Tabla de contenidos
- 1 [42] La maldición
- 2 [43] Restricciones mentales
- 3 [44] Pregúntenle a la Universidad
- 4 [45] Una localidad de Sevilla «lincha» a la muñeca de Ana Julia, la asesina confesa del niño Gabriel
- 5
- 6 [46] El juez que firmó el fallo contra Valtonyc pidió cárcel para un tuitero obviando la reciente sentencia del TEDH
- 7 [47] La hepatitis C: un problema mundial de salud
- 8 [48] Ética y Universidad
- 9 [49] LEY DE CONCURSO DE ACREEDORES: EL AMPARO JUDICIAL PARA ROBAR A LOS TRABAJADORES
- 10
- 11 [50] Dos fondos de EE UU abren una causa contra el Santander en Nueva York para pedir información sobre Popular
- 12
- 13 [51] La Audiencia Nacional deja en libertad a Falciani pero le somete a una estricta vigilancia
- 14
- 15 [52] Narbona y otros tres exministros, citados para dar explicaciones sobre la financiación del PSPV
- 16
- 17 [53] Hablemos de la universidad
- 18 [54] Manual para hacer el ridículo
- 19 [55] El Tribunal Supremo se queda solo frente a la rebelión
- 20
- 21 [56] La Fiscalía belga investiga el uso de dispositivos de geolocalización para rastrear el coche de Puigdemont
- 22
- 23 [57] Suiza dice que Falciani “no será moneda de cambio” por Rovira y Gabriel
- 24
- 25 [58] La libertad de Puigdemont, en la prensa internacional
- 26
- 27 [59] Un tribunal alemán hace tambalear la causa del Tribunal Supremo contra el procés
- 28 [60] Comín, Serret y Puig, en libertad sin fianza y con medidas cautelares mientras se resuelve la euroorden
- 29
- 30 [61] Así fluctúa el precio de tus datos personales en la bolsa de Facebook
- 31 [62] El responsable del máster de Cifuentes admite la falsificación del acta y acusa al rector
- 32
- 33 [63] El gozo de la verdad
- 34
- 35 [64] Los jueces alemanes entran en el procés
- 36
- 37 [65] No es (solo) por José Couso
- 38
- 39 [66] Una instrucción plagada de vulneraciones de los derechos fundamentales
- 40
- 41 [67] La Convención del Máster Presidente Rajoy
- 42
- 43 [68] Entrevista a Ian Gibson: «la derecha española lleva el franquismo en sus genes»
- 44 «La derecha española tiene el franquismo en el ADN»
- 45
- 46 [69] PODEMOS SE UNE A LA CAMPAÑA DE CRIMINALIZACIÓN DE LOS «COMITÉS DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA»
- 47
- 48 [70] EL SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PSOE DICE QUE LOS CDR CATALANES FUERON INVENTADOS POR CUBA Y NICARAGUA
- 49
- 50 [71] CORONEL MARTÍNEZ INGLÉS: EL DEMONIO DEL FRANQUISMO ESTABA ESCONDIDO EN EL 155
- 51
- 52 [72] ¡Malditos alemanes!
- 53 [73] Podemos, único partido que sube en la encuesta de Metroscopia, que da como ganador a Ciudadanos
- 54
- 55 [74] «No voy a permitir que Barcelona se parta en dos, voy a luchar por una ciudad orgullosa de su pluralidad”
- 56
- 57 [75] ¿Error Puigdemont o error Junqueras?
- 58
- 59 [76] Llarena como Einstein
- 60
- 61 [77] Un ex secretario local de Organización dice que en la campaña socialista de 2007 en Alicante ocurría «como en la Gürtel»
- 62
- 63 [78] FAUSTO CARTAGENA
[42] La maldición
Por Teniente Kaffee
Artículo publicado el 7 de abril de 2018 enLa importancia del Consejo Fiscal es que vendría a ser el reflejo del Consejo General del Poder Judicial, salvo por dos diferencias fundamentales, una positiva y otra negativa
La primera, es que es democrático. Lo que oyen. La segunda, una de cal y otra de arena, es que sus funciones son meramente consultivas
Dice una antigua maldición china: “Te condeno a que vivas en tiempos interesantes”.
Aunque, quizás, no tenga tal origen, porque la primera vez que la oí (en realidad, la leí), fue en un cómic de Conan el Bárbaro. En tal caso, sería más apropiado decir que se trata de una leyenda de Khita
De cualquier manera, lo que viene a decirnos la sabiduría ancestral, real o “invent”, es que, cuando la cosa está movidita, es mejor no estar en el radio de acción del huracán, por si salpica. Bueno, debe de ser que me va la marcha, porque no soporto el tedio, y a mí nunca me ha parecido tal maldición.
La cuestión es que, hace ya cuatro largos años, dediqué un artículo a explicarles algo de lo que muy poca gente habla, incluso tratándose de juristas, pues ignoran su existencia o funcionamiento. Se trata del Consejo Fiscal, el máximo órgano asesor del Fiscal General del Estado en materia de nombramientos, régimen disciplinario y otras materias. Para cuestiones de índole teórica y doctrinal hay otro órgano, una especie de “consejo de sabios”, que es la Junta de Fiscales de Sala, y un think tank, que es la Secretaría Técnica.
Pero la importancia del Consejo Fiscal es que vendría a ser el reflejo del Consejo General del Poder Judicial, salvo por dos fundamentales diferencias, una positiva y otra negativa.
La primera, es que es democrático. Lo que oyen. Ningún partido político, mayoría, minoría o grupo de presión pinta nada en la elección de tres cuartas partes de su composición, sino que son todos los fiscales, los cerca de 2.800 de la carrera, los que son llamados a las urnas cada cinco años.
La segunda, una de cal y otra de arena, es que sus funciones son meramente consultivas. La última palabra la tiene siempre el Fiscal General. En mi humilde opinión, una Fiscalía verdaderamente autónoma y libre de injerencias del Ejecutivo pasaría por un Fiscal General sometido al voto vinculante del Consejo. Sin embargo, aun sin ser de obligado cumplimiento, sus dictámenes tienen gran importancia, ya que resulta poco presentable que el FGE desoiga el clamor mayoritario de la carrera. Aunque ha pasado, por supuesto, con gobiernos de uno y otro signo. En tiempos de Jesús Cardenal, fue nombrado Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño, con el voto en contra unánime del Consejo. Nadie le votó. Y al revés, el nombramiento de Luis Navajas como Fiscal de Sala recibió el voto unánime a favor, y aun así, estuvo a un pelo de frustrarse. El ministro de la cosa en aquel entonces era Jose Mª Michavila, ya saben, ese fervoroso católico de misa diaria, que luego no ha tenido ningún reparo en vivir en pecado con una mujer divorciada, allá cada cual con sus creencias, o en compatibilizar su acta de diputado con la llevanza de los asuntos legales de Alejandro Sanz y Shakira, y eso sí que es de juzgado de guardia, con perdón.
El caso es que Mister Coherencia 2003 consideraba que Navajas era “demasiado independiente”, ya que no se le conocía adscripción a ninguna asociación profesional, y su actitud como jefe de la Fiscalía de Guipúzcoa no auguraba precisamente seguidismo partidista. Recordemos que el candidato puso patas arriba el cuartel de Intxaurrondo, al ser el primero que investigó las andanzas del infame general Galindo, en una actuación que ha terminado por ser el Santo Grial de la historia de la Justicia en España: el famoso, nunca visto y oficialmente extraviado “informe Navajas”.
Pero volvamos a su elección: finalmente, el Consejo presionó, y aunque Michavila trató de escudarse en la coartada de elegir a una mujer para el cargo, Pilar Jiménez Valcarce, Navajas fue también nombrado Fiscal de Sala del Tribunal Supremo. ¿Cómo? Pues creando dos puestos donde sólo había previsto uno.
Lo cual me lleva a una cuestión que les he dejado en el aire, la de las tres cuartas partes electas del Consejo y la cuarta no electa. Su composición es de doce personas, pero tres de ellas son “nativas”. Eso significa que forman parte del mismo porque así lo ordena la ley, en este caso, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Se trata del propio Fiscal General, como es obvio; del Fiscal Jefe de la Inspección, lo que también tiene su lógica (tratándose de un órgano que depura las responsabilidades disciplinarias que investiga dicha Inspección), y del Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el número uno del escalafón de la carrera. Efectivamente, si el Fiscal General es un nombramiento político, que no tiene por qué ser fiscal (el actual, Sánchez Melgar, proviene de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, o sea, es juez de carrera), la máxima posición a la que se puede llegar en la carrera fiscal por simples méritos profesionales es la de Teniente del Supremo.
Bien, el caso es que, por cuestiones de aritmética electoral y de composición sociológica, tradicionalmente las elecciones al Consejo han tenido un resultado inamovible: seis consejeros para la Asociación de Fiscales (la denominada “conservadora”) y tres para la UPF, la Unión Progresista de Fiscales, al menos, desde que ésta existe. La APIF, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, tercera en discordia, queda como eterna aspirante. Por ello, en tiempos de Cándido Conde-Pumpido como Fiscal General, claramente alineado con la UPF, como uno de los fundadores de Jueces para la Democracia (el equivalente en la carrera judicial), hubo también nombramientos y decisiones a la contra de la mayoría del Consejo, que siempre ha sido de la AF. Ya les he dicho que esto ha funcionado siempre en las dos direcciones.
En esta última “fiesta de la democracia” fiscal, inicialmente, se había repetido el patrón de 6 a 3, pero con una diferencia cualitativa. No, el foro de fiscales creado en Internet no ha tenido nada que ver, o sí, o yo que sé. Pero el caso es que dos de los tres consejeros de la UPF han quedado entre los tres más votados globalmente, y la cuarta candidata de dicha asociación se quedó a las puertas de conseguir silla. De hecho, el resultado global apenas separaba a ambas asociaciones por unas decenas de votos, lo que vaticinaba un “sorpasso” generacional a medio plazo, quizás para la próxima convocatoria electoral.
Pero no ha hecho falta esperar. Resulta que el recuento estaba mal hecho, y una vez revisado, uno de los seis vocales de la AF ha perdido su asiento en el Consejo en favor de la cuarta candidata de la UPF. Es decir, la correlación de fuerzas entre los nueve electos queda 5 a 4. ¿Y que pasa con los nativos? Pues poco les puedo decir del FGE, ni del Fiscal Inspector, aunque el primero ya se ha mostrado rebelde en algún nombramiento, y del segundo se habla en los términos más elogiosos por compañeros que son cualquier cosa menos tibios en sus críticas al poder establecido. Pero el Teniente Fiscal del Supremo, el nº 1 del escalafón de la carrera y que puede romper muchos empates, es Luis Navajas Ramos. El «demasiado independiente».
Se acabó el rodillo visto en votaciones como las que llevaron a Manuel Moix a la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción y a Jesús Alonso a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Como les decía, se avecinan tiempos interesantes.
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SUMARIO PARTE II ( Del lunes 2-4-18 al domingo 8-4-18):
HOJA DEL LUNES: LAWFARE, así se llama la Corrupción Judicial en el Siglo XXI (Parte I)
[42] La maldición, por Teniente Kaffee
[43] Restricciones mentales, por Elisa Beni
[44] Pregúntenle a la Universidad. por Javier Pérez Royo
[45] Una localidad de Sevilla «lincha» a la muñeca de Ana Julia, la asesina confesa del niño Gabriel, por eldiarioand
[46] El juez que firmó el fallo contra Valtonyc pidió cárcel para un tuitero obviando la reciente sentencia del TEDH, por ALEJANDRO TORRÚS
[47] La hepatitis C: un problema mundial de salud, por Germán Velásquez
[48] Ética y Universidad, por Carlos Berzosa
[49] LEY DE CONCURSO DE ACREEDORES: EL AMPARO JUDICIAL PARA ROBAR A LOS TRABAJADORES,por TOMÁS F. RUIZ
[50] Dos fondos de EE UU abren una causa contra el Santander en Nueva York para pedir información sobre Popular, por Europa Press
[51] La Audiencia Nacional deja en libertad a Falciani pero le somete a una estricta vigilancia, por Pedro Águeda
[52] Narbona y otros tres exministros, citados para dar explicaciones sobre la financiación del PSPV, por ABC
[53] Hablemos de la universidad, por JOSÉ ANTONIO PÉREZ TAPIAS
[54] Manual para hacer el ridículo, por Juan Carlos Escudier
[55] El Tribunal Supremo se queda solo frente a la rebelión, CARLOTA GUINDAL
[56] La Fiscalía belga investiga el uso de dispositivos de geolocalización para rastrear el coche de Puigdemont, por Europa Press
[57] Suiza dice que Falciani “no será moneda de cambio” por Rovira y Gabriel, por lavanguardia.com
[58] La libertad de Puigdemont, en la prensa internacional, por MIRIAM ELIES
[59] Un tribunal alemán hace tambalear la causa del Tribunal Supremo contra el procés, por Pedro Águeda
[60] Comín, Serret y Puig, en libertad sin fianza y con medidas cautelares mientras se resuelve la euroorden, por EUROPA PRESS
[61] Así fluctúa el precio de tus datos personales en la bolsa de Facebook, por Carlos del Castillo
[62] El responsable del máster de Cifuentes admite la falsificación del acta y acusa al rector, por eldiario.es
[63] El gozo de la verdad, por Elisa Beni
[64] Los jueces alemanes entran en el procés, por Joaquín Urias
[65] No es (solo) por José Couso, por Carlos Hernández
[66] Una instrucción plagada de vulneraciones de los derechos fundamentales, por Javier Pérez Royo
[67] La Convención del Máster Presidente Rajoy, por Fernando López Agudín
[68] Entrevista a Ian Gibson: la derecha española lleva el franquismo en sus genes, por Luis García Casas
[69] PODEMOS SE UNE A LA CAMPAÑA DE CRIMIALIZACIÓN DE LOS «COMITÉS DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA», Por ARTURO INGLOTT
[70] EL SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PSOE DICE QUE LOS CDR CATALANES FUERON INVENTADOS POR CUBA Y NICARAGUA, por ADAY QUESADA
[71] CORONEL MARTÍNEZ INGLÉS: EL DEMONIO DEL FRANQUISMO ESTABA ESCONDIDO EN EL 155, por CORONEL AMADEO MARTÍNEZ INGLÉS
[72] ¡Malditos alemanes!, por Aníbal Malvar
[73]Podemos, único partido que sube en la encuesta de Metroscopia, que da como ganador a Ciudadanos, por EFE
[74] «No voy a permitir que Barcelona se parta en dos, voy a luchar por una ciudad orgullosa de su pluralidad”, por Andrés Gil / Neus Tomàs
[75] ¿Error Puigdemont o error Junqueras?, por Javier Pérez Royo
[76] Llarena como Einstei, por ELISA BEN
[77] Un ex secretario local de Organización dice que en la campaña socialista de 2007 en Alicante ocurría «como en la Gürtel», por eldiariocv
[78] FAUSTO CARTAGENA, por Salvador Viada
HOJA DEL LUNES: LAWFARE, así se llama la Corrupción Judicial en el Siglo XXI (Parte I)
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[43] Restricciones mentales
Por Elisa Beni
Yo no oí ninguna muestra de indignación por la puesta en duda de su trabajo. No oí decir: yo estudié, yo saqué horas de dónde no tenía para poder preparar las asignaturas, yo me esforcé por no faltar a los exámenes y por conciliar mi trabajo, mis estudios y mi familia
No es único el pecado contra la verdad. Contra la verdad no sólo falta la mentira sino también la falsedad, la simulación, la hipocresía, la anfibología y la restricción mental. De todo hubo en el pleno de la Asamblea. Cifuentes, ante la duda de si ha cursado un máster en la Universidad Rey Juan Carlos, nos probó tener uno, pero en jesuitismo. No en vano fueron los jesuitas los que llevaron al extremo la perversión de la doctrina de la restricción mental.
Cuentan los que saben que San Francisco de Asís estaba en un camino cuando pasó corriendo la fuerza del orden buscando a un fugitivo al que perseguían sin motivo. Preguntáronle al santo: ¿ha pasado por aquí un hombre corriendo? y Francisco, metiéndose las manos en las amplias mangas del hábito contestó: “por aquí no ha pasado”. Eso es un ejemplo clásico de restricción mental. No, por sus mangas no había pasado nadie. La presidenta de la Comunidad ayer, más contemporánea, bordó los ejemplos a su manera: “He demostrado que todas las asignaturas fueron calificadas y aprobadas”, dijo, pero obvió comentar si fueron estudiadas y si se sometió a los exámenes. Quizá estaba cruzando los dedos tras el ambón. “Lo dicho lo han desmentido los docentes y lo ha confirmado la Universidad”, claro, pero con la restricción previa de obviar si éstos mintieron o falsearon para poder apoyarla.
No se si un estudiante hubiera hablado nunca en esos términos de sus esfuerzos intelectuales. Yo no oí ninguna muestra de indignación por la puesta en duda de su trabajo. No oí decir: yo estudié, yo saqué horas de dónde no tenía para poder preparar las asignaturas, yo me esforcé por no faltar a los exámenes y por conciliar mi trabajo, mis estudios y mi familia. No oí: aquí está el fruto académico de mi mente.
La única situación real es que este diario ha puesto sobre la mesa una serie de hechos adverados por documentación que nadie ha desmentido. Esos hechos remiten en pura lógica a la existencia de irregularidades en la obtención de la titulación académica que Cifuentes no podía desconocer. A la presidenta sólo le cabía o demostrar que tales hechos eran falsos o dotarles de una explicación que permitiera integrarlos en un relato fáctico, coherente, lógico y totalmente legal. Ninguna estas cosas se hizo ayer. Me temo que nadie va a pedirnos perdón por el insulto a la inteligencia que sufrimos los ciudadanos en el transcurso del pleno.
Esto ha sido una digresión porque yo no quería hablarles de Cifuentes. Yo quería hablarles de los demás, de los que tienen obligaciones que no cumplen pero también de los que mediante la hipocresía y la simulación obvian sus compromisos para obtener réditos.
Yo quería hablar de la Fiscalía de Madrid, que permanece extrañamente inactiva tras tener notitia criminis de la posible comisión de delitos de falsedad documental y prevaricación en una entidad pública que ponen en cuestión valores tan fundamentales para la sociedad como la credibilidad de su educación superior y de los títulos habilitantes surgidos de la misma. Miles de ciudadanos ven cuestionado así su mérito. La Fiscalía de Madrid no ha abierto diligencias ni tras la denuncia realizada por las asociaciones de estudiantes ni tras el conocimiento directo a través de los documentos publicados por los medios de comunicación. Curioso, porque sus colegas de la Audiencia Nacional han corrido a abrir unas diligencias de hechos sucedidos en un territorio que tiene sus propios órganos jurisdiccionales sin haber sido excitado su celo por denuncia alguna. Cosas de la lucha por la integridad de la patria.
Mala cosa. La Fiscalía de Madrid estuvo muy infiltrada en las épocas de Esperanza Aguirre, cuando era comandada por el inefable Moix sin que supiéramos aún de sus secretos en paraísos fiscales. Lo estuvo y quedó demostrado en múltiples procedimientos. Sería el momento de mostrar que las cosas han cambiado y que ni las diligencias ni las querellas se ponen al dictado del poder de la Comunidad ni se mira para otro lado cuando hechos graves de índole penal pueden perjudicar a este.
La Fiscalía ni está ni se le espera, mientras existen indicios claros de la posible comisión de varios delitos por miembros de la comunidad académica y en el colmo del despropósito es la propia Cifuentes la que dice haber acabado judicializando la acción informativa de este medio. La querella no tiene ningún viso de prosperar pero le habrá servido para poner cuestionar los hechos adverados y para mandar el aviso a los periodistas y medios que quieran seguir por esa senda. El miedo guarda la viña. Tendrá que suceder pues que personas individuales o asociaciones utilicen de nuevo la figura de la acusación popular para llevar ante un juez imparcial la investigación de lo que sucedió en el interior de la Universidad Rey Juan Carlos porque a estas alturas ni siquiera el expediente interno va a servir de nada. Ya se ha publicado que se han llevado a cabo reuniones en despachos de abogados para nutrir de versiones exculpatorias y coincidentes a las personas que tendrán que declarar en el mismo. Sólo la fuerza disuasoria del castigo penal conseguirá que mane la verdad que se intenta amordazar.
Yo quería hablarles también de ese partido llamado Ciudadanos que se ha revestido con el adorno de la regeneración y que, hasta ahora, ha vacilado cada vez que ha tenido la oportunidad de hacer cumplir sus pactos de limpieza si estos conllevaban la caída de un gobierno del Partido Popular. La explicación, la daba de nuevo Cifuentes con una jesuítica interpretación del pacto: el punto 3 dice que se dimitirá si se falsea un currículum y ella no lo ha falseado puesto que el título ha sido emitido, sin importar en que circunstancias. Como le escribió Luis XI a su hijo: “No sabe gobernar quien no sabe simular” y parece que en eso los políticos españoles sí han hecho un máster.
[44] Pregúntenle a la Universidad
Por JAVIER PÉREZ ROYO
Cristina Cifuentes sabe que el PP ha decidido que no tiene otra alternativa, que el PP ha ligado su futuro al suyo. Sabe, por tanto, que “su verdad” va a ser la “verdad” del PP
Ayer tuvimos ocasión de comprobar que Madrid es Madrid. O lo que es lo mismo, que Madrid no es Murcia. Me imagino que Ciudadanos se habrá dado cuenta. El Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia fue sostenido por la dirección nacional del PP frente a la presión de Ciudadanos durante bastante tiempo, pero al final lo forzó a dimitir. La Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid no solamente ha sido sostenida, sino que, en el momento decisivo, el PP ha cerrado filas en torno a ella. El Presidente del Gobierno la telefoneó por la mañana para darle su apoyo y los parlamentarios del PP en la Comunidad de Madrid acudieron al Pleno por la tarde instruidos no simplemente para apoyarla, sino para jalearla, como hacen los aficionados de un equipo cuando acuden a un partido decisivo.
El PP ha ligado su suerte a la de la Presidenta de Madrid. Ha llegado, sin duda, a la conclusión de que así como una crisis en la Presidencia de la Comunidad de Murcia no suponía ninguna amenaza para el PP a ningún nivel y, por supuesto, a nivel nacional, en Madrid no es así. No era solamente la supervivencia del PP como un partido competitivo en la comunidad de Madrid lo que estaba en juego, sino que era la propia supervivencia en tal condición del Partido en toda España lo que estaba en la balanza. En Murcia se puede ceder. En Madrid, no.
Cuando Cristina Cifuentes interviene en el Pleno lo sabe. Sabe que va a ser respaldada por todo el PP sin la menor fisura en la versión que proporcione acerca de la forma en que se matriculó y cursó el máster, así como acerca de la forma en que obtuvo las calificaciones en las diversas asignaturas, incluido el Trabajo de Fin de Máster. Cristina Cifuentes sabe que el PP ha decidido que no tiene otra alternativa, que el PP ha ligado su futuro al suyo. Sabe, por tanto, que “su verdad” va a ser la “verdad” del PP.
Ese apoyo sin fisuras de todo el PP exige una intervención sin fisuras por parte de la Presidenta. Y así lo hizo. Hay una matrícula, unas actas con unas calificaciones, un título oficial emitido por la Universidad y nada más. No ha habido ninguna irregularidad. Todo es verdad. Si el Trabajo de Fin de Máster no aparece, no es un problema suyo, sino de la Universidad, a la que ella ha autorizado para que lo haga público. Pregúntenle a la Universidad por qué no aparece. Si el acta de celebración de la defensa pública del Trabajo de Fin de Máster no es del día en que tuvo lugar dicha defensa pública en 2012, sino de hace quince días y si las firmas de dos de la tres profesoras que figuran en dicha acta han sido falsificadas, tampoco es problema suyo, sino de la Universidad. Pregúntenle a la Universidad. Y así sucesivamente. No es mi credibilidad personal, sino la credibilidad de la Universidad lo que está en juego. Mi palabra tiene la credibilidad que le dan las actas y el título emitido por la Universidad. Si ha habido fraude, lo habrá cometido la Universidad. Yo no.
Para Cristina Cifuentes y el PP nada de lo que se ha publicado por eldiario.es es información “veraz”. No es veraz con respecto a su conducta. Si hay algo de veracidad, será respecto de la conducta de la Universidad. Respecto de ella, no ha habido ejercicio del derecho reconocido y protegido por el artículo 20.1.d) de la Constitución, sino que se ha producido una intromisión ilegítima a su honor, razón por la cual se va a querellar contra los dos periodistas que han destapado la información.
En estos términos ha decidido, no solamente Cristina Cifuentes, sino el PP en su totalidad, plantear el debate ante la opinión pública. Todo o nada. Palabra de Cristina Cifuentes, que es palabra del PP, contra la información publicada tras una investigación acreditada en eldiario.es y El Confidencial, de la que se han hecho eco los demás medios de comunicación de todo el Estado.
Previsiblemente, en la Convención del PP que se va a celebrar en Sevilla este fin de semana se escenificará la continuidad de la sesión parlamentaria de ayer con un cierre de filas en torno a la Presidenta de la Comunidad de Madrid. El Presidente del Gobierno se encargará de reiterarnos que las explicaciones ya han sido dadas y hay que pasar la página de una polémica estéril.
Pero los hechos son testarudos y, por lo tanto, ayer no se puso punto final a nada. Entre otras cosas, porque lo que se puso en cuestión con la intervención de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, avalada por el Presidente del Gobierno, fue la credibilidad de la Universidad Pública española, (no solamente la de la Universidad Rey Juan Carlos), que no puede permitir que las cosas se queden como Cristina Cifuentes y Mariano Rajoy las han planteado.
La sociedad tiene que tener confianza en los títulos universitarios y con la estrategia que pusieron en práctica en el día de ayer Cristina Cifuentes y el PP no es posible que la tenga. El coste va a ser terrible. Pero no solamente para quien ha obtenido un título de manera fraudulenta, sino para todos.
[45] Una localidad de Sevilla «lincha» a la muñeca de Ana Julia, la asesina confesa del niño Gabriel
Por eldiarioand
Movimiento contra la Intolerancia ha denunciado los hechos que han tenido lugar en Coripe a la Fiscalía de Delitos de Odio de Sevilla
Aseguran que «se escucharon expresiones vejatorias y humillantes que hacían referencia a su condición de mujer negra, jaleando el linchamiento y la violencia» y en presencia de menores
Otros años, las figuras «linchadas» han sido Bárbara Rey, Eva Sannum o Iñaqui Urdangarín
Expresiones «vejatorias y humillantes»
[46] El juez que firmó el fallo contra Valtonyc pidió cárcel para un tuitero obviando la reciente sentencia del TEDH
Por ALEJANDRO TORRÚS
Dos días después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recordara a España que solo los colectivos vulnerables pueden ser sujetos de delitos de odio, el magistrado Juan Pablo González y González solicitó condenar a un tuitero -finalmente absuelto- por entender que sus tuits promovían el odio contra políticos y banqueros.
La Audiencia Nacional absolvió el pasado 15 de marzo a un tuitero de las Islas Canarias del delito de enaltecimiento del terrorismo y de un delito de odio, tal y como fue acusado por el Ministerio Fiscal. Los magistrados José Ricardo de Praday Julio de Diego López sentenciaron que los cerca de 30 tuits que el acusado, con 250 seguidores en Twitter, publicó a lo largo de cuatro años no constituían ningún delito. «No resulta acreditada otra finalidad distinta que la de dar rienda suelta de forma airada y exagerada a su protesta y disconformidad con la sociedad en la que vive sin que las expresiones impliquen un discurso de incitación al odio, a la violencia o al terrorismo», sentencian los dos magistrados.
Los mensajes en cuestión, repartidos a lo largo de cuatro años, eran como los siguientes: «Policía bueno, policía muerto»; «Entro en tu mansión y los billetes no te salvan, político hipócrita te disparo por la espalda»; «discurso racista me pone de los nervios, un tiro en la cabeza a todos esos cerdos». La sentencia recoge que estas expresiones «difícilmente pueden considerarse como socialmente admisibles ni tolerables», pero que tampoco pueden ser calificadas como «un discurso que propague la violencia ni promueva el odio y menos en relación con determinados colectivos perseguidos o vulnerables ni tampoco el terrorismo».
Hasta ahí todo normal. Sin embargo, el magistrado Juan Pablo González y González realiza un voto particular en el que pide condenar al tuitero de las Islas Canarias por el delito de enaltecimiento del terrorismo o, alternativamente, un delito de odio. Los argumentos utilizados por este magistrado, que firmó la sentencia condenatoria contra el rapero Valtonyc en la Audiencia Nacional, han sido los habituales en muchas de las sentencias por enaltecimiento del terrorismo que ha emitido la Audiencia Nacional en los últimos años y que han gozado de apoyo mayoritario entre magistrados.
El voto particular del magistrado González y González contradice la reciente sentencia del TEDH sobre libertad de expresión
Sin embargo, los argumentos que esgrime en el mencionado voto particular llaman especialmente la atención. Por un lado, porque contradice la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre los delitos de odio, ya que considera que «policías o banqueros» pueden ser incluidos como colectivos perseguidos; y, por otro, porque describe un escenario de violencia en España contra la Policía que difícilmente supera una comparación con la realidad.
Así, González y González señala que el tuitero debe ser condenado porque sus tuits suponen «una palmaria manifestación de odio de raíz ideológico hacia determinados colectivos, en especial policías y banqueros», y justifica que éstos suponen un delito de odio añadiendo que «si los colectivos afectados hubieran sido las mujeres, homosexuales o inmigrantes nadie hubiera cuestionado que eran manifestación de un discurso de odio».
Asimismo, el magistrado detalla que existe un «riesgo abstracto» de nuevos atentados si se tiene en cuenta el contexto en el que se producen los tuits. Ese contexto, clave en su petición de prisión, incluye el señalamiento de «atentados en entidades bancarias, que fueron atribuidos a grupos terroristas de ideología anarquista»; «numerosos actos violentos contra miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado»; «el grave atentado cometido en Madrid el 11M» y la «declaración de cese permanente de la actividad armada» por parte de ETA. Toda esta situación habría llevado al Parlamento a «la reforma de la LO 5/2015 de la Ley de Seguridad Ciudadana».
No nombra el magistrado, por ejemplo, que la propia Audiencia Nacional archivó la causa contra la presunta organización terrorista anarquista, ya que no existía, y tampoco detalla los numerosos «actos violentos» contra la Policía. El jurista Daniel Amelang, de la Red Jurídica, realiza el siguiente análisis sobre el contexto dibujado por el magistrado González y González:
«Es preocupante que el magistrado haga referencia al movimiento antidesahucios para referirse a un clima de violencia terrorista», denuncia el jurista Amelang
«Es preocupante que el magistrado haga referencia al movimiento antidesahucios para referirse a un clima de violencia terrorista. Es cierto que determinados colectivos de vivienda han logrado paralizar con éxito desahucios en los últimos años, pero las ocasiones en las que se ha usado la violencia han sido mínimas, y las ocasiones en las que esa violencia ha sido lo suficientemente grave como para considerarse ‘terrorista’, inexistentes«, denuncia Amelang, que también recuerda que la Audiencia Nacional archivó la causa «contra grupos terroristas de ideología anarquista».«Equiparar cualquier agresión al terrorismo vacía de contenido el término y termina por banalizarlo», señala el jurista.
Sin embargo, a juicio de los tres juristas contactados por este medio, lo más grave de este voto particular no es el contexto de un país violento lleno de agresiones contra policías, sino que el magistrado González y González ignore la reciente sentencia del TEDH, del 13 de marzo, que condena a España por vulnerar la libertad de expresión de dos ciudadanos catalanes. Así lo expresa el exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías:
«Lo peor de ese voto particular es que demuestra rebeldía al TEDH. El voto particular niega que sea necesario que la incitación pueda tener efectos reales para perseguirla. El juez cree que la mera adhesión o incluso la simpatía indulgente con cualquier acto cercano al terrorismo deben ser perseguidas, aunque no supongan riesgo alguno para la sociedad. Es una visión muy restrictiva de la libertad de expresión, contraria a los estándares internacionales».
«Es una visión muy restrictiva de la libertad de expresión, contraria a los estándares internacionales», denuncia Urías
La jurista penalista Isabel Elbal, especializada en analizar la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sostiene que el magistrado «se equivoca enormemente» en su voto particular ya que la mencionada sentencia del TEDH del 13 de marzo, solo dos días antes de la emisión de este voto particular, «señala claramente que el delito de odio se refiere a cuando el colectivo atacado es vulnerable o tradicionalmente discriminado y no es extrapolable a las instituciones. «Parece que para el magistrado González y González el TEDH no existe», señala Elbal.
«Que un magistrado que trabaja en la Audiencia Nacional ignore las sentencias del TEDH en su parte principal y cite solo partes que le interesan, por un lado, y, por otro, que invoque unos hechos que ya están archivados, como el presunto terrorismo anarquista, y los trate como presentes nos da una idea de lo alejado que este magistrado está de lo que debe ser la justicia y el respeto a los Derechos Humanos. No parece un representante de la justicia que emana del pueblo. Representa un pensamiento muy alejado de lo que ha de ser la justicia», señala la jurista Isabel Elbal.
La quiebra del Estado de Derecho
Los tres juristas consultados por Público también destacan la «enorme diferencia» entre los criterios de los dos magistrados que han absuelto al acusado de los de la sentencia particular. «Lo grave de este asunto es que González y González no dice nada diferente de lo que han dicho otros jueces para condenar a tuiteros», explica Joaquín Urías, que señala que este caso es un claro ejemplo de «inseguridad jurídica o, dicho de otro modo, de quiebra del Estado de Derecho».
Es decir, que por los mismos hechos e incluso por los mismos tuits, se puede ser condenado o absuelto dependiendo de quién sea el juez. «Lo que no puede ser es que los mismos hechos sean juzgados e interpretados de diferentes maneras por jueces de un mismo tribunal. No puede ser que el hecho de que la condena sea absolutoria o condenatoria dependa de la suerte que tenga el acusado con la formación del tribunal», sentencia Urías.
[47] La hepatitis C: un problema mundial de salud
El problema del acceso a medicamentos hasta hace poco tiempo se concentraba en los países en desarrollo, donde un tercio de la población mundial no tenía acceso regular a medicamentos. Los países industrializados, gracias a los seguros de salud del Estado (Europa) y privados (EE.UU.), conseguían pagar la factura farmacéutica. Actualmente, la situación en los países en desarrollo sigue siendo la misma pero la gran novedad, sin precedentes, se encuentra en los países industrializados, donde empiezan a tener dificultades para asegurar el abastecimiento de ciertos medicamentos a sus ciudadanos.
Por primera vez en la historia hay medicamentos que los países industrializados no consiguen pagarse: los nuevos medicamentos contra la hepatitis C, el sofosbuvir (y otros antivirales de acción directa conocidos como DAAs, por sus siglas en inglés) y la mayoría de los nuevos medicamentos contra el cáncer.
Cambio de paradigma en el debate del acceso a medicamentos: 2014-2018
Tres elementos marcan un cambio de paradigma en el debate sobre el acceso a medicamentos. Primero: un medicamento que cura… el sofosbuvir, contrariamente a la gran mayoría de los medicamentos puestos en el mercado en los últimos 20 años. Segundo: se comercializa a un precio que es inaccesible tanto para los países del Norte como para los del Sur, un problema mundial. Tercero: la industria farmacéutica desvincula el coste del precio y argumenta que el precio debe estar en relación con la capacidad de pago del país (1) o con el “valor” del medicamento comparado con un posible coste de un trasplante de hígado, como ha sido el caso del sofosbuvir, medicamento comercializado por la firma americana Gilead Sciences.
El modelo de negocio de la industria farmacéutica ha cambiado. En el pasado se argumentaban (a veces artificialmente) altos costes de la Investigación y el Desarrollo (I+D) para fijar altos precios y aumentar las ganancias. Actualmente, la industria farmacéutica, y este es el caso exacto de la firma Gilead, es, antes que todo, una industria financiera cuyo primer objetivo es remunerar al máximo sus accionistas, antes que cualquier preocupación por la salud pública. El precio se calcula por el “valor” estimado y argumentado por el productor o por el poder adquisitivo del comprador. La firma Gilead fijó en EE.UU. un precio de 84.000 dólares por un tratamiento de 12 semanas, argumentando que un trasplante de hígado cuesta alrededor de 100.000 dólares.
Las nuevos tratamientos (DAAs) para la hepatitis C
Hasta finales del 2013, el tratamiento estándar para la hepatitis C consistía en inyecciones de interferón pegilado durante 24 a 48 semanas, acompañado de tabletas de rivabirin 2 veces al día. Este tratamiento era costoso, tóxico, mal tolerado, complicado de administrar y con índices de curación de menos del 50% (2).
Los nuevos tratamientos DAAs fueron introducidos por las firmas Gilead Sciences y Bristol Meyer Squibb (BMS) a partir del 2014. Gilead ha patentado o solicitado patentes para el sofosbuvir, ledipasvir y el velpatasvir (3). BMS ha patentado o solicitado patentes para daclatasvir (4). Como el tratamiento en muchos casos debe incluir el sofosbuvir y el daclatasvir, esto quiere decir que hay una doble barrera, ya que son dos o más patentes pertenecientes a firmas distintas. Otras firmas transnacionales como Abbvie y Janssen han puesto en el mercado otros DAAs y otros productos se encuentran en el “pipeline” de estas y de otras firmas. Recordemos que las patentes otorgan una exclusividad de comercialización (monopolio) por un periodo de 20 años.
Los primeros tratamientos puestos en el mercado por la firma estadounidense Gilead Sciences al precio exorbitante de 84.000 dólares pusieron en evidencia que la firma buscaba ante todo “maximizar sus beneficios sin tener en cuenta las consecuencias humanas” (5). Muy pocos son los individuos o seguros nacionales de salud 014ue podrán pagar un tratamiento cuyo coste es de decenas de miles de euros, pero la lógica de los fabricantes de medicamentos consiste en priorizar el lucro antes que la vida.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (6) de octubre del 2017, de los 70 millones de personas afectadas con VHC que se estima en el mundo, solo un 13% recibieron el nuevo tratamiento de DAAs.
Como afirma el profesor Philippe Even, raros son los medicamentos lanzados por la industria farmacéutica en los últimos 20 años que curan (7). Los nuevos DAAs de administración oral son efectivos y hasta ahora parecen ser bien tolerados. La tasa de curación después de 12 semanas de tratamiento es de más del 90% (8).
El sofosbuvir: entre el montaje financiero y la salud pública
La firma Gilead no desarrolló el sofosbuvir. Este producto fue desarrollado por una pequeña empresa estadounidense, Pharmasset, que Gilead Sciences, viendo el potencial del sofosbuvir, (todavía en la fase de ensayos clínicos), compró en el 2011 con todo el portafolio de productos de esta empresa, por un valor de 11.000 millones de dólares (9). En 2013, la Food and Drug Administration (FDA) aprobó el sofosbuvir (con el nombre de marca de “sovaldi”) y en 2015 las ventas eran ya de mas de 5 billones de dólares (10).
En 2016, la firma Gilead Sciences (11) reportó ventas del sofosbuvir y otros medicamentos contra la hepatitis C de 14.800 millones de dólares que representaron más de 10.000 millones de dólares de beneficios en un solo (12).
La firma Gilead Sciences, en sus primeros dos años de comercialización del sofosbuvir, recuperó ampliamente su inversión, lo que lleva a preguntarse sobre el porqué de los veinte años de exclusividad del sistema de patentes exigido por el acuerdo sobre la propiedad intelectual (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Académicos ingleses calcularon que el coste de producción del sofosbuvir para el tratamiento de doce semanas es de 62 dólares (incluyendo ya un margen de beneficio del 50%) (13). De los 84.000 dólares por tratamiento fijados inicialmente por la firma Gilead, algunos Gobiernos han conseguido negociar los precios con grandes diferencias de un país a otro: 50.426 euros en Alemania; 28.700 euros en Francia (14); 13.000 euros en España; y 3.465 en Australia, por el tratamiento de 12 semanas (15).
¿Por qué 28.700 euros en Francia y 13.000 en España? Todo parece depender de la capacidad de negociación de cada país, y la filosofía de Gilead en su nuevo modelo de negocios es la maximización de los beneficios sin ninguna relación con los costos de la I+D. La búsqueda del precio más alto que los Gobiernos acepten pagar (así al final caigan en la cuenta de que el acceso universal no será posible a los precios que fueron negociados, como es el caso de Francia o España y otros países).
Un informe de una investigación de 18 meses de la comisión de finanzas del Senado de Estados Unidos concluye que la estrategia de Gilead es la de “maximizar sus ganancias con poca preocupación por el acceso o la asequibilidad” (16).
Para completar este escenario casi cínico sobre cómo una firma privada parece estar jugando con la sociedad y los Gobiernos, el 13 de julio de 2016, el periódico Washington Post publicaba la noticia de que Gilead estaba evadiendo el pago de impuestos en EE.UU., usando a Irlanda como paraíso fiscal, por una cantidad de 10.000 millones de dólares (17).
Es importante recordar que la firma Gilead fue la que lanzó el Tamiflu para la pandemia H1N1, y le dio la explotación en exclusividad a la firma suiza Roche. Muchos países, con la complicidad de la OMS, despilfarraron grandes sumas en un medicamento que al final los científicos calificaron de ineficaz. Nunca en la historia de la medicina moderna se habían constituido “stocks de seguridad” de tales dimensiones de un medicamento cuya eficacia no estaba comprobada.
Las licencias voluntarias concedidas por Gilead
“En noviembre de 2013 y febrero de 2014 varios grupos de interés público y algunas compañías de la India, presentaron una oposición a la aplicación de la patente presentada por Gilead. Frente al riesgo de que la India negara la patente del sofosbuvir, la firma Gilead firmó acuerdos de licencias voluntarias con once compañías de genéricos (18) de la India” (19), con la posibilidad de comercializar en una lista restrictiva de 101 países (20). Desde septiembre de 2016, el sofosbuvir “bajo licencia Gilead” se consigue en la India por 750 dólares por tratamiento, y los otros dos Harvoni y Epclusa a 900 dólares (21), en lugar de por los 84.000 dólares que cuesta en EE.UU. Esta reducción importante del precio no permite, sin embargo, el acceso a todas las personas que lo necesitan en los 101 países de la lista restrictiva. En los 94 países restantes, excluidos de la lista de Gilead, el tratamiento está lejos de poder ser accesible, incluidos los países de la Unión Europea, EE.UU e Inglaterra.
Los acuerdos de concesión de licencias voluntarias, a discreción del titular de la patente, se conciertan en general por razones estratégicas comerciales más que como un mecanismo para asegurar el acceso al mayor número de personas (22).
MSF criticó las licencias voluntarias otorgadas por Gilead en la India, señalando que las obligaciones y restricciones de estas licencias pueden socavar el acceso y excluir a millones de pacientes con VHC. En concreto, existen aproximadamente 49 millones de personas con VHC en los países en desarrollo excluidos (23). Estas licencias voluntarias otorgadas excluyen también, además de todos los países desarrollados, a 41 países de ingreso medio.
Todos los países excluidos de la licencia voluntaria de Gilead y otras firmas que lleguen a acuerdos similares, tienen opciones legales a las que pueden recurrir para poder asegurar el abastecimiento de DAAs u otro medicamento esencial que se encuentre bajo protección de patente a precios inaccesibles. Existen diferentes estrategias y medidas, perfectamente compatibles con las normas y obligaciones del comercio internacional exigidas por la OMC, que los países pueden adoptar para asegurar el acceso universal a los tratamientos de DAAs.
La adopción de criterios de patentabilidad desde una perspectiva de salud pública (24)
Es importante recordar que la patente es un derecho territorial y que, por lo tanto, puede concederse una patente de una invención en un país, pero esta puede ser legalmente rechazada en otro. Al mismo tiempo, una patente que ha sido emitida en un país puede ser revocada si se demuestra que la oficina de patentes no la tendría que haber otorgado.
La patente para el sofosbuvir ha sido rechazada en Egipto, China y Ucrania. Oposiciones de patentes se han presentado en Argentina, Brasil, Rusia, Tailandia y la UE. Malasia otorgó una licencia obligatoria a finales de 2017 y Colombia y Chile han iniciado el proceso que podría conducirles a una licencia obligatoria.
Es importante también señalar que, en el campo farmacéutico, la situación no es un producto, una patente. Una invención puede estar protegida por varias patentes, y el proceso de producción del producto puede a su vez estar protegido por una o varias patentes. Según un estudio de la OMS (25), el sofosbuvir es objeto de 21 tipos distintos de patentes.
En principio, el sistema de patentes fue concebido para asegurar que el público se beneficiase de las invenciones. Actualmente, un gran número de personas que viven en los países en desarrollo no solo no se benefician sino que, en muchos de ellos, las patentes representan una barrera para el acceso a medicamentos que pueden salvarles la vida. Simplemente porque la lógica comercial prevalece al derecho del acceso a la salud.
En virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, los criterios de patentabilidad utilizados por las oficinas nacionales de propiedad intelectual exigen que un producto o proceso de fabricación reúna las condiciones necesarias para recibir protección mediante patente, a saber: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial (utilidad). Estos tres elementos, sin embargo, no están definidos en el acuerdo sobre los ADPIC y los países miembros de la OMC poseen libertad para definirlos de una manera coherente con los objetivos de salud pública marcados por cada país.
Según el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Salud “los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC para otorgar patentes –novedad, actividad inventiva y aplicación industrial– están abiertos a la interpretación en la legislación nacional y cada país puede decidir de acuerdo a sus condiciones locales. En consecuencia, el Alto Comisionado recomienda que se interpreten estos requisitos de manera que no se pierda de vista el interés público y la amplia diseminación del conocimiento…” (26).
Licencias obligatorias
El artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC permite expresamente la concesión de licencias obligatorias. El Acuerdo no limita en modo alguno las condiciones de concesión de esas licencias. El derecho de los miembros a determinar esos términos quedó confirmado por la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública (noviembre de 2001).
La mayoría de los nuevos medicamentos para el VHC tienen costes de producción bajos, las compañías farmacéuticas podrían generar altos beneficios si se decidieran a vender grandes cantidades a precios razonables.
Raras veces en la historia reciente de la medicina nos encontramos con la posibilidad de eliminar una enfermedad mortal. Este es el caso del VHC, pero el modelo de negocio de la industria farmacéutica hace pasar por encima sus intereses de lucro antes que la vida de las personas. Al permitir este atropello, los Gobiernos son cómplices y estarían protegiendo los beneficios financieros de empresas privadas antes que la vida de sus ciudadanos.
¿A qué esperan los Gobiernos para aplicar los mecanismos acordados y adoptados por ellos mismos en el foro multilateral de la OMC, como son las licencias obligatorias que en este caso podrían salvar millones de vidas?
© LMD EN ESPAÑOL
NOTAS:
(1) Cfr. Pratap Chatterjee, Gilead Sciences Under Investigation for Over Charging for Hepatitis C Pil, http://www.corpwatch.org/article.php?id=15964.
(2) Manns MP, Wedemeyer H, Cornberg M. Treating viral hepatitis C: efficacy, side effects, and complications, Gut 2006;55(9):1350-9.
(3) Gilead Sciences, 2016 http://investors.gilead. com/phoenix.zhtml?c=69964&p=irol-irhome.
(4) MSF briefing, https://www.msfaccess.org/sites/ default/files/MSF_assets/HepC/Docs/HepC_brief_ OvercomingbarriersToAccess_ENG_2015.pdf.
(5) Alonso-Zaldívar, R, Maker of $ 1.000 hepatitis C pill was focused on profits, not patients, report finds PBS, Washington DC, https://www.pbs.org/newshour/ health/maker-of-1000-hepatitis-c-pill-was-focused-on-profits-not-patients-report-finds
(6) WHOFact Sheet, 2016 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/es/ç
(7) Even Philippe, Le guide de médicaments utiles, inutiles ou dangereux, Le Nouvel Observateur, París, septiembre de 2012, p. 81.
(8) Pawlotsky JM, New hepatitis C therapies: the toolbox, strategies, and challenges: Gastroenterology, 2014:146(5):1176-92.
(9) Foster City, Calif. y Princeton, N.J., Gilead Sciences to Acquire Pharmas, set, Inc. for $11 Billion, Releasee3b7500d-8c37-4b5c-9bf7-3531fea4714d_ 1632335.pdf.
(10) Jea Yu, “Gilead’s 3 Most Profitable Lines of Business (GILD)”, Investopedia, 2016, https://www.investopedia.com/articles/active-trading/030616/gileads-3-most-profitable-lines-business-gild.asp.
(11) Gilead Press Releases, febrero de 2017, http://www.gilead.com/news/press-releases/2017/2/gilead-sciences-announces-fourth-quarter-and-full-year-2016-financial-results.
(12) El precio de venta es 1400 veces mayor que el coste de desarrollo y producción.
(13) Gotham D, Barber M, Fortunak J, Pozniak A, Hill A., Abstract number A-792-0516-01639, presentado en AIDS2016, Durban.
(14) El 17 de marzo de 2017, el Gobierno francés anunció una nueva reducción a 28.700 euros por el tratamiento de 12 semanas, precio que sigue siendo más del doble de lo que paga España. Soins: le prix des médicaments contre l’hépatite C va baisser. http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/soins-le-prix-des-medicaments-contre-l-hepatite-c-va-baisser-31-03-2017-6812619.php
(15) Precio del tratamiento de 12 semanas.
(16) Committee on Finance United States Senate, The price of sovaldi and its impact on the U.S. care system, diciembre de 2015. https://www.finance. senate.gov/imo/media/doc/1%20The%20Price%20of%20Sovaldi%20and%20Its%20Impact%20on%20the%20U.S.%20Health%20Care%20System%20(Full%20Report).pdf
(17) Richard Smallteacher, Gilead Avoided $10 Billion In Taxes On Over Priced Hepatitis C Drugs, http://www.corpwatch.org/article.php/article.php?id=16083
(18) Las once compañías son: Aurobindo Pharma Ltd., Biocon Limited, Natco Pharma Ltd., Cadila Healthcare Ltd., Ranbaxy Laboratories Ltd., Sequent Scientific Ltd., Strides Arcolab Ltd., Cipla Ltd., Hetero Labs Ltd., Laurus Labs Pvt. Ltd, Mylan Laboratories Ltd.
(19) MSF Access Campaign, Access to Sofosbuvir, Ledipasvir and Velpatasvir analysis & key recommendations on Gilead voluntary licence, marzo de 2015.
(20) MSF briefing, https://www.msfaccess.org/sites/default/files/MSF_assets/HepC/Docs/HepC_brief_OvercomingbarriersToAccess_ENG_2015.pdf
(21) http://www.gilead.com/~/media/files/pdfs/ other/chronic%20hepatitis%20c%20medicines%20pricing%20-%20september%202016.pdf
(22) Velasquez, G., Correa C., Weisman R., Mecanismos de contención de costo de medicamentos esenciales, incluidos antiretrovirales, en la R.P. de China, Serie Economía de la Salud y Medicamentos, n.º 13, WHO/EDM/PAR/2003.6.
(23) Ídem.
(24) Cfr. Velasquez, G., Pautas de patentabilidad y el acceso a medicamentos, Documento de Investigación del Centro Sur, n.º 61, marzo de 2015.
(25) WHO, Patent situation of key products for treatment of hepatitis C: Sofosbuvir, Ginebra, marzo de 2015.
(26) The impact of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights on human rights: Report of the High Commissioner, E/CN.4/Sub.2/2001/13, 27 de junio de 2001, p. 62.
[48] Ética y Universidad
Por Carlos Berzosa
En un periodo corto de tiempo la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se ha visto envuelta en dos escándalos de suma gravedad: el plagio del Rector y el máster fantasma de Cristina Cifuentes. Ante este segundo caso espero, ya que no lo hicieron en el primero, que los órganos rectores de la universidad, así como el profesorado, personal de administración y servicios y estudiantes, reaccionen para salvar el nombre de esta universidad. En el primer caso, la reacción fue muy débil, salvo la de los estudiantes. Me llamó la atención el silencio, salvo honrosas excepciones, de la mayor parte de los profesores. El silencio te hace cómplice de unos hechos irregulares y posiblemente delictivos. En el segundo caso, la reacción de parte de los profesores y estudiantes ha sido mayor, pero aun así me parece insuficiente.
Como universitario he sentido una gran indignación con estos dos escándalos y también con las explicaciones que se han dado en ambos casos y la escasa reacción del mundo universitario. Llevo en la Universidad más de cuarenta años con dedicación a tiempo completo. He sido ayudante, encargado de curso, adjunto interino, adjunto (posteriormente profesor titular con el cambio de denominación que introdujo la ley de reforma universitaria del primer gobierno socialista), y finalmente catedrático. He desempeñado los cargos de secretario de departamento, director, vicedecano, decano (1984-1998) de la facultad de ciencias económicas y empresariales de la Universidad Complutense, y Rector de esta universidad (2003-2011). Ahora ya jubilado sigo como catedrático emérito. He dedicado como se ve toda una vida a la universidad y me encuentro muy satisfecho con esta gran experiencia.
Tras esta larga trayectoria se comprenderá la razón de mi gran indignación. Manchar de esta forma a la universidad me parece grave. Pero lo que me ha resultado a su vez irritante han sido las explicaciones dadas por el rector de la URJC en su primera comparecencia pública. Una rueda de prensa y unas palabras impropias de un rector. Cuando las escuché no daba crédito. Un rector que se atrevía a afirmar que no había habido irregularidades y que todo se debía a un error en la transcripción informática. Antes se echaba culpa a la secretaria de los errores y ahora a la informática. A su vez se contradecía con la versión dada por la portavoz de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ha tenido que rectificar encargando una investigación. No se sabe muy bien por qué se precipitó en la primera rueda de prensa y qué es lo que le ha conducido a rectificar. En razón de la transparencia no estaría de más que lo aclarase.
Ahora bien, si estas declaraciones fueron absolutamente inadecuadas, las que ha hecho en la SER el Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid y profesor de la URJC han sido delirantes. ¿A quién quiere engañar? No se da cuenta de que muchos de los que le hemos escuchado somos profesores de universidad y que no podemos dar crédito a su palabras. Las cosas no funcionan ni como dijo el rector ni como ha declarado en una entrevista el Consejero. Por si fuera poco el presidente de gobierno va y dice” que esto es una polémica estéril. O sea, ¿Qué se conceda un título de máster posiblemente falsificado a la presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene importancia? Esto es uninsulto a los universitarios y muestra el escaso valor que le concede a esta institución.
Señor presidente del gobierno, los cursos de posgrado son caros y suponen un gran esfuerzo económico para las familias o a los propios estudiantes. Requiere tiempo, trabajo y esfuerzo. Soy profesor de un máster y se lo puedo asegurar. No se regalan las calificaciones. Los trabajos fin de máster son rigurosos y ha requerido muchas horas su elaboración. No puede usted minimizar el problema ni desvalorizar de esta manera las titulaciones universitarias.
Tal como se han desarrollado las informaciones, lo que queda claro es que la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no tiene ninguna salida. No se me ocurre qué puede justificar en la comparecencia de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Son demasiadas las irregularidades puestas de manifiesto. Desde el primer momento, habida cuenta de las reacciones que se produjeron, me di cuenta de que la información era cierta y así se lo manifesté a algún periodista que me preguntó. Luego ya las siguientes han sido totalmente contundentes. Hay que felicitar a la periodista y al diario.es por esta información tan completa y sustentada en datos difícilmente rebatibles.
Esto es grave para la Presidenta y para la URJC. Lo que resulta de todo ello es la falta de ética de los profesores implicados, autoridades académicas y políticas que tratan de justificar lo injustificable. La política sin ética no es política, decía mi compañero y amigo Fernández Buey. Añado, la universidad sin ética no es universidad.
[49] LEY DE CONCURSO DE ACREEDORES: EL AMPARO JUDICIAL PARA ROBAR A LOS TRABAJADORES
«Constituye una de las mayores violaciones en materia de derecho laboral»
La actual ley de concurso de acreedores, reformada el pasado año 2015, es una de las mayores violaciones en materia de derecho laboral que este gobierno ha cometido contra los trabajadores. Aunque en su texto justificativo la ley dice literalmente “la continuidad de las empresas económicamente viables es beneficiosa no sólo para las propias empresas, sino para la economía en general y, muy en especial, para el mantenimiento del empleo”, en los tres años que la ley lleva funcionando no ha servido para otra cosa que para que empresarios desalmados y administradores corruptos dejen de cumplir con sus obligaciones laborales y se queden con el dinero de de los salarios que corresponde a sus trabajadores.
Cientos de empresas se han acogido a esta pervertida ley para dejar de pagar los sueldos de sus trabajadores, seguir funcionando como entidad empresarial y acumular beneficios ilícitos que, en su mayor parte, se convierten en dinero negro o van a parar a paraísos fiscales y cuentas bancarias opacas en el extranjero. El concurso de acreedores es en realidad un concurso de empresarios corruptos a los que la ley les ha garantizado perpetuar el injustificable impago de salarios a sus trabajadores. Todas aquellas empresas que hasta la fecha se han acogido a esta obscena ley, gozan ahora de impunidad judicial para seguir cometiendo todos sus incalificables delitos.
Una ley que ampara a los estafadores
Desde el punto de vista económico, resulta literalmente aberrante que el Estado ampare a una empresa que, mientras sigue desarrollando su actividad y acumulando ganancias, interrumpa el pago de salarios a sus trabajadores. A esto se le llama impago en el código penal y es lo que abiertamente ampara la ley de concurso de acreedores.
La empresa que, declarada en quiebra, se acoge a esta ley, sigue generando beneficios económicos, beneficios que nunca se utilizan para pagar los salarios debidos a los trabajadores, sino que se quedan en manos de la empresa declarada en quiebra y de sus supuestos acreedores. Sujeto a una suspensión de pagos y sin cobrar su sueldo, al trabajador asalariado sólo le queda recurrir a la vía judicial para reclamar lo que la empresa le está debiendo.
Complicidad de los jueces
Los magistrados aquí cumplen fielmente con su función: un eslabón primordial en la cadena de la estafa que se comete contra el trabajador. Cuando la empresa es llevada a juicio, sus representantes ni siquiera niegan el impago (la deuda que mantiene con sus trabajadores); sus despreciables abogados se limitan a exhibir la ley de concurso de acreedores a que está sujeta la empresa ante el juez y a salir por donde han venido, con la despreciable sonrisa de complicidad delestafador de “guante blanco”, amparado protegido por sus sistema judicial aberrante como es el nuestro. La sumisión de los jueces a esta inmunda ley es tal, que, a veces, ni tan siquiera llegan a celebrar el juicio: emiten sentencia dictaminando que condenan a la empresa al pago de la cantidad debida y dan por cumplida su parte en el fraudulento trato mantenido con este tipo de depravados empresarios.
Cuando el trabajador pide le ejecución de esta sentencia, el juez de turno se limita a repetirle en un edicto el argumento de que la empresa se encuentra descapitalizada y acogida a la ley de concurso de acreedores. En realidad, la empresa sigue funcionando y generando beneficios, sólo que en virtud de esta degenerada ley, los beneficios van a parar íntegramente al bolsillo del empresario. Aún así, emitiendo una no menos pervertida y vergonzosa orden judicial (otras veces la llaman edicto y otras mandato) el juez miente explícitamente, declarando que el empresario no tiene ningún capital ni bienes a los que recurrir para hacer cumplir la sentencia; lo que es falso, pero con esta infame maniobra judicial, los jueces amparan la estafa contra el desamparado trabajador, confirman la complicidad de la justicia con los canallas empresarios y dejan al asalariado sin cobrar los sueldos que se le adeudan.
De esta forma, actuando con absoluta impunidad y liberados de la carga de pagar ni tan siquiera los sueldos de sus trabajadores, los empresarios se ven en una situación absolutamente privilegiada, ya que no tienen no tienen ningún gasto y todo son beneficios. Su negocio ha sido tocado por la mano divina de un Estado nauseabundo que ampara sus delitos y le garantiza impunidad para no cumplir ninguno de los compromisos económicos que mantiene con sus trabajadores.
La ley de concurso de acreedores es una ley que, como ninguna otra antes, legaliza una estafa criminal e inadmisible en cualquier sistema económico: negar el derecho básico que todo trabajador a cobrar su salario.
MC Ediciones, la impunidad de una editora
Veamos un ejemplo descriptivo de cómo una empresa española se ha acogido a esta ley para no pagar los salarios a sus trabajadores. La empresa MC Edicionesedita en la actualidad -y mantiene en el mercado- cerca de setenta publicaciones de todo tipo, desde temas de música y misterio a gastronomía y salud (entre ellas Penthouse, Integral, Alta Fidelidad, Heavy Rock, DT, Cocina vegetariana, FHM, Stuff, Casa Viva, Casa y jardin, Vivir en el campo, Proyecto contract, Postres thermomix, Todo perros, Meta hammer, Clio, Horoscopos, Más Allá, Qué leer…).
A pesar de que sus mismos propietarios aseguran que la viabilidad del negocio está garantizada, la empresa MC Ediciones lleva, avalada por su inserción en la ley de concurso de acreedores, más de cinco años debiendo sus salarios a los trabajadores. Entre otras empresas extranjeras que se benefician de la declaración de concurso de acreedores, está la editorial suiza Edipresse Group, filial y colaboradora de MC Ediciones. De momento, no se plantean la posibilidad de cerrar cabeceras. Su intención es continuar estafando a una plantilla de trabajadores que ronda las 150 personas.
A raíz de acogerse a la ley de concurso de acreedores, MC Ediciones, con sede en Barcelona, quedó en manos de un administrador concursal que analiza las condiciones económicas y la viabilidad del negocio hasta que se implementen las medidas necesarias para solucionar los problemas financieros. Una de las secciones más perjudicadas por el concurso de acreedores han sido las redacciones de las revistas que publica, abastecidas en su mayor parte porcolaboradores (freelance) y que llevan desde hace más de tres años sin cobrar ninguna de sus colaboraciones. Obligada por ley a hacer públicas y sacar a la luz todas sus fraudulentas maniobras económicas, MC Ediciones se parapeta tras una página web opaca que tiene el acceso restringido.
Isidre Tutusaus, el “master mind” de MC EDICIONES
Como toda estafa colectiva, detrás de los directivos de la empresa MC Ediciones se encuentra una mente brillante que ha sabido diseñar el fraude, dándole forma legal y manteniendo intocable la pervertida dirección administrativa que dejó a sus trabajadores sin salarios, sin puesto de trabajo y, en la mayor parte de los casos, con deudas inadmisibles. Se trata del administrador de la empresa Isidre Tutusaus, el hombre de paja de MC Ediciones que, aun representando a los socios propietarios de la compañía, se ha negado a responder a las preguntas que se le formularon sobre el estado económico de la empresa.
Este administrador se negó igualmente a tasar el monto total de las deudas que MC Ediciones mantiene con sus trabajadores, así como a confirmar cuantos son los trabajadores afectados, ni qué cantidad se les adeuda, ni qué hace la empresa con las ganancias que consigue de las nada despreciables ventas de todos sus ejemplares (de periodicidad mensual) y con los no menos despreciables ingresos que le llueven de la copiosa publicidad que incluye en sus páginas. Despreciando igualmente las peticiones de información económica, financiera y laboral que se le hicieron, Isidre Tutusaus se ha negado también a reconocer que los ingresos actuales de MC Ediciones superan con creces el millón de euros al mes.
[50] Dos fondos de EE UU abren una causa contra el Santander en Nueva York para pedir información sobre Popular
Pimco y Anchorage perdieron 600 millones de euros en la adjudicación de Popular a Santander por un euro
Estas dos entidades, junto con otros inversores, ya interpusieron una demanda contencioso administrativa contra el FROB en la Audiencia Nacional
Los fondos de inversión Pimco y Anchorage Capital han comenzado un proceso legal en Estados Unidos para obtener documentación clave sobre la resolución de Banco Popular y su posterior compra por Banco Santander al precio simbólico de un euro.
Este procedimiento, presentado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York el pasado martes y al que ha tenido acceso Europa Press, se conoce como ‘Discovery’ y permite a los demandantes solicitar pruebas sobre una causa legal abierta en el extranjero siempre que el demandado tenga presencia en Estados Unidos y se considere que ostenta documentación relevante.
Los fondos, representados por el despacho Quinn Emanuel, buscan obtener mediante este proceso documentación relevante sobre la resolución de Banco Popular que permita sustentar las causas que mantienen abiertas ante la Justicia de la Unión Europea y de España.
De hecho, Pimco y Anchorage, que perdieron más de 600 millones de euros con la resolución de Banco Popular, realizan 26 solicitudes de informacón sobre diversos aspectos de la resolución entre las que se incluyen las valoraciones de Popular realizadas por Santander, la documentación relacionada con las peticiones de la Asistencia de Liquidez de Emergencia (ELA) y las comunicaciones entre los presidentes de ambas entidades relativas al proceso de negociación, así como el tercer informe de Deloitte –que determinará si los accionistas y bonistas hubieran sufrido un menor perjuicio bajo un procedimiento habitual de insolvencia–.
«Santander posee información material sobre la venta forzosa de Banco Popular que es de importancia crítica para los procedimientos legales en Europa», aseguran en su escrito ante la Justicia norteamericana Pimco y Anchorage.
En concreto, Pimco disponía de bonos de Popular con un valor aproximado de 489,2 millones de euros, mientras que Anchorage ostentaba unos 154,7 millones de euros en bonos.
Estas dos firmas, junto con Algebris, Ronit Capital y Cairn Capital, bonistas de Popular, interpusieron el pasado mes de septiembre un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por su papel en la resolución de la entidad.
«Santander es el principal beneficiario de la resolución del Banco Popular, y por ello es lógico que se les exija divulgar los documentos clave sobre su participación en la compra del Popular, la cual a su vez provocó la pérdida de las inversiones de nuestros clientes», explica el socio director del bufete legal Quinn Emanuel, Richard East, quien considera «fundamental» el acceso a esta información para que los procesos legales en marcha, que no están dirigidos contra Santander, sean «justos, equitativos y transparentes».
El grupo de inversores mexicanos de Banco Popular que lidera Antonio del Valle, que registró pérdidas de 470 millones de euros con la resolución de la entidad, comenzó este mismo procedimiento el pasado 6 de marzo, también ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York.
[51] La Audiencia Nacional deja en libertad a Falciani pero le somete a una estricta vigilancia
Por Pedro Águeda
El ingeniero informático no podrá salir de la localidad española en la que reside sin comunicárselo a un juez y la policía municipal vigilará su domicilio
La Fiscalía había pedido que ingresara en prisión mientras se estudia el expediente y se resuelve la petición de extradición de Suiza
El Ministerio Público se opuso en 2013 a entregar a Falciani por unos hechos que son los mismos por los que ahora le vuelve a reclamar el país helvético
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha dejado en libertad a Herve Falciani con estrictas medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España, comparecencias semanales en el juzgado y que comunique cualquier desplazamiento de la localidad española en la que reside, aunque sea un desplazamiento nacional, para que un juez lo autorice.
El magistrado oficia también al alcalde de su lugar de residencia para que la Policía Municipal realice «una vigilancia diaria» de su domicilio. De Egea remacha con una orden para que los embajadores de Francia e Italia en España para que «no remuevan ni faciliten ningún documento que permita la salida de España del reclamado». Falciani tiene doble nacionalidad franco-italiana.
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, había solicitado prisión incondicional para Hervé Falciani mientras se resuelve la petición de extradición de Suiza. En el caso de no ser acordada, el fiscal había pedido que se acordaran medidas cautelares, según asegura la nota de la Fiscalía. Sin embargo, el auto del juez solo recoge una única petición de la Fiscalía, la prisión incondicional.
En su auto, el juez De Ega -que hace labores de apoyo en el Juzgado Central de Instrucción número 6- recuerda que un auto del 8 de mayo de 2013 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya rechazó la extradición a Suiza de Falciani. Por esta circunstancia, sumada a que el el ingeniero informático tiene domicilio en España, «procede por lo tanto la libertad provisional con las medidas de carácter cautelar» que se mencionan, dice en su resolución razonada.
El fiscal Carballo había alegado ante Falciani, su defensa y el juez Diego de Egea que existe riesgo de fuga del ingeniero informático y la necesidad de estudiar el expediente. Falciani tiene comunicado un domicilio en España, según su defensa. En caso de que el juez no dictara prisión, el fiscal ha propuesto otras medidas cautelares, que pueden ser comparecencias en el juzgado o retirada de pasaporte.
El letrado Manuel Ollé, que ha asistido a Falciani, ha recordado al juez que su defendido ha colaborado intensamente con las «administraciones». Entre estas, y según trascendió en su momento, está la propia Fiscalía Anticorrupción.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional trasladó a los medios en la tarde del miércoles que, sin entrar al fondo del asunto, parecía que los hechos por los que Suiza reclama a Falciani son «cosa juzgada», esto es, que coinciden con los mismos que fueron analizados en 2013. La Audiencia Nacional, de acuerdo con la Fiscalía de la que ahora Carballo es su número dos, apoyó entonces que no fuera entregado.
En un comunicado hecho público esta mañana, la Fiscalía dice que hay «una novedad» respecto a 2013 y es que «la reciente OID suiza genera un riesgo de fuga hasta ahora inexistente en persona con acreditada capacidad de eludir la acción de la Justicia y de nacionalidad no española».
«Dada la complejidad del asunto, (es necesario) estudiar en profundidad la documentación extradicional una vez que se cuente con ella, la cual, es la que determina auténticamente el objeto de la reclamación. Otra decisión puede resultar precipitada dado que las autoridades suizas solicitan colaboración para ejecutar una pena de entidad», añade la nota.
La orden de detención emitida por la Confederación Helvética está motivada porque desde el 2 de mayo de 2016 hay una sentencia firme contra Falciani, que tuvo que ser juzgado y condenado en rebeldía a cinco años de cárcel por espionaje industrial. El experto informático fue detenido en la tarde del miércoles en Madrid cuando se disponía a participar en un acto en la Universidad de Comillas.
Suiza dictó una orden de detención casi un año después, el 24 de febrero, y su oficina policial la cursó a todos los países del espacio Schengen el 3 de mayo de 2017 a las 15 horas, 46 minutos y 52 segundos, según consta en un documento de la oficina de cooperación internacional de la Policía española, Sirene, al que ha tenido acceso eldiario.es. En ese mismo documento figura a pie de página: “Fecha de emisión: 19/03/2018”.
Un portavoz del Ministerio del Interior asegura que esa es la fecha en la que se recibió en España la orden internacional de detención. El Departamento Federal de Justicia de Suiza ha confirmado este jueves a Efe que la fecha difusión de la orden internacional es del 3 de mayo de 2017.
La fecha en la que España recibe la orden de detención y decide ejecutarla cobra más relevancia si se atiende a las especulaciones que la detención de Falciani, un aliado de la justicia española y de Hacienda, tuviera que ver con el deseo de las autoridades españolas de que Anna Gabriel y Marta Rovira sean extraditadas desde Suiza. La información facilitada por Falciani sobre las cuentas del HSBC, el banco en el que trabajaba en Suiza, han permitido a España recuperar 300 millones de euros defraudados al fisco y peseguir a 659 personas.
[52] Narbona y otros tres exministros, citados para dar explicaciones sobre la financiación del PSPV
Por ABC
El PP llama también al Senado al líder de los socialistas valencianos en la etapa que investigan cuatro juzgados
El PP interrogará en el Senado a la actual presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y a otros tres exministros, dos de ellos bajo el mandado de José Luis Rodríguez Zapatero-Beatriz Corredor y Bernat Soria-, así como de Carmen Alborch, para indagar sobre la supuesta financiación ilegal del PSPV entre 2007 y 2011, que conforme ha venido informando ABC se investiga en cuatro juzgados de Madrid, Benidorm y Gandía.
Carmen Alborch, exministra de Cultura a las órdenes de Felipe González, concurrió a las elecciones municipales como cabeza de lista del PSPV en las elecciones de 2007.
El resto de exministros firmaron contratos con Crespo Gomar, la empresa de comunicación y marketing afín a los socialistas valencianos considerada como el epicentro de la trama de acuerdo con los investigadores, por un monto global cercano a los tres millones de euros
Además, el grupo popular convocará a la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos de la Cámara Alta al que fue secretario general del PSPV-PSOE hasta 2007, Joan Ignasi Pla, y a varios cargos del actual Ejecutivo socialista presidido por Ximo Puig, como su asesor José Manuel Orengo, exalcalde de Gandía, o el secretario autonómico de Educación, Miquel Soler.
Estos dirigentes y exdirigentes socialistas figuran en una lista de veinte nuevas comparecencias que el PP ha registrado este viernes en el Senado y en la que también figuran cargos de Compromís, como el administrador de la coalición, Miquel Aleixit, o el miembro de su Ejecutiva, Miquel Real, ya que las investigaciones se refieren a la presunta financiación ilegal del Bloc y el PSPV de 2007 a 2011.
El portavoz del PP en la comisión de investigación, Luis Aznar, ya había anunciado la intención de su grupo, que maneja en solitario este órgano parlamentario, de estudiar «en profundidad» este asunto que en las últimas semanas ha cobrado protagonismo judicial y sobre el que los populares estaban «tras la pista» hace tiempo.
Conforme publicó este periódico el jueves, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adjudicó un contrato de 200.000 euros a Crespo Gomar, la empresa investigada como el epicentro de la presunta financiación ilegal del PSPV-PSOE y el Bloc entre los años 2007 y 2011, primando la valoración de las propuestas «creativas» a pesar de que su propuesta económica no se encontraba entre las nueve mejores de las diecisiete firmas que optaron a la licitación, de acuerdo con la resolución del concurso a la que ha tenido acceso ABC.
Los contratos que recibió la sociedad durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero se investigan en dos juzgados de Madrid. En total, se trata de siete adjudicaciones por cerca de tres millones de euros. El de mayor cuantía fue tramitada por el Ministerio de Sanidad a través de la dirección general de Consumo, dirigida por Etelvina Andreu, y superó los dos millones de euros. El ministro era entonces Bernat Soria.
Entre ellos también se encuentran dos del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Cristina Narbona: uno de AquaMed para la campaña de la desalinizadora de Torrevieja por 600.000 euros y otro de Aguas del Júcar por 234.700 euros para un plan de comunicación sobre infraestructuras hidráulicas en 2005.
A ellos se añaden un contrato del Ministerio de Vivienda en 2008 bajo el mandato de Beatriz Corredor para la difusión de los contenidos del Plan de Vivienda por 126.208 euros y el citado del departamento de Sanidad en el mismo año por 200.000 euros para promover el consumo responsable entre la población.
[53] Hablemos de la universidad
Por JOSÉ ANTONIO PÉREZ TAPIAS
No podemos dejar que nuestras universidades vengan a ser supermercados de títulos, productoras de resultados transferibles a un mundo empresarial que utiliza lo público para engrosar sus cuentas privadas
Quiero hablar de la universidad y lo voy a hacer conversando con quienes leáis estas líneas. No quiero hablar de la persona que pretende engañar a todo un país sobre el título académico que consiguió de la forma más artera, cometiendo irregularidades, provocando complicidades incluso presuntamente delictivas, consiguiendo un injusto trato de favor por parte de profesores y personal administrativo, falseando documentos públicos, riéndose en la cara de quienes tenían que cursar con todo su esfuerzo esos mismos estudios; abusando de su poder convirtiendo su relevante puesto político en posición de dominio, consiguiendo el amparo del partido político al que pertenece y que, en medio de la putrefacción de un caso de descarada corrupción, le jalea y aplaude… No quiero hablar de esa persona, ni siquiera mencionando su nombre. Su comportamiento es tan indigno que está condenada a no ser (políticamente) nadie, por mucho que trate de esquivar las críticas en la prensa, las preguntas parlamentarias, las comisiones de investigación, las mociones de censura… Y la universidad como institución, para más señas la universidad pública, que por ella se ve maltratada, denostada, acusada y reducida a ser el basurero de su miseria –y estercolero del partido que groseramente instrumentaliza la institución universitaria-, aun con todo, sobrevivirá, resistirá, seguirá adelante con su vocación milenaria. Por eso merece la pena que hablemos de la universidad.
Pero no quiero hablar de quien no tiene reparos a la hora de desprestigiar a la universidad con tal de salvar su puesto. Y eso que la universidad que hoy conocemos no es ningún idílico lugar donde florezcan a diario, sin mezcla de malas hierbas, las semillas del saber. Sabemos bien que es un territorio complejo donde se dan conflictos de poder, desigualdades injustificables y situaciones de clamorosa precariedad, ofensiva jerarquización de saberes y acceso discriminatorio a recursos, corruptelas e irregularidades varias…, como en tantas instituciones públicas donde entran, salen, viven y actúan cientos de miles de personas, como es el caso del sistema universitario español. Pero las universidades en que nos movemos muchos de nosotros son, a la vez, el espacio en que enseñamos y aprendemos, investigamos y publicamos, convivimos y trabajamos. No es un ámbito cerrado, aunque algo tiene de microcosmos. Por el contrario, es espacio poroso, abierto a la sociedad a la que se debe y empapado de la cultura que desde ese mismo espacio se recrea. En sus recorridos, como en todos los de las historias humanas, la universidad se muestra ambigua en tanto ella no se libra de que el terreno académico sea también terreno donde crecen juntos el trigo y la cizaña. Sí es verdad que la institución universitaria cuenta con medios para ir potenciando el crecimiento de lo que ha de suponer una buena cosecha, mientras que mantiene a raya las malas hierbas, a veces incluso plantas venenosas, que pueden agostar su territorio.
LA UNIVERSIDAD SE MUESTRA AMBIGUA EN TANTO ELLA NO SE LIBRA DE QUE EL TERRENO ACADÉMICO SEA TAMBIÉN TERRENO DONDE CRECEN JUNTOS EL TRIGO Y LA CIZAÑA
Me resisto a hablar de quien a la vista de todos quiere humillar a la universidad, al profesorado y a sus estudiantes, a todo su personal de administración y servicios. Y sé que las universidades, las que de hecho existen –hablamos de las que lo son de verdad, es decir, seriamente, en ningún modo asimilables a los negocietes que tanto proliferan para mercadear con ciertas enseñanzas–, han de mantenerse ciertamente vigilantes si quieren ser resistentes. Es más, tienen que organizar las resistencias, pues a la vista está que el enemigo se les puede colar dentro y activar dinámicas muy destructivas. Las universidades, como organismos vivos, tienen que vacunarse contra el dogmatismo y las tentaciones fundamentalistas que proliferan en tiempos convulsos, como de igual manera han de recurrir constantemente a antídotos para contrarrestar las derivas autoritarias, elitistas, economicistas, antidemocráticas o de resabios patriarcalistas que puede inducir el clima imperante en el entorno social. Sin tales vacunas y antídotos, la universidad como tal puede fallar en la condición sine qua non para ejercer su misión –algo que implica más que una función (social)–: el espíritu crítico, sin el cual se bloquea la producción de saber y se ve viciada la transmisión del mismo.
No merece la pena hablar de quien pretende que la universidad calle, que transija con sus desmanes, que doble la cerviz ante su cínica insolencia. Y no quiero porque el espíritu crítico, que para la universidad es su oxígeno, es incompatible con las mordazas. La universidad es espacio de libre pensamiento y de libre expresión, de libertad de palabra y de diálogo abierto. La universidad no puede ser lugar de silencios impuestos, de sumisiones y servidumbres. Y sin embargo… Sí, hay que luchar sin descanso contra las apetencias de quienes mandan por controlar, someter, domeñar a las universidades, sea desde la política, sea desde la economía, sea desde poderes económicos que a su vez tienen subyugados al poder político.
LAS UNIVERSIDADES, COMO ORGANISMOS VIVOS, TIENEN QUE VACUNARSE CONTRA EL DOGMATISMO Y LAS TENTACIONES FUNDAMENTALISTAS QUE PROLIFERAN EN TIEMPOS CONVULSOS
No quiero dedicar palabras a quien vende su honestidad por las lentejas de un título académico como objeto de compraventa a guisa de llave multiuso para futuras puertas giratorias. Y no se me escapa que las universidades nuestras han entrado por las horcas caudinas de una mercantilización de su quehacer que pone en peligro su misma producción y transmisión de saberes, toda vez, además, que desde un mercado en el que todo valor se reduce a precio, no cabe esa sabiduría de la dignidad humana que hace de la universidad ese espacio donde es posible aún hablar de verdad con sentido. No podemos dejar que nuestras universidades vengan a ser supermercados de títulos, meras troqueladoras de supuestas competencias, deshumanizadas canchas de competitividad desaforada o sólo productoras de resultados transferibles a un mundo empresarial que utiliza lo público para engrosar sus cuentas privadas.
Hay mucha indignación provocada por quien creyó que una universidad al alcance de su mangoneo era, como ya hizo con otras, una empresa –pública, es decir, pagada por todos- para sacarle rendimiento en beneficio propio. No quería hablar de esa persona, pero me ha sido imposible, por más que no haya dicho su nombre –lo cual, ciertamente, no hacía falta–. Pido mis disculpas. De verdad que quería que hablásemos de la universidad.
[54] Manual para hacer el ridículo
Han tenido que venir tres jueces alemanes a mostrarnos aquello de que la ley ha de ser el cauce sobre el que discurren los hechos, y que modificarlos a capricho arruina cualquier expectativa de justicia. Lo que ha dictaminado la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein al declarar inadmisible el delito de rebelión por el que el Tribunal Supremo pedía la extradición de Puigdemont es la aplicación práctica de aquella memorable frase de Rajoy según la cual un plato es un plato y un vaso es un vaso. Así, la violencia es violencia, pero sólo cuando se produce y no cuando se supone, cuando es una realidad y no una conjetura, cuando puede constatarse y no solo imaginarse en una larga noche de insomnio.
Durante meses se han aplaudido decisiones incomprensibles que han pasado por encima del Código Penal y del sentido común, y que han diseñado una Justicia a la carta incompatible con la esencia misma de la democracia. Como se ha dicho aquí en alguna ocasión no sólo se ha destripado a Montesquieu, que el pobre ya estaba habituado al ensañamiento, sino que además se ha resucitado a Kafka.
Fruto de este delirio, se han llegado a impugnar actos que no se habían producido, como la eventual investidura de Puigdemont, obligando al Tribunal Constitucional a un malabarismo circense para que ninguna pelotita cayera al suelo. Y se ha permitido que un magistrado del Tribunal Supremo se arrogara poderes excepcionales que han dejado en sus manos no sólo prolongar la prisión preventiva de unos encausados con criterios hartamente discutibles sino también la supuesta defensa del orden legal que rige la actividad de un Parlamento legalmente constituido. Resolver quién puede o no delegar el voto, forzar –o intentarlo hasta conseguirlo- la renuncia al escaño de exconsellers y diputados, y decidir por la vía de los hechos quién debía o no ocupar la presidencia de la Generalitat sugieren extralimitaciones palmarias de su mera función jurisdiccional.
De la Justicia, reconvertida en Derecho preventivo, se ha pasado a la estratagema, a Maquiavelo. Ello determinó primero la retirada de la orden europea de detención contra Puigdemont cuando se refugió en Bruselas, ante la certeza de que la Justicia belga no aceptaría su entrega por los delitos que se le acusa en España; luego la renuncia a plantearla en Dinamarca con el argumento surrealista de que pretendía ser detenido y lo inteligente era que no se saliera con la suya. Finalmente, se forzó su salida apresurada de Finlandia para poder apresarle en Alemania, en la confianza de que allí sí se comprenderían las razones de Estado y los jueces germanos aceptarían pulpo como animal de compañía.
Todo ello porque la acusación de sedición parecía poca cosa y ya puestos en harina y metidos en gastos se hacía necesario un castigo ejemplar, una respuesta patriótica a la afrenta que era lo que proporcionaba el delito de rebelión, aunque para ello fuera necesario dejar volar la imaginación y construir un alzamiento violento donde sólo hubo una manifestación, una alteración del orden público y daños a dos vehículos policiales.
Lo que ha puesto de manifiesto la decisión de los magistrados alemanes y de sus colegas belgas es que el pretendido armazón jurídico que sustentaba la causa contra el procés era poco menos que una excentricidad que no resiste la prueba del algodón de la Justicia europea, que no tiene parangón en ningún ordenamiento jurídico serio y que provocará más de un sonrojo cuando el asunto llegue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sentencie que se han vulnerado derechos políticos y presunciones de inocencia de quienes aún no han sido condenados y a los que preventivamente se ha inhabilitado.
Se llega así a la paradoja de que el supuesto cabecilla del “golpe de Estado” sólo podrá –y está por ver- ser juzgado por malversación y los presuntos cooperadores, necesarios o no, tendrán que enfrentarse a cargos muchos más graves. De ahí que esas lúcidas y togadas mentes del Supremo estudien ya cómo convertir la malversación en malversación agravada para elevar así la pena o, en su defecto, volver a retirar la euroorden de detención para que el ridículo sea ya planetario.
[55] El Tribunal Supremo se queda solo frente a la rebelión
Por CARLOTA GUINDAL
El Tribunal Supremo se ha quedado solo en la calificación de rebeliónpor los hechos ocurridos el 1 de octubre durante el referéndum por los que se encuentra procesado el ex Govern de la Generalitat. Este mismo jueves, dos tribunales distintos han defendido posturas dispares a las fijadas por el magistrado Pablo Llarena y avaladas por la Sala de lo Penal del alto tribunal.
Por un lado, tanto el Gobierno como la Justicia española han recibido un duro varapalo tras conocer que la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (norte de Alemania) acordaba la libertad del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , y descartaba el delito de rebelión por el que se le reclama en la petición de extradición.
Según explicaba el tribunal en un comunicado, la sala primera de lo penal considera que la imputación del delito de rebelión es “inadmisible”. Sin embargo, cree que sí puede ser aceptado el de corrupción, como malversación de fondos públicos, por lo que el proceso de extradición sigue su curso. Si finalmente, Alemania rechaza que sea entregado por rebelión y sí por malversación, la Justicia española no podría juzgarle por el primero de los delitos.
No hay el elemento de violencia
Por otro lado, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela este mismo jueves procesaba a la cúpula de los Mossos d’Esquadra de delitos de sedición y organización criminal, pero rechazaba incluir en el de rebelión. En su auto, la instructora recoge que los hechos investigados deben ser calificados como sedición porque “sin concurrir el elemento de violencia (que exige la rebelión)la finalidad de los partícipes en el alzamiento sea no sólo impedir la aplicación de las leyes (…) sino además declarar ilegalmente la independencia de una parte del territorio nacional”.
Y añade: “la concurrencia de esta doble finalidad, sin emplear la violencia como sucede en el presente caso, no sitúa ante una acción de sedición mucho más grave desde la perspectiva de la antijuricidad”.
En la resolución, explica que en el 1 de octubre se congregaron grupos multitudinarios que impidieron a los agentes acudir a los centros de votación para cumplir con la orden de cerrar los colegios. “Se utilizó aquella masa de personas, aprovechando la innegable fuerza intimidatoria y coactiva que produce la presencia física de un grupo compacto de multitud de personas dispuestas a oponer resistencia a los agentes policiales, incurriendo, en definitiva, en una conducta claramente subsumible en el delito de sedición”, sostiene.
Agravio para los encarcelados
Es evidente que tanto la Justicia alemana como la Audiencia Nacional consideran que el 1 de octubre, durante la celebración del referéndum ilegal y prohibido por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, no se produjo un levantamiento violento que pudiera hacer conculcar al Estado ante las exigencias del Gobierno catalán.
Sin embargo, el Tribunal Supremo tiene la firme convicción de que los principales responsables de haber impulsado el procés idearon un plan para lograr la independencia de Catalunya fuera de las vías legales y eran conscientes de que se podían dar actos de violencia el 1-O y aún así movieron a los catalanes para que salieran a la calle y fueran a votar.
En el auto de procesamiento contra Puigdemont, el exvicepresidente, Oriol Junqueras, y el resto de ex consellers, el magistrado Llarena argumentaba que movilizar a la gente a votar el 1 de octubre a sabiendas de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tenían la orden judicial de impedir la votación del 1-O “supone, no ya aceptar el riesgo de una violencia claramente representable, sino directamente impulsar a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intención de contención que pueda provenir del Estado, tal y como finalmente aconteció el día de la votación”.
Llarena considera que los procesados por rebelión han estado durante años impulsando el deseo colectivo por la independencia entre amplios sectores de la población; han ensayado movilizaciones masivas conformadas por cientos de miles de adeptos; y han convencido a los seguidores “de que ostentaban una legitimidad para una independencia que sabían constitucionalmente imposible”.
El grave problema de la decisión de Alemania es que si Puigdemont no puede ser finalmente juzgado por un delito de rebelión, el juicio se celebrará en desigualdad de condiciones al no poder acusar al considerado máximo responsable de los hechos delictivos por el delito más grave fijado, y por el que podría enfrentarse a hasta 30 años de prisión.
[56] La Fiscalía belga investiga el uso de dispositivos de geolocalización para rastrear el coche de Puigdemont
Por Europa Press
La Fiscalía belga ha abierto una investigación sobre el uso de un dispositivo de geolocalización que la Policía española habría colocado en el coche con el que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se desplazaba durante su estancia en Bélgica. Se trata del mismo vehículo en el que el expresident fue interceptado en Alemania cuando regresaba a Bruselas desde Helsinki.
Así lo ha confirmado este jueves en una rueda de prensa la portavoz de la Fiscalía de Bruselas, Ine Van Wymersch, quien sin embargo no ha dado ningún detalle más sobre la investigación porque no pertenece a su departamento, sino a las autoridades del Brabante Valón, región a la que pertenece el municipio de Waterloo, donde residía Puigdemont.
“Hay una investigación en curso pero no está aquí, está en la oficina de la Fiscalía del Brabante Valón”, ha expresado Van Wymersch en la misma comparecencia en la que ha informado sobre la puesta en libertad con medidas cautelares de los tres exconsellers que siguen en Bélgica (Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig).
[57] Suiza dice que Falciani “no será moneda de cambio” por Rovira y Gabriel
Por lavanguardia.com
El portavoz del Ministerio de Justicia suizo, Folco Galli, asegura que el gobierno helvético no sabe por qué la policía arrestó ayer el exbanquero y activista cuando se le buscaba “desde el 2009”
El portavoz del Ministerio de Justicia suizo, Folco Galli, ha confirmado este jueves en declaraciones a RTS que Hervé Falciani no servirá de “moneda de cambio” contra los separatistas catalanes exiliados en Suiza.
Galli ha reiterado que el gobierno suizo no sabe por qué arrestó ayer el exbanquero y activista cuando se le buscaba “desde el 2009”, y ha añadido que, en todo caso, la cooperación judicial “está regida sólo por los tratados y la ley”.
El portavoz ha afirmado que “no hay ningún margen de valoración por no importa qué intercambio” y ha subrayado que si se reúnen las condiciones por una extradición, “los estados tienen que extraditar” y que si no, “la extradición no es posible”.
[58] La libertad de Puigdemont, en la prensa internacional
Por MIRIAM ELIES
Las principales cabeceras europeas destacan que la Justicia alemana descarta extraditar al expresident por rebelión
Puigdemont en libertad y las últimas noticias de Catalunya, en directo
La Justicia alemana deja en libertad a Puigdemont y descarta el delito de rebelión
La prensa internacional se ha hecho eco de la decisión este jueves de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, al norte de Alemania, de dejar en libertad bajo fianza de 75.000 euros al expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont mientras estudia la entrega.
El rotativo alemán Spiegel abre su edición digital con el titular “Puigdemont es puesto en libertad sujeto a condiciones”, y destaca que el político catalán podría ser extraditado por malversación de fondos públicos, pero en ningún caso por rebelión, un delito que el tribunal considera “inadmisible”. El periódico alemán Zeit Online publica: “Libertad bajo fianza para Carles Puigdemont”. También en Alemania, el portal Welt abre su portada con la noticia “El expresident de Catalunya Puigdemont es liberado con medidas cautelares”.
Las cabeceras internacionales destacan que la Justicia alemana descarta extraditar a Puigdemont por el delito de rebelión
En Italia, el diario Reppublica destaca la noticia en portada en un segundo plano bajo el título: “La Justicia alemana: ‘Sí a Puigdemont en libertad bajo fianza hasta el juicio de su extradición”. También La Stampa muestra la decisión judicial alemana en su portada y recalca que el expresident sale en libertad y no podrá ser extraditado por rebelión.
El medio especializado en política europea, politico.eu, informa asimismo de la liberación de Puigdemont y subraya una vez más que la Justicia alemana no extraditará al expresident por el delito de rebelión, tal y como se había solicitado desde Tribunal Supremo.
El francés Liberatión se centra asimismo en la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein de descartar el delito de rebelión que le imputa el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
La decisión de la Justicia alemana ha copado las principales cabeceras de Europa
“Carles Puigdemont liberado bajo fianza por un tribunal alemán”, publica la BBC, también en portada, junto a una imagen del expresident; mientras el británico The Independent resalta la noticia en su página principal con el titular “Alemania no extraditará al catalán Puigdemont por cargos de rebelión”.
En Bélgica, el caso de Puigdemont también se sigue de cerca y una de las principales cabeceras del país, Le Soir, abre su edición digital con el titular “La justicia alemana se niega a extraditar a Puigdemont y lo libera bajo supervisión judicial”. El también belga L’Echo informa de la liberación de Puigdemont “por los tribunales alemanes”.
[59] Un tribunal alemán hace tambalear la causa del Tribunal Supremo contra el procés
Rechaza la extradición de Puigdemont porque no aprecia la violencia en la que el alto tribunal español fundamenta su acusación más grave
El fallo aleja la posibilidad de juzgar al expresident por rebelión, un delito por el que están procesados sus subordinados y nueve personas siguen en prisión
El Tribunal Supremo se enfrenta a mantener una acusación que no podrá sostener contra el jefe del Gobierno que organizó el referéndum del 1-O
El fallo de un tribunal regional alemán contra la entrega a España de Carles Puigdemont pone en riesgo toda la causa que la Fiscalía y el Tribunal Supremo abrieron para castigar el plan soberanista en Catalunya. La polémica jurídica sobre si la organización del referéndum y los hechos que lo rodearon podía constituir un delito de rebelión, castigado con hasta 25 años de cárcel, ha sido resuelta al final por tres magistrados alemanes, que consideran que el proceso soberanista no se ha desarrollado con violencia.
La justicia alemana entra así al fondo de la cuestión. Lo hace porque el juez Pablo Llarena solicitó la extradición de Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación. El tribunal ha rechazado la extradición por el primero de esos delitos alegando que su legislación no lo contempla. No se da, por tanto, el principio de doble incriminación que requiere cualquier extradición.
Y van más allá al pronunciarse sobre la posibilidad de identificar la rebelión ‘española’ con el delito de alta traición del código penal alemán. Para que éste se dé, razonan los jueces alemanes, es necesario que se haya actuado con una violencia que no se ha dado en la actuación del expresident. El fallo del tribunal de Schleswig-Holstein, aun desconocido en su textualidad, descarta la apelación a la existencia de una violencia que hizo la Fiscalía en su querella inicial, que mantuvo la Audiencia Nacional después y a la que recurre el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en su auto de procesamiento.
En el caso de que finalmente el tribunal alemán acceda a entregar a Puigdemont por el delito de malversación solo podría ser juzgado en España por éste. Se daría la circunstancia de que el Tribunal Supremo sentaría en el banquillo a los subordinados del expresident por un delito castigado con hasta 25 años de cárcel y a Puigdemont por otro que no pasa de los ocho años.
Pero no solo eso. Fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es ponen en duda que la Fiscalía pueda sostener una acusación de rebelión contra un grupo de procesados cuando está incapacitada para hacerlo contra quien los lideraba. El propio Llarena afirmó en uno de sus autos que el delito de rebelión «es de naturaleza plurisubjetiva». «La depuración de las distintas responsabilidades penales debe ser llevada de manera unificada, pues de otro modo podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes», escribía Llarena en el auto por el que decidía las órdenes internacionales contra Puigdemont y el resto de huidos en Bélgica.
Otras fuentes del Tribunal Supremo remitían esta tarde a un análisis del fallo alemán antes de que el juez Llarena adopte decisiones, pero incidían en que una valoración de un tribunal local alemán no puede influir en la convicción del instructor del Alto Tribunal español sobre los indicios recabados de presunta rebelión.
Según explicó el tribunal alemán en un comunicado, la sala primera de lo penal considera en principio que la imputación del delito de rebelión es «inadmisible», pero cree que sí puede ser aceptado el de corrupción, como malversación de fondos públicos, por lo que el proceso de extradición sigue adelante. La Audiencia no cree que Puigdemont corra riesgo de persecución política en España, lo que anularía completamente la orden de extradición.
Aunque afirma que continúa el riesgo de fuga, el tribunal considera que al ser «inadmisible» el delito de rebelión éste se reduce de forma considerable, por lo que deja en libertad al político independentista con una fianza de 75.000 euros. «Con la malversación de fondos públicos, al perseguido se le acusa de un acto concreto castigado también por la legislación alemana, no por sus ideas políticas”, responde a su defensa.
Euroorden «adulterada»
Las fuentes consultadas del Tribunal Supremo consideran que los jueces alemanes han «adulterado» el concepto de la euroorden al entrar a valorar unos hechos que no le corresponden. Se trata de un exhorto, alegan, y no cabe que se paren a examinar los hechos por los que se acusa a Puigdemont, algo que deberá hacer en su momento el tribunal que le juzgue.
El tribunal tendrá ahora que decidir si procede la extradición por malversación de fondos, a lo que se va a oponer la defensa de Puigdemont. La última palabra sobre la extradición la tendrá la Fiscalía de Schleswig-Holstein, que ya ha considerado la decisión de los jueces alemanes como un revés y ha anunciado que estudiarán si se puede recurrir.
Las fuentes consultadas añaden que la decisión del tribunal alemán puede condicionar las decisiones pendientes de otras justicias europeas. En Bélgica siguen Lluís Puig, Toni Comin y Meritxell Serret. A Escocia se trasladó Clara Ponsatí y a Suiza huyó Marta Rovira. El Tribunal Supremo reclama por rebelión a Comin, Ponsatí y Rovira.
Además, por una acusación de rebelión y el riesgo de fuga que ello implica están en la cárcel Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn. También están en prisión Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull, acusados todos rebelión -a Rull, Turull, Bassa y Romeva, el Supremo les añade el delito de malversación. El Supremo deberá resolver las previsibles peticiones de excarcelación que sus defensas planteen una vez han conocido que la acusación por rebelión contra Puigdemont corre serio riesgo de desaparecer.
[60] Comín, Serret y Puig, en libertad sin fianza y con medidas cautelares mientras se resuelve la euroorden
Por EUROPA PRESS
Los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig han sido puestos en libertad sin fianza pero con medidas cautelares mientras se resuelven las órdenes europeas de detención y entrega dictadas por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
En concreto, los tres políticos catalanes tendrán que permanecer en Bélgica, comunicar un domicilio fijo y ponerse a disposición de las autoridades belgas cuando lo requieran, según han explicado la defensa de los políticos catalanes.
En declaraciones a los medios a las puertas de la Fiscalía, Comín ha expresado su «inmensa satisfacción» por este hecho y por la decisión de la Justicia alemana de dictar libertad bajo fianza para Carles Puigdemont, y ha pedido que los políticos catalanes presos en España también salgan de prisión.
«Lo primero que tenemos que decir es nuestra satisfacción inmensa por las decisiones que hemos conocido hoy, nuestra libertad sin fianza y la libertad de Puigdemont. Además queremos expresar nuestra satisfacción muy grande de ver que ya hay una primera decisión de la Justicia europea que dice claramente que el delito de rebelión no se ha producido», ha dicho Comín.
«Por tanto, lo primero que hacemos es exigir la inmediata libertad de los compañeros que hoy están en prisión preventiva en España. Porque ya hay una primera decisión europea que explica que el motivo por el cual se les mantiene en prisión preventiva es espurio», ha argumentado el exconseller de ERC.
Comín también ha subrayado que afronta el resto del proceso «con toda la tranquilidad del mundo» porque tiene la «plena convicción» de que serán «capaces de demostrar a los jueces que sobran los motivos para no ejecutar la extradición».
En la misma línea, Puig ha asegurado que es «incomprensible» que haya políticos catalanes en prisión en España y ha mostrado su confianza en que tras los «acontecimientos» en Alemania tengan «una repercusión fuerte» en España. «La Justicia española no puede seguir indiferente», ha expresado.
Declaración ante el tribunal en las próximas semanas
En una rueda de prensa, la Fiscalía de Bruselas ha explicado que los tres exconsellers se han entregado a la Policía belga y han sido privados de libertad para ser trasladados a la sede del Ministerio Público de la capital del país, donde han prestado declaración ante el juez de instrucción.
La portavoz de la Fiscalía, Ine Van Wymersch, ha explicado que no está fijada una fecha fija para la comparecencia ante la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia), pero que lo previsto es que tenga lugar en las próximas semanas.
El juez de este tribunal debe decidir sobre el fondo del asunto, es decir, si decreta la entrega o no de los tres exconsellers a la Justicia española. Su decisión puede ser recurrida por las partes hasta en dos ocasiones, primero ante el Tribunal de Apelación y posteriormente ante el Tribunal de Casación.
En principio, ambas salas tienen 24 horas para decidir si admite a trámite el recurso y otros 15 días par tomar una decisión y concluir si la orden de extradición puede ser ejecutada o no, pero estos plazos son orientativos cuando no se encuentran en prisión preventiva.
[61] Así fluctúa el precio de tus datos personales en la bolsa de Facebook
Por Carlos del Castillo
El valor de los datos de un usuario no responde a valores fijos, sino que se rige por la ley de la oferta y la demanda
Los anunciantes pujan por llegar a su público objetivo: lo que están dispuestos a pagar puede variar según se acerca el Black friday… o unas elecciones
Equiparar las bases de datos con la información personal de los ciudadanos con el oro líquido de la sociedad de la información ya es un símil común. Tras el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, también lo es el recordatorio de que para las grandes empresas digitales los usuarios no son el cliente, sino la materia prima. La Comisión Europea cifra el valor de ese mercado en más de 300.000 millones de euros en el Viejo Continente y vaticina que la cifra ascenderá a los 736.000 millones para 2020.
Facebook también publica el ingreso medio que le supone un usuario en cada parte del mundo. La compañía valoraba cada perfil de ciudadano europeo en 8,76 dólares en último trimestre de 2017, unos dos dólares más que la media mundial, pero cuatro veces menos que lo que ingresaba por un usuario de EEUU o Canadá, a los que tasaba en 26,86 dólares.
No obstante, la cotización de los datos personales en Facebook es mucho más compleja y no responde a cifras cerradas. «Eso es para los macronúmeros, pero de cara al usuario no es correcto», explica Ángel Cuevas, investigador de la Universidad Carlos III de Madrid: «Los datos se comercian en tiempo real. El perfil de una persona determinada puede generarle muy poco a Facebook en un determinada época del año y muchísimo en otra».
El funcionamiento no es como el de un comercio de compra-venta, con unos precios definidos. Se parece mucho más a una bolsa de valores en la anunciarse en los perfiles de los usuarios se rige por la oferta y la demanda. «Esto es como el mercado de las acciones: lo que hacen los anunciantes es pujar por llegar a un perfil concreto de usuarios. Por mostrar sus anuncios a su público objetivo», continúa Cuevas.
Gracias a los datos que los usuarios ceden a Facebook en sus perfiles y los que se generan con sus interacciones con la plataforma, la compañía de Mark Zuckerberg es capaz de segmentar a sus usuarios como nunca antes se había visto. Esa división tan concreta de usuarios por intereses hace que los anuncios puedan estar absolutamente dirigidos. Pero no todas las audiencias valen lo mismo: los hombres suizos interesados en «banca online» se cotizan al doble que los españoles, por ejemplo.
Fluctuación del valor de un click en una publicidad en Facebook de los usuarios suizos hombres interesados en banca online (verde y azul) en comparación con el mismo perfil de usuarios españoles (rojo y negro). FDVT
¿Cuánto valen tus datos? Todo depende de lo que los anunciantes estén dispuestos a pagar por publicitarse a un usuario como tú. Los perfiles no se ofertan individualmente, sino en grandes paquetes de usuarios que comparten intereses.
El precio final que un anunciante paga por llegar a un usuario no es público. Pero sí lo son las cifras orientativas que Facebook les ofrece para que conozcan la demanda de la audiencia a la que aspiran. «Es una puja. Además, varía mucho a lo largo del tiempo. Por ejemplo cuando llega elBlack Friday, el precio que los anunciantes están dispuestos a pagar para mostrar sus anuncios a los usuarios crece mucho. También hay diferencia entre el fin de semana y el resto de la semana», revela el investigador
Cuevas forma parte de un equipo español que ha desarrollado una herramienta para acercar a los ciudadanos cómo las grandes empresas digitales extraen dinero de su navegación. Su trabajo se ha centrado en Facebook, pero también funciona con Google, YouTube o Instagram.
«Te pedimos un pequeño perfil: el lugar donde resides, tu estado civil y si eres hombre o mujer», expone el investigador, que aclara que el único dato indispensable es la localización, ya que es lo que acaba determinando el valor de los datos personales en Facebook. «Con esa información hemos diseñado una manera de preguntar a Facebook por dos conceptos: cuánto pagan los anunciantes en este momento por mostrar anuncios a un perfil con esos datos que se nos ha dado, y cuánto pagan por obtener un click de ese mismo usuario».
La Facebook Data Valuation Tool (FDVT) se puede descargar como una aplicación para el navegador, para que mida en tiempo real cuánto valen los datos que está generando ese usuario. También se puede trastear con la herramienta para analizar las cotizaciones de determinadas audiencias a lo largo del tiempo desde esta web, desarrollada por la Asociación de Internautas.
«Monitorea los anuncios que se te muestran y si haces click o no sobre ellos. Como tenemos una estimación de lo que pagan los anunciantes por mostrarte un anuncio podemos hacer un pequeño cálculo de cuánto dinero estás generando para Facebook en tiempo real», revela Cuevas.
Y claro, Trump
Periodos especiales como el Black Friday o las navidades aumentan el interés de los anunciantes en mostrar sus anuncios a los usuarios de Facebook, pero los investigadores de la Carlos III han descubierto que además de las épocas típicas de consumo, la demanda por llegar a determinados públicos también aumentó con motivo de las elecciones norteamericanas.
« Las elecciones no aumentan los precios por defecto, pero sí observamos que en ciertos estados, para ciertas audiencias, sufrían cambios significativos. Intentamos ver si con la variación de precios entre distintos perfiles de usuarios y de distintos estados, podía existir una puja entre Trump y Clinton», confirma Cuevas.
El equipo está trabajando en esa línea de investigación, pero aún no cuenta con resultados definitivos. Lo que demuestra es cómo las empresas (o los políticos) pueden controlar lo que se muestra a los usuarios. «Tienen que poner más dinero que los demás para llegar a esa gente y así es cómo funciona en realidad ese mercado», concluye el investigador.
[62] El responsable del máster de Cifuentes admite la falsificación del acta y acusa al rector
Por eldiario.es
Enrique Álvarez Conde ha reconocido que el acta presentada por Cristina Cifuentes es «una reconstrucción» solicitada por el rector de la universidad
El director del máster ha señalado que es la primera vez que recibe un «requerimiento de la autoridad universitaria para reconstruir un acta»
Álvarez Conde ha asegurado que solo se reunió «una vez» con Cifuentes para fijar el tema de su TFM y que corrigió su trabajo por un medio que no recuerda
Enrique Álvarez Conde, el director del máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), ha asegurado este viernes que el acta presentada por la presidenta de la Comunidad de Madrid es una «reconstrucción» del acta original que «debería estar en los servicios de administración de la universidad».
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, pidió a Álvarez Conde un acta que avalase el máster de Cristina Cifuentes, según ha informado El Confidencial y ha reconocido el propio Álvarez Conde. Lo hizo el 21 de marzo, el mismo día en que eldiario.es desveló las notas falsificadas en el máster de la presidenta. Esa misma mañana, Ramos dio una rueda de prensa en la que atribuyó a una «mala transcripción de las notas» la modificación del expediente.
En una entrevista en Onda Cero, el director del máster ha señalado que la reconstrucción del acta la llevó a cabo una de sus «discípulas» y que había «una decisión del rector de proceder a eso». «Procedí a la reconstrucción porque entendí que había una decisión del rector», se ha justificado Álvarez Conde, que ha remarcado que el acta original «debería estar en los servicios de administración de la universidad», donde se enviaban «por correo interno porque no había sistema informático». El director del máster ha señalado que es la primera vez que recibe un «requerimiento de la autoridad universitaria para reconstruir un acta».
La «reconstrucción» del acta del examen
Además de señalar al rector de la URJC, el responsable del máster ha querido dejar claro que todo el proceso de «reconstrucción» del acta contó con el conocimiento y apoyo de las docentes que figuran en el acta.
«Me puse en contacto con las tres personas que formaron parte del tribunal. Con la primera que hablo es con López de los Mozos. La reconstrucción fue hecha por otra de mis discípulas, la secretaria, con la autorización de las otras profesoras. Es ella quien se encarga de rellenar el formulario, y le debéis de preguntar a mi discípula, que tiene constancia de la autorización de las otras profesoras».
Enrique Álvarez Conde sí responde por la designación de ese supuesto tribunal calificador del Trabajo Final de Máster. «El tribunal lo propuse yo como director del máster», y reconoce que las tres profesoras que supuestamente evaluaron a Cifuentes son sus «discípulas». Sin embargo, una de esas discípulas, Alicia López de los Mozos, aseguró este jueves ante la inspección de la universidad que ella no evaluó a la ahora presidenta de la Comunidad de Madrid y que su firma en el acta es falsa.
«Como personas adultas, mis discípulas son libres de adoptar las decisiones que estimen convenientes, y yo lo respeto», ha zanjado Álvarez Conde.
«Todo se destruyó»
Enrique Álvarez Conde ha asegurado que el trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes se «destruyó» igual que se destruyen los trabajos de todos los alumnos de la universidad pasados dos años desde la presentación del mismo. «Todo se destruyó, lo de la alumna afectada y lo del resto de alumnos, tuvieran o no relevancia política».
El director del máster ha señalado que él mismo corrigió las diferentes versiones del trabajo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un trabajo de «unos cincuenta o sesenta folios» del que no llegó a ver la versión definitiva y para el que ser reunión «solo una vez» con Cristina Cifuentes. En esa reunión, según Álvarez Conde, se estableció el tema sobre el que versaría y, a partir de ese momento, la presidenta le iría enviando diferentes versiones del mismo -por un medio que «ahora mismo» el director no recuerda- para que fuera corregido.
Álvarez Conde ha asegurado que el tribunal sí que existió y que la fecha -2 de julio de 2012- había sido fijada «con mucha anticipación». A pesar de ello, el director del máster ha reconocido que no sabe si «la alumna Cifuentes» se presentó ante el tribunal que tenía que valorar su trabajo porque él no estaba «físicamente presente». «La presidenta de la Comunidad ha dicho que lo tenía en su agenda por lo que es ella la que tiene que acreditarlo».
[63] El gozo de la verdad
Por Elisa Beni
Ayer tarde, unos lejanos jueces alemanes demostraron que el viejo dicho de “Aún quedan jueces en Berlín” sigue siendo aplicable, lo que honra y eleva al estado centroeuropeo
La tarde de ayer fue una tarde de gozo. Lo fue al menos para mí. Entiéndame bien, fue una tarde de gozo para los amantes de la Justicia y de la verdad, para todos aquellos que hervían de indignación al ver como el órgano supremo de la jurisdicción española construía un relato para hacer encajar en un tipo delictivo a personas cuya actuación no lo constitutía. Más allá de cual sea el delito y quiénes sean esas personas, nadie que conozca los pilares sobre los que se asienta nuestra civilización y nuestra democracia podía descansar bien pensando en cómo la razón de Estado atropellaba a la razón a secas y cómo personas llamadas a ser justas concluían que el fin siempre justificaría cualquier medio.
Ayer tarde, unos lejanos jueces alemanes demostraron que el viejo dicho de “Aún quedan jueces en Berlín” sigue siendo aplicable, lo que honra y eleva al estado centroeuropeo. Unos jueces imparciales, que no tienen que salvar nada ni a nadie, que no tienen nada que ganar ni que perder, fallaron que no ha existido violencia alguna en el proceso independentista ilegal y que, por tanto, no entregarán a Puigdemont por tal delito. Eso significa que España no podrá juzgarle por él. Me produce alipori imaginar a los alemanes, los dioses del Derecho Penal conceptual, leyendo la increíble obra de ficción escrita por Llarena en papel timbrado. Eso ellos lo guardarán para su coleto pero la bofetada que le han infligido aún resuena desde el Rin al Manzanares.
El siguiente paso llegará del plat pays, dado que podemos asegurar con grandes probabilidades de acertar que Bélgica tampoco entregará a los consellers que allí siguen por el inexistente delito de rebelión. ¿Porque son malos? No, porque son justos. Ese delito no se ha producido como ya lo han dicho a gritos la inmensa mayoría de los catedráticos de Derecho Penal de este país. No hace falta ser un lince para verlo y les dejo a ustedes que rellenen la línea de puntos respecto a qué hay que ser para estar tan seguro de que las ilegalidades se convirtieron en crimen nada más aplicar el 155.
Todo esto tiene una parte también terriblemente triste porque afecta directamente a la credibilidad del sistema judicial español y, desgraciadamente, lo hará en su totalidad tanto a los órganos que se prestan a esta represión como a los que no han participado en ella. A lo mejor tenemos suerte y la cosa ha tocado fondo. Tal vez tras quedar noqueados por los puñetazos que van a recibir desde cuatro países europeos, nos planteemos que no podemos seguir eligiendo a los jueces del Tribunal Supremo de forma politizada y por un sistema de cuotas, que necesitamos un Supremo con los mejores juristas de España sin ataduras y sin deudas.
La papeleta que les viene encima no es manca. Ni siquiera es seguro que Puigdemont, el líder de “su” trama criminal no lo olvidemos, sea entregado por malversación. Los abogados han mandado traducir las actas del Congreso en las que el propio presidente del Gobierno y el ministro de Hacienda manifestaban taxativamente que ni un euro de dinero de los fondos públicos se usó para financiar el referéndum. España deberá además acreditar con documentación oficial,y no con informes de la Guardia Civil, de dónde se malversó dinero y cuánto. Tampoco es seguro que sea entregado pues por malversación y, además, este es un delito menor que no justifica ni la prisión preventiva ni la privación de derechos políticos. Cuando la misma respuesta, que la violencia es una mixtificación, llegue de Bélgica, de Escocia y hasta puede que de Suiza ¿en qué papel van a quedar los acusadores y los jueces españoles? Somos un espacio común de Justicia y España no va a poder seguir con tal planteamiento sin despertar los recelos sobre el funcionamiento de su Justicia en la Unión Europea. Ya lo he advertido otras veces, el artículo 7 se activa para los incumplidores de los principios fundamentales de la Unión, uno de los cuales es un Estado de Derecho digno de tal nombre.
Así no se hacen las cosas por mucho que te las aplaudan las masas acríticas y los más preocupados por castigar y reprimir y mantener el statu quo que por los principios y las verdades fundamentales. Si quieren que lo que han hecho los independentistas catalanes sea delito que lo legislen así y lo tipifiquen en el Código Penal y si existe una próxima vez, se lo aplican, pero lo que están haciendo es impropio de una democracia occidental.
Por último quiero felicitar a los defensores del Derecho y de los derechos humanos y la Justicia que tuvieron la previsión de ver que no sería posible obtener un juicio imparcial en España y que habría que buscarlo en instancias europeas. Ellos han hecho más por la Justicia y la verdad que los que se las dan de justicieros en suelo patrio. Mi reconocimiento y mi apoyo porque su lucha es la mía y la de millones de españoles de bien que no queremos ver pervertida nuestra democracia para conseguir una vendetta.
[64] Los jueces alemanes entran en el procés
La decisión del Tribunal Superior de Schlewig-Holstein de inadmitir el delito de rebelión en el marco de la petición de extradición a España de Carles Puigdemont supone, sin duda, un grave revés para el Gobierno español; el primero de carácter judicial en su cruzada contra el desafío independentista catalán. El hecho de que hasta ahora el Gobierno jugara en casa, con unos jueces que le son evidentemente cercanos amplifica los efectos adversos de la decisión: la primera vez que un órgano judicial sin relación con el Gobierno español ve el tema, desmonta de un plumazo todo el entramado, de dudosísima legalidad, montado por el Tribunal Supremo contra la cúpula independentista.
La primera damnificada es la justicia española, cuya neutralidad política en el asunto catalán queda en entredicho. Desde un principio, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha parapetado tras los jueces al afrontar el conflicto catalán. En vez de dar una respuesta política, lanzó a Tribunales a ello, creando artificialmente la premisa de que el soberanismo no es una opción política posible sino un ataque al sistema democrático vigente. Primero utilizó al Tribunal Constitucional, que empezó anulando actos simbólicos sin valor jurídico, siguió prohibiendo incluso que se discutiera sobre la independencia en el Parlamento y acabó inventándose que un diputado en pleno ejercicio de sus derechos no puede ser candidato a President de la Generalitat sin permiso del juez. Tras este mayúsculo disparate, que ha dejado al alto tribunal sumido en el descrédito más absoluto, le tocó el turno a la justicia ordinaria; ahora personificada en un juez del Supremo, antiguo presidente de la asociación conservadora de jueces.
Ahí, sobre la mesa de este juez, se ha diseñado una estrategia de aniquilación política de la cúpula independentista que podría resultar eficaz si no tuviera el pequeño inconveniente de que es ilegal. La clave de bóveda de toda la estrategia pasa por acusarlos a todos del delito de rebelión. Ante la opinión pública eso permite un ejercicio maniqueo muy rentable para el Partido Popular: vender desde el poder judicial la idea de que son todos unos rebeldes, consiguiendo la correspondiente adhesión de amplias capas de la población a sus posiciones nacionalistas españolas. Más banderas españolas en los balcones. Judicialmente, la rebelión permite otras dos cosas: imponerles unas penas realmente severas, de no menos de quince años, e inhabilitarlos inmediatamente para que no puedan aspirar a repetir en sus cargos; incluso en caso de repetición electoral no podrían volver a encabezar el movimiento ni recibir legitimación popular.
La ilegalidad radica en que el delito de rebelión exige que quien se alce públicamente para declarar la independencia de una parte del Estado o subvertir el orden constitucional lo haga con violencia. Y resulta que a todas luces el movimiento soberanista no ha actuado con violencia. Si ha habido algunos enfrentamientos o incidentes, han tenido escasa entidad. De hecho, lo más violento en todo el proceso ha sido la innecesaria violencia de las fuerzas de seguridad con motivo de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Innumerables juristas españoles han señalado esta imposibilidad de imputar o condenar a los políticos independentistas por rebelión. Pero era clave para la estrategia jurídica y política del Tribunal Supremo, inspirada por el Gobierno a través -al menos- de la fiscalía. Por ello, se intentó justificar la rebelión con argumentos chapuceros que sólo están a la altura de los que justifican la inconstitucional prisión provisional de algunos encausados. Decisiones todas que, aunque pueden tener sentido político en el enfrentamiento frente al soberanismo, nunca deberían haber sido tomadas por un juez.
El Tribunal Superior de Schlewig-Holstein lo ha visto claro. Incluso aunque se le atribuyeran a Puigdemont los escasos incidentes que han estallado al hilo del proceso soberanista, es evidente que no tienen la entidad necesaria para apoyar a una auténtica rebelión. Con su decisión pone en evidencia la politización de algunos jueces españoles. No se trata tanto de que prevariquen, pues eso implica conciencia de cometer una irregularidad. Simplemente, su deseo de parar como sea el procès es tan grande que les obceca y les impide aplicar neutralmente las leyes vigentes. Esa falta de la necesaria neutralidad pone en jaque a toda la cúpula de nuestro sistema judicial, en la que parece que cuando surge la razón de Estado desaparecen todos los mecanismos de control destinados a evitar que los jueces adopten decisiones guiados por sus convicciones políticas y no por la ley.
El otro efecto inmediato es que, en principio, Carles Puigdemont no podrá ser juzgado en España por rebelión, una vez que se proceda a su extradición parcial. Eso será así siempre y cuando antes de ello no haya un tribunal alemán de mayor rango que, en un recurso, corrija al Tribunal Superior. La defensa del que fuera President de la Generalitat debe valorar si le conviene aceptar la decisión en sus términos y permitir su entrega a España. Si lo consigue, se dará la paradoja de que el expresidente del gobierno autonómico no podrá ser juzgado por los cargos que se le imputan a sus consejeros. Será el único que no podrá ser suspendido provisionalmente de sus derechos como diputado autonómico. En términos políticos ello plantea un problema de primera magnitud que amenaza con cargarse la estrategia del Gobierno español.
En un mundo ideal, la decisión alemana podría abrir la puerta a una salida negociada. Cualquier solución de este tipo debe ser política y seguramente tiene que pasar por la libertad de los cargos políticos imputados, así como por una hoja de ruta en la que se asuman compromisos que respeten la legalidad, permitiendo al mismo tiempo reformas constitucionales relevantes. No parece que ninguna de las partes vaya a aprovechar el momento para esto. Desde el lado independentista han conseguido una baza importante para denunciar los excesos de un pode público español que defiende la Constitución incumpliéndola y saltándose la ley. Y la van a usar. Desde el otro lado, es difícil que el Presidente del Gobierno se decida de una vez a dejar de esconderse detrás de los jueces y asuma su papel político. Así que por ahí se barrunta más dureza judicial. Seguramente el nuevo argumento para ello sea que al fin y al cabo la decisión alemana es una decisión judicial, tan legítima como las de los jueces españoles.
Como si, visto lo visto, en este asunto fueran iguales los jueces españoles que los alemanes.
[65] No es (solo) por José Couso
Por CARLOS HERNÁNDEZ
El reportero de Telecinco no fue víctima del fragor del combate, del enfrentamiento bélico entre los dos bandos, de un obús perdido ni de una equivocación
Todos somos iguales ante la ley. La Constitución es inviolable. Hay que defender el Estado de Derecho de cualquier ataque. La independencia del Poder Judicial es incuestionable. Las fuerzas del orden protegen por igual a todos los ciudadanos. No hay nadie por encima de la ley… Cuentos, cuentos y más cuentos.
Evitaré hacer cualquier comparación con otras víctimas, otras violaciones de la legalidad, otras órdenes de búsqueda y captura internacional, otras actuaciones políticas, fiscales, policiales y judiciales… No faltan hechos y argumentos, todos los días, para que cada lector pueda hacer su propio paralelismo. Yo me limitaré a recordar una historia que comenzó hace exactamente tres lustros y que demuestra el concepto de “cumplir la ley” que tienen nuestros gobernantes.
Hace quince años asesinaron a un padre, un marido, un hijo, un hermano, un amigo, un periodista.
Desde hace quince años sabemos que no le mataron porque se llamara José Couso, sino por ser un reportero dedicado, en cuerpo y alma, a que los españoles supieran lo que estaba ocurriendo durante la invasión estadounidense de Iraq.
Ya hace quince años que conocemos las identidades de quienes le asesinaron y las razones que les empujaron a perpetrarlo.
A lo largo de quince años los diferentes gobiernos españoles, populares y socialistas, no solo no han ayudado a perseguir a los culpables sino que han dado por buena la versión de los asesinos y se han dedicado a torpedear la investigación judicial, a insultar al magistrado encargado del caso, a utilizar a la Fiscalía para que ejerciera como defensora de los criminales y a evitar que la policía o el CNI realizaran cualquier tipo de pesquisa sobre el asunto.
Durante estos quince años la Audiencia Nacional ha ido venciendo todos esos obstáculos y presiones, hasta acabar dictaminando que se trató de un crimen de guerra y que, por ello, iniciaba el procesamiento de tres de los asesinos contra los que dictó una orden internacional de búsqueda y captura.
Cuando parecía que la Justicia se abriría camino entre tanta mierda, llegó la última respuesta del Gobierno que ya presidía Mariano Rajoy. Impotente ante la rectitud de un magistrado insobornable como es Santiago Pedraz, el Ejecutivo toleró, o mejor dicho propició, que la policía no cursara esa orden internacional dictada por el juez. A continuación los hombres y mujeres de Rajoy hicieron un razonamiento muy simple: Si la Audiencia Nacional mantiene que, con la ley en la mano, los asesinos son… asesinos, lo que hay que hacer era cambiar esa ley. Dicho y hecho. En unas pocas semanas se acabó con los años de avances contra la impunidad que había garantizado la llamada Justicia Universal. Gracias a la reforma legislativa, aprobada chapucera y urgentemente por el PP, los criminales ya no podían ser perseguidos por nuestros tribunales. El propio juez Pedraz, en el auto en el que tuvo que cerrar el caso, dejó constancia de que la nueva legislación impediría investigar, y por tanto castigar, el asesinato de cualquier compatriota en un contexto de conflicto bélico. En otras palabras, la figura del crimen de guerra, que tanto costó consagrar en la Convención de Ginebra, había dejado de ser aplicable, de facto, si la víctima tenía nacionalidad española.
Esta vergonzosa sucesión de hechos solo es posible en un lugar de tan baja calidad democrática como es España. No tengo la menor duda de que más tarde o más temprano, ya sea el Tribunal Constitucional o, más bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) tumbará esa reforma legal por su manifiesta ilegalidad. Me he comprometido a no hacer comparaciones, así que me limitaré a sugerir a los responsables del TEDH que habiliten una sala específica para tratar las violaciones de Derechos Humanos cometidas en nuestro país…porque se van a hartar de trabajar.
Aunque a quienes justifican a los asesinos les gustaría, no voy a terminar sin recordar el único hecho del que no he hablado: el primero de todos y fundamental. Lo hago porque, en voz baja, estos encubridores mantienen que la muerte de José Couso fue un gaje más del peligroso oficio de corresponsal de guerra. Por eso hay que reiterar, una y otra vez, que José Couso no murió “porque la guerra es un lugar peligroso”, como dijo el entonces presidente Bush mientras Aznar le daba las palmas. El reportero de Telecinco no fue víctima del fragor del combate, del enfrentamiento bélico entre los dos bandos, de un obús perdido ni de una equivocación.
1.- Aquel 8 de abril de 2003 el tanque estadounidense que disparó sobre el Hotel Palestina llevaba horas inmóvil, en un puente sobre el río Tigris. Horas durante las cuales varios centenares de periodistas le grabábamos, sin escondernos, a pecho descubierto, desde decenas de balcones del hotel. Horas durante las cuales, obviamente, nos estuvo observando y pudo confirmar que, tal y como sabían hasta en el último puesto de mando norteamericano, el Palestina era el centro de la prensa internacional.
2.- El ataque contra el Palestina fue el TERCERO contra la prensa internacional que se producía esa misma mañana. Los blindados estadounidenses ya habían disparado antes contra las sedes de Al Jazeera y Abu Dhabi TV asesinando a otro periodista e hiriendo a otros tres.
3.- El Ejército de Estados Unidos cambió dos veces de versión según se iban desmintiendo las anteriores. Primero dijo que había recibido “fuego hostil” desde la base del hotel. Al hacerles ver que eso difícilmente justificaba su ataque contra la planta 15 del edificio, corrigieron el relato afirmando que les estaban disparando desde la azotea del hotel. Cuando los centenares de periodistas alojados en el Palestina, estadounidenses y británicos incluidos, aseguramos que no se había producido disparo alguno desde el Palestina, el Ejército de EEUU volvió a cambiar de versión y afirmó que en un balcón había un “oteador”; un hombre con prismáticos que estaba “delatando” la posición de los tanques. Un argumento no solo falso sino que roza el ridículo ya que, sin necesidad de unas simples gafas, era posible divisar a esos blindados desde media ciudad, puesto que se encontraban desde hacía horas en medio de un enorme puente visible desde centenares de edificios.
4.- El militar que mandaba el blindado que disparó contra el Palestina aseguró que no había visto en ningún momento a periodistas en los balcones. Hay horas y horas de grabaciones, miles de fotografías y cientos de testimonios que demuestran la falsedad de tal afirmación.
Todos estos hechos los relatamos así, desde el primer día, los testigos de aquel asesinato, pero lo que es más importante es que fueron confirmados durante la investigación. No somos solo los compañeros de José Couso ni su valiente familia los que afirmamos que su muerte fue un crimen de guerra. Lo dice, nada menos, que la Audiencia Nacional. Así que por muchas leyes que se cambien torticeramente, dentro de 5, de 10 o de 15 años más si fuera necesario, seguiremos aquí. Lo haremos por José, pero no solo por José, ni principalmente por José. Lo haremos para defender el derecho a informar, para impedir que se mande un mensaje de impunidad a los criminales de guerra… Lo haremos porque la ley está para cumplirla. ¿Les suena el argumento?
[66] Una instrucción plagada de vulneraciones de los derechos fundamentales
Por Javier Pérez Royo
El delito de rebelión de los autos y de la euroorden del Juez Pablo Llarena es un delito imaginario, es decir, un delito que solo existe en la imaginación del Juez
De la misma manera que la publicación por eldiario.es de la noticia de que se había producido la corrección fraudulenta de la calificación de dos asignaturas en el expediente académico del Máster de Cristina Cifuentes ha sido el detonante que ha permitido descubrir un número adicional de irregularidades, algunas de ellas potencialmente constitutivas de delito, en la impartición de dicho Máster, la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein de rechazar el delito de rebelión en la solicitud española de extradición del expresidente de la Generalitat, puede ser, o mejor dicho, va a ser el detonante que va a permitir descubrir las numerosas violaciones de derechos fundamentales que se han producido en la instrucción del Juez Pablo Llarena.
Lo que la justicia alemana dijo ayer es lo que van a decir en los próximos días o semanas la justicia belga, la escocesa y la suiza. Y es lo que hubiera dicho la justicia danesa o la finlandesa, si no se hubiera retirado la euroorden dictada en su día por la Jueza Carmen Lamela o si el CNI hubiera puesto en conocimiento de la policía de Finlandia el lugar donde se encontraba Carles Puigdemont, en lugar de optar por ponerlo en conocimiento de la policía alemana. España optó por Alemania, pensando, no acabo de entender por qué, que iba a encontrar más comprensión en la justicia de este país que en la de cualquier otro país europeo.
Es posible que la justicia de Polonia o la de Hungría aceptaran la euroorden emitida por el Juez Pablo Llarena, pero en ninguna de las democracias europeas occidentales puede ser aceptada, porque el delito de rebelión no puede ser en ninguna democracia digna de tal nombre lo que el Juez Instructor español dice que es. En ninguna.
El delito de rebelión que el Juez Instructor ve en la conducta de los exmiembros del Govern o de la Mesa del Parlament o en la de los presidentes de la ANC y de Omnium, no lo ve ningún juez europeo. Y no lo ve, porque no existe, como ya dijeron más de cien profesores de Derecho Penal de las Universidades españolas. El delito de rebelión de los autos y de la euroorden del Juez Pablo Llarena es un delito imaginario, es decir, un delito que solo existe en la imaginación del Juez.
Esto es lo que vicia de raíz la instrucción. El Juez Instructor está imputando a los querellados un delito inexistente, porque la conducta de estos no encaja en el tipo penal de la rebelión. Con ello se está produciendo una vulneración manifiesta del artículo 25 de la Constitución. Los autos y la euroorden del Juez Pablo Llarena no pasan el test de la “recognoscibilidad”, es decir, la prueba de que el tipo penal sea “recognoscible” en las conductas de los querellados por dicho tipo penal. Desde la STC 11/1981 la “recognoscibilidad” es el criterio identificador del “núcleo esencial” de los derechos fundamentales. Esta falta de “recognoscibilidad”, que es una doctrina de origen alemán, dicho sea de paso, es lo que el Tribunal de Schleswig-Holstein constató con su decisión de ayer.
La vulneración del artículo 25 conlleva, inevitablemente, la del artículo 24 de la Constitución, es decir, el derecho a la tutela judicial efectiva, comprometiendo, además, la imparcialidad del Juez Instructor, ya que es imposible que ningún juez mínimamente imparcial hubiera podido ver delito donde ningún juez europeo lo ve. Solamente desde el prejuicio más extremo se puede ver delito de rebelión en la conducta de los políticos nacionalistas catalanes. Esta falta de imparcialidad vicia la instrucción en su integridad.
De la vulneración de los artículos 24 y 25 se deduce la vulneración del artículo 17 de la Constitución. Ninguno de los exmiembros del Govern o de la Mesa del Parlament ni ninguno de los presidentes de la ANC y de OMNIUM deberían haber pasado ni un solo minuto en prisión. Ni un solo minuto. Sin delito de rebelión no debería haberse dictado nunca la medida cautelar de la prisión provisional. Todos están presos anticonstitucionalmente, porque lo están, además, ilegalmente.
Como consecuencia de que la instrucción se está conduciendo de esta manera, se ha vulnerado, además, el artículo 23 de la Constitución, al no haber permitido la presencia de Jordi Sánchez en la sesión de investidura convocada de conformidad con la Constitución y el Estatuto de Autonomía por el President del Parlament. Se ha vulnerado el derecho de sufragio “pasivo” de Jordi Sánchez y, con ello. El derecho de sufragio “activo” de todos los ciudadanos de Catalunya, además de la autonomía del Parlament.
La instrucción del Juez Pablo Llarena es constitucionalmente disparatada. Resulta realmente inconcebible que, cuando se van a cumplir cuarenta años de la entrada en vigor de la Constitución, pueda haber un Magistrado del Tribunal Supremo que exhiba un desconocimiento tan extraordinario de los principios básicos del Derecho Constitucional español.
[67] La Convención del Máster Presidente Rajoy
Cristina Cifuentes, cogida in fraganti con un máster falsificado, y Javier Maroto, que acaba hoy de enterarse de que en la web del PP aparece con un máster que confiesa no haber realizado, son las dos cariátides que configuran la Convención Nacional del Partido Popular, que se celebra este próximo largo fin de semana en Sevilla. Las universidades cooptadas por los partidos desembocan en todo un mercadeo donde se intercambian favores políticos, académicos y profesionales. Hasta el punto delictivo de que la propia presidenta del tribunal del master de Cifuentes negó ayer haber firmado las actas. Hoy el escándalo se cierne sobre la Universidad Rey Juan Carlos, lo de la presidenta de la Comunidad de Madrid es de aurora boreal; pero mañana, podría ser sobre la Camilo José Cela, según los cualificados rumores que circulan sotto voce acerca de otros políticos.
Así las cosas, Rajoy abrirá este sábado la Convención del PP en calidad de Rector más que como presidente de Gobierno. Le toca, pues, respaldar el máster que la señora Cifuentes apañó con los comisarios profesores de la universidad del Partido Popular, que es como se conoce a la Juan Carlos Rey. Nada más idóneo, por lo tanto, que presentarla como víctima de la calumnia de la izquierda para conseguir que toda la derecha reconozca la validez de la inexistente tesis de fin de Máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En esa estrategia le viene como un anillo al dedo la inevitable moción de censura anunciada por el PSOE. De este modo, el claro dilema entre decencia indecencia es sustituido por la dialéctica derecha e izquierda.
Como siempre que hay que echar una mano al PP, Rivera acude al quite con una comisión de investigación que revalida el claro apoyo al gobierno de Cifuentes. Ciudadanos es coherente. Si busca apoderarse el voto del PP, no va a ser sumándose hoy a una moción de censura socialista sino, precisamente, todo lo contrario. No se trata de reeditar en Madrid el gobierno Rivera-Sánchez, a ser posible con Iñigo Errejón que ya lo apoyó, sino de entrar a saco en el electorado del Partido Popular. En esa combinación objetiva, unos cercándola desde fuera, otros erosionándola desde dentro, la señora Cifuentes puede ser bien cocida a fuego lento hasta que llegue la hora de las urnas de mayo de 2019.
Al mismo tiempo, para que no decaiga el ambiente patriotero, la magistrada Lamela procesa al mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero por dos delitos de sedición y uno nuevo de organización criminal. Le pone la música, oportunamente, un José María Aznar con su pronunciamiento contra las fuerzas nacionalistas que junto con la izquierda contribuyeron a crear el llamado Régimen del 78. En este escenario judicial y político, se desprende la figura patética de Cristina Cifuentes revestida de Agustina de Aragón. Cuando está en juego el destino de la patria, como una unidad de destino en lo universal, perder el tiempo con unos másteres falsificados es casi delito de lesa traición. Sobre todo, cuando ayer mismo Alemania ha dejado en libertad provisional a Puigdemont y descartado el delito de rebelíon.
Nada ayuda más a Rajoy y a Rivera que el mundo universitario emulando a los tres monos, y tapándose ojos, oídos y boca para no ver, ni oír, ni hablar nada del negocio de los másteres. El mutismo de los profesores y el silencio de la mayoría de los alumnos es atronador. Resulta difícil comprender la ausencia de manifiestos, o por lo menos de alguna declaración de unos y otros. Cuando todavía resuena el eco de las protestas de las mujeres y de los pensionistas en la defensa de sus derechos, causa extraordinario estupor la inexistencia de alguna protesta o convocatoria contra esta banda de desalmados políticos que se llevan por delante el prestigio de las Universidades.
La llamada oposición responsable del PSOE y de Ciudadanos es hoy, más que nunca, responsable de los másteres de la Convención del PP. El primero, por no ratificar la moción de censura en Madrid con otra en el Congreso de los Diputados, y el segundo, por sostener firmemente al PP en la Moncloa. Ni Rivera ni Sánchez buscan una alternativa; sino un mero recambio gubernamental. Presentar la moción de censura en la Comunidad de Madrid, donde es imposible una mayoría, es un gesto de cara a la galería; un gesto tan vacío como la propuesta de ilegalización de la Fundación Francisco Franco, efectuada en un Senado con una mayoría absoluta del PP, en lugar de haberla promovido en el Congreso de los Diputados. Así están las cosas.
[68] Entrevista a Ian Gibson: «la derecha española lleva el franquismo en sus genes»
Por Luis García Casas
Entrevista a Ian Gibson: la derecha española lleva el franquismo en sus genes
Gibson, nacionalizado español, dice sin pelos en la lengua que la situación le produce «auténtica verguenza».
La entrevista fue realizada por Deutsche Welle (DW) :
«La derecha española tiene el franquismo en el ADN»
El hispanista Ian Gibson dice que en la dictadura eran «imprescindibles historiadores británicos, franceses y norteamericanos» y afirma sentirse «implicado en la lucha por los derechos de las víctimas del franquismo».
La derecha española, consciente de la enormidad de la represión franquista, no quiere en absoluto facilitar la investigación de la misma. Esto no fue Alemania, aquí imperaron a lo largo de cuarenta años la impunidad, el silencio y la destrucción de documentos comprometedores. La derecha española se niega a aceptar que aquí hubiera un holocausto, un crimen de lesa humanidad. Es una situación muy difícil. Para mí, los principales culpables de la situación actual son los socialistas. Cuando tuvieron, a partir de 1982, una mayoría absoluta astronómica decidieron «no mover el asunto», pensando que era mejor esperar. Estuvieron catorce años en el poder y no hicieron nada. ¡Y hoy, en 2018, Franco está todavía en el Valle de los Caídos, con flores frescas cada mañana pagadas por los españoles! Como hispanista y español nacionalizado me produce auténtica vergüenza.
[69] PODEMOS SE UNE A LA CAMPAÑA DE CRIMINALIZACIÓN DE LOS «COMITÉS DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA»
Por ARTURO INGLOTT
El líder de la sección catalana de Podemos coincide con PSOE, Ciudadanos y Partido Popular
Autoorganización popular y disposición a llevar la lucha social más allá de los parlamentos de la pseudodemocracia capitalista. Estas características de los Comités de Defensa de la República de Cataluña -seguramente el germen más esperanzador de unProcés lastrado desde el inicio por la dirección de la pequeña burguesía catalana- han hecho saltar todas las alarmas del establishment.
Los Comités de Defensa de la República son colectivos ciudadanos surgidos enCataluña en 2017, que tuvieron como primera función la puesta en marcha de actividades sociales y políticas para facilitar la realización del referéndum de independencia del 1 de Octubre. Tras el referéndum, los CDR adoptaron el compromiso de continuar luchando por el cumplimiento de lo decidido por la mayoría los catalanes, es decir, la proclamación de la República catalana.
Los CDR tienen una estructura horizontal, constituida por asambleas de ciudadanos, miembros de entidades, partidos políticos, sectores de la economía, la cultura o el deporte catalán. De acuerdo con los datos difundidos por esas mismas organizaciones de masas, a finales del año 2017 existían en toda Cataluña unos 280 comités, que agrupaban a varios miles de ciudadanos. Parecen sr políticamente independientes de cualquier partido y tiene como base de su organización y decisión las asambleas de base.
Además, mientras la mayoría de los dirigentes de los partidos independentistas han reaccionando ante la represión del Estado español retractándose de sus planteamientos y principios ante los tribunales, calificando de meramente «simbólica» la declaración de la República catalana o abandonando el país, los CDR se han negado a «pasar por el aro» y continúan manteniendo en las calles el pulso contra el Régimen.
CRIMINALIZACIÓN Y REPRESIÓN CONTRA LAS ORGANIZACIONES POPULARES
En definitiva, los Comités de Defensa de la República son -con independencia de la capacidad que puedan desarrollar para avanzar en sus propósitos- objetivamente peligrosos para el sistema, que reacciona «sabiamente» contra cualquier forma de agrupación autónoma de «los de abajo».
Es por ello que un mirada atenta a la campaña de criminalización de los CDR que ya se ha puesto en marcha a través de los medios de comunicación y, sobre todo, a los posicionamientos en relación con estos Comités de los representantes políticos de los partidos del arco parlamentario, puede contribuir a esclarecer el panorama real del conflicto que se está produciendo en Cataluña.
Huelga decir que para los falangistas renovados que lidera Albert Rivera, los CDR son poco menos que unos peligrosos «terroristas» contra los que el Gobierno debe actuar «con mano dura». El propio Partido Popular, por su parte, ya ha mostrado indicios de que, en breve, comenzará a satisfacer dicha petición.
¿QUÉ DICEN LOS «PROGRES» Y LA DERECHA CATALANA SOBRE LOS CDR?
Pero, ¿es muy diferente la opinión acerca de los Comités de Defensa de la República de los partidos considerados como «progresistas»? ¿Y que piensan sobre ellos, por ejemplo, en el partido de Carles Puigdemont?
En las páginas de esta misma publicación digital, nuestro compañero Aday Quesadadenunciaba hace escasos días las manifestaciones del secretario de Organización delPSOE José Luis Ábalos, quien declaró a la agencia Europa Press que los «Comités de Defensa de la República» (CDR) constituyen en Cataluña el mismísimo “germen de la kale borroka”.
Según Ábalos -recordaba Quesada – habría que actuar con respecto a los CDR teniendo en cuenta que – en su opinión- «fueron inventados en Cuba, Venezuela o Nicaragua». Tres ejemplos «terribles» para el dirigente del partido socioliberal.
Mucho más desapercibidas han pasado, en cambio, las declaraciones efectuadas aTVE por el portavoz del el PDeCAT en el Congreso de los diputados Carles Campuzadoquien, interrogado también acerca de los CDR, afirmó que «lo menos que necesitamos ahora en Cataluña es llevar la lucha a la calle». Respuesta lógica para un representante de la burguesía catalana que, sin embargo, manifiesta también el callejón sin salida al que se aboca el Procés, mientras se mantenga en el marco de las instituciones y la legalidad delRégimen del 78.
EN COMÚN PODEM CONTRA EL DERECHO A LA RESISTENCIA Y AUTODEFENSA DE LOS PUEBLOS
Pero el último en «retratar» el compromiso con esta institucionalidad de su formación política ha sido, hasta el momento, el líder de En Común Podem, Xavier Doménech. En una entrevista concedida el pasado lunes a La Vanguardia, Doménech respondía de forma tan escueta como contundente a la pregunta de rigor sobre si «apoya las acciones de los autodenominados Comités de Defensa de la República».
«El camino que puede llevar a expresiones de conflicto violento no creo que nos ayude. Por tanto, no»– zanjó el diputado de Podemos, por su rama catalana, en el Congreso de los diputados.
Aunque es probable que las palabras de Doménech tengan un escaso recorrido mediático, lo cierto es que con ellas el líder de En Común Podem no ha contribuido solamente, y de manera cobarde, a la criminalización de las organizaciones populares catalanas, que siempre precede a las actuaciones represivas. Contribuye también, poniendo de manifiesto que el suyo es un partido de «este orden», a la criminalización general de cualquier forma de resistencia y autodefensa de los pueblos frente a laaplastante violencia del Estado, afianzado la idea, fundamental para el dominio capitalista, de que sólo éste se encuentra legitimado para ejercerla, en régimen de monopolio.
[70] EL SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PSOE DICE QUE LOS CDR CATALANES FUERON INVENTADOS POR CUBA Y NICARAGUA
Por ADAY QUESADA
El PSOE renueva su compromiso con el 155 de Rajoy
José Luis Ábalos, – nada menos que secretario de Organización del PSOE -, declaró a principios de esta semana a la agencia Europa Press que los «Comités de Defensa de la República» (CDR) constituyen en Cataluña el mismísimo “germen de la kale borroka”. Por si fuera poco, el dirigente socialdemócrata recordó que «este tipo de comités fueron inventados en Cuba, Venezuela o Nicaragua».
PERO… ¿QUÉ SON REALMENTE LOS «COMITÉS DE DEFENSA DE LA REPUBLICA»?
¿Son realmente, como asegura el secretario de organización del PSOE, losCDR un invento cubano importado por los independentistas catalanes? LosComités de Defensa de la República son colectivos ciudadanos surgidos enCataluña en 2017, que tuvieron como fundamento en aquel momento la puesta en marcha de todo tipo de actividades sociales y políticas que condujeran a facilitar la realización del referéndum de independencia del 1 de octubre. Tras el referéndum, los CDR adoptaron el nuevo compromiso de continuar luchando por el cumplimiento de lo decidido por la mayoría los catalanes, es decir, la proclamación de la República catalana.
Los CDR tienen una estructura horizontal, constituida por asambleas aglutinan a los ciudadanos que desean integrarse en ellas o a miembros de entidades, partidos políticos, sectores de la economía o del deporte catalán . De acuerdo con los datos difundidos por esas mismas organizaciones de masas, a finales del año 2017 existían en toda Cataluña unos 280 comités, que agrupaban a varios miles de ciudadanos. Los CDR son políticamente independientes de cualquier partido y tiene como base de su organización y decisión en las asambleas de base.
¿QUÉ ESTÁ INSINUANDO ABALOS CON SU RENOVADO «¡A POR ELLOS!»?
Pero Ábalos, en plena histeria del 155, fue más allá con sus declaraciones. En su opinión, «hay que que combatir a los CDR con el «Estado de Derecho» porque no soloagitan la calle, también señalan a personas, negocios o sedes de los partidos políticos» .
Ábalos cree, además, que la función de los CDR consiste en “controlar a la población… Y que para ello basta con recordar cuál fue el papel que estas siglas jugaron en las revoluciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela» .
En realidad, José Luis Ábalos sabe perfectamente que lo que está diciendo no se corresponde con verdad. Lo que ocurre es que los CDR, es decir, una parte de la ciudadanía organizada, a través de sus acciones en la calle está protagonizando la lucha popular en Catalunya, al margen de una institucionalidad que ha encerrado el proceso político catalán tras las paredes de su parlamento. Como sucediera en los primeros años del postfranquismo, alPSOE le afloja los esfínteres que sea la gente, el pueblo, el centro del acontecer político. Es plenamente conciente que en ese terreno las tiene todas perdidas. De ahí su temor.
Con su truculenta comparación con los procesos revolucionarios latinoamericanos, el secretario de organización del PSOE está pretendiendo amedrentar a aquellos que desconocen el sentido que han tenido y tienen esas organizaciones populares en Cuba Nicaragua o Venezuela con comparaciones que pretenden justificar la ola represiva que a todas luces se avecina en Catalunya. Esa es la intencionalidad que tienen frases como “los comandos estos son los que vigilan la cuadra, ha quién entra, ha quién sale, y a quién habla”, pues se trata de “elementos de información, pero también de agitación. Son un mal germen”, aseguró sin el más mínimo rubor.
Esa es la razón por la que Ábalos dijo en sus declaraciones Europa Press que había llegado el momento de “actuar contra estos grupos». Por un momento a mas de uno nos temblaron las entretelas, pues ignorábamos si por una traición del subconsciente el secretario de organización del PSOE estaba pensando en los famosos GAL que el gobierno de su partido . Pero Ábalos, apercibiéndose del lapsus cometido procedió a una rapida corrección de nuestros envenenados pensamientos, asegurando que tal «actuación» no debería de tener “carácter excepcional”, sino que debería apoyarse en los “recursos del Estado de Derecho”. Pero, a decir verdad, a estas alturas de la historia de las ultimas cuatro décadas, hablar de esos «recursos» nos suena como a mentar la soga en casa del ahorcado.
[71] CORONEL MARTÍNEZ INGLÉS: EL DEMONIO DEL FRANQUISMO ESTABA ESCONDIDO EN EL 155
Por CORONEL AMADEO MARTÍNEZ INGLÉS
La estafa de la Transición al descubierto
“Sí, sí, si en España, nadie lo duda, hubo una transición política a mediados de los años setenta del pasado siglo. Pero, aunque de “modélica” no tuvo nada y sí, y mucho, de perversa, engañosa y falaz, no por ello dejó de ser una transición: De una dictadura militar se pasó a otra civil”.
El 18 de julio de 1936 una ola de dolor, represión, odio, desesperación y muerte se abatió por sorpresa sobre los indefensos campos, pueblos y ciudades de una España dividida y pobre. Numerosos mandos del Ejército español (aproximadamente un 80% del total), la mayoría de ellos destinados en las Unidades destacadas en el norte de África, creyéndose legitimados para enderezar el caótico rumbo de un país que luchaba para sobrevivir en un mundo sometido a los vaivenes de ideologías políticas enfrentadas, dieron el trágico paso al frente de la rebelión pura y dura, la traición y el genocidio de todo un pueblo.
Tamaña locura, con la derivada sangrienta de una feroz guerra civil en el marco de una Europa que se acercaba peligrosamente a la mayor confrontación bélica de la historia de la humanidad, nos traería a los españoles cuarenta años de terror, de odio entre hermanos y una falta absoluta de derechos y libertades. Parámetros todos ellos propios de una sanguinaria dictadura militar que, desgraciadamente, a día de hoy, en el inicio de la primavera de 2018, tras otros cuarenta años de régimen borbónico todavía no ha sido erradicada de este país sino que al hilo de los acontecimientos vividos en España a lo largo de los últimos años, y especialmente en los últimos meses, sigue ejerciendo su omnímodo poder contra un pueblo empobrecido por la crisis económica y vapuleado y deprimido por una permanente degradación política y social, enmascarada en una aparente democracia que continúa engañando a propios y extraños utilizando sin pudor alguno, no los tanques, los cañones y los fusiles del antiguo Ejército franquista, sino sus nuevos y fraudulentos instrumentos de dominación: la Fiscalía General del Estado, la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los fiscales y jueces en general, lapolicía antidisturbios, la guardia civil, el ministerio de Hacienda y ¡como no! loscarísimos e incompetentes servicios de Inteligencia del Estado (CNI).
La llamada «modélica transición a la democracia», aireada, promocionada y publicitada hasta la náusea por el propio sistema franquista para seguir en el poder absoluto tras la muerte de Franco, planificada, coordinada, preparada y ejecutada con nocturnidad y alevosía por sus propios prebostes civiles y militares ayudados por Estados Unidos, Alemania y sus organizaciones políticas y servicios de Inteligencia, solo fue una añagaza, un fraude, una falacia de dimensiones históricas, un engaño torticero, un timo político y social, un teatrillo organizado, consentido y autorizado por el antes príncipe y luego rey de España, Juan Carlos de Borbón. Estafa despreciable donde las haya aprovechada después por sus sucesores, por un bipartidismo salvaje, corrupto y servil con una monarquía despreciable como la instaurada de nuevo en España por vía testicular del autócrata gallego que, tras una falsa apariencia de democracia, modernidad y libertad, se adueñó sin recato alguno de las vidas y haciendas de todos los españoles a partir del 20 de noviembre de 1975.
Los españoles hemos sufrido en estos últimos ochenta años en primer lugar lo que sin ninguna duda fue una férrea dictadura de corte fascista (1939-1953); después,ligeramente amortiguada tras el pacto con los americanos de 1953 que supuso laconsolidación definitiva del Régimen y su aceptación en los foros internacionales (1953-1970); más tarde, un período de “senilidad autoritaria” o «dictablanda» según el chascarrillo popular (1970-1975) hasta la muerte del dictador el 20 de noviembre de ese último año. Con un Franco enfermo que, eso sí, y esto lo desconoce prácticamente todo el mundo en este país excepto los poquísimos historiadores militares que hemos tenido acceso a la amplísima información que sobre el tema duerme el sueño de los justos en los servicios de Inteligencia de las FAS, dejaría atada y bien atada, de acuerdo con la potencia norteamericana, la hoja de ruta que tendría que seguir el país tras su deceso. Y que la propia CIA estadounidense aseguraría abruptamente acabando, con cargo a ETA, con la vida del osado político español que desafiando al dictador aspiraba a torcerla: Carrero Blanco. Y por último, tras la desaparición de su líder, el franquismo tendría la habilidad de mimetizarse bajo la parafernalia vacía y engañosa de una pseudo democracia (monarquía parlamentaria tuvieron la osadía de llamarla) que escondería durante años y años bajo el ficticio y angelical manto del respeto por las leyes y el derecho, la cara oscura y triste de un post franquismo coronado si cabe más despreciable que el de las etapas anteriores porque se basaba en el engaño de todo un pueblo y en una verdadera estafa a las democracias europeas que, no obstante, aceptarían la simulación política y social en la que se había asentado el nuevo Régimen monárquico en España por intereses económicos, financieros y comerciales, prioritariamente.
l engaño al pueblo español que supuso el invento y puesta en práctica en este país de una falsa transición iniciada a bombo y platillo en 1975, vendiendo al mundo el hecho de que España había logrado la cuadratura del círculo político al conseguir que una dictadura feroz y asentada en un país durante cuarenta años se auto transformara, sin ninguna presión exterior, en una verdadera democracia… no tiene parangón con ninguna otra situación histórica del pasado en este país. Y, sin embargo, sería asumido y hasta jaleado por un pueblo como el español de los años setenta del pasado siglo que, sin despojarse todavía del siniestro manto de pánico existencial que los tres años de guerra civil había dejado pegado a sus mentes, no estaba dispuesto por nada del mundo a revivir algo parecido.
La promocionada, interior y exteriormente, transición del franquismo a la democracia, la cantinela, el mantra político que generaciones y generaciones de españoles no han tenido más remedio que oír y aceptar durante décadas, nunca existió (repito y no me cansaré de repetirlo) de verdad en este país. Todo lo relacionado con ese virtual éxito de la clase política española de finales del siglo pasado ha sido un descomunal engaño al pueblo, una pantomima interesada, un teatrillo puesto en escena por los propios dirigentes franquistas enquistados tanto en el Ejército como en la cúspide del sistema y de la sociedad civil.
Pues bien, toda esta parafernalia de la falsa democracia española con alma, genes, autoritarismo enfermizo y el poder absoluto propio de la dictadura franquista que nunca abandonó, ha saltado por los aires tras el tremendo revulsivo político y social que ha supuesto a nivel nacional e internacional el desafío independentista catalán. Y el régimen político del 78 (basado no conviene olvidarlo en una Constitución autorizada, vigilada, corregida, incluso redactada en algunos de sus artículo por el poder fáctico castrense de la época, el Consejo Superior del Ejército), la “modélica transición” que asombró al mundo en los años ochenta y noventa del pasado siglo, la democracia avanzada a la europea que según los interesados prebostes del poder de turno vino después, el envidiable estado de derecho made in Spain auspiciado por un rey divino y campechano venido del cielo para traer la felicidad a sus amados súbditos…está en estos momentos con el culo al aire. Naciones europeas de nuestro entorno, políticos europeos y mundiales de alto nivel, prestigiosos juristas, abogados de reconocido currículum, gobiernos de regiones o naciones sin Estado, organismos internacionales de primer nivel ONU incluida, partidos políticos nacionales y regionales, medios de comunicación internacionles, parlamentos y asociaciones políticas y sociales…etc, etc, en todo el mundo se han echado, y lo siguen haciendo a día de hoy, las manos a la cabeza tras las alocadas decisiones del Gobierno español en estos últimos meses para afrontar y tratar de solucionar el contencioso catalán.
Y es que este hombre, el todavía presidente del Gobierno español, el a todas luces clon político del siniestro personaje barcenario M. Rajoy, el líder del partido político más corrupto que haya sufrido nunca el parlamentarismo español, el cacique o dictador de medio pelo que gestionaba desde la sombra los últimos poderes dictatoriales de ese franquismo bunkerizado que por fin acaba de salir a la superficie en todo el mundo civilizado… o está loco o se lo hace la mar de bien. Pero lo verdaderamente malo no es que tengamos al frente del país a un loco real o virtual. Lo trágico de esa psicosis obsesiva del sobrecogedor M. Rajoy, de esa locura sádica y homicida que le lleva a considerar rebelde, malversador, sedicioso, traidor, golpista y demás a todo lo que se mueve en Cataluña es que este desdichado va a conseguir lo contrario de lo que perseguía con sus fiscales, sus jueces, sus policías, sus guardias civiles, su 155 y su masa de portaestandartes en la que se ha convertido una gran parte de la ciudadanía de derechas hispánica: Perder Cataluña. De hecho, él ya la ha perdido. Y estamos en trance de perderla muchos millones de españoles que no queríamos de ninguna manera que esto ocurriera. Desde la democracia, el respeto, la libertad, el verdadero estado de derecho, la amistad, la confraternidad y el deseo de seguir viviendo juntos. Pero, desde luego, no con este loco en el poder. Ni con el franquismo en nuestras vidas.
Fdo: Amadeo Martínez Inglés
Coronel. Escritor. Historiador
[72] ¡Malditos alemanes!
Veo en la portada de La Razón una graciosa foto de Cristina Cifuentes con una graciosa frase destacada: “Hay que ser nosotros mismos y dejar de hablar de Cs”. La frase puede resultarle algo anodina y simple al lector poco atento, pero uno debe de analizarla más a fondo cuando se tiene en cuenta el currículum de esta señora tan rubia y academizada. Una persona con tantas titulaciones nunca dice tonterías, al contrario que el ignaro lector o el estólido escribiente que pergeña estos versos.
Otra de las claves sobre la convención del PP en Sevilla que destaca La Razón –no hay que olvidar que su director Paco Marhuendatrabajó para Mariano Rajoy durante cinco años cuando el presi era ministro– son las palabras de María Dolores de Cospedal sobre el Hazte-la-Rubia-gate: “Hay que defender lo nuestro y a los nuestros”.
“Ser nosotros mismos” y “defender a los nuestros”, frases que parecen sacadas de una antología de idioteces de Paulo Coelho, cobran un sentido mucho más profundo cuando salen de entre los labios de dirigentes del Partido Popular. Ser y defender, nosotros y los nuestros. Qué tufillo a 1936. Hay que agradecer a La Razón su ojo clínico a la hora de destacar la verdadera esencia del PP, ellos, lo suyo y los suyos. Que viva España.
Puigdemont
Se ha enfadado muchísimo en ABCSalvador Sostres con la justicia alemana y su empeño antidemocrático de no guillotinar en plaza pública a Carles Puigdemont por rebelión. “Las legislaciones europeas son una cueva para golpistas y delincuentes”, escribe. Ítem más: “La precariedad intelectual que nos ha traído la corrección política, medioambientalista y feminizante, nos distrae de las categorías fuertes sobre las que cualquier idea de orden necesita sustentarse”. Y sigo: “Pretenden hacernos creer que la rendición es una forma de tranquilidad […]. La dictadura de los débiles se nos llevará por delante hasta arrasarnos […]. Vale más despertarnos como israelíes que no nos acabe quedando más remedio que quejarnos como palestinos. Somos lo que defendemos”.
Cada vez que leo a este señor, me lo imagino escribiendo vestido de uniforme y con la Luger reposando al lado del tintero. Y no es el único plumilla del torcuatiano diario que arremete contra la justicia alemana poniendo en cuestión la Unión Europea: “El engendro europeísta fue creado par
a que los pueblos invadidos de nieblas germánicas pudiesen someter a los pueblos bendecidos por la claridad latina. Y este engendro ha desnacionalizado por completo España, ha aminorado el patriotismo”, escribe Juan Manuel de Prada con una mano sobre el teclado y otra agitando el hisopo.
Es curioso cómo el affaire Puigdemont está despabilando la conciencia antieuropeísta de nuestra ultraderecha disimulada. Nada se dijo de las “nieblas germánicas” cuando estas sí sometieron la soberanía española imponiéndonos la economía desigualitaria de la austeridad. Volvemos a lo mismo: ser y defender lo nuestro y a los nuestros, con la Luger y el hisopo, y con el mismo hedor a viejos calendarios.
El País tampoco está nada contento con los togados germanos de Schleswig-Holstein. En su editorial de hoy, hace una relectura de la decisión de no entregar al ex presidentpor delitos de rebelión, dándole unas vueltas muy funambulistas al argumentario alemán, para concluir que “independientemente de su calificación judicial, el procés tuvo un carácter violento […]. Ni el tribunal alemán ni la propaganda independentista pueden cambiar esos hechos”. Parece ser que los alemanes, de repente, han dejado de ser modélicamente democráticos incluso para el diario social-conservador de Prisa. Cómo se exalta el patriotismo cuando se nos enseña nuestra propia sinrazón desde el extranjero. Hasta ahora, todos los medios viejos se habían reído mucho del fracaso de los nacionalistas catalanes en su afán de internacionalizar el conflicto. Ahora que lo han internacionalizado, toca denigrar lo internacional. Muy español y mucho español, todo esto. Der Spiegel, la publicación más influyente de Alemania, escribía ayer que “los argumentos del juez Llarena fueron destrozados por los jueces alemanes”.
En El Mundo, Francisco Sosa Wagnertambién dispara sin trinchera contra la decisión judicial germana: “¿Piensan los jueces alemanes que violencia es solo tripular un tanque?”. Es curiosa la reincidencia en el lenguaje militar de los ofendidos por la victoria europea de Puigdemont. Defender lo nuestro y a los nuestros, con el hisopo y la Luger, la pluma y el tanque. No reconocer que la justicia alemana quizá sea menos arbitraria que la nuestra. Huelga de jueces y fiscales para, entre otras causas, defender la separación de poderes. Federico Jiménez Losantos pidiendo en su radio que secuestremos a los 200.000 jubilados alemanes de nuestras islas y atentemos contra las cervecerías de Baviera. Qué sepia, qué sucio, qué absurdo, qué irracional, qué polvoriento (de pólvora), qué rancio suena todo. Nunca entenderé por qué los calendarios del siglo XXI me hieden a tan viejo.
[73] Podemos, único partido que sube en la encuesta de Metroscopia, que da como ganador a Ciudadanos
Por EFE
Ciudadanos, con el 28,7 % de los votos, ganaría hoy las elecciones generales y se situaría 8,3 puntos por delante del PP, según un sondeo que publica El País, mientras que Podemos sería el único partido que subiría en estimación de voto y, con el 18,3 % de los apoyos, estaría ocho décimas detrás del PSOE.
Ciudadanos, con el 28,7 % de los votos, ganaría hoy las elecciones generales y se situaría 8,3 puntos por delante del PP, según un sondeo que publica El País, mientras que Podemos sería el único partido que subiría en estimación de voto y, con el 18,3 % de los apoyos, estaría ocho décimas detrás del PSOE.
La encuesta, realizada por Metroscopia los días 4 y 5 de abril -en medio de la polémica por el caso del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes- da ganador de las elecciones generales a Ciudadanos, seguido del PP, con un 20,4 % de los votos; el PSOE, con el 19,1 %; Podemos, el 18,3 %, mientras que otros partidos y el voto en blanco obtendrían el 13,5 % de los sufragios.
El partido que lidera Pablo Iglesias se colocaría de este modo a menos de un punto de diferencia del PSOE, pero se queda por debajo del 21,1 % de los votos que consiguió en las últimas elecciones generales de 2016, en tanto que el PP cae 1,1 puntos y se coloca en la cifra menor de intención de voto de los últimos tres años.
La encuesta revela además que por primera vez la suma de los votos de los dos nuevos partidos (Ciudadanos y Podemos) alcanza el 47% del electorado, mientas que el PP y el PSOE juntos suman el 39,5 %. Si hoy se celebrasen elecciones, la abstención alcanzaría el 35 %, el mayor dato de los últimos años teniendo en cuenta que en 2016 fue del 30,2 %.
Además, el sondeo de Metroscopia pone de manifiesto que el 84 % de los entrevistados creen que el tiempo de Mariano Rajoy ya ha pasado, opinión que comparten el 63 % de los votantes del PP, y sólo una cuarta parte de los encuestados aprueba la actuación política del presidente del Gobierno de los últimos meses (el 68 % si se trata de sus simpatizantes).
Por el contrario, el 79 % de los votantes del PP aprueban la gestión política del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que es además el más valorado entre los encuestados. Ciudadanos también es el partido más valorado en esta encuesta, que le da un 51 % de aprobación a la formación naranja, y el que más ilusión genera, un 38 %, frente al PP, que es el que más desilusiona pues sólo un 8 % de los encuestados siente esperanza al grupo político que encabeza Rajoy.
El sondeo de Metroscopia indica asimismo que el 78 % de los españoles ve «muy difícil» encontrar trabajo en nuestro país en el momento actual, y que el 90 % opina que los empleos que se ofrecen tienen salarios insuficientes para poder vivir. Además, un 84 % piensan que la situación política en España es mala, siendo los más pesimistas los votantes el PSOE y de Ciudadanos.
[74] «No voy a permitir que Barcelona se parta en dos, voy a luchar por una ciudad orgullosa de su pluralidad”
Por Andrés Gil / Neus Tomàs
Ada Colau (Barcelona, 1974) llega a la redacción de eldiario.es después de presentar con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, una exposición sobre los 16 días del No Pasarán del Madrid de 1936. Colau ha recordado en el acto las palabras de Lluís Companys en marzo de 1937, hace 81 años, que se hicieron célebres: «Madrileños, Catalunya os ama; Catalunya os ama».
Esas palabras de cariño parecen irreales a día de hoy, en un momento en el que el choque institucional entre el anterior Govern de la Generalitat y el Estado a raíz del 1-O y la DUI ha terminado con la intervención de la autonomía catalana a través del artículo 155 de la Constitución apoyado por el PP, PSOE y Ciudadanos; así como con el procesamiento, encarcelamiento y fuga de los líderes independentistas.
Y de eso habla Colau, de cómo superar el bloqueo; de los límites de la institución; de cómo convertir la reflexión teórica en intervención política; y de la gestión de una de las ciudades más importantes de Europa. Y para todo ello reclama «mucha, mucha, mucha política».
¿Por qué esas palabras de Companys que evidencian la fraternidad de los diferentes pueblos hoy parecen tan excepcionales?
En la memoria popular y en la de nuestras ciudades no suena extraño; lo triste es que se tenga que reivindicar desde la institución como algo excepcional. Es increíble la baja intensidad de la democracia española y lo poco madura que es. Y se ve en asuntos cruciales como estos. En París y en Berlín celebran la resistencia antifascista como un referente de la conquista democrática. Durante 40 años de dictadura se ha reprimido esa memoria antifascista democrática, pero aún es más triste que en 40 años de democracia ha sido tabú hablar del tema. Y quien se ha encargado de hacer la memoria han sido asociaciones y entidades de memoria y derechos humanos. Rarísimamente ha habido ese reconocimiento institucional.
Hay una debilidad democrática profunda que con el contexto entre Catalunya y el Gobierno del Estado todavía se recrudece más. No sólo por una cuestión catalana, sino también por el recorte de libertades con raperos en prisión y retirada de obras en una exposición en Madrid. En un Estado democrático fuerte y seguro de sí mismo estas respuestas desmesuradas y autoritarias no se darían, y tiene una relación directa con el hecho de que no se haya educado con la memoria histórica y en cómo se ha conquistado la democracia con la lucha y el sacrificio de miles de personas que dieron su vida por defender la democracia frente al fascismo.
La batalla de Madrid para mí es un símbolo muy fuerte de que no es verdad que la lucha fue entre dos Españas. Era la lucha entre quienes defendían la democracia, la república, la libertad, la fraternidad y la igualdad frente al fascismo y el autoritarismo.
Dice que se están estrechando los márgenes de la libertad y la expresión. ¿Lo interpreta como una respuesta reaccionaria a la crisis de régimen?
Con la globalización se generan muchas incertidumbres y miedos legítimos: a que las próximas generaciones no tienen su futuro asegurado; a la continuidad del planeta; a la pérdida del trabajo y tu casa… El sistema neoliberal aumenta el individualismo y la sensación de soledad de quienes están solos frente al mundo. Y la extrema derecha, como ha pasado en otros momentos de la historia, lo ha sabido leer: el neofascismo está surgiendo en Europa y EE UU.
Además, tenemos nuestro patrimonio local especialmente fecundo, con una Transición que seguro que se hizo bien en muchas cosas y en un momento difícil para dejar atrás la dictadura y empezar la democracia, pero algunas otras quedaron pendientes, y una es la memoria democrática antifascista y republicana. Ahora se pagan las consecuencias de no haber hecho ese trabajo de memoria, con un gobierno de derechas del PP que no ha acabado de romper con su pasado fascista. Y lo estamos viendo con la polémica que han generado con esta exposición de memoria de la lucha antifascista en Madrid. Cuando eso es un referente democrático en toda Europa, aquí al PP le avergüenza esa memoria y permite que exista la Fundación Franco, que reciba ayudas y reivindique la figura del dictador.
Hablaba de democracia de baja intensidad, en pleno contexto del conflicto catalán. Pero hay mucha gente que se pregunta dónde está la izquierda de este país. ¿Tiene la percepción de que está dormida?
Sí, en general hay un problema de miedos que atraviesan nuestra sociedad. Las reformas liberales, las reformas laborales, han generado situaciones de lucha por la supervivencia que no favorecen que haya movilizaciones a la altura de las circunstancias. Y se echa especialmente de menos a la izquierda en un momento de crisis en el que más se necesitan voces constructivas y propositivas que permitan un horizonte distinto con más derechos, libertad y democracia.
Pero sí hay voces, y con el conflicto en Catalunya agradezco muchísimo como barcelonesa y catalana la posición de Unidos Podemos, que no se ha dejado intimidar por el cálculo de ganar o perder votos en las próximas elecciones como hacen el resto de partidos, y ha hecho una apuesta valiente por el diálogo por la que también ha recibido duras críticas del independentismo. Una apuesta por la política; por el reconocimiento a dos millones de personas que se movilizan desde hace años y en contra de la judicialización de la política. Sí que reconozco esa valentía y esa izquierda que intenta renovarse para buscar soluciones en positivo; y en cambio el PSOE es el gran ausente en esta crisis.
A nadie nos sorprende que los partidos de derechas como el PP y Ciudadanos alimenten el conflicto con el que ganan votos; no tienen incentivos para encontrar una solución democrática y constructiva, pero el PSOE es un partido tiene que buscar respuestas democráticas y constructivas diferentes a las de la derecha. Y hemos visto al PSOE de Pedro Sánchez muy alienado con las posiciones de PP y Ciudadanos. Para ser duros y autoritarios ya tenemos a la derecha auténtica, no hace falta que el PSOE se ponga a su lado. Necesitamos un PSOE a la altura de sus siglas y que se ponga al lado de la ciudadanía buscando soluciones democráticas.
Pero parece que al PSOE, según las encuestas, le da más réditos en España esa posición que a Unidos Podemos.
Tampoco le da tan bien, ¿no?
Resiste, no baja.
Pero no gana. La ciudadanía en general está muy cansada de que los mensajes sean negativos, de bloqueo, de consolidar y reproducir ese discurso de que hay dos Españas o Catalunya y España, esos discursos que dividen a la ciudadanía. Una propuesta general, un discurso institucional, y especialmente si es progresista y de izquierdas tiene que ser inclusivo, abierto, que reconozca la pluralidad, que busca puentes entre las diferencias para ver lo que tenemos en común…
Se ha echado mucho de menos al PSOE, incluso en el PSC veo más voces que entienden eso y que en algún momento lo intentan. Hace poco Miquel Iceta proponía un gobierno de concentración, transversal; Xavi Domènech también ha hecho una propuesta de gobiernos de independientes si los independentistas no son capaces de formar gobierno. Pero Pedro Sánchez y el PSOE salieron a desautorizar a Iceta, y yo le pediría a Pedro Sánchez que confíe en los socialistas catalanes y que les deje trabajar por una solución en positivo, constructiva y que permita hacer una propuesta para un horizonte de salida de los bloques.
Las propuestas de Iceta y Domènech han sido descartadas por el resto de partidos. Los comuns han dejado claro que no facilitarán la investidura de un candidato de JxCat. ¿Pero si el candidato fuese de ERC qué harían?
Fuimos muy claros en campaña no haciendo cálculos electorales: no vamos a alimentar que gane un bloque sobre otro bloque. Lo más trágico es dividir el país en dos mitades, y no vamos a alimentar esa idea nunca. Estamos radicalmente en contra de dividir la población en bloques, en dos mitades que parecen irreconciliables.
Vamos a apostar siempre por soluciones transversales que reconozcan la pluralidad de Catalunya y que busquen los puntos en común. Por eso la propuesta de Xavi Domènech sigue viva: buscamos una fórmula transversal, limitada en el tiempo y que permita formar un gobierno efectivo. Hay que recuperar la Generalitat; acabar con el 155 y empezar a deshacer ese camino de judicialización que ha sido un desastre desde todos lo puntos de vista.
Para hacer eso, hace falta un gobierno que puede ser de independientes, de concentración como decía Iceta. Lo que hace falta es política, mucha política, y que la gente se siente a hablar. Eso no es tan fácil a través de los medios de comunicación, pero hace falta que todos los responsables de los partidos políticos hablen, especialmente de las fuerzas catalanistas en el sentido más amplio y por eso decimos que tiene que estar el PSC para que no sea un bloque que deje a otro al margen y reproducir la situación de bloqueo que nos ha llevado al desastre.
Con un planteamiento amplio y transversal se tiene que hablar, hablar y hablar y encontrar algún tipo de candidato o candidata que pueda dar un consenso posible.
Tiene que ser diputado o diputada.
Sí, sí, que entre todos los nombres se busque a alguien y seguro que se puede encontrar. Sobre todo si, como ha planteado Domènech, es por un tiempo limitado durante dos años, y que quien se presente lo haga con el compromiso de no repetir para que no haya suspicacias. Se puede armar de muchas maneras, con consensos sociales y no sólo parlamentarios.
Los partidos independentistas lo han descartado públicamente. ¿Y en privado?
No me consta que exista una negociación, pero la pedimos, porque en privado todos los partidos, excepto la CUP, que dice siempre lo mismo en privado que en público, te reconocen que hay que hacer un gobierno efectivo.
Incluso desde su estricto punto de vista independentista, para recuperar la Generalitat para defender a las personas que están en prisión e intentar hacer que salgan, va a ser más sencillo tener un gobierno de la Generalitat como interlocutor para negociar con el Estado que no teniendo.
Desde el punto de vista de Catalunya como país; el primer paso es un gobierno efectivo que haga funcionar la Generalitat al máximo rendimiento y no al mínimo rendimiento que es como lo tenemos ahora.
¿Cómo ha vivido este proceso como la alcaldesa de la capital catalana? ¿Siente que le han estirado de un lado y de otro?
Desde los partidos políticos, evidentemente, me han intentado estirar y tensionar muchísimo. Pero no voy a permitir que se parta Barcelona en dos y voy a luchar por una sola Barcelona, plural, orgullosa de su diversidad y pluralidad social y política. Que es innovadora, cosmopolita, abierta al mundo, tolerante, solidaria y esta es la identidad y el ADN de nuestra ciudad. Voy a luchar por esa Barcelona que amo y quiero, y ofreciéndola también como un escenario de seducción.
Y mientras existe esta situación de bloqueo institucional, la vida sigue, en la educación, las escuelas infantiles, la vivienda, la economía, y llevamos meses sin una Generalitat con la que reunirnos, financiando servicios que no nos tocan en educación y vivienda, y necesitamos ese interlocutor.
Mientras no se hace, nuestra responsabilidad es hacer que Barcelona esté a pleno rendimiento y no se pare ni se quede atascada, sino que demuestre que somos una ciudad de convivencia y que seguimos trabajando juntos para mejorar la realidad cotidiana.
Hace unos años, en enero de 2015, hicimos una entrevista en la comentó que «sólo ganando las elecciones no se gana; sólo ganando no vamos a recuperar la democracia». Ahora queda menos para las siguientes. ¿Ha sido así? Además, se ha cruzado el debate nacional que no estaba previsto.
Efectivamente, no estaba previsto para nosotros, que hicimos el paso por primera vez a la política institucional y asumimos sin pasar por la oposición el gobierno de una ciudad como Barcelona. Y lo hicimos con 11 concejales de 41. A eso hay que añadir que nos haya tocado uno de los periodos más complicados de la historia de la democracia en los últimos 40 años. No ha sido sencillo. Claro que nos ha alterado la agenda y se han generado situaciones de frustración porque nos siguen interpelando: la administración local es lo más cercano a la ciudadanía, a la que no le importa de quién dependen los presupuestos, por ejemplo. Quiere soluciones, y te lo piden con más insistencia.
Que la agenda política y mediática haya estado tan centrada en el bloqueo de las relaciones entre Catalunya y el Estado nos ha perjudicado muchísimo a la hora de poner las prioridades sociales en la agenda.
Nosotros hemos seguido trabajando porque la realidad nos interpela cada día y tenemos que dar respuesta. Barcelona ahora es líder en inversión social en el Estado; es líder en transparencia; nos han reconocido en Europa como una de las experiencias pioneras en lucha contra la pobreza energética; hemos hecho la oferta pública mayor para reforzar los servicios públicos de la ciudad de Barcelona de toda la historia de la democracia. Mantenemos nuestras prioridades porque son una demanda de la ciudadanía.
Vamos a esas políticas concretas que cita. ¿Si en un mes no consigue los apoyos para ampliar el tranvía por la Diagonal dará ya por descartado el proyecto?
Tenemos el pleno el próximo 10 de abril, o sea que tenemos una semana. El trabajo técnico esta hecho, esta todo a punto para hacer la conexión entre los dos grandes tramos. Y ese pequeño tramo que falta significa multiplicar por muchísimo las capacidades de movilidad y de reducción de coches.
¿En esta semana cree que podrá convencer a algún grupo de la oposición?
Nosotros hemos construido el consenso social, el vecinal, el institucional puesto que la Generalitat está de acuerdo, también con todos los municipios del área metropolitana, y el único que falta es el de los grupos municipales. Aquí hay algunos grupos y en concreto ERC que tiene que decidir si cumple con su propio programa o por partidismo prefiere desgastar al gobierno y no aprobar un proyecto con el que se comprometió ante su militancia y sus votantes.
Lo único que queda no es la discrepancia de ERC sino la discrepancia de Alfred Bosch. Él ha manifestado su voluntad de volverse a presentar como candidato a la alcaldía y la pregunta es si prioriza los intereses a corto plazo o el interés de la ciudad de Barcelona, las demandas de los ciudadanos y el consenso de su propio partido.
El año pasado hubo 2.591 desahucios en Barcelona. ¿Es imposible reducir esta cifra?
Con nosotros los desahucios se han reducido un 19%. Todavía es insuficiente y no puedo ser autocomplaciente porque conozco bien el sufrimiento que supone cada situación de desahucio. No nos resignamos a que haya desahucios de familias vulnerables pero gracias a las políticas proactivas que hemos hecho se ha creado una unidad de mediación que no existía, se han paralizado más de 2.000 desahucios en dos años, y se han ofrecido soluciones alternativas ya sea negociando con la propiedad para que se puedan quedar o buscando otra. Pero evidentemente todo esto depende de una ley estatal porque los desahucios los regula una ley estatal. Por eso no dejamos de interpelar al Gobierno del PP para que se cambie la legislación.
¿Estando en el despacho de la alcaldía se ha dado cuenta que a lo mejor era más difícil de lo que parecía cuando usted estaba en la PAH?
Yo he comprobado que se podía hacer mucho más de lo que se estaba haciendo. Hemos puesto recursos e insisto se han parado más de 2.000. Pero hay que ir a la legislación. Hay una propuesta de la PAH en el Congreso de los Diputados y el PP y Ciudadanos han impedido que se debatiese. Unidos Podemos entrará nuevas propuestas y es ahí donde hay que discutirlo. La clave es si se trata la vivienda como un derecho o como negocio. Primero tuvimos la burbuja de las hipotecas y ahora tenemos la de los alquileres.
Sectores económicos de la ciudad, por ejemplo el Gremio de Hoteleros, lamentan que el Ayuntamiento no destaque el activo que representa el turismo para Barcelona. ¿Sigue este pulso que mantienen desde el primer día?
Cuando he hablado con los hoteleros me han reconocido que tenían sus miedos respecto a nosotros y se puede entender porque no nos conocíamos y entramos diciendo que había que poner orden. Entiendo que de entrada se asustarán pero ahora viendo los resultados creo que se ha construido un consenso en el que todo el mundo está de acuerdo en que había que poner orden. Por el propio bien del sector y no solo por el de los vecinos afectados por la masificación turística.
Los hoteleros nos reconocen que Barcelona es pionera en la lucha contra los pisos turísticos ilegales, una de las prácticas que más les perjudica a ellos. En realidad nos reconocen el liderazgo contra el intrusismo y las malas praxis. Además, creo que han entendido que poner orden en la planificación hotelera también les conviene.
Es una obviedad que en el centro no se puede construir más porque necesitamos vecinos y no que se convierta en un parque temático. Sí se puede crecer en unas determinadas zonas con unas determinadas condiciones. En 2017, a pesar del contexto político del último trimestre, cerró con crecimiento.
En Madrid, como en Barcelona y otras grandes ciudades, existe ese problema de ciudadanos expulsados de los centros de las ciudades por la subida de los alquileres y por las operaciones de fondos de inversión que convierten edificios en apartamentos turísticos. ¿Qué se puede hacer?
No hay que asumir que la especulación es un hecho inevitable y menos con un bien de primera necesidad como es la vivienda. Hay lugares donde está más regulado, como el parque de vivienda pública que hay en Viena. Aparte de generar un parque público robusto y significativo, hay que limitar la especulación, y se puede hacer con las leyes sin limitar que haya un negocio inmobiliario. El PP ha dado barra libre a los especuladores: las últimas reformas fiscales son de escándalo, porque pone autopistas a fondos buitre para que vengan a nuestras ciudades a especular y que los ayuntamientos no podamos hacer nada.
La reforma fiscales que se hizo para los fondos buitre (Socimis) que compran grandes paquetes de vivienda para el alquiler les permite pagar cero impuestos mientras los ciudadanos pagamos los nuestros. Si pagan cero impuestos al menos que sea a cambio de que ese alquiler sea asequible para los ciudadanos. Pero el PP les ha dicho: las ciudades son vuestras, podéis venir, comprar, os subvencionamos porque no os cobramos la fiscalidad y encima no os ponemos ninguna condición. La otra barbaridad del PP es subvencionar que venga gente muy rica y compre viviendas por encima de 500.000 y a cambio les da los papeles que a los trabajadores pobres les niega a través de la ley de extranjería.
Eso es una aberración democrática, porque condiciona la ciudadanía a ser rico y que compres una casa de lujo. Son leyes muy concretas que es fácil modificar para empezar a revertir la situación. Se pueden hacer muchísimas cosas, además de destinar un presupuesto que esté a la altura de las circunstancias, porque el Estado ha recortado un 70% en vivienda.
Tanto Madrid como Barcelona han tenido conflictos con el Gobierno y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por el techo de gasto y la incapacidad para invertir en ciudades con superávit. ¿Hasta qué punto hay margen en la institución para hacer cosas?
Hay muchos más límites de los que quisiéramos…
… y la velocidad de la burocracia.
Sí, sí. Entras y las cosas son más lentas de lo que te gustaría porque hay que hacer muchos trámites y movilizar grandes estructuras. Y es verdad que hay un gobierno del Estado que es antimunicipalista. Eso es así. Empezando porque la financiación de los ayuntamientos en España en comparación con otros países europeos es ínfima, cuando en realidad somos la administración que está en el día a día y afronta las necesidades básicas de la población, y cada vez más porque la población se concentra en las ciudades.
Habría que revisar todo el sistema de financiación, no sólo en beneficio de los ayuntamientos. El Estado tiene que entender que es una estructura muy antigua, decimonónica y lenta que no puede dar la respuesta ágil que la ciudadanía necesita. Los ayuntamientos son aliados claves para dar respuesta a las necesidades básicas.
Montoro dice que quiere reducir la deuda, pero ataca a los ayuntamientos, que son las instituciones menos endeudadas y que han hecho los deberes, y acaba promoviendo una privatización porque no puedes hacer oferta pública y contratar trabajadores: se ha ido subcontratando para cubrir necesidades básicas.
CiU había empezado a privatizar escuelas infantiles, que hemos revertido, y ahora estamos pensando hacer una funeraria pública para que morirse no sea tan caro en Barcelona.
¿Cree que tendrá apoyo para impulsarla?
Una vez más, los partidos progresistas y de izquierdas nos dicen en privado que están a favor, pero ¿de verdad van a votar en contra para erosionar a Barcelona en Comú en lugar de apoyar algo que quieren la mayoría de los ciudadanos? Es un consenso social, una demanda ciudadana y para un partido que se supone tiene que priorizar a las personas más vulnerables que puedan acceder a servicios tan básicos como un entierro digno, no concibo que no se vaya a votar a favor.
Tras la ruptura del pacto con el PSC se ha demostrado lo complicado que es gobernar con solo 11 concejales.
Pero eso ya pasaba con el PSC. Ellos tienen cuatro concejales, y con ellos no conseguíamos ninguna mayoría. Al contrario, había partidos que eran más reacios a negociar con nosotros por nuestro pacto con el PSC.
Visto en perspectiva, ¿fue un error romper con el PSC?
Para mí el gran error y la gran decepción fue que el PSC apoyara el 155 y la respuesta represiva a lo que estaba pasando en Catalunya. Pero no pasó solo en Barcelona, es un problema que tuvo el PSC en otros ayuntamientos: dimitieron alcaldes; Núria Parlon dejó la ejecutiva del partido.
Es una tragedia que el PSC, que ha construido las instituciones democráticas en Caralunya, se haya aliado con la extrema derecha del PP y Ciudadanos. Y ojalá que eso se revierta rápido y el PSC vuelva a tesis más catalanistas y progresistas. Yo siempre voy a aspirar a contar con las fuerzas progresistas y de izquierdas para priorizar Barcelona y las políticas de izquierdas que tenemos en común con el PSC y ERC.
El PSC en este momento se ha alineado con las tesis del PP y Ciudadanos, y ojalá que podamos rehacer alianzas de izquierdas que serían buenas para Barcelona y Catalunya.
¿Ha leído el libro de Joan Coscubiela?
No he tenido tiempo, pero lo leeré seguro.
Una de las cosas que dice sobre los comunes es que la indefinición es más que la equidistancia. Y les reprocha que el 1-O se dejasen llevar por el tacticismo. A usted le afea que no se implicase en Catalunya Sí Que Es Pot. ¿Puede tener razón en algo?
Seguro que todos, Coscubiela, yo y todo el mundo, hemos cometido algún error o no hemos comunicado todo lo bien que podíamos haber comunicado. Es un buen momento para que todos hagamos autocrítica y estoy predispuesta a hacerla en un sentido constructivo. Ahora bien, no me reconozco cuando me dicen que no me he definido: me he definido clarísimamente, y también el espacio de los comunes.
Hemos dicho que no íbamos a participar de la política de bloques, y es verdad que en una situación muy tensionada y muy polarizada eso nos ha penalizado, pero no considero que eso no sea definirse. Me defino como demócrata; como soberanista porque creo que la fórmula autonómica está agotada y hay que avanzar. Yo estoy por propuestas federales o confederales y he trabajado activamente para visibilizar las alianzas en todo el Estado a favor de esa solución democrática para Catalunya.
El 1-O yo critiqué la manera en la que lo hizo el Gobierno catalán. Pero la movilización de dos millones de personas que no se ha inventado un gobierno y que lo que pedían era poder votar en una urna en las escuelas fue respondido duramente con miles de policías enviados por el Gobierno del Estado a retener a gente pacífica. Tengo clarísimo que como alcaldesa de Barcelona tenía que estar en la calle y en las escuelas defendiendo el derecho al voto el 1-O de gente que no piensa como yo.
Otra cosa es que para mí era una movilización que no tenía las garantías de un referéndum y no lo considero vinculante.
Se les acusa de equidistancia o indefinición cuando su propuesta era un referéndum pactado a la escocesa o canadiense. ¿Quizá se les critica porque llega muy pronto o por lo polarizadas que están las posiciones?
Estamos seguros que es una propuesta de futuro, y en el transcurso de este tiempo ya nos ha pasado que quienes declararon la independencia unilateral han vuelto a la idea del referéndum por el cual nos habían criticado muchísimo.
Como demócratas estamos convencidos. Nuestro espacio no prioriza el eje nacional, pero sí que dice que el autogobierno hay que mejorarlo con diálogo y escuchando a todas las voces. Hay que dar una solución democrática a las cosas, la judicialización es un desastre y como demócratas hemos estado radicalmente de la intervención del 155 y de lo que ha venido después con la gente en prisión.
Nuestra posición es muy clara, somos una formación plural y estamos orgullosos de que entre nosotros haya independentistas, federalistas, porque todos tenemos un proyecto en común de una Catalunya plural, diversa y que quiere avanzar en derechos y libertades porque entiende que el modelo está agotado. Lo indefendible es dividir a la población en dos mitades.
¿Cree que existe el riesgo de violencia, ahora que se habla tanto de los Comités de Defensa de la República?
Ya hemos sufrido violencia el 1 de octubre: hemos tenido a miles de policías enviados por el Gobierno contra población indefensa y lo que hay que buscar es una situación política a un conflicto político. Mientras se judicializa, se enquista, se tiene la Generalitat intervenida se produce una situación de anormalidad democrática que genera protestas, hasta ahora pacífica. En Barcelona no hay violencia en las calles y pediría a todo el mundo responsabilidad y que se genere alarmismo, alimentar el conflicto para ganar votos, en lo que son especialistas PP y Ciudadanos. Necesitamos rebajar tensión, escucharnos, que todo el mundo ceda un poco en sus posiciones y buscar soluciones dialogadas. Y ahí interpelo a los independentistas: necesitamos un gobierno efectivo, recuperar la institución catalana para dar la mejor respuesta posible a los muchos temas pendientes que están sobre la mesa.
¿Descarta elecciones?
No descarto nada, ni está en mis manos. Los partidos independentistas son los que tienen mayoría para formar un gobierno efectivo cuanto antes. Xavi Domènech les ha dicho que si no son capaces, que lo digan abiertamente para buscar un gobierno más transversal con el PSC y los comunes. Si no, siempre queda la opción de las elecciones, pero lo mejor sería que hubiera un gobierno para empezar a hablar de solución para todas las situaciones que tenemos: las anomalías democráticas, de retrocesos de derechos y libertades, pero también muchos temas sociales que hace demasiado tiempo estamos dando respuesta solos los ayuntamientos.
El discurso del rey el 3 de octubre abriendo la puerta al 155 ha tenido mucho rechazo cuando visitó Barcelona en enero. ¿Ese desgaste de la institución es recuperable en Catalunya?
En Catalunya ha habido desafección respecto a la monarquía después de la respuesta al conflicto, y no sólo desde las filas independentistas. Yo he sido republicana toda mi vida y preferiría que en una democracia haya un jefe del Estado que la gente vote y no sea por herencia sanguínea. Pero más allá de eso, siempre he tenido clarísima la responsabilidad institucional desde el primer día: me reúno con todo el mundo, con el rey, con el Gobierno del Estado, la Generalitat, más allá de que tenga grandes discrepancias.
Un jefe de Estado tiene que estar para las grandes cuestiones de Estado y respaldar a la ciudadanía en situaciones de crisis y defender la democracia. Aquí hemos tenido muchas crisis democráticas graves en temas de derechos sociales, violencia machista, que suponen un sufrimiento enorme de la población, y la monarquía nunca se ha significado por defender a la ciudadanía y a sus derechos. En cambio, ha intervenido para actuar de forma autoritaria y al lado de las tesis más duras del PP, en lugar de llamar a la reconciliación y mostrar empatía con las consecuencias de unas cargas policiales que nadie entendió ni en Europa ni el mundo.
El rey desgraciadamente no estuvo por encima de esa situación y se alineó con las tesis más duras. Eso no es defender la Constitución, sino una versión de la Constitución que no es la más amplia ni la más plural posible.
¿En las próximas elecciones se podrá incluir el eje municipal o seguirá el eje nacional marcando el debate?
Nosotros vamos a trabajar para que el eje sea el municipal, porque nos jugamos muchísimo como ciudad. Los ciudadanos en general han separado los diferentes ámbitos electorales y los barceloneses quieren que se hable de Barcelona y cómo despliega todo su enorme potencial en un contexto como el actual.
En la crisis democrática, no sólo catalana y española, sino global que estamos afrontando, el muncipalismo es clave para reconstruir desde abajo para hacer que la ciudadanía no se fragmente y no se deje llevar por los miedos y las tentaciones de las extremas derechas. Hay que conseguir que no nos dividan entre nosotros y los otros; que no cunda el miedo a los extranjeros y culparlos de todos nuestros males.
La clave para que la semilla del racismo y la extrema derecha no pueda proliferar está en el municipalismo. Desde la comunidad y la proximidad dando respuesta a situaciones concretas se puede transformar el miedo en esperanza, creando comunidad con los otros y no contra los otros. El municipalismo es clave para la mejora democrática en toda Europa.
[75] ¿Error Puigdemont o error Junqueras?
Javier Pérez Royo:
La estrategia de Oriol Junqueras ha sido completamente estéril; esta maniatado y sometido a la humillación de un Juez que está vulnerando sus derechos fundamentales
La estrategia de Puigdemont, por el contrario, ha servido para poner en evidencia al Gobierno y a los Tribunales españoles
Oriol Junqueras decidió no huir de la justicia y someterse a la jurisdicción del Tribunal Supremo. Lleva más de cinco meses en la cárcel por un delito que no ha cometido, que solo existe en la imaginación del Juez Pablo Llarena.
Carles Puigdemont decidió exiliarse y no someterse a la justicia española. Ello le ha permitido defenderse primero ante la justicia belga y después ante la justicia alemana y ante ambas con éxito. Al juez belga no se le dio la oportunidad de que se pronunciara acerca de la euroorden emitida por la Jueza Carmen Lamela, porque el Juez Pablo Llarena decidió retirarla, pero el juez alemán sí ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la euroorden dictada por el Juez Instructor del Tribunal Supremo con el resultado que los lectores ya conocen.
La estrategia de Oriol Junqueras ha sido completamente estéril. Esta maniatado y sometido a la humillación de un Juez que está vulnerando sus derechos fundamentales con la seguridad que tiene de que sus compañeros del Tribunal Supremo van a cerrar filas con él y de que el Tribunal Constitucional, cuando le llegue un recurso, mirará para otro lado.
La estrategia de Puigdemont, por el contrario, ha servido para poner en evidencia al Gobierno y a los Tribunales españoles. La decisión del Presidente del Gobierno de no abordar políticamente el problema de la integración de Catalunya en el Estado y delegar en los Tribunales la respuesta al mismo, se ha traducido en que la Justicia europea vea a los Tribunales españoles no como órganos de administración de justicia, sino como instrumentos de la acción política del Gobierno, que hace uso de los mismos para la persecución penal de los adversarios políticos.
Y la justicia europea, la belga primero, la alemana después y después vendrá la escocesa y la suiza, están considerando que los Tribunales españoles están haciendo política y no administrando justicia, porque exactamente eso es lo que está ocurriendo. La Audiencia Nacional se está comportando, en lo que a la represión del nacionalismo catalán se refiere, como si fuera el Tribunal de Orden Público del Régimen del General Franco. Y el Tribunal Supremo, exactamente igual. El Tribunal Constitucional entonces no existía. Ahora, como si no existiese.
El Gobierno de Mariano Rajoy se ha retratado con la utilización de la Fiscalía General del Estado para perseguir penalmente por delito de rebelión a los exmiembros del Govern y de la Mesa del Parlament y a los expresidentes de dos entidades cívicas con una larguísima trayectoria de activismo pacífico, como son ANC y ÓMNIUM. La Audiencia Nacional primero y el Tribunal Supremo después también lo han hecho al hacer suya la calificación jurídica de la conducta de los políticos nacionalistas catalanes por parte del Fiscal General.
La sincronización de la acción del Gobierno activando el 155 CE, del Fiscal General del Estado activando al día siguiente la querella por rebelión ante la Audiencia Nacional contra los ex miembros del Govern y ante el Tribunal Supremo contra los exmiembos de la Mesa del Parlament y la admisión a trámite de dicha querella con la adopción de las más graves medidas cautelares contra los querellados tiene toda la apariencia de una operación política disfrazada como operación judicial. Y la justicia no solo tiene que hacerse, sino también que parecer que se hace. La apariencia de administración de justicia es constitutiva del derecho a la tutela judicial efectiva.
La Fiscalía General del Estado, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han aceptado actuar como instrumentos del Gobierno para perseguir penalmente una opción política. Esto es lo que significa la querella por el delito de rebelión, que carece de explicación jurídica en cualquier democracia europea a estas alturas del siglo XXI. Por eso ha sido rechazada la euroorden.
La Fiscalía General del Estado, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se están comportando no como los órganos de Administración de Justicia de un Estado social y democrático de Derecho, sino como lo que eran en el Régimen de las Leyes Fundamentales. Entonces no había derechos fundamentales. Ahora parece que tampoco los hay.
¿Con qué interpretación de los artículos 25, 24, 17 y 23 de la Constitución se puede justificar la instrucción de la conducta de los nacionalistas catalanes como constitutiva del delito de rebelión, se los puede mantener en prisión y se puede impedir la celebración de la sesión de investidura?
Contra toda esta cadena de vulneración de derechos fundamentales Puigdemont está pudiendo defenderse, mientras que Oriol Junqueras no. Es Carles Puigdemont con su conducta “rebelde” frente a la “Justicia Política” española el que está haciendo un servicio a la democracia. En Catalunya y en España.
Que huir de la justicia sea la mejor estrategia para defender la democracia. A este nivel de degradación nos ha llevado la negativa de Mariano Rajoy a enfrentarse con sus responsabilidades políticas para dar respuesta a la integración de Catalunya en el Estado.
[76] Llarena como Einstein
Por ELISA BENI
Aquí tenemos a la Justicia española bicicleteando o, lo que es lo mismo, pedaleando alocada como si se le hubiera roto la cadena y todo esfuerzo fuera vano excepto el de intentar mantener el equilibrio. Llarena bicicletea, es decir, nos entretiene con evasivas, excusas y pretextos para alargar la solución de un asunto y, en este caso, para reconocer que su instrucción ha recibido tal revés que debería reconsiderar todo el proceso y como primera medida poner en libertad a los encausados.
Si los hechos relatados en su auto no contienen la violencia necesaria o la intensidad de violencia o el tipo de violencia, o desígnenlo como prefieran, para condenar a nadie en Alemania, tampoco lo tienen para condenar a nadie y menos a 30 añazos de prisión en España. Es lo que tiene ser europeo, que los parámetros de respuesta democrática han de ser homologables. La OEDE era “un papel sospechoso que ha provocado dolor de estómago a los jueces alemanes”, según Heribert Prantl, reputado jurista y redactor jefe de Süddeutsche Zeitung y uno de los editorialistas más respetados y citados de Alemania. Vendrán los mismos retortijones para los belgas y los británicos. Tales gastritis están tan extendidas que también las sufren el 85% de los cátedros y profesores de Derecho Penal españoles y, me van a perdonar, muchos magistrados sensatos que se callan y sufren en el silencio de los mensajes privados.
Debería Llarena, y los que le inspiran, reflexionar sobre ese órdago que ha sido una torpeza jurídica y que les ha situado en una situación insostenible. Claro que Llarena, y los finos juristas que le inspiran, y que piensan que lo son tanto que pueden vestir bien cualquier propuesta dado que su técnica alcanza para hacerlo, se aproximan en su actitud a las posiciones de Einstein. Ya saben, el padre de la teoría de la relatividad dejó dicho que la vida es como una bicicleta en la que hay que pedalear siempre hacia adelante para no perder el equilibrio. Quede claro que la semejanza tiene que ver con la huída hacia adelante y no con la relatividad, porque algún malvado querrá ver el guiño.
Bicicleteando han llegado al despropósito de anunciar la presentación de una cuestión prejudicial frente al Tribunal Europeo de Justicia. Les va a ser fácil comprender por qué es un delirio y más difícil entender cómo unos juristas hechos y derechos se han metido de hoz y coz en esta vía imposible, aunque también intentaré aclarárselo. Verán que lo que Llarena -que según los que le vieron estaba como poco tensito y como mucho histérico el viernes- anuncia a través de los medios es una cuestión POSTjudicial y no PREjudicial dado que la resolución alemana ya está tomada.
Por otra parte, tal cuestión está prevista para que un juez pida aclaración sobre la forma de aplicar las normas de la Unión a SU asunto que todavía NO ha fallado. Héteme aquí que, bicicleteando, Llarena quiere pedir al TJUE que se pronuncie a posteriori sobre un procedimiento que no es suyo sino de unos jueces alemanes. Es delirante. Tan extravagante resulta que en su nota de semiapoyo, la Fiscalía General del Estado nos decía el viernes que “estudiará la eventual posibilidad” de apoyar tal cosa. ¿Han visto más palabras de incertidumbre en el mismo sintagma? Estudiar no es hacer. Eventual es no seguro. Posibilidad, es una disposición para hacer o no algo. Vamos, que lo tienen super claro como verán. Tampoco la Fiscalía tiene mucho margen de acción. Recuerden que ya intentó reconducir las cosas pidiendo la libertad con fianza de Forn o alegando que no se podía reclamar o no reclamar a voluntad y recibió un desprecio por respuesta.
Tras el noqueo producido por la respuesta jurídica alemana que, Dios sabe por qué, no habían previsto, el viernes todo era un revuelo. Las reuniones de Marchena, las reuniones de los fiscales del caso, las llamadas de aquí y de allá. Un terremoto. ¿Y a qué tanta prisa para estudiar la situación jurídica creada? Para replantear sus actuaciones en verdad tenían tiempo. Lo que no daba tanta tregua era la situación política y de opinión pública. Las huestes estaban aplanadas, el Gobierno en shock, y los más no entendían nada. Es lo que tiene falsear las expectativas. Creo que lo que se buscaba a toda costa el viernes era un relato. Algo que ofrecer. Una esperanza que dar para que no decaiga. Bicicletear, en suma. Así que supongo que en alguna tormenta de ideas, ante el callejón sin salida, en lugar de proponerse reconsiderar en términos jurídicos lo que están haciendo, eso ni se plantea, alguien sugirió: “pues usemos la cuestión prejudicial como una especie de recurso y así ganamos tiempo”. Entiendo que, a falta de nada más, recogieron el guante, pero hay que estar muy desesperado para plantear algo así. Si se presenta, que yo lo dudo, les van a mandar a paseo como poco y el berenjenal fangoso en el que van a dejar el procedimiento y el bochorno internacional no va a tener parangón en los anales de la historia penal española.Eso sí, oiga, han conseguido un relato para mantener entretenida la fiesta de todo aquel que no sabe mínimamente de qué va esto o del que está deseando creer lo que le den. Sucede que esa no es su misión. Es lo que tiene.
Lo que está haciendo el instructor no es homologable por los viejos estados democráticos porque supone adobar unos hechos para encajarlos en un tipo penal sin que sea éste adecuado para recibirlos. Los jueces alemanes le han aceptado el relato de hechos, es decir no juzgan siquiera si se han producido o no y los dan por buenos, en eso estriba la confianza entre estados, y aún dándolos por digamos probados tienen meridianamente claro que no son delictivos. Lo mismito que opinan todos los juristas que no dejan que les posea un elemento emocional o mesiánico. Y eso lo han determinado los alemanes hasta con una traducción bastante curiosa enviada por España de la que han desaparecido frases como esa de la página 56 del auto de procesamiento en la que el juez se mete como parte: «Y termina el relato de la estrategia que SUFRIMOS» que se ha mudado en alemán a “finalizando el relato”. Los defensores, que hablan alemán y no tragan, han encargado una nueva traducción jurada.
Todo esto tendrá consecuencias más allá del enturbiamiento procesal y de derechos a que están sometiendo al procedimiento. Cuesta contemplar la dilución escénica de partidos como el socialista que, consciente de su deber de apoyar el 155, no debería sin embargo tener complejos para hacer visible el descrédito al que se está conduciendo al sistema judicial español a ojos de toda Europa. También se corre el riesgo, ya puesto en marcha por algunos medios secuaces, de alentar un sentimiento antieuropeo que puede resultar algo más que peligroso sólo para salvar los trastos y colocar un relato en las escaletas.
No sé avanzarles hasta dónde puede llegar el destrozo, pero parece claro que la esperanza para enmendar este despropósito reside en Europa y que de allí llegaran muchas novedades muy pronto.
Por eldiariocv
Gabriel Moreno fue jefe de campaña de Elena Martín en 2011, y cuenta que rechazó ayuda del sector de Ángel Franco y de alguna empresa porque «todos en el PSOE» eran conscientes de lo ocurrido en la campaña anterior de Etelvina Andreu a la alcaldía
«Todos en el partido éramos conscientes de lo que pasaba en la campaña de Etelvina Andreu», asegura Gabriel Moreno en declaraciones al diario Información. «Cuando saltó el tema de la Gürtel del Partido Popular, vi que era lo mismo que pasaba en el PSOE. Aquí hemos visto a gente del partido sacar fajos de billetes y pagar en la campaña, y sabíamos que algún día saldría todo».
Moreno fue secretario local de Organización del PSPV-PSOE en Alicante y jefe de la campaña de Elena Martín a la alcaldía en 2011. Una campaña en la que asegura que se desmarcaron del funcionamiento de la de 2007, en la que había sido candidata Etelvina Andreu.
«El entorno de Ángel Franco se ofreció a ayudarnos, nos dijeron que no podíamos ser tan puros», cuenta Moreno en referencia al exsenador que actúa como hombre fuerte del partido en Alicante desde hace muchos años. También explica que el equipo de Elena Martín rechazó ayudas de «potentes constructoras». Y añade: «Me llamó una empresa diciendo que querían colaborar. Les dije que tenían un número de cuenta oficial y un tope máximo. Nunca más supe de ellos».
Las declaraciones de Gabriel Morneo añaden leña al fuego de la sospecha de una financiación ilegal de la campaña de los socialistas valencianos en 2007 que un juzgado de Valencia archivó por estar prescritos los posibles delitos, aunque ha enviado a dos juzgados de Madrid, uno de Benidorm y uno de Gandia la documentación recogida por si pueden llevarse a cabo investigaciones sobre otros posible delitos.
Una de las investigaciones se refiere a que la agencia Crespo Gomar, con sede en Gandia, supuestamente sirvió para camuflar pagos de empresas a la campaña del PSPV-PSOE. La agencia recibió contratos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando la excandidata a la alcaldía de Alicante Etelvina Andreu fue directora general de Consumo del Ministerio de Sanidad.
[78] FAUSTO CARTAGENA
Por Salvador Viada
El día ha sido largo pero muy importante para la Fiscalía. Fidel Cadena, para mi el más preparado de los Fiscales de penal del TS, ha sido elegido Fiscal de Sala Jefe de la Sala Segunda. Grandísima noticia que supone dos cosas: la primera que el mérito tiene recompensa y que se está notando ya la llegada de una nueva Fiscal General. Otra gran noticia: Javier Huete, el gran creador e impulsor del Prontuario de Jurisprudencia Penal y además «socio» mío en Wikipenal, ha sido elegido con todo merecimiento, Fiscal de Sala Jefe de Menores. No me olvido de otros aspirantes a la plaza, fantásticos compañeros y grandes fiscales. Pero el nombramiento me llena de alegría: se trata de un fiscal de esos que a pesar de sus méritos, con el duopolio AF-UPF y Fiscales Generales de la cuerda, tenían muchas puertas cerradas. Hoy se abren, y se abren de qué manera.
Porque el nombramiento clave hoy era a mi juicio el del Fiscal Jefe de la Inspección. Y ha salido el único -de entre todos los aspirantes- que a mi juicio podía realmente cambiar las cosas. No quiero hablar muy bien de Fausto Cartagena, aunque se lo merezca, porque puede parecer que exagero. Pero tengo todas las ilusiones puestas en él porque se que a partir de ahora no se va a dejar años sin contestar una queja de los fiscales; no se va a expulsar a nadie sin razones sobradas para ello; se van a abordar con seriedad los méritos de todos y cada uno de los fiscales para que el CF esté informado correctamente, y se va a informar desde la independencia profesional y de la independencia asociativa; se que se va a trabajar con la mayor competencia y que se va a cuidar al compañero como desde los tiempos de Eliseo García, no se hacía.
Desde hace unos pocos meses la cúpula de la jerarquía de la Carrera ha cambiado y ha cambiado para bien. Hacen falta muchas más cosas, pero el principio está ahí. Desde la APIF le vamos a dar a la FGE en el Congreso de Sevilla -ha confirmado su presencia- una recepción llena de esperanza en el futuro de la Fiscalía.
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