo un sistema económico capitalista, ninguno actúa en primer lugar para proteger la vida, ninguno defiende eso de lo que tanto alardea, la falacia del “bien común” que, bajo el capitalismo es solo el modo de justificar el interés particular bajo la apariencia de un” interés general”.
El autor de la columna, Jorge Vila Lozano, describe las opciones económicas que tiene el gobierno ante sí, el impacto de la tecnología y el papel de la Unión Europea en la salida de este laberinto.
El desbordamiento gubernamental ante la pandemia es una realidad innegable. El confinamiento sirve, exclusivamente, para no saturar la capacidad de respuesta de nuestro sistema sanitario y hospitalario.
Entramos, con él, en un óbito ordenado en masa.
El “alejamiento social” impuesto supone, dígase ya, que la pandemia avance con más lentitud. Su misión es conseguir un porcentaje suficiente de contagiados para coronar, a largo plazo, la inmunidad de la población.
Esta situación se mantendrá hasta que se logre la vacuna o antiviral que tardará, como mínimo, 18 meses.
La responsabilidad política, por el riesgo creado, habrá de dirimirse en los tribunales.
El problema es que, en nuestro Código Penal, no existe –dentro de los delitos contra la seguridad colectiva– una tipificación específica que condene a quien –por negligencia o por “inobservancia de los deberes de su cargo público”– propague, por omisión o conscientemente, una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas.
De ahí, que las primeras denuncias, contra nuestros cargos dirigentes, tengan por objeto los siguientes crímenes, más comunes, como: homicidio y/o lesiones imprudentes junto a la presunta prevaricación administrativa.
Lo preocupante, ahora, es la creación de un Gobierno de Unidad Nacional. Debe controlar, en lo posible, el elenco de medidas de los Decretos -números 6 a 11, de 2020- gravitando alrededor del nº 463, sobre el estado de alarma.
En paralelo, urge analizar la respuesta económica de la Unión Europea ante la demanda de fondos, a la desesperada, de España con una deuda soberana feroz.
Ensayo sus consecuencias algunas constatadas y, otras, en clave de inseguridad para nuestro sistema constitucional.
El “alejamiento social” se mantendrá durante al menos 18 meses, hasta que se consiga una vacuna, según vaticina el Imperial College de Londres.
¿ESTADO DE EXCEPCIÓN?
La situación de alarma está adueñándose de competencias propias del estado de excepción. Con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, no se pueden limitar, sino suspender derechos y libertades fundamentales.
La Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, es su clara muestra.
Con su texto se anuncian –por la nueva Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial– soluciones tecnológicas y apps para monitorizar nuestros datos sanitarios y geolocalizarnos.
La autodeterminación informática, contemplada por el artículo 18.4 de nuestra Constitución (CE), se aturde a golpe de órdenes y decretazos. ¿No sería mejor destinar, más presupuesto, al I+D+i nacional para buscar la vacuna o antiviral? Sí, evidentemente.
A ello hay que sumar, medidas de “hibernación total” de la economía, donde la iniciativa privada empresarial asiste, inaudita parte, al nuevo escenario.
Padecemos otra limitación más, ahora, cebándose con la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (artículo 38 de la Constitución).
Su núcleo es el mantenimiento temporal del empleo vía ERTE –afectando a 2 millones de trabajadores- y una prohibición de despidos motivados por esa fuerza mayor económica (derivada del coronavirus).
La recesión es ineludible, pues sólo se contempla el mantenimiento de la actividad esencial (médico-sanitaria y de productos básicos o de primera necesidad). El dopaje, desigual, de 15 milllones de euros a los medios de comunicación no tiene nada de vital.
Muchas empresas y autónomos, en breve, estarán en concurso se venza o no al SARS-COV-2.
¿No se pretenderá, con las “decretales”, intervenir públicamente sectores privados y estratégicos de la economía?
No. Pero –si a corto plazo este “jubileo normativo” prosigue– podrían darse rescates selectivos de compañías, por la nomenclatura estatal, a precios de ganga por hallarse en fase de liquidación.
La alarma prohíbe -con su Decreto nº 8- las inversiones extranjeras que adquieran más del 10% de las compañías estratégicas españolas o controlen sus órganos de administración.
Para el autor de la columna, la geolocalización presenta serios peligros para la libertad individual.
CONGELACIÓN DE LA ECONOMÍA
Se está creando un hundimiento económico inducido por el “apparat” gubernamental.
Lo exponencial del contagio humano se trasvasa a lo económico y, a final, con las medidas decretadas vamos, de cabeza, hacia un gigantesco déficit público.
Así lo revelará el paro registrado tras la crisis; la morosidad bancaria; el impago de hipotecas, etc. La congelación de la economía supone menores ingresos fiscales y una ausencia de liquidez de las empresas. El control parlamentario debe consensuar este panorama.
No vale navegar en solitario.
¿Y cómo se financia esta imprevisión?
Muy fácil, aumentando la deuda pública. De esta forma, se obtienen copiosos recursos financieros gracias a la emisión de títulos valores o bonos.
Recibe, nuestro Estado, el principal de ese préstamo y devuelve únicamente los intereses en el período estipulado. Cuando llega el término de vencimiento, se paga ese principal (o se emite más deuda para amortizarlo).
Uno de los indicadores, para terceros compradores, es el Producto Interior Bruto (PIB) del país.
Con ese aval, la prima de riesgo o rentabilidad que exigirán los inversores (interés) para comprarla se disparará, en comparación con la deuda soberana de otros países.
Conclusión: tenemos un bono nacional tóxico que exigirá un interés altísimo y con pocos visos de devolución del principal. Es la historia, clásica, del previsor frente al derrochador.
LA UNIÓN EUROPEA
En ese horizonte, ¿qué nos propone nuestro estado-derrochador, tras tocar el techo, con su políticas de gasto desmedido?
Fácil, que nos salve, de nuestra pésima autogestión, la Unión Europea.
Hay 2 vías.
PRIMERA VÍA
La primera es la establecida por Banco Central Europeo (BCE) surgiendo, en el 2010 -ante la posible bancarrota de Grecia- un fondo de 750.000.000.000 de euros que, desde 2013, se convirtió en un rescate permanente común denominado Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
Esos auxilios están prohibidos por el Tratado de Funcionamiento de la UE (salvo situaciones excepcionales como la actual).
Se emite deuda –con vencimientos de hasta de 30 años– y se respalda por los estados miembros.
El supervisor y órgano decisorio es la Troika comunitaria integrada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y, en ocasiones, el Fondo Monetario Internacional.
Posee cuatro vías de actuación:
1º. Adquirir títulos de un estado en los mercados primarios o secundarios;
2º. Comprar deuda directamente de un país;
3º. Fijar ayudas financieras a través de líneas de crédito y, 4º, lanzar operaciones de recapitalización a las entidades financieras (como ocurrió con nuestro sector bancario en 2012). Y de este modo, no aparece, directamente, el BCE como prestamista.
El problema es que no sale gratis. Supone ser intervenido por la Troika reconociéndose, además, la propia negligencia administradora.
Se solicita a través de un “memorándum de entendimiento” predestinado a garantizar la devolución íntegra del préstamo. Esa es la solución ofrecida a España por los estados-previsores (con niveles de endeudamiento menor).
Estamos ante una crisis coyuntural fruto del COVID-19, nunca, de momento, ante una catástrofe fiscal.
Lo que se busca, no nos queda otra, es una reformulación, más laxa, de su condicionado contractual adaptándolo a la pandemia.
Sánchez deberá implorar -al igual que los otros Estados “austericidas”- una cláusula de escape que permita sobrepasar los objetivos de déficit y deuda del Pacto de Estabilidad [en concreto, era obligatorio mantener un valor máximo de referencia para el déficit público (3% del PIB) y la deuda pública (60% del PIB)].
Esos parámetros se suspendieron, el 21 de marzo, por la Comisión Europea.
Con el MEDE saldremos del caos. Ese reblandecimiento contemplaría, por ejemplo, la no contabilización –en el balance estatal- de los gastos centrados en el coronavirus.
La falta de inversores, por la subida de la prima de riesgo, obligará al BCE a tragarse la práctica totalidad de la deuda emitida o renovada.
El Gobierno español, y el italiano, tiene puestas sus esperanzas en la ayuda de la Unión Europea.
SEGUNDA VÍA
La segunda son los títulos de deuda común europea: los “eurobonos”. Son como nuestros bonos o letras del tesoro nacionales pero, ahora, se soportan por los 19 países de la eurozona.
Es un instrumento de mutualización solidaria de la deuda. Los aprueba el Consejo Europeo y los vende el BCE con un tipo de interés menor.
Estas emisiones soberanas van más allá del MEDE y su desenlace –entre otros escenarios- sería un Tesoro Compartido que llevaría la creación de una unión fiscal o presupuestaria (no querida por los países con un superávit fiscal en sus cuentas públicas).
En suma, el “coronabono” tiene un muy difícil alumbramiento.
El “berlanguiano” Plan Marshall es inviable. Pese a todo, se aprobaron, el 27 de marzo, varios cortafuegos paliativos de la crisis.
CORTAFUEGOS CONTRA LA CRISIS
1º. La Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus de la UE con 37.000.000.000 de euros. Proviene de fondos de la política de cohesión europea apuntalando: los sistemas sanitarios; el apoyo a la PYME y la planificación de empleo a corto plazo.
2º. Actualización del Fondo de Solidaridad de la UE, previsto para catástrofes naturales concedido a Francia, Portugal, España y Grecia.
Finalmente, la presidenta de la Comisión Europea anunció, el 1 de abril, la creación de un fondo de 100.000.000.000 de euros (aprox.) denominado SURE para el mantenimiento del empleo constante el coronavirus. Funcionará como una suerte de ERTE de suspensión temporal de contratos. Los principales beneficiarios serán España e Italia.
Lo que sí prevalecerá, como cierre y gracias a la plaga, es el nacimiento de un intrusivo estado ciberespacial.
El modelo de relaciones sociales tendrá, como epicentro, una monitorización personalizada de la salud del individuo como premisa existencial.
A partir de ahí, nuestro perfil digital será reo de “apps” (en tiempo real) dictaminando cuarentenas forzosas personales o poblacionales.
Es el sacrificio del “habeas data” personal en pos del tratamiento predictivo de nuestros propios datos médicos y otros personalísimos. Es la clásica disyuntiva entre la cesión de libertades a cambio de seguridad (en este caso, con el fin -o excusa- de garantizar la Salud Pública).
Rezo para que la cura llegue antes que el Gran Hermano.
Y si no, como consuelo, nos quedará el Poder Judicial para equilibrarlo.
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[4] El coronavirus y la pandemia autocrática en Europa
Por Germán Gorráiz López - Analista
La autocracia, del griego autos (por sí mismo) y kratos (poder o gobierno), sería la forma de Gobierno ejercida por una sola persona con un poder absoluto e ilimitado, especie de parásito endógeno de otros sistemas de gobierno (incluida la llamada democracia formal), que partiendo de la crisálida de una propuesta partidista elegida mediante elecciones libres llegado al poder se metamorfosea en líder Presidencialista con claros tintes autocráticos (inflexible, xenófobo, populista y nacionalista), lo que corrobora la tesis de Lord Acton “El Poder tiende a corromper y el Poder absoluto, corrompe absolutamente”.
La autocracia sería pues una especie de dictadura invisible sustentada en sólidas estrategias de cohesión (manipulación de masas y culto al líder) basadas en el control absoluto de los medios de comunicación y la censura y desprestigio social de los individuos refractarios al mensaje del líder, de lo que sería paradigma el primer ministro húngaro, Viktor Orbán que habría convertido a Hungría en la primera autocracia europea o “democracia no liberal”, pandemia autoritaria que se extenderá primero a los países de su entorno más cercano, como Polonia y Austria y terminará por abarcar la mayor parte del territorio europeo.
Para entender la deriva autocrática que se avecina, debemos recurrir a Hermann Hesse quien en su libro “El lobo estepario” (Der Steppenwolf,1.927), plasma el sentimiento de angustia, desesperanza y desconcierto que se apoderó de la sociedad europea en el período entre-guerras y es un lúcido análisis sobre la locura de una época en la que agoniza lo viejo sin que haya nacido lo nuevo. En dicha obra critica mordazmente la sociedad burguesa ( “la decadencia de la civilización”), dictadura invisible que anula los ideales del individuo primigenio y le transforma en un ser acrítico, miedoso y conformista que sedado por el consumismo compulsivo de bienes materiales pasa a engrosar ineludiblemente las filas de una sociedad homogénea, uniforme y fácilmente manipulable.
Así, Hesse define al burgués como “una persona que trata siempre de colocarse en el centro, entre los extremos, en una zona templada y agradable, sin violentas tempestades ni tormentas. Consiguientemente, es por naturaleza una criatura de débil impulso vital, miedoso, temiendo la entrega de sí mismo, fácil de gobernar. Por eso ha sustituido el poder por el régimen de mayorías, la fuerza por la ley y la responsabilidad por el sistema de votación. Es evidente que este ser débil y asustadizo, aun existiendo en cantidad tan considerable no puede sostenerse solo y en función de sus cualidades no podría representar en el mundo otro papel que el de rebaño de corderos entre lobos errantes…”.
Dichas reflexiones siguen vigentes casi un siglo más tarde, pues la irrupción de la pandemia del coronavirus y la posterior entrada en recesión de las economías europeas implementará el estigma de la incertidumbre y la incredulidad en una sociedad inmersa en la cultura del Estado de Bienestar. Ello derivará posteriormente en un shock traumático al constatarse el vertiginoso tránsito desde niveles de bienestar hasta la cruda realidad de la pérdida del trabajo y posterior desahucio, inmersión en umbrales de pobreza y dependencia en exclusiva de los subsidios sociales. En consecuencia, el Individuo sacrificará sus otrora sacrosantas libertades básicas en aras de asegurarse los mínimos básicos de supervivencia lo que de facto significará la irrupción de la Nueva Ola involucionista y el final de las llamadas democracias formales.
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[5] Coronavirus: El Gobierno moviliza 200.000 millones para su "escudo económico y social"
El Consejo de Ministros aprueba avales públicos para los créditos de las empresas y medidas para evitar despidos
Las familias vulnerables podrán aplazar un mes las las cuotas de sus hipotecas y quedarán protegidas del corte de suministros básicos
Pedro Sánchez anuncia un plan de 200.000 millones contra el coronavirus. / ZML
Con la enorme presión de más de 100.000 trabajadores afectados por los primeros expedientes de regulación temporal de empleo y con unas cifras oficiales de 11.178 personas contagiadas por el coronavirus y 491 fallecidos, el Consejo de Ministros aprobó este martes por fin un potente paquete de medidas económicas con las que el Gobierno pretende movilizar 200.000 millones de euros en apoyo de las empresas y del empleo y en ayuda de los colectivos más vulnerables.
El plan, que fue recibido por la bolsa con un alza del 6,41%, supone «la mayor movilización de recursos públicos y privados en la historia democrática» española, recalcó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, el jefe del Ejecutivo presentó las líneas generales del «escudo económico y social» con el que el Gobierno quiere complementar al «escudo sanitario» ya en marcha contra la epidemia que está paralizando la actividad y ha motivado incluso que la Eurocopa de fútbol se aplace al año que viene y se trasladen a más adelante Sant Jordi y la selectividad de los estudiantes de 2º de Bachillerato.
Los 200.000 millones anunciados por Sánchez equivalen aproximadamente al 16% del PIB español, si bien el presidente redondeó la referencia aludiendo al 20%. El decreto aprobado, que previsiblemente será publicado por el BOE este miércoles, tendrá una vigencia de un mes, aunque el Gobierno prevé prorrogarlo si las dificultades para controlar la pandemia persisten.
La mayor moviización de la historia
En particular, se movilizan 117.000 millones de dinero público, de los que 100.000 millones corresponden a una línea de avales públicos para garantizar la liquidez de las empresas. Según los cálculos del Gobierno, esto va a permitir movilizar entre 150.000 y 200.000 millones de euros. El Estado será el garante de las operaciones.
Otros 17.000 millones van destinados a financiar políticas a favor de los colectivos de familias, trabajadores y empresas más vulnerables. El resto, unos 83.000 millones, hasta completar los 200.000 millones anunciados por Sánchez, «se completará con la mayor movilización de recursos privados de la historia reciente», según apuntó.
No todo el dinero público movilizado será más déficit público. La mayoría de los recursos son en forma de avales y líneas de crédito que solo causarán agujero en las cuentas si resultan fallidos. Si los créditos son devueltos por las empresas, el coste presupuestario será nulo pero habrán logrado evitar el colapso de la actividad.
Actuaciones paliativas
Este es, según el Gobierno, el principal propósito de las medidas adoptadas: que las dificultades transitorias, no deriven en unos perjuicios irreparables. Y que una vez que se logre controlar la enfermedad, la economía esté en condiciones de propulsar una recuperación en forma de letra V en vez de quedar varada en una U de prolongado fondo o, peor aún, en una letra L.
Y todo ello "a partir de la filosofía de no dejar a nadie atrás", según el presidente. "Todo el que se vea afectado por este frenazo en seco de la economía va a encontrar la proteccón del Gobiero de España", enfatizó. "El Estado va a asumir el choque, el shock que representa el frenazo en seco de la economía española, que será temporal", enfatizó. "Después, tendremos que reconstruir la economía", dijo el presidente antes de apelar a la construccion de "una cadena de solidaridad" con la aportación de todos, "empresarios, trabajadores, arrendatarios, inquilinos... todos" para este proceso. El objetivo es que “la caída venga seguida de una recuperación económica y no de un estancamiento”, añadió.
Para este segundo momento, el de la recuperación, se guarda el Gobierno la baza de posibles medidas para reactivar la economía. Ahora lo que toca -aseguran- son medidas paliativas. Así, el grueso de las iniciativas están destinadas a asegurar la liquidez empresarial para evitar quiebras. Pero también hay actuaciones para evitar despidos, por la vía de favorecer con recursos públicos los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE).
Ayudas sociales
El tercer gran eje está destinado a favorecer a las familias vulnerables. En ese último bloque se incluye la posibilidad de que estas familias más vulnerables puedan demorar un mes los pagos de sus cuotas hipotecarias. También quedarán protegidas de posibles cortes de suministros de luz, agua, gas y telecomunicaciones.
Además, se reconoce el derecho al cuidado familiar para todos los trabajadores sin que puedan ser sancionados o despedidos (reducción de jornada incluso hasta del 100% o reorganización por cuidado de familiar hasta segundo grado (nietos y abuelos). Para reforzar la atención a personas mayores, sintecho y en residencias de mayores y dependientes se crea un fondo específico de contingencia, con 300 millones de euros.
Como medida en apoyo de los consumidores, se establece la interrupción del cómputo del plazo para la devolución de productos de los consumidores.
Es la aprobación de este bloque de ayuda a los colectivos más vulnerables lo que ha llevado a Unidas Podemos a reivindicar su sello en las iniciativas aprobadas ayer. La formación morada no logró, sin embargo introducir una moratoria en las mensualidades de alquiler a favor de estas familias más vulnerables.
Tampoco logró el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, incluir en el decreto una medida que él mismo anunció hace una semana para garantizar el cobro del sueldo a padres y madresque hayan tenido que reducir o suspender su jornada laboral para cuidar a niños o mayores por causa de la epidemia.
«Autónomos, en la cuneta»
Pero quien más se siente abandonado por el decreto son los autónomos. «El Gobierno deja en la cuneta a los autónomos», se quejó ayer el presidente de ATA, Lorenzo Amor. El Gobierno ha desoído la propuesta de eximir durante dos meses del pago de cotizaciones a los trabajadores por cuenta propia que tengan que cesar en su actividad. El Ejecutivo sí les reconoce el derecho a cobrar la prestación por cese de actividad. «Solo faltaría que cuando un autónomo vaya a cobrar su paro por una causa de fuerza mayor como es esta se lo negaran», apuntó ayer Amor. Es por este flanco por donde le han llovido al Gobierno las principales críticas del líder del PP, Pablo Casado. También la presidenta Ciudadanos, Inés Arrimadas, que, en general, sí acogió con satisfacción las medidas del Gobierno, subrayó la carencia con los autónomos.
Las patronales CEOE y Cepyme, los sindicatos UGT y CCOO y también la Cámara de Comercio de España recibieron con satisfacción el plan gubernamental, si bien advirtieron de que harán falta nuevas actuaciones. También el sector financiero (AEB Y CECA) saludó la capacidad de las medidas para frenar el descalabro de la economía.
Blindaje de empresas estratégicas
La bolsa española acogió con fuertes subidas el plan de choque anunciado por Sánchez. El Ibex 35 pasó de subir algo más del 3% a rozar el 5% justo después de que el presidente del Gobierno anunciase las iniciativas, entre ellas, la del establecimiento de un blindaje a empresas españolas consideradas estratégicas frente a la posiblidad de ser adquiridas por firmas no europeas en un contexto de depreciación de todos los valores bursátiles.
Las medidas de este martes se suman a las del real decreto-ley aprobado el pasado jueves con las primeras del plan de choque contemplaba la inyección de 18.225 millones para paliar las consecuencias económicas del coronavirus, que incluye el aplazamiento y fraccionamiento de hasta 30.000 euros en deudas tributarias por un plazo de seis meses sin intereses, con tres meses de carencia, y una inyección de 14.000 millones de euros en liquidez a pymes y autónomos.
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[6] La crisis del coronavirus provoca la pérdida de 900.000 empleos desde el inicio del estado de alarma
Los efectos de la Covid-19 dan un golpe sin precedentes al mercado laboral y elevan la cifra de parados a 3,5 millones
Los efectos del coronavirus sobre el mercado laboral están siendo devastadores. En apenas algo más de dos semanas, desde que comenzaron a notarse en la economía las consecuencias de la crisis, la caída del empleo no ha tenido precedentes: casi 900.000 afiliados menos a la Seguridad Social, que dejaron el volumen total en 18,4 millones a final de mes. El paro también ha roto sus registros negativos al subir en 302.265 desempleados, según los datos publicados este jueves por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social. En este golpe laboral, no se suman los 620.00 afectados por ERTE ya procesados por los servicios públicos.
El impacto de la Covid-19 en la economía apenas se notaba en los registros laborales hasta que el 9 de marzo comenzaron a cerrarse los colegios por el avance de la crisis sanitaria. Los días siguientes empezó a notarse el estancamiento brusco en la afiliación a la Seguridad Social y, por tanto, en la ocupación. Y el 12 de marzo llegó el desplome. Desde entonces, se han perdido 898.822 empleos, como cuantificó el propio ministerio. Si se toma el mes entero, la caída es un poco menor: 838.979 afiliados menos entre el 29 de febrero y el 31 de marzo. Aun así, es el peor dato de la serie estadística.
Para ilustrar la magnitud del impacto, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, comparó lo sucedido en las dos semanas posteriores a la declaración del estado de alarma con lo ocurrido entre el 2 octubre de 2008 y el 27 febrero de 2009. En aquellos cinco meses (101 días laborables), que podían calificarse como la zona cero de la Gran Recesión provocada por la quiebra Lehman Brothers, el instituto previsor perdió un poco más de 900.000 afiliados. Ahora se ha dejado una cifra similar en 14 días y deja la cifra total de ocupados cotizando en 18,4 millones. En este breve periodo, la Seguridad Social ha vuelto al nivel de afiliación con que cerró febrero de 2018. “Estamos en una situación excepcional y los datos son excepcionales”, ha advertido Escrivá.
Normalmente, para analizar las cifras de afiliación se usan datos de media mensual, que han marcado un retroceso de 243.469 empleos y dejan la cifra total algo más de 19 millones. Pero como ha explicado la propia Seguridad Social “el dato del último día del mes expresa con más fiabilidad, en esta ocasión, la evolución del empleo y la repercusión de la crisis”.
Tampoco hay precedentes para explicar lo sucedido en la otra cara del mercado laboral: el paro. Los números del Ministerio de Trabajo de marzo arrojan un aumento en un mes de 302.365 parados y deja la cifra total en 3,54 millones. Las referencias más próximas para comparar este golpe vuelven a encontrarse en los peores momentos de la Gran Recesión: hasta ahora el mayor incremento en un solo mes correspondía a enero de 2009.
Una gran diferencia entre aquel momento y el desplome actual son los mecanismos de ajuste y ayudas públicas. A los días de declarar el estado de alarma, el Gobierno aprobó la agilización de los trámites para aprobar expedientes de regulación de empleo provocados por la crisis sanitaria y la creación de una prestación extraordinaria para los damnificados. Desde entonces, bajo ese paraguas se han protegido 620.000 trabajadores que tienen el empleo suspendido o la jornada disminuida, según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En todo 2009, los afectados por suspensiones de empleo y reducciones de jornada sumaron 485.806.
La Seguridad Social cuenta en sus datos que son casi 260.000 quienes están en ERTE. No obstante, fuentes de este último ministerio explicaron que la diferencia entre sus cifras y las de Trabajo se debe a que en el instituto público contabilizan a los afectados días después que los servicios empleo, que es el organismo público que paga la prestación. Tanto la cifra de Trabajo como la de la Seguridad Social quedan muy a los conteos hechos por medios de comunicación como EL PAÍS: la causa hay que buscarla en que estos últimos cálculos se hacen a partir de ERTE comunicados que todavía no han sido tramitados por las autoridades laborales.
De no haber mediado el shock sanitario, lo lógico es que marzo se hubiera saldado con un avance del empleo. La Semana Santa y el principio del buen tiempo empujan el empleo en sectores como la construcción y, sobre todo, el turismo que se prepara para su temporada alta. El coronavirus ha llegado justo en este momento y ha cortado con brusquedad ese arranque parando completamente uno de los principales motores de la economía española: el turismo.
Esto se ve en los datos de afiliación por ramas a la Seguridad Social, que ya muestran caídas superiores al 5% del empleo en la hostelería, la construcción y las actividades recreativas o de ocio. Desde luego, el retroceso en la ocupación no es homogéneo en todas las actividades. Pero es prácticamente general. Solo se salva, en consonancia con la coyuntura provocada por el coronavirus, la sanidad y los servicios sociales que han ganado más 11.000 asalariados en este mes.
En un país con altos índices de temporalidad y con decenas de miles de personas entrando y saliendo del empleo cada día, el impacto de un shock sanitario cambia radicalmente el escenario. Lo que sí que se mantiene es que los trabajadores temporales siguen siendo un gran mecanismo de ajuste laboral de las empresas. De los casi 900.000 empleos evaporados en estas dos semanas, 613.000 correspondían a trabajadores temporales. El resto son indefinidos y autónomos, principalmente.
El ministro Escrivá, durante la presentación de los datos, también facilitó este jueves otras informaciones acerca de la crisis relacionadas con el mercado laboral. Indicó que la Seguridad Social ya ha registrado 250.000 bajas laborales por la enfermedad, 65.000 corresponden directamente a contagiados y el resto a cuarentenas forzosas. También añadió que las mutuas colaboradoras y el instituto público ya habrían recibido medio millón de solicitudes de autónomos reclamando la prestación extraordinaria por el cese forzado de su actividad y la consiguiente exención de cotización.
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[7] Coronavirus: "Estamos muy cerca de una recesión global" por el rápido avance de la pandemia
Economistas entrevistados por BBC Mundo coinciden en que estamos "muy cerca de una recesión global".
La rápida propagación del coronavirus, ahora convertido en pandemia, está provocando pánico en los mercados financieros, fuga de capitales, devaluación de las monedas frente al dólar y una creciente amenaza de recesión global.
Aunque en un principio la situación parecía estar confinada a los países asiáticos, el escenario actual es completamente distinto: el brote está presente en al menos 114 países, ha contagiado a cerca de 120.000 personas y ha dejado más de 4.200 víctimas fatales.
A la decisión de Italia de poner a todo el país en cuarentena -además de una rápida propagación de la enfermedad en el resto de Europa y Estados Unidos- se suma el desplome de los precios de petróleo y la montaña rusa de las bolsas, haciendo que muchos expertos consideren que una recesión económica global durante el primer semestre de este año sea casi inminente.
Jeffrey Frankel, profesor de la Escuela Harvard Kennedy, de la Universidad de Harvard, le dice a BBC Mundo que la posibilidad de una contracción económica "parece haber aumentado dramáticamente".
"Estamos muy cerca de una recesión global", advierte.
Una voz de alerta que ha comenzado a extenderse entre la mayor parte de los economistas e inversores, especialmente ahora que los casos de contagiados están aumentando velozmente.
Este miércoles Wall Street se hundió en un "mercado bajista" (bear market, en inglés), luego de que el índice Dow Jones terminara un 20% más bajo en relación a su récord alcista de febrero, poniendo fin al período más largo de alzas en los mercados bursátiles en la historia de Estados Unidos.
El desplome bursátil se produjo después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciara que el coronavirus es oficialmente una "pandemia".
Wall Street se convirtió el miércoles en un "mercado bajista" o "bear market".
En el día a día, el temor al contagio y las medidas de aislamiento tomadas en algunos países, han golpeado duramente al sector turístico, con aerolíneas reportando inéditas pérdidas financieras que las han llevado a cerrar rutas aéreas o a operar vuelos "fantasma" casi sin pasajeros.
Entre las medidas más drásticas, Estados Unidos anunció el miércoles la suspensión de "todos los viajes desde Europa" hacia su país por 30 días.
Además, muchas empresas les han pedido a sus empleados que trabajen desde casa, mientras que el cierre de fábricas en China y en otros lugares, han causado problemas en las cadenas globales de producción.
En este escenario las empresas se están preparando para informar resultados en rojo, y si el crecimiento económico se estanca -con descenso en las inversiones y menos consumo en los hogares- los efectos económicos de la pandemia podrían generar un aumento en el desempleo y estancamiento en los salarios.
"Amenaza con paralizar el crecimiento global"
"El coronavirus amenaza con paralizar el crecimiento global", le dice a BBC Mundo Tom Orlik, economista jefe de Bloomberg Economics.
"Hace un mes, el escenario más probable parecía un brote importante limitado a China y otros países que sufren efectos relativamente menores. Eso ahora se ve demasiado optimista", agrega.
Las aerolíneas podrían perder hasta US$113.000 millones en ingresos este año.
"Las posibilidades de que se produzca el peor de los escenarios, con las principales economías sufriendo un impacto significativo, aumentan día a día".
En ese caso, el costo global podría llegar a los US$2,7 billones, si todos los países se ven expuestos a las consecuencias de la pandemia.
Y si la economía estadounidense se contrae, plantea Orlik, la dinámica de las elecciones presidenciales también podría verse afectada.
Rohan Williamson, profesor de finanzas de la Escuela de Negocios McDonough, de la Universidad de Georgetown, Washington DC, también cree que estamos cerca de una recesión global.
Los efectos del coronavirus y la volatilidad en los mercados bursátiles mundiales son indicadores que preocupan a los inversores, comenta.
"Claramente ha habido un shock en la demanda global que provoca un gran impacto", explica Williamson.
¿Y América Latina?
Marcos Casarin, economista jefe para América Latina de la consultora británica Oxford Economics, proyecta que la contracción económica generalizada se dejará caer en el primer trimestre y será de "corta duración".
Desde esa perspectiva, Casarin le dice a BBC Mundo que dadas las circunstancias, "estamos muy cerca de una recesión global", aunque el principal signo de interrogación es qué pasará con la recuperación que debería llegar en el segundo trimestre.
Los inversores prefieren refugiar sus capitales en el dólar en la medida que el brote se propaga y aumentan los temores sobre el crecimiento económico global.
"Todo dependerá de cuántos bloqueos de emergencia se impongan más allá de marzo".
En el caso de América Latina, explica, estamos frente a un cóctel preocupante.
"La combinación entre caída del precio del petróleo, desplome de las monedas y coronavirus, es definitivamente negativa para el crecimiento", apunta el economista.
Y los países que ya están en recesión (como Argentina, por ejemplo) "verán una recesión más profunda", mientras que los que están al borde de una, como es el caso de México, "se verán arrastrados a una recesión".
Sobre cómo se puede enfrentar la crisis en la región, Casarin dice que la mayoría de los gobiernos prácticamente no tiene espacio para relajar la política fiscal, es decir, bajar las tasas de interés, reduciendo el costo del crédito.
"Lo peor aún está por venir"
Aunque las proyecciones varían, existe una especie de consenso entre los analistas financieros de que el panorama debería mejorar en la segunda mitad del año.
Sin embargo, muchos advierten que el impacto económico no ha tocado fondo, en la medida que el virus sigue propagándose aceleradamente.
"Lo peor para la economía aún está por venir en los próximos meses", escribió Joachim Fels en una nota a sus clientes, asesor económico global de PIMCO (Pacific Investment Management Company), una firma que maneja fondos de inversión a gran escala.
"El coronavirus amenaza con paralizar el crecimiento global", advirtió Tom Orlik, economista jefe de Bloomberg Economics.
Mientras que Jan Hatzius, economista jefe del banco de inversión Goldman Sachs, le informó a sus clientes que la duración y la profundidad de la contracción económica dependen de las medidas que tomen los gobiernos.
Habrá que ver "si las autoridades de salud pueden retrasar materialmente la propagación del virus a través de un aumento en las pruebas, restricciones en las reuniones masivas y cuarentenas de personas infectadas".
Neil Shearing, economista jefe de la firma de análisis Capital Economics, advirtió que si las condiciones empeoran, se aproxima una "recesión aguda, pero probablemente corta".
Y agregó que a medida que el virus se propaga, hay una buena posibilidad de que el escenario más negativo de las proyecciones económicas, se convierta en el más probable.
Organismos internacionales también han hecho proyecciones barajando distintos escenarios, según el ritmo de propagación del virus.
En el peor de los casos, el crecimiento económico mundial podría descender a la mitad de lo que se había proyectado (bajando incluso hasta 1,5%), según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Y la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) esta semana alertó que el costo de la crisis en el ingreso global podría llegar a US$2 billones, y que la duración y la profundidad de la crisis dependerán de tres cosas: cuán lejos y cuán rápido se propagará el virus, cuánto tiempo pasará antes de que se encuentre una vacuna y qué tan efectivos serán los gobiernos para mitigar el daño.
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[8] Más de 40 millones de teléfonos móviles serán usados para rastrear el coronavirus en toda España
Telefónica, Orange y Vodafone aportarán los datos de los usuarios aunque de forma anónima y agregada y no servirán para uso policial
El estudio, que se realizará en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE), se denomina DataCOVID y con él se analizarán datos “anónimos y agregados” de desplazamientos de la población mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, y durante el tiempo necesario hasta que se restablezca la normalidad. El objetivo del estudio es contribuir así a “una toma de decisiones más eficiente basada en los datos”. El informe no aportará datos personales y no se podrá usar para usos policiales de vigilancia durante el confinamiento, señalaron fuentes de los operadores.
El estudio cubrirá todo el territorio nacional, dividiendo España en unas 3.200 áreas de movilidad, que identifican agrupaciones de población de entre 5.000 y 50.000 habitantes. Los datos de posición analizados permitirán tener una muestra más de 40 millones de teléfonos móviles en toda España.
El responsable del tratamiento de estos datos será el Instituto Nacional de Estadística (INE), con el que las operadoras de telecomunicaciones ya colaboraron el año pasado en la elaboración de un estudio sobre movilidad a partir de datos obtenidos de los teléfonos móviles.
Las tres principales operadores de telecomunicaciones del país, Telefónica, Orange y Vodafone, ya confirmaron su participación en el desarrollo de un programa piloto en la Comunidad Valenciana, tras lo cual ya se han comenzado a recopilar los datos agregados y anonimizados aportados para el estudio por algunas de esas compañías como Telefónica.
"El objetivo es analizar el efecto de las medidas sobre la movilidad de la población, identificando si aumentan o disminuyen los desplazamientos entre territorios o si hay zonas en las que hay una mayor concentración de población, para contribuir a una mejor toma de decisiones en la gestión de la emergencia sanitaria", explica la Secretaría de Estado, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital,.
Por ejemplo, con DataCOVID se podrá conocer si tras la entrada en vigor de las medidas de distanciamiento social aumentan o disminuyen los movimientos de la población entre territorios, si hay áreas con una mayor aglomeración o afluencia o si hay zonas con una alta concentración de población en relación a su capacidad sanitaria.
En este sentido, DataCOVID utiliza las posibilidades que ofrece el big data para analizar grandes cantidades de información y extraer conclusiones útiles, “ganando así en eficiencia para una toma de decisiones basada en la evidencia, más coordinada y adaptada a cada territorio”.
Sin movimientos individuales
Asimismo, el Gobierno incide en que el estudio "no rastrea movimientos individuales", sino que emplea datos de posicionamiento de los dispositivos móviles, anónimos y agregados, proporcionados directamente por los operadores y eliminando cualquier información personal, sin identificar ni realizar seguimientos de números de teléfono o titulares de forma individual.
Así, asegura que, al no emplear datos personales y usar solo datos anónimos y agregados, este estudio no entra en conflicto con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) o la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y sigue las directrices marcadas por la Agencia Española de Protección de Datos. Además, recuerda que la normativa sanitaria vigente ampara a las autoridades competentes a “usar datos con fines de investigación en situaciones excepcionales y de gravedad para la salud pública como la actual”.
Con este proyecto España sigue la senda de otros países como China, Corea del Sur, Italia, Alemania o Austria, que en las últimas semanas han puesto en marcha distintas iniciativas para analizar los movimientos de población a partir de datos obtenidos de los teléfonos móviles de los ciudadanos.
Los operadores de telecomunicaciones con presencia en España ya ofrecieron al inicio de la crisis por el Covid-19 su colaboración al Gobierno para ayudar a contener la expansión del brote de coronavirus con sus herramientas de big data y de gestión de datos agregados y anonimizados y otras capacidades tecnológicas, respetando en todo momento la legislación de protección de datos.
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[9] Sanidad podrá comprobar mediante su aplicación móvil si un ciudadano está donde declara estar
El Gobierno aprueba una norma que le permite la geolocalización por el móvil de todos los ciudadanos
Un hombre con un equipo de protección contra la Covid-19 usa un teléfono móvil.ALY SONG / REUTERS
El Gobierno ha dado un paso más en su lucha contra la expansión del coronavirus aunque bordeando la frontera de los derechos fundamentales. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño, ha aprobado una norma para autorizar el desarrollo de una aplicación para el teléfono móvil que permita a las autoridades sanitarias la geolocalización de todos los ciudadanos a los “efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que declara estar”.
Así consta en una orden ministerial publicada el pasado 28 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que se atribuye al Ministerio de Sanidad una serie de prerrogativas para poder controlar mejor la expansión de la Covid-19.
Entre esos poderes está el del “desarrollo urgente” y la “operación de una aplicación informática para el apoyo en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, que permita, al menos, realizar al usuario la autoevaluación en base a los síntomas médicos que comunique, acerca de la probabilidad de que esté infectado, ofrecer información al usuario sobre el virus y proporcionarle consejos prácticos y recomendaciones de acciones a seguir según la evaluación”.
No obstante, la norma detalla, y ahí radica la novedad, que “la aplicación permitirá la geolocalización del usuario a los solos efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que declara estar”, y que la misma “puede incluir dentro de sus contenidos enlaces con portales gestionados por terceros con el objeto de facilitar el acceso a información y servicios disponibles a través de Internet”.
Bajo esta redacción, se abre la puerta a que Sanidad enviara mensajes (vía whatsapp) individualizados a los ciudadanos cuando detecte que están viajando entre distintas comunidades autónomas. Se pretendería, por ejemplo, controlar movimientos de fin de semana o a segundas residencias.
No obstante, ninguno de los dos departamentos ha hecho referencia alguna a que la app móvil pudiera controlar la veracidad de los datos de ubicación de los ciudadanos durante el confinamiento, una prerrogativa que puede chocar con la Ley de Protección de Datos.
Para evitar esta colisión legal, la norma publicada en el BOE indica que la aplicación no constituirá, en ningún caso, “un servicio de diagnóstico médico, de atención de urgencias o de prescripción de tratamientos farmacológicos”, ni “sustituirá en ningún caso la consulta con un profesional médico debidamente cualificado”.
El tratamiento de los datos se encomienda al Ministerio de Sanidad aunque el encargado del tratamiento y titular de la aplicación móvil será el de Economía, a través de la Secretaría General de Administración Digital.
Asimismo, se encomienda a esta Secretaría de Estado el desarrollo de un asistente conversacional para ser utilizado vía whatsapp y otras aplicaciones de mensajería instantánea, con el fin de proporcionar información oficial ante las preguntas de la ciudadanía.
La aplicación puede incluir dentro de sus contenidos enlaces con portales gestionados por terceros con el objeto de facilitar el acceso a información y servicios disponibles a través de Internet. También se habilita el desarrollo de una web informativa con los recursos tecnológicos disponibles.
La orden ministerial se cura en salud y señala que lo dispuesto en la misma se entiende sin perjuicio de la aplicación de las normas comunitarias relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales española de 2018 y los criterios interpretativos dados por la Agencia Española de Protección de Datos.
Estudio de movilidad
Paralelamente a la app del Ministerio de Sanidad, Economía va a desarrollar el estudio DataCOVID, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el que se analizarán datos “anónimos y agregados” de desplazamientos de la población mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, y durante el tiempo necesario hasta que se restablezca la normalidad. El objetivo del estudio es contribuir así a “una toma de decisiones más eficiente basada en los datos”. El informe no aportará datos personales y no se podrá usar para usos policiales de vigilancia durante el confinamiento, señalaron fuentes de los operadores.
El estudio cubrirá todo el territorio nacional, dividiendo España en unas 3.200 áreas de movilidad, que identifican agrupaciones de población de entre 5.000 y 50.000 habitantes. Los datos de posición analizados permitirán tener una muestra más de 40 millones de teléfonos móviles en toda España.
El responsable del tratamiento de estos datos será el Instituto Nacional de Estadística (INE), con el que las operadoras de telecomunicaciones ya colaboraron el año pasado en la elaboración de un estudio sobre movilidad a partir de datos obtenidos de los teléfonos móviles.
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[10] Dura intervención de la Guardia Civil de Valdemoro a un vecino por saltarse la cuarentena
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[11] Aumentan los abusos policiales al calor del estado de alarma
Organizaciones sociales y grupos antirracistas advierten sobre el incremento de las denuncias de agresiones por parte de los agentes. "Llegan denuncias todos los días", afirman en SOS Racismo.
Captura de pantalla del video sobre la agresión policial registrada en Castellar del Vallès.
Desde los balcones no solo se ven calles vacías. También es posible escuchar insultos, presenciar agresiones y fotografiar detenciones. En pleno estado de alarma, se acumulan las denuncias sociales sobre la violencia aplicada por distintos cuerpos policiales en sus actuaciones. Es, a día de hoy, la otra cara de la emergencia del coronavirus.
En un piso de Barakaldo (Bizkaia) lo acaban de comprobar sin necesidad de mirar al balcón. En esta ocasión, la violencia se registró desde dentro del hogar, con policías locales como protagonistas. "En este vídeo de denuncia que nos han enviado, la Policía Municipal de Barakaldo no solamente entra en la casa de una familia gitana sino que además agrede impunemente a sus moradoras", destaca SOS Racismo Bizkaia.
Justo al final de la grabación, entre gritos, se escucha un insulto de uno de los agentes, que entra por la fuerza a la vivienda y va directamente contra una de las mujeres que se encontraba dentro. "La policía no puede entrar en un domicilio sin orden judicial. Este es, de nuevo, un caso de abuso policial cometido hacia personas gitanas, un colectivo al que no se le reconocen los mismos derechos que al resto de la ciudadanía, ni antes, ni después del coronavirus", subraya la organización antirracista.
Este hecho se ha registrado apenas unos días después del episodio vivido (y grabado) en el barrio San Francisco de Bilbao, donde agentes de la Ertzaintza golpearon y arrestaron a un joven enfermo y a su madre, que imploró que le dejaran. Este caso ha sido trasladado por la dirección de la Ertzaintza al área de Asuntos Internos.
En las últimas horas, el diario El Correo ha filtrado parte del atestado policial, en el que los agentes aseguran que el joven les escupió al grito de que tenía coronavirus, y que la madre les intentó agredir. La versión policial asegura además que uno de los agentes resultó lesionado "en un ojo y en un hombro" por un "compuesto químico que les arrojaron desde las ventanas".
Sobre este mismo caso, varias asociaciones que trabajan en el ámbito de la salud mental –entre las que se encuentran Zoroa de Euskadi, GAM de Valencia u Orgullo Loco Madrid– han dado a conocer un manifiesto en el que critican lo ocurrido en Bilbao y rechazan "cualquier intervención policial que utilice la violencia racista y machista como recurso para garantizar restricciones en el espacio público y que al mismo tiempo no reconozca nuestra diversidad psíquica".
"Va en aumento"
Este caso ha tenido repercusión a nivel del Estado, donde afloran también las denuncias sobre casos de abuso policial al calor de la emergencia del coronavirus. "Llegan denuncias todos los días de todos los puntos de España sobre violencia policial. Va en aumento, muy en aumento", señalan a Público desde Es Racismo, la iniciativa promovida por SOS Racismo para recoger denuncias.
"Estamos percibiendo un aumento, sobre todo por la vía comunicativa", coincide en señalar Kaire Ba, integrante de SOS Racisme en Catalunya. En tal sentido, indica que en los últimos días han llegado distintos materiales audiovisuales en los que se registran casos de abusos por parte de agentes.
En el Servicio de Atención y Denuncias de esta organización en Barcelona ya han recibido denuncias concretas, al tiempo que resulta especialmente intenso el "boom de denuncias a través de las redes sociales", apunta Ba. Muchas de esas denuncias, añade, tienen relación con actuaciones de la Guardia Urbana de Barcelona.
"El racismo policial habitual se hace más impune: cualquier identificación racista puede conducir a una agresión", subraya SOS Racismo en uno de sus últimos mensajes sobre este tema, que ha dado lugar a una campaña de denuncia en las redes.
Costureros identificados
En ese contexto, el Sindicato Mantero de Barcelona denunció que la Guardia Urbana ha identificado a dos integrantes del equipo de costureros que estos días prepara mascarillas y batas para los hospitales catalanes. "Cuando salían del taller de producción la Guardia Urbana les ha parado para preguntar dónde iban. Han explicado que son costureros y que están trabajando en la producción de material sanitario", relata el sindicato.
Sin embargo, los agentes, "con menosprecio", les pidieron la identificación personal. Al comprobaron que no tenían el documento de identidad de extranjeros "les han dicho que no pueden volver al taller a coser material sanitario", señala.
El sindicato de Manteros denunció este "acto racista de la Guardia Urbana de Barcelona" y subrayó que confían poder seguir produciendo "el material que tanto necesitan los hospitales". De hecho, señalan que esta misma semana hicieron entrega de "las primeras batas médicas a la directora del Hospital de Granollers".
Otro episodio relacionado con la Policía proviene de Castellar del Vallès, en la provincia de Barcelona. Allí se ve a dos agentes de la Policía Local rodeando a un joven que estaba montado en una moto. Tras una discusión, uno de los agentes acaba insultando al motorista y lanzándolo al suelo para detenerle.
El alcalde de esa localidad, Ignasi Giménez (PSC), aseguró que el joven había sido identificado y denunciado en dos ocasiones por incumplir el estado de alarma.
Según los últimos datos de Interior, a fecha 31 de marzo se habían registrado en España 2.136 detenciones, mientras que las multas alcanzaban ya las 252.129. Sólo el día 31 hubo 18.066 propuestas de sanción y 150 detenciones.
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[12] El Poder Judicial se prepara para evitar el colapso tras el estado de alarma
El órgano de gobierno de los jueces diseñará un plan de choque que contempla refuerzos y proponer cambios legislativos procesales
Operarios de una empresa privada realizan una desinfección en los juzgados de Sevilla hace unos días. EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS
La suspensión de toda la actividad judicial no urgente mientras dure el estado de alarma ha obligado a posponer miles de vistas que estaban previstas en los tribunales para estas semanas, algunas de ellas señaladas desde hace más de dos años, y jueces, fiscales, letrados y abogados temen que las consecuencias del parón se arrastrarán durante muchos meses. A ellos se une el previsible aluvión de asuntos derivados de las medidas adoptadas durante el estado de alarma, como despidos, ERE, ERTE, procedimientos de Seguridad Social, concursos, impagos, desahucios y sanciones impuestas por el confinamiento. Para intentar evitar el colapso, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado la elaboración de un plan de choque y advierte de que serán necesarias reformas legales procesales y nuevas formas de organización.
La elaboración del plan correrá a cargo de la comisión permanente, el principal órgano de decisión del Consejo, pero se constituirá un grupo de trabajo por cada orden jurisdiccional para diseñar las medidas específicas. El principal objetivo, según una nota difundida este jueves por el órgano de gobierno de los jueces, es paliar el atasco previsto y agilizar la resolución de los asuntos cuyo retraso incida más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables. El plan también pretende proporcionar a los jueces un escenario “fiable” para la vuelta a la normalidad con mecanismos que les permitan afrontar con menor dificultad el incremento de cargas de trabajo al que tendrán que hacer frente, explican desde el Consejo. “Resulta absolutamente imprescindible anticiparse a la llegada de ese momento, mediante el diseño de un plan de choque que articule las medidas, de muy distinta naturaleza, que deberían activarse de manera inmediata al levantamiento del estado de alarma”, señala el órgano de gobierno de los jueces, que asume que en el momento en que se levante el confinamiento se producirá una situación “inédita y excepcional” en los tribunales.
Según el documento “Directrices para la elaboración de un plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma” aprobado este jueves por la comisión permanente, el plan debe basarse en los principios de eficacia (identificar de las medidas con impacto más directo e implantación más rápida en cada caso) y especificidad (las medidas no serán las mismas en todos los órdenes jurisdiccionales). Se contemplará, avanza el texto, todo el abanico posible de actuaciones, desde propuestas al Gobierno para que dicte reformas procesales urgentes que pudieran abordarse mediante real decreto-ley, hasta medidas organizativas de todo tipo (concentración de asuntos, especialización de juzgados por temas, normas de reparto, etcétera) y refuerzo de personal y medios. Según el documento, se diseñará en colaboración con el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas y los operadores jurídicos.
Por otra parte, el órgano de gobierno de los jueces ha acordado requerir formalmente a la Junta de Andalucía y al Gobierno de Canarias para que adopten las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de los servicios esenciales en la Administración de Justicia. Según el CGPJ, las pautas establecidas por ambos gobiernos para reducir la actividad presencial de los funcionarios judiciales hace inviable el mantenimiento de la actividad que el CGPJ, el ministerio y la Fiscalía han establecido como imprescindible mientras dure el estado de alarma.
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[13] Sánchez amplía la alarma y propone unos nuevos pactos de la Moncloa
“No hay fuerza mayor para una nación que la unidad”, proclama el presidente
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en la Moncloa (Borja Puig de la Bellacasa / ACN)
Pedro Sánchez, “en medio de una guerra nunca antes librada”, anunció ayer que el Consejo de Ministros del próximo martes volverá a solicitar la autorización del Congreso para prorrogar, por segunda vez, el estado de alarma en España.
La situación de excepcionalidad decretada para intentar doblar el dramático pulso a la pandemia del coronavirus se prolongará, por lo pronto, otras dos semanas, desde el 12 hasta el 25 de abril. Y no será la última ampliación. “Ya anuncio que vendrán más días de estado de alarma”, reconoció. “Desgraciadamente, a finales de abril no habrá acabado todo”, advirtió. “Las medidas excepcionales que vamos a tener que tomar no van a durar otros quince días, van a durar un tiempo más”. Si bien, y pese a que la alarma se prolongue hasta mayo, en esa fase el presidente del Gobierno ya confió en que se puedan ir relajando algunas de las restricciones a la movilidad para el confinamiento de la ciudadanía, en función de la efectividad de las medidas y el grado de cumplimiento de las mismas por parte de la sociedad. “Vendrán más días del estado de alarma, pero no los mismos, será distinto, empezaremos a recuperar algo de nuestra vida personal, económica y social”, vaticinó.
El jefe del Ejecutivo también anunció, en cambio, que la “hibernación” de toda la actividad económica y productiva no esencial que se decretó el pasado domingo se levantará en el plazo inicialmente fijado, esto es, el próximo jueves 9 de abril, una vez superado “el rubicón” de la Semana Santa.
Con todo, el gran mensaje político que ayer lanzó Sánchez, en una nueva y solemne comparecencia que protagonizó tras reactivar su interlocución con el jefe de la oposición y los principales líderes políticos, fue la propuesta de reeditar unos nuevos pactos de la Moncloa cuando se haya ganado la guerra al coronavirus, al menos desde el punto de vista sanitario, para abordar la reconstrucción económica, laboral y social de España. Unos pactos como los que en 1977 evitaron la debacle económica y social de una España que estrenaba el sistema democrático tras la crisis global del petróleo. Unos pactos para los que Sánchez aseguró que convocará a todas las fuerzas políticas, a todos los gobiernos autonómicos y a todos los agentes económicos y sociales en una tarea común. “No hay fuerza mayor para una nación que la unidad”, proclamó. “Nuestra fuerza vendrá de la unión”, insistió el presidente del Gobierno.
En este punto, el discurso de Sánchez sumó a sus ya reiterados ecos de Winston Churchill –con las continuas apelaciones al “sacrificio, resistencia y moral de victoria”–, una nueva referencia a otra célebre frase de John Fitzgerald Kennedy para la historia: “Deberemos pasar a una unidad sin duda alguna más fuerte y más compacta. Deberemos pasar del qué pueden hacer los demás por mí, al qué puedo hacer yo por los demás”, subrayó el jefe del Ejecutivo.
RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA
“Todos los partidos, con independencia de su ideología, trabajaremos en unos nuevos pactos”
“Algo que ya hizo nuestro país hace cuatro décadas en eso que saben sobre todo los ciudadanos más veteranos, de más edad, que son los pactos de la Moncloa, cuando se logró conjurar gravísimas amenazas para nuestra economía y también para nuestra democracia”, aseguró. Y reiteró que “necesitaremos unidad”. También en Europa, para poner en marcha “un verdadero plan Marshall de reactivación a escala continental de nuestra economía”, pese a las férreas reticencias de Alemania y Holanda. “España no va a renunciar a los eurobonos”, retó Sánchez.
“Estamos ante la gran crisis de nuestras vidas”, advirtió. Pero, como siempre dicta su particular manual de resistencia, animó a aprovechar “una oportunidad histórica”. “No bastará con reanimar en plena primavera un mundo congelado por el azote del virus, será nuestra oportunidad para cortar las ramas secas y retomar el rumbo allí donde quizá lo perdimos”, resaltó. Y propuso tomar el camino correcto. “Nos encontramos ante una encrucijada histórica. Podemos optar por escuchar a los que no aportan soluciones, sólo reproches. Podemos encerrarnos detrás de cualquier frontera, nacional o regional, y creer que el egoísmo nos protegerá. Podemos identificar un enemigo real o imaginario y descargar nuestra furia contra él. Podemos contemplar a los otros como un estorbo o como una amenaza. Podemos desentendernos de nuestra desgracia, o incluso pensar que es una oportunidad para nuestra fortuna. Pero nada de eso nos traerá nada bueno”, alertó. Por el contrario, recetó “tener una actitud completamente distinta, podemos comprender que el mundo que viene, en el que ya estamos, no volverá a ser como el de ayer, pero aún menos como el de antes de ayer, cuando las gentes vivían ignorando a los demás y la sociedad carecía de protección colectiva”. Comprender, también, “que no hay salida egoísta ni solución individual, que somos débiles por separado pero nuestra fuerza viene precisamente de poder contar los unos con los otros”.
Sánchez reiteró su voluntad de convocar a las fuerzas políticas a unos nuevos pactos de la Moncloa. “Sí, sin duda. Esa unidad a la que apelo se tiene también que trasladar a la opinión pública en una certeza y es que todos los partidos políticos, con independencia de su ideología, vamos a trabajar en unos nuevos pactos de la Moncloa para relanzar y reconstruir nuestra economía y el tejido social que se va a ver resentido durante estas semanas tan duras”, aseguró.
Tras decidir la ampliación de la alarma, y antes de comparecer en la Moncloa para anunciarla, Sánchez abrió con el jefe de la oposición, Pablo Casado, la ronda de contactos telefónicos anunciada con todos los líderes políticos en busca de respaldo para que el Congreso lo autorice en el pleno que su presidenta, Meritxell Batet, convocará el próximo jueves. El líder del PP, pese a que mantiene una posición muy crítica, anunció inmediatamente después de hablar con el presidente del Gobierno su respaldo a las medidas de contención contra el coronavirus. Pero Casado también advirtió que “la lealtad y la unidad exigen eficacia y transparencia”.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también le dio su apoyo a Sánchez para autorizar la prórroga de la alarma. Pero la líder de la formación naranja incluso se le adelantó y, antes de la conversación telefónica, le remitió una carta en la que reclamó que “impulse cuanto antes un gran acuerdo nacional”. “Unos pactos de reconstrucción nacional que vendrían a ser los pactos de la Moncloa del siglo XXI”, demandó Arrimadas, que no obstante previno al jefe del Ejecutivo para no actuar en solitario, improvisar ni “imponer la ideología”. “Si luchamos todos juntos, lo lograremos”, aseguró.
ECOS DE KENNEDY
“Debemos pasar del qué pueden hacer los demás por mí al qué puedo hacer yo por los demás”
Muy distinta fue la posición del líder de Vox, Santiago Abascal, que incluso se negó a atender la llamada telefónica de Sánchez. “De este Gobierno sólo esperamos su dimisión”, zanjó Abascal con dureza.
ERC y el PNV, por su parte, recelan y desconfían de la convocatoria de unos nuevos pactos de la Moncloa. El debate político de los próximos meses, por tanto, está servido.
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[14] Así fueron los verdaderos Pactos de La Moncloa
La dramática situación de la economía forzó a los partidos en 1977 a llegar a un consenso para frenar la inflación, el desempleo y la caída de la peseta
Adolfo Suárez conversa con Felipe González, en presencia de José María Triginer, en la reunión en la que se firmaron los llamados Pactos de La Moncloa - EFE
No fue una negociación fácil ni rápida. La economía española estaba atravesando una situación dramática y la Transición se hallaba en una encrucijada. Pero al final todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo. Los Pactos de La Moncloa se firmaron el 25 de octubre de 1977, cuatro meses después de las primeras elecciones generales democráticas. Tan sólo habían transcurrido siete meses tras la legalización del Partido Comunista en aquel Sábado Santo Rojo.
Los Pactos de La Moncloa, en plural, incluían dos acuerdos, sustentados en sendos documentos: uno, económico y otro, político. En el primero, se incluían una serie de medidas de ajuste para estabilizar una economía muy dañada por el impacto de la crisis del petróleo en la década de los 70. En aquel año, el paro creció en un millón de personas, una cifra récord, mientras que la inflación interanual superó el 30% en algunos meses. La peseta había tenido que ser devaluada en julio.
En el acuerdo político, se incluyeron iniciativas tan relevantes como la tutela de la igualdad de la mujer, la libertad de prensa y la eliminación de la censura, el reconocimiento del derecho de reunión y de libre expresión de las ideas, el derecho de asociación sindical, la despenalización del adulterio y la supresión del Movimiento Nacional. Unas reformas de gran calado que luego se plasmarían en leyes, entre ellas, la modificación del Código Penal.
Nada más constituirse el nuevo Gobierno, en julio de 1977, el superministro y Adolfo Suárez hablaron de la necesidad de unos pactos para estabilizar una situación económica descontrolada que había provocado un fuerte aumento del gasto público en un clima de crecientes reivindicaciones de los sindicatos. «O hay un gran acuerdo o la democracia puede venirse abajo», advirtió Fuentes.
Pero la idea de un compromiso entre todas las fuerzas políticas topó en aquel momento con una dura contestación de los barones de UCD, que creían que era mejor aplicar las recetas del recién creado partido sin pactar con la izquierda. Suárez no se quiso enfrentar a las familias de su formación y optó por una ambigua equidistancia que provocó el desaliento de Fuentes Quintana.En aquel mes de agosto, el nuevo responsable de Economía huyó de Madrid y se marchó a las playas de Huelva, junto a su amigo Juan Velarde. Fuentes Quintana se había comprometido a impartir un curso en la Universidad de La Rábida. Según fuentes muy cercanas al catedrático, llegó incluso a sopesar su dimisión al dudar del apoyo de Suárez.
Pero la situación se desbloqueó a primeros de septiembre con una entrevista entre el presidente y Felipe González, que se comprometió a impulsar un gran compromiso político y económico. El Rey Don Juan Carlos era un decidido partidario de ese acuerdo y se lo hizo saber con discreción a las fuerzas políticas. Sabía que, si los pactos llegaban a buen término, la institución monárquica habría dado un gran paso para su consolidación.
Fue a partir de ese momento cuando surgieron los contactos que desembocaron en grupos de trabajo para perfilar los futuros Pactos. Fernando Abril Martorell, ministro de Agricultura y amigo de Suárez, llevó el peso de las negociaciones por parte de UCD. En el Partido Comunista, Ramón Tamames tuvo un importante protagonismo, al igual que Alfonso Guerra en el PSOE.Es importante subrayar que, en el verano de 1977, las relaciones entre el PSOE y el PCE eran prácticamente inexistentes tanto por su rivalidad electoral como por el pasado reciente, que había acrecentado una profunda desconfianza. Los dos partidos habían sido incapaces de coordinar su oposición en la etapa final del franquismo, creando dos organizaciones paralelas: la Junta Democrática, encabezada por la formación de Santiago Carrillo, y la Plataforma Democrática, liderada por el PSOE.
Los dos partidos hegemónicos de la izquierda decidieron colaborar con Suárez y sentarse en la mesa de la negociación, sin lo cual hubiera sido imposible cualquier entendimiento. «Carillo tenía que demostrar que no tenía cuernos ni olía a azufre», señala uno de los dirigentes que participaron en las conversaciones, que subraya el sentido del Estado que demostró el líder comunista en aquellos meses posteriores a las elecciones. Cuando el texto estaba muy avanzado, Fuentes Quintana llamó al Ministerio al economista Julio Segura, entonces militante del PCE, y le permitió leer el borrador en un despacho sin la posibilidad de sacar una copia. Segura expresó su conformidad y le transmitió a Carrillo que no había obstáculo para su firma. También Suárez, Fuentes Quintana y Abril Martorell lograron disipar los recelos de los barones de UCD, que se dieron cuenta de que la situación económica era insostenible. El entonces gobernador del Banco de España, el exministro López de Letona, había advertido de que no había fondos para financiar las importaciones y seguir sosteniendo la peseta, en caída libre.
A mediados de octubre, se había llegado a un acuerdo por el que la izquierda y partidos nacionalistas como el PNV y CiU aceptaban un plan de ajuste económico que eliminaba la indexación de los salarios a la inflación, una medida necesaria para contener los precios, devolver la confianza a los mercados e incentivar la inversión. También se pactó una reforma fiscal que se traduciría al año siguiente en la ley del IRPF, que suponía una gran modernización del sistema impositivo que venía del franquismo. Por último, se flexibilizó el despido, aunque con serias limitaciones.
A cambio, UCD asumía importantes concesiones políticas, que no fueron aceptadas por Alianza Popular, el partido que lideraba Manuel Fraga y que incluía a importantes figuras del franquismo como el tecnócrata Silva Muñoz, Cruz Martínez Esteruelas, Licinio de la Fuente, López Rodó y Gonzalo Fernández de la Mora, uno de los ideólogos del régimen del yugo y las flechas. En consecuencia, Fraga no suscribió el documento político, pero sí el económico.
El 25 de octubre se produjo la ratificación de los Pactos por los líderes de los partidos. Por parte de UCD, firmó Leopoldo Calvo Sotelo, futuro sucesor de Suárez. González y Carrillo lo hicieron por sus dos formaciones. También se sumaron el PSP de Tierno Galván y el PNV y CiU. Semanas después, fueron aprobados por el Congreso y el Senado.
Los Pactos estuvieron en vigor durante un año en el que se tradujeron en leyes y decretos. Pero a, finales de 1978, con la Constitución ya aprobada y la Transición prácticamente concluida, las fuerzas políticas reanudaron su pugna en un clima de aumento de la crispación. El PSOE decidió entonces intensificar su oposición al Gobierno de Adolfo Suárez, que empezaba ya a mostrar sus primeros síntomas de descomposición. Todo ello se produjo en las vísperas de las nuevas elecciones generales de marzo de 1979, en las que UCD revalidó los resultados cosechados dos años antes. El PSOE se perfiló como la alternativa con 121 escaños, aunque hubo una cierta frustración en sus filas porque las expectativas eran más elevadas. Por el contrario, el apoyo al Partido Comunista y a Alianza Popular fue mínimo, lo que creó una importante crisis interna en ambas formaciones.
Con la perspectiva que ofrecen las cuatro décadas transcurridas, los Pactos de La Moncloa supusieron no sólo un impulso a la recién nacida democracia sino que además transmitieron un potente mensaje de unidad a la sociedad española, demostrando que los partidos eran capaces de llegar a acuerdos en una situación de extraordinario deterioro de la economía.Tan sólo cuatro años después, el PSOE ganaría las elecciones con una aplastante mayoría absoluta mientras UCD desaparecía del mapa. Nadie lo hubiera dicho en aquel otoño de 1977 cuando el desaliento y la incertidumbre hacían necesarios aquellos históricos Pactos de La Moncloa.
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[15] Moncloa rechaza la fórmula de las asociaciones de prensa contra el filtro de preguntas
Les invita a idear otra fórmula que seleccione las preguntas de manera aleatoria sin primar a los periodistas que cubren habitualmente el Gobierno
La Secretaría de Estado de Comunicación que dirige el periodista Miguel Angel Oliver rechaza la propuesta que le presentaron las asociaciones de la prensa APM y FAPE, las principales en este sector en España, para terminar con el filtro de las preguntas impuesto por el Gobierno en las ruedas de prensa desde que se instauró el estado de alarma, y que se celebran por motivos de seguridad sanitaria sin presencia física de los periodistas, que han de remitir sus preguntas a través de un chat habilitado para ello.
La propuesta de las asociaciones parte de la queja expresada por más de 400 periodistas firmantes del manifiesto ‘La Libertad de Preguntar’, que advertían de que este filtro de las preguntas, con el propio Oliver seleccionando aquellas que se hacen y planteándoselas al Gobierno, se había convertido en una nueva forma de “censura” justo en un momento en que el control del Ejecutivo, cuyos poderes quedan reforzados bajo el estado de alarma, se hace más necesario que nunca teniendo en cuenta la actividad muy limitada del Parlamento.
La propuesta de las asociaciones parte de la queja expresada por más de 400 periodistas firmantes del manifiesto ‘La Libertad de Preguntar’
La APM y la FAPE propusieron intercalar en las ruedas de prensa, además de una selección de las preguntas enviadas a ese chat en el que participan 160 medios de comunicación, otras que pudieran formular directamente por videollamada periodistas que cubren habitualmente la información del Gobierno, a los que se podrían añadir otros que propusiera la SEC.
En una carta dirigida directamente a los presidentes de la APM y la FAPE, Oliver deja por escrito su rechazo a esa fórmula, del que ya informó Europa Press el jueves pasado. La misiva, que lleva firma del 3 de abril, reconoce que la propuesta de esas dos asociaciones “parece contar con el respaldo de los periodistas que habitualmente cubren la información de Moncloa, pero se queda muy corta en opinión de todos los demás, dada la dimensión nacional e internacional de la crisis”.
Carta a las asociaciones
Oliver invita a estas asociaciones a “seguir trabajando” este fin de semana en un sistema que cumpliera tres criterios. El primero que menciona la SEC es el de “acoger al mayor número de medios tomando como base los más de 160 representados en el chat”, donde conviven medios nacionales, internacionales, autonómicos y locales.
El segundo criterio de este sistema por idear tendría que facilitar que se puedan hacer preguntas en directo y el tercero habla de incorporar un criterio no discrecional en la selección de los participantes. A modo de sugerencia, Oliver plantea agrupar a los medios en las siguientes categorías: medios de implantación nacional, autonómicos, internacionales y de difusión digital exclusiva.
Para la formulación de las preguntas, propone una “fórmula aleatoria, pública y verificable que establezca cada día varios turnos de preguntas, que serían planteadas en directo por los periodistas de cada medio elegido”. Eso sí, avisa Oliver, mientras se idea este nuevo sistema se hace “necesario”, alega, continuar con el chat actual.
El Gobierno quiere una “fórmula aleatoria, pública y verificable que establezca cada día varios turnos de preguntas, que serían planteadas en directo por los periodistas de cada medio elegido”
Ese chat lo creó la SEC el mismo 14 de marzo, para la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que informó de la declaración del estado de alarma. Originalmente lo integraron 64 medios de comunicación, tanto nacionales y autonómicos como internacionales, seleccionados bajo el criterio de asistencia habitual a las comparecencias del Gobierno, y se añadió a varios corresponsales internacionales.
Moncloa mantuvo ese mismo chat para el resto de ruedas de prensa que pasaron a hacerse en Moncloa, no sólo para las del presidente o la posterior al Consejo de Ministros, que son las que habitualmente siguen los periodistas que cubren la información del Gobierno. Así, en ese mismo chat se plantean también las preguntas para la rueda de prensa diaria de los miembros del Comité Técnico de Gestión.
Un ejemplo de rueda sin selección de preguntas
Esto provocó que numerosos medios se dirigieran a la SEC para solicitar su inclusión en ese chat, que ya supera los 160 medios de comunicación. De hecho, Oliver habla en su carta de que la propuesta de la APM y FAPE no tiene el respaldo de “otras muchas asociaciones y colegios profesionales de la prensa” a los que no identifica.
Tras la queja de los periodistas en el manifiesto, se ha producido tan sólo una excepción: la rueda de prensa de esta pasada semana para explicar los datos del paro por parte de los ministros de Trabajo, Yolanda Díaz, y Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Para esa ocasión, la rueda de prensa se restringió a los periodistas económicos especializados sin que se produjeran quejas. Pero lo más relevante fue que en esa rueda de prensa se hicieron todas y cada una de las muchas preguntas y hasta repreguntas que esos periodistas plantearon, a pesar de que las leyeran los responsables de prensa de cada uno de los dos Ministerios.
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[16] Los 20.000 millones del ICO a las empresas se 'agotan' antes de estar disponibles
La banca cree que los avales públicos durarán "horas" ante la demanda de empresas tocadas por el Covid-19. El Gobierno todavía no ha decidido cómo repartir este primer tramo
Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno. (EFE)
El Gobierno todavía no ha activado la primera línea de avales públicos para empresas afectadas por el parón del coronavirus... y ya tiene que ir pensando en la segunda. Diversas entidades consultadas por este medio aseguran que tienen "sobredemanda"de financiación de grandes compañías, pymes y autónomos susceptibles de acogerse a estas líneas, por lo que señalan que los primeros 20.000 millones "durarán horas".
"Para ser realistas, según nuestros cálculos, los 20.000 millones van a durar horas, sobre todo en el tramo de pymes y autónomos, que se va a quedar muy, muy corto", explica el responsable de Empresas de una de las principales entidades españolas.
El Gobierno anunció hace una semana que activaba el primer tramo de los avales diseñados para ayudar a empresas con problemas de liquidez por el parón económico: 20.000 millones de los 100.000 millones que el presidente Pedro Sánchez había 'pregonado' una semana antes. De estos, 10.000 millones están dirigidos a grandes empresas, de los que el Estado asumirá entre el 60% y el 70% de las pérdidas; y la otra mitad es para pymes y autónomos, con una cobertura del 80%.
El Ministerio de Economía transmite tranquilidad, ya que lo más laborioso es preparar los sistemas y convenios para lanzar el primer tramo. Una vez esté en marcha, si se liquida rápidamente, el Gobierno podría activar los siguientes 20.000 millones —o la cantidad que decidiera— casi automáticamente. El acuerdo del Consejo de Ministros que los aprobaba se publicó el pasado jueves 26 de marzo y se espera que la línea esté operativa entre esta semana y el lunes 6 de abril. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) está trabajando para tenerlo lo antes posible. El Ejecutivo tomó la decisión de articularlo por tramos para ir probando cómo funciona, ver dónde hay más demanda y corregir errores.
La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado (c), el presidente del BBVA, Carlos Torres (i), y el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez (d). (EFE)
Aunque todavía no se admiten las operaciones ICO Covid-19, el Gobierno anunció que se aceptarándesde el 17 de marzo de forma retroactiva. Eso explica el convencimiento de las entidades de que se agotará rápidamente, ya que entrarán de golpe miles de peticiones de liquidez de más de dos semanas, con el final de mes por medio. Así, los bancos empezaron a recibir la semana pasada una avalancha de solicitudes de financiación para pagar las nóminas de marzo, los alquileres y el IVA trimestral, como avanzó este medio.
Uno de los puntos calientes todavía por decidir es cómo se van a repartir estos 20.000 millones entre las entidades, algo que preocupa mucho en el sector financiero. Inicialmente, Gobierno y bancos pactaron que fuera por cuota de mercado, para que los bancos no compitan deslealmente. La semana pasada, se descartó esta idea y se decidió volver a la operativa normal del ICO, en la que los avales se reparten a demanda, sin ningún tipo de cuantía fijada con antelación. Sin embargo, la sobredemanda podría hacer al Gobierno volver al plan inicial, según las fuentes consultadas. Desde el Ministerio de Economía, señalan que "se está estudiando la fórmula para asegurar la adecuada distribución". "Si no se reparten por cuota, puede ser un caos", exponen desde una entidad.
Otra de las dudas en el aire es qué tipo de operaciones van a pasar el filtro del ICO. "¿La línea de liquidez a El Corte Inglés tendrá aval del ICO? Si es así, solo esta operación son 1.250 millones", señalan desde un banco. Esta es una decisión que tendrá que tomar el organismo público, ya que las financiaciones por encima de 50 millones tienen que contar con su visto bueno. Para el resto, es suficiente con que pasen los controles de riesgos de los bancos.
Todos estos factores son clave para determinar la velocidad a la que se consumen los 20.000 millones y saber cuánto más tendrá que poner el Gobierno en el siguiente tramo. Las entidades prestaron el año pasado una media de 27.000 millones mensuales a las empresas, en un entorno de menor necesidad de liquidez, según datos del Banco de España. Y todo apunta a que el parón económico puede durar dos o tres meses.
Tipos mucho más bajos
A la espera de que Economía culmine su operativa y se active la primera línea ICO Covid-19, todas las entidades tienen claro que los precios de estos nuevos créditos serán mucho más baratos de lo que había antes en mercado. Desde un grupo financiero, explican que "se están tirando los precios", con un tipo medio establecido del 1,5-2% TAE (tasa anual equivalente) en el caso de pymes y autónomos, frente al 3-4% que venía ofreciéndose hasta ahora, más una comisión del 1,5% de apertura y otro 1,5% en caso de cancelación anticipada.
"Asumimos que estas líneas no son para ganar dinero, sino para salvar al mayor número posible de empresas y autónomos", aseguran desde un banco. Añaden que tras tres semanas de parón, hay señales positivas: "La mayoría de empresas están dejando claro que quieren seguir intentándolo, aunque no vayan sobradas, para aguantar dos o tres meses".
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