NATURALEZA Y LEYES DE LA DEMOCRACIA, por Montesquieu

NATURALEZA Y LEYES DE LA DEMOCRACIA

Montesquieu

 

Ni siquiera aunque lo diga un monárquico constitucional, como Montesquieu, los intelectuales y los partidos se acaban de enterar de las diferencias sustanciales que hay entre Democracia y Aristocracia: “Si el pueblo entero es, en la República, dueño del poder soberano, estamos ante una democracia; si el poder soberano está en manos de una parte del pueblo, se trata de una aristocracia”.

¿En manos de quién está el poder soberano en España? ¿Es todo el pueblo quien decide y legisla, o sólo unos pocos? ¿No son los partidos políticos (unos pocos) los que sacan las leyes que les da la gana y las imponen por la fuerza a los ciudadanos? Pues, si es así, en España, sean cuales sean las palabras con que lo designen la Constitución y el mundo entero, se ha implantado, tras salir de la dictadura o gobierno de uno (y su camarilla católico-militar), una aristocracia. Pero como, además, aristocracia significa el gobierno de los mejores (y en España los mejores ciudadanos sienten asco y aversión hacia la política partitocrática), sería más exacto denominarlo oligarquía de partidos.

“El pueblo que detenta el poder soberano debe hacer por sí mismo todo aquello que pueda hacer bien; lo que no pueda hacer bien lo hará por medio de sus ministros. Sus ministros no le pertenecen si no es él quien los nombra; es, pues, máxima fundamental de este Gobierno que el pueblo nombre a sus ministros, es decir, a sus magistrados”.

¿Está claro, caciques, oligarcas y secuaces de la partitocracia? El pueblo debe hacer por sí mismo todo aquello para lo que es competente y elegir a sus delegados o comisarios (si no los elige directamente no son suyos) para representarlo (por períodos muy cortos, para que no tengan tiempo de corromperse ni de convertirse en profesionales de la política asalariada) en aquellas instituciones para los que la mayoría no es competente.

Últimamente vemos a muchos jueces y magistrados clamar por la independencia de su poder, y a los intelectuales defenderla (bueno, más bien, a los periodistas, los correveidiles de las noticias y los rumores, convertidos en la élite de la intelectualidad española, eruditos a la violeta que de todo opinan y de todo saben). Vamos a ver. Se tratará, digo yo, de que los jueces sean independientes del Ejecutivo, porque cuando los jueces, o cualquier otro poder del Estado, sean independientes de la nación, estaremos bajo una dictadura judicial, como ahora lo estamos ante una dictadura del partido que obtiene la mayoría legislativa y nombra al Ejecutivo (lo que Montesquieu y Jefferson denominaban definición misma del despotismo). Lo de la autorregulación judicial es una broma de pícaros que no consigo tomarme en serio. En una democracia todo el mundo, hasta el Papa, estará regulado por ley. Y la ley es la voluntad del pueblo soberano.

Porque, aunque todo el mundo parezca ignorarlo, incluso los autodenominados demócratas, “otra ley fundamental de la democracia es que sólo el pueblo debe hacer leyes. A veces, incluso, es conveniente probar una ley antes de establecerla. Las constituciones de Roma y Atenas eran muy sabias a este respecto: las decisiones del Senado tenían fuerza de ley durante un año, y sólo se hacían perpetuas por la voluntad del pueblo”.

Del Parlamento español, y de sus sucursales autonómicas, salen leyes que hacen sentir vergüenza a cualquier ciudadano con dos dedos de frente y un mínimo sentido de la honestidad pública. ¿Alguna ley se somete jamás a referendo en España o es puesta a prueba antes de entrar en vigor? ¿Alguna vez se consulta al pueblo sobre asuntos económicos, legislativos o políticos que sólo a él incumben?

Por último, nuestra desgracia nacional es descrita por Montesquieu con tal detalle, que es como si nos estuviera viendo y lo hubiera escrito ayer mismo para los españoles: “La desgracia de una República no es que en ella no haya intrigas, cosa que ocurre cuando se corrompe al pueblo con dinero: entonces se interesa por el dinero, pero no por los negocios públicos, y espera tranquilamente su salario sin preocuparse del Gobierno ni de lo que en él se trata. En los Estados en los que no participa en el Gobierno, el pueblo se apasionará por un actor como lo hubiera hecho por los asuntos públicos”.

En España hemos llegado a un grado de corrupción política y social aún más grave que el descrito por el genial autor francés. Aquí no sólo se compran los votos del pueblo con dinero (subvenciones, pensiones, subsidios varios, empleo estatal, etc.) sino que la exnovia semianalfabeta de un torero, por la que el que la masa embrutecida por la televisión brama de admiración, es considerada “la voz del pueblo”. Y cuando los televidentes (casi todos jovencitos y jovencitas ociosos) de un concurso de aprendices de cantantes, o de cualquier otra payasada similar, votan por teléfono, el resultado es anunciado como “la voz del pueblo soberano”. Increíble, pero cierto. Entre el pan del dinero público y el circo de la televisión, ya tenemos al pueblo contento y aplaudiendo con las orejas. Vergonzosamente cierto.

Así que mis felicitaciones, aunque nunca lean FD, para todos aquellos que, aun viviendo bajo la opresión de un sistema político en el que los ciudadanos no tienen la más mínima participación en los asuntos públicos, aún no han vendido su alma y su dignidad al Estado ni han perdido del todo la pasión serena por la libertad y la democracia.

Jesús Nava, 2006

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NATURALEZA Y LEYES DE LA DEMOCRACIA, por Montesquieu

 

DE LA NATURALEZA DE LOS TRES GOBIERNOS DISTINTOS

Hay tres clases de Gobierno: el republicano, el monárquico y el despótico. Para descubrir su naturaleza nos basta con la idea que tienen de estos tres Gobiernos los hombres menos instruidos.

Doy por supuestas tres definiciones o, mejor, hechos: uno, que el Gobierno republicano es aquél en que el pueblo entero, o parte del pueblo, tiene el poder soberano; el monárquico es aquél en que gobierna uno solo, con arreglo a leyes fijas y establecidas; por el contrario, en el Gobierno despótico una sola persona, sin ley y sin norma, lleva todo según su voluntad y su capricho.

Esto es lo que llamo naturaleza de cada gobierno. A continuación se trata de ver cuáles son las leyes que dimanan directamente de dicha naturaleza, y que son, por consiguiente, las primeras leyes fundamentales.

 

 

SÓLO HAY DEMOCRACIA ALLÍ DONDE EL PUEBLO ES DUEÑO DEL PODER SOBERANO

Si el pueblo entero es, en la República, dueño del poder soberano, estamos ante una democracia; si el poder soberano está en manos de una parte del pueblo, se trata de una aristocracia.

 

De Atenas conservamos algo más que unas bellas ruinas como vestigio de su antiguo esplendor. Nos dejó la espléndida herencia de su balbuceante, pero pujante, democracia.

 

El pueblo es, en la democracia, monarca o súbdito, según los puntos de vista. A través del sufragio, que es expresión de su voluntad, será monarca puesto que la voluntad del soberano es el mismo soberano. Las leyes que establecen el derecho al voto son, pues, fundamentales en este Gobierno. La reglamentación de cómo, por quién y sobre qué deben ser emitidos los votos, es tan importante como saber en una Monarquía quién es el monarca y de qué manera debe gobernar.

Libanio dice que en Atenas se castigaba con la muerte a todo extranjero que se introdujese en la asamblea del pueblo, porque usurpaba el derecho de soberanía.

Es esencial determinar el número de ciudadanos que deben formar las asambleas. De otro modo no se sabría cuándo habla el pueblo o una parte de él. En Lacedemonia se precisaban diez mil ciudadanos. En Roma, nacida en la pequeñez para llegar a la máxima grandeza, destinada a experimentar todas las vicisitudes de la fortuna; en Roma, que unas veces tenía casi todos sus ciudadanos fuera de sus muros y otras a toda Italia y parte de la tierra dentro de ellos, este número no estaba fijado, lo cual fue una de las causas principales de su ruina.

 

 

EL PUEBLO DEBE HACER POR SÍ MISMO TODO AQUELLO QUE PUEDA HACER BIEN

El pueblo que detenta el poder soberano debe hacer por sí mismo todo aquello que pueda hacer bien; lo que no pueda hacer bien lo hará por medio de sus ministros. Sus ministros no le pertenecen si no es él quien los nombra; es, pues, máxima fundamental de este Gobierno que el pueblo nombre a sus ministros, es decir, a sus magistrados.

Más aún que los monarcas, el pueblo necesita que le guíe un consejo o senado. Pero para poder confiar en él es preciso que sea el pueblo quien elija los miembros que lo compongan, ya sea escogiéndolos él mismo, como en Atenas, o por medio de magistrados nombrados para elegirlos, como se hacía en Roma en algunas ocasiones.

El pueblo es admirable cuando realiza la elección de aquellos a quienes debe confiar parte de su autoridad, porque no tiene que tomar decisiones más que a propósito de cosas que no puede ignorar y de hechos que caen bajo el dominio de los sentidos.

Sabe perfectamente cuándo un hombre ha estado a menudo en la guerra o ha tenido tales o cuales triunfos; por ello está capacitado para elegir un general. Sabe cuándo un juez es asiduo y la gente se retira contenta de su tribunal porque no ha sido posible sobornarle: cosas suficientes para que elija un pretor. Le impresionan las magnificencia o las riquezas de un ciudadano: basta para que sepa elegir un edil. Son estos hechos de los que el pueblo se entera mejor en la plaza pública que el monarca en su palacio. Pero, en cambio, no sabría llevar los negocios ni conocer los lugares, ocasiones o momentos para aprovecharse debidamente de ellos.

Si se dudara de la capacidad natural del pueblo para discernir el mérito, bastaría con echar una ojeada por la sucesión ininterrumpida de elecciones asombrosas que hicieron los atenienses y los romanos y que no se podrían atribuir a la casualidad.

Sabemos que en Roma, a pesar de que el pueblo tuviera el derecho de elevar a los plebeyos a los cargos públicos, no se decidía, sin embargo, a elegirlos; y aunque en Atenas se podían nombrar magistrados de todas las clases sociales por la ley de Arístides, no ocurrió nunca, según Jenofonte, que el pueblo pidiera los cargos que podían interesar a su salvación o a su gloria.

 

 

EL PUEBLO NO SABE GESTIONAR LOS ASUNTOS PÚBLICOS, PERO SÍ ELEGIR A LOS MEJORES GESTORES

Del mismo modo que la mayoría de los ciudadanos que tienen suficiencia para elegir no la tienen para ser elegidos, el pueblo, que tiene capacidad suficiente para darse cuenta de la gestión de los demás, no está capacitado para llevar la gestión por sí mismo.

 

¡Qué tiempos!, ¡qué costumbres! cuando un solo hombre, aunque fuera Cicerón, tenía el coraje de denunciar las intrigas del senador Catilina, en su misma presencia. ¡Qué bien sabía elegir el pueblo entonces a sus representantes!

 

Es necesario que los negocios progresen según un movimiento que no sea ni demasiado rápido ni demasiado lento. El pueblo tiene siempre o muy poca acción o demasiada: a veces con cien mil brazos todo lo trastorna, otras con cien mil pies marcha a la velocidad de los insectos.

Igual que la separación de los que tienen derecho al sufragio constituye en la República una ley fundamental, la manera de votar también lo es.

La elección por sorteo es propia de la democracia; la designación por elección corresponde a la aristocracia. El sorteo es una forma de elección que no ofende a nadie y deja a cada ciudadano una esperanza razonable de servir a su patria. Pero como es en sí misma defectuosa, los grandes legisladores se han preocupado de regularla y corregirla.

Solón dispuso en Atenas que se nombrasen por elección todos los cargos militares, mientras que los senadores y jueces serían elegidos por suerte. Igualmente quiso que se asignaran por elección las magistraturas civiles que exigían un gran gasto, mientras que las restantes se asignarían por sorteo.

Pero para corregir la suerte estableció que sólo se pudiera elegir entre los que se presentasen, que el electo fuese examinado por los jueces y que cualquiera pudiese acusarle de indignidad para el cargo. Este sistema participaba a la vez de la suerte y de la elección. Cuando acababa el período de la magistratura, debía sufrir otro examen sobre su manera de proceder. De este modo los incapacitados para tales funciones sentirían una gran repugnancia a dar sus nombres para entrar en el sorteo.

 

 

LAS ELECCIONES DEBEN SER PÚBLICAS Y SÓLO EL PUEBLO DEBE HACER LEYES

La ley que determina la forma de emitir el voto es otra ley fundamental en la democracia. La cuestión es si la votación debe ser pública o secreta. Cicerón opina que las leyes que la convirtieron en secreta, en los últimos tiempos de la República romana, fueron una de las causas principales de su caída. La práctica es distinta en cada República; he aquí lo que creo se debe pensar:

Sin duda, cuando el pueblo da sus votos, éstos deben ser públicos, cosa que debe considerarse como una ley fundamental de la democracia. Es preciso que el pueblo esté informado por los notables y contenido por la gravedad de ciertos personajes. Por eso en la República romana todo se perdió cuando las votaciones se hicieron secretas, pues ya no fue posible orientar al populacho descaminado.

Pero cuando el cuerpo de los nobles emite los sufragios en una aristocracia, o el senado en una democracia, todo secreto sería poco en el momento de la votación, ya que se trata en este caso de prevenir intrigas.

La intriga es tan peligrosa en un senado como en un cuerpo de nobles; no lo es, sin embargo, en el pueblo, cuya característica es obrar con pasión. En los Estados en los que no participa en el Gobierno, el pueblo se apasionará por un actor como lo hubiera hecho por los asuntos públicos. La desgracia de una República no es que en ella no haya intrigas, cosa que ocurre cuando se corrompe al pueblo con dinero: entonces se interesa por el dinero, pero no por los negocios públicos, y espera tranquilamente su salario sin preocuparse del Gobierno ni de lo que en él se trata.

Otra ley fundamental de la democracia es que sólo el pueblo debe hacer leyes. Hay, sin embargo, mil ocasiones en que es necesario que el Senado pueda estatuir. A veces, incluso, es conveniente probar una ley antes de establecerla. Las constituciones de Roma y Atenas eran muy sabias a este respecto: las decisiones del Senado tenían fuerza de ley durante un año, y sólo se hacían perpetuas por la voluntad del pueblo.

 

La amenaza del Populismo

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MONTESQUIEU, "Del espíritu de las leyes", Libro primero, capítulo II. Sarpe, 1984. Filosofía Digital, 2006

 

 

 

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