Para lograr el rechazo del habeas corpus a Lula, medios de comunicación, poderosos ministros del gobierno, movilizaciones en la calle y el ejército presionaron al Tribunal Supremo en una defensa contradictoria del Estado de derecho y la independencia judicial
El expresidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva en una imagen de enero de 2018 (AFP)
Una de las cosas que llamaron la atención durante una visita al resort playero de Guarujá donde se encuentra el apartamento triplex que ha tumbado al ex presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, era la convicción inquebrantable de todos los vecinos del inmueble de que Lula era culpable de recibir el inmueble como soborno. “El apartamento es suyo.¡Seguro! Ellos venían por aquí”, dijo el marido de una pareja de vecinos que salían del bloque de pisos en el que Lula supuestamente se había beneficiado de una obra realizada por la constructora OAS a cambio de contratos de obras públicas. Por “ellos” el vecino se refería al expresidente y su ya difunta mujer Marisa. “¿Cómo saben?, ¿Los habéis visto?”, preguntamos. “No. Pero la Rede Globo da muchas pruebas en televisión”, respondieron en referencia al poderosísimo grupo mediático que ha sido un portavoz leal de los jueces de la investigación Lava Jato(lava coches) en su investigación anticorrupción.
Lo cierto es que es casi imposible saber si Lula era el verdadero propietario del triplex. Los jueces han fallado que sí lo era en dos juicios distintos. Los once jueces del Tribunal Supremo Federal de Brasil defendieron esa decisión el miércoles al negar por una diferencia de solo un voto el habeas corpus a Lula. Pero los abogados de Lula responden : “¡Enséñenos las pruebas!”. Sostienen que los intrépidos jueces de la investigación Lava Jato (Lava coches) encabezados por Sergio Moro -el Elliot Ness brasileño (al menos según los medios conservadores)-, en realidad son guerreros de una campaña de lawfare. Es el término en ingles que ya se usa cada vez más para denominar una supuesta politización del poder judicial, bien sea en España, en relación con la inculpación de los lideres independentistas en Catalunya, bien sea en Brasil, en relación con los ex gobernantes de la izquierda y los lideres del Partido del Trabajo.
«Es muy discutible afirmar que Brasil, en estos momentos, sea un estado de derecho funcional»
En un Estado de derecho que funcionase habría que apoyar la decisión de los jueces. Ellos son los encargados de investigar asuntos opacos como la verdadera propiedad del triplex de Guaruja que nadie más está en condiciones de saber. Pero es muy discutible afirmar que Brasil, en estos momentos, sea un estado de derecho funcional. El golpe parlamentario contra Dilma Rousseff fue claramente diseñado para quitar el poder a un Gobierno heterodoxo en tiempos de crisis económica que requería, según los poderes empresariales y bancarios y los inversores globales, medidas ortodoxas. La acusación de que Rousseff, uno de los pocos políticos que no se ha visto involucrado en la investigación Lava Jato, había ocultado un déficit fiscal, era claramente un pretexto. “Fue un golpe; así de simple; Dilma es una de las personas mas honestas que he conocido”, dijo Luiz Carles Bresser, el ex ministro del gobierno de Fernando Henrique Cardoso en una entrevista a La Vanguardiaen Sao Paulo.
Asimismo, aunque la investigación de Moro y los otros jueces de Lava Jato hayan implicado a otros peces gordos de la política brasileña concretamente Michel Temer, el Congreso en Brasilia ha hecho lo necesario para evitar que sean inculpados.
«La defensa del Estado de derecho es muy selectiva en Brasil»
Es difícil no llegar a la conclusión, tras cuatro años de juicios , encarcelamientos y destituciones, que la defensa del Estado de derecho es muy selectiva en Brasil. Las grandes manifestaciones en favor del encarcelamiento de Lula en Brasilia el martes fueron un buen ejemplo. Los manifestantes, cuya composición sociológico (blancos de clase media) era muy parecida a la de las protestas que había llenado la avenida paulista en el 2014 y el 2015 para pedir la cabeza de Rousseff, reivindicaban apasionadamente que a los jueces del Tribunal Supremo no les temblara la mano ante el encarcelamiento del presidente más popular de la historia de Brasil y que lidera en estos momentos los sondeos para las presidenciales de octubre. Hacía falta demostrar que nadie, ni el expresidente, es impune ante la ley, repetían los entrevistados y los columnistas. Diversos ministros y poderosos políticos como el ex fiscal general Rodrigo Janot anunciaron públicamente que apoyaban las movilizaciones de defensa del Estado de derecho.
Pero, obviamente, el simple hecho de presionar desde la calle para intimidar a los jueces fue un atentado contra este mismo Estado de derecho. Pasaba lo mismo con los grandes medios de comunicación, que se emplearon a fondo para apoyar las concentraciones en favor de una decisión contra Lula en el Tribunal. Gilmar Mendes Franco, uno de los jueces que defendió el habeas corpus de Lula denunció que se había sentido “chantajeado”. “Si tenemos que decidir causas como estas porque los medios quieren ese o aquel resultado es mejor despedirnos e ir a casa”, dijo. El habeas corpus, a fin de cuentas, ha sido concedida en el pasado en circunstancias similares sentando precedentes que era lógico tener en cuenta.
«Si tenemos que decidir causas como estas porque los medios quieren ese o aquel resultado es mejor despedirnos e ir a casa»
GILMAR MENDES FRANCO
Uno de los jueces del Supremo que defendió el habeas corpus de Lula
Pero quizás el mejor ejemplo del esperpento que se esconde en las manifestaciones contra Lula y las defensas exaltadas de la democracia, el Estado de derecho y la independencia judicial en Brasil ocurrió cuando el ejército decidió intervenir. El general Eduardo Villas Boas, máximo responsable del ejército federal ya desplegado en las favelas de Río tras la decisión de Michel Temer de ocupar militarmente la ciudad, anunció en la víspera de la decisión del Tribunal: “El ejército brasileño comparte el ansia del todos los buenos ciudadanos de repudiar la impunidad”. El mensaje, en un país en el cual uno de cada tres ciudadanos dice ser favorable a un golpe militar, estaba claro: “Si los jueces no defienden la democracia contra el ex presidente de izquierdas, el ejército sí lo hará…”
“Si los jueces no defienden la democracia contra el ex presidente de izquierdas, el ejército sí lo hará…”
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SUMARIOParte I (Del les 2-4-18 al domingo 8-4-18):
«Cataluña es su tierra. Llevan allí desde principios de los 90, casi treinta años. Sus hijos han nacido allí. Lo están pasando mal». Las escuetas palabras de este juez, que pide no ser identificado, resumen bien la última semana de la familia del magistrado que lleva las riendas de la instrucción contra los dirigentes del procés secesionista. Las amenazas públicas y no tan públicas a Pablo Llarena y a su mujer, la también jueza Gema Espinosa, y el acoso incluso al menor de sus dos hijos, estudiante en una universidad catalana, han forzado a la familia a trasladar su residencia habitual a Madrid, según confirman a Crónica dos fuentes de su entorno. Y a vivir con escolta.
Como casi todo en la Cataluña reciente, su pesadilla tiene como fecha clave el 1 de octubre de 2017, día del referéndum de independencia ilegal convocado por el Govern de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Al principio, Llarena no disgustó al nacionalismo. Había gozado de buena fama como presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, y pareció marcar la diferencia cuando el 9 de noviembre recibió a los miembros de la Mesa del Parlament investigados por rebelión, sedición y malversación con la frase: «Tranquilos, esto no es la Audiencia Nacional».
El discurrir de los acontecimientos, sin embargo, ha frustrado aquella sensación. Con el auto que el viernes 23 de marzo marcó el fin de la instrucción de la causa, Llarena envió a la cárcel de forma preventiva a los líderes de la «rebelión» que aún seguían en libertad y reactivó la orden internacional contra Puigdemont. A raíz de su arresto dos días después en una gasolinera alemana, los episodios de violencia han aumentado en Cataluña, y el propio juez se ha convertido en diana. No sólo él; también su familia. La cascada de amenazas desde entonces es preocupante.
Ese domingo, un mensaje de una usuaria de Twitter llamada Cori (vecina de Reus y «sediciosa y tumultuaria», según su propia definición) señaló a la esposa del juez dando detalles de su trabajo y su domicilio: «La mujer del hijo de puta de Llarena es Gema Espinosa, directora de la Escuela Judicial en Vallvidrera. Vive en Sant Cugat (adonde viene el hdp los fines de semana). Es necesario difundirlo porque han de saber que no podrán ir por la calle a partir de ahora!!!!», decía en catalán. La Fiscalía catalana lo investiga.
El mismo día, otra persona que se identifica en Facebook como María Isabel, residente en Sabadell, publicó el mismo mensaje acompañado de la dirección del domicilio y una fotografía de la fachada.
Arran, grupo juvenil radical vinculado a las CUP, fue más allá al reivindicar una serie de pintadas de gran dimensión en una calle de Das (Gerona) en la que, según pensaban, se ubica la segunda residencia del juez. Los lemas: «¡Llarena fascista! Ni en Das ni en ningún sitio», «Los Països Catalans serán vuestro infierno» y «Libertad presos políticos». (Arran se equivocó: no era esa casa, sino otra cercana. El verdadero dueño se ha apresurado a colocar bien visible una estelada para aclarar que él es independentista).
Y ya el lunes, en una protesta frente a la Delegación del Gobierno en Valencia a favor de los denominados «presos políticos», un grupo de personas quemó fotos de Llarena junto a otras del Rey y de Rajoy.
Madre pionera en Burgos
Pablo Llarena Conde nació el 26 de enero de 1963 en Burgos y, como sus padres, estudió Derecho y ejerció de abogado antes que de juez. Su padre tenía un conocido bufete en la ciudad donde, por ejemplo, hizo sus primeras prácticas el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra. Su madre fue la primera mujer en entrar, en 1956, en el Colegio de Abogados de Burgos. Ambos terminaron en el Tribunal Superior de Justicia de Burgos -ella, en la Sala de lo Social y él, en lo Civil y Penal-. Entonces no podían saberlo, pero a su hijo Pablo le esperaba una carrera fulgurante.
Tras estudiar en los jesuitas de Burgos, Pablo Llarena se licenció en 1986 en la Universidad de Valladolid, trabajó tres años como letrado y en 1989 se incorporó a la carrera judicial. Fue número uno de su promoción. Un año después ascendió a magistrado, primero en un juzgado de primera instancia en Torrelavega (Cantabria) y luego en Burgos.
Mientras tanto, su actual mujer y compañera de exilio forzoso, Gema Espinosa, hija de profesores y también burgalesa, iniciaba su propia carrera. Licenciada en Derecho en Valladolid en la misma promoción que Llarena, en 1990 tomó posesión como fiscal en la Fiscalía Superior del País Vasco, en Bilbao, aunque enseguida solicitó la excedencia y se convirtió en juez. Primero en Reinosa (Cantabria), luego en Lerma (Burgos) y después, de nuevo, en el duro País Vasco, tierra de jueces amenazados -entonces era de allí de donde se marchaban- que nadie quería como destino a causa del terrorismo. Entre enero y diciembre de 1992 -año en el que ETA mató a 26 personas-, Espinosa estuvo al mando del juzgado de instrucción número 3 de Barakaldo.
La pareja coincidió finalmente en Barcelona en 1993, un año después de los Juegos Olímpicos. Cataluña era otro destino poco querido en aquellos años, según explican un juez y una fiscal consultados por este suplemento. La cantidad de trabajo de sus juzgados disuadía a muchos aspirantes y, al mismo tiempo, dejaba el camino libre para quienes quisieran progresar a base de esfuerzo. Ellos lo hicieron. Y aquel se convirtió en su mundo, donde enseguida tuvieron y criaron a sus dos hijos (el mayor, hoy ingeniero aeronáutico, y el menor, estudiante).
Ambos han forjado así en Cataluña el grueso de sus carreras. Pablo Llarena, que en enero cumplió 55 años, saltó del juzgado número 31 de Barcelona (1992-1998) a la Audiencia Provincial (que presidió desde 2011), hasta que en 2016 entró en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por lo que en estos dos últimos años ha vivido a caballo entre Madrid y Sant Cugat del Vallès.
Por su parte, Gema Espinosa aterrizó en un juzgado de Santa Coloma de Gramanet y cuatro años después pasó al número 15 de Barcelona. En 2008 ascendió a magistrada de la Audiencia Provincial en el orden civil, cargo que compatibilizó con la docencia en la Universidad de Barcelona, la Pompeu Fabra y el Centro de Estudios Jurídicos de la Generalitat. En 2006 recaló también en la Escuela Judicial, donde se forman los futuros jueces de España, y siete años después se convirtió en su directora, por lo que ya no ejerce como juez de familia.
Él, con fama de muy inteligente, riguroso y frío, cordial en la distancia corta, y aficionado a las motos -tiene desde hace años una Harley Davidson, hobby que comparte con un grupo de amigos catalanes-, está acostumbrado a estar en el ojo público. Fue además presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, agrupación de jueces del espectro conservador (en 2013 venció al magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco con 104 votos frente a 69). Aun así, no le gusta aparecer en la prensa más que por sus decisiones judiciales.
Tampoco es plato de gusto para Espinosa, que apenas ha concedido entrevistas. «Es una juez de perfil muy neutro y políticamente no significada», afirma Pascual Ortuño, magistrado de la Audiencia de Barcelona, quien trabajó codo con codo con ella cuando él era director de la Escuela Judicial y Espinosa, subdirectora. Este miércoles, la magistrada declinó amablemente una conversación con Crónica. Según ha sabido este suplemento, la consigna del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es discreción absoluta. Sus amigos más íntimos la obedecen.
«Es una mujer con mucho temperamento, muy competente, prudente. Una buena juez. De esas mujeres ante las que te quitas el sombrero porque ha llevado adelante su casa, a sus hijos y su trabajo», cuenta un magistrado de la asociación rival, la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Para Llarena también tiene elogios: «No es ningún novato: se ha curtido en Barcelona y lo está demostrando.Te pueden gustar más o menos sus decisiones, pero así se hace una instrucción: con celeridad y tomando medidas cautelares pronto para dejarle en suerte el juicio cuanto antes al tribunal. Si algo tiene Pablo es que sabe lo que hace».
La situación de los jueces y fiscales en Cataluña ha generado una honda preocupación y tiene al magistrado del procés como máximo exponente. La Fiscalía ha reclamado protección para él, al igual que el CGPJ, que ha denunciado que las pintadas son «una manifiesta coacción sobre Llarena y su familia» que atenta contra su labor y que, además, no es una anécdota. Según el Consejo, «actuaciones similares» están dándose en varios juzgados y tribunales de Cataluña, y por ello ha pedido proteger al resto de jueces que ejercen en la comunidad.
También han salido a defenderle el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de quien depende la seguridad de los cargos públicos, y la Unión Internacional de Magistrados, formada por 89 asociaciones de todo el mundo, que ha expresado «su solidaridad a los jueces españoles», especialmente a los que «trabajan en Cataluña».
Los partidos independentistas, en cambio, llevan tiempo avivando las llamas. Puigdemont afirmó antes de su arresto que Llarena quiere hacer política cuando no lo ha votado nadie. Roger Torrent ha llegado a proclamar sin sonrojo que «ningún juez puede perseguir» a un (ex) presidente. Y la pesadilla continúa. Tras conocerse que la familia ha tenido que dejar Cataluña, en las redes sociales se leen mensajes como «El último fascista que apague la luz» o «Que no vuelva más». Mientras, en change.org se recogen firmas para que el Ayuntamiento de Das le declare persona non grata y un grupo de abogados independentistas anuncia una «querella colectiva» contra él.
Este ocho de marzo se cumplieron dos años desde que Pablo Llarena, el juez solitario, tomó posesión de su cargo y juró «guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución». Ahora paga un alto precio.
[3] Justicia intenta salvar el nombramiento a dedo que anuló la Audiencia Nacional
Toma de posesión en el TSJC de Eva María Hernández Burgos como secretaria del gobierno. ALEJANDRO RAMOS
El Ministerio ha presentado un recurso contra la sentencia que dejaba sin efecto el nombramiento de un puesto de libre designación en el TSJ de Canarias
En paralelo, el PP ha presentado una enmienda en el Congreso para reducir la experiencia en ese puesto y hacer viable el nombramiento
Justicia argumenta que solo trata de paliar la «disparidad de criterio» que hay entre ellos y la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional anuló el pasado mes de diciembre el nombramiento a dedo del Ministerio de Justicia para el puesto de secretaria de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sin embargo, el Gobierno ha optado por intentar salvar esa designación por dos vías, la judicial y la parlamentaria. La Abogacía del Estado ha recurrido la decisión en los tribunales mientras el PP trata de cambiar en el Congreso los requisitos que dieron al traste con ese ascenso.
En una sentencia dictada el pasado 26 de diciembre, la titular del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Número 5 de la Audiencia Nacional, Emilia Peraile, dejaba sin efecto el nombramiento de la nueva secretaria de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, María Hernández Burgos. La jueza entendió que el proceso para elegir el puesto de libre designación se había saltado las normas de la propia convocatoria para nombra a Burgos por encima de otros candidatos.
En concreto, la sentencia anula el nombramiento porque la candidata elegida a dedo no cumplía los requisitos de experiencia que exigían las bases de la convocatoria que había elaborado el Ministerio, como sí hacían otros cuatro candidatos. La magistrada entendió que las normas que se aplican en este caso, y en especial la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), «no dejan lugar a dudas», por lo que no cabe una interpretación distinta, como hizo el Ministerio.
El fallo recordaba a Justicia que la convocatoria que elaboraron para el puesto hacía referencia a la necesidad de tener 10 años de experiencia en la categoría segunda ya consolidada. «No cabe duda que la resolución cuestionada ha vulnerado la normativa de aplicación y la propia convocatoria», señala. Para consolidar una categoría se exige el desempeño de puestos de trabajo en ella durante al menos durante cinco años continuados o siete con interrupción. Hernández Burgos no lo cumplía.
El Ministerio no se da por satisfecho y ha presentado un recurso contra la Sala de Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. La abogacía del Estado, que actúa en representación de los intereses del Gobierno, ha presentado un escrito que sostiene básicamente los mismos argumentos que esgrimió durante el proceso: la antigüedad solo operaba «como garantía de la percepción del sueldo» y nada más. Añadió en su defensa que se trata de una plaza de libre designación, por tanto «de discrecionalidad técnica”.
Una enmienda a la reforma de la ley del Poder Judicial
A la vía judicial para salvar el nombramiento, el Gobierno ha incorporado la vía parlamentaría. Actualmente se tramita en el Congreso una reforma de la LOPJ para modificar el régimen de licencias y permisos del personal de la Administración de Justicia. Cuando esa propuesta ha entrado en la fase de enmiendas, el PP ha aprovechado para presentar 50 modificaciones que nada tienen que ver con el objeto de la propuesta que ellos mismos presentaron.
Entre cambios sobre la limitación de tiempo para cargos de la Audiencia Nacional o modificaciones en las funciones de los letrados de la Administración de Justicia, el PP ha metido una que afecta al nombramiento que tumbó la Audiencia Nacional. La única justificación que la acompaña es la «mejora técnica».
Es enmienda señala que para acceder a la Secretaría de Gobierno de un Tribunal Superior de Justicia solo serán necesarios «diez años en puestos de segunda categoría». Es decir, no hará falta que esos años empiecen a contar cuando se consolide la categoría, lo que allana el camino a Hernández Burgos.
Fuentes del Ministerio explican que esta enmienda busca paliar “esa disparidad de criterio” que se ha dado en este contencioso judicial “mediante una mayor claridad en la redacción del articulado de la LOPJ”. Justicia reconoce que si la enmienda pasa el trámite parlamentario, Hernández Burgos podrá volver a presentarse a la plaza si el recurso no prospera.
Esa previsión garantiza que el nombramiento anulado por la Audiencia Nacional terminará por imponerse sí o sí: ya sea mediante el visto bueno por la vía judicial, o si se anula, convocando de nuevo la plaza con los nuevos requisitos. Un eventual veto de otros partidos a esa enmienda es lo único que puede echar al traste esta estrategia.
Sin embargo, la aspirante que inició el proceso judicial contra ese nombramiento no opina lo mismo que el Ministerio. Maite Brincas cumplía los requisitos de antigüedad para el puesto -como otros cuatro aspirantes, añade-, pero vio como Hernández Burgos se alzaba con ese puesto por designación de Justicia. Denunció el proceso ante la Audiencia Nacional y ahora espera que esta se pronuncie de nuevo a su favor tras el recurso del Ministerio.
Brincas aclara que no ha recurrido por no salir elegida, pues tiene claro que optaba a un puesto de libre designación, sino que acudió a la vía judicial por «dignidad profesional», para evitar que estas cosas pasen en los nombramientos de secretarios judiciales.
Explica que, si los jueces le dan la razón -contra esa decisión ya no cabe recurso- el Ministerio debe volver a evaluar los méritos de los candidatos que se presentaron a la convocatoria, excluyendo a Hernández Burgos: «Sería lo lógico y lo justo». En ningún caso, sostiene, Justicia puede volver a convocar la plaza de nuevo porque la sentencia anula la designación, no el proceso. Sobre la enmienda, se limita a expresar su sorpresa y desconcierto, y expresa su confianza en que el tribunal se pronuncie lo antes posible.
[4] Fomento eleva a 443 millones el importe de los contratos que adjudicó con una cláusula que favorecía los ‘dedazos’
El Ministerio facilita el listado de adjudicaciones de la Dirección General de Carreteras que contenían una cláusula declarada ilegal en enero de 2016
Son 58 contratos con un presupuesto de 594 millones adjudicados entre abril de 2014 y octubre de 2015 a 42 grupos empresariales
Se confirma que OHL fue la empresa que más ingresó: cuatro licitaciones que se adjudicó en solitario por 67 millones
El Ministerio de Fomento cifra en 58 los contratos de mantenimiento de carreteras que adjudicó durante la etapa de Ana Pastor, entre abril de 2014 y octubre de 2015, con una cláusula luego declarada ilegal que favorecía el ‘dedazo’ a las constructoras. Esos contratos fueron adjudicados a un total de 42 grupos empresariales por un importe total (sin contar el IVA) de 443,7 millones de euros, un 25,5% por debajo del presupuesto inicial de licitación, que fue de más de 594 millones.
La relación de contratos facilitados a eldiario.es por el departamento de Íñigo de la Serna incluye las 40 adjudicaciones cuya existencia avanzó este medio el pasado 19 de marzo (por un importe de unos 306 millones), más otros 18 contratos presupuestados en 187 millones y adjudicados por 136,8 millones entre junio de 2014 y agosto de 2015.
Los datos de Fomento confirman que OHL fue la compañía que más dinero ingresó con contratos adjudicados con esta cláusula. Su filial Elsan contabiliza cuatro expedientes por un total de 67 millones en Madrid, Granada, León y Huesca. Todos los contratos se los adjudicó OHL, sin recurrir a alianzas con terceros a través de una unión temporal de empresas (UTEs).
El listado facilitado por Fomento también sitúa a FCC, a través de su filial Mantenimiento de Infraestructuras, como otra de las empresas que más contratos y facturación logró con esa cláusula: un total de seis (cinco de ellos en solitario) con un presupuesto superior a los 57 millones; a continuación figuran dos filiales del grupo ACS, con cinco contratos (tres de ellos en UTE) con un presupuesto de más de 65 millones.
La cláusula, una compleja fórmula matemática para puntuar las ofertas económicas, estuvo vigente hasta que en enero de 2016 el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, determinó que debía anularse «por no ser conforme a Derecho», porque concedía excesivo peso en la valoración de las propuestas acriterios arbitrarios, en detrimento de aquellos más objetivos, básicamente el precio.
En virtud de esa cláusula, incluida bajo el epígrafe «Enumeración y puntuación de los criterios evaluables mediante fórmulas», el valor de la puntuación económica de la ofertas de los licitadores se diluía en favor de la técnica (sin fórmulas automáticas de evaluación) y, en definitiva, se dejaba «al arbitrio del órgano de contratación la adjudicación de la licitación», según la sentencia.
La anulación solo afectó a cuatro licitaciones en curso y a las que Fomento tenía previsto llevar a cabo antes de dictarse esa resolución, pero no a las 58 que Fomento ya había adjudicado con anterioridad. Los pliegos de contratación llevaban la firma del entonces secretario de Estado de Infraestructuras y hoy ministro de Justicia, Rafael Catalá. El director general de Carreteras, entonces y ahora, era (y es) Jorge Urrecho Corrales, antiguo colaborador en Fomento del exministro Francisco Álvarez-Cascos que fue ingeniero jefe en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, epicentro de la red Gürtel.
[5] La antigua cúpula de Defex estafó 20 millones de euros en comisiones ilegales
La empresa semipública de armamento, que se encuentra en liquidación, ha pedido ser acusación particular contra tres de sus antiguos directivos
La antigua cúpula de Defex (empresa semipública de armamento), obtuvo más de 20 millones en comisiones ilegales por la venta de armas en Camerún, ArabiaSaudí, Egipto y Brasil, según ha informado la Cadena SER. La compañía ha pedido al juez ser acusación particular contra los ex directivos por el “cuantioso quebranto económico” que la ha dejado en periodo de liquidación.
Los principales investigados en el caso Defex, el expresidente José Ignacio Encinas Charro, que estuvo más de veinte años en el cargo, y el directivo y coronel de infantería de marina retirado, Ángel María Larumbe, habrían conseguido más de 10 millones de euros cada uno en comisiones irregulares entre 2002 y 2012, gracias a la trama de empresas ficticias, diseñadas desde Luxemburgo.
Defex es propiedad en un 51% de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Explosiones Alavesas, Maxam e Instalaza con un 10,8% cada uno. SAPA Placencia y Alfa Lan, posee, el 8,1% cada uno.
El escándalo estalló en 2014, con la detención de diez personas entre ex directivos y la sobrina del espía español FranciscoPaesa, (BeatrizGarcíaPaesa), que según la investigación fue la persona que diseño la trama de desvío y blanqueo mediante una estructura financiera, desde su despacho en Luxemburgo.
La Guardia Civil puso en marcha la operación Agora en el año 2012, cuando desde Luxemburgo se avisó a la Fiscalía Anticorrupción española de una transferencia sospechosa de un empresa española.
Según el informe de la UCO, se investigó un contrato de venta de material policial a Angola, valorado en 152,9 millones y suscrito en 2008, y del que solo una tercera parte se empleó para comprar el material y formar a la policía angoleña. El resto, unos 100 millones, se desvió en pago de sobornos y comisiones.
Las fuentes de la investigación, que ha sido dirigida por la UCO de la Guardia Civil en colaboración con la Policía Nacional, escriben en el informe que esta empresa pública funcionaba “en el ámbito de la comisión y sobredimensionaba el coste de los equipamientos a exportar entre un 200 y un 300 por ciento, para repartirse mordidas millonarias en colaboración con funcionarios corruptos de los países a los que vendía armas”.
La UCO ha llegado a afirmar en su informe que “Defex actúa como una organización criminal”. Llegaron a averiguar una compleja estructura offshoreque hacía que el dinero viajara por todo el mundo hasta llegar a manos de los funcionarios públicos angoleños y de los ex directivos de Defex. Gracias a las comisiones rogatorias de la justicia española a varios países y sumados los registros en despachos de Luxemburgo y Ginebra, los agentes de la UCO pudieron encontrar a empresas que facturaban trabajos ficticios a Defex, otras intermediarias opacas que canalizaban los fondos y compañías sin actividad creadas en paraísos fiscales con las que se cerraba el círculo.
Mordidas por la venta de armamento y distinto equipo de seguridad en más de 70 contratos bajo sospecha suscritos con países como Angola, Arabia Saudí, Brasil, Camerún o Egipto entre otros, que acababan en cuentas opacas a nombre de empresas en paraísos fiscales.
Encinas Charro y Larumbe, a través de uno de sus supuestos testaferros, Vicente Ferro, han afirmado al juzgado que las comisiones eran lícitas y las autorizaba la propia DEFEX. Para ello, han presentado un escrito en un folio sin membrete y con el porcentaje del beneficio escrito a bolígrafo: un 0,5% de cada contrato de la empresa pública.
Desde el SEPI se afirma que se “está ofreciendo la máxima colaboración a la justicia para que esta llegue hasta el final”.
[6] La Xunta opera su salvamento marítimo con dos helicópteros alquilados que vendió en 2012 por “obsoletos”
Helicóptero de salvamento de la Xunta con la matrícula resaltada PRAZA PÚBLICA
La firma a la que el Gobierno gallego ha renovado el servicio pone para hacerlo los dos mismos aparatos que Fraga compró en 2005 y de los que Feijóo se deshizo siete años más tarde con el argumento de que así podría contratar otros “más modernos”
“Cada cinco años la Xunta tendrá la opción de licitar otra vez este concurso y poder ofertar las empresas helicópteros más modernos y helicópteros con más prestaciones”. Así justificó el 24 de mayo de 2012 Alberto Núñez Feijóo que el Gobierno gallego vendiese por 13 millones de euros los dos helicópteros que la Xunta de Manuel Fraga había comprado por 27 millones apenas siete años antes, en 2005, para el servicio autonómico de salvamento marítimo. “Lo contrario sería anquilosarse, tender al monopolio y a unas condiciones obsoletas con el paso del tiempo”, argumentó también la Consellería do Mar. Sin embargo, aquellos mismos dos helicópteros, dos aparatos Sikorsky S-76 C+ con matrículas EC-JES y EC-JET, siguen siendo los que prestan hoy el servicio, ahora alquilados a la empresa que los compró y con seis años más de antigüedad en sus aspas.
Pero no fue el argumento económico sino el técnico lo que primó el Gobierno gallego para justificar hace seis años la venta de los dos Sikorsky. Cuando anunció la operación, el entonces secretario general de la Consellería de Medio Rural e Mar, Francisco José Vidal-Pardo, dijo en el Parlamento de Galicia, en una comparecencia el 22 de junio de 2011, que “lo contrario sería anquilosarse, tender al monopolio y tender a unas condiciones obsoletas con el paso del tiempo, y nosotros no queremos eso para el salvamento marítimo, queremos poder ir con el discurrir de los tiempos, que todas las mejoras tecnológicas en materia de salvamento marítimo podamos acogerlas en la Xunta de Galicia”. En la nota de prensa emitida por la propia Xunta sobre esa comparecencia también se destacaba que el nuevo sistema permitía “optar a aeronaves más avanzadas tecnológicamente ” porque “la Xunta no quiere ofrecer un servicio de condiciones obsoletas”.
Notas de prensa de la Xunta de 2011 y 2012 en las que justificaba la venta de los helicópteros PRAZA PÚBLICA
La operación de venta tardó un año en concretarse por las dudas que mostró la propia Intervención de la Xunta. El Gobierno gallego finalmente la autorizó en su reunión del 24 de mayo de 2012, tras la que el presidente Feijóo destacó verbalmente que con la venta de los helicópteros “cada cinco años la Xunta tendrá la opción de licitar otra vez este concurso y poder ofertar las empresas helicópteros más modernos y helicópteros con más prestaciones”. También por escrito, en la nota de prensa de esa intervención, el Gobierno gallego consignó que “este sistema permitirá que, transcurridos los 5 años, la Xunta pueda exigir en el nuevo contrato el empleo de unas aeronaves más modernas y avanzadas”.
Seis años después, nada de eso ha pasado y los helicópteros que siguen prestando el servicio de salvamento, ahora alquilados a la empresa a la que se los vendió la Xunta, siguen siendo los dos mismos Sikorsky S-76 C+ con matrículas EC-JES y EC-JET, como el propio Gobierno gallego ha mostrado a través de varias fotografías divulgadas sobre una operación de salvamento realizada hace unas semanas.
Finalizado hace unos meses el contrato anterior de salvamento marítimo, el Gobierno gallego licitó uno nuevo por otros cinco años, pero pese a su intención declarada de que ahora el servicio se prestase con helicópteros más modernos, el resultado final fue que la empresa ganadora, sin rebajar ni un euro sobre el precio de partida, volvió a ser Inaer y que los aparatos que ésta le alquila ahora a la Xunta son aquellos dos mismos helicópteros «obsoletos» porque así lo permitió el pliego de condiciones sin que la firma tampoco lo mejorase por su cuenta.
Este diario preguntó a la Consellería do Mar por esta situación y en particular por los argumentos esgrimidos en 2011 y 2012 para vender los helicópteros diciendo que así en el contrato actual podría optar a aparatos más “modernos”. Su respuesta es que “los helicópteros que actualmente se destinan a la prestación del servicio de salvamento marítimo cubren absolutamente las necesidades que al respecto se fijan en el contrato actual”.
La Xunta nada dice sobre las declaraciones realizadas por sus propios altos cargos hace seis años y se centra en defender la venta en aquel momento de los helicópteros con el argumento de que era entonces cuando “podía obtenerse un mejor precio”, tasado por expertos independientes, en función de la “vida útil potencial de las aeronaves antes de tener que incurrir en tareas de mantenimiento de elevado coste”. “La consellería quedó libre para que la prestación del servicio de salvamento pudiera llevarse a cabo por las aeronaves que en cada momento cumplan mejor con dicho fin y al mejor precio posible”, destaca Mar. Sin embargo, esa libertad no se ha traducido en nuevos aparatos sino que las aeronaves son hoy las mismas que hace seis años fueron vendidas con el argumento de que así la Xunta podría optar a otras «más avanzadas».
[7] Facebook recibe una denuncia por discriminación en anuncios de viviendas
Facebook actualizó sus políticas publicitarias en febrero de 2017 para impedir la discriminación ilegal en anuncios de viviendas, empleo y crédito. EFE
Organizaciones a favor del acceso justo a la vivienda han presentado una demanda contra la red social en EEUU por permitir a sus anunciantes discriminar según «afinidad étnica», edad y sexo
Las leyes de derechos civiles prohíben la discriminación por factores personales en anuncios de viviendas, empleo y crédito
Facebook sigue permitiendo la discriminación ilegal en anuncios inmobiliarios en EEUU, según una denuncia federal presentada por un grupo de organizaciones a favor del acceso justo a la vivienda.
La denuncia, presentada el martes 27 de marzo, alega que, a pesar de que la empresa asegura lo contrario, en Facebook se permiten anuncios de viviendas que discriminan de forma “escandalosa e indignante” a familias con hijos, mujeres y personas con discapacidad, violando así la Ley de Acceso Justo a la Vivienda, legislación fundamental de los derechos civiles. Facebook ha afirmado que actuará contra la denuncia que, según la compañía, no tiene fundamento.
El gigante tecnológico ha logrado una facturación de anuncios gigantesca de casi 360.000 millones de euros gracias, en parte, a la facilidad con la que permite que los anunciantes elijan audiencias específicas. La empresa transforma cada ‘me gusta’, actualización de estado y click del ratón en un detallado perfil de consumidor y luego vende a los anunciantes el poder de atraer la atención de los usuarios.
El increíble detallismo con que se puede elegir una audiencia específica al poner un anuncio en Facebook –que incluye información sensible como la edad y la “afinidad étnica”– es atractiva para los anunciantes que no quieren gastar dinero presentando sus productos a personas que no encajan en el perfil demográfico que buscan. Sin embargo, las leyes de derechos civiles prohíben en EEUU la discriminación por factores personales en anuncios de viviendas, empleo y crédito.
“La plataforma de Facebook es el equivalente virtual a publicar un anuncio que diga ‘no se aceptan familias con hijos pequeños’ o ‘no se aceptan mujeres'», explica Fred Freiberg, director ejecutivo del Fair Housing Justice Center, una de las organizaciones denunciantes. “Pero lo hace de una forma insidiosa y disimulada, así que la gente no sabe que se la está excluyendo por su situación familiar o su género”.
Facebook actualizó sus políticas publicitarias en febrero de 2017 para impedir la discriminación ilegal en anuncios de viviendas, empleo y crédito. En ese momento, la empresa dijo que utilizaría sus herramientas informáticas para aplicar las normativas, pero que también confiaba en que los anunciantes se “autorregularan”.
Para esta denuncia, las organizaciones han presentado decenas de anuncios inmobiliarios de Facebook aprobados entre diciembre de 2017 y febrero de 2018. Los grupos utilizaron listas ya elaboradas sugeridas por la plataforma publicitaria de Facebook para acotar la audiencia de los anuncios. Así demostraron que era posible excluir a personas con hijos, mujeres y personas que hayan demostrado interés en cuestiones que sugieren que son parte de un grupo protegido, como “discapacidad”.
Todos los anuncios fueron aprobados en menos de una hora, asegura la denuncia. “En Facebook no hay sitio para la discriminación”, declara un portavoz de Facebook en un comunicado. “Creemos que esta es una denuncia sin fundamento y nos defenderemos enérgicamente”, añade.
La denuncia llega en un momento muy controvertido para Facebook. The Observer informó que una consultora política obtuvo información personal de más de 50 millones de perfiles de usuarios estadounidenses y ello ha generado protestas generalizadas y peticiones para que la empresa regule sus prácticas de privacidad y recolección de datos.
“Hace años que Facebook sabe que su plataforma publicitaria viola las leyes de derechos civiles, pero se niega a cambiar sus políticas de forma voluntaria”, señala Diane Houk, una de las abogadas de los denunciantes. “Facebook no está por encima de la ley y tendrá que responder en los tribunales a estas denuncias de derechos civiles”.
Rafael Catalá, José Ignacio Zoido e Iñigo Méndez de Vigo en el traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas EFE/CARLOS DÍAZ
La imagen de los cuatro ministros con el delegado del Gobierno cantando el himno de la Legión delante del Cristo de la Buena Muerte lo dice todo. Es una expresión de la inmensa desorientación en la que se encuentra el PP
Si alguien piensa que con banderas a media asta el Viernes Santo y con Ministros “rezaores” en las procesiones va a salir del círculo vicioso en el que él mismo se ha encerrado, no va a necesitar mucho tiempo para salir del error
“En la casa del rezaor no pongas tu trigo al sol”, dice un refrán bastante común en los pueblos andaluces. Y es que en Andalucía conocemos bien a los “rezaores”. No por casualidad tenemos la mejor definición que se ha hecho jamás del “rezaor” en el Don Guido de Antonio Machado. Don Guido es el arquetipo del “rezaor”. Únicamente en Andalucía se podía haber creado esa figura.
No es fácil encontrar un tipo humano tan despreciable como el del “rezaor”. Tan farisaico, tan taimado, tan falso, tan dañino. El “rezaor” es la síntesis de lo que en Andalucía calificamos como una “mala persona”, de la que nadie se puede fiar. “En casa del rezaor…”
Es más que probable, por no decir que seguro, que un ministro como Íñigo Méndez de Vigo no estuviera al tanto de lo que se piensa en Andalucía de los “rezaores” antes de desplazarse a Málaga en Semana Santa, para asistir junto a tres de sus compañeros de gobierno y el Delegado del Gobierno en Andalucía a la procesión del Cristo de la Buena Muerte. (¿Se entiende por qué un delegado de Gobierno no puede hacer un máster?). Es también más que probable que tampoco estuvieran al tanto María Dolores de Cospedal y Rafael Catalá. Pero lo que resulta inexplicable, es que no lo estuviera Juan Ignacio Zoido.
Es verdad que Juan Antonio Zoido no es andaluz, sino extremeño, pero no lo es menos que ha hecho prácticamente toda su vida en Andalucía, aparte de que no creo que en los pueblos extremeños se tenga una opinión sobre los “rezaores” distinta de la que se tiene en los pueblos andaluces. No debería habérsele escapado, en consecuencia, que estaban cometiendo un error político mayúsculo al presidir la procesión entonando, además, sin disimulo “El novio de la muerte”, legendario himno legionario.
¿Cómo es posible que no se le ocurriera al ministro de Interior y al delegado del Gobierno, que sí es andaluz, que no es posible en Andalucía caer por debajo del “rezaor”? No hay un listón que esté más bajo en la escala de valoración de los andaluces, porque el pueblo andaluz conoce muy bien a ese tipo humano desde hace siglos y lo reconoce en cuanto lo ve.
No se a quien se le habrá ocurrido en el PP que la imagen de una cuadrilla de “rezaores” entonando el himno de la Legión, emulando a Millán Astray en su enfrentamiento con D. Miguel de Unamuno, puede resultar atractiva en la España del siglo XXI. ¿De verdad hay alguien en el PP que piensa que con la imagen de unos ministros “rezaores” y belicistas se puede recuperar la sintonía con el pueblo español, que, de acuerdo con lo que dicen las últimas encuestas, parece haber perdido?
La imagen de los cuatro ministros con el Delegado del Gobierno cantando el himno de la Legión delante del Cristo de la Buena Muerte lo dice todo. Es una expresión de la inmensa desorientación en la que se encuentra el PP. Si alguien piensa que con banderas a media asta el Viernes Santo y con Ministros “rezaores” en las procesiones va a salir del círculo vicioso en el que él mismo se ha encerrado, no va a necesitar mucho tiempo para salir del error.
Como después de la Semana Santa viene El Rocío, todavía tendremos una nueva expresión patriótico-religiosa o religioso-patriótica, que aquí el orden de los factores tampoco altera el producto, con un nuevo desembarco de una cuadrilla de ministros. Es posible que la ministra de Trabajo, confesada devota de esa Virgen, en cuya capacidad de hacer milagros cree firmemente, acabe convenciendo al mismo presidente del Gobierno para que acuda a la Romería. Obviamente, sin himno de la Legión. O ya veremos, que con Mariano Rajoy no se puede estar nunca seguro de nada.
El diccionario de la RAE define desorientación tanto de manera transitiva como intransitiva. Como “acción y efecto de desorientar y desorientarse”. En ambos sentidos parece que es aplicable a la acción del PP. Preocupado por el ascenso de Ciudadanos, como muy bien explicaba Enric Juliana, en La Vanguardia ayer domingo, «El PP, en el Barranco del Lobo», el PP ha decidido desorientar a la formación naranja con un repliegue hacia el nacional catolicismo en plena Semana Santa, sin darse cuenta de que es él mismo el que está profundizando en su desorientación.
Y ya se sabe que, cuando se desorienta y no sabe que hacer, la cabra al monte tira.
[9] Rosana Posada, cuatro años con morfina y 15 meses esperando un tratamiento en la sanidad pública gallega
Una mujer de Lugo lleva más de un año esperando a que la citen para las sesiones de rehabilitación que deberían aliviar los dolores que le causa una hernia discal
Rosana empezó con dolores hace siete años. Desde hace cuatro son casi insoportables, así que desde entonces tiene que tomar morfina para calmarlos. Pero ni siquiera el fentanilo que le recetaron, un derivado sintético del opio muy potente y que se emplea sólo en casos muy graves, consigue aliviarlos del todo. Rosana Posada tiene 45 años y era reponedora en un supermercado de Burela, en A Mariña, en Lugo. Su lesión en la espalda, la que la paraliza con agudas lumbalgias y dolores en la pierna izquierda, la mantuvo tanto tiempo de baja que la Seguridad Social acabó dándole la incapacidad permanente total.
El 3 de enero del año pasado, el especialista osteomuscular del Hospital da Costa, en Burela, le diagnosticó una hernia discal con protusión y afectación de las raíces nerviosas, y ordenó un tratamiento de 30 sesiones de rehabilitación que debería probar si ésta mitigaba los dolores y si la lesión remitía, para que el traumatólogo pudiera decidir después un tratamiento definitivo. Pero el Servicio Galego de Saúde (Sergas) aún no se han puesto en contacto con ella para darle cita para la primera sesión. Desde entonces han pasado quince meses.
“Estoy desesperada”, dice Rosana. “No es normal esperar más de un año por la rehabilitación, tengo miedo de que la lesión pueda ir a más y dejarme incapacitada”, explica. En este año los dolores han ido a más y empiezan a extenderse a su pierna derecha. El fentanilo, que aunque se administra bajo un estricto control farmacéutico también causa una severa dependencia, hace cada vez menos efecto.
El pasado mes de enero, cuando ya había transcurrido más de un año desde que el médico ordenó las sesiones de rehabilitación, Rosana contactó con la Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de A Mariña, que la ayudó a redactar una reclamación que registró en el Sergas el 30 de ese mes. Ni la gerencia del hospital del Sergas respondieron a su demanda, así que el pasado 13 de marzo interpuso una nueva queja en la que solicita tratamiento inmediato en la sanidad pública, y en la que advierte de que hará responsable a la gerencia del hospital de las posibles lesiones que se deriven de la demora en someterla a él. También avisa de que acudirá a la justicia si no le dan un solución y puede empezar la rehabilitación cuanto antes.
El propio hospital que ordenó someterla a las 30 sesiones de rehabilitación explicitó en el volante que éstas deberían realizarse en un centro privado
De momento no ha obtenido respuesta. Ni del hospital ni del Sergas. Tampoco Público, que se dirigió hace días por escrito y por teléfono al servicio de Comunicación y a la gerencia del Sergas para obtener su versión de la denuncia, y para que la administración sanitaria gallega explicara por qué Rosana aún no ha sido llamada si la Xunta presume de que en el Hospital da Costa se atiende a los pacientes graves en pocos días y las listas de espera quirúrgicas y para pruebas diagnósticas apenas llegan a un par de meses.
Rosana repite que está desesperada. Su lesión la impide trabajar, así que su familia tiene que mantenerse con el sueldo de su pareja y con el pequeño subsidio que le ha quedado a ella por su incapacidad. A eso se une el dolor casi constante y el tener que vivir dependiendo de la morfina. Y lo que es peor, con la angustia de saber que el tiempo pasa, que su lesión empeora y que ni siquiera tiene aún una valoración del traumatólogo sobre la efectividad de la rehabilitación, porque ésta ni siquiera ha empezado.
La Plataforma de A Mariña asegura que el caso de Rosana, como otros que han denunciado en los últimos meses, demuestra que las cifras oficiales de espera del Sergas son mentira. Y que someter a los pacientes a esas demoras inhumanas forma parte de una estrategia “perfectamente orquestada por el Gobierno” de Alberto Núñez Feijóo para deteriorar la sanidad pública y lograr que a los enfermos no les quede más remedio que acudir a una clínica privada, o suscribir un seguro médico que sufrague los gastos de su tratamiento.
Rosana deja claro que quiere que la traten en la sanidad pública. Que ha cotizado casi un cuarto de siglo a la Seguridad Social y que no reclama nada que no sea su derecho. Pero su caso, curiosamente, muestra un paso más en esa estrategia privatizadora de la Xunta. El propio hospital que ordenó someterla a las 30 sesiones de rehabilitación explicitó en el volante que éstas deberían realizarse en un centro privado. “No es que la hayan llamado de un centro concertado porque había demoras en la sanidad pública, sino que directamente le indican una clínica privada. Y tienen la cara tan dura de decir que las derivaciones son casos puntuales”, aseguran los portavoces de la plataforma.
[10] La cúpula de DEFEX obtuvo más de 20 millones en mordidas por la venta de armas
Militares españoles en Afganistán cargan material en dos aviones Hércules del Ejército del Aire / EFE Archivo
El expresidente de la empresa pública comercializadora de armas, José Ignacio Encinas Charro, y el coronel retirado Ángel María Larumbe, se han repartido desde 2002 más de 10 millones cada uno en comisiones supuestamente fraudulentas, en más de 70 contratos para la venta internacional de equipamiento de seguridad
La propia DEFEX desmonta la coartada de los principales encausados
Los principales investigados en el caso de supuesta corrupción internacional con la venta de armas desde la empresa pública DEFEX, el expresidente José Ignacio Encinas Charro y el directivo y coronel de infantería de marina retirado, Ángel María Larumbe, han conseguido más de 10 millones de euros cada uno en comisiones irregulares entre 2002 y 2012, según fuentes del caso que se instruye en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.
Mordidas por la venta de armamento y distinto equipo de seguridad en más de 70 contratos bajo sospecha suscritos con países como Angola, Arabia Saudí, Brasil, Camerún o Egipto entre otros, que acababan en cuentas opacas a nombre de empresas en paraísos fiscales.
Encinas Charro y Larumbe, a través de uno de sus supuestos testaferros, Vicente Ferro, han afirmado al juzgado que las comisiones eran lícitas y las autorizaba la propia DEFEX. Para ello, han presentado un escrito en un folio sin membrete y con el porcentaje del beneficio escrito a bolígrafo: un 0,5% de cada contrato de la empresa pública.
Pero ha sido DEFEX la que ha desmontado la coartada de los supuestos cabecillas de la trama, al contestar en un documento al juzgado que «bajo ningún concepto» autorizaron jamás las comisiones.
El caso de supuesta corrupción en la ya disuelta empresa pública DEFEX, dependiente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), estalló en 2014 cuando el entonces titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, y el fiscal Anticorrupción Conrado Saiz, desvelaron el fraude cometido en un contrato de equipamiento policial a Angola en 2008 por un total de 152,9 millones de euros.
La pública DEFEX, en colaboración con Comercial Cueto, aprobó la venta por ese importe, pero al país africano solo le llegaron armas por valor de poco más de 50 millones. Los más de 100 restantes se repartieron, supuestamente, entre funcionarios angoleños y los jefes de la trama en España. Para ello utilizaron una compleja ingeniería societaria opaca en paraísos fiscales que fue diseñada por Beatriz García Paesa, la sobrina del espía Francisco Paesa.
Las fuentes de la investigación, que ha sido dirigida por la UCO de la Guardia Civilen colaboración con la Policía Nacional, sostienen que esta empresa pública funcionaba “en el ámbito de la comisión” y “sobredimensionaba el coste de los equipamientos a exportar entre un 200 y un 300 por ciento” para repartirse mordidas millonarias en colaboración con funcionarios corruptos de los países a los que vendía armas.
Ni rastro del «Kin« de la trama
La pieza separada que investiga el contrato con Angola está prácticamente cerrada y preparada para el juicio oral. Casi todos sus responsables han sido identificados excepto el «kin» (sic) o «rey» de la trama (king): el mayor comisionista que solo por este contrato cobró una mordida de 3 millones de euros.
Al menos García Paesa y Juan Carlos Cueto, así como José Ignacio Encinas Charro, conocen la identidad del particular «míster X» de la organización criminal, según fuentes de la investigación, pero hasta el momento se han negado a desvelarla.Encinas Charro se limitó a asegurar cuando fue preguntado al respecto por el juez que eso eran «palabras mayores».
[11] «EL ESTADO ESPAÑOL ACTÚA COMO UNA ORGANIZACIÓN MAFIOSA»
El Frente Antiimperialista Internacionalista ante los últimos acontecimientos en Cataluña:
A través de un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, elFrente Antiimperialista Internacionalista (FAI) se ha pronunciado acerca de los últimos acontecimientos políticos vividos en Cataluña, así como sobre ladetención en Alemania de Carles Puigdemont.
«Las últimas detenciones de políticos catalanes, la violencia con la que se reprime al pueblo catalán en las calles, la arbitrariedad y parcialidad con la que actúan los tribunales y la impunidad del gobierno, vuelven a poner en evidencia -afirman desde la FAI – la naturaleza autoritaria del Estado español».
En este sentido, el Frente Antiimperialista estima que quienes «en algún momento pudieran haber albergado esperanza de que al rebufo de la modernización económica se produciría una democratización del Estado y sus instituciones pueden dar por zanjada definitivamente dicha ilusión».
«Lo que ocurre en Cataluña – dicen – es la expresión más nítida de los límites de un Estado español que se organiza y actúa en clave de organización mafiosa: élites políticas que detraen recursos públicos hacia sus fines privados, aplicación de las leyes de forma arbitraria, impunidad y utilización selectiva de la represión».
«La usurpación de la voluntad popular de los catalanes expresada en las urnas y el encarcelamiento de sus representantes legítimos, tienen que ser entendidos en la misma lógica que la criminalización de jóvenes raperos, periodistas disidentes, artistas, políticos independentistas, movimientos sociales y luchas obreras. Este es el resultado de la confluencia histórica de los intereses de una parte de la élite económica y el poder político-ideológico del franquismo que nunca ha dejado de ser hegemónico en la mayor parte del territorio del Estado español».
«Esta confluencia se ha ido acrecentando con la crisis económica y ha potenciado las características autoritarias del Estado español. La situación actual refleja una doble subordinación de la clase política, del Estado y sus instituciones, por un lado, a las políticas occidentales de expansión imperialista y desposesión de las clases trabajadoras, por otro, a los intereses e ideología de las clases herederas del franquismo. Nada que ofrezca resistencia a estas dos lógicas puede ser tolerado».
«El Estado español post-franquista – añaden – se ha configurado para servir a los intereses de la clase política y el mundo empresarial. Empresas, Estado y clase política funcionan cooperativamente. De ahí que la corrupción sea el principal sostenedor de un Estado que se parece más a un Estado mafioso que a un Estado de Derecho europeo y que recurre constantemente a la represión y a la aplicación arbitraria de la ley para sostenerse La sobreexplotación y el disciplinamiento social no admite ningún cuestionamiento».
«En estas circunstancias no cabe ninguna negociación con las élites locales o autonómicas, no existe margen de negociación para una Estado que se sabe impune y respaldado en lo esencial por las instituciones europeas».
«No es casual -apuntan a este respecto – que haya sido Alemania, que marca el paso de la política económica de Europa, quien haya permitido la detención del diputado electo Sr. Puigdemont. Los vínculos políticos e ideológicos de ambos estados son evidentes. La Alemania que apoya al gobierno español afirmando su carácter democrático y su respeto a la Constitución es la misma Alemania que obligó a reformar el artículo 135 de la Constitución española para subordinar las políticas sociales al pago de la deuda. El Estado español se ha convertido en un modelo a seguir para Europa en sus políticas represivas frente a la inmigración (Ley de Extranjería, asesinatos en Tarajal, CIES, devoluciones en caliente….), en su aporte a la expansión imperialista (aumento del presupuesto militar, reforzamiento de la OTAN…), en su política beligerante e injerencista contra gobiernos soberanos como el gobierno bolivariano de Venezuela».
«Los medios de comunicación de masas, tanto públicos como privados, actúan como órganos de propaganda de este gobierno autoritario y represor. Desvían la atención de la corrupción y la impunidad de la clase política, de la creciente desigualdad y precarización y la dirigen hacia la criminalización de Cataluña y sus representantes».
«Nuevamente afirmamos que sólo la más amplia unidad frente al Estado autoritario español puede conducir a un verdadero Estado de Derecho».
Desde el Frente Antiimperialista e Internacionalista denuncian y condenan:
-La utilización masiva y violenta de las Fuerzas de seguridad del Estado español y su gobierno para evitar que el pueblo catalán expresara su voluntad eligiendo su gobierno y su forma de Estado mediante un referéndum.
– Denunciamos que al perder unas elecciones impuestas y controladas desde el Estado español se haya optado por la ilegalización de los representantes elegidos por el pueblo en estas elecciones.
– Condenamos la criminalización del independentismo como opción política por parte del Estado español, el gobierno y los medios de comunicación.
– Condenamos la exaltación fascista del españolismo sobre la soberanía e independencia del pueblo catalán.
«Expresamos asimismo -concluyen – la voluntad firme del FAI para luchar por la libertad de los independentistas catalanes encarcelados y por todos aquellos que se encuentran en procesos judiciales o en prisión por defender sus ideas independentistas y oponerse a un Estado represor y autoritario».
«Las expresiones particulares del fascismo vienen determinadas por la lucha de clases»
1. Los 14 años transcurridos desde Contra el Neofascismo están marcados por cuatro dinámicas que agudizan las fuerzas impulsoras de lo que genéricamente llamamos «fascismo»: Una, la por ahora imparable «decadencia de Occidente», amenazado por las y los parias de la tierra, una de las justificaciones más poderosas de los fascismos. Dos, la tercera Gran Depresión iniciada en 2007: recordemos que la primera Gran Depresión de 1873impulsó como salida la militarización industrial e imperialista, y la guerra mundial de 1914-1918; y que la segunda Gran Depresión iniciada en 1929impulsó el nazismo, el franquismo, la guerra mundial de 1940-1945. Tres, la crisis socioecológica y de recursos vitales con sus efectos en las pugnas interimperialistas y en las agresiones a la humanidad. Y cuatro, la extrema polarización antagónica entre la inconmensurable riqueza de una ínfima gran burguesía y la sobreexplotación de una gigantesca fuerza social de trabajo empobrecida hasta lo inhumano, y en medio de esta tenaza las mal llamadas clases medias y pequeñas burguesías casi tan desconcertadas e iracundas como en los cataclismo anteriores.
2. Estos y otros cambios capitalistas como la rentabilidad creciente de la industria del turismo y del deporte alienador de masas, la necesidad de mover ingentes sumas de capital corrupto que exige ser blanqueado a cualquier precio, la presencia en tiempo real de la industria político-mediática y cultural burguesa, la multiplicación exponencial de las fuerzas irracionales inherentes al fetichismo de la mercancía en un capitalismo que busca generalizar nuevos consumos para reactivar la tasa media de beneficio, etcétera, explican la facilidad con la que grupos fascistas rusos recorrieron distancias imposibles de cubrir en 1940-45 para provocar violentamente al pueblo bilbaíno con la excusa de un partido de futbol. Porque para el fascismo, la industria del futbol es sólo un medio de engorde y de difusión mundial de sus objetivos.
3. Así comprendemos que sectores conscientes del pueblo ejercitaran elsagrado derecho de autodefensa el pasado 22 de febrero en Bilbo. Laviolencia fascista provocó momentos de tensión extrema a raíz de los cuales murió de un ataque al corazón Inocencio Alonso García, policía autonómico español. Las reacciones de las fuerzas políticas oficiales y de las reformistas responsabilizando casi por igual a los atacantes y a quienes practican el derecho de autodefensa demuestra cuando menos una ignorancia supina de lo que es el fascismo, o lo que es peor su asunción de la nefasta creencia de que la única forma de combatirlo es la parlamentaria, sin ninguna movilización popular.
4. ¿Ha vuelto el fascismo, entonces? Lo que entendemos generalmente por fascismo nunca se ha ido del todo. Siempre ha estado y está más o menos presente de algún modo, por lo que no necesita «volver» sino en todo caso hacerse notoriamente presente, salir abiertamente a la luz como fuerza política con mayor o menor apoyo social. Incluso en los momentos de más aparente «paz social» y supuesta «normalidad democrática», incluso entonces el fascismo en su acepción más amplia, zumba como una avispa para recordarnos que es la reserva de fuerza contrarrevolucionaria de masas. En contextos de crisis social larga y profunda, cuando el poder del capital puede estar en peligro, fracciones de la burguesía y sectores de su Estado reactivan o impulsan al fascismo, contando con la pasividad del reformismo que se niega a movilizar a la clase obrera y al pueblo trabajador. En la mayoría inmensa de los casos el triunfo del fascismo se ha producido después de derrotas del movimiento obrero y popular, aprovechando su desmoralización, sus dudas y divisiones internas.
5. El fascismo es una fuerza contrarrevolucionaria que en determinadas condiciones puede llegar a ser de masas y puede conquistar el poder estatal, pero que ha cambiado mucho en sus formas y algo en sus contenidos desde 1923. Aquí, como en todos los problemas a los que se enfrenta la praxis humana, es imprescindible recurrir a la categoría de lo universal, lo particular y lo singular en la poliédrica corriente fascista, sobre todo cuando las vaguedades reformistas del populismo laclausiano y podemita, enturbian el debate y anulan la radicalidad crítica.
6. Lo básico, lo universal del fascismo aparece al desnudo en la materialización de sus constantes: destrucción de las organizaciones revolucionarias y sindicales; destrucción de los derechos concretos y de las libertades críticas, no asimilables por la burguesía; control estricto o incluso anulación de los derechos y libertades formales; libertad de explotación salarial, patriarcal y racista; Estado, partido y sindicato únicos, ramificados verticalmente en la vida social; omnipotencia y omnipresencia policíaco-militar; cultura y lengua única como eje del nacionalismo imperialista; base de masas obedientes; enfervorecimiento de la pequeña burguesía…
7. Lo universal del fascismo surgió con la fase industrial del capitalismo, cuando la pequeña burguesía y el campesinado entraron en una irreversible época histórica de mayor incertidumbre que la que tenían en la fase artesanal y manufacturera precedente. La masiva producción industrial destrozaba a la pequeña burguesía y al campesinado, a su mundo de tranquila quietud, y reforzaba a la clase obrera y a la alta burguesía. Desde 1830 y 1848 estos sectores empezaron a mostrar tendencias irracionalistas, cobardes, obedientes a un jefe bonapartista que abría el camino al cesarismo y se concretaría al poco tiempo en el duce, el führer, el caudillo.
8. La industrialización imperialista, su violencia extrema, aceleró esta crisis de identidad pequeño burguesa en los Estados europeos que no habían realizado la primera oleada de revoluciones burguesas. El fascismo, el nazismo, el salazarismo, el franquismo… surgieron allí donde la burguesía no había culminado su revolución antifeudal y no había creado un sistema parlamentario capaz, con sus problemas, de alienar a sectores importantes de la clase trabajadora, tras haberlos derrotado previamente. Además, esas pequeñas burguesías, sectores campesinos medios, capas de funcionarios, etc., padecían unas formas concretas de fetichización mercantil de su existencia y de crisis de su estructura psíquica colectiva cotidiana, familiar, sexual y nacional que no tenían ya nada que ver con las formas de la pequeña producción artesanal.
9. Sus valores de orden y autoridad se hundieron bajo los golpes de crisis múltiples. La intelectualidad pequeño burguesa no tenía la capacidad de su hermana mayor para crear una «cultura fascista» superior a la burguesa, sino sólo en su culto a la violencia, a la represión salvaje e inmediata del comunismo, al racismo zafio y brutal, al nacionalismo reaccionario, al líder o «macho alfa», y a las fantasías de un «nuevo orden de mil años». Pero esta debilidad real fue una baza a su favor porque la bruta simplicidad irracional de su propaganda llegaba directamente a lo más profundo del inconsciente del pueblo trabajador contaminado con la ideología pequeño burguesa.
10. El primer momento crítico de la formación del fascismo fue 1917-1923 durante el cual fracasó la revolución burguesa rusa de febrero de 1917,triunfó la bolchevique en octubre, se hundió la ofensiva alemana en 1918 y estalló la revolución en Alemania que sólo sería derrotada en 1923; y además, en 1922 Mussolini llegó a Roma, la URSS venció definitivamente al imperialismo en 1923. El segundo momento crítico de la formación del nazifascismo fue entre 1929 con el inicio de la Segunda Depresión del capitalismo mundial y 1933 con la victoria de Hitler. La formación del nazifascismo es por tanto incomprensible sin la existencia de la URSS.
11. Las expresiones particulares del fascismo vienen determinadas por la lucha de clases como síntesis de múltiples contradicciones. Los Camisas Negras italianas, la NSPD alemana, la Guardia de Hierro rumana, la Cruz Flechada húngara, la Acción Francesa, el Rexismo belga, la Unión Británica de Fascistas, la Unión Nacional noruega, el Estado Nuevo portugués, las FET y las JONS españolas, etcétera, muestran las abundantes formas particulares del fascismo hasta 1945. Con la mal llamada «guerra fría» el grueso del fascismo entendido en su generalidad debe ser estudiado sobre todo teniendo en cuenta la estrategia de la OTAN y de los servicios secretos occidentales, sobre todo en Estados decisivos para los EEUU como Italia, la península ibérica, Alemania Federal, Turquía, Grecia, etcétera.
12. Con la devastación social del neoliberalismo desde mediados de los ’80, la implosión de la URSS y la expansión al Este de la OTAN desde los ’90, la aceleración del autoritarismo en la UE, la crisis de 2007 y el Tratado de Lisboade 2010 con las nuevas tareas encomendadas a la OTAN, el debate sobre el fascismo ha entrado en otra dimensión. La derechización inquietante de la «liberal Holanda» a comienzos de 2017, a fascistización de Ucrania desde 2014, o los 60.000 neonazis desfilando en Varsovia en noviembre de 2017 con la complacencia del PiS oficialmente en el gobierno polaco, el arraigo del FPÖ austriaco, la fuerza de Amanecer Dorado en Grecia y de la Derecha Alternativa o «alt-right» en Suecia, el «fascismo renovado» de CasaPound en Italia…, estas y otras realidades nos exigen profundizar y extender el concepto de fascismo ante la innegable peligrosidad que este movimiento está adquiriendo.
13. Pero no sólo para Europa: el ascenso programado del fascismo en Nuestra América, por ejemplo, también nos lo exige. Las transformaciones habidas en el capitalismo occidental desde 1945 aconsejaban que el nazifascismo sólo actuase a pelo descubierto en otros continentes como en Nuestra América mediante el Plan Cóndor y otras dictaduras, en donde se inventó en término de «fascismo criollo» para aclarar las particularidades del nazifascismo en aquél continente. Ahora, se propone avanzar del término «sub-fascismo» para definir los golpes blandos, los muy duros y el terrorismo de las guarimbas, al de «fascismo amistoso/hostil» para comprender su recurso a diversos métodos según los casos.
14. En los EEUU los grupos neonazis han crecido un 22%, según estadísticas oficiales, sólo durante el primer año de Trump. Y no olvidemos el duro giro a la derecha que imprimió Harper a Canadá y que Trudeau no ha reorientado del todo. ¿Qué decir de los movimientos ultraderechistas y militaristas en India, Japón y otros países claves en la decisiva Asia? ¿Qué decir de la vigilancia masiva y la represión en el militarizado Egipto? ¿En qué medida son «fascistas» al estilo europeo estos regímenes? Cada uno de ellos debe ser analizado en su concreción singular para descubrir su inserción particular en la universalidad fascista, o tal vez decir que esa universalidad debe ser definida como «fascismo tardío» surgido de las respuestas a las contradicciones y luchas de clases del «capitalismo tardío».
15. El estudio de su concreción singular debe tener muy en cuenta según los casos la baja o alta autonomía relativa de la subjetividad histórica con sus contradicciones internas, de la cultura y de la lengua, de la tradición, de los valores…, es decir de eso que se denomina «factor subjetivo» que se convierte en fuerza material sociopolítica, que incide objetivamente en la lucha de clases. Muchas de las fricciones y hasta choques entre los diversos fascismos responden además de a los diferentes intereses socioeconómicos de sus burguesías también a las divergencias existentes en sus identidades culturales y subjetividades históricas, que pudieron ser muy duras en el pasado y que siempre dejan marcas en el presente.
16. El anticomunismo, el control estricto o la persecución del sindicalismo combativo, del feminismo socialista, del internacionalismo obrero y popular, etc., están más o menos activos en el Japón sintoísta, la India hindú, el Egipto musulmán, la católica España: por un lado, sus enormes diferencias religiosas, culturales y económicas no anulan que, en lo básico del poder del capital, «coincidan» con parte de la identidad fascista; pero por otro lado, sus respectivas subjetividades históricas explican las diferencias en el desarrollo de esas restricciones o represiones. Estos y otros países no son ahora mismo dictaduras nazifascistas, desde luego, pero en su interior existen prácticas represivas típicas de ese régimen. Los nazis no tuvieron problemas ideológicos en integrar en su máquina de terror a sectores judíos, hindúes, musulmanes, budistas, sintoístas, ortodoxos… que no tenían nada que ver con la «raza aria» pero sí querían arrasar la URSS y todo lo que significaba.
17. La URSS ya no existe y por ahora la burguesía mantiene su poder en las sociedades imperialistas sin recurrir al nazifascismo salvaje porque, entre otras cosas, aún no aparece por la esquina izquierda del futuro inmediato una oleada prerrevolucionaria. Es cierto que, como hemos dicho en el punto 1º hay al menos cuatro dinámicas que enturbian cada vez más el mañana incluso comparado 2018 con 2004, pero aun así la burguesía se siente sólida en su poder, precisamente porque el auge del neofascismo y del populismo orienta el malestar irracional de sus votantes por la senda del parlamentarismo, del electoralismo. Hitler, Mussolini, Franco… aniquilaron el electoralismo parlamentarista.
18. Muchas derechas extremas actuales incluso se distancian formal y propagandísticamente del neofascismo para ganar más votos: saben que la burguesía controla los medios de alienación de masas imprescindibles para ganar elecciones decisivas en situaciones no prerrevolucionarias, como la presente, y necesita dar buena imagen. Se habla de «posfascismo» para referirse a los extremismos derechistas que, a falta de la URSS, vuelcan sus odios contra el Islam, la emigración, la nueva pobreza y el mestizaje, pero se olvida que este «posfascismo» es enemigo mortal de la izquierda revolucionaria, del sindicalismo combativo, del feminismo socialista, de la cultura crítica y que no combate al capital sino a la izquierda nueva y joven que está formándose.
19. Por ejemplo, Alternativa para Alemania tiene ya 297 personas cobrando del Parlamento alemán. Una investigación del ‘Die Zeit’ ha demostrado la fuerte presencia de nazis en su interior y su arraigo en sectores del ejército. Pero el partido evita en lo posible dar una imagen que recuerde al nazismo mientras que las cifras de ultraderechistas son las mayores de su historia reciente. Es claro que la dilucidación de lo que es este partido no se puede hacer aplicándole mecánicamente todas las características hitlerianas, pero sí debemos tener en cuenta algunas de ellas en sus formas actuales: el racismo extremo, el anticomunismo, la dictadura irracional del líder y de la «figura del Amo», los valores reaccionarios de la pequeña burguesía, la misoginia y la exaltación de la «madre», la cultura del cuerpo como autodisciplina obediente, la añoranza de un pasado mejor que debe volver… todo ello buscando la aniquilación del comunismo porque su fantasma empieza a ulular.
20. La impunidad de la que gozan los franquistas con alrededor de 4000 ataques anuales no sólo es explicable por el «franquismo sociológico», que tiende a aumentar, sino sobre todo por el arraigo material de las ideas fascistas organizadas dentro del «Estado profundo» y en muchas instituciones socioeconómicas y políticas, como la Iglesia. El PP maneja perfectamente a estos grupos como un padre al hijo díscolo. La ayuda de Ciudadanos y la pasividad del PSOE y Podemos, asegura el resto. La «nueva piel» de algunos grupos les lleva a limitar el uso de emblemas nazis pero les permite reactivar tácticas como la «ayuda nacional» negada a los emigrantes que realiza Hogar Social, y otras. Lo mismo ocurre con el Estado francés pero a otra escala por las decisivas lecciones históricas dejadas por la revolución burguesa, por la ocupación nazi y por la victoria del populismo de Macrón, que le han obligado al Frente Nacional a denominarse Reagrupación Nacional, casi idéntico al del partido Reagrupación Nacional Popular colaboracionista con los nazis.
21. El fascismo en Euskal Herria responde a la singularidad del marco autónomo vasco de lucha de clases. Hemos recorrido lo universal del fascismo y lo particular de los fascismos, hasta llegar ahora a la singularidad vasca. La lucha de clases es mundial, las liberaciones de los pueblos son singulares, y lo que les conecta mediante la dialéctica del conocimiento es el estudio de lo particular. En Euskal Herria lo particular es la base material nazifascista que subsiste en lo profundo del imperialismo franco-español, aunque con diferente fuerza en cada uno de sus dos componentes por obvias razones históricas. El fascismo tuvo cierta implantación en Euskal Herria entre 1933 y 1945, y luego supo camuflarse hábilmente dejando posos que son «reservas de irracionalidad» movilizables cuando el poder franco-español lo estime conveniente.
22. Sin entrar en la extrema derecha francesa en Euskal Herria por falta de espacio: recordemos el porcentaje de media de votos lepenistas en Iparralde, en Hegoalde existe un significativo conglomerado imperialista español en el que los componentes fascistas –notorios en la derecha en Nafarroa y nunca combatidos por el PSOE de este herrialde- son reactivados por el Estado según sus necesidades como, por ejemplo, la oleada de irracionalidad represiva lanzada por el PP de Aznar entre 1996 y 2004. Pero la socialdemocracia no está libre de culpa en la pervivencia del conglomerado fascista y neofascista. Nunca ha movilizado a sus bases contra él, siempre ha ocultado sus crímenes, jamás ha exigido depuraciones ni castigos por las atrocidades fascistas, durante decenios ha torpedeado y obstruido la verdad histórica y ha dejado que varios miles de asesinados se pudran en las cunetas y campos vascos, por no hablar de su directa responsabilidad en la «guerra sucia», en las torturas, etc., prácticas típicas del nazifascismo. Peor aún, se alió con las fuerzas más reaccionarias y neofascistas camufladas en el PP para controlar el gobiernillo vascongado entre 2009 y 2011.
23. La experiencia de la nada sorpresiva reaparición del fascismo activo, que no latente o dormido, en Catalunya desde que esta nación intensificó la lucha por su independencia y por otros derechos elementales, confirma lo que estamos analizando. Por ahora, sus ataques son una advertencia de lo que será capaz de hacer el imperialismo español fuera de su misma legalidad, la que ella dicta e impone, si Catalunya insiste en ponerse en pie. Lo que España es capaz de hacer en base a su misma legalidad, se está viendo día a día y desborda los poderes de control del artículo 155 para avanzar en el ataque a la identidad nacional catalana. Los ataques fascistas advierten de lo que hará España saltándose su misma legalidad, o sea, recurriendo en caso necesario a la «dialéctica de los puños y las pistolas» como decía el fundador de la Falange.
24. Es aquí cuando llegamos al problema de las respuestas del reformismo frente a los ataques fascistas. Tras el ejercicio del derecho de autodefensa popular en Bilbo el pasado 22 de marzo, al que nos hemos referido en el punto 3º. Tanto en 1922 frente al fascismo, como en 1933 frente al nazismo, los socialistas y socialdemócratas renunciaron a la lucha popular decidida basada en la amplia movilización de la clase obrera y del pueblo trabajador que, sin supeditarse a la pequeña burguesía, sí buscaba integrarla como aliada pero siempre bajo la dirección estratégica del proletariado revolucionario. Una lección entonces aprendida a golpe y con sangre, y que se reiteraría después infinidad de veces, es que la clase trabajadora termina desmoralizándose cuando sus direcciones le imponen el pacifismo pasivo, manso y gandhiano frente a las agresiones nazifascistas.
25. Grandes manifestaciones de miles de obreros y obreras eran rápidamente disueltas a golpes por pequeños grupos nazifascistas formados militarmente, que generalmente actuaban de acuerdo con la policía estatal. Locales, centros sociales, periódicos, bares populares, teatros… eran asaltados por esas bandas protegidas por el Estado. La fe crédula en el parlamentarismo y en el electoralismo ponía a la defensiva al pueblo, daba tiempo a la burguesía y envalentonaba al nazifascismo. Ahora el reformismo dice que 2018 es muy diferente a 1933 y que ya no es necesaria la autodefensa ni la autoorganización del pueblo obrero para aplastar los brotes fascistas; pero el reformismo ignora o quiere ocultar que en el capitalismo actual ha exacerbado los medios de alienación frente a los cuales sólo cabe la praxis, y dentro de ella la movilización contra todo ataque a las libertades sigue teniendo tanta o más importancia que entonces.
26. El reformismo olvida u oculta las lecciones positivas de la historia: por ejemplo, las izquierdas del Estado español aprendieron que la impunidad nazifascista de 1922-1933 había desmoralizado a las clases y naciones oprimidas, facilitando la victoria del capital, por lo que reforzaron su sana costumbre de resistirse al fascismo allí donde asomara el hocico, lo que les preparó para derrotarlo en su primera arremetida. La experiencia mundial confirma esta lección positiva, mientras que el reformismo se queda con las negativas: la pasividad del Frente Popular chileno allanó la vía al terror de Pinochet en 1973; el PCE español paralizó toda movilización hacia el socialismo en plena crisis de la dictadura para asegurar la «transición pacífica» a la monarquía impuesta por el dictador. Especial impacto desmovilizador tuvo la orden de no respuesta a la matanza de abogados en Atocha en enero de 1977.
27. Pero en el capitalismo actual el problema en realidad es más grave aunque parezca que la «solidez democrática» conjura el peligro fascista visto sólo en su forma más brutal. Otras veces son grupitos con mensajes «suaves» pero muy reaccionarios como las denominadas «constelaciones familiares», etc. Lo que sucede es que las formas de explotación contemporáneas exigen de la virulencia cotidiana de los microfascismos invisibilizados consustanciales a los micropoderes capilares que flexibilizan las redes de dominación, opresión y explotación extendiéndolas a la totalidad de la vida social. No hace falta decir que el Estado es el centralizador estratégico de estos micropoderes y microfascismos, teledirigiéndolos según los intereses del capital pero manteniendo su autonomía relativa en lo cotidiano e íntimo, en lo falsamente «privado», porque esa relativa autonomía multiplica su efectividad.
28. Estas disciplinas y microviolencias –algunas de las cuales llegan al asesinato de mujeres, a las violaciones, a las palizas a migrantes, etc.- están más desarrolladas ahora que en 1922-1933 porque ahora son mucho mayores las trabas que obturan la rapidez del proceso entero de realización del beneficio capitalista. Es por esto que los microfascismos tienden a coordinarse sinérgicamente con creciente facilidad irrumpiendo con brutal violencia en determinados momentos. El futbol es una industria alienadora especialmente efectiva en la canalización de las frustraciones y tensiones diarias. Hay otras muchas facetas de la vida social en las que, como sus matices, se activan comportamientos semejantes como la imparable drogadicción legalizada o tolerada, el auge del irracionalismo en una sociedad en la que la ciencia oficial es una simple fuerza productiva asalariada subsumida en el capital constante, y así una inacabable lista.
29. La entera estructura psicofísica del actual sistema parlamentario está ideada para integrar funcionalmente estas tensiones, y para condenar las iniciativas populares cuando éstas ejercen el derecho de autodefensa. Esto segundo es lo que ha sucedido tras los acontecimientos del 22 de febrero en Bilbo. El reformismo se ha enfrentado de nuevo a toda la evidencia que muestra que la movilización obrera y popular es el método decisivo de lucha contra el fascismo y contra los microfascismos, siendo el parlamentarismo de izquierda –cuando se practica- solo un medio de ayuda táctica supeditada a la estrategia de movilización de masas, y nunca a la inversa. Las violencias de los micropoderes patriarcales, racistas, empresariales, de poder adulto, etc., y su fácil salto casi imperceptible a prácticas microfascistas sólo se combaten en su radicalidad mediante las correspondientes movilizaciones de autodefensa colectiva, que es la mejor pedagogía posible.
30. Uno de los errores del reformismo, y de sus límites, es que rechaza absolutamente la filosofía de la praxis, la dialéctica entre la teoría y la práctica. Tal cerrazón le imposibilita enfrentarse a las contradicciones y le precipita en el abismo sin fondo de la legalidad burguesa, haciéndole retroceder a los mitos del socialismo utópico según los cuales sólo la metafísica culturalista –las «neuronas»- puede emancipar a la humanidad, mientras que la acción entendida machista y biológicamente –la «testosterona» (¡sic!)- es inservible. Nos estamos refiriendo a la estricta frase «Contra el fascismo más neuronas y menos testosterona» de Iker Casanova, criticada por alguien que firma con el pseudónimo de Fermin Borisovna –véase: Sobre antifascismo, neuronas y testosterona del 2 de marzo de 2018, disponible en la Red-.
31. Quien firma con el pseudónimo de F. Borisovna tiene razón en su crítica, pero no la lleva a la totalidad de la lucha contra el peligro fascista. Se centra en la lucha contra el fascismo en su forma más descarada pero no se extiende, seguramente por espacio, en la muy necesaria autodefensa pública y abierta contra los microfascismos. En realidad no son dos luchas cualitativamente diferentes, sino momentos interrelacionados de una estrategia única de autodefensa en la que los niveles más «bajos» y hasta nimios según la miopía reformista se entrelazan y coordinan en una sinergia que puede avanzar hacia praxis más amplias y profundas. Desde esta visión procesual, es imposible rechazar las formas más coherentes de autodefensa frente a la violencia fascista sin rechazar a la vez, o al menos sin cuestionar seriamente, otras formas «menores» de autodefensa: concentraciones y escraches frente a locales empresariales, escarnio de machistas y racistas, parodias contra obispos reaccionarios, pintadas en bancos que desahucian, etc.
32. En los últimos días hemos gozado en Euskal Herria de confluencias varias –feminismo, pensiones, universidad, marxismo, sindicatos, amnistía y derechos humanos, euskara…- que al margen ahora de otras consideraciones, se entienden desde la tendencia a la coordinación de las luchas y desde la visión teórico-política del papel central que tiene el movimiento obrero y popular en el ejercicio de su derecho a la autodefensa. Sólo cinco fechas: En 1936-1937 el nazifascismo bombardeó poblaciones vascas; en 1975 el fascismo fusiló a militantes vascos y españoles; en 1981 el fascismo asesinó por tortura en Madrid un militante vasco, en 2014 el FMI se paseó por Bilbo, y lo mismo hicieron los fascistas rusos en 2018. En los tres casos, el pueblo se defendió como pudo. De la misma forma en que la categoría de lo universal, lo particular y lo singular nos sirve para comprender el fascismo, los neofascismos y otras formas de su brutalidad destinadas a liquidar el movimiento revolucionario, también nos explica qué une la autodefensa vasca ante esas cinco agresiones, y ante todas.
33. En las naciones oprimidas la presencia del fascismo es más polifacética y múltiple en sus diversas formas e intensidades que la que sufren los pueblos no oprimidos nacionalmente por la simple razón de que la resistencia de los primeros obliga al Estado a intervenir más descaradamente, y obliga también a la burguesía colaboracionista a ayudar al Estado. Así, en las naciones oprimidas suele ser más débil la ficción democrática y más visibles las formas de dominación. En este contexto, esos fascismos varios pero centralizados por el Estado se ocultan y hasta «desaparecen» bajo los debate bizantinos sobre el populismo, la democracia, la acción pacífica, etc. Se crea una densa niebla ideológica que impide ver las contradicciones, orientando la ceguera reformista hacia nebulosas como ciudadanía, parlamento, transversalidad, consenso de la sociedad civil, agentes políticos y sociales, el 1% frente al 99%… Pero el Estado nunca duerme.
IÑAKI GIL DE SAN VICENTE
EUSKAL HERRIA 1 de abril de 2018
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Nota: texto base para el debate sobre fascismo a celebrar en Errekaleor el próximo 6 de abril de 2018. Esta ponencia actualiza entre otras la realizada el 4 de abril de 2004 con el título de Contra el Neofascismo y también el pequeño texto del 27 de noviembre de 2014 Introducción a la ‘Psicología de masas del fascismo’ de W. Reich. Ambos están a libre disposición en la Red. Recomiendo su lectura crítica para profundizar en el debate de esta ponencia.
[13] EDITORIAL: CATALUÑA, UN FIN DE SEMANA HISTÓRICO Y DE CONSECUENCIAS IRREVERSIBLES
Madrid se ha comportado como lo ha hecho a lo largo de siglos: utilizando la «ejemplarización» de la venganza y la cárcel contra los rebeldes.
En el curso de los últimos días Cataluña ha estado viviendo, posiblemente, sus horas más duras desde el final de la pasada guerra civil.
El ingreso en prisión de los consellers cesados por la aplicación del artículo155, Forcadell, Turull, Bassa, Romeva y Rull el pasado fin de semana, así como la implacable detención en Alemania de Carles Puigdemont, pone de relieve que el ejecutivo ultraconservador español, encabezado por Mariano Rajoy, tiene el propósito de castigar duramente a aquellos que han osado cuestionar la sagrada unidad del Estado.
Bastaría con conocer algunas secuencias de la historia de Catalunya a lo largo de los dos o tres últimos siglos para apercibirse de lo implacable que puede ser el centralismo españolista en relación con cualquier tentativa cismática.
El poder central – arrogante, pero también inmensamente torpe – ha estado batallando encarnizadamente durante dos largos siglos en múltiples frentes continentales en contra de un tsunami segregador que terminó cuarteando un imperio cuyas estructuras correspondían más al medievo que a los siglos XIX y XX. Mientras las grandes potencias capitalistas europeas trataban de encontrar fórmulas de asociación novedosas que les permitieran seguir explotando a sus antiguas colonias, Madrid se empeñaba, empecinado, en continuar defendiendo su destino en lo universal desafiando a los ritmos de la Historia. Tanto ayer como hoy ese propósito «ejemplarizador» ha continuado siendo una constante en nuestro omnímodo poder central. Se trata de un fenómeno que se da tanto en el Estado como aparato, como en los hombres que lo han encarnado: la ausencia de inteligencia encuentra en la represión su más seguro aliado. Lamentablemente, los españoles han tenido la desgracia de heredar tanto a uno como a los otros.
Pero, posiblemente, el propósito ejemplarizante no esté exclusivamente dirigido contra la rebeldía catalana. Todo indica que lo que se pretende hoy es que la “lección” sea aprendida por todos aquellos sectores sociales que, de unos años a esta parte, han comenzado a dejar patente su rechazo a las inaguantables presiones económicas que desde el Estado se ejercen contra la mayor parte de los asalariados, los pensionistas, las mujeres y los jóvenes; y también por las nuevas generaciones que, una vez descubierto el escandaloso fraude de la llamada “transición”, han empezado a cuestionar la forma monárquica del Estado español, impuesta por la fuerza por la dictadura precedente.
Es cierto que la ofensiva emprendida por el gobierno de Rajoy, con el aval del monarca, ha sido posible gracias al grave retroceso experimentado en las movilizaciones sociales que se habían venido produciendo en el último quinquenio. La seguridad que exhibe el gobierno de Madrid frente a Cataluña se produce porque una vez que las clases sociales, los partidos y los sindicatos artífices del Régimen del 78 se recuperaron del desconcierto inicial por la catarsis que estas movilizaciones les habían provocado, han procedido a su reagrupamiento con la intención de reafirmar – previos retoques – la continuidad del régimen monárquico que ellos mismos contribuyeron a instalar.
Hay que decir que tampoco es ajena a la recuperación de la iniciativa por parte del poder central, la frustración sentida por amplios sectores sociales que habían cifrado sus esperanzas en el acceso a las instituciones de organizaciones que se presentaban a sí mismas como «renovadoras”y “rupturistas”, cuando comprobaron que éstas fueron progresivamente entrando en «dique seco» y reproduciendo los mismos vicios, tics y conductas de los viejos partidos, sin que ello sirviera para modificar los males sociales que denunciaban.
Es en el marco de esa «debacle» de la movilización social donde la ofensiva españolista encuentra su fuerza y sus herramientas ideológicas. Como ha sucedido otras veces en el pasado, a esa ofensiva se unieron los sectores políticamente más atrasados de la sociedad española que, después de 40 años de apoliticismo electoralista, son muchos, variados y con diversa composicion de clase. El histórico «¡vivan las caenas!», clamado por sectores populares al retorno de Fernando VII, rebrotó por instantes durante los momentos más tensos del proceso político catalán.
Podemos tener la engañosa sensación de que esas circunstancias han variado ligeramente a día de hoy. Las grandes movilizaciones que se han producido en las últimas semanas podrían inducirnos a pensar que son un enlace con aquellas otras que tuvieron lugar en el último quinquenio. Pero sea o no así, a éstas, como a aquellas, les sigue faltando un componente esencial: la organización social y política. De ellas continúa estando igualmente ausente la conciencia de que el objetivo de dicha organización no puede consistir en utilizarlas para ganar unas próximas elecciones. Tener ese propósito no va a servir para cambiar la correlación de clases en este país. Todo lo contrario. En las condiciones actuales, ese vacío juega en contra de cualquier tipo de cambio real. Aunque hoy resulte duro hacerlo comprender, el objetivo fundamental debe consistir en organizar a la sociedad, o a una parte de ella, con el horizonte de un proyecto político para su transformación radical. Y es que la historia ha demostrado, reiteradamente, que mientras no se den esos requisitos, a medio o a corto plazo, la batalla estará inexorablemente perdida. Por una simple razón: porque el enemigo – subrayamos, el enemigo – sí está organizado, bien organizado. Y lo sucedido en el proceso político catalán es una avasalladora evidencia.
En cualquier caso, lo acaecido este fin de semana en Catalunya convierte la complejidad de la situación política en ese territorio en un hecho irreversible. Suceda lo que suceda, «gane» quien gane, o «pierda» quien pierda, hay que empezar a entender que ya nada podrá ser igual que antes. Cuando los pueblos son sometidos de forma tan inicua y arrogante, la memoria en ellos persiste por encima del transcurso del tiempo. Para el Poder Central eso deberia ser una obviedad. La Historia de España esta jalonada de «victorias» sobre la voluntad de los pueblos que luego terminarían convirtiéndose en sonoras derrotas. Esa es una de las razones por las que ya no habrá sosiego. Ni aquí, ni allí.
[14] El informe de la Fiscalía descarta la teoría de las tramas y del terrorismo incendiario que alentó la Xunta
«Las diligencias de investigación concluyen que no se puede acreditar una planificación criminal organizada», advierte el documento presentado por el fiscal superior de Galicia
Ni trama incendiaria, ni grupo terrorista, ni organización delictiva alguna. La intensa ola de incendios que en pocos días quemó en Galicia 50.000 hectáreas y acabó con la vida de cuatro personas el pasado octubre no fue provocada por «tramas organizadas», como advirtió Rajoy como «posible explicación», ni por una «actividad delitiva incendiaria para alterar la paz social», como aseguró el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Así lo ha reiterado este lunes el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, que ha presentado el informe que la Fiscalía realizó sobre aquel trágico fin de semana de otoño y que incide en descartar cualquier ataque organizado a los montes del país. A pesar de que el informe fue elaborado fundamentalmente por el fiscal de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, fue finalmente el máximo dirigente del Ministerio Fiscal en la comunidad el encargado de presentarlo.
El lunes siguiente a la tragedia, Feijóo leyó ante la prensa una declaración institucional centrada en condenar el «ataque» del «terrorismo incendiario», la misma que se insertaría después como publicidad en una docena de periódicos impresos -ocho editados en Galicia y cuatro, en Madrid- después del pago de 77.000 euros públicos, tal y como adelantó Praza.gal. Llegó a decir que «se quemaron parques naturales concertadamente que se encontraban a 300 kilómetros de distancia». Pero no hubo nada concertado, ni grupo organizado alguno.
Tan sólo dos horas antes de la intervención de Suanzes en la comisión parlamentaria para el estudio y análisis de la política forestal y de los incendios, los grupos políticos recibieron el decreto de archivo de las diligencias de investigación penitenciaria de la Fiscalía, así como un resumen del informe. El texto es claro: «Las diligencias de investigación concluyen que no se puede acreditar una planificación criminal organizada».
«No se pudo determinar que los numerosos incendios ocurridos en la semana del 8 al 15 de octubre de 2017 obedezcan a una iniciativa criminal compleja de grupos de personas u organizaciones que actúen de forma coordinada o planificada y que persigan objetivos supraindividuales», ha resumido Suanzes al abordar las conclusiones del informe sobre esos 352 incendios que en pocos días quemaron casi 50.000 hectáreas.
Incluso ha ido más allá, al aclarar, tras ser preguntado por el uso del término «terrorismo» por parte del Gobierno gallego o español para atribuir las causas de los incendios, que entiende que «cuando un ciudadano o político lo usa lo hace desde un punto de vista vulgar». «Desde un punto de vista estrictamente jurídico, obviamente esto no es terrorismo porque eso requiere determinadas finalidades: subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública o provocar estado de terror en la población; y eso no fue así», ha explicado.
Según aclara Suanzes, «no se constataron nuevas tipologías, en cuanto a los artefactos incendiarios». De igual manera, se verificó una vez más que «los tres elementos que pueblan el imaginario de la causa de los incendios: la madera, el urbanismo, y la economía del fuego, no fueron detectados, y quedan descartados como ya destacaba el informe de 2007 y actualizaciones posteriores».
«Informaciones no contrastadas, rumores y alarma»
Por tanto, insiste, como en la investigación llevada a cabo hace más de una década, que no hay evidencia, ni prueba alguna de que haya ningún tipo de trama organizada para prenderle fuego a Galicia, tal y como ya habían advertido los atestados policiales o numerosos expertos. Además, ha recordado que «se generaron informaciones no contrastadas, rumores y malentendidos» propagados «con la ayuda de las redes» y que provocaron «alarma e incluso pánico» cuando, en realidad, la extensión del fuego en entornos como el de Vigo se debía «al viento que expandía partículas incendiarias». De hecho, el informe detalla que los datos hacen prever que los fuegos que afectaron el área viguesa tienen su origen en dos únicos focos: el iniciado en la parroquia de Morgadáns, en Gondomar, y otro en la parroquia de Parada, en Nigrán.
Suanzes incluso advierte de que de todas las llamadas y entrevistas posteriores a personas que informaban de la posibilidad de gente provocando incendios, en ninguna «los informantes vieron persona alguna prendiendo fuego».
Lo que sí acredita la Fiscalía es «el altísimo porcentaje de intencionalidad de los incendios investigados», aunque «no es posible llegar a una cifra indubitada y conforme a todos los operadores involucrados, habida cuenta la diversidad de metodología y conclusiones». El análisis de los incendios con mayor afectación, superior a 500 hectáreas, revela que su intencionalidad es dominante en más de un 61%. Entre ellos están los siniestros en los que se produjo la pérdida de vidas humanas, que están siendo objeto de una especial y minuciosa investigación. El informe realizado por la Policía Autonómica, que refiere a análisis pormenorizado de un total de 97 incendios en la demarcación asignada, determina una intencionalidad próxima al 70%. Por su parte la Guardia Civil informa de 280 fuegos catalogados de intencionales sobre el total de 352, es decir un 79,5%. Por último, la Consellería de Medio Rural eleva la intencionalidad hasta el 87,7%.
Además, Suanzes advierte de que las causas de esa intencionalidad eran, mayoritariamente, por la quema de matorral para usos agrícolas o comportamientos próximos a la piromanía, además de por conflictos vecinales o relacionados con la caza. Al mismo tiempo, insiste en que las «condiciones climáticas extraordinarias» ayudaron a propagar y avivar los incendios, cada vez más graves por las «nuevas condiciones climatológicas».
En el informe se destaca que de los 18 incendios especialmente estudiados, por su extensión, once fueron «muy probablemente» intencionados, mientras que los siete restantes fueron «reproducciones o extensión de otros incendios» debidas al traslado de chispas y pequeñas llamas e incluso a la «propagación de los focos acontecidos en Portugal», como en el caso de los de As Neves o Salvaterra.
[15] El Gobierno sacará este año otros 3.826 millones de euros de la ‘hucha’ de las pensiones
El Gobierno volverá a hacer uso de la llamada «hucha de las pensiones» este 2018, según se desprende de los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Ejecutivo. El texto incluye que la Seguridad Social sacará del Fondo de Reserva un importe de 3.826 millones de euros, «para atender, exclusivamente, las insuficiencias de financiación de las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión». Rajoy ha vaciado el 90% de la hucha, que cayó a los 8.095 millones este diciembre de 2017, desde los máximos de cierre de 2011 (66.815 millones).
En el Presupuesto de la Seguridad Social, los presupuestos de 2018 detallan esta partida concreta de uso de la hucha, al contrario que el año pasado, cuando tan solo hacía mención al «régimen excepcional de disposición de activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social».
Esta previsión del gasto se encuentra una hucha de las pensiones en mínimos. Tras la salida de 3.586 millones de euros para la paga extra de navidad el pasado diciembre, el Fondo de Reserva contenía 8.095 millones de euros a 1 de diciembre, el 0,73% del PIB. Es la cifra más baja desde 2002.
Evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno en diciembre de 2011, el fondo de reserva estaba en su tope máximo, 66.815 millones. Esto quiere decir que este instrumento creado en el 2000 con el objetivo de constituir reservas que permitieran atenuar los efectos de los ciclos económicos bajos ha menguado desde la llegada del PP al poder un 87,88%.
Retiradas del Fondo de Reserva de la Seguridad Social
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Según el proyecto de Presupuestos, la Seguridad Social contará este año con un presupuesto de 149.967 millones de euros, cifra un 3,5% superior a la de 2017 y equivalente al 12,4% del PIB.
Préstamo de 15.164 millones del Estado
El Presupuesto de la Seguridad Social incluye, a la vista de su situación financiera, un préstamo del Estado por importe de 15.164 millones de euros para garantizar que el sistema pueda cumplir con el pago de prestaciones. En 2017, el préstamo del Estado a la Seguridad Social fue de 10.192 millones de euros.
Los ingresos por cotizaciones sociales alcanzarán este año los 114.916 millones de euros, un 3,9% más que lo presupuestado inicialmente en 2017. Este montante permitirá a la Seguridad Social financiar el 76,6% de su presupuesto total, según asegura el Gobierno.
El Ejecutivo calcula que en 2018 la Seguridad Social ingresará 108.175,2 millones de euros en cotizaciones de empresas y trabajadores, un 4,2% más que en el presupuesto de 2017.
Asimismo, el sistema percibirá 133,2 millones por cuotas correspondientes a la prestación de cese de actividad de los autónomos, un 0,4% más sobre el presupuesto de 2017, mientras que por cotizaciones de desempleados recaudarán 6.607,3 millones de euros, un 0,2% más que en 2017.
Tras las cotizaciones sociales, las aportaciones del Estado son las que más contribuyen a la financiación de la Seguridad Social. Este año, la Seguridad Social contará con aportaciones del Estado por un importe global de 13.558 millones de euros, un 3,6% más que en 2017, de los que 7.329 millones de euros irán destinados a cubrir los complementos a mínimos, un 2,1% más que en 2017.
Las aportaciones del Estado para financiar las pensiones no contributivas y las prestaciones no contributivas de protección a la familia alcanzarán los 4.151,5 millones de euros (+2,7%) y el importe destinado a la atención a la dependencia será de 1.401 millones de euros, de los que 1.308 millones corresponden a la financiación del mínimo garantizado por el Estado.
[16] La mayor subida en gastos de personal para policía y guardia civil: 310 millones de euros
Miles de policías y guardias civiles reclaman en Oviedo equiparación salarial EFE
El Gobierno presupuesta la primera partida para equiparar a sus fuerzas de seguridad con las policías autonómicas
Las cuentas pactadas entre Partido Popular y Ciudadanos contemplan un incremento del 1,9% en gastos de personal, fundamentalmente por la subida para las policías
El proyecto de presupuestos pactado por el Partido Popular y por Ciudadanos contempla una subida en los gastos de personal del 1,9% que tiene su explicación fundamental en el notable incremento que se destinará a sueldos de policías y guardias civiles para equiparar sus salarios a los de los cuerpos autonómicos.
Según el documento remitido por el Gobierno, en las cuentas de 2018, que todavía no tienen apoyos suficientes para ser aprobadas en el Congreso, se destinarían 310 millones de euros para incrementos salariales en los cuerpos de seguridad del Estado. Este es el primer ejercicio en el que se presupuestan partidas para este objetivo, producto del acuerdo al que llegó el Ministerio del Interior con los sindicatos de la policía y la Guardia Civil. Además se consignan 100 millones para el personal de segunda actividad.
El pacto se selló a principios de marzo después de meses de reivindicaciones de policías y guardias civiles en la calle que se intensificaron coincidiendo con la crisis de Cataluña y el proceso soberanista. Ciudadanos llegó a condicionar su apoyo a las cuentas a que se produjese ya en 2018 la primera de las subidas económicas a los cuerpos de seguridad del Estado.
En total, de salir adelante estas cuentas que el Gobierno todavía deberá negociar con otras formaciones políticas, el Estado se gastaría en sueldos de trabajadores públicos 16,687 millones de euros, un 6% del total de las cuentas públicas.
El capítulo de personal dentro de los prespuestos de seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias del Ministerio del Interior computa 6.665 millones de euros, frente a los 6.235 de 2017, un 6,9% más.
[17] Esto es lo que puede pasarte si denuncias a corruptos y ellos se enteran
Comparecencia de un testigo protegido, en una imagen de archivo.
Amenazas físicas, acoso laboral, despidos improcedentes o denuncias cruzadas son el pan de cada día de los whistleblowers españoles
España es el único país de la OCDE que no protege a los denunciantes de corrupción a nivel estatal
La negociación de la ley que aspira a hacerlo se reactivará en abril tras pasarse año y medio estancada en el Congreso
En España señalar a los corruptos sale caro. Recibir presiones de la dirección de tu empresa para cometer actos ilícitos y ser despedida por negarte a ello es una represalia común. Es lo que le ocurrió a Azahara Peralta, jefa de Obra de Acuamed. El siguiente peldaño es sufrir acoso laboral, ser despedida, y que la cúpula política a la que denuncias ejerza su poder para que no puedas encontrar trabajo de nuevo. Así lo atestigua el caso de Ana Garrido, testigo de la Gürtel.
Ser denunciado a consecuencia de destapar la corrupción es el penúltimo escalón. Es lo que le pasó a Roberto Macías, para el que UGT pide cuatro años de cárcel por «revelación de secretos» tras hacer públicas las facturas falsas que el sindicato presuntamente usaba para lucrarse. Su caso es similar al de Cristobal Cantos, que lleva cinco años en los tribunales por las denuncias cruzadas de aquellos a los que él acusó de corrupción y para los que la Fiscalía pide cárcel.
Al final está la agresión física. Al exteniente del Ejército Luis Gonzalo Segura, que solo ha conseguido ser expulsado de las Fuerzas Armadas tras sacar a la luz prácticas fraudulentas del alto mando, le aconsejan cambiar de acerasi se cruza con uniformes militares. Cuando Itziar Gonzálezcargó contra la especulación inmobiliaria y los pisos turísticos del centro de Barcelona, empezó a recibir amenazas de muerte y alguien allanó su casa. Aunque años después los juzgados les dan la razón, los casos de los whistleblowers españoles sirven de ejemplo de la soledad del denunciante de corrupción en España.
«En general, los testimonios de las personas que han denunciado corrupción coinciden en resaltar la falta de amparo al que se ven expuestas tras comunicar la comisión de actos ilícitos o irregulares», explica el abogado de Transparencia Internacional, Daniel Moedo. Esa falta de protección, continúa el letrado, «desincentiva de manera acuciante la formulación de denuncias. El tortuoso camino que han tenido que transitar los denunciantes para seguir adelante con sus vidas después de denunciar, resulta totalmente desalentador».
España es el único de los 35 miembros de la OCDE que no ha regulado la protección a los whistleblowers a nivel estatal, ni con una ley específica ni mediante el articulado de otras leyes, según el último informe de la organización. Un examen reciente de los mecanismos de apoyo a denunciantes de corrupción a nivel europeo puntuó a España con 0 puntos -de un máximo de 756- en base a nueve estándares comunitarios e internacionales.
A finales de 2016 los grupos de la oposición enarbolaron la bandera de la lucha contra la corrupción y, como parte de la estrategia del «gobierno desde el Congreso», quisieron llevar la protección de los denunciantes al foco mediático. Entonces , hasta The New York Times utilizó el caso de Ana Garrido, que ha ganado varios procesos judiciales al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) y hoy sobrevive con la venta online de bisutería artesanal, para destapar la paradoja española: es un país asolado por los casos de corrupción, denunciarla se puede convertir en «un calvario».
[18] La Fiscalía alemana pide la extradición de Puigdemont por rebelión y malversación
El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una imagen de archivo. EFE
Considera que el delito de rebelión puede ser equivalente al de alta traición que recoge el Código Penal alemán
La Fiscalía ha pedido que elexpresident catalán siga en prisión preventiva por riesgo de fuga
«La posibilidad de que no se admitiera a trámite -la euroorden- era francamente excepcional», sostiene su defensa
La Fiscalía alemana ha pedido este martes a la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein la tramitación de la extradición a España del expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. Además, ha reclamado que permanezca en prisión al considerar que existe «riesgo de fuga».
«La acusación de rebelión contempla, esencialmente, la celebración de un referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos», destaca en un comunicado la Fiscalía, que considera que el delito que imputa la Justicia española a Puigdemont puede ser equivalente al de alta traición que recoge el Código Penal alemán. «No es exigible legalmente una coincidencia literal de los preceptos alemanes y españoles», subraya.
Las acusaciones de malversación de fondos públicos y de corrupción para llevar a cabo el referéndum ilegal secesionista del 1 de octubre de 2017, continúa la Fiscalía, se corresponden con el delito de malversación también recogido en el Código Penal alemán.
Mantuvo el referéndum pese a la advertencias
La Fiscalía destaca que las fuerzas policiales indicaron que, tras los enfrentamientos violentos del 20 de septiembre de 2017 entre ciudadanos catalanes y la Guardia Civil, era de esperar una escalada de la violencia el día del referéndum. Puigdemont, explica la Fiscalía, optó sin embargo por mantener la consulta pese a esas advertencias y comprometió a la policía autonómica a garantizar que los partidarios de la independencia pudieran participar en el referéndum.
«Continúan la razones para su detención por riesgo de fuga», subraya la Fiscalía, quien considera que medidas menores a la prisión no garantizan su permanencia en Alemania mientras la Audiencia Territorial de Schleswig decide sobre su extradición.
Puigdemont fue detenido el domingo 25 de marzo en el norte de Alemania, poco después de cruzar la frontera con Dinamarca, en cumplimiento de la euroorden dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
El expresident catalán trataba de regresar a Bruselas, donde residía desde que huyó de la Justicia española hace cinco meses, luego de una visita de dos días a Finlandia, donde había ofrecido una conferencia y se había reunido con parlamentarios finlandeses.
Un día después de su arresto, un juzgado de primera instancia alemán decretó que permaneciese en prisión de forma provisional mientras la fiscalía estudiaba la petición de extradición española porque consideraba que había riesgo de fuga.
Durante su estancia en la cárcel, el líder separatista ha recibido la visita de sus abogados, el español Jaume Alonso-Cuevillas y el alemán Wolfgang Schonburg, así como de varios políticos alemanes, como el eurodiputado euroescéptico Bernd Lucke y el diputado de La Izquierda Dieter Dehm.
Su defensa alega que esperaban esta decisión
Alonso-Cuevillas ha afirmado que la petición de la Fiscalía alemana de que se tramite la extradición del expresident de la Generalitat entraba dentro de sus previsiones. “Era lo que esperábamos”, ha afirmado el abogado, que ha asegurado que la “lógica” es que la petición de extradición se admita a trámite. “La posibilidad de que no se admitiera a trámite era francamente excepcional”, ha insistido en una entrevista en Rac1.
A la hora de valorar la petición de la Fiscalía, Alonso-Cuevillas ha recordado que es la Audiencia Territorial de Scheswig-Holstein la que deberá decidir en última instancia si se debe extraditar Puigdemont a España, algo que confía que no sucederá, puesto que defiende que no se produjo delito de rebelión en los hechos de octubre en Catalunya.
[19] Interior esconde el primer aumento de la criminalidad en una década
Zoido inspecciona unos paquetes de cocaína incautados en Valencia
La cifra de delitos por cada mil habitantes creció 7 décimas en 2017; la última subida se registró en 2008 y fue idéntica a ésta
El Ministerio ha dejado de facilitar la tasa de criminalidad estatal coincidiendo con el cambio de tendencia y solo ofrece datos desglosados
Una reducción de 5 décimas en 2016 respecto al año anterior fue publicitada por Zoido como “otro hito” en la lucha contra el delito
El número de delitos conocidos en España por cada mil habitantes creció en 2017 respecto al año anterior por primera vez en una década. Coincidiendo con este cambio de tendencia, la tasa de criminalidad, como se conoce a este indicador, ha desaparecido de los balances del Ministerio del Interior, que ha dejado de organizar comparecencias de su titular para informar de la misma y de enviar notas de prensa.
A partir de las 2.045.785 infracciones penales registradas en España en 2017, la tasa de criminalidad se sitúa en 43,9 puntos, lo que supone un crecimiento de 7 décimas respecto a 2016, según los datos de Interior y los cálculos realizados a partir de ellos por eldiario.es, con los criterios utilizados en el pasado por este Ministerio. Cuando Interior publicaba la tasa de criminalidad, un descenso de 0,5 puntos como el registrado durante 2016 suponía “otro hito” en la lucha contra el delito. Esa fue la expresión utilizada por Juan Ignacio Zoido durante la comparecencia organizada a tal efecto.
El aumento del número de delitos y de la tasa de criminalidad en 2017 está vinculado a los resultados muy negativos de algunas comunidades autónomas. La peor de ellas es Islas Baleares, con un incremento de un 5,9% en el número de delitos. Le sigue Catalunya, con un 4,5% de crecimiento y que cuenta con los Mossos d’Esquadra como policía integral. Canarias (2,9%), Murcia (2,7%), Cantabria (2,6%) y Madrid (2,1%) completan, en este orden, la lista de comunidades autónomas donde los delitos crecieron en 2017.
Evolución de la tasa de criminalidad en España
Para explicar la desaparición del indicador de la tasa de criminalidad, el departamento de Zoido alude a la creación de una nueva página web donde cualquier ciudadano puede consultar los datos detallados y desglosados por comunidades autónomas, por ciudades de más de 30.000 habitantes o por tipologías delictivas, entre otros parámetros. En esas tablas, sin embargo, no aparece la tasa de criminalidad que lleva ocupando titulares desde la década de los 2000.
La nueva herramienta no tiene siquiera acceso directo desde la web de Interior y hay que descender al final de la página para encontrar un icono de “Anuarios y Estadísticas” que alberga en su interior el “Portal Estadístico de Criminalidad”. La otra opción es teclear www.estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es
Esta herramienta sí permite comprobar un desajuste entre las cifras del propio Ministerio que aun haría más grande el crecimiento de delitos. Cuando Interior publicó los datos de 2016, el número de infracciones penales era de 2.011.586. Al volcar los datos de 2017, las cifras del año anterior han descendido hasta los 2.009.690, con lo que el aumento de un 1,8% en el número de delitos y de 0,7 en la tasa de criminalidad, respectivamente, sería todavía mayor.
Un portavoz de Interior asegura que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ofrecen todos los años datos provisionales que luego «consolidan». El cálculo de eldiario.es ha sido realizado con la última cifra, más favorable para el Ministerio del Interior.
La última vez que el Ministerio del Interior comparó a España con el resto de países de la Unión Europea fue en 2015. Entonces, aseguraba que se trata del tercer país más seguro de la UE, solo por detrás de Grecia y Portugal, si se atendía a la citada tasa de criminalidad. Según esos datos, el país más inseguro de la UE es Suecia, con una tasa de 147,9 delitos por cada mil habitantes. Le seguían Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Alemania.
El esfuerzo diario de las Fuerzas de Seguridad y vuestra esencial colaboración lo hacen posible GRACIAS #VivirSeguro
Un 7,8% de incremento en abusos sexuales
Por tipologías crecen los delitos contra la vida, la integridad y la libertad de las personas, en especial los delitos sexuales, un 7,8%. Ese porcentaje es la media entre el crecimiento de las agresiones sexuales con penetración, un 10,6% más -de 1.249 a 1.382- y el resto de abusos sexuales, que aumentan un 7,5%, de 9.595 a 10.310. También experimentan un destacado aumento las lesiones, ya sean graves o “menos graves” y las riñas tumultuarias, con un 4,4% de subida.
Un crecimiento similar experimentan los homicidios dolosos y asesinatos consumados, situándose en 308 durante 2017, un 4,8% más. En la presentación del balance de 2016, Zoido celebró que este delito hubiera bajado de la “barrera psicológica” de las 300 víctimas mortales, situándose ese año en 294.
En esa misma comparecencia, celebrada el 14 de febrero de 2017, Zoido añadió: “En el año 2016, la tasa de criminalidad se coloca 7,4 puntos por debajo de la tasa correspondiente en el año 2005. El fenómeno criminal que actuá dentro de nuestras fronteras ve cada vez más limitada su capacidad de movimiento, afianzándose España como uno de los países más seguros de Europa Occidental. Si mantenemos esta tendencia, el año próximo podríamos bajar de la barrera de los 2 millones de delitos en un año, y volveríamos a conseguir otro hito importante en cuanto a la seguridad en España”. Sin embargo, el total de infracciones penales ha superado en más de 45.000 esa “barrera psicológica”.
Tasa de criminalidad por CCAA
El tráfico de drogas también ha crecido en el último ejercicio un 4,1%, según los datos extraídos del Portal Estadístico de Criminalidad. Sin embargo, el 9 de enero de 2018, el Ministerio del Interior optó por informar de que el ejercicio interior había registrado la “cifra récord” de 477 toneladas de droga destruidas. Era parte de una extensa nota de prensa que mezclaba número de terroristas yihadistas detenidos, rescates de inmigrantes en alta mar y algunos anuncios de políticas para 2018. El anuncio llegaba en plena crisis por la gestión que el director general de Tráfico y el propio ministro habían hecho de los atascos en las carreteras a la vuelta de las vacaciones navideñas y que habían dejado a centenares de familias atrapadas en el temporal.
En el capítulo de delitos que bajan en 2017 figuran los robos con fuerza en domicilios, un 7,2% menos que se queda en un 7% si se incluyen establecimientos y otras instalaciones; los secuestros, que descienden de 92 a 69; y el número de coches robados (43.335 en 2016 por 42.519 en 2017).
Fin de las comparecencias trimestrales
Muy crítico con la “cocina” que a su juicio realizaba el PSOE de los datos de criminalidad en la época de Zapatero, el Gobierno del PP prometió información trimestral y detallada. La medida fue ejecutada en tiempos de Jorge Fernández Díaz y heredada en la época de Zoido. Sin embargo, la tradicional presentación de los datos cada trimestre acabó el pasado verano.
La última comunicación a los medios en este sentido corresponde al balance del primer semestre de 2016, hecho público el 2 de agosto. Se trataba de la segunda cifra negativa para Interior, después de que el primer trimestre arrojara un crecimiento del 1,7% por ciento de los delitos. Coincidiendo con los datos del primer trimestre se había inaugurado el portal con los datos de ciminalidad, pero a pesar de ello hubo convocatoria ese segundo día de agosto.
Consultado por el motivo de la desaparición de ruedas y notas de prensa, el departamento de Zoido explicó el pasado mes de enero que el portal es mucho más completo que cualquier nota de prensa y que éstas se volverán a difundir en función de la «demanda» que haya.
[20] La Audiencia Nacional investiga los «vandálicos actos» de los Comités en Defensa de la República
Los Comités de Defensa de la República cortan la A-2 en Alcarràs (Lleida) EFE
Esas acciones pueden constituir «delitos de rebelión, malversación y otros delitos de orden público», señala la Fiscalía en un comunicado
El Ministerio Público no aclara cuándo han comenzado esas investigaciones al asegurar que las «ha impulsado y lo seguirá haciendo»
La Audiencia Nacional investiga las acciones de los Comités en Defensa de la República (CDR), que en los últimos días han alentado protestas en las calles de varias ciudades de Catalunya y cortes en carreteras. La Fiscalía ha advertido de que « a la vista de los últimos acontecimientos», esas acciones podrían constituir «delitos de rebelión, malversación y otros delitos contra el orden público.
En un comunicado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha tachado esas acciones como «intolerables» e informa de que, con apoyo de la Fiscalía General del Estado, «ha impulsado y lo seguirá haciendo, investigaciones penales de todo tipo para llevar ante la justicia a los autores y promotores de esto vandálicos actos». El comunicado añade que esos actos «ponen en peligro no solo la paz pública y el orden constitucional, sino la misma esencia del sistema democrático que los Fiscales estamos obligados a defender.
«En unión de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y bajo la dirección de la Audiencia Nacional, se mantienen activas investigaciones en persecución de estas conductas, más allá de las meras y concretas acciones individuales», asegura la Fiscalía en su nota.
Según el Ministerio Público, «no puede obviarse el hecho de que con su actuar (en referencia a los CDR) lo que se pretende es la subversión del orden constitucional, amparando y ensalzando con violencia a personas judicialmente investigadas por los más graves delitos que pueden darse en un Estado Social y Democrático de Derecho como es la rebelión».
«Dichas conductas -añade-, que a la vista de los últimos acontecimientos pudieran constituir delitos de rebelión, malversación y otros delitos contra el orden público, no serán permitidos y la Fiscalía, como garante del orden constitucional, actuará con contundencia contra los mismos para llevar a sus autores ante la Justicia».
[21] De la dictadura franquista a la dictadura de los jueces
Por Javier Segura
Profesor de Historia. Alicante (www.javisegura.es)
En las postrimerías del fascismo nacionalista, católico y militar en España y de la vida de quien lo encarnó durante 40 años, el militar africanista Francisco Franco, que se mantuvo en el poder hasta el final “a Dios rogando y con las armas fusilando”, el grito por la amnistía y la libertad de todos los presos políticos, encarcelados por su común oposición al fascismo, resonó como un clamor coral de la ciudadanía social de todo el país, consciente de que debía suponer la “primera piedra” en la reconquista de las libertades democráticas. Cuarenta años después, durante los cuales las viejas estructuras de poder de la Dictadura perviven en el Régimen del 78 [1], la ofensiva represiva y antidemocrática impulsada por el Gobierno de M. Rajoy contra el procès soberanista catalán en respuesta al referéndum del 1 de Octubre y a la posterior declaración del Parlament en favor de la Republica catalana, ha supuesto la implantación de un auténtico marco político de excepción en Catalunya, diseñado a conciencia, desde el principio, para desmantelar la capacidad de autogobierno de la Generalitat y, de paso, excluir al nacionalismo cívico catalán como opción política real.
En este proceso, las pasadas elecciones del 21 de Diciembre, pensadas para que ganara el “bloque del 155” (Ciudadanos, PSOE y PP) y a las que los partidos políticos soberanistas concurrieron con el veto previo del “tripartito” al cumplimiento de sus programas en caso de obtener el respaldo mayoritario de la ciudadanía, han constituido una verdadera afrenta democrática. El Gobierno del PP, con M. Rajoy al frente, pretendía guardar las apariencias de una democracia liberal y dejó en evidencia su falta de cultura democrática. ¿Desde cuándo en democracia son válidas unas elecciones sólo si el resultado es favorable a quien las convoca?
Hasta el momento, el soberanismo catalán ha pagado con la prisión y el exilio de sus líderes más visibles la negligencia del Gobierno de M. Rajoy de no entender otro lenguaje que el del engaño y la mano dura, un arma de doble filo, y convertir un problema, que sólo puede resolverse de forma creativa en el ámbito de la política entre iguales, en un asunto judicial para, de esta forma, esconder sus responsabilidades tras el manto de la invocación eufemística a la independencia de los jueces en un Estado de Derecho. ¡Pura hipocresía!. Sin duda, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saez de Santamaría, debió ver cumplido su sueño de descabezar el “independentismo catalán: primero, con la destitución del Govern y la disolución del Parlament; luego, con las detenciones añadidas del pasado 24 de Marzo de Jordi Turull,ex-candidato a la presidencia de la Generalitat, Carmen Forcadell, expresidenta del Parlament, y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, fruto de los autos delirantes del juez Pablo Llarena; y, sobre todo, con el ingreso al día siguiente en una prisión alemana de Carles Puigdemont, presidente legítimo de la Generalitat, detenido por el CNI, organismo dependiente de Vicepresidencia del Gobierno. ¡Caza de brujas!
Además, parece que los tiempos que se avecinan son de “suma y sigue”. En el momento de escribir estas líneas, aún está por ver, entre las numerosas causas judiciales aún abiertas, qué ocurre con el mayor de los Mossos d’Escuadra, Josep Lluis Trapero, o con los 712 alcaldes que fueron interrogados antes del 1 de octubre por su predisposición a ceder espacios municipales para el desarrollo del referéndum soberanista.
No, no es un asunto de orden público o delincuencia común, como pretenden hacer creer los “carceleros”. Lo que ocurre es que el Gobierno de M. Rajoy no está dispuesto a pagar el coste que le supondría reconocer la existencia, bajo su jurisdicción, de persecución política y, por tanto, de presos políticos, algo que contraviene los pactos y tratados internacionales sobre derechos humanos, y prefiere “quitarse el muerto de encima” delegando su responsabilidad política en los jueces, para que sean éstos los que se saquen de la chistera delitos, como el de sedición y rebelión,entre otros, que permitan tratar a los encausados como presos comunes o como “políticos presos”. Es la fórmula para legitimar la escalada represiva con la que se pretende la capitulación del soberanismo catalán y eliminar los puentes del diálogo político. Es evidente que en esta situación de total asimetría entre quienes defienden el derecho a decidir sobre la autodeterminación de Catalunya y quienes los persiguen en los tribunales, todo llamamiento al diálogo como sustituto de la fuerza, como se plantea desde gran parte del progresismo, sin duda con buenas intenciones, supone, en la práctica, la concesión del privilegio de veto al Estado español. Quien usa la fuerza no tiene el más mínimo interés en dialogar, sino en mantener los privilegios articulados en torno al Estado unitario [[2] Es evidente que frente a este prohibicionismo, la declaración unilateral de independencia era la vía más adecuada para equilibrar la correlación de fuerzas. Ahora, el protagonismo adquirido por los CDR (Comités de Defensa de la República) han situado el procès en una nueva fase de resistencia popular.
Todo ello obedece a un proceso histórico en el que el tránsito del legalismo franquista al reformismo democrático, cristalizado en el Régimen del 78, ha supuesto la conservación de prácticas totalitarias propias de la Dictadura en el sistema judicial que, bajo el mandato del PP, deriva hacia un auténtico “gobierno de los jueces” en la sombra [3]. Y es, precisamente, este modelo de poder, en el que el ensañamiento político ocupa el lugar de la independencia judicial, el que deja las puertas abiertas a toda suerte de interpretaciones sesgadas, arbitrariedades y prevaricaciones para imponer la ley del más fuerte, bajo la falsa neutralidad del imperio de la ley. ¿Por qué hay que atribuir a los jueces el don de la infalibilidad cuando el acceso a la judicatura se obtiene, como en el resto de las profesiones, por concurso-oposición?
En este contexto, constituye un auténtico atropello a la democracia y a los derechos humanos que dirigentes políticos y sociales del soberanismo catalán se encuentren en prisión preventiva sin juicio por delitos que no cometieron. Sólo desde un contorsionismo jurídico que roza el esperpento puede equipararse la movilización popular pacífica en defensa del derecho a decidir en referéndum y la declaración de independencia aprobada por el Parlament, un acto de reafirmación política del veredicto de las urnas, una vez cerrada toda vía de diálogo por el Gobierno de M. Rajoy, con un “alzamiento tumultuoso” (sedición) o un “alzamiento violento” (rebelión) [4], equiparándolo con un golpe de Estado contra la soberanía popular. Algo tan absurdo como como asociar la petición de divorcio de una mujer a un golpe de mano para imponer la soledad al cónyuge. Enfin, el victimismo del verdugo.
Más allá del Gobierno de M. Rajoy, este cerco político-judicial al procès soberanista catalán está firmemente amparado en el cierre de filas de los aparatos del Estado, las cúpulas de los partidos autodefinidos como constitucionalistas, PP, PSOE y Ciudadanos, las élites empresariales del IBEX35 y las grandes plataformas mediáticas, donde campan a sus anchas los charlatanes de “la Caverna”, en torno a un mensaje único. Según este discurso unidireccional, la “unidad de España”, eufemismo con el que se pretende confundir la unidad política y territorial del Estado con la unión entre españoles, es lo que prima por encima de las voces disidentes y críticas a este paradigma heredado de la Dictadura franquista [5]. Un auténtico complot, sin el más mínimo escrúpulo para articular un relato difamatorio en el que la ausencia de ideas se suple con acusaciones disparatadas, como las que asocian el derecho a la autodeterminación a un delito, las que sacan a relucir comparaciones delirantes de Carles Puigdemont con Hitler y del soberanismo en su conjunto con el nazismo, cuando no con ETA, las que atribuyen a los colegios catalanes e institutos una maniobra preconcebida para inculcar el odio a España o las que vinculan la posibilidad de una Catalunya independiente al caos. Una afrenta al derecho de la ciudadanía a disponer de informaciones veraces.
Pero quizás, la acusación más recurrente contra el soberanismo catalán es aquella que lo asocia con el deseo de “romper España” sirviéndose para ello de un concepto vacío, de profundas resonancias franquistas:: el separatismo. Es falso. ¿Desde cuándo la construcción de un Estado independiente, apoyado en la legítima aspiración de una comunidad que, mayoritariamente, se siente nación, a tener sus propias instituciones, su agencia tributaria o su selección de futbol, es un obstáculo para el entendimiento político y las relaciones fraternales entre los pueblos? ¿Por qué no lo explican sin recurrir a la vieja mística de la ley como algo que se mantiene inquebrantable por encima de la voluntad social? En realidad, el nacionalismo de estado español no tiene respuesta. La razón es que el rechazo al soberanismo cívico catalán no se basa en que éste pueda “romper España”. Más bien, lo que ocurre es que, sin el discurso del peligro de que España se rompa, las élites del nacionalismo español perderían su legitimidad y sus acciones coercitivas se verían como un latrocinio. ¡Pura manipulación!
Todo este conjunto de tergiversaciones, difamaciones y sanciones penales van más allá de la cuestión catalana y pone en cuestión los límites de una democracia en caída libre, desde hace una década, hacia un régimen oligárquico que se congratula, por boca de sus mandarines, de no perseguir a nadie “por sus ideas”, ¡estaría bueno!, pero que no permite que tales ideas, articuladas en proyectos políticos, se puedan implementar de manera efectiva en la realidad si chocan abiertamente con los intereses de las élites privilegiadas en el statu quo. Es algo sobre lo que deberían reflexionar las fuerzas progresistas que pretendan desarrollar políticas sociales o económicas en favor de los derechos de ciudadanía que, de verdad, transgredan los límites de lo que las élites consideran como sus intereses intocables. Estas élites no toleran “excesos democráticos”, ni en el terreno de los derechos sociales ni en el de los derechos nacionales, ambos totalmente conectados. En el cambio hacia un mundo mejor, la solidaridad se impone.
En este régimen, en el que las grandes corporaciones empresariales y financieras gobiernan la economía, el “gobierno de los jueces” se manifiesta de manera evidente en la evolución restrictiva de los derechos y libertades, con más vigilancia, más medidas sancionadoras, más intervenciones policiales abusivas y menos garantías judiciales, con el fin de controlar la discrepancia y castigar la disidencia de personas y colectivos progresistas. Y, mientras, la Dictadura franquista sigue impune, por obra y gracia de un Gobierno de ineptos e hipócritas.
Volviendo a la cuestión catalana: La razón ha de imponerse sobre el tufo a naftalina política. Y es la razón, asentada en la libertad de pensamiento y el análisis objetivo o, al menos, objetivable de la realidad, la que permite concluir que los dirigentes soberanistas catalanes que abandonaron Catalunya son exiliados políticos, que los dirigentes catalanes presos, a quienes se ha expoliado sus derechos políticos al estar en prisión preventiva sin juicio por delitos que no han cometido, son presos políticos. En un país con un pasado dictatorial de 40 años, donde los derechos humanos, entre ellos los derechos nacionales, fueron sistemáticamente mancillados, debería haber una reacción contundente, en particular de las fuerzas progresistas, reclamando la libertad de los presos políticos, la vuelta de las personas exiliadas y la anulación de todos los procedimientos judiciales en marcha contra el soberanismo catalán dentro de un proyecto solidario de recuperación de la salud democrática en todo el país. ¡Sin miedo!
Desde alicante, un abrazo fraternal a la ciudadanía catalana que ha abierto tantos puentes a la democracia en España. También, por extensión, a todos/as los que han sufrido este intolerable gobierno judicial.
NOTAS
[1] Véase mi artículo: “Nacionalismo español y adoctrinamiento ideológico” en Público: 5-3-18
(2] Véase m[ artículo: “Estado unitario y neoliberal español contra la soberanía democrática” en Público: 29-12-17
[3] Algunos datos sobre la politización del Poder Judicial:
La clave del procès soberanista catalán está en la impugnación en 2010 por el Tribunal Constitucional, a instancias del Partido Popular, del Estatuto de Catalunya de 2006, aprobado por los parlamentos catalán y español y refrendado por el 74% de los votantes de Catalunya.
Aprovechando la mayoría absoluta en las Cortes, el Gobierno de M. Rajoy reformó la ley para otorgar al Tribunal Constitucional competencias sancionadoras propias del poder ejecutivo, como la suspensión en sus funciones de los cargos que rehusaran cumplir sus sentencias. El objetivo real: dinamitar el procès soberanista.
El órgano de gobierno de todos los jueces es el Consejo General del Poder Judicial. Tiene 21 miembros. Pero ninguno de ellos lo eligen los jueces. Todos sin excepción, son nombrados por el Congreso y el Senado, en la práctica, por los dos grandes partidos, PP y el PSOE. El control del Consejo permite controlar también los nombramientos, entre otros, de los magistrados del Tribunal Supremo o los presidentes de los tribunales superiores de Justicia.
[4] Recordar, en este sentido, que en relación con los demás delitos que se imputan, los de desobediencia y prevaricación no conllevan penas de cárcel y el de malversación excluye la prisión preventiva por riesgo de fuga. Salta a la vista que mantener en prisión preventiva a los líderes catalanes es prevaricación.
[5] Nada como las propias palabras del ex-rey Juan Carlos en una entrevista a una televisión francesa en la que desveló el encargo que Franco le hiciera, “cogiéndole la mano” en el lecho de muerte: “Alteza, lo único que le pido es que preserve la unidad de España”.
Nota adicional: Parece mentira. Quienes han desatado esta “cruzada” no tienen el más mínimo rubor en utilizar la figura del “preso político” en otro país, léase Venezuela, como arma arrojadiza para desacreditar a los adversarios políticos. Y, en 2006, el Gobierno de M. Rajoy recogió firmas por todo el Estado en favor de un referéndum contrario a la ley constitucional. ¿Se puede ser más cutre?
[22] Españoles, el nacionalcatolicismo ha resucitado
Legionarios desfilan con el Cristo de la Buena Muerte en Málaga.- EFE
El giro reaccionario que el PP emprendió nada más llegar al poder a finales de 2011 se ha culminado en estos últimos meses con un Gobierno que ha decidido levantar la bandera de la Tradición haciendo saltar las alarmas de los defensores del Estado acofensional.
«Durante el régimen franquista, situación caracterizada por la estrecha relación entre el Estado y la Iglesia católica». Así define la RAE el significado de la palabra nacionalcatolicismo. Lo hace acotando el concepto a los cerca de 40 años de dictadura franquista en España. Sin embargo, diferentes voces han sostenido que esa «estrecha relación» entre «el Estado y la Iglesia católica» no desapareció tras la Transición a la democracia. El teólogo Juan José Tamayo, por ejemplo, ha defendido ampliamente que en la democracia española el nacionalcatolismo «no acaba de morir y el laicismo no acaba de nacer».
La situación se ha vuelto más grave, no obstante, en los últimos meses. El giro reaccionario que el PP emprendió nada más llegar al poder a finales de 2011 ha sido culminado estos últimos meses con un Gobierno que ha decidido levantar la bandera de la Tradición haciendo saltar las alarmas de los defensores del Estado aconfesional, tal y como define la Constitución al Estado.
Entre los críticos con este giro se encuentran, por ejemplo, los juristas Joaquim Bosch, magistrado y exportavoz de Jueces y Juezas por la Democracia; y Joaquín Urías, exletrado del Constitucional: «Veo mucho nacionalcatolicismo y poco constitucionalismo a la hora de aplicar la aconfesionalidad estatal», denunciaba en Twitter recientemente Bosch, mientras que Urías denunciaba que el PP ha dado «el cambiazo» a la aconfesionalidad del Estado recordando que durante la Transición había grupos ultrarreligiosos que pedían votar «no» a la Constitución apelando a Jesucristo.
El intento del Partido Popular por alzar la bandera de los valores tradicionales, tal y como lo describe Enric Juliana, se ha manifestado con claridad en esta Semana Santa, pero no únicamente. A continuación reproducimos diez pequeñas píldorasque reflejan un retroceso en el camino hacia un Estado aconfesional.
1. Cuatro ministros entonan ‘El novio de la muerte’
Ha sido, probablemente, la imagen más sonada de esta Semana Santa. Cuatro ministros (Cospedal, Zoido, Méndez de Vigo y Catalá) presidieron el desembarco y traslado del Cristo de la Buena Muerte –conocido como el Cristo de Mena– en Málaga e incluso se atrevieron a entonar El novio de la muerte, el histórico himno legionario.
La imagen, además, se difundió en directo a través de TVE, por lo que nada pareció casual. Era una imagen, solo una, pero con un enorme valor simbólico para el electorado más conservador. Los populares, tras las críticas cosechadas entre los partidarios de la laicidad del Estado, han defendido la presencia de sus ministros en el acto. «Forma parte de nuestras tradiciones. Es un himno muy respetable», ha señalado el portavoz, Rafael Hernando.
El ministerio de Defensa, que dirige María Dolores de Cospedal, ordenó esta Semana Santa por segundo año consecutivo izar la bandera a media asta como símbolo de duelo por el fallecimiento de Jesús de Nazaret. Defensa alega que se trata de una «tradición» y que también con el PSOE se ordenaba. Sin embargo, el exministro socialista José Bono desmintió a Cospedal y aseguró que durante su mandato jamás se ordenó izar la bandera a media asta en Semana Santa.
El Defensor del Pueblo, en declaraciones a eldiario.es, también ha cuestionado que la medida sea adecuada por su posible colusión con la aconfesionalidad del Estado.
La bandera ondea a media asta en el cuartel de artillería de Fuencarral.- ATLAS
3. El No-Do regresa a TVE para exaltar la fe católica
«Esto no es la calle Larios, esto es Jerusalén», decía extasiado el locutor de La 2 durante la noche del Jueves Santo en directo desde Málaga para acto seguido hacer un repaso de lo que había dado de sí la jornada de actos religiosos en toda España. Mientras tanto, el Telediario de La 1 relata cómo hasta cuatro miembros del Gobierno han acudido a la procesión legionaria de Málaga.
«Porque en el resumen de La 2 quienes hablan lo hacen desde un catolicismo militante y si alguno de los dos comentaristas no es cura, desde luego que tiene voz de cura»
Tal y como destaca el portal especializado en televisión Zeleb.es, el problema en este caso no es ya el despliegue de medios de la televisión pública para cubrir la festividad religiosa, que podría ser también, sino el tono empleado y el modo de contarlo a los espectadores.
«Porque en el resumen de La 2 quienes hablan lo hacen desde un catolicismo militante y si alguno de los dos comentaristas no es cura, desde luego que tiene voz de cura y expresiones de sacerdote de los de antes. (…) Todo es apología de la fe cristiana. Lo cual resulta admisible en otros ámbitos pero no debiera serlo en una televisión que pertenece a todas y todos y que, además, se inscribe en lo que la Constitución define como Estado aconfesional», denunciaba el portal.
4. Obispos, como Munilla, fuera de sus casillas
El Obispo de San Sebastian, José Ignacio Munilla. /EFE
El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, está desatado en los últimos tiempos. Suyas fueron las palabras que señalaban que el demonio le había metido un gol al feminismo, entre otras cosas. No es el único. Obispos y sacerdotes han ocupado titulares por sus polémicas declaraciones sobre feminismo o derechos del colectivo LGTBi. El obispo de Alcalá de Henares, por ejemplo, en la misa de Viernes Santo de 2012 asoció homosexualidad y prostitución en su homilía retransmitida por TVE.
En este recopilatorio de Tremending se recogen algunas de las frases más polémicas que han pronunciado en los últimos años cargos de la Iglesia católica. Entre ellas no están, sin embargo, frases como la del obispo Munilla tras el terremoto de Haití, que dejó 222.000 muertos. El religioso señaló que «existen males mayores» y que «deberíamos llorar por nuestra pobre situación espiritual y nuestra concepción materialista de la vida».
5. La Fundación Franco presume de golpe de Estado
Esta Semana Santa y, concretamente, el Domingo de Resurrección también vimos a la Fundación Francisco Franco, dedicada a ensalzar la vida y obra del dictador, celebrar en la red social Twitter el aniversario de la victoria de los golpistas que se alzaron en armas el 18 de julio de 1936 contra la democracia republicana y que provocaron la Guerra Civil. «Hoy celebramos una Victoria tan justa como merecida«, escribieron en Twitter ante la estupefacción de los ciudadanos.
6. La justicia no llega para víctimas de la dictadura
Mientras la Fundación Francisco celebra la «victoria» del 1 de abril de 1939, las víctimas de la dictadura siguen sin obtener justicia y cientos de miles de republicanos que lucharon para defender la joven democracia republicana están en cunetas abandonados por el Estado.
Mientras la Fundación Francisco celebra la «victoria» del 1 de abril de 1939 las víctimas de la dictadura siguen sin obtener justicia
El pasado 20 de marzo, hace apenas dos semanas, PP, PSOE y Ciudadanos votaron juntos en el Congreso para oponerse a la modificación de la Ley de Amnistía de 1977que abría la puerta a la posibilidad de juzgar a los mandos franquistas que queden con vida, como el torturador Billy el Niño o varios ministros, y que daría cumplimiento a las recomendaciones que organismos internacionales especializados en Derechos Humanos han dado al Estado español.
Mientras tanto, ministros durante la dictadura, como Fernando Suárez, conceden entrevistas a diarios de tirada nacional como El Mundo en las que no se le piden cuentas por su participación en una dictadura que ejerció violencia sistemática contra la población o por haber firmado penas de muerte contra ciudadanos en los últimos coletazos del franquismo.
7. La religión, dentro de las aulas
A pesar de la llegada del Estado acofensional, la asignatura de Religión nunca salió de las aulas, pero es que con la LOMCE, la polémica Ley de Educación del Partido Popular, cuenta además para la nota. De hecho, el actual ministro de Educación, Méndez de Vigo, se jactaba recientemente de que la nueva ley haya aumentado el número de alumnos de Religión. «Es importante que el sistema educativo tenga referencias a valores, en algunos casos religiosos y en otros éticos», decía el ministro.
En los últimos años también ha renacido un debate que parecía muerto: el de si las escuelas concertadas que segregan por sexo pueden recibir financiación pública. El Supremo dio la razón a varios centros concertados que segregan por sexo en su pulso con la Junta de Andalucía, que buscaba poner fin a estas subvenciones ya que infringía el artículo 14 de la Constitución Española, que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley.
8. ¿Hacia una democracia militante?
Desde la llegada del Partido Popular al Gobierno en 2011 también se han reactivado una serie de delitos de opinión que dada la manera en la que se están aplicando parecen buscar la conversión de España en una democracia militante, es decir, una democracia que penaliza a los ciudadanos que tienen ideas contrarias a la misma.
El concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona Josep Garganté quema una foto del Rey./ EFE
El conflicto en Catalunya y su lucha por el derecho de autodeterminación ha puesto de manifiesto también el conflicto latente entre dos maneras de entender la nación española: una España plurinacional o una España de una única nación. Así, también ha dado oportunidad de que personas de reconocida ideología de extrema derecha hayan sido presentadas en medios de comunicación generalistas como «patriotas».
Este diario publicó el reportaje Cuando la extrema derecha ocupa el centro sin que salten las alarmasen el que denunciaba que la ultraderecha ha encontrado hueco, gracias al conflicto catalán, para colar su discurso identitario respaldada por determinados medios generalistas y partidos políticos. Asimismo, la idea de un nacionalismo español reaccionario y excluyente se ha fortalecido frente a los que entienden España como una nación de naciones que tiende al federalismo.
Un grupo de ultras, con banderas de España, increpan a los miembros de Unidos Podemos a las puertas de su asamblea en Zaragoza. /EFE
10. Defensa se quiere colar en los colegios privados
El Gobierno quiere que los alumnos de Primaria tengan formación sobre la importancia del himno y de otras canciones militares, así como utilizar las aulas para promover la asistencia al desfile de las Fuerzas Armadas o incluso dar información sobre cómo y cuándo se pueden alistar los jóvenes a las Fuerzas Armadas. La información fue adelantada por La Razón y forma parte de una guía que han elaborado conjuntamente el Ministerio de Defensa y el de Educación, aunque, tal y como informa eldiario.es, de momento la unidad didáctica que se había adelantado ha sido retirada de su web tras el revuelo mediático surgido cuando se dio a conocer.
[23] Ciudadanos compara la Fundación Francisco Franco con las entidades independentistas catalanas
Esta mañana pensaba escribir sobre la deleznable Fundación Francisco Franco y cómo tuvo la desfachatez hace dos días de celebrar una “victoria tan justa como deseada” de la Guerra Civil por parte de un golpista ruin. El tema da para escribir con las entrañas o desde una óptica más cerebral, llegando a un punto de convergencia que provoca la náusea. Algo que no parece sucederle al secretario general deCiudadanos, José Manuel Villegas, que al ser preguntado sobre la ilegalización de esta fundación se ha escudado en la libertad de expresión y la ha comparado con otras organizaciones separatistas catalanas que, a sus ojos, son anticonstitucionales.
Lo más triste no es esta desafortunada comparación, lo peor es que no sorprende. Ciudadanos nos tiene más que acostumbrados a su ambigüedad en todo lo concerniente a Franco, la Guerra Civil y las cuatro décadas de dictadura asesina. Recuerdo, por citar un ejemplo cercano, las palabras de una concejala del partido naranja del pueblo en el que vivo -Rincón de la Victoria, Málaga- cuando aseguró que“en la Guerra Civil no hubo ni buenos ni malos”. Así son ellos, alumn@s aventajad@s del Partido Popular, que ha logrado aglutinar a los herederos del franquismo.
Más allá de que Villegas confunda la velocidad con el tocino, resulta lamentable la imagen exterior que España está dando al mundo: Represión, resurgimiento impuesto del nacionalcatolicismo y libre apología del fascismo con el beneplácito y las ventajas fiscales del Gobierno. Un auténtico despropósito que pretene arrinconarnos a quienes deseamos y defendemos una verdadera democracia, a los que nos sacudimos las banderas y, desde luego, a los que consideramos que toda persona que apoye a organizaciones como la Fundación Francisco Franco, sencillamente, es mezquina.
La derecha, tanto extrema como moderada, y l@s fascistas siempre han jugado con que la izquierda, por aquello de tener un sentido de la democracia mucho más limpio, no baja al barro y encaja estoicamente sus tropelías. En el momento en que la izquierda ha dicho basta, ha regresado la represión en forma de Ley Mordaza, critica por la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Now, Reporteros Sin Fronteras y un largo etcétera. Y, con todo, no nos callan.
Hoy más que nunca nos tiene que importar un bledo que estas huestes fascistas y de derecha recalcitrante tengan la piel tan fina, se sientan tan ofendidas cuando se critica a su Iglesia, a sus dictadores o a sus líderes corruptos y ruines. Hay que decirlo alto y claro: la Fundación Francisco Franco debería ser ilegal, porque representa la bajeza humana, porque recuerda y ensalza a un asesino, porque en un país verdaderamente democrático, hacer apología de la época más oscura de nuestra historia reciente debería estar penado. Lamentablemente, los cimientos de esta nuestra democracia se asientan entre fosas comunes y crímenes que alianzas como la del PP y PSOE entorno a la Ley de Amnistía del 77 impiden derribar.
Nada más terminar la Semana Santa, asistimos a la multiplicación de los panes y peces electorales de Albert Rivera . Varias encuestas, comentarios, declaraciones, se suceden sobre el progresivo avance de Ciudadanos en intención de voto como si ya el Partido Popular hubiese hoy casi perdido la hegemonía de toda la derecha española seducida por los anaranjados. Sorprende bastante por cuanto dichas encuestas, por el momento en que se han publicadas, no han podido ni siquiera evaluar la probable repercusión de la detención de Carles Puigdemont, ordenada por la Moncloa y bien ejecutada por el CNI dependiente de Soraya Saénz de Santamaría, en todo el electorado español. Como suele ocurrir en todos los milagros, sobre un hecho cierto( el rotundo sorpasso del PSOE por Ciudadanos) la imaginación se dispara.
La loca de la casa, la imaginación según Teresa de Jesús, no para de gritar ¡ Que viene el lobo Rivera ! Desde los dos partidos de derecha, española ( PP ) catalana ( PdCat), y , sobre todo, desde el Gobierno central, hoy se compite por dar la mayor voz de alarma, la alarma naranja, sobre el espantapajaro electoral de Ciudadanos. Así se eleva a la enésima potencia el incuestionable ascenso de Albert Rivera, describiéndolo como irresistible, con la clara intención de presionar a otras fuerzas para que hagan la misma política que tanto dichas siglas partidistas como la Moncloa preconizan. En esa intencionada imagen distorsionada, tanto el nacionalismo vasco como el catalán aparecen como las Caperucitas Rojas a punto de ser devoradas por el lobo Rivera.
No debe ser casual que esta eclosión del cuento de los tres cerditos nacionalistas y el lobo feroz estalle en la víspera del Aberri Eguna del PNV que debe decidir si avalar el 155, votando los Presupuestos, o vetarlo con el voto contrario a Montoro. Como en los buenos tiempos del franquismo, el poli bueno, Rajoy, advierte sobre el peligro del poli malo, Rivera, a Urkullu y Ortúzar. Vosotros veréis, aconseja el Partido Popular, si queréis el Cupo basado en el Concierto tenéis que cortar el paso de Ciudadanos a la Moncloa. Chantaje combinado con el que, al mismo tiempo, sufre el PSOE: si no prestáis los” cinco votos al azar” que pide Maroto el de la moto, seréis cómplices del nacionalismo.
Los patriotas de bolsillo del PdCat, muy ansiosos de sumarse al 155 para terminar formalmente con el 155, repiten estos días los mismos argumentos. Necesitan que el PNV vote ya a los Presupuestos, es lo mismo que avalar el 155, para intentar que el resto de los soberanistas catalanes se avenga ahora a la investidura de un presidente aceptable por la Moncloa. Inflar el globo bien inflado de Ciudadanos por todos los sondeos, viene como anillo al dedo vaticano de los muñidores que lo orientan. De cara a animar a los potenciales vizcaínos tentados de echar una mano a la Moncloa, de cara a desanimar a los barceloneses que defienden todavía una Generalitat pro domo sua. Si no pueden arrastrar al PNV, carecen de capacidad de arrastre en Barcelona.
Nada preocupa más a la Moncloa que la especial relación histórica de Alemania con Euskadi y, por ende, del PNV con la democracia cristiana alemana. Rajoy necesita que el PNV avale el 155, votando los Presupuestos, para presionar a su vez a Merkel sobre la extradición de Puigdemont. Las alarmas resuenan en el Gobierno tras la apuesta del presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble, en favor de una solución política catalana: A los españoles les convendría resolver el problema de tal manera que los catalanes no se sientan perdidos. Esto lo afirma quien ha sido largos años el puño de hierro del capitalismo europeo. Doblegar hoy el pulso del PNV es vital para Rajoy.
Ese es el telón de fondo de la aparición de la Virgen de Fátima a Rivera. Inútil por cuanto si aún fuera cierto, bien sabe el Euskadi Buru Batzar que no lo es, no cabe pensar que el PNV actúe contra sus propios intereses y los de Euskadi. Rajoy choca con Urkullu por las mismas razones que con Puigdemont, pese a que ambos líderes se encuentran en las antípodas. La cuestión nacional vasca es casi idéntica hoy a la cuestión nacional catalana. Es lo que explica que mientras en el resto de España todos los partidos apoyen el 155, por activa o por pasiva, el PNV continúe hoy quebrando la solidaridad entusiasta o vergonzante de los partidos estatales pese al bloqueo político que crea la aplicación del 155.
[25] Los CDR se reafirman en la no violencia ante las acusaciones de «kale borroka» y defienden paralizar la economía
Corte de la autopista AP7 cerca de la frontera con Francia EFE
Los Comités de Defensa de la República atribuyen las acusaciones recibidas a un intento de criminalizar un activismo que consideran pacífico
«Si vemos alguna actitud violenta, la apartamos», asegura la miembro de uno de los CDR que levantó las barreras del peaje en la AP-7 el pasado domingo
Su asamblearismo hace que mientras muchos CDR apuestan por avanzar hacia una huelga general, otros prefieran estrategias de sensibilización social
Los Comités de Defensa de la República (CDR) se saben en el punto de mira de la acción judicial y de algunos partidos políticos. Acusados de protagonizar actos violentos, aseguran que seguirán realizando protestas que, como los cortes de carretera o el levantamiento de barreras en los peajes, enmarcan dentro de la desobediencia y el pacifismo. También dentro de la paralización de la economía, que según defienden muchos de ellos (no todos, puesto que cada colectivo depende de su asamblea) es una de las principales vías para denunciar el conflicto catalán.
«Somos un movimiento pacífico y no vamos a cambiar nada en nuestra forma de trabajar», sostiene un miembro de uno de los CDR que participó en la apertura del peaje de la Roca del Vallès, en la AP-7, el pasado domingo. En su círculo han valorado la puesta en marcha de la investigación de la Audiencia Nacional, que acusa a todos los CDR de amparar con violencia delitos como el de rebelión, y han concluído que seguirán convocando el mismo tipo de protestas, aunque «quizás evitando que se vean caras y nombres por precaución», sostiene.
«Constantemente repetimos que somos un movimiento pacífico y si vemos que alguien puede causar conflictos, lo apartamos», asegura el miembro de este CDR del área del Vallès. «Nos hemos encontrado alguna vez con gente con actitudes conflictivas», reconoce, «pero rápidamente los echamos». Que las asambleas sean abiertas, expone, impide un control sobre quienes asisten, pero a la vez insiste: «El relato que crean sobre supuesta violencia es falso y solo falta ver las imágenes».
Tras un período en el que las entidades ANC y Òmnium Cultural habían canalizado las protestas soberanistas, el surgimiento de los CDR ha abierto una nueva vía de movilizaciones, más vinculada a la acción directa y con una organización horizontal que los aleja de los partidos y las instituciones. Tras nacer con un objetivo bien claro, hacer posible el 1-O, su debate actual consiste en decidir cómo se defiende ahora la República catalana, asumiendo que no se materializó y que por lo tanto hay que seguir presionando para conseguirla.
Aunque no es por ahora el posicionamiento oficial de la coordinadora catalana de CDR, muchos de ellos apuestan por avanzar hacia una huelga general, según difunden estos días en sus canales de comunicación habituales, como son Telegram o Twitter. «En el CDR Girona siempre hemos defendido la huelga como vía efectiva y necesaria para implementar la República», aseguran sus integrantes, que recuerdan que en todas las acciones que han llevado a cabo ha habido cánticos a favor de la huelga.
Aun así, estos colectivos son conscientes de que una huelga requiere de mucha organización y apoyos previos, más aún cuando no se cuenta con el beneplácito de los sindicatos mayoritarios. El último paro general, del 8 de noviembre, convocado por el minoritario Intersindical CSC, se notó mucho menos en los centros de trabajo que el del 3 de octubre, en el que estaban los principales sindicatos y entidades, aunque ellos no llamaran a la huelga sino a un “paro de país”.
Con todo, la paralización de la economía es para los CDR una forma de hacer patente la situación de bloqueo que vive Catalunya y llamar la atención fuera de España, puesto que los extranjeros se encuentran con las carreteras cortadas a la entrada por Francia.
Pero no todos los CDR piensan igual. Su naturaleza asamblearia y descentralizada hace que tomen sus decisiones en función de la composición de sus integrantes. Sirve como ejemplo el caso del comité del barrio de la Verneda, de tradición obrera y castellanoparlante en Barcelona, que ha optado mayoritariamente por campañas de sensibilización de los vecinos, mayoritariamente no independentistas.
“Somos un poco menos combativos que otros CDR, creemos que los cortes de carretera no ayudan a convencer”, sostiene uno de sus integrantes, que asegura que ven más efectivo pensar formas para “ensanchar la base” del independentismo. Asimismo, se han implicado en movilizaciones sociales como la campaña a favor de la municipalización del agua o la marea pensionista.
Otros frentes abiertos contra los CDR
No es exagerado afirmar que la investigación de la Audiencia Nacional por posible delito de rebelión ha encendido las alarmas en muchos activistas de los CDR, más precavidos ahora que antes a la hora de dar la cara, pero tampoco es este el primer frente judicial que se les abre. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que instruye la causa contra los dirigentes independentistas, ya pidió a la Guardia Civil un informe sobre la actividad de estos comités.
El Instituto Armado les achacó «promover sabotajes simultáneos», «provocar graves alteraciones en los servicios públicos» o «desarrollar acciones de resistencia activa y pasiva», pero lo cierto es que los juzgados han ido archivando la mayoría causas abiertas contra miembros de CDR que participaron en los numerosos cortes de carretera del 3 de octubre y 8 de noviembre.
Enrique Álvarez Conde (izda) en su comparecencia tras el escándalo del máster de Cifuentes
El Instituto de Derecho Público, perteneciente a la Universidad Rey Juan Carlos y dirigido por Enrique Álvarez Conde, tiene CIF propio y autonomía de gasto, pero no cuelga sus cuentas públicamente
El rector Trevijano, hoy en el Constitucional, le permitió gestionar «directamente sus ingresos y gastos sin fiscalización previa» con un acuerdo específico
Álvarez Conde montó el máster de Cifuentes, además de otros como máster en Sexología o Terapia de Pareja, y eligió a los profesores a dedo al margen de la universidad, un procedimiento legal pero que favorece la arbitrariedad
El máster en el que se matriculó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no estaba organizado directamente por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), sino por una empresa satélite con autonomía de ingresos y gastos: el Instituto Universitario de Derecho Público (IDP). Este instituto lo dirige Enrique Álvarez Conde, el mismo catedrático que es tutor del supuesto Trabajo de Fin de Máster. También es quien fue presentado como director del máster, aunque como publicó eldiario.es figuraba oficialmente como directora entonces Cecilia Rosado.
El Instituto se creó en 2001 y fue aprobado en 2005 por el gobierno de Esperanza Aguirre, según consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, requisito indispensable para ponerlo en marcha. Al frente, desde su creación, está Álvarez Conde, que además contó entre sus labores de gestión con un privilegio universitario poco usual en la universidad: tiene autonomía de gastos e ingresos sin tener que rendir demasiadas cuentas a la universidad.
Así lo constatan las memorias de actividad de 2006/2007 (página 104): en un consejo de gobierno de la URJC, siendo rector Pedro González Trevijano –hoy magistrado en en Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno– se acordó que el Instituto gestionara «directamente sus ingresos y gastos sin fiscalización previa. Trimestralmente se vienen presentando a la universidad la relación de la partida de ingresos, así como los gastos». Además, en 2010, bajo el mandato de Trevijano, obtiene un CIF propio, algo absolutamente inusual en un instituto universitario.
Educación, competente en la vigilancia académica
El control académico corre a cuenta de la Consejería de Educación, que debe recibir informes anuales para hacer un seguimiento de la actividad investigadora que justifica que esto sea un instituto aparte de la Universidad Rey Juan Carlos en lugar de un departamento de la misma. El consejero de Educación actual, Rafael Van Grieken, es el responsable de ese control, además de profesor de esa misma universidad, donde también fue vicerrector de Investigación durante 10 años con González Trevijano, responsabilidad que ocupaba mientras Cristina Cifuentes obtuvo su máster.
Desde el inicio del IDP, Álvarez Conde está reclamando autonomía financiera. Por ejemplo, en 2002 pide a la universidad en su informe anual «la existencia de un CIF propio que permita ejecutar los ingresos y pagos correspondientes» y una «auténtica cuenta corriente de ingresos y gastos, que no haga necesaria la siempre lenta, engorrosa y burocrática generación de crédito». Lo consigue en 2010, que es cuando se activa la empresa Instituto de Derecho Público, aún bajo el rectorado de Trevijano.
Los ingresos del IDP
El Instituto se dedica a organizar charlas, conferencias, seminarios o másteres, como el Máster en Derecho Público del Estado Autonómico al que se apuntó, entre otros, Cristina Cifuentes. También títulos tan alejados del Derecho Público como Máster en Sexología o Máster en Terapia Sexual y de Pareja.
La matriculación y las gestiones van a cargo de la Universidad y su personal, pero es el centro que dirige Álvarez Conde el que organiza las asignaturas, la carga lectiva y es quien elige a los profesores sin tener que seguir ningún requisito específico.
Grupo de investigación formado por Álvarez Conde, las tres profesoras del acta y la colaboradora de Conde
Habitualmente los máster los organizan las universidades y forman parte del Plan de Ordenación Docente, es decir, se reparten las clases entre los profesores de la propia universidad. En este caso, el Instituto es el que organiza y el que llama a los profesores que quiere, a dedo, sin poner requisitos públicos, un sistema que, aunque es legal, favorece la parcialidad y la arbitrariedad y otorga un mayor poder al director, Álvarez Conde. Cada docente llamado para dar clase puede cobrar entre 60 y 90 euros por hora en un posgrado como el de Cifuentes. Preguntado por este sistema de elección, Álvarez Conde asegura a eldiario.es que «los profesores se nombran con arreglo al principio de mérito y capacidad», sin embargo, no consta que haya mediado ni convocatoria ni concurso público de méritos ni tribunal para la valoración objetiva de esas capacidades.
Cobra por organizar máster
Además, Álvarez Conde no organiza estos cursos solo por amor al arte, sino que estos institutos universitarios, cuando organizan títulos o máster, «percibirán, en su caso, la parte que les corresponda por la gestión», según los estatutos de la URJC (capítulo III), es decir, que el IDP factura a la universidad por organizar posgrados como el de Cifuentes. El director, sin embargo, ha contradicho los estatutos y asegura que su instituto «no puede hacer enseñanzas regladas: ni máster ni grados, solo puede hacer cursos no reglados». Algo absolutamente falso como se puede leer en la normativa de la URJC. Precisamente nacen para favorecer la investigación y la organización de títulos de posgrado y especialización.
Su fuente de financiación, además de la propia Universidad Rey Juan Carlos, son subvenciones públicas, privadas o cualquier ingreso por organización de seminarios, cursos o conferencias o matrículas de alumnos. Cuánto ha recibido y gastado cada año el Instituto es un misterio, al menos para el ciudadano. Las memorias de actividades que van de 2007 a 2012 ya no se pueden consultar en su web. Las que no dan error, hacen un somero repaso de algunas subvenciones para cursos pero nada parecido a un balance de gastos e ingresos serio.
Álvarez Conde asegura, sin embargo, que opera con «transparencia absoluta». Preguntado por dónde están las cuentas, responde que están en papel y que las ha entregado a la Comunidad de Madrid y la URJC, los organismos fiscalizadores. Sin embargo, la Ley de transparencia obliga a que estén publicadas. Tal y como reza el punto 3 del preámbulo de esta norma, quedan sujetas a la transparencia «las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, incluidas las Universidades públicas».
La universidad no tiene colgadas las cuentas en su portal de transparencia y no ha contestado a la pregunta de eldiario.es de dónde encontrarlas o por qué el IDP va por libre, como tampoco ha respondido la Consejería de Educación de Madrid, competente en la fiscalización académica y receptor de las memorias anuales, según el acuerdo de creación del Instituto.
Sí recibe subvenciones
También asegura Álvarez Conde que no recibe dinero público hace 4 años para justificar la falta de rendición de cuentas. Preguntado por uno de muchos ejemplos, los 15.730 euros que recibió del Ministerio de Industria para gastar entre 2014 y 2017, responde: «Ah, ese es un proyecto de investigación. Lo dirigía yo, como Enrique Álvarez Conde, no como Instituto». El documento de ayudas públicas dice que se dio el dinero público al Instituto.
Entre la escasa información aportada en las memorias se puede saber, por ejemplo, que en 2006 la URJC invirtió 44.000 euros y la Comunidad de Madrid más de 100.000. De ellos, 92.000 euros de dinero público fueron destinados a la «Impartición del III Curso de Arbitraje», queconsistía simplemente en 18 charlas entre enero y mayo. También en esas memorias se pueden ver los numerosos convenios firmados. Por ejemplo, en 2007, uno con la Federación de Fútbol o con FAES, entonces think tank del PP y presidido por José María Aznar.
Tren AVE del servicio entre Madrid y Granada. EUROPA PRESS
Las empresas públicas prevén cerrar el año con 63.170 millones de deuda, un 3,6% menos que los datos de 2017
La sociedad ferroviaria acumula en los presupuestos de los últimos cuatro años 1.200 millones en pérdidas
El Gobierno prevé que el año termine con una deuda de 63.170 millones de euros en el conjunto de los grupos empresariales públicos, un 3,6% menos que lo previsto para el cierre de 2017, según figura en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado presentado el martes en el Congreso de los Diputados.
La lista de empresas más endeudadas la encabeza por primera vez desde su creación Adif Alta Velocidad. La sociedad encargada de la construcción y gestión de las líneas ferroviarias de alta velocidad en España prevé cerrar el año con una deuda de 17.924 millones de euros. Supone elevar todavía más la deuda prevista para 2017, que era de 17.660 millones.
De este modo, la sociedad supera por vez primera al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), sociedad utilizada por el Gobierno para el rescate financiero, que cerrará el año, según las previsiones del Ejecutivo, con una deuda de 15.439 millones de euros, un 16% menos de lo presupuestado en 2017. Las siguientes empresas más endeudadas son Enaire -primer accionista de Aena- con casi 8.000 millones, y la SEPI, con 7.520 millones.
Adif-Alta Velocidad fue creada en 2013, separándose de Adif, cuya actividad estaría centrada en las líneas convencionales. De este modo, la primera se hacía cargo de toda la deuda de acumulada de la expansión de la red de transporte AVE durante los años previos, abriéndola a lanzar emisiones para captar nuevas vías de financiación.
Adif Alta Velocidad es también la que tiene el peor resultado previsto para este ejercicio. El Gobierno estima que la sociedad cierre el año con 229 millones de euros de pérdidas. Con ello, la empresa acumularía 1.198 millones de euros en pérdidas presupuestadas los últimos cuatro años, aunque las reduciría frente a los 353 millones de resultado negativo previsto para 2017.
Respecto al resto de empresas públicas, Loterías del Estado se mantiene como la empresa con mayores ingresos previstos, con 9.220 millones de euros, y también en beneficios, con más de 1.800 millones. Le sigue la Sepi, con más de 5.000 millones de cifra de negocios, cifra casi idéntica a Enaire. Renfe Operadora y Adif son la cuarta y quinta empresas en cuanto a previsión de negocio para este año, con 2.700 y 1.200 millones respectivamente.
La sociedad Adif-Alta Velocidad es, a su vez, la empresa pública que tiene una mayor inversión prevista para este ejercicio. En concreto, el Gobierno prevé que invierta 2.700 millones, el 39% de los más de 7.000 millones que las compañías estatales prevén invertir en el presente año. Según figura en los Presupuestos, los trabajos en ferrocarriles de alta velocidad se centrarán este año en el corredor norte-noroeste, en el del Mediterráneo, en la línea Madrid-Murcia, en Extremadura y en el eje Mediterráneo-Cantábrico.
En dura competencia con las madrastras, las suegras han tenido históricamente muy mala prensa y los desencuentros con sus nueras han alcanzado dimensiones épicas, eternas batallas de andar por casa del bien contra el mal de los que han dado cuenta romances, refranes y coplas. El mismísimo diablo sufrió la dictadura de una suegra, tal y como se encargó de narrar Fernán Caballero –Cecilia Böhl de Faber y Ruiz de Larrea para la familia-, y, tras diez años de tiranía, el sojuzgado demonio pensó en abolir el matrimonio para acabar de una vez por todas con la especie. Más o menos por la misma época, el inglés George Robert Sims pretendió un desagravio con sus Memorias de una suegra, en la que su personaje Jane Tressider, ejemplar madre de nueve retoños, se propuso “defender la causa de la más maligna de las razas sobre la faz de la tierra”. El intento tuvo escaso éxito pero es muy gracioso y recomendable.
Aquello de antes echará uva la higuera que buena amistad la suegra con la nuera ha sido norma en cuchitriles y palacios, incluido claro está el de los Borbones. Dicen que Victoria Eugenia de Battenberg, esposa de Alfonso XIII, vivió un calvario con su enlutada suegra, María Cristina de Habsburgo, aunque nada comparable con el tormento que debió de pasar María Antonia de Nápoles con su madre política, la reina María Luisa, por si no era poco el de haberse casado con Fernando VII y su descomunal instrumento. El “animalito sin sangre” o la “rana a medio morir”, que era como se refería a ella su suegra, falleció prematuramente, supuestamente de tisis, aunque hubo quien acusó de su muerte a la esposa de Carlos IV, a Godoy y a un alacrán que ambos habrían introducido en el lecho de la infortunada dama.
Reviviendo este pasado, la emérita Sofía y la reina Letizia han protagonizado un sonoro escándalo a la salida este pasado domingo de una misa en Palma, al impedir ésta última una foto de la abuela con sus nietas entre manotazos de la heredera Leonor, la perplejidad del rey, que no sabía donde meterse, y el escaqueo del otro emérito Juan Carlos, que debió de pensar que lo mejor hubiera sido quedarse en Sanxenxo dándole a la vela o en el Caribe dándole a otra cosa.
Particularmente, a los españoles nos importa un pimiento que las dos reinas se quieran mal y que Letizia no deje a Sofía ver a las nietas, ya sea porque les da caramelos y no sopa de verduras, o porque prefiera que sea su madre, la “republicana” Rocasolano –un epíteto clásico en las revistas del corazón- la que le haga de canguro. Nos importa un carajo, si es que es verdad, que Letizia y sus cuñadas se desprecien, que la esposa de Felipe no trague a Urdangarin, no ya por Noos sino por los chistes de mal gusto que le enviaba por correo a Cristina, especialmente aquel que preguntaba en qué se parecían el rey y el Real Madrid, o que nuestra soberana periodista se muestre esquiva ante la prole griega y a ese ramalazo egipcio suyo adquirido durante décadas de estar siempre con una mano delante y la otra detrás.
Lo que realmente nos importa es que la familia a la que este año le caerán del cielo otros ocho millones de euros haya o no Presupuestos cumpla con la única función que tiene asignada, que es guardar las formas y el protocolo -un invento para no hacer el ridículo ni el campechano-, y, sobre todo, sonreír ante las cámaras mientras los cronistas de la cosa determinan lo elegante que son sus vestidos, si sus escotes son tipo barco o palabra de honor, y si llevan los pendientes que lució alguna bisabuela en una coronación o alguna baratija de bisutería para empatizar con el pueblo llano que compra en los mercadillos.
Se les paga, en definitiva, para que no monten numeritos, para que no den que hablar más allá de su porte, su lozanía y sus operaciones de estética -aunque esto sea mucho pedir tras los últimos episodios de corruptelas, corinnas, y elefantes-, y para que representen a un país con una conducta ejemplar ya que, se quiera o no, cargamos con una forma de Estado de raíces medievales sobre la que en algún momento deberían volver a preguntarnos. Los trapos sucios los lava en casa el servicio doméstico, que para eso lo pagamos con otro escote, el de todos.
[29] La moción de censura de Podemos en Parla fracasa por el rechazo de uno de los concejales de su partido
El alcalde del Ayuntamiento de Parla, Luis Martínez Hervás, con el bastón de mando tras haber sido investido. (EFE)
Fuentes de Podemos Madrid explican que están «muy sorprendidos» por la decisión tomada por el edil, que aseguran es una persona cercana a Iñigo Errejon. Es la primera vez que una decisión de la militancia de Podemos no se lleva a cabo por el voto en contra de uno de sus dirigentes.
Podemos estaba impulsando una moción de censura que podía echar al PP del Ayuntamiento de Parla. La formación morada llevó a cabo una consulta a las bases para que fuera la militancia del municipio la que decidiera sobre esta iniciativa. Casi un 90% de las bases la apoyaron y este martes se iba a registrar la moción. Para ello necesitaban 14 firmas, pero el registro no ha sido posible porque uno de los ediles de Podemos se ha negado a firmar la moción de censura.
La iniciativa se llevaba a cabo a través de la formación municipalista Cambiemos Parla, de la que forma parte Podemos y el edil que la ha rechazado, Alberto Olayo. Fuentes de Podemos Madrid han asegurado a Publico que están «muy sorprendidos» por la decisión tomada por el concejal, que aseguran es una persona cercana a Iñigo Errejon, porque «además de desbaratar la posibilidad real de desalojar al PP del Gobierno, no tiene precedentes en Podemos; nunca nadie ha desobedecido una decisión de los inscritos, que son quienes tienen la verdadera soberanía en este partido».
Las mismas fuentes han apuntado que, aunque no esperaban este desenlace y la negativa de Alberto Olayo a firmar la moción, el sector que lidera Errejón «no quería presentar esta iniciativa desde el principio».Este rechazo se ha mantenido a pesar del «respaldo contundente» que obtuvo la iniciativa por parte de las bases de Podemos en Parla en la consulta que se celebró la semana pasada.
La moción de censura estaba prevista que se registrara este mismo martes y que a las 13.00 horas el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, diera una rueda de prensa conjunta con Cambiemos Parla e IU-CM La Izquierda para explicar al acuerdo al que habían llegado y con el que conseguirían desalojar a los conservadores del Ayuntamiento. Pero ni la rueda ha llegado a darse ni la moción a formalizarse.
Fuentes de Podemos explican que ha sido una sorpresa porque todo apuntaba que la iniciativa saldría adelante. Los principales problemas se presentaban con el PSOE porque la iniciativa, a priori, estaba apoyada por los ediles de Mover Parla, Cambiemos Parla e IU-CM. Aún así necesitaban un voto de las filas socialistas que aún no estaba confirmado. Sin embargo, con el voto en contra de las propias filas de la formación morada, la moción se ha tornado imposible de llevar a cabo.
Tras esto, y a pesar de que en el Ayuntamiento de Parla son mayoría los concejales de formaciones progresistas, parece que el PP se mantiene hasta finales de legislatura gobernando.
Había conseguido convertirse en uno de los creadores más influyentes de la novela negra española sin haber escrito nunca una novela negra española, ni periférica, ni de ninguna otra nacionalidad. El tío era un farsante, en resumen. O eso quería ella que creyera yo. Nunca me he fiado de las musas, de ninguna musa, y menos de la Musa. Aun con más razón, si la Musa en ese momento te está contratando para que te cargues a un farsante no muy alto, enjuto y de gafas, que había regentado una librería en la Barceloneta y cuyo crimen era totalmente indiferente a todo el mundo, salvo a esa excéntrica e irrelevante minoría social que lee libros. Los psicólogos soberanistas los llaman lletraferits. Pero son ya pocos (los lletraferits). Su voto nunca cambiará el rumbo del desastre.
La Musa descruzó las piernas, se levantó, se dirigió hacia la puerta de mi despacho sin decir nada, y estaba a punto de salir cuando yo acepté el trabajo.
–¿Cómo se llama el muerto? –cogí papel y bolígrafo.
–Paco Camarasa –cerró la puerta y se fue.
Compañeros de literatura negra y criminal, psicópatas que oreáis ganas de sangre ajena encima de un teclado, cobardes navajeros de la palabra esquinera, litúrgicos escanciadores de vísceras, escritores todos: ¿cómo hemos dejado morirse así a Paco Camarasa, cuando Paco Camarasa hubiera disfrutado muchísimo más muriendo asesinado? Lo vimos venir y no se nos ocurrió nada. Por supuesto que tendríamos que haber descartado el veneno, demasiado clasista y victoriano, excesivamente pre-Dupin. Pero, entre todos, seguro que hubiéramos encontrado infinidad de soluciones, de gozosas maneras de matarlo.
La gente nunca será consciente de la cantidad de criminales que nos conocimos gracias a Paco Camarasa, a su librería Negra y Criminal y a su Barcelona Negra. Somos muchísimos. Con muchas y buenas ideas sobre cómo matar a alguien, y sobre todo a él, nuestro De Quincey de la Barceloneta, siempre propenso a valorar el asesinato como una de las bellas artes. Podríamos haber perpetrado su asesinato entre todos con la certeza de que no nos pillarían jamás. Y él hubiera muerto con su sonrisa gafotas de chino epicureísta que sabe que ha llegado su hora. Pero nos faltó organización, como siempre nos pasa a los poetas.
Por si algún lector no está versado en el dulce arte del asesinato, decir que Paco Camarasa, la víctima de este relato, es un señor casi anónimo que un día del año 2002 abrió una librería enana y solo de novela negra en la calle de la Sal, en la Barceloneta, el viejo barrio portuario al que Manuel Vázquez Montalbán iba a comer arroz con bogavante a precio “de hace diez años” en Can Solé.
Un tío que antes de escribir su único libro “leía la wikipedia para saber lo que no tenía que poner”.
El creador de la BCNegra, Barcelona Negra, un encuentro entre escritores de género y lectores agenéricos que nació como raterillo novelero en 2005 y hoy es capo di tutti capi entre los mejores festivales literarios de Europa.
Cree la gente de bien, y con razón, que los festivales literarios son una kermese de escritores y escritoras borrachos que acaban poniendo perdidas las esquinas de vómito triste, solitario y final. Eso era así hasta que gente como Paco Camarasa nos acercó a ese ser insondable y casi siempre noctívago llamado lector. Víctima propiciatoria. Carne de alfabético forense.
Las necrológicas hablan de Paco Camarasa como un “agitador cultural”. Yo creo que sería más adecuado definirlo como un caballero aficionado a presentar educadamente a gente muy capaz de asesinarse: el buen lector y el buen escritor. Paco Camarasa era muy gentlemen a la hora de mimar cada detalle del escenario de un crimen, y jamás se manchaba la camisa comiendo mejillones tras degollar a una marquesa. Y después nos obligaba a hablar de política, no de epítetos y adverbios, porque la literatura negra es política, es revolución, no “poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales”, ni literatura de evasión, sino un cuartucho de palabras en el que estás encerrado sin saber si eres el criminal, el criminólogo o la víctima. Que es la eterna duda de los oprimidos. No sé si os sentís identificados.
Y va y se muere, de manera casi natural, Paco Camarasa.
Joder, Montse, qué pena me ha quedado de no haberlo asesinado yo. Solo o con los amigos. Podías haberme mandado el soplo por La Muda, que tanto lo enamoraba, y nos acercábamos Carlos, Víctor, Aro, Sálem, Rafa, Diego, Benjamín, Alexis, yo y todos los otros a apiolarlo en un momento. Se lo merecía. Vaya si se lo merecía. Comisario Camarasa.
PS: Nada mitómano, he escrito esto enfundado en mi camiseta de Negra y Criminal, oscura como la tumba donde yace mi amigo.
[31] La ONU critica la escasa protección del derecho a la vivienda y a la salud en España
Un manifestante sujeta una pancarta donde se lee «TECHO PARA TODOS» en la protesta convocada por la plataforma «Nadie sin Hogar» por el derecho a la vivienda, en el centro de Madrid, España, 26 de noviembre de economía 2015. REUTERS / Paul Hanna
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas vuelve a expresar su preocupación por el impacto que las medidas de austeridad han tenido en derechos básicos que España se ha comprometido a garantizar a ratificar los pactos internacionales.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) ha hecho públicas sus recomendaciones a España en cuanto al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un instrumento internacional ratificado por España hace 41 años.
En su informe, el Comité valora positivamente que la recesión económica haya sido superada y que el Gobierno haya adoptado medidas y políticas que «muestran su compromiso con los derechos económicos, sociales y culturales». Sin embargo, también muestra su preocupación ante el impacto que han tenido las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno durante los años de la crisis económica en derechos básicos como el de la vivienda o la salud, entre otros muchos.
En concreto, el comité afea que esas medidas hayan «perjudicado el disfrute del derecho a una vivienda adecuada«, particularmente de personas y grupos más desfavorecidos y marginados. Critica «el número insuficiente de vivienda social«, y el elevado precio de la vivienda, además del «número significativo de hogares que no cuenta con vivienda en condiciones adecuadas y el alto número de personas sin hogar».
Por ello, recomienda al Gobierno que destine recursos suficientes para ampliar el parque público de vivienda, que regule el mercado privado para evitar los precios desorbitados y que revise su legislación sobre alquileres para proteger a los inquilinos, entre otras medidas.
En cuanto a los desahucios, el Comité critica la «ausencia de un marco legislativo adecuado» que determine las garantías legales y procesales de las personas afectadas. Se trata de una carencia que ya señaló en su última batería de recomendaciones y que, al parecer, España no ha desarrollado. Por ello pide al Gobierno que establezca por ley los requisitos y procedimientos adecuados para ejecutar desahucios o desalojos forzados, siempre basado en los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Exige que las personas afectadas «tengan acceso a una compensación o la opción de una vivienda alternativa adecuada» y que adopte un protocolo de actuación en casos de desahucios que asegure una «coordinación adecuada entre los tribunales y los servicios sociales locales».
«Desde Amnistía Internacional hemos señalado en numerosas ocasiones la ausencia de ese marco legislativo adecuado, en un contexto en el que entre 2013 y 2017 se han producido en España 312.361 desalojos. Seguir como hasta ahora, sin legislación ni cauces procesales que protejan el derecho a la vivienda, es una clara vulneración de derechos humanos”, lamenta Marta Mendiola, responsable del trabajo sobre estos derechos en Amnistía Internacional, que estuvo recientemente en Ginebra durante el período de examen sobre España de este comité de la Naciones Unidas.
Críticas a la exclusión sanitaria de personas migrantes
En cuanto al derecho a la salud, el Comité señala el «efecto regresivo» e que ha tenido el Real Decreto-ley 16/2012 de 20 de abril de 2012, que «limita el acceso a servicios de salud a los migrantes en situación irregular». Según las conclusiones del comité, se ha producido «una degradación en la calidad de los servicios de salud e incrementado las disparidades entre las Comunidades Autónomas», al tiempo que lamenta que no se ha llevado a cabo una evaluación exhaustiva sobre el impacto de la medida.
«Naciones Unidas exige la universalidad del derecho a la salud, que se ha visto menoscabado en España en los últimos seis años de vigencia de este Real Decreto», afirma Mendiola
[32] El juez cita a declarar este jueves al excomisario Salamanca por cohecho
Se encuentra investigado junto a Villarejo por lucrarse presuntamente con servicios especializados de inteligencia y facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español
Los comisarios Villarejo y Salamanca, con sus respectivas esposas, en 2012
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha citado a declarar este jueves, día 5 de abril, a las 10.00 horas, al ex comisario jefe de Barajas Carlos Salamanca en el marco de la pieza separada que se formó en el caso en el que se investiga al comisario jubilado José Manuel Villarejo, relacionada con el delito de cohecho, han informado fuentes jurídicas.
El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha acordado tomarle declaración a este investigado en la Operación Tándem después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitase que se crease una pieza separada para la instrucción y posterior enjuiciamiento de los hechos relacionados con el delito de cohecho ante la existencia de «actividades ilícitas». Asimismo, el Ministerio Público solicitó que se levante el secreto de sumario al tratarse de una pieza cuyas diligencias están prácticamente concluidas.
Salamanca, en libertad desde el pasado 6 de marzo, se encuentra investigado junto a Villarejo por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por lucrarse presuntamente con servicios especializados de inteligencia y facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español.
La operación bautizada como Tándem, coordinada con Anticorrupción, culminó el pasado 5 de noviembre con la detención del jefe de la Comisaría del entonces Aeropuerto de Madrid-Barajas entre los años 2012 y 2015; del comisario jubilado; la esposa de este último, Gema Alcalá, y el abogado Rafael Redondo, entre otros. Villarejo y Redondo continúan en prisión; mientras que Alcalá y otras cuatro personas quedaron en libertad después de que les tomara declaración la magistrada Carmen Lamela, en funciones de guardia cuando se desarrolló el operativo.
La Operación Tándem fue iniciada por la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y tiene como objetivo el desmantelamiento de una organización criminal que pretendía la «reintroducción en España y otros países de la Unión Europea de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios».
Según Anticorrupción, los detenidos se prevalecían de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, «especialmente sensibles para la seguridad nacional», con la intención de recibir «elevadas sumas de dinero así como regalos suntuarios diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio nacional.
[33] Contra el filtrado de contenido en Internet y el impuesto a la cita: paremos la #CensorshipMachine
Por Joe McNamee (adaptado por Xnet)
Director Ejecutivo de EDRi (European Digital Rights)
No todos saben que las propuestas de la Directiva del Copyright, en discusión en este momento en la Comisión JURI del Parlamento Europeo, son mucho más que propuestas sobre derechos de autor. Incluyen vigilancia, procesamiento automático de datos, gobierno por algoritmos, retención de los datos personales, etc.
¿Por qué en esta propuesta de la Comisión Europea esta exige un filtrado previo del material que se publica en Internet para detectar contenido sujeto a estar protegido por copyright, pero ha pedido lo mismo en otro contexto para, por ejemplo, contenido terrorista?
La Comisión se opone a la creación de un “ministerio de la verdad”, pero luego apoya un “algoritmo de verdad” para filtrar el material protegido por derechos de autor. ¿Por qué? El copyright desde siempre se usa como punta de lanza de políticas muy invasivas.
Debemos impedir los graves recortes a la libertad de expresión y de acceso a la información que se quieren imponer con la Directiva de Copyright en Europa.
Por la información que tenemos hasta ahora, la nueva directiva y sus consecuencias tienen mucha más importancia de la que se le ha dado hasta ahora. ??Prácticamente todos los principios por los que hemos estado luchado están bajo amenaza con la Directiva de Copyright. Las ramificaciones van mucho más allá del copyright o los derechos de autor por lo que, desafortunadamente, decir que “la temática de los derechos de autor ni me incumbe ni me interesa” no es una postura sostenible.
Desgraciadamente nos incumbe a todos. Veamos por qué:
Responsabilidad directa para las empresas de alojamiento en Internet
Cualquier repositorio o forma de organización del contenido acaba considerándose un delito.?? Esto convierte el servicio de alojamiento en el infractor directo, lo que creará una gran inseguridad jurídica para los mismos. Esto tiene como resultado el de crear grandes incentivos para que eliminen cualquier contenido “sospechoso”, por lo que se acabarían eliminando grandes cantidades de contenido “legal”. O sea, se socavaría enormemente la libertad expresión y de acceso a la información en la era digital.
Eliminación de responsabilidad secundaria
En una extraña redacción jurídica, las notas explicativas intentan redefinir la Directiva de comercio electrónico de una manera que no cubriría a nadie.
Esto eliminaría las eximentes de responsabilidad para los proveedores de servicios por infracciones cometidas por sus usuarios, cosa que aumentaría en gran medida los incentivos para eliminar una vez más todo tipo de contenido. Otro paso atrás para la libertad de expresión y de acceso a la información.
De este modo, el agravio para las empresas de alojamiento es terrible y les deja solo dos opciones:
a) Adquirir todas las licencias nacionales e internacionales, encareciendo tanto su actividad que sólo contadas multinacionales podrían permitírsela. Se llegaría a una situación monopolística de factoque limitaría enormemente cualquier emprendimiento en el ámbito digital, ámbito que pasaría anacrónicamente a ser “de riesgo”.
b) O bien implementar filtros de subida para textos, imágenes (incluidas imágenes de texto), vídeos y material audiovisual en general. Esta tecnología, muy cara, también limitaría el emprendimiento de calidad y que dejaría fuera un enorme volumen de información. Algo, creemos, anacrónico también en la era de la información.
Grandes ventajas competitivas para Google o Facebook.
Como Google o Facebook ya tienen sus filtros en marcha -porque no quieren estar sujetos a licencias-, sólo ellos tendrán el poder financiero para lidiar con el desarrollo en constante cambio del filtrado, algo que será exigido por los tribunales.
Elusión deliberada de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El filtrado es sugerido y prácticamente impuesto por la propuesta. De esta forma, la Comisión (y la industria de la música que redactó la Directiva) espera rodear dos sentencias que determinan que el filtrado obligatorio e indiscriminado es contrario a la Carta de los Derechos Fundamentales. Dado que las empresas eligen (porque no tienen otra opción), no es “impuesto por la ley” y por lo tanto muy, muy difícil de impugnar ante los tribunales. En realidad, la maniobra es a prueba de ley porque requeriría que un proveedor se opusiera, acudiera a los tribunales, que perdiera, llevarlo al TJUE y luego ganase (de conformidad con la jurisprudencia). Sin embargo, en esa etapa, todos habrán invertido ya en filtros de todos modos, por lo que sería demasiado tarde.
Y luego, el asunto de los derechos de autor complementarios.
El artículo 11 de la Directiva propuesta otorga un nuevo derecho de autor complementario a los editores, algo parecido al #canonAEDE en España, un canon que ya hizo verter lágrimas de cocodrilo a la propia industria editorial al darse cuenta de que disminuía el alcance de sus negocios. El impuesto propuesto en la Directiva consiste en dar a los editores derechos exclusivos sobre todos los fragmentos de datos que vayan más allá de una cita breve… ¡durante 20 años! Tendremos que verificar cada fragmento de prensa que publiquemos para “evitar” que se incumpla este derecho… o pagar una licencia.
[Nota de Xnet: A mitad de abril, la comisión el JURI del parlamento europeo votará sobre el filtrado de contenido en Internet y el impuesto a la cita. Lo que ahí se decida puede destruir el Internet tal y como lo conocemos. Por esto es muy importante que difundas esta información y que los eurodiputados conozcan nuestra disconformidad].
Joe McNamee es Director Ejecutivo de EDRi (Europeean Digital Rights)
Artículo 13: Cuestiones clave
Por EDRi, adaptado por Xnet
La Directiva propuesta tiene por objeto armonizar aún más la legislación sobre derechos de autor en el mercado único digital de la UE. No está destinado a abordar la responsabilidad de las empresas de Internet por infracciones, que está cubierta por la Directiva sobre comercio electrónico. Sin embargo, la “exposición de motivos” de la propuesta explica que la Directiva se refiere a “mejorar la posición de los titulares de derechos para negociar”, incluso reinterpretando, pero no modificando, las normas de responsabilidad para una gama mal definida –pero muy amplia – de empresas de Internet, lo que ha provocado profundas contradicciones que perjudican la seguridad jurídica, la libertad de expresión y el acceso a la cultura.
El artículo 13 y los considerandos correspondientes (especialmente el considerando 38) regulan varias cuestiones diferentes al mismo tiempo, de forma muy confusa. Las medidas abarcarían a casi todos los proveedores de Internet que almacenan contenido para sus usuarios, desde pequeños servicios de alojamiento web hasta plataformas globales.
¿Qué intenta arreglar el artículo 13? Los titulares de los derechos se quejan de que existe una supuesta “brecha de valor” en virtud de la cual las plataformas más grandes son capaces de generar un “valor” desproporcionado a partir de los contenidos protegidos por derechos de autor. Al crear inseguridad jurídica, por ejemplo, la redefinición de conceptos jurídicos clave como “poner a disposición” y “hosting activo”, así como el uso de terminología vaga como “gran cantidad” y “tomar medidas”, se pretende cambiar el equilibrio negociador entre los titulares de derechos y las plataformas, para dar más fuerza a los titulares de derechos. Así lo confirma reiteradamente la exposición de motivos de la Directiva.
¿Qué se propone?
Cambiar el marco de lo que significa “poner a disposición”: Se consideraría que casi cualquier proveedor de plataformas en línea está “poniendo a disposición” el contenido cargado por sus usuarios y, por lo tanto, se hace directamente responsable de cualquier infracción de los derechos de autor (“responsabilidad primaria”). Esto crearía una enorme inseguridad jurídica, incentivando la supresión de los contenidos jurídicos, perjudicando a los proveedores más pequeños (que sufrirían de manera desproporcionada la inseguridad jurídica y el coste de las medidas técnicas, como el filtrado) y la libertad de expresión.
Ampliar el concepto de “hosting activo”: el considerando 38 pretende redefinir y ampliar seriamente el concepto de proveedor de “hosting activo”, es decir, un proveedor cuyas actividades le darían un conocimiento constructivo de cualquier contenido ilegal o no autorizado. Esto limitaría drásticamente las protecciones de responsabilidad duraderas y necesarias y cubriría una amplia gama de plataformas (por ejemplo, Dropbox, SoundCloud, IMDb, eBay o WordPress). Esto los haría responsables por no actuar para detener las infracciones de otros (“responsabilidad secundaria”).
Aplicación de medidas defensivas (“filtros de carga”): La propuesta explica que la acción preventiva puede utilizarse como forma de “cooperación” con los titulares de derechos. Estas acciones se basan en las prácticas existentes de Google y Facebook,” como el reconocimiento de contenidos”, que es la monitorización y el filtrado de las subidas. En otras palabras, al instalar filtros de carga – a la subida de contenido -, los proveedores pueden protegerse de la inseguridad jurídica que crea la Directiva. La propuesta pretende eludir la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE “sugiriendo” en lugar de obligar, explícitamente, el filtrado de la carga.
Tales filtros pueden tener un impacto terrible en la libertad de expresión e información, como ya se puede ver. Estos filtros no funcionan bien y a menudo eliminan contenidos cuyo uso es absolutamente legítimo y no eliminan el contenido no autorizado. También tienen diferentes niveles de eficacia para distintos tipos de contenido (texto, música, vídeo, audio, etc.) lo que significa que nunca quedará claro para los proveedores, aunque estén haciendo lo mejor que puedan, si un tribunal nacional pudiera considerar que están haciendo lo suficiente en relación con cualquier tipo específico de contenido.
Costes y beneficios
Beneficios:
Incuestionablemente, la propuesta cambiaría, en un grado imprevisible, el equilibrio negociador entre todos los servicios de alojamiento en línea y los titulares de derechos. Es la intención, pero los beneficios están completamente escorados hacia un lado.
Costes:
La propuesta reinterpreta principios clave y acertados de la legislación de la UE en relación con la responsabilidad del prestador de servicios y socava el mercado único digital.
La solución ofrecida (monitorización indiscriminada del filtrado de carga) es costosa y legalmente muy cuestionable; el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha dictaminado que no puede ser impuesta por mandato judicial.
La propuesta es mucho más amplia de lo que parece. La expresión “obras u otros temas” requeriría filtros de texto (incluso para “noticias” en virtud del artículo 11), filtros de imagen (incluso para las imágenes de “noticias” protegidas por el artículo 11), filtros de audio, filtros audiovisuales, vídeos de movimientos de danza protegidos, etcétera.
Las grandes plataformas ya han invertido mucho en el filtrado de cargas. Las empresas europeas más pequeñas de Internet se verán enfrentadas a la compra de múltiples servicios de filtrado o, desde una posición de negociación débil, acordarán varios derechos de licencia con múltiples titulares de derechos de propiedad intelectual.
El objetivo de la propuesta es cambiar las posiciones negociadoras de todos los titulares de derechos de autor y de todas las empresas pertinentes de Internet. El impacto de este enfoque de talla única para los diversos proveedores de servicios y titulares de derechos es totalmente impredecible.
[34] Un asesor del PSOE, socio y administrador en la trama de las facturas falsas
Las diligencias judiciales abiertas a raíz de la documentación que representantes del Partido Popular (PP) entregaron en una comisaría de Valencia, en 2016, apunta a que la presunta trama de falsificación de facturas vinculada a la financiación del PSPV-PSOE y Bloc Nacionalista Valencià (BNV), el partido mayoritario de la coalición Compromís, escondía tras Crespo Gomar, la agencia de comunicación que facturó por las campañas de ambas formaciones en las elecciones de 2007, una compleja estructura societaria vinculada a la familia de Antoni Gomar, ex teniente de alcalde socialista en Gandía
Según confirmaron ayer fuentes conocedoras del procedimiento, la investigación habría acreditado documentalmente que esta estructura permitió a los empresarios investigados obtener contratos públicos pese a que sus ofertas no eran las más ventajosas o no cumplían con los requisitos de los pliegos de condiciones.
En el momento en el que se produjeron los hechos, en el accionariado de una de las sociedades vinculada a este grupo, Opinomedia, figuraba José Ramón Tíller, histórico asesor del ex presidente de la Generalitat Joan Lerma y responsable de diversas campañas socialistas.
Tíller es en la actualidad responsable de expansión de Egevasa, una empresa participada por la Diputación de Valencia que aparece como donante del Bloc, y la sociedad que administró cobró cerca de 300.000 euros del Plan E por instalar 19 opinómetros en Benidorm.
Tal y como ha venido informando este periódico, una parte del procedimiento ha sido derivado a los juzgados de Benidorm para que se investigue la relación de la candidatura de Agustín Navarro, ex alcalde y actual diputado provincial socialista en Alicante, y el contrato que obtuvo esta empresa de la órbita de Crespo Gomar.
El PSPV-PSOE autorizó la contratación tras la moción de censura que le llevó a la Alcaldía de Benidorm, con el apoyo de un tránsfuga del PP, y la investigación judicial lo relaciona con la presunta financiación ilegal de la campaña en 2007, tanto en Benidorm como en la candidatura a la Presidencia de la Generalitat.
Opinomedia se constituyó el 10 de junio de 2009 y, según datos del Registro Mercantil, en la sociedad figuró como administrador único Tíller, quien también fue jefe de gabinete de dos ex alcaldes socialistas de Gandía, Pepa Frau y José Manuel Orengo.
Los datos societarios de esta empresa recogen que Tíller también ejerció de administrador solidario y liquidador hasta que la empresa quebró en 2013. Se constituyó con un capital social de 22.400 euros, su domicilio social se encontraba en la avenida del Grau de Gandía y se dedicaba a la elaboración de estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública.
Ayer, en declaraciones a este periódico, Tiller matizó que fue socio desde que se constituyó la sociedad, pero administrador en la fase final. Reiteró que él es «un militante más» del PSPV y que la adjudicación fue «correcta y legal».
El plan Zapatero
En concreto, el coste de los opinómetros instalados en Benidorm ascendió a 280.000 euros y se compraron con el dinero que obtuvo el Ayuntamiento con el denominado Plan E, un conjunto de medidas puestas en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para favorecer la economía local.
El proyecto consistía en la instalación de 19 dispositivos fijos y móviles para encuestar a los benidormenses sobre diversos asuntos. Un año después de su instalación, la prensa local recogió que todos estaban fuera de servicio.
El Ayuntamiento de Málaga también contrató con la empresa administrada por el asesor del PSPV los opinómetros. Crespo Gomar instaló allí 25 dispositivos, seis más que en Benidorm, por 200.000 euros, 80.000 euros menos.
Gandía también contrató estos dispositivos pero como real adjudicatario figura Infonova, una empresa con sede en Valencia. Al parecer, según la información de la que dispone este periódico, en el caso de Gandía los investigadores han detectado irregularidades en adjudicaciones relacionadas con los opinómetros, pero no en la adjudicación directa del servicio, pues en principio la empresa que se impuso en este concurso público no guardaría relación directa con la agencia electoral del Bloc y PSPV. El coste de la instalación en Gandía ascendió a 164.000 euros, casi la mitad de lo que pagó Benidorm.
Tiller sigue con su puesto en Egevasa y fue el primer gerente de la nueva época de la empresa pública Imelsa, que buscaba alejarse de un pasado oscuro en manos del ‘yonki’ del dinero, Marcos Benavent. Fue promovido para ocupar estos cargos por José Manuel Orengo.
[35] Carmena deja de pedir tres ofertas para adjudicar contratos menores
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, junto al edil de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño. EFE
El Ayuntamiento de Madrid deja sin efecto una instrucción de 2012 que le obligaba a solicitar tres ofertas a empresas distintas antes de adjudicar un contrato menor
El PP denuncia que el decreto facilitará que se «den contratos a dedo»
El concejal de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, ha dejado sin efecto a través de un decreto de su Área la obligatoriedad que tenía el Ayuntamiento de Madrid de tener que solicitar tres ofertas distintas a sendas empresas antes de adjudicar un contrato menor. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento el pasado 27 de marzo, en plena Semana Santa.
Los contratos menores, regulados por Ley, se utilizan de forma recurrente por las administraciones para saltarse la burocracia de los concursos cuando el importe no es excesivo, ya que se agilizan los plazos. Por ejemplo, sólo en el último cuatrimestre de 2017, el Ayuntamiento de la capital adjudicó más de 2.000 contratos menores.
Se consideran contratos menores los que tengan valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, tal y como recoge la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado 9 de marzo y que reduce el umbral máximo de los contratos que pueden considerarse menores(anteriormente era 50.000 euros para obras y 18.000 para el resto de asuntos).
Ni la Ley estatal anterior ni la actual especifican que haya que pedir tres presupuestos a tres empresas distintas antes de elegir una, pero el 26 de abril de 2012, la entonces concejala de Economia y Hacienda del Ayuntamiento de la capital, Concepción Dancausa (PP), introdujo un decreto que pretendía «favorecer la concurrencia entre empresas» y que sí incluyó esta obligatoriedad, como hicieron otro muchos ayuntamientos.
Entre las medidas recogidas en el citado decreto, concretamente en el punto 2.6, se establecía que deberá incorporarse al expediente del contrato menor «un mínimo de tres presupuestos que permitan verificar que los trabajos se han contratado con el empresario que ofrezca el mejor precio garantizando una adecuada prestación del servicio».
Ahora, el nuevo decreto del Consistorio deja sin efecto el anterior. «La presente Instrucción deja sin efecto el apartado 2.6 de la citada Instrucción 3/2012, que regula el contrato menor, así como al Decreto de 5 de junio de 2012 de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, por el que se desarrollan determinadas medidas de la Instrucción 3/2012 que establece las medidas a adoptar en relación con la contención del gasto en el ámbito de la contratación municipal», precisa el documento.
Para el PP, el Gobierno municipal ha eliminado una garantía que va claramente contra los principios «en materia de contratación, como la libertad de acceso de los licitadores, y la igualdad de trato entre ellos». «No es lo mismo que invites a una serie de empresas que no invites a ninguna. Eso es darlo a dedo. Han eliminado garantías, y si esa garantía no les hubiera molestado la hubiera dejado ahí», precisa la concejal del PP Ana Román, que subraya que la nueva ley no se contrapone con la instrucción de 2012, por lo que no hay justificación para el cambio de criterio.
«Un Gobierno que se autodenomina de la transparencia tiene que predicar con el ejemplo, y esto demuestra lo que ellos pretenden de verdad», ilustra la edil popular.
Cumplir estrictamente la Ley
Desde el Consistorio, sin embargo, defienden que la nueva Ley ya «establece un control sobre los contratos menores que antes no existía y, lógicamente, el Ayuntamiento de Madrid va a cumplir rigurosamente dicha ley».
«Se deroga una instrucción de 2012 porque, además de ser una demanda de los órganos gestores del Ayuntamiento de Madrid, que consideraban que incrementaba la burocracia y quitaba transparencia, la nueva Ley de Contratos establece un control muy restrictivo que antes no existía», señalan fuentes municipales.
«Estamos intentando simplificar todas las instrucciones y adaptarlas a la nueva Ley», añade el edil García Castaño, que detalla que la nueva ley contempla medidas que ayudan ya al control, como la reducción del umbral máximo o que el mismo contratista no pueda suscribir al año más contratos menores que individual o conjuntamente superen el umbral establecido. Es decir, una misma empresa nunca podrá ser adjudicataria por más de 40.000 euros en total al año.
Además, precisa el concejal, el proceso es aun más garantista al tenerse que cumplir la ordenanza de Transparencia instaurada por Ahora Madrid y la posibilidad de que haya una fiscalización de los contratos menores en los propios órganos del Consistorio.
[36] La falsedad documental en el Código Penal: «Simular un documento de manera que induzca a error sobre su autenticidad»
Las firmas reales y falsificadas. EL CONFIDENCIAL.
El artículo 390 del Código Penal castiga con entre tres y seis años de cárcel e inhabilitación de dos a seis años a los funcionarios que cometan falsedad
Fuentes jurídicas sostienen que el tipo delictivo encaja si alguien ha falsificado las firmas del expediente que presentó la Universidad para exculpar a Cifuentes
El papel no tiene sello oficial ni está claro que formase parte del expediente académico pero fue citado por directivos de la universidad en una rueda de prensa
La sucesión de irregularidades destapadas por eldiario.es en el máster que Cristina Cifuentes obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos están ya en manos de la Fiscalía a través de una denuncia presentada por asociaciones de alumnos. Todas las fuentes jurídicas consultadas por esta redacción aseguran que falsificar un título académico y los expedientes para justificarlo entra dentro del tipo de falsedad documental que el Código Penal castiga con entre tres y seis años de cárcel, inhabilitación de dos a seis años para los funcionarios responsables de la falsificación y multas de seis a 24 meses. Se trata de un delito grave que el Código Penal regula en su segundo capítulo dentro del artículo 390.
Además de todas las anomalías que ha revelado la investigación de eldiario.es -fue una funcionaria amiga de Cifuentes la que cambió dos notas en el expediente saltándose el procedimiento, los alumnos nunca vieron en clase ni en los exámenes a la entonces delegada del Gobierno en Madrid y el director del máster no era quien decía serlo- elconfidencial.com añade este miércoles que el supuesto acta que los responsables de la Rey Juan Carlos exhibieron para exculpar a la presidenta madrileña tiene dos firmas falsificadas con los nombres de tres miembros del hipotético tribunal que evaluó su trabajo de fin de máster.
Ese papel que no tenía sello ni membrete alguno de la universidad fue el que citaron las autoridades de la Universidad Rey Juan Carlos en una rueda de prensa en la que estaba presente el rector Javier Ramos, junto al director del máster Enrique Álvarez Conde y uno de los profesores, Pablo Chico de la Cámara. En esa comparecencia pública se habló del documento ante los medios de comunicación para tratar de desmentir las primeras informaciones de eldiario.es. Y a eso se aferró también la presidenta de Madrid para exculparse en un vídeo difundido a través de sus redes sociales y en sendas entrevistas en Onda Cero y Trece, en este caso sí, lo enseñó.
Juristas consultados por eldiario.es sostienen que si se prueba que las firmas de ese escrito están falsificadas, tal y como sostiene elconfidencial.com, se trataría de un caso de falsedad documental. En su artículo 390 el Código Penal establece los siguientes requisitos para ver delito:
Alterar un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.
Simular un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.
Suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.
Faltar a la verdad en la narración de los hechos.
Según la mayoría de fuentes consultadas por esta redacción, jueces y fiscales, si las firmas del tribunal han sido falsificadas, los hechos encajarían en tres de los cuatro supuestos previstos por el Código Penal. Sobre todo en el segundo: se habría tratado de simular un documento que induzca a error sobre su autenticidad. El papel lleva encabezamiento de la universidad y se citó como un acta de un examen.
Otro jurista sin embargo explica que debe tenerse en cuenta si el papel en cuestión forma parte del expediente académico que sirvió para conceder el título a Cifuentes, porque en su opinión no podría hablarse de falsedad documental si no se trata de un acta oficial, aunque haya tratado de simularse que lo es.
[37] Victoria Rosell pide 13 años y medio de cárcel para el juez Salvador Alba
La magistrada, que ejerce como acusación particular en calidad de víctima, también reclama 41 años de inhabilitación, 118.000 euros de multa y 80.000 de indemnización
Podemos, personado como acción popular, atribuye al magistrado seis delitos, al añadir a los cuatro recogidos en el auto de procesamiento (prevaricación, cohecho, falsedad y revelación de secretos) el delito electoral y el de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos
También hay una petición de que declare como testigo el exministro José Manuel Soria, a quien las acusaciones sitúan como pieza clave de la conspiración
La acusación particular en la causa contra Salvador Alba, ejercida por la magistrada Victoria Rosell en calidad de víctima, pide para el juez una pena de 13 años y medio de cárcel y 41 años de inhabilitación para empleo o cargo público, además de 118.800 euros de multa y una indemnización de 80.000 euros por los daños y perjuicios morales ocasionados a la exdiputada de Podemos como consecuencia de la operación urdida para perjudicar su carrera profesional y política.
En el escrito de acusación provisional remitido el pasado miércoles 28 de marzo a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el abogado de Rosell, Antonio Marrero, considera a Alba autor de los cuatro delitos que le imputó la magistrada instructora, Margarita Varona, en el auto de apertura de procedimiento abreviado, la antesala del juicio oral: prevaricación judicial, falsedad en documento oficial, cohecho y revelación de secretos. El letrado de la jueza introduce una calificación alternativa para el supuesto de que el tribunal no aprecie el delito de prevaricación judicial, ya que considera que la actuación de Alba también puede encuadrarse en el tipo penal de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, lo que reduciría la pena de inhabilitación propuesta hasta los 26 años y la multa, hasta los 97.200 euros.
En este procedimiento también intervienen como acción popular Podemos y Carlos Sosa, director de Canarias Ahoray pareja de Rosell. El partido político acusa al magistrado de seis delitos, al añadir a los cuatro recogidos en el auto de procesamiento el delito electoral y el de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. La abogada de la formación morada, Sandra Rodríguez, solicita para Alba una condena de 13 años y tres meses de cárcel, 39 años y medio de inhabilitación y una multa de 135.000 euros. Luis Val, letrado del periodista, imputa al juez en su escrito de calificación provisional la comisión de cinco delitos (no incluye el electoral) y reclama la misma pena de inhabilitación que Podemos, 12 años de prisión y 103.000 euros de sanción.
Los delitos que acarrean las penas de cárcel son la falsedad documental (entre 4 años y medio y 6), el cohecho (4 años y 6 meses) y la revelación de secretos (tres). La prevaricación, las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y el delito electoral llevan aparejadas condenas de inhabilitación (hasta 20 años por el primero) y multas de entre 12 y 24 meses con una cuota diaria de 60 euros.
El abogado de Rosell pide en su escrito que declaren en la vista oral, además de Alba como acusado y la jueza como víctima, un total de 21 testigos, entre los que se encuentran la fiscal Evangelina Ríos, el empresario Miguel Ángel Ramírez, el abogado Sergio Armario, el juez Carlos Vielba, la diputada de Podemos Meri Pita o el periodista Carlos Sosa, además de funcionarios del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, órgano desde el cual el magistrado maquinó la operación, los letrados de las partes personadas en el procedimiento que se tramita en el mencionado juzgado contra el presidente de Seguridad Integral Canaria, y el periodista de La Provincia que publicó la transcripción completa de la declaración pactada que Ramírez prestó ante Alba el 23 de marzo de 2016, una semana después de la reunión clandestina que da origen a las actuaciones.
La representación letrada de Carlos Sosa añade a esta lista a José Manuel Soria, exministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España, expresidente del Partido Popular (PP) de Canarias y rival político de Rosell en las elecciones generales de diciembre de 2015.
Conexión Alba-Soria
Tanto la acusación particular como las acciones populares sitúan a Soria como pieza fundamental en la conspiración. Rosell manifiesta en su escrito que el juez Alba tuvo una participación “esencial” en las sucesivas ampliaciones de querella que contra ella presentó el exministro, “llegando a elaborar y firmar documentos falsos” dirigidos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Supremo, a dictar “resoluciones injustas” con la finalidad de “manipular la declaración de un investigado (el empresario Miguel Ángel Ramírez)” y obtener documentación contractual ajena al procedimiento que instruía para tratar de acreditar “supuestos negocios inexistentes” entre el imputado y la pareja de la jueza y atribuyendo a esta “falsos retrasos injustificados y otras supuestas irregularidades” durante la tramitación de aquella causa.
Con todo ello, Alba no solo pretendía causarle “evidentes daños y perjuicios”, ya que le profesaba una enemistad “pública y conocida en el foro”, sino además “favorecer al querellante Soria”, a quien había solicitado apoyo en varias ocasiones para ostentar cargos judiciales. En concreto, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (en 2014) y una vocalía en el CGPJ (en 2008 y en 2014).
En un documento de 51 páginas, el abogado de Rosell relata de manera pormenorizada los avatares del caso, desde el momento en que Alba solicitó cubrir la vacante de la jueza en Instrucción 8, el 23 de octubre de 2015, tan solo un día después de que a esta le concedieran la excedencia para presentarse a las elecciones, hasta que se descubrió, a través de una grabación realizada por el empresario investigado Miguel Ángel Ramírez, que había preparado un plan para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada.
Rosell recuerda que el mismo día de su toma de posesión en ese juzgado, Alba citó a declarar al empresario, lo que, a su juicio, demuestra que tenía “un conocimiento extraprocesal” del procedimiento, una aseveración que vendría a corroborar el contenido de la mencionada grabación.
En ese audio, registrado el 16 de marzo de 2016 en el despacho de Alba en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, se escucha cómo el juez ofrece a Ramírez “fundirse” y “cargarse” la causa que instruía contra el segundo por un presunto delito fiscal. En ese encuentro, ambos preparan una declaración formal del empresario en sede judicial que se celebraría una semana después, el 23 de marzo, y que versaría exclusivamente sobre los supuestos negocios del investigado con la pareja de Rosell, a pesar de que se trataba de hechos completamente ajenos al procedimiento.
La jueza sostiene que el ahora procesado utilizó ese procedimiento con fines “espurios”, para tratar de conseguir pruebas contra ella que demostrasen que incumplió su deber de abstención. A cambio, “se pactaba el archivo del procedimiento penal (contra Ramírez) mediante la nulidad de actuaciones”.
Informes cruciales
Rosell expone que los informes realizados por Alba fueron “cruciales” para la denuncia presentada por la fiscal Evangelina Ríos por una supuesta falta disciplinaria (finalmente archivada) y para la ampliación y admisión a trámite de la querella de Soria (también sobreseída), hasta el punto de que el abogado del exministro, Eligio Hernández, copió en ella párrafos enteros de un documento reservado elaborado por el juez, incluidas faltas de concordancia gramatical y de ortografía, el mal uso del subjuntivo y la referencia “este magistrado” al hablar en primera persona.
El escrito de Rosell destripa “las falsedades” contenidas en esos informes remitidos a distintos órganos. Entre otras cuestiones, recuerda que Alba ocultó la existencia de una providencia que ordenaba dar traslado a las partes de unpen drive con información relativa a la causa contra Ramírez para tratar de hacer ver que había retenido durante 22 meses esa documentación y, con ello, había ocasionado un retraso en el procedimiento que beneficiaba los intereses del empresario. También plasmó en uno de esos informes que las relaciones comerciales entre el investigado y la empresa periodística de la pareja de Rosell habían sido continuadas en el tiempo y continuaban en vigor, pese a que de la documentación aportada se desprende que esas relaciones databan “de 2003 a 2009”, cinco años antes de que se incoasen las diligencias y antes incluso de que fuera pareja de Carlos Sosa.
La jueza acusa además a Alba de filtrar a la prensa, concretamente a los periodistas Fernando Lázaro, de El Mundo, y Manuel Reyes, de La Provincia, tanto el DVD con la declaración del 23 de marzo de Miguel Ángel Ramírez como los sucesivos informes remitidos al Poder Judicial y al Supremo. Esta “revelación de secretos” estaba dirigida, en opinión de Rosell, a “crear una falsa apariencia delictiva” que lesionó su “honor y buena fama” y le hizo presentarse al electorado “sin poder combatir tales falacias”. Es precisamente por este motivo ( la jueza renunció a su candidatura en aplicación del código ético del partido después de la admisión a trámite de la querella de Soria) por el que Podemos atribuye al magistrado investigado un delito electoral en su escrito de calificación provisional.
[38] Por España, los Presupuestos del PP y lo que haga falta
Si no se aprueban los presupuestos, podría irse al traste la legislatura. Si salen adelante, potencian esa España volcada en los privilegios de unos y el desprecio de otros
Con un refuerzo tal del militarismo y las Fuerzas de Seguridad que cabe preguntarse, visto lo visto, adónde nos encaminan
El PP pide al PSOE que le preste cinco diputados para evitar lo que considera “un chantaje del PNV” que quiere retirar el artículo 155 antes de votar sí a los presupuestos del Gobierno. Albert Rivera reprocha a los socialistas que se conviertan en «cómplices de los separatistas». Así, sin anestesia, lo dijeron este lunes en el TD1 de TVE. Después, salió Rivera para opinar que ese apoyo hay que darlo “Por España”. Y ya. Frase de PSOE diciendo que no. Ni pío de Unidos Podemos, ni siquiera del PNV que era el aludido. Es un clásico. En aumento.
El presidente de Ciudadanos se ha aplicado desde muy temprano en la labor, a insistir a Sánchez, en los Desayunos de TVE. Le ha dicho que «no tenga miedo» en abstenerse para no poner en jaque “las medidas que alivian el bolsillo de los españoles». Desde el diario El País avisaban al PNV que las inversiones millonarias para Euskadi están en el aire y que hasta el tren rápido se puede retrasar si no hay acuerdo.
Un duro trabajo en equipo para conseguir que el PP siga en La Moncloa. Por España. Por su idea compartida de España. De aprobarse, el gobierno subirá algo las pensiones mínimas, bastante más el sueldo de los funcionarios. La mayor partida en personal se la llevan policía y Guardia Civil. Hay 69.060 euros más para la Casa Real que se añaden a los 7.887.150 de los que disponía. El gobierno se sube un 1.5%. A Rajoy le suponen 1.200 euros. A los magistrados del Tribunal Constitucional se les aplica el mayor aumento: un 12%.
En la misma línea de bolsillos tenidos en cuenta por los presupuestos, el de Defensa sube por primera vez a más de 8.000 millones de euros tras un fuerte incremento de casi el 7%. El Ministerio en su conjunto ve ampliados sus fondos en más de 3.000 millones. Aportes en Sanidad y Educación del 3,9 % y el 3 % que no enjugan ni de lejos los durísimos recortes aplicados por el PP desde sus primeras tijeretazos en 2012 y, por ejemplo, baja el IVA de los cines del 21% al 10%.
El PP destina solo 46 millones a la ayuda a la dependencia. Los bolsillos de estos españoles cuentan mucho menos que los de otros. Comparen cifras y prioridades. Casualmente era uno de los temas del acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos. Enun baño de realidad, Rivera aceptó, recientemente, rebajar sus pretensiones iniciales de 440 millones de euros a 130. Montoro los ha dejado en 46, que fue lo que eludió gastar el año pasado de los 100 presupuestados. Rajoy vuelve a destinar cero euros a la Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo. Como un empecinamiento en la inquina hacia los perdedores de la guerra. Pero «por España» hay que apoyar todo esto. Por esta España.
El partido de Albert Rivera, con él en cabeza, se multiplica en los medios. Más que nunca desde que “asciende en las encuestas”, que es el nuevo valor de referencia noticiable. Ahora, para echar el resto en que salgan adelante estos presupuestos.
En la práctica, Ciudadanos es el más sólido armazón para el PP. Para cuanto el PP implica hoy. Por España. De momento, Ciudadanos no ha retirado su apoyo a Cifuentes, aunque estudia operaciones en diferido, según se apunta. PP y Ciudadanos han vetado juntos más de 50 iniciativas en el Congreso. Entre ellas, volver a vincular la subida de las pensiones al IPC. Resulta casi enternecedor ver otro estudio –aunque cada vez los miro con mayor cautela- detectando que 700.000 votantes mayores de 65 años, hartos del PP se han pasado a Ciudadanos.
PP y Ciudadanos se han puesto de acuerdo, además, para no suprimir las tasas judiciales o para no asumir las exhumaciones de la guerra civil y la dictadura. Todo “Por España”, que esto de España le ha dado una inyección de oxígeno impagable a Ciudadanos. A su idea de una España ultraconservadora, de símbolos más que de contenidos y mano dura o inflexibilidad harto selectiva. Y una política económica neoliberal, opuesta por tanto al “ciudadanos libres e iguales” que proclama Rivera cuando se refiere al nacionalismo de otros.
Difícilmente se puede encontrar un partido más insostenible que el PP actual. El Partido Popular se ha hundido en sus miserias. Aún con la lavandería presta a dejar su imagen impoluta. Y la propaganda, disfrazada de periodismo, como apoyo incondicional. Pero, cuidado, que el horizonte no está precisamente claro. La hiperactividad de Albert Rivera para que Rajoy siga en el gobierno hasta que se considere oportuno, no parece que sea por España, ni por los bolsillos de todos los españoles. Y menos cuando se advierte que existe cierto apremio.
Todo esto pasa ante nuestros ojos como en un tiovivo. Adormecedor. Si no se aprueban los presupuestos, podría irse al traste la legislatura. Si salen adelante, potencian esa España volcada en los privilegios de unos y el desprecio de otros. Con un refuerzo tal del militarismo y las Fuerzas de Seguridad que cabe preguntarse, visto lo visto, adónde nos encaminan. El PSOE ha dicho que no los apoyará. Hasta ahora, su abstención ha sido esencial para que Rajoy sea presidente del gobierno. Ahora avanza que, si Rajoy fracasa, habrá de enfrentarse a una moción de confianza o a elecciones.
El tiovivo sigue girando.
[39] Cifuentes aprobó la oposición de su actual plaza de funcionaria en un tribunal con dos amigos personales
Dos de los miembros del tribunal de oposiciones que le dio su actual plaza de funcionaria a Cristina Cifuentes tenían lazos de amistad con la hoy presidenta de Madrid
Uno de ellos es Dionisio Ramos, alumno también del polémico máster de Cifuentes, implicado en el Tamayazo; Cifuentes fue testigo de su boda
El otro es José Francisco Otero, otro amigo al que Cifuentes nombró en 2015 gerente del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
La hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, es funcionaria de la Universidad Complutense desde 1990. Pero su actual categoría como parte del Cuerpo de Técnicos Superiores de la institución la logró en 2001, tras presentarse a unas oposiciones de promoción interna para incorporarse a la Escala de Técnicos de Gestión de la universidad. Cifuentes aprobó, según consta en el Boletín Oficial del Estado del 5 de noviembre de ese mismo año, y ese aprobado se lo dio un tribunal en el que estaban al menos dos amigos, entre ellos un futuro cargo político de la Comunidad de Madrid, y hasta un implicado en el caso Gürtel.
Uno de esos dos amigos era Dionisio Ramos Martínez que, según consta en la convocatoria de las oposiciones publicada en el BOE del 7 de abril de 2001, figuraba como presidente suplente del tribunal pero que, como contó El Plural en 2015, ejerció como presidente de facto en sustitución del entonces rector de la Universidad Complutense, Rafael Puyol. La amistad entre Cifuentes y Ramos se remonta a finales de los años 80 y prueba de la misma es que la presidenta madrileña fue testigo de la boda del propio Ramos, en 1993, tal y como quedó reflejado en una nota de sociedad que publicó entonces el diario ABC.
Asimismo, Dionisio Ramos, implicado en el episodio de transfuguismo conocido como el tamayazo, también hizo el máster en Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) durante el curso 2011-2012 que, tal y como destapó eldiario.es, la dirigente madrileña aprobó con notas falsificadas.
Él no era el único integrante del tribunal que era más que conocido para la presidenta madrileña. También estaba José Francisco Otero, otro de los testigos –también por parte del novio– de la boda de Ramos y que también compartía amistad con Cifuentes desde hacía años. Además, se da la circunstancia de que Otero fue nombrado alto cargo del Gobierno de la Comunidad de Madrid apenas un mes después de que ella accediera a la Presidencia.
Un decreto del 22 de julio de 2015 de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno aprobado por el Consejo de Gobierno que ya presidía Cifuentes nombraba “gerente del Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid a don José Francisco Otero Ferrero”. Así consta en la nota hecha pública por la administración regional ese mismo día. Y se trata de un cargo que sigue manteniendo en la actualidad, tal y como se especifica en el Portal de Transparencia de la Comunidad que recoge, además, las “diversas jefaturas de servicio” que ostentó Otero en la Universidad Complutense.
En la nómina de nombres que compusieron el tribunal de las pruebas selectivas que permitieron el ascenso de Cifuentes también está el de Reinolfo Ortiz Gómez. Se trata de un empresario al que se ha relacionado con el caso Gürtel por su vinculación con el cabecilla de la trama, Francisco Correa. Según publicó la revista Tiempo en 2014, Ortiz estaba ligado a empresas de Correa como, por ejemplo, Nuevos Proyectos Inmobiliarios Salobreña. Ortiz tenía, asimismo, según la información de Tiempo, un despacho de asesores que habría realizado gestiones sobre una de las empresas más importantes del caso Gürtel, Inversiones Kintamani, en la que Correa invirtió buena parte de su fortuna personal.
En un correo electrónico enviado a la redacción este jueves por la tarde, Ortiz, sin embargo, replica algunos de los aspectos publicados por la revista Tiempo y aquí reproducidos: «En la información se me alude como miembro de ese tribunal de oposiciones para la Escala de Técnicos de Gestión de la Universidad Complutense. Lo cual es cierto. No lo es, sin embargo, la vinculación que me atribuyen ni con el caso Gürtel, ni con Francisco Correa, ni con Inversiones Kintamani. Nunca jamás he estado con esa persona ni trabajado para esa empresa u otras vinculadas con el citado proceso».
Además de por los citados, el tribunal que evaluó a Cifuentes estuvo compuesto por Francisco del Campo Gutiérrez y María del Carmen Caballero Fernández, como titulares, y por Ignacio Torres Pérez, Manuel Ruiz de Elvira Serra, Juan José Docampo Darriba y María Teresa Galino Mateos, como suplentes.
[40] La decisión de Interior de detener a Falciani causa desconcierto en la Audiencia Nacional
La Policía arresta al experto informático pese a que la justicia falló en 2013 que no podía ser extraditado a Suiza
La justicia helvética dictó la detención internacional en febrero de 2017 y el departamento de Zoido asegura que recibió la orden este 19 de marzo
La misma Policía que escondió y protegió a Falciani llevaría dos semanas buscándolo sin conocimiento del juez ni la Fiscalía
El caso Falciani era caso cerrado hasta este miércoles. Así estaba asentado en la Audiencia Nacional desde que el 8 de mayo de 2013, fecha en que su Sala de lo Penal dictó un auto en el que rechazaba la solicitud de extradición de Suiza con el argumento de que los delitos por los que le reclamaba no existen en España. Para sorpresa de la Fiscalía, que se opuso a aquella entrega, y del tribunal que lo rechazó, la Policía detuvo este miércioles a Falciani en la Universidad de Comillas cuando se disponía a participar en un acto público.
El argumento del Ministerio del Interior es que la Policía recibió una orden internacional de detención el pasado 19 de marzo y que llevaba buscando desde entonces al informático. Fueron agentes de la Comisaría General de Policía Judicial quienes ejecutaron el arresto. Esa misma estructura policial fue una de las encargadas de ocultar y proteger a Falciani mientras se resolvía la petición de extradición a Suiza y tiempo después.
Falciani será puesto a disposición judicial este jueves. Comparecerá ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, ya que su antecesor, Eloy Velasco, atendió la solicitud de extradición de Suiza que al final fue rechazada. Fuentes de la Sala de lo Penal mostraron ayer su sorpresa y extrañeza por que la Policía haya ejecutado una orden de detención, una medida que afecta a un derecho fundamental, pese a saber que la posible extradición es “cosa juzgada”.
La orden de detención emitida por la Confederación Helvética está motivada porque desde el 2 de mayo de 2016 hay una sentencia firme contra Falciani, que tuvo que ser juzgado y condenado en rebeldía a cinco años de cárcel por espionaje industrial.
Suiza dictó una orden de detención casi un año después, el 24 de febrero, y su oficina policial la cursó a todos los países del espacio Schengen el 3 de mayo de 2017 a las 15 horas, 46 minutos y 52 segundos, según consta en un documento de la oficina de cooperación internacional de la Policía española, Sirene, al que ha tenido acceso eldiario.es. En ese mismo documento figura a pie de página: “Fecha de emisión: 19/03/2018”. Un portavoz del Ministerio del Interior asegura que esa es la fecha en la que se recibió en España la orden internacional de detención.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional conoció la detención de Falciani este miércoles por los medios de comunicación. Fuentes de la misma advertieron de que si la orden se había cursado por los mismos hechos que la de 2013, que ya fue rechazada, la Fiscalía se opondrá a que Falciani sea entregado a las autoridades suizas. Alegan que ya hay una decisión de la Audiencia Nacional sobre este caso, que sostiene que los hechos no son delito en España, por lo que no cabe tomar una decisión distinta sobre una «cosa juzgada».
Podemos vincula la detención con «un favor» a Suiza
El Juzgado Central de Instrucción número 1, de guardia, tampoco conoció el arresto hasta después de haberse producido. La explicación de Interior es que la Policía se limitó a cumplir con la orden de detención internacional. El eurodiputado de Podemos Miguel Urban se preguntó en su cuenta de Twitter si la detención del ingeniero informático Hervé Falciani es «un favor de España para pedir la extradición de Anna Gabriel y otras personas exiliadas políticas» que se encuentran en ese país.
La orden de detención, emitida por la Fiscalía del Cantón de Ginebra, señala que Falciani fue condenado a cinco años de cárcel el 27 de noviembre de 2015, una sentencia los tribunales suizos declararon firme el 2 de mayo de 2016. El documento recuerda que el informático se llevó del HSBC datos bancarios de 20.000 empresas y 107.181 particulares. Con esa información y bajo una identidad falsa -Rubén Alchidiack, jefe de ventas de la empresa ficticia Parlova, con sede en Hong Kong-, se trasladó a Líbano en 2008 para tratar de vendérsela a varios bancos.
Lo que vendía Falciani era “un buen producto con información de clientes con alto potencial financiero”. Es decir, ofreció a bancos como Byblos Bank, Societè Genérale o BNP detalles como la fortuna o el perfil inversor de potenciales clientes para esas entidades. Las autoridades suizas inciden en que, además de ofrecer información a empresas privadas, contactó con organismos estatales para ofrecerles el acceso a esos datos confidenciales. La orden de detención califica esos hechos como un delito de espionaje industrial.
La negativa de la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional, sin embargo, desestimó esos argumentos en 2013. En el auto, que firman Julio de Diego, Ángel Hurtado y José Ricardo de Prada -éste último como ponente-, los magistrados reprueban la «permisividad o complacencia de facto» del banco «con actividades delictivas de defraudación tributaria, blanqueo de capitales e incluso de financiación de terrorismo».
Para rechazar la extradición, el auto destaca que la información desvelada por Falciani «se refiere a actividades sospechosas de ilegalidad, incluso constitutivas de infracciones penales, que de ninguna manera es susceptible de legítima protección». Gracias a la información de Falciani, que llegó a la Agencia Tributaria en mayo de 2010 y que sacó a la luz la identidad de 659 defraudadores fiscales españoles, se consiguieron regularizar en España 300 millones de euros.
La sala hizo suyos los argumentos que expuso la fiscal Dolores Delgado para argumentar que no concurre el requisito de la doble incriminación (que los delitos por los que se pide la entrega tengan su equivalencia en el ordenamiento jurídico español). En ese sentido detalla los cuatro delitos que le imputa la justicia suiza (espionaje financiero, secreto bancario, secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes) para concluir que «en nuestro derecho no existe una protección penal específica del secreto bancario como tal, y menos tratando su quebrantamiento como un mero delito formal».
[41] La Policía detiene a Hervé Falciani por una orden de busca y captura de Suiza
El exempleado del HSBC Hervé Falciani. / Cristina Candel
Las autoridades suizas reclaman al experto informático para que cumpla una condena firme de cinco años de cárcel
La Audiencia Nacional rechazó la extradición en 2013 y Falciani fue juzgado y condenado en rebeldía en el país helvético
Baltasar Garzón le asiste como abogado en dependencias policiales , aunque no es definitivo que vaya a hacerse cargo de su defensa
La Policía Nacional ha detenido en Madrid este miércoles para su extradición a Suiza a Hervé Falciani, el experto en sistemas de información y exempleado de banca al que se le atribuye la difusión de la «lista Falciani» con nombres de clientes del banco suizo HSBC. Los agentes españoles ejecutan así una orden de busca y captura dictada por Suiza en relación con una condena en firme a cinco años de cárcel contra el informático, han informado a eldiario.es fuentes policiales.
Han sido agentes de la Comisaría General de Policía Judicial quienes han procedido a su arresto en virtud de la orden de detención y entrega para su extradición a las autoridades suizas. Esa orden llegó a las autoridades el pasado 19 de marzo, según fuentes del Ministerio del Interior. Desde entonces, los agentes buscaban a Falciani hasta que hoy le han localizado en la Universidad de Comillas.
Falciani, que pasará a disposición judicial en la Audiencia Nacional este jueves, ha designado al exjuez Baltasar Garzón como abogado, que le está asistiendo en sede judicial. No es definitivo que sea Garzón el letrado que vaya a hacerse cargo de su defensa durante el proceso que ahora se abre.
Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional han dicho desconocer el proceso iniciado por Suiza. Advierten de que si la orden se ha cursado por los mismos hechos que la de 2013, que ya fue rechazada, la Fiscalía se opondrá a que Falciani sea entregado a las autoridades suizas. Alegan que ya hay una decisión de la Audiencia Nacional sobre este caso, que sostiene que los hechos no son delito en España, por lo que no cabe tomar una decisión distinta sobre una «cosa juzgada».
El exempleado del HSBC ha sido detenido cuando iba a participar en un acto titulado ‘Cuando decir la verdad es un acto heroico’ en la Universidad Pontífica de Comillas, en el que participaban varios periodistas que participaron en la investigación de Los Papeles de Panamá y representantes de organizaciones sociales .
La detención de Falciani no cuenta, por ahora, con supervisión judicial española. La Audiencia Nacional desconocían el arresto cuando se ha producido, han informado fuentes del tribunal especial. Fuentes policiales explican que una Orden Internacional de Detención (OID) puede ser trasladada a través de Interpol desde el país que reclama al resto y que la Policía que arresta lo comunique a las autoridades judiciales locales una vez realizada la detención.
La Audiencia Nacional ya rechazó en 2013 extraditar a Falciani por los hechos por los que se le han condenado. La información facilitada por el experto informático sirvió para que Hacienda persiguiera a 659 evasores fiscales. Al menos 300 millones de euros fueron regularizados gracias a la información facilitada por Falciani.
Hervé Falciani fue arrestado en julio de 2012 en Barcelona, acusado del robo de datos bancarios de 130.000 cuentas de clientes del banco suizo HSBC. Entregó la lista a las autoridades francesas y a la entonces ministra de Hacienda, Christine Lagarde. A partir de esos datos se elaboró la conocida como lista Lagarde de presuntos defraudadores a la que han tenido acceso varios gobiernos europeos.
Tras detenerle, la Audiencia Nacional le dejó en libertad mientras tramitaba su extradición porque Falciani estaba colaborando con las autoridades judiciales de varios estados europeos. En 2013, ese tribunal rechazó la extradición de Falciani a Suiza alegando que no se daba el principio de doble incriminación, es decir, que los delitos de los que le acusaba Suiza no tenían reflejo en el Código Penal español.
Además, los jueces de la Audiencia Nacional señalaron que la información que había desvelado el informático «se refiere a actividades sospechosas de ilegalidad, incluso constitutivas de infracciones penales, que de ninguna manera es susceptible de legítima protección».
En concreto, Suiza acusaba a Falciani espionaje financiero, violación del secreto bancario, violación del secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes. La Fiscalía suiza pidió para él un total de seis años de cárcel y un tribunal de ese país le acabó condenando en 2015 a cinco años de cárcel.
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Había conseguido convertirse en uno de los creadores más influyentes de la novela negra española sin haber escrito nunca una novela negra española, ni periférica, ni de ninguna otra nacionalidad. El tío era un farsante, en resumen. O eso quería ella que creyera yo. Nunca me he fiado de las musas, de ninguna musa, y menos de la Musa. Aun con más razón, si la Musa en ese momento te está contratando para que te cargues a un farsante no muy alto, enjuto y de gafas, que había regentado una librería en la Barceloneta y cuyo crimen era totalmente indiferente a todo el mundo, salvo a esa excéntrica e irrelevante minoría social que lee libros. Los psicólogos soberanistas los llaman lletraferits. Pero son ya pocos (los lletraferits). Su voto nunca cambiará el rumbo del desastre.
