EL NUEVO ORDEN MEDIÁTICO MUNDIAL: «Periodismo, un oficio en cuidados paliativos», por Jesús Cacho

Periodismo, un oficio en cuidados paliativos

 

En sólo meses, el contenido de los medios de difusión nacionales e internacionales ha sufrido un profundo cambio en Occidente. Estamos siendo testigos del nacimiento de una “Entente” cuyos verdaderos iniciadores y objetivos reales aún se desconocen pero cuyas consecuencias directas contra la democracia ya son palpables.

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Los medios de comunicación están cada vez en menos manos y más ajenas a la información / Foto: Federación Europea de Periodistas (FEP)

Occidente está atravesando una crisis sistémica sin precedente: poderosas fuerzas están orientando poco a poco a todos los medios de difusión en una dirección única. Simultáneamente, el contenido de los medios se transforma. El año pasado todavía mostraban cierta lógica y tendencia a la objetividad. Y se aportaban mutuamente la contradicción en una sana emulación. Ahora actúan como manada, basan su coherencia en la manipulación de emociones y arremeten con saña contra las personas a las que denuncian.

La idea de una Entente de los medios de difusión es la prolongación del experimento del International Consortium for Investigative Journalism (ICIJ) («Consorcio Internacional para el Periodismo de Investigación»), un ente que no reúne medios de difusión sino sólo periodistas a título individual y que se hizo célebre publicando información robada en la contabilidad de dos oficinas de abogados de las Islas Vírgenes Británicas, el gabinete PricewaterhouseCoopers (PwC), el banco HSBC y la oficina panameña Mossack Fonseca.

Si bien algunas sacaron a la luz verdaderos delitos de una que otra personalidad occidental, esas revelaciones fueron utilizadas principalmente para desacreditar a dirigentes chinos y rusos. Lo más importante es que, con el pretexto de contribuir a la lucha contra la corrupción, la violación de la confidencialidad de abogados y bancos perjudicó gravemente a miles de clientes honestos sin suscitar reacción alguna de parte de la opinión pública.

 

Grupos y medios de comunicación en España 2018 (ENRIQUE BULLIDO)

 

Desde hace alrededor de 40 años puede verse un reagrupamiento paulatino de los medios de difusión en trusts internacionales. Hoy en día, más de dos terceras partes de la prensa occidental pertenece a sólo 14 grupos (21st Century Fox, Bertelsmann, CBS Corporation, Comcast, Hearst Corporation, Lagardère Group, News Corp, Organizações Globo, Sony, Televisa, The Walt Disney Company, Time Warner, Viacom y Vivendi). En este momento, la alianza montada entre Google Media Lab y First Draft está creando vínculos entre esos grupos, que ya se hallaban en posición dominante.

En esa Entente mediática están además las 3 principales agencias de prensa del planeta –Associated Press (AP), la Agence France-Presse (AFP) y Reuters–, lo cual le garantiza una posición hegemónica en materia de información. Es evidente que se trata de un caso de «entendimiento ilícito» [1]. Pero su objetivo no es uniformizar precios sino uniformizar las mentes, imponer un pensamiento ya dominante.

Puede observarse que todos los miembros –sin excepción– de la Entente de Google ya han venido presentando, durante los últimos 6 años, una visión unívoca de lo que sucede en el Medio Oriente ampliado. Pero no existía entre ellos ninguna forma de concertación previa… o no se conocía. Es interesante ver que en esa Entente también se encuentran 5 de las 6 televisiones internacionales que participaron en el equipo de propaganda de la OTAN (Al-Jazeera, BBC, CNN, France24, Sky, sólo parece faltar Al-Arabiya).

En Estados Unidos, Francia y Alemania, Google y First Draft (expresión del inglés que significa «primer borrador» o «version uno») han reunido bajo su tutela medios localmente presentes en esos países y medios de alcance internacional, supuestamente para “verificar” la veracidad de ciertos argumentos. Además de que se desconoce quién se esconde detrás de First Draft y qué intereses han llevado una firma comercial especializada en informática a asumir el financiamiento de esta iniciativa, lo cierto es que el resultado no tiene mucho que ver con un regreso a la objetividad.

En primer lugar porque las imputaciones que esos entes “verifican” no se seleccionan en función de su importancia en el debate: se seleccionan porque las mencionan individuos a quienes esta Entente quiere denunciar. Esas verificaciones supuestamente deberían acercarnos a la verdad, pero no es así: lo que hacen es tratar de convencer al ciudadano de que los medios de la Entente son honestos y que las personas que los denuncian no lo son. El objetivo no es una mejor comprensión del mundo sino destruir la reputación de los individuos “incómodos”.

En segundo lugar porque una regla no escrita de esta Entente de medios es que se verifican solamente las afirmaciones de fuentes exteriores a esa Entente… pero sus miembros no se critican entre sí. Lo que buscan es reforzar la idea de que el mundo se divide en dos bandos: «nosotros», –que decimos la verdad– y «los otros» –obligatoriamente mentirosos. Esta manera de proceder viola el principio del pluralismo, elemento básico de la democracia, y abre el camino a la imposición de una sociedad totalitaria. Pero eso no es nada nuevo porque ya vimos su aplicación en la cobertura de las primaveras árabes y de las guerras contra Libia y Siria. La diferencia es que ahora se aplica, por vez primera, a una corriente occidental de pensamiento.

Y, finalmente, porque las imputaciones que esa Entente califica de «falsas» nunca serán vistas como errores, siempre serán consideradas como mentiras. O sea, se trata a priori de atribuir a «los otros» intenciones maquiavélicas, para desacreditarlos. Con ello se viola la presunción de inocencia, principio básico de la justicia.

Por todas esas razones, el funcionamiento del Consorcio Internacional para el Periodismo de Investigación y el de la Entente creada por Google y First Draft contradicen la Carta de Munich de la Organización Internacional de Periodistas (OIP), concretamente los artículos 2, 4, 5 y 9, de su título II.

No por casualidad vemos como avanzan acciones judiciales descabelladas precisamente contra los mismos que ya son blanco de la Entente de medios de difusión. En Estados Unidos desenterraron la ley Logan para utilizarla contra el equipo de Donald Trump, un texto que nunca llegó a aplicarse desde su adopción, hace 2 siglos. En Francia, han recurrido a la ley Jolibois contra los tweets políticos de Marine Le Pen, un texto que la jurisprudencia había limitado a la difusión (por demás posible bajo ciertas condiciones) de algunas revistas ultrapornográficas. La erradicación del principio de presunción de inocencia, en los casos de los individuos a eliminar, permite llevarlos al banquillo de los acusados con cualquier pretexto jurídico. Es importante observar que las acusaciones que se esgrimen recurriendo a esas leyes contra el equipo de Trump (en Estados Unidos) y contra Marine Le Pen (en Francia), podrían servir también contra muchas otras personalidades… pero nadie lo hace.

Por otro lado, la ciudadanía ya no reacciona cuando es la Entente mediática quien divulga acusaciones falsas. Por ejemplo, en Estados Unidos ese ente inventó que los servicios secretos rusos tenían un expediente comprometedor sobre Donald Trump y que lo estaban chantajeando. En Francia, esa misma Entente inventó que es posible emplear ficticiamente a una asistente parlamentaria, delito que atribuyó a Francois Fillon… candidato “incómodo” a la presidencia.

En Estados Unidos, los miembros, grandes o pequeños, de la Entente mediática están arremetiendo contra el presidente. Sus informaciones provienen de las intercepciones telefónicas que la administración Obama ordenó indebidamente contra el equipo de Trump. Todo eso demuestra que existe una coordinación entre la Entente mediática y los magistrados que utilizan las alegaciones que esta divulga para bloquear la acción gubernamental de la actual administración. Se trata, indiscutiblemente, de un sistema mafioso.

Los medios estadounidenses y franceses están atacando implacablemente a dos candidatos a la presidencia de Francia: Francois Fillon y Marine Le Pen. Al problema general de la Entente mediática se agrega en este caso la impresión errónea de que ambos blancos son víctimas de una conjura franco-francesa, cuando en realidad las órdenes vienen de Estados Unidos. Los franceses están comprobando que sus medios emiten información sesgada, creen –erróneamente– que se trata de una campaña contra la derecha y buscan –también erróneamente– a los manipuladores en su propio país.

En Alemania, esta Entente todavía no resulta efectiva, sólo debería serlo durante las elecciones legislativas.

En tiempos del Watergate, ciertos medios dijeron ser un «Cuarto Poder», después del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Afirmaron que la prensa ejercía sobre el gobierno una función de control en nombre del Pueblo. Ni siquiera entraremos a mencionar aquí el hecho que lo que en aquel momento se imputó al presidente Nixon fue haber ordenado interceptar los teléfonos del partido de oposición, lo mismo que ha hecho Obama. Hoy se sabe que «Garganta Profunda», la fuente del escándalo del Watergate, lejos de ser un denunciante ciudadano –los españoles dirían un “alertador”– era nada más y nada menos que Mark Felt, alto responsable del FBI que incluso se había convertido en número 2 de esa agencia federal a finales de los años 1960. El manejo de aquel escándalo en realidad fue parte de la lucha entre una facción de la administración y la Casa Blanca y los electores fueron simplemente manipulados por ambos bandos a la vez.

Aceptar la idea del «Cuarto Poder» sería reconocer a los 14 trusts que poseen la gran mayoría de los medios de prensa occidentales la misma legitimidad que al conjunto de la ciudadanía. Sería confirmar el reemplazo de la democracia por una oligarquía.

Queda un punto por aclarar. ¿Cómo elije la Entente mediática los blancos de sus ataques? Lo único que Donald Trump, Francois Fillon y Marine Le Pen tienen en común es que quieren reanudar los contactos con Rusia y luchar a su lado contra la matriz del yihadismo, que es la Hermandad Musulmana. Aunque Francois Fillon ya fue primer ministro de un gobierno que estuvo implicado en esos acontecimientos, los tres encarnan la corriente de pensamiento que contradice la versión dominante sobre las primaveras árabes y sobre las guerras contra Libia y Siria.

 

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Periodismo, un oficio en cuidados paliativos

"Manejo el aparato represor del Estado (hasta con 11 ministros del Interior ha llegado a trabajar), tengo policías y abogados, dispongo de una red de informantes, controlo a jueces y empresarios, la clase política me corteja y me teme, y cuento con una nómina de periodistas a mi servicio… Soy invulnerable. Hago un papel, lo filtro, y al día siguiente lo veo publicado. Puedo destruir a cualquiera. Soy Dios…". (Villarejo)

Por Jesús Cacho

Vozpópuli, 24 JULIO 2022

El ex comisario Villarejo y el periodista Antonio García Ferreras. EP

 

Lo del comisario Villarejo viene de lejos. Tanto como del año 1992, cuando el diario El Mundo sacó a relucir el caso Ibercorp o el escándalo del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, el hombre cuya firma figuraba en los billetes de curso legal, participando en una sonora estafa con sus amigos de la beautiful people, los De la ConchaBoyerSoto y compañía. La "cultura del pelotazo". Todos eran íntimos de Jesús Polanco y su grupo Prisa, el imperio mediático de la transición, de modo que entre todos recurrieron al comisario, entonces un desconocido para el gran público, para que pinchara el teléfono de quien esto suscribe en Aravaca con la intención de descubrir mis fuentes informativas.

El resultado fue la publicación en El País, en impar y a toda página, de una conversación mantenida con el abogado Juan Alella, entonces uno de los referentes del foro madrileño. La charla, relajada y nocturna, salpicada de tacos, era del todo intrascendente de cara al objetivo perseguido por los "malos", lo que no fue obstáculo para que Joaquín Estefanía, entonces director del diario, cometiera una de esas felonías, de las que jamás se disculpó, capaces de avergonzar de por vida a cualquier profesional del periodismo. Se trataba, táctica acrisolada en Prisa, de desacreditarme como denunciante del caso.

El Grupo Prisa y sus amigos volvieron a tirar del comisario pendenciero y matón en 1997 con ocasión del caso Sogecable, otro escándalo en el que servidor (disculpas por partida doble) tuvo participación destacada junto al inolvidable Jaime Campmany y otros. La operación consistió en matar civilmente al juez Javier Gómez de Liaño por haberse atrevido a instruir sumario de un caso en el que se ventilaba la utilización torticera de las fianzas depositadas por los abonados de Canal Plus.

Días atrás, El Confidencial vino a confirmar las sospechas de quienes vivimos aquel episodio: "La Sección Tercera de la Sala de lo Penal considera que existen indicios de que Prisa y el PSOE utilizaron al comisario Villarejo para espiar y neutralizar al juez que asumió el procedimiento contra Sogecable (Prisa), por quedarse con 138 millones de euros (23.000 millones de pesetas) de fianzas depositadas por los clientes de Canal Plus, según recoge un auto del pasado 8 de julio". De acuerdo con la información, "el comisario añade en su denuncia que la trama habría realizado un primer pago de 200.000 dólares a Bacigalupo por la condena de Gómez de Liaño desde una cuenta del Sr. Navalón en un banco de Zúrich. Posteriormente, Bacigalupo recibió supuestamente otros 170.000 dólares desde una sucursal del banco HSBC de las Antillas inglesas".

Siempre tuve la sospecha de que los Prisa/Polanco habían logrado ablandar a Enrique Bacigalupo (Ver Nota 1), juez firmante de la sentencia, y al también juez Baltasar Garzón -íntimo amigo de Liaño hasta el lance-, y que la persona que había oficiado de intermediario había sido Navalón, a quien después Prisa "exilió" en México con un puesto de responsabilidad. Polanco ("¿Tú sabes cuánto nos ha costado esto, Juan Luis?") y Cebrián salvaron los muebles gracias a una operación en la que se movió mucho dinero y en la que llegó a participar José María Aznar, quien una noche recibió en Moncloa la llamada descompuesta de un Polanco a punto de llanto: "¡Que me lo meten en la cárcel, José María, que me lo meten!". Quien previamente había llamado era el rey Juan Carlos I.

 

Villarejo, un tipo zafio, prepotente y mal encarado, carente del menor encanto personal, no quiere morirse en la trena. Le aterroriza. Y ha decidido embarrar el campo hasta hacerlo irreconocible, buscando, quizá, la nulidad de las actuaciones

 

El auto explica que "el propio Villarejo presentó en 2019 una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 45 de plaza de Castilla en el que reconocía su vinculación con los hechos y aseguraba que en su vivienda de Boadilla tenía escondidas grabaciones de los encuentros que mantuvo con dirigentes del PSOE y Prisa para perfilar la operación".

Así reconoce que "se citó en varias ocasiones con el abogado Matías Cortés, con el también letrado Horacio Oliva y con el periodista Antonio Navalón, así como con el político socialista Txiqui Benegas, que habría ejercido como enviado de Felipe González".

La semana pasada, una tanda de grabaciones salidas de la interminable bodega de audios del famoso Villarejo levantó una auténtica polvareda al revelar que la estrella televisiva de La Sexta, García Ferreras, había dado pábulo a una información falsa publicada en el Okdiario de Eduardo Inda -el periodista favorito de Villarejo- sobre un supuesto pago efectuado a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas. Un posterior comentario de Arcadi Espada en El Mundo ha provocado la reacción airada del grupo AtresMedia prescindiendo de sus servicios como tertuliano en el matinal que Carlos Alsina dirige en Onda Cero. El poder de Mauricio Casals, el capo di tutti i capi en AtresMedia, es infinito. De la denuncia de Espada, de la que apenas había constancia, se ha enterado ya toda España.

De 1992 al 2022 han transcurrido 30 años de una ininterrumpida letanía de escándalos en torno a una figura, la del ex comisario José Pepe Villarejo, cuyas "fazañas" han contaminado gravemente varias décadas de historia española. Una corrupción inaudita, una corrupción continuada en el tiempo, que ha salpicado a casi todas las instituciones, a la Justicia, por supuesto, pero también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la clase política, a la empresarial y, naturalmente, a la periodística, una de las grandes damnificadas por este pertinaz incendio.

Es verdad que este país ha progresado mucho desde 1978 a esta parte, pero, a la hora de hacer balance, los españoles nos hemos tenido que tragar sapos del tamaño de este escándalo, similar, si no mayor, al de la corrupción del rey emérito y otros de parecido porte. Villarejo es una enmienda a la totalidad de la salud y calidad de la democracia española. Durante años, el sujeto dispuso de un pequeño ejército formado por policías, abogados, informantes, personal de juzgados, y periodistas, la claque encargada de actuar de altavoz insertando en los medios la morralla que le convenía publicitar.

En la última década, un selecto club de plumillas ha alcanzado fama como "periodistas de investigación" por el sencillo método de pasarse por el despacho del comisario Eugenio Pino (ex DAO) en la calle Miguel Ángel para recibir, de su mano o de la del propio Villarejo o alguno de sus adláteres, papeles que al día siguiente abrían los medios. El periodista Javier Ayuso, que en las páginas de El País (el de Antonio Caño, no el panfleto al servicio de Sánchez que ahora dirige "Bueno, Pepa") destapó el entramado empresarial del ex comisario, está sacando a la luz estos días en su cuenta de Twitter (@JavierAyusoC) los nombres de la troupe periodística que ha servido a Villarejo con ejemplar dedicación. Ya van cerca de la veintena, pero faltan algunos más y de gran relumbrón.

"Llegó a creerse omnipotente", corrobora un colega de El Mundo. "Manejo el aparato represor del Estado (hasta con 11 ministros del Interior ha llegado a trabajar), tengo policías y abogados, dispongo de una red de informantes, controlo a jueces y empresarios, la clase política me corteja y me teme, y cuento con una nómina de periodistas a mi servicio… Soy invulnerable. Hago un papel, lo filtro, y al día siguiente lo veo publicado. Puedo destruir a cualquiera. Soy Dios…".

Y realmente llegó a creerse una pequeña deidad en ese pestilente y oscuro mundo de las cloacas policiales. Un tipo al socaire de cualquier contingencia. Tiene grabadas cientos, quizá miles, de horas de conversaciones. Todo el que se reunía o conversaba con él quedaba registrado. Lo sabe todo de casi todos, y durante años le embargó una insuperable sensación de impunidad. P

ero, tras pasar más de tres años en la cárcel, las cosas han cambiado. La espantosamente lenta Justicia española le pide 80 años de cárcel por tres de las piezas separadas que están a punto de caramelo de la vista oral. Le quedan 27 piezas más. Y Villarejo, un tipo zafio, prepotente y mal encarado, carente del menor encanto personal, no quiere morirse en la trena. Le aterroriza. Y ha decidido embarrar el campo hasta hacerlo irreconocible, buscando, quizá, la nulidad de las actuaciones. Ha dividido su bodega de audios en partes o parcelas y las ha puesto en circulación, generalmente a tanto la pieza. Dicen que "quiere vengarse de todos los que le han traicionado". Y hay de todo, como en botica, y para todos. Medios informativos y/o simples particulares compran lo que quieren para publicar lo que les conviene. Lo que publico yo contra mis enemigos, es bueno; lo que publican mis enemigos contra mí, falso.

 

Ferreras sigue en su puesto, también Inda. Quien ha caído ha sido Espada. Villarejo como síntoma de los males de la democracia española y de una profesión, la periodística, que atraviesa por uno de los momentos más bajos de su historia

 

La periodista Patricia López, ex del diario Público.es, apadrina un digital aparecido este mismo mes donde se están publicando las conversaciones grabadas por Villarejo de un almuerzo celebrado en mayo de 2016 en el que participaron, además del propio Villarejo, el también ex comisario y jefe de la UDEF José Luis Olivera, el empresario Adrián de la Joya, el presidente de La Razón, el ya citado Casals y el director de La Sexta, García Ferreras. Uno de esos cónclaves en los que, entre risas y bravuconadas, se concretaban operaciones contra potenciales enemigos.

Uno de los afectados podría haber sido Javier Pérez Dolset, dueño del grupo Zed. Dolset pasó casi un mes en la cárcel a consecuencia de una celada tendida por las cloacas con documentación falsa que se tragó el juez García Castellón. A su salida del "colegio", como decía Javier de la Rosa, ha jurado destruir a los responsables del atropello, aunque para ello tenga que emplear su fortuna.  Él es uno de los particulares que se ha hecho con cintas de la audioteca de Villarejo, cintas que podría estar publicando 'Crónica Libre'.

Fue esta web la que, el 12 de julio, detonó la conversación en la que Ferreras reconoce haber publicado la supuesta cuenta de Iglesias en Granadinas a pesar de haberle parecido "material muy burdo". "A este locutor Ferreras le viene un día su socio Inda con una de sus basuras convencionales (…) y decide airearla en su programa de La Sexta, consciente del carácter burdo -tosco, basto, grosero- de la información. A mí que me registren, se le oye pensar", escribe Espada en El Mundo ("Un burdo rumor").

"Las mentiras de Ok Corral en La Sexta son las mentiras de Ok Corral y La Sexta, una empresa conjunta, insisto, de buenos beneficios", concluye el articulista.

Inda y Ferreras, Ferreras e Inda, una forma de entender el periodismo bajo la advocación de san Florentino Pérez, patrón del capitalismo cañí hispano. Una de esas extrañas conexiones que explican algunas de las cosas que suceden en este curioso país nuestro.

Ferreras sigue en su puesto, también Inda. Quien ha caído ha sido Espada.

Villarejo como síntoma de los males de la democracia española y de una profesión, la periodística, que atraviesa por uno de los momentos más bajos de su historia. Un oficio podrido. Cierto que desde hace tiempo, que esto, lógicamente, no es de ahora. Empezando por la proverbial ausencia de grandes editores vocacionales. Aquí solo ha habido editores de ocasión dispuestos a hacer negocios con los medios, tipo Polanco en su día. O Javier Godó hoy. Leído el viernes: "La radio de Grupo Godó se llevó 10 millones de euros en publicidad de la Generalitat entre 2016 y 2021". Solo la radio, RAC1.

Y siguiendo por la debilidad de las cuentas de resultados, un asunto que está en el origen de gran parte de los males del sector, acrecentados por la caída de la publicidad provocada por la crisis de 2008 y la aparición de las multinacionales tecnológicas americanas que, ante la mirada impotente de Bruselas, se comen el 80% de la tarta publicitaria. Todos siervos de Google, de rodillas ante el Dios Google. Casi todos los grandes grupos están en quiebra técnica, una debilidad estructural que ha hecho posible la instrumentalización de los medios por parte de grupos de presión, grandes empresas y "bandas criminales organizadas", según la definición judicial, como esas cloacas policiales sobre las que ha reinado Villarejo.   

Todos los medios, desde el más poderoso multimedia hasta el más humilde portal de Internet, dependen financieramente del Ibex 35, lo que crea una dependencia francamente malsana desde el punto de vista de las libertades informativas. Todos pasando por caja, porque "el perro nunca muerde la mano del que le da de comer", en frase que solía repetir José Antonio Sánchez, editor de El Confidencial, cuando visitaba los despachos de los Dircom para renovar los acuerdos con las siete u ocho grandes firmas que mantienen a todo el sector.

Para agravar la situación, hace tiempo que esas grandes empresas optaron por poblar sus gabinetes de comunicación de periodistas, en la creencia, desgraciadamente cierta, de que así les será más fácil controlar a los medios. Las notas de prensa disfrazadas de noticias pueblan el panorama informativo. La puntilla la ha dado la irrupción de Internet con la aparición, costes de establecimiento mínimos, de una pléyade de medios que no han contribuido a sanar los males del oficio, sino a agravarlos, dada la precariedad de recursos y la dependencia del Ibex. 

La clave del arco sigue descansando en una pregunta: cómo sostener una redacción bien pagada y capaz de hacer información propia y de calidad. El cierre de la información a suscriptores no da, ni de lejos, para tanto. No hay modelo de negocio.

 

No hay periodismo independiente. Hay periodismo de trincheras, periodismo de barricada, periodismo al servicio arrastrado del poder, ese que diariamente exhibe El País. ¿Resultado? Los lectores no se fían de nosotros. Y hacen bien

 

Algunos otros asuntos, más propios del oficio que de sus circunstancias, han contribuido a acrecentar los males de una profesión sometida a todo tipo de servidumbres. La pésima formación con la que salen los titulados de unas Facultades de Periodismo que seguramente habría que cerrar cuanto antes. Este es oficio que, sobre una sólida base cultural, se aprende en unos meses. De las aulas salen titulados con una vasta cultura general de un centímetro de espesor, pero, eso sí, casi todos podemitas, la mayoría de ellos instalados en la izquierda más rabiosa. Encontrar un joven periodista liberal es toparse con una joya. Un fenómeno que explica la ideologización extrema de los medios, el alineamiento con derecha, unos, o con izquierda, otros. La pérdida de esa neutralidad que un día fue santo y seña de la profesión. 

Y la corrupción, claro, mucha, muy abundante, porque, en contra de lo que creen algunos viejos popes, la misión del periodista consiste en transmitir -socializar- información, no en cambiar ministros o derribar Gobiernos. Tampoco en hacer amigos que te inviten a viajar a la finca extremeña en su avión privado o en hacerse rico. La corrupción siempre a la vuelta de la esquina.

Llegados a este punto habría que decir que lo verdaderamente extraordinario sería que el periodismo hubiera escapado a la crisis general -política, económica, institucional- que vive España. La situación del periodismo no es sino el reflejo de la pérdida general de referentes, una víctima más de la descomposición de un país que vaga sin rumbo y sin proyecto. Un sector precarizado, sometido a todas las presiones y que probablemente tiene el enemigo en casa. Lo más sano ahora mismo son esos periodistas de base que tratan de cumplir honestamente las reglas del oficio. Los hay a cientos en las redacciones. La corrupción, por eso, vive arriba, en los grandes popes, en las gerencias, en las direcciones, contaminadas todas hasta el tuétano por ese medio ambiente que ha envilecido a la clase política y también a la empresarial.

El capo Villarejo y su banda organizada no han hecho, por lo demás, sino poner de manifiesto la gravedad del enfermo. Seguiremos viviendo escándalos salidos de la inagotable bodega de audios del ex comisario que nos helarán la sangre. Además del famoso almuerzo con GarzónDolores Delgado, la ex FGE ("Marlasca maricón"), Villarejo mantuvo hasta cinco más con los citados. Horas de grabaciones llenas de dinamita. ¿Por qué ha dimitido nuestra Lola se va a los puertos? Lo sabremos pronto. No hay periodismo independiente, por mucho que presumamos de ello. Hay periodismo de trincheras, periodismo de barricada, periodismo al servicio arrastrado del poder, ese que diariamente exhibe El País. ¿Resultado? Los lectores no se fían de nosotros. Y hacen bien.

 

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(1) NOTA PUNTO CRÍTICO: "La Audiencia Nacional investigará el pago de 200.000 dólares de Prisa al juez Bacigalupo para condenar a Gómez de Liaño"; la "noticia" es "Fake": la Audiencia Nacional carece de competencias para investigar Jueces o Magistrados.

 

Madrid, 04/03/2021. El comisario José Manuel Villarejo declara en la Audiencia Nacional por el caso Tandem, el día después de salir de prisión. Foto: Ignacio Gil ARCHDC

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Publicidad institucional y frenesí electoral

Por Marta Martín

Vozpópuli, 24 JULIO 2022

Portadas de varias de las principales cabeceras con publicidad institucional.

 

Hace diez años dirigí la tesis doctoral “Publicidad institucional y procesos electorales en España” de Ángeles Feliu, profesora de comunicación política de la UA. Dado que casi todos los trabajos académicos en este ámbito tenían una orientación “mediacéntrica”, y que el estudio de la propia actividad política estaba relegado a segundo plano, decidimos analizar la regulación y el manejo de la publicidad institucional, que es la comunicación que los gobiernos utilizan para transmitir a la ciudadanía mensajes de interés público, a través de soportes pagados.

Entre otras muchas, se sacaron entonces tres conclusiones:

1. Pese existir una Ley nacional y múltiples leyes autonómicas, las cuestiones mollares de la publicidad institucional están desreguladas “de facto y no parecía (ni parece) haber ningún interés por regularlas.

2. La actividad publicitaria de los gobiernos crece cada vez más.

3. La celebración de elecciones incide directamente en la publicidad institucional, tanto cuantitativamente (puesto que en periodo preelectoral se dispara su uso), como cualitativamente (puesto que esta coyuntura enfatiza la “actividad corporativa”, vaya, el autobombo del gobierno de turno).

El manejo de la publicidad institucional me ha interesado mucho desde entonces. Tanto es así, que, cuando fui parlamentaria, le hice algunas aportaciones a Ricardo Megías para la ley autonómica de la CAM (que pasaron sin problema en la etapa de Rivera) y, en la etapa posterior, preguntas parlamentarias sobre cómo se distribuía el presupuesto entre los medios (que la dirección “no vio” y no pude registrar).

En el marco del estudio de la corrupción política, que es uno de los temas que ocupa a mi grupo de investigación, la cuestión, si cabe, interesa, ahora, aún más. 

 

Si la publicidad institucional es una herramienta esencial de las democracias, es también una eficaz forma de control mediático"

 

Y es que, sí, teóricamente, la publicidad institucional es una herramienta esencial de las democracias, prácticamente es también una eficaz forma de control mediático. De hecho, la herramienta más eficaz. Porque, más allá de la manipulación que implica el autobombo en el mensaje (que se dispara cuando se huelen elecciones), la clave está en la contratación de espacios para la administración, con la que, se puede beneficiar a algunos y perjudicar a otros y, por tanto, “orientar” coberturas informativas. Especialmente cuando el modelo de negocio de los medios tradicionales no está en su mejor momento.

El artículo 14 de la Ley 29/2005, que regula la publicidad institucional, establece que el Gobierno debe elaborar un informe anual en el que se incluyan todas las campañas institucionales previstas, “su importe, los adjudicatarios de los contratos celebrados y, en el caso de las campañas publicitarias, los planes de medios correspondientes".

La literalidad de este texto hace pensar que se publican las cifras de inversión de la Administración General del Estado (AGE) en cada medio. Nada más lejos de la realidad. Como pueden ustedes mismos comprobar se incluye el coste, la difusión y el soporte (exterior, prensa, televisión…): pero en ningún caso el destinatario concreto de los fondos.

No se puede saber (ni se quiere que se sepa) cuánto dinero se adjudica a cada medio. Porque no existe una voluntad política de transparencia y estos datos no son públicos. De hecho, ningún gobierno de la nación ha querido incluir la publicidad institucional en la Ley de Transparencia. Es decir, esta Ley no menciona los gastos en publicidad como información que deba ser publicada. Sí lo hacen algunas leyes autonómicas, con lo que se crea una (más) desigualdad entre los ciudadanos en virtud del territorio en el que vivan.

En 2018 la justicia se pronunció sobre la opacidad de la publicidad de la Administración General del Estado (AGE) con un fallo a favor del Consejo de TrasparenciaelDiario.es de la Audiencia Nacional. Entonces se obligó al Ministerio de Sanidad a desvelar el dinero adjudicado a cada medio. Ha habido más casos después. ¡Y eso que ocho ministerios pleitearon como leones para no revelar cuánto repartían!

Pero seguimos sin saber dónde va el dinero que maneja para este menester la AGE. Seguimos sin saber dónde va nuestro dinero.

Las agencias contratadas aluden a la confidencialidad para no rendir cuentas. Y el Gobierno tampoco contesta. Como muestra, la pregunta concreta del diputado Pablo Cambronero del 30 de junio de este año “¿Qué medios han sido los más beneficiados en 2021 por los 149,02 millones de euros destinados a 100 campañas institucionales más 42 comerciales?”. El Ejecutivo ha respondido este 18 de julio con tres páginas de vaguedades. Ni un solo nombre.

Este miércoles nos hemos enterado de que se acaban de aprobar 13 nuevas campañas de publicidad institucional por valor de 55,08 millones de euros. Este dinero se suma a los 158,34 millones destinados al mismo fin aprobados en febrero.

En cinco meses, se han dispuesto casi 214 millones de euros (que se dice pronto) para que, en su función ejecutiva, “la coalición progresista” nos dirija mensajes. Sánchez supera por goleada incluso al ínclito Zapatero que, hasta ahora, había sido el mayor comunicador institucional de la historia de España.

 

En cinco meses, se han dispuesto casi 214 millones de euros (que se dice pronto) para que, en su función ejecutiva, “la coalición progresista” nos dirija mensajes. Sánchez supera por goleada incluso al ínclito Zapatero que, hasta ahora, había sido el “mayor comunicador institucional” de la historia de España"

 

Sinceramente me parece indecente que, en un contexto en que la inflación nos asfixia a los españoles y muchas familias no llegan a fin de mes, se añada un tercio más al ya enorme montante destinado a la comunicación gubernamental. Especialmente cuando tenemos un ejecutivo lúgubremente opaco: más hubiera valido, que en lugar del #EsteVirusLoParamosUnidos, simplemente, se hubiera facilitado a la prensa las advertencias de las que se disponía.

 

Pero si grave es el cuánto y el qué, más grave es el cuándo.

Porque, en lugar de esperar a la fecha en que procede sancionar el nuevo Plan de Comunicación Institucional, febrero de 2023, se ha adelantado su aprobación para que la sustanciosa suma esté lista antes del verano, con el fin de que se puedan contratar las campañas al comienzo del curso 22-23. Curiosamente, fecha en la que empieza la precampaña electoral.

A este estratégico movimiento, hay que sumar el Perte de la digitalización de la prensa que, presuntamente, hay preparado para regar de millones europeos al sector a la vuelta del verano del año que viene, cuando empiece la precampaña de las generales. Son hechos que difícilmente van a contarles muchas cabeceras, por lo que les pueda pasar.

 

Porque, en lugar de esperar a la fecha en que procede sancionar el nuevo Plan de Comunicación Institucional, febrero de 2023, se ha adelantado su aprobación para que la sustanciosa suma esté lista antes del verano, con el fin de que se puedan contratar las campañas al comienzo del curso 22-23.

 

La semana pasada escribía sobre la “espiral del cinismo” en la que está entrando la opinión pública española con los medios de comunicación. El informe, Digital News Reportdel Reuters Institute (el mayor estudio global sobre el consumo de noticias que, en España, publica la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra) señala ya que el interés y la confianza en las noticias están en España “en niveles históricamente bajos”, por detrás del resto de países europeos. Lo más grave es que ha aumentado el número de encuestados que perciben a los medios informativos como dependientes de grupos políticos y que hay un “problema de evitación deliberada de noticias, por hartazgo, cansancio o desconfianza”.

La coyuntura no pinta bien ni para el periodismo libre ni para los ciudadanos. Hay una crisis en el modelo de negocio, es cierto, pero esta no se va a solucionar con más clientelismo, sino con más calidad. A los españoles, como explica el informe Reuters, sí nos preocupa la desinformación y mucho.

Es urgente que las asociaciones y sindicatos de informadores y las facultades de comunicación pongamos pie en pared, empezando por exigir transparencia y claridad entorno a las adjudicaciones de dinero que se hace desde la esfera política. La información y la opinión libre e independiente no es una opción, es un requisito sine qua non. Nos va la democracia en ello.

 

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LOS PERIÓDICOS Y LAS MENTIRAS DEL DÍA, por Thomas Jefferson

Hoy en día no puede creerse nada de lo que publican los periódicos. La verdad misma se hace sospechosa cuando aparece en ese vehículo contaminado. Sólo quienes están en situación de confrontar los hechos que conocen con las mentiras del día pueden saber hasta dónde llega ese estado de desinformación. Un hombre que jamás mire un periódico estará mejor informado que quienes los leen, por lo mismo que quien no sabe nada está más cerca de la verdad que quien tiene la mente repleta de falsedades y errores. La difamación se está convirtiendo en algo necesario para la vida, hasta el punto de que no puede digerirse una taza de té por la mañana o por la noche sin este estimulante. Hasta aquellos que no creen esas abominaciones las leen complacidos a sus oyentes, mostrando, en lugar del horror y la indignación que deberían abrumar a una mente virtuosa, un placer secreto por la posibilidad de que alguien llegara a creerlas, aunque ellos no las crean. Parece que no se percatan de que el verdadero autor no es el que imprime, sino el que paga”.

 

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