El Fiscal Decano de Talavera: «Soy víctima del ex-juez Presencia, a quien la justicia ha tratado como un privilegiado»

EL FISCAL DECANO DE TALAVERA: «Soy víctima del ex-juez Presencia, a quien la justicia ha tratado como un privilegiado»

 

Fernando Presencia fue condenado en dos ocasiones por la Sala de lo Penal por sendos delitos de prevaricación por favorecer a amigos cuando era juez en Talavera de la Reina. En 2017 el Tribunal Supremo confirmó la pena de 10 años de inhabilitación porque archivó una causa contra un conductor que había atropellado a un peatón, dándose a la fuga; el conductor era amigo del juez. En 2018 se le condenó a dos años y 10 meses de inhabilitación por haber archivado una querella contra otro amigo suyo. 

La investigación contra la fundación ACODAP comenzó en abril de 2022. Presencia había presentado una de las denuncias de las que vivía su organización, dirigida contra Zapatero y Delgado, y la Audiencia Nacional la rechazó. Además, el órgano dio un golpe en la mesa contra el exjuez y pidió investigar si la documentación adjunta había sido fabricada ex profeso para incriminar a los denunciados.

 

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EL FISCAL DECANO DE TALAVERA: «SOY VÍCTIMA DEL EXJUEZ PRESENCIA, A QUIEN LA JUSTICIA HA TRATADO COMO UN PRIVILEGIADO»

Ángel Demetrio de la Cruz denuncia que lo lleva «sufriendo» siete años y «no se ha hecho nada» hasta que el presidente de Acodap «se ha metido» con altas instituciones del Estado

Por Manuel Moreno

ABC, 14 JULIO 2022

EL FISCAL DECANO DE TALAVERA: «SOY VÍCTIMA DEL EXJUEZ PRESENCIA, A QUIEN LA JUSTICIA HA TRATADO COMO UN PRIVILEGIADO»
Pantalla del ordenador del abogado Javier González de Rivera y fotografías de Fernando Presencia MANUEL MORENO

 

«Soy una víctima del exjuez Presencia, a quien la Justicia ha tratado como un privilegiado. No se ha ido contra este señor hasta que no ha implicado a altas instancias del Estado. En siete años no se ha hecho nada». El fiscal decano de Talavera de la Reina (Toledo), Ángel Demetrio de la Cruz, y su abogado hablan abiertamente de Fernando Presencia, condenado por prevaricación y expulsado de la carrera, y sobre quien la Audiencia Nacional ha abierto una investigación por presuntos delitos contra las altas instituciones del Estado. Le atribuyen calumnias e injurias difundidas en su web contra, entre otros, magistrados del Tribunal Supremo.

«Ahí es cuando empieza a funcionar todo; yo llevo siete años de sufrimiento y ni caso».

El fiscal se refiere amargamente a la soledad que ha sentido en su particular travesía del desierto contra Presencia, quien lo ha señalado como el cabecilla de una supuesta trama de corrupción, entre otras acusaciones. Un calvario y que ha provocado también «mucho dolor» en su familia y en su propio letrado. Hasta el punto que De la Cruz narra que ha tenido que oír cómo lo llamaban corrupto en un juzgado de Talavera, ser señalado con el dedo en las calles de esta ciudad de unos 85.000 habitantes o criticado también en su pueblo natal, en Badajoz (Extremadura).

«Me he sentido abandonado por mis propios compañeros en todos estos años; hasta que la Fiscalía ha presentado una denuncia y el Consejo General del Poder Judicial ha reaccionado», afirma a 'ABC' De la Cruz, quien fue cocinero antes que fraile. Estuvo 18 años trabajando como policía nacional en Barcelona y Madrid, la mayor parte como agente de estupefacientes. Llegó a ser inspector, pero decidió presentarse a las oposiciones a fiscal y las aprobó a la primera.

 

Presencia «vive del cuento»

«Esto es un culebrón», advierte de primeras Javier González de Rivera, el abogado del fiscal en la lucha judicial que De la Cruz y Presencia mantienen, con un cruce de querellas latente. «Al principio, cuando llegó a Talavera, nos llevábamos bien, pero después cambió», rememora el representante del Ministerio Público.

«Se considera el adalid de la anticorrupción y creó una asociación, Acodap. Pero lo que tiene que explicar es a qué corrupción se refiere, porque tiene dos condenas firmes y lleva viviendo del cuento siete años», asegura De la Cruz.

«Él está acusando de corrupción a todo el mundo, pero sin demostrar nada. Que diga quiénes son, en qué consisten esos sobornos y el tráfico de influencia del que habla. A día de hoy, no sé sobre quién he influido ni en qué ha consistido. Llevo esperando siete años para saberlo», reta el fiscal decano al exjuez, a quien recuerda que llegó a la 'Ciudad de la Cerámica' porque «lo expedientaron» en Valencia.

«Según Presencia, hay una trama de corrupción en Talavera, algo que, dice, se lo han puesto en su conocimiento numerosos abogados, y que ha contado lamentablemente con el apoyo de muchos periodistas que no constataron ninguna información de él» -afea el fiscal-. «En el día de mi juicio que tuve con él, pregunté que dónde estaban esos numerosos abogados, porque yo no veía a nadie. Él no contestó, pero su pareja me dijo: 'Porque los amenazas'» , revive.

 

El «peor delito» para un juez

«Me fastidia que diga que existe corrupción, pero que no demuestre nada», insiste. «Que dice que sus compañeros jueces aceptaron sobornos, pero qué compañeros, en qué consistió el soborno, quién me dio un coche, dinero, ¿qué me dieron?», se pregunta el fiscal, indignado.

«Ha dicho que en mi despacho se repartía dinero con otros jueces de Talavera, y he vuelto a denunciar a Presencia. En Talavera no ha habido nunca corrupción por mi parte; ni hay ni la habrá», afirma tajante. «Corrupción es la que él ha tenido, la que tiene en su mente, porque hasta hoy no ha demostrado nada ni lo va a demostrar», remarcan el fiscal y su abogado.

El exjuez aterrizó en la 'Ciudad de la Cerámica' después de haber cometido «una infracción muy grave» en un juzgado de lo Mercantil en Valencia donde llevaba concursos de acreedores.

«Se dedicaba a actividades impropias de su cargo y el Consejo General del Poder Judicial lo sancionó, algo que sorprende porque no es habitual en un juez», deja caer González de Rivera. «Pero lo mismo que lo trasladaron a Talavera, lo podían haber expulsado. Si lo hubieran hecho, nos habríamos ahorrado todo esto», se resigna el letrado. Y recalca que Presencia tiene sobre sus hombros dos condenas firmes penalmente por prevaricación, «el peor delito que puede cometer un juez; dictar una resolución manifiestamente injusta a sabiendas».

Presencia se hizo cargo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, donde De la Cruz sigue como fiscal. Sus actuaciones eran «un despropósito» en los temas penales que llevaba Ángel, que recurría sus sentencias ante la Audiencia Provincial de Toledo. «Sobre todo las de juicios de faltas, porque él no motivaba ninguna», justifica el fiscal. «Eran irregulares», añade su letrado, y la mayoría de los fallos eran echados abajo. «¡Buff!, no sé cuántas. En mi despacho tengo una caja llena», responde De la Cruz cuando se le pregunta por el número.

 

El origen de la lucha

La relación del exjuez y De la Cruz se torció hace unos siete años, según el fiscal y su abogado, cuando un juzgado inició los trámites para que la pareja de Presencia cumpliese con una sentencia por un delito contra la seguridad vial. Lo había cometido antes de que ella conociera a su compañero sentimental, con quien sigue conviviendo en un piso enfrente de los juzgados de la ciudad. «Había sido condenada a prisión y se le cambió por trabajos sociales. Pero no cumplió la pena sustitutiva, por lo que el juzgado quiso ejecutar la sentencia y que la mujer ingresara en la cárcel. Presencia consideró culpable a Ángel de que se dictase un auto de prisión», según González de Rivera.

 

La relación del exjuez y De la Cruz se torció hace unos siete años, según el fiscal y su abogado, cuando un juzgado inició los trámites para que la pareja de Presencia cumpliese con una sentencia por un delito contra la seguridad vial

 

A partir de entonces, «Presencia comenzó a meterse con el fiscal, a publicar en periódicos locales y nacionales, en prensa escrita y digital, y hasta en televisión-relata el abogado-; afirmaba que Ángel [de la Cruz] era un corrupto y que había cometido delitos medioambientales porque, decía, había construido su casa invadiendo el cauce de un arroyo. Y también dando a entender que se ha dejado corromper por dinero».

Presencia era también el responsable del decanato, el jefe de los jueces de Talavera y el que hace los repartos de asuntos.

En lugar de presentar una denuncia contra el fiscal en el juzgado de guardia correspondiente, lo hizo en el propio decanato, «a sí mismo». La Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, abrió una investigación, pero Presencia no aportó «ninguna prueba ni indicio», recalca el abogado. «Él decía que un numeroso grupo de profesionales y abogados habían puesto en su conocimiento la existencia de una trama de corrupción, a cuyo frente estaba yo. Pero no dio nombres ni datos», rememora De la Cruz. Él, en cambio, relata que entregó toda la documentación de su casa y hasta los papeles de la hipoteca.

 

Presencia no aportó «ninguna prueba ni indicio», recalca el abogado. «Él decía que un numeroso grupo de profesionales y abogados habían puesto en su conocimiento la existencia de una trama de corrupción, a cuyo frente estaba yo.

 

La Fiscalía archivó el caso denunciado por Presencia, quien llegó a relacionarse después con el sindicato Manos Limpias, luego ilegalizado. «Lo hizo para atacarme presentando otra denuncia, muy parecida a la de Presencia», dice De la Cruz. Pero tampoco llegó a ninguna parte.

 

«A todo el mundo»

Presencia perdió la condición de juez después de ser condenado por un delito de prevaricación e inhabilitado durante diez años.

Había tenido una actuación irregular en el atropello de un transeúnte y había beneficiado al infractor, abogado y amigo suyo, que no socorrió a la víctima y huyó. «Se le echa de la carrera judicial, por lo que se debería volver a examinar otra vez, aunque se debería cancelar previamente los antecedentes penales que tiene», aclaran el fiscal decano y su letrado.

El exjuez llegó incluso a ser detenido por la Policía Nacional en 2017, por orden de una juez, después de no comparecer en tres ocasiones en el mismo juzgado del que fue titular hasta que se le apartó por una condena. González de Rivera puntualiza: «Fue el propio comisario que había entonces en Talavera a por Presencia, que no fue prendido para conducirlo al juzgado ni en coche celular, sino en un vehículo sin distintivos. Me llamó la atención porque no es la práctica habitual; a ningún ciudadano le pasa eso. Van los policías, le ponen los grilletes y al juzgado».

Tampoco deja pasar la oportunidad para criticar el Servicio de Común de Notificaciones y Embargos de la ciudad, al que llegan la peticiones de todos los juzgados. «Nunca, jamás, se consiguió que ese servicio, ni la persona que estuvo al frente, hiciese una notificación a Presencia. No hubo forma -resalta-. Y eso me llama la atención porque él sigue viviendo enfrente, a 70 metros, cruzando la calle de San Clemente. Tampoco se consiguió con la Policía local. Es sorprendente, sorprendente, porque a cualquier ciudadano no le pasa eso», repite dos veces.

Fiscal y abogado se detienen en el 'modus operandi' de Presencia. Ha denunciado, en los últimos siete años, «a todo el mundo» que él considera que va en su contra dentro de la Administración de Justicia. «Se cuentan por decenas», dicen: desde jueces y magistrados de las altas, medianas y pequeñas instancias a fiscales o secretarios judiciales, a los que recusa por regla general. Lo hace con todo el mundo que pueda tener relación con su asunto para demorar, demorar...». También ha denunciado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al propio letrado González de Rivera.

Igualmente, Presencia recurre cualquier resolución y ha tenido cerca de una decena de abogados en este tiempo, por lo que «no descarto -insiste el letrado del fiscal- que sea una artimaña para ganar tiempo y no ser juzgado. Este señor tiene una estrategia: intentar liarla gorda por todos los medios para no ser juzgado y mantener viva la noticia».

 

El ex juez Fernando Presencia, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como imputado por sus presuntas injurias y calumnias contra magistrados del Tribunal Supremo, en la sede de la Audiencia Nacional, a 7 de julio de 2022, en Madrid (España). Antes de declarar, el ex juez ha sido examinado por el médico forense de la sede judicial para determinar si padece alguna patología que le haga inimputable. La investigación se empezó a llevar a cabo a raíz de una denuncia presentada por el fiscal jefe de la AN, contra Presencia por las afirmaciones realizadas respecto a magistrados del Tribunal Supremo, entre ellos su presidente.

 

«Nadie adoptó ninguna medida»

«Sigue habiendo miedo a Presencia porque te denuncia a la mínima», remacha De la Cruz. Su abogado verbaliza un motivo ya apuntado por el fiscal: «Nadie ha tomado cartas en este asunto hasta ahora; ni siquiera los magistrados de la Audiencia Provincial de Toledo. Este caso ha afectado muy gravemente al funcionamiento de la Administración de Justicia en Talavera, nadie se ha interesado».

González de Rivera da otra pincelada: «Más de veinte expedientes sancionadores abiertos [contra Presencia] en el Consejo General del Poder Judicial y todos han concluido por caducidad al no ser resueltos a tiempo». Y subraya con una voz pausada: «Yo, formando parte del colectivo de este país, me considero más alta instancia que los representantes del Poder Judicial».

El letrado enfatiza en otro momento: «Ángel [de la Cruz] ha sufrido mucho en estos siete años en una sociedad pequeña como es Talavera. Nadie adoptó ninguna medida y él fue vilipendiado profesional y familiarmente. En una ciudad con 85.000 habitantes, el que más o el que menos diría, sobre todo al principio, que 'cuando el río suena, agua lleva', y dudaban de él. Nadie se movió y nadie le echó una mano».

«He aguantado una mentira tras otra», añade el fiscal decano, a quien Presencia debe pagar 30.000 euros por daños morales. Una sentencia lo condena a 34 meses de privación de libertad por un delito continuado de acusación y denuncia falsa, y otro de calumnias contra la autoridad, explican De la Cruz y su abogado a la vez.

La batalla judicial continuará. Si no hay cambios, el 19 de septiembre será el siguiente asalto: González de Rivera contra Presencia, para quien el abogado y otro colega piden cuatro años de prisión. Acusan al exjuez de obstrucción a la justicia.

«Es un delincuente, tiene dos condenas firmes», afirman a la vez el fiscal y su abogado.

 

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LA FISCALÍA CONSIDERA QUE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO (CHT) PODRÍA SER CULPABLE DE «PREVARICACIÓN OMISIVA» POR NO DEMOLER EL CHALET DEL FISCAL DECANO DE TALAVERA

La magistrada Valcarce, por una parte, inadmitió la denuncia de ACODAP por «falta de requisitos para constituirse en acción popular» y, por otra porque no halló indicios que sustentaran la denuncia.

Para el fiscal del caso, el hecho de que la CHT no haya hecho nada –la «inactividad administrativa»– es «prevaricadora».

Por Carlos Berbel
Confilegal, 8 JULIO 2020
 
La Confederación Hidrográfica del Tajo, sobre cuyos terrenos fue construido en parte el chalet del fiscal decano de Talavera, no ejecutó la demolición lo que, según el Ministerio Fiscal, podría ser un delito de "prevaricación urbanística omisiva".
 
La Fiscalía de Madrid considera que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) podría haber cometido un delito de «prevaricación urbanística omisiva» por no haber cumplido la orden de demolición del chalet que el fiscal decano de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz Andradeconstruyó ilegalmente en la población de Pepino, localidad a 8 kilómetros al norte de esa ciudad.

Una orden que se dictó, en forma de resolución, el 6 de marzo de 2009, y que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) confirmó plenamente el 30 de abril de 2019, mediante sentencia.

El chalet fue construido en parte en zona de servidumbre del Arroyo Berrenchín –cinco metros por cada lado del cauce– donde esta terminantemente prohibido por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y en parte en la llamada zona de policía, que  son 100 metros, y que comprende también los cinco metros citados.

 

El chalet del fiscal decano fue construido en la zona de servidumbre -5 metros- y en la zona policía del cauce del Arroyo Berrenchín, dentro de la franja de 100 metros.

Cualquier construcción de ese tipo que se halle en la zona de servidumbre hay que demolerla, por ilegal. 

Sin embargo, la CHT, a pesar de su decisión, no hizo que se materializara, quizá por el cargo que ocupaba su dueño.

El 7 de octubre de 2015 la organización Ecologistas en Acción presentó un escrito ante la CHT para que se demoliera el edificio. Pero no sucedió porque la esposa del fiscal decano, María García García, presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJCLM.

Recurso que perdió. García García renunció a seguir peleándolo ante el Tribunal Supremo.

A cambió, el 10 de septiembre de 2019, presentó un escrito ante la CHT, 25 días después de que la sentencia del TSJCLM fuera firme, solicitando la legalización de la vivienda.

La CHT, «en consecuencia», paralizó cualquier acción de derribo del chalet.

Ahí es donde César Estirado, fiscal de la Fiscalía de Madrid, entiende que puede existir el delito de «prevaricación urbanística omisiva» por parte de la CHT. 

«Es patente una indebida inactividad de los responsables competentes de la CHT en cuanto al cumplimiento de la Orden de demolición de la construcción que afectaba las zonas de servidumbre y de policía (la primera no legalizable) del dominio público hidráulico que se mantiene desde la resolución de fecha 6 de marzo de 2009  hasta el requerimiento de ejecución de fecha 13 de octubre de 2017, más de ocho años».

Es lo que dice el fiscal en su recurso de apelación contra el archivo provisional de la causa decidido por la magistrada Carmen Valcarce Codes, titular del Juzgado de Instrucción 5 de Madrid.  

La denuncia había sido interpuesta por la Asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública” (ACODAP) y su presidente, Fernando Presencia –como acción popular– contra Javier Díaz Regañón Jiménez y José Antonio Díaz-Lázaro Carrascocomisarios de aguas de la CHT, por los supuestos delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa. 

La magistrada Valcarce, por una parte, inadmitió la denuncia de ACODAP por, según ellas, «falta de requisitos para constituirse en acción popular» y, por otra porque no halló indicios que sustentaran la denuncia.

La Confederación Hidrográfica del Tajo, sobre cuyos terrenos fue construido en parte el chalet del fiscal decano de Talavera, no ejecutó la demolición lo que, según el Ministerio Fiscal, podría ser un delito de «prevaricación urbanística omisiva».
 
 

Un punto de vista que no comparte la Fiscalía de Madrid, que entiende que la inactividad de la CHT, al no demoler el chalet ilegal, podría constituir un delito de «prevaricación urbanística omisiva», contemplada en los artículos 320 y 11 del Código Penal.

Para el fiscal del caso, el hecho de que la CHT no haya hecho nada –la «inactividad administrativa»– es «prevaricadora».

El resultado es «equiparable a dictar una resolución expresa». Por lo que existe «dolo» de los responsables, «dada la trascendencia urbanística que tiene la tolerancia pasiva de la Autoridad competente para demoler unas obras no autorizadas y sometidas a requisito de su autorización, máxime si son legalizables».

 

DESCARGAR: ECOLOGISTAS-EN-ACCIÓN-INFORME-SOBRE-SITUACIÓN-DE-LA-VIVIENDA-UNIFAMILIAR-Y-ESPACIO-FLUVIAL

 

Situación del chalet del fiscal decano de Talavera de la Reina en Pepino.

 

El fiscal Estirado refiere, en su recurso de apelación, la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

«Es pacífica la jurisprudencia sobre la prevaricación omisiva, consistente en la omisión del deber de actuar por la Autoridad o funcionario que está obligado a ello, de modo que con su pasividad o tolerancia dolosas permite la consolidación de una situación injusta o contraria a las normas, resultado equiparable a su producción mediante una resolución expresa», escribe el fiscal.

Y añade, en su recurso de apelación: «Es un caso habitual en materia urbanística en que los responsables de la Administración, teniendo conocimiento de una actuación ilegal, incumplen sus obligaciones en materia de Disciplina Urbanística (restablecimiento de la legalidad urbanística y sanción) consintiendo las obras ilegales, que se consolidan como si contaran con licencia, equivaliendo a su autorización expresa«.

El Ministerio Fiscal, además, recuerda a la magistrada que no existe ninguna discrecionalidad en materia de disciplina urbanística.

«Sus mecanismos son obligatorios (artículo 190 y siguientes de la Ley del Suelo 9/2001 de la CAM y similares en todas las leyes autonómicas urbanística). Los responsables no pueden decidir en cada caso perdonar o no dichas consecuencias imperativas«, subraya.

 

Planos del chalet del fiscal decano y de su esposa que la Confederación Hidrográfica del Tajo ordenó derruir en 2009, orden que no se cumplió.

 

Hay que ordenar la demolición

«La jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo es clara en este principio de sometimiento de la Administración a la legalidad ‘en los casos en que de actuaciones que contradicen el planeamiento urbanístico la Administración resulta obligada a restaurar la legalidad urbanística alterada'», afirma.

Traducido: Hay que ordenar la demolición. 

De acuerdo con el fiscal, se han se han presentado suficientes indicios de la comisión de un delito de prevaricación urbanística omisiva respecto de los responsables de la CHT (comisarios de Aguas al menos) durante el periodo de inactividad.

«Deberá investigarse las razones y las circunstancias de dicha inactividad intolerable y absolutamente ilegal. Y el trato de favor denunciado que implica esa pasividad y tolerancia«, destaca.

Por último, el fiscal Estirado considera de gran importancia acceder al Expediente Gubernativo de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de la FGE, cuyo máximo responsable es Antonio Vercher, en el que se investigó la inactividad urbanística tras una denuncia anónima.

«Se trata de una investigación previa cualificada y especializada, que tendrá sus conclusiones correspondientes. Por ello, procede como diligencia esencial e inicial oficiar a la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de la FGE para que remitan testimonio íntegro de su expediente Gubernativo nº 133/2017, relativo a ‘denuncia anónima de hechos Corporación Municipal de Pepino y Fiscalía de Área de Talavera de La Reina’, informando sobre el destino de dichas Diligencias Informativas, y si las mismas dieron lugar a algún procedimiento judicial, identificando en su caso el mismo, y si se está investigando en algún Juzgado un posible delito de prevaricación urbanística omisiva cometido por los responsables de la CHT, a raíz de ese Expediente. Sólo a la vista del resultado de esta diligencia procedería acordar el archivo de la causa, o la realización de nuevas diligencias», concluye el fiscal.

Ahora le corresponde a la Audiencia Provincial de Madrid, en funciones de apelación, contestar a los recursos del fiscal y de ACODAP y decidir si Valcarce debe seguir instruyendo la denuncia, llevando a cabo las diligencias que le pide el Ministerio Fiscal o, por el contrario, da el «nihil obstat» al archivo provisional de la causa.

 

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