LAWFARE: EL ESTADO DE DERECHO ES INCOMPATIBLE CON LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN JUDICIAL: La «Operación Lava Jato», o como la mayor operación anticorrupción del mundo, se volvió el mayor escándalo judicial de la historia (The New York Times).

CRISTINA CIFUENTES, ABSUELTA CON TODOS LOS PRONUNCIAMIENTOS FAVORABLES POR LA FALSIFICACIÓN DEL TÍTULO DE "SU" MÁSTER UNIVERSITARIO.

ESTE ES EL DOCUMENTO FALSO, EN CUYA FALSIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN FRAUDULENTA, CRISTINA CIFUENTES -SEGÚN LA AUDIENCIA DE MADRID-, NO TUVO NADA QUE VER (video de 2018)

"La defensa de CIFUENTES por su título de máster"

EL PAÍS​

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presenta varios documentos ante la Asamblea de Madrid para justificar su obtención del título de máster.

Como se expone en la Sentencia, en su Escrito de Acusación, el Ministerio Fiscal solicitó "el comiso del documento mendaz", esto es, del título falso (falsedad expresamente reconocida por la Sentencia), sin que el Tribunal lo hubiere acordado.

DESCARGA AQUI 

*******

Exégesis de la asimetría judicial del Estado español

Por Germán Gorráiz López

Analista

 

El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet). Dichos lobbys de presión estarían interconectadas mediante “una alianza inquieta basada en su comunidad de intereses económicos y amalgamada por la defensa a ultranza del Régimen del 78 y de la “unidad indisoluble de España”.

El Tardofranquismo judicial tendría a la Audiencia nacional como brazo ejecutor y al Tribunal Supremo como dique de contención de los recursos populares contra la parasitaria y corrupta clase política establecida en cualquier segmento de poder mediante el status de aforado ( léase casos Rato y Cifuentes), a los jueces Lamela y Llarena como su más destacados peones y al juez Marchena como Sumo Sacerdote de unos tribunales que estarían controlados por el llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo, descollando la Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, condecorada en su día por la Presidenta del PP de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal).

Asimismo, la libertad de expresión en España agoniza ante la nueva ofensiva represora de la Audiencia Nacional que intenta constriñir hasta el paroxismo la libertad de expresión mediante la imposición sistemática de multas estratosféricas y cuyo penúltimo episodio sería la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel por presuntos “delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a las Instituciones”. Su encarcelamiento estaría motivado por 3 artículos del actual Código Penal que en repetidas ocasiones han sido denunciados por la ONU y la Unión Europea como “constrictoras de la libertad de expresión”, pero la masiva respuesta popular en el Estado español así las campañas internacionales como la de Amnistía Internacional para denunciar la asimetría judicial entre el caso Hasel y los contenciosos del Emérito, podría forzar la aplicación por el Gobierno de un indulto a Pablo Hasel y la posterior derogación de los artículos 578 y 491 del Código Penal relativos a los delitos de enaltecimiento al terrorismo e injurias a la Corona.

Para silenciar a la disidencia al sistema dominante, el Tardofranquismo judicial emplea el llamado Lawfare o Guerra Judicial, término inventado por Susan W. Tiefenbrun en su tesis “Semiotic Definition of Lawfare” publicada en Case Wester Reserve University. Con dicho término nos referimos al “abuso de los procedimientos legales e internacionales para provocar un repudio popular contra un oponente manteniendo una apariencia de legalidad”. Así, estaríamos hablando de violaciones de las reglas del proceso penal tales como la falta de imparcialidad del Jurado, la violación del principio de proporcionalidad, no respetar la inmunidad política de los cargos electos así como crear indefensión, supuestos en los que podría haber incurrido la Justicia en los casos Altsasu, Sandro Rosell así como en el macro juicio contra los líderes del procés catalán.

Para entender la exégesis de dichos juicios, habría que recurrir a la Doctrina Aznar que tendría como objetivo último ”criminalizar a grupos y entidades díscolos y refractarios al mensaje del establishment dominante del Estado español”. Todo ello serían elementos constituyentes de la llamada “perfección negativa”, término empleado por el novelista Martín Amis para designar “la obscena justificación del uso de la crueldad extrema, masiva y premeditada por un supuesto Estado ideal”, lo cual representaría un auténtico ejercicio de “terrorismo jurídico” que han generado una amplia reacción de repulsa popular e institucional con procesos judiciales de largo recorrido que terminarán indefectiblemente en el Tribunal Europeo de Estrasburgo.

 

*****

Ahora que ha salido del gobierno brasileño, el exjuez y exministro ha redescubierto las bondades del Estado de derecho que contribuyó a poner en riesgo. No debemos olvidarlo.

The New York Times, 9-6-2020

SERGIO MORO - Ueslei Marcelino/Reuters

 

Brasil vive muchas crisis al mismo tiempo. Está por volverse uno de los epicentros mundiales de la pandemia y también cada día se profundiza una crisis política.

En las últimas semanas, al menos cuatro ministros del gobierno de Jair Bolsonaro han renunciado o han sido forzados a renunciar. Quizás la renuncia más desafiante para el presidente sea la de quien fue su Ministro de Justicia, Sérgio Moro. Cuando renunció, acusó públicamente a Bolsonaro de querer interferir políticamente en la policía federal. De este modo, el exjuez —quien dirigió la operación anticorrupción Lava Jato—, dejó clara su intención de recuperar el papel de “justiciero” de Brasil que lo llevó a fama.

Pero al hacerlo, Moro se aventura en un terreno pantanoso.

Al fondo de este súbito cambio de ministro estrella de Bolsonaro a su perseguidor, hay una paradoja que los brasileños no deberían perder de vista: en 2017, como autoridad del poder judicial, Moro condenó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y se popularizó su frase: “La ley es para todos”. Pero cuando tiempo después se dio a conocer información sobre cómo el exjuez había manipulado los mecanismos de delación compensada y que había ocultado pruebas del proceso a la Suprema Corte—condenó a Lula da Silva por “actos de oficio indeterminados” con el beneplácito de la corte de apelación de Porto Alegre, que estimó que la operación Lava Jato “no necesita seguir las reglas procesales comunes”—, quedó en evidencia que para él la ley no es igual para todo mundo. 

Así que cuando Moro acusó a Bolsonaro de querer politizar la justicia intentando interferir en la policía federal para tener información de investigaciones en curso, haríamos bien en ver la ironía.

Si bien es indispensable que se investigue el supuesto intento de Bolsonaro de interferir en órganos judiciales autónomos, la justicia y los ciudadanos no deben dejar de cuestionar (e indagar) los métodos de Moro en su cruzada anticorrupción cuando era juez y su silencio y complicidad cuando fue miembro del gobierno de Bolsonaro.

La revelación de vínculos de la familia del presidente con las milicias que controlan buena parte de Río de Janeiro y las tentativas del presidente, dadas a conocer al público en los meses pasados, para entorpecer las investigaciones judiciales le dan verosimilitud a las denuncias de Moro. Sin embargo, lo que el exjuez no le dijo a la opinión pública —ni a los policías que lo interrogaron recientemente— es que, según algunas investigaciones periodísticas, él también hizo uso de su influencia política como ministro: de acuerdo con el propio Bolsonaro, Moro le dio información privilegiada sobre operaciones en curso de la policía federal que podían afectar a miembros de su gobierno.

Incluso antes de su llegada al gabinete de Bolsonaro, durante su paso por la magistratura, Moro dio señales claras de no respetar el Estado de derecho. Como juez a cargo de Lava Jato, no dejó de intimidar y amedrentar a las pocas personas que lo criticaron en aquel entonces, fueran periodistasabogados o miembros de la academia. Aunque oenegés como Reporteros Sin Fronteras u organismos como la Orden de Abogados de Brasil protestaron por los métodos de Moro, el entonces juez mantuvo sus prácticas e incluso llegó a espiar ilegalmente las conversaciones telefónicas entre abogados y clientes para anticiparse a las estrategias de la defensa.

En lugar de presentar su renuncia, Moro se limitó a pedir “disculpas” a la Corte Suprema. Esta estrategia ha sido común en el gobierno de Bolsonaro: ha sido suficiente admitir la culpa y no sufrir consecuencias judiciales. El ministro de Ciudadanía, Onyx Lorenzoni, se disculpó por haber recibido dinero ilegal para sus campañas electorales. En vez de iniciar una investigación oficial a través de la policía federal —bajo su comando—, Moro expresó “admiración” por su colega al “asumir la culpa y tomar las medidas para reparar su error”. El propio Jair Bolsonaro ha pedido disculpas (de manera reciente, a una periodista a la que había mandado callar) sin mayores repercusiones.

Cuando Moro era ministro de Bolsonaro se quedó en silencio ante distintos atropellos democráticos. No dijo nada cuando el presidente comenzó a intervenir en los principales organismos del Estado con la intención de controlarlos. Y así fue como el fisco y los servicios de inteligencia fueron progresivamente tutelados por el entorno de Bolsonaro. E incluso, unos días antes de renunciar a su cargo, Moro le sugirió al presidente una vía legal para disminuir las atribuciones de fiscalización del Instituto Brasileño de Protección del Medioambiente.

Habría que hacer un ejercicio de memoria: a finales de 2018, cuando Moro aceptó formar parte del gobierno de Bolsonaro, parecía vender la idea de que su incorporación sería una garantía del respeto al Estado de derecho. Gracias a las revelaciones del periodista Glenn Greenwald y del archivo Vaza Jato, hoy sabemos su idea de Estado de derecho: colusión entre el juez y la acusaciónselectividad en las investigaciones, manipulación de denuncias y motivaciones financieras detrás de la bandera “anticorrupción”. Cuando se dio a conocer esa información, Moro respondió adoptando la misma estrategia del presidente: asociando a los periodistas con criminales e intentando destruir pruebas.

Ahora que ha salido del gobierno, Moro ha redescubierto las bondades del Estado de derecho y de la libertad de prensa que contribuyó a poner en riesgo. No debemos olvidarlo.

Hoy la democracia brasileña está en peligro. Aunque Moro haya hecho lo correcto al renunciar y denunciar posibles infracciones a la ley del presidente, la justicia brasileña debe juzgar cuanto antes las investigaciones sobre sus métodos como juez y como ministro.

Si el propio Moro quisiera defender la democracia del país y evitar que los retrocesos autoritarios profundicen la distopía brasileña, debería renunciar a sus ambiciones políticas y reconocer que no se puede luchar contra la corrupción usando métodos corruptos. Una disculpa no es suficiente.

 

Gaspard Estrada (@Gaspard_Estrada) es director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC) de Sciences Po, en París.

 

Bolsonaro y Moro

*******

Se vendía como la mayor operación anticorrupción del mundo, pero se volvió el mayor escándalo judicial de la historia.

The New York Times, 9-2-2021

Sergio Moro, el juez que se convirtió en el rostro de la operación Lava Jato, en 2018 - Credit...Carl De Souza/Agence France-Presse — Getty Images

 

Este mes, el grupo de trabajo a cargo de la operación Lava Jato fue disuelto por el procurador general de Brasil. El fin de la operación anticorrupción, cuya acción cambió la historia de Brasil y de América Latina, pudo haber suscitado una reacción encendida: para unos se trata de uno de los pocos esfuerzos contra la impunidad a políticos y empresarios que debe seguir activa y para otros es un ejemplo más de politización de la justicia que nació con severas fallas de origen.

Se esté a favor o en contra de la operación, queda clara una cosa: el tejemaneje entre corrupción y política sigue estando al orden del día. El mismo día1 en el que se anunció la disolución de la operación, Arthur Lira, un político investigado por posibles actos de corrupción, fue electo presidente de la cámara de diputados.

Pero ni en las calles ni en las redes sociales, ninguno de los dos anuncios generó mayor indignación. El inmenso capital político y social acumulado por el Sergio Moro, el célebre juez que inició Lava jato, y los procuradores se ha ido evaporando en los últimos años. Y esto lleva a otra conclusión: En lugar de ayudar a erradicar la corrupción, lograr mayor transparencia en la política y fortalecer la democracia, la famosa operación contribuyó al caos que hoy vive Brasil. Se vendía como la mayor operación anticorrupción del mundo, pero se volvió el mayor escándalo judicial de la historia brasilera.
Su desairado fin nos dice mucho sobre el descredito en el que cayó después de la victoria de Jair Bolsonaro, impulsada en buena medida por la indignación social provocada por el “lavajatismo”. También permite esbozar una reevaluación del legado de la operación y de la manera en la que entrará en los libros de historia, en particular tras la publicación reciente de nuevos diálogos vía Telegram entre Moro y los procuradores, que confirmaron su carácter eminentemente político.
 
Para defender su obra, los procuradores de Lava Jato han presentado una serie de cifras, que dan muestra del tamaño descomunal de esta operación. En siete años, se libraron 1450 órdenes de aprehensión, 179 acciones penales, 174 condenas de empresarios y políticos del más alto nivel, incluyendo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, para conseguirlo, los procuradores cayeron en violaciones al debido proceso sin que por ello la corrupción haya disminuido.

Si bien era conocido desde hace tiempo que Moro había condenado a Lula da Silva por “actos indeterminados” y cargos dudosos, ahora se sabe que fue el propio Moro quien dirigió la construcción de la acusación contra el expresidente, violando el principio jurídico de no ser juez y parte al mismo tiempo.

Cuando los abogados de Lula denunciaron haber sido espiados ilegalmente por la operación Lava Jato, estos últimos aseguraron que se había tratado de un “error”, y hoy es posible confirmar que los procuradores eran informados periódicamente por los agentes de la policía federal a cargo de las interceptaciones telefónicas, con el objetivo de trazar estrategias y obtener la condena de Lula.

Moro se ufanó en sus conferencias de las sumas de dinero recuperadas a favor de las arcas públicas, pero omitió decir que el 50 por ciento del dinero proveniente de las multas impuestas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a Petrobras y Odebrecht tendrían como destino una fundación de derecho privado, cuyos gestores serían los propios miembros de Lava Jato, junto con dirigentes de oenegés. En 2019, la Corte Suprema suspendió la fundación.

Si usamos los criterios del juez Moro para juzgar las acciones del ciudadano Moro, estos diálogos revelan actos ilegales. Ante estas revelaciones, Moro y los procuradores continúan negando la veracidad de los diálogos. El inconveniente de ese argumento es que fue la propia Policía Federal brasileña, bajo las órdenes de Moro, cuando era ministro de Justicia, que llevó a cabo una revisión de los mensajes, y consideró que eran verdaderos.

En 2019, los periodistas de The Intercept recibieron 43,8 gigabytes de datos que originaron más de un centenar de artículos sobre Lava Jato. Hasta ahora, solo 10 por ciento de 7 terabytes han sido analizados, con lo que se espera que sigan apareciendo fallas e ilegalidades en la operación. Pero incluso con ese pequeño porcentaje revisado, los diálogos confirman que esta operación pervirtió la justicia, vulneró el Estado de derecho de Brasil y fue un factor fundamental en la construcción de la distopía que vive el país, con una crisis política exacerbada y con el segundo lugar mundial de más fallecidos por la pandemia.

En 2018, cuando Moro anunció que aceptaría integrar el gabinete de Bolsonaro como su ministro de Justicia y Seguridad Pública, muchos expertos y defensores de la operación quedaron sorprendidos. Tal vez ahora ya no lo estén tanto. Para ambos, el fin justifica los medios.

Y las consecuencias de este contubernio están claras: el Estado de derecho está cada vez más en peligro con el beneplácito de buena parte del establishment político y económico que ayer respaldó ciegamente la operación Lava Jato y hoy apoya la llegada de un político acusado de corrupción a la presidencia de la cámara de diputados, al tiempo que el presidente, desarticula la mayoría de las instituciones de lucha contra la corrupción y el crimen.

Hay, dentro de todo, buenas noticias para Brasil: no todas las instituciones han sido cooptadas. Algunas han denunciado estos atropellos, haciéndose eco de las voces de la sociedad civil que exigen el restablecimiento del Estado de derecho, empezando por la restitución de los derechos políticos de Lula. Es necesario continuar fiscalizando y denunciando estas arbitrariedades y reevaluar de manera crítica el significado de la operación Lava Jato para la justicia y la democracia de Brasil.

Lo anterior no quiere decir que no sea imprescindible la actuación firme de la justicia en contra de la corrupción. Por el contrario, es necesario reforzar los instrumentos para terminar con la relación incestuosa entre el dinero y la política.

 

Gaspard Estrada (@Gaspard_Estrada) es director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC) de Sciences Po, en París.

 

******

RELACIONADO:

Lawfare. La judicialización de la política en América Latina; por Cándido Marquesán Millán

HOJA DEL LUNES: LAWFARE, así se llama la Corrupción Judicial en el Siglo XXI (Parte I)

HOJA DEL LUNES: LAWFARE, así se llama la Corrupción Judicial en el Siglo XXI (Parte II)

LAWFARE: «Trile» y fascismo, por Germán Gorráiz, Elisa Beni y Umberto Eco

 

 

Sé el primero en comentar

Deja tu opinión

Tu dirección de correo no será publicada.


*