"Los vicios privados hacen la prosperidad pública"
“Desde 1723. Mandeville, el autor anónimo que escandalizó a Inglaterra con su Fábula de las abejas y los comentarios que añadiera, atacó de frente la hipocresía de la sociedad disfrazada con el nombre de moral. Manifestaba cómo las costumbres sedicentes morales no son más que una máscara hipócrita; cómo las pasiones que se las cree dominar con el código de la moral vigente toman, por el contrario, una dirección tanto más perniciosa cuanto mayores son las restricciones de este mismo código”
El Supremo confirma la condena a Chaves y el ingreso en prisión de Griñán por el caso ERE. EL MUNDO
El Tribunal Supremo da por probado la trama de los ERE fraudulentos de Andalucía, el mayor caso de corrupción de las últimas décadas en nuestro país, y ratifica las condenas a quienes fueran los máximos responsables de la Junta de Andalucía.
Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, por tres votos frente a dos, la Sala de lo Penal ha confirmado la condena de seis años de prisión del ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán por un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos.
La Sala, presidida por el magistrado Juan Ramón Berdugo, ha decidido adelantar este martes el fallo de una sentencia donde también se confirma la condena por prevaricación del ex presidente andaluz Manuel Chaves, que conlleva inhabilitación para cargo público durante nueve años.
La sentencia, de más de 1000 folios, se dará a conocer en septiembre. En la misma, se confirman en líneas generales el fallo adoptado por la Audiencia Provincial de Sevilla sobre la red clientelar tejida por el PSOE andaluz durante años en torno a la trama de los ERE.
Además, tras el fallo del Supremo, los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera también irán a la cárcel al ratificarse la resolución de la Audiencia de Sevilla que les impone, al primero, siete años, 11 meses y un día de prisión, y al segundo siete años y un día, además de la pena de inhabilitación. La misma pena deberá cumplir al ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo mientras que un año menos de cárcel ha recibido la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo.
Por su parte, el Alto Tribunal ha confirmado la condena impuesta al ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, inhabilitado a nueve años. También ha ratificado la pena que el tribunal sevillano impuso a la ex ministra Magdalena Álvarez, ex consejera de Economía y Hacienda, a 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
VOTOS PARTICULARES
Fuentes de la Sala consultadas por este periódico informan de que durante las últimas semanas que han transcurrido las deliberaciones se trató de alcanzar la unanimidad entre los cinco magistrados que componen el tribunal pero finalmente ésta no ha sido posible. Tienen previsto emitir votos particulares las magistradas de sensibilidad progresista Susana Polo y Ana Ferrer. Por su parte, será ponente de la sentencia el magistrado de sensibilidad conservadora Eduardo de Porres.
El punto más controvertido de las intensas deliberaciones ha sido la condena al ex presidente Griñán, quien tras notificarse este martes el fallo del Alto Tribunal, deberá previsiblemente ingresar en la cárcel. Su defensa tiene ahora dos vías para tratar de sortear el ingreso en prisión de su cliente. Para activarlas esperará a conocer la letra pequeña de la resolución que notificará en septiembre el Supremo y que deberá ejecutar la Audiencia de Sevilla al ser el tribunal sentenciador.
Con la sentencia en la mano, el abogado del ex presidente andaluz puede solicitar ahora al Tribunal Constitucional que paralice la ejecución del fallo mientras se tramita su recurso de amparo pero es altamente improbable que el tribunal de garantías acceda a ello, puesto que la jurisprudencia del TC establece en los cinco años de prisión el umbral para paralizar el ingreso en prisión en estos supuestos.
La segunda vía es el indulto. En este sentido, la sentencia probada por una exigua mayoría y, en consecuencia, los votos particulares a favor de la absolución del ex presidente andaluz del delito de malversación darán oxígeno al Gobierno de Pedro Sánchez para poder indultarlo. No obstante, el Ejecutivo tendrá que asumir el coste de otorgar la medida de gracia al ex dirigente socialista que ha sido condenado en firme por un delito de corrupción. En este sentido, el artículo 4 del Código Penal establece que el juez o tribunal podrá "suspender la ejecución de la pena, mientras no se resuelva sobre el indulto cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de éste pudiera resultar ilusoria".
Además, el Supremo ha estimado totalmente tres recursos de casación y parcialmente uno de ellos. De esta forma, el tribunal ha absuelto a tres ex altos cargos de la Consejería de Empleo: Javier Aguado, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez, que ocuparon la Secretaría General Técnica. Fueron condenados a diferentes penas de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y ahora el Alto Tribunal estima íntegramente sus recursos de casación y los absuelve
Por último, la Sala rebaja la pena a Juan Márquez Contreras, ex director general de Trabajo entre 2009 y 2010, de siete a tres años de prisión y de 18 a siete años y medio de inhabilitación por sendos delitos continuados de malversación y prevaricación en concurso ideal. El Supremo aprecia en su caso la atenuante analógica y muy cualificada de reparación del daño.
Susana Polo, en el centro, flanqueada por sus madrinas en el acto de toma de posesión, Pilar Teso, a la izq., y Clara Martínez de Careaga, también Magistradas del Tribunal Supremo. Las Magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, ambas pertenecientes a la Asociación "Jueces y Juezas para la Democracia", han formulado Voto Particular discrepante de la Sentencia del Tribunal Supremo en el Caso ERE.
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Toni Martín (PP): "Está es la prueba de que los jefes del PSOE se beneficiaron del robo de los EREs"
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La ministra de Hacienda y entonces consejera de Griñán se negó a reclamar la devolución de los 680 millones de los ERE
María Jesús Montero pudo haber ordenado iniciar acciones para solicitar que se devolviera el dinero defraudado. No lo hizo.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero | EFE
El PP ha empezado a apuntar hacia una persona que sigue en estos momentos muy en activo y con un cargo muy decisivo en el Gobierno de Pedro Sánchez: María Jesús Montero, ministra de Hacienda. El Tribunal Supremo acaba de confirmar la sentencia condenatoria por el caso ERE con una cifra escandalosa en materia de corrupción pura y dura: 680 millones de euros. Y ella, Montero, fue consejera bajo el mando directo del condenado por malversación y prevaricación José Antonio Griñán y del también condenado por prevaricación Manuel Chaves.
Además, mantuvo una posición privilegiada en el Gobierno andaluz bajo el mando de Susana Díaz. De hecho, con Díaz, María Jesús Montero ocupó el cargo desde el que debía haber solicitado la devolución del dinero defraudado, según la legislación. Y no lo hizo.
María Jesús Montero podía haber aliviado una gran parte del daño provocado por la inmensa corrupción de los 680 millones de euros de los ERE, según el sistema normativo. Y no lo hizo. No solicitó la restitución del dinero cobrado fraudulentamente. Y no lo hizo pese a que la legislación la designaba como la persona encargada de hacerlo: la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía.
Montero formó parte de los dos Gobiernos salpicados por esa época de corrupción: fue consejera de Salud y Bienestar Social entre el 7 de mayo de 2012 y el 9 de septiembre de 2013, con José Antonio Griñán como presidente autonómico. Griñán, el mismo que acaba de recibir la confirmación de la condena que lo lleva a prisión por malversación y prevaricación. Pero es que previamente —desde el 25 de abril de 2004 hasta el 7 de mayo de 2012— ocupó la cartera equivalente de Sanidad y Consumo, tocando años, por lo tanto, del mandato del también condenado por prevaricación Manuel Chaves.
Y Montero no acabó ahí su carrera de la mano del PSOE andaluz, ni mucho menos. Su labor y lealtad gustó y fue premiada: ocupó el cargo de consejera de Hacienda entre el 9 de septiembre de 2013 y el 6 de junio de 2018, ya con Susana Díaz.
Aunque esta última etapa de Gobierno no ha entrado en la Sala encargada del caso ERE, fue decisiva para recuperar el dinero de la corrupción. Cosa que nunca se hizo. Y era Montero la que debía haber reclamado la devolución de las subvenciones recibidas ilegalmente, según detallan las normas andaluzas.
Desde el PP no han tardado en recordar su papel decisivo en esta última fase: porque la ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decidió no reclamar los 680 millones robados en los ERE. Y es que Montero era en las fechas en las que se adoptaron las primeras decisiones judiciales ahora plenamente confirmadas —2016 y 2017— la consejera de Hacienda.
Los equipos jurídicos del PSOE tomaron la decisión en 2016 y 2017 de combatir el proceso judicial del caso ERE. Esos equipos jurídicos tenían una dependencia obvia de la entonces presidenta andaluza, Susana Díaz. Y es que hay que recordar que en aquel momento, esos equipos pidieron directamente el archivo de la causa penal e impidieron la reclamación de la devolución de los 680 millones de euros robados por la trama corrupta.
Pedro Sánchez también tuvo un papel importante en el apoyo a esas decisiones. Él ganó las primarias del PSOE en mayo de 2017 y decidió admitir como reacción a esa enorme caso de corrupción la omisión absoluta de respuesta: nada hizo para exigir la devolución de los 680 millones robados manteniendo el bloqueo a la recuperación de semejante importe.
Pero una persona cobró especial relevancia en esa operación de pérdida del dinero de los ERE: la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Porque la reforma legal andaluza de 2011 señala a la Consejería de Hacienda como responsable de decidir si se reclaman o no judicialmente los importes defraudados: y en aquellos años decisivos de 2016 y 2017 la consejera de Hacienda era la actual ministra de Hacienda.
El texto que reguló esta función del consejero de Hacienda es el "Decreto 367/2011, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía". Esta norma destaca en su "disposición adicional primera, delegación de competencias" que "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, se delega en las personas titulares de las distintas Consejerías la competencia que se recoge en los artículos 41.1, 42.2, y 64.2 del Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, para autorizar o ratificar, en su caso, el ejercicio de acciones, incluyendo la presentación de querellas, así como el desistimiento y el apartamiento de éstas, por parte del Gabinete Jurídico". Entre esas decisiones se encuentra, efectivamente, la de reclamar el dinero en un caso de fraude como el de los ERE.
La disposición adicional lo aclara y añade que "todo ello sin perjuicio de las competencias que correspondan al titular de la Consejería competente en relación con la defensa de los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad", que es, una vez más, la de Hacienda. La ocupada en aquellas fechas por Montero.
Desde el equipo de la ahora ministra de Hacienda siempre han desviado balones en este asunto, señalando que, como quedó recogido en el Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía del 12 de abril de 2018, el consejero de Empleo Carnero Sierra reconoció que la orden de autorización de personación fue otorgada el 8 de febrero de 2011 por el que era consejero en ese momento. Y, según esa versión, desde ese momento, el Gabinete Jurídico ostentaba la representación procesal de la Junta de Andalucía, y podía adoptar y realizar todas aquellas acciones jurídicas, procesales y procedimentales necesarias para la defensa de los intereses que representa y que le otorga el ordenamiento jurídico. El Gabinete de la ministra ya ha negado en otras ocasiones su responsabilidad y ha señalado que las decisiones como la reclamación civil de los 680 millones quedaban bajo la responsabilidad del equipo jurídico de la Junta de Andalucía y que no existió orden alguna de su parte. Pero la legislación es clara al respecto y la señala a ella como responsable de la no recuperación del dinero.
Manuel Chaves, Francisco Javier Guerrero y José Antonio Griñán, en el juicio de los ERE en noviembre de 2018. EFE
La investigación de los ERE, el mayor caso de corrupción de la democracia española, se ha alargado más de una década y EL MUNDO ha jugado un papel central en la difícil tarea de desentrañar los entresijos de la red clientelar tejida por el PSOE en Andalucía, sobre la que hoy finalmente se ha dictado sentencia: seis años de cárcel para José Antonio Griñán y nueve de inhabilitación para Manuel Chaves.
De los muchos casos de corrupción que ha habido en Andalucía en las últimas décadas, sin duda la investigación que más trabajo continuado y exhaustivo ha requerido ha sido la que ha acabado con la imputación de los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y de hasta una veintena de cargos al más alto nivel de los sucesivos gobiernos andaluces. El caso ERE ha sido durante años un asunto recurrente en los titulares de EL MUNDO, que acompañaban de forma concienzuda la instrucción que iba desarrollando la juez Mercedes Alaya.
27 de diciembre de 2010: EL MUNDO destapa el escándalo
La investigación dio sus primeros pasos cuando el PP presentó en 2009 una denuncia en el juzgado por el cobro de comisiones en la empresa pública Mercasevilla. Desde el primer momento quedó claro que aquella denuncia constituía un caso de excepcional relevancia política y periodística, y no deja de ser irónico que el que posteriormente fuera conocido como el conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, fuera quien de alguna manera pusiera el foco de atención de EL MUNDO en los expedientes de regulación de empleo de empresas supuestamente en crisis, subvencionados generosamente por la Junta de Andalucía.
El nombre de Juan Lanzas, antiguo sindicalista de UGT, se citó desde el primer momento como una de las personas clave en la negociación de la dirección de Mercasevilla con los empresarios del grupo La Raza, quienes tuvieron la valentía de grabar los encuentros en los que se les exigió una comisión a cambio de ser adjudicatarios de la gestión de una escuela de hostelería bajo el paraguas de Mercasevilla, la firma responsable del mercado central de abastos sevillano.
10 de marzo de 2012: Guerrero destapa los detalles de la trama. EL MUNDO
En el momento en que EL MUNDO conoció el nombre de Lanzas, llamó al sindicalista para recabar su versión de los hechos. Éste quiso restarle gravedad al asunto. Poniéndose en el papel de un simple testigo bien informado, regaló la clave: "Mira, Mercasevilla se ha pillado los dedos en el ERE que ha negociado con sus trabajadores; así que se está viendo obligada a buscar financiación por donde sea", vino a decir. O sea, que la comisión que pedían los directivos de la empresa no era para el PSOE ni para el enriquecimiento personal de los solicitantes, sino para tapar el agujero generado por las generosas jubilaciones pactadas. Eso pretendía hacernos creer Lanzas. Pero su insistencia en que la clave estaba en el ERE nos hizo investigar en esa línea.
16 de septiembre de 2016: 741 millones de euros malversados. EL MUNDO
Las noticias sobre el descontrol en los fondos destinados a los ERE subvencionados y las fórmulas legales que había ideado la Junta para esquivar los controles empezaron a publicarse. La determinación de Alaya fue clave en la investigación judicial y es imposible saber qué hubiera pasado con el caso sin ella al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. El ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, declaró a la Policía el 21 de diciembre de 2010 que la Junta tenía un "fondo de reptiles" para pagar prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis. La juez abrió el 19 de enero de 2011 las diligencias previas que darían lugar al caso ERE. A partir de ahí, el escándalo fue en aumento: cifras de dinero malversado cada vez más astronómicas, altos cargos imputados, responsables de la Consejería de Trabajo que ingresaban a prisión, fondos de reptiles en el epicentro del Gobierno andaluz y toda la retahíla de elementos vergonzosos que han caracterizado a este escándalo.
Especialmente impresionante fue el 15 de septiembre de 2016, día en que la Fiscalía cifró en 741 millones de euros el dinero utilizado por el PSOE andaluz para sufragar su red clientelar a través de los ERE ilegales. La cantidad era altísima y superaba con creces el dinero malversado en otros casos de corrupción, incluido alguno que provocó la presentación de una moción de censura y la formación del actual Gobierno.
26 de junio de 2015: Chaves y Griñán, ante el Supremo. EL MUNDO
Al final, y pese a todas las acusaciones que el PSOE vertió en su momento contra este periódico por publicar el caso, se sentaron en el banquillo dos ex presidentes de la Junta y del PSOE (Chaves y Griñán), la ex ministra Magdalena Álvarez y el gran fontanero del socialismo andaluz, Gaspar Zarrías. Todos ellos, y especialmente los dos primeros, siempre recibieron el apoyo de su partido, desde el de su sucesora Susana Díaz hasta el del hoy presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Para la Historia de España quedará, sin embargo, la sentencia que se ha conocido este martes 19 de noviembre.
Conferencia «La independencia judicial», a cargo de doña Mercedes Alaya, organizada por Agrupación Justicia y Cultura, en colaboración con la Sección de Ciencias Jurídicas y Políticas y con la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, celebrada en el Ateneo de Madrid, en junio de 2017.
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"Siempre habéis buscado jefes, hombres fuertes y sin tachas; pero no los hay, sólo hay hombres como vosotros; los únicos jefes sois vosotros mismos. Un pueblo que sabe ser fuerte es igual que una fortaleza inconquistable"
Caso ERE: el Supremo confirma la prisión para Griñán y la inhabilitación para Chaves
Rechaza los recursos de Griñán y Chaves contra la sentencia que concluyó que eran "plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad" del procedimiento
Los expresidentes andaluces Manuel Chaves (i) y José Antonio Griñán (d) durante el juicio celebrado en 2018. (EFE)
El Tribunal Supremo ha rechazado este martes los recursos interpuestos por los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla del caso ERE.Por tres votos a dos, el tribunal ratifica la condena de seis años de cárcel para Griñan por prevaricación y malversación de caudales públicos, así como la inhabilitación para Chaves por prevaricación. La confirmación de la pena implica el ingreso en prisión de Griñán, pero su defensa ya ha anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional. En el caso de que sea rechazado, también plantean la petición de un indulto al Gobierno.
Aunque el tribunal ha adelantado el fallo la mañana de este martes, la sentencia íntegra no se conocerá hasta que los dos magistrados que se han desmarcado del resto emitan su voto particular. En el mismo, Ana Ferrer y Susana Polo argumentarán que cinco de los condenados, entre ellos el propio Griñán, deberían haber sido absueltos del delito de malversación. Los tres magistrados que no comparten esta conclusión son Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Eduardo de Porres.
Con sus tres votos, el Supremo confirma la tesis de la Audiencia Provincial de Sevilla, que en su sentencia concluyó que la cúpula del PSOE andaluz entre los años 2000 y 2009 urdió una trama que defraudó 680 millones de fondos públicos. La "absoluta falta de control" permitió que “se prescindiera total y absolutamente del procedimiento administrativo en la concesión y pago de subvenciones”, favoreciendo así un constante desvío de dinero de la Junta a favor del clientelismo socialista. La resolución, emitida en noviembre de 2019, sostiene que Griñán y Chaves eran "plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad" del procedimiento.
Absuelve a tres condenados
Pese a rechazar los recursos de Griñán y Chaves, el Supremo sí ha atendido los de otros condenados. En concreto, los de los tres exsecretarios de la Consejería de Empleo, Javier Aguado Hinojal, Juan Francisco Sánchez García y Lourdes Medina Varo, a quienes absuelve del delito de prevaricación administrativa. Concluye así que estos extrabajadores del departamento donde se ideó el mecanismo para conceder ayudas de forma arbitraria no tuvieron un papel relevante en las irregularidades.
No ocurre lo mismo con Juan Márquez, el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social entre 2008 y 2010. El Supremo lo considera responsable de malversación y prevaricación, pero atiende su recurso en lo que se refiere a la atenuante de reparación del daño. De esta manera, reduce las sanciones y le impone tres años de prisión y siete y medio de inhabilitación. Márquez fue el sucesor de Francisco Javier Guerrero, uno de los principales acusados que falleció en octubre de 2020.
Nuevo golpe al PSOE andaluz
La confirmación de las penas de Griñán y Chaves provocará ahora un nuevo temblor en la política andaluza, inmersa en plena conformación del segundo Gobierno de Juanma Moreno. El primer golpe, con la publicación de la sentencia de la Audiencia de Sevilla, cayó en noviembre de 2019, pero el fallo del Supremo da otro envite al PSOE andaluz, que todavía no se ha recuperado de aquella etapa trufada por los casos de corrupción.
El actual líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, formó parte del último Gobierno de Chaves y del primero de Griñán, pero también es cierto que casi todos los responsables políticos socialistas de su generación han tenido relación con los dos exdirigentes. Así se entiende que Griñán optase por una renovación generacional cuando asumió el poder en la Junta y en el partido.
El caso ERE también tiene su eco para el PP andaluz, que durante años hizo una dura campaña por el papel del PSOE en los casos de corrupción. El recién nombrado consejero de Presidencia, Antonio Sanz, fue el responsable de la estrategia popular para erosionar al PSOE andaluz por los casos de corrupción que surgieron en su seno. En el marco del caso ERE hay más de 100 piezas, pero por el momento solo se han juzgado cinco.
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“Si el pueblo entero es, en la República, dueño del poder soberano, estamos ante una democracia; si el poder soberano está en manos de una parte del pueblo, se trata de una aristocracia”.
Si el dinero de los ERE hablara, tendríamos ocasión de saber la fascinante historia de esta delincuencia política. El dinero iba y venía en sobres que salían o entraban de la Junta de Andalucía y del Parlamento andaluz a los bares cercanos. Tanto dinero había que los padres del exsindicalista Juan Lanzas dijeron a la Guardia Civil que había dinero hasta para "asar una vaca", pero se negaron a confesar dónde estaba escondido.
Los sobres se entregaban en la puerta de la Consejería de Empleo, en presencia de personas que luego entraban en dicha Consejería según declaración del imputado Juan Francisco Algarín. Además, se producían pagos en bares cercanos a la Junta o al Parlamento andaluz, como por ejemplo los que se hacían en cafeterías de la avenida de Hytasa, sede de la Consejería de Empleo. Otras veces se hacían en el local de la Cafetería Ochoa, junto a la sede de la Dirección General de Trabajo de la Junta.
Tambièn se pagó en sobres en la cafetería de Mercasevilla, incluso en presencia de Daniel Ponce, imputado y condenado en el caso Mercasevilla. Otras, se entregó dinero a Juan Lanzas en hoteles o en pubs de estilo inglés del centro de Sevilla, concretamente en su Plaza Nueva. Juan Lanzas correspondía a las amabilidades de Guerrero con viajes a China y Egipto.
Vacas, jamones y la familia de Lanzas
Consta en el sumario que Juan Lanzas se hizo pasar por secretario del ex director general Francisco Javier Guerrero en una reunión en Empleo ante representantes de la Caja Rural de Granada y el Grupo Dhul para tramitar un ERE con esta empresa.
Pero más sorprendente aún es el caso de la familia de Lanzas, cuyos padres conocían perfectamente el tráfico de dinero que se traia su hijo. Hasta tal punto era su conocimiento que su madre dijo a la Guardia Civil, durante el registro de sus domicilios y fincas en Albánchez de Mágina (Jaén), que había dinero "hasta para asar a una vaca". "Aquí sí hay dinero, pero ese no lo vais a encontrar", dijo el padre, antes de aclarar que era una broma y negarse a decirles dónde estaba porque si lo decía se lo llevaban.
Tras su negativa, los agentes registraron la casa con el perro Aris y un geo-radar. En un armario encontraron 81.100 euros y la madre de Juan Lanzas reconocía que su hijo le metía dinero en la cuenta todas las semanas a razón de 20 o 25.000 euros por semana, Los padres afirmaron asimismo que Lanzas tenía una cámara llena de jamones de pata negra, afirmación corroborada por su hermana y su cuñado. Según consta en uno de los atestados, las cuentas bancarias de Lanzas y su mujer tuvieron entre 2001 y 20012 movimientos de casi tres millones de euros cada uno. De hecho, se compraron dieciséis casas, algunas de ellas pagadas en metálico.
Al Gobierno y al PSOE no le falta razón al decir que con las condenas de Chaves y Griñán, pagan justos por pecadores.
Es que, en efecto, los -digámoslo así- «pecadores», son los militantes del PSOE que adquirieron indebidamente el producto de nuestro común Esfuerzo Fiscal.
Nos han robado a todos, para dárselo a unos pocos.
Robin Hood, pero al revés.
Por eso, por la evidencia que el «Caso ERE» nos proporciona acerca de que, en realidad, «Hacienda» NO somos todos (y ni siquiera parecen ser muchos), creo que la tardanza por parte del Tribunal Supremo en dar a conocer el sentido de su «Fallo», se debe más a esperar a que finalizase el plazo para la presentación «voluntaria» de la Declaración del IRPF que a otra cosa.
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Al Gobierno y al PSOE no le falta razón al decir que con las condenas de Chaves y Griñán, pagan justos por pecadores.
Es que, en efecto, los -digámoslo así- «pecadores», son los militantes del PSOE que adquirieron indebidamente el producto de nuestro común Esfuerzo Fiscal.
Nos han robado a todos, para dárselo a unos pocos.
Robin Hood, pero al revés.
Por eso, por la evidencia que el «Caso ERE» nos proporciona acerca de que, en realidad, «Hacienda» NO somos todos (y ni siquiera parecen ser muchos), creo que la tardanza por parte del Tribunal Supremo en dar a conocer el sentido de su «Fallo», se debe más a esperar a que finalizase el plazo para la presentación «voluntaria» de la Declaración del IRPF que a otra cosa.
Saludos