«El silencio suicida de la izquierda ante la gestión de la pandemia COVID», por Ángeles Maestro.

El silencio suicida de la izquierda ante la gestión de la pandemia Covid

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Tabla de contenidos

"ESTADO PROFUNDO Y VIGILANCIA MASIVA"

Rambla Libre

Tylor Durden.

El silencio suicida de la izquierda ante la gestión de la pandemia Covid

 

Será mejor que tengas cuidado, será mejor que no hagas pucheros, será mejor que no llores, porque te digo por qué: esta Navidad, es el Estado de Vigilancia el que está haciendo una lista y revisándola dos veces , y saldrá bien. No importa si has sido malo o bueno.

La vigilancia masiva es la versión de Deep State de un “regalo” que sigue devolviendo… al Deep State.

Redes de geocercas. Centros de fusión. Dispositivos inteligentes. Evaluaciones de amenazas de comportamiento. Listas de vigilancia de terror. Reconocimiento facial. Líneas de punta de soplón. Escáneres biométricos. Pre-crimen. bases de datos de ADN. Procesamiento de datos. Tecnología precognitiva. Aplicaciones de rastreo de contactos.

Lo que esto se suma es un mundo en el que, en un día cualquiera, la persona promedio ahora es monitoreada, vigilada, espiada y rastreada en más de 20 formas diferentes por los ojos y oídos del gobierno y las empresas.

Big Tech casada con Big Government se ha convertido en Gran Hermano.

Cada segundo de cada día, el pueblo estadounidense está siendo espiado por una vasta red de fisgones digitales, espías electrónicos y fisgones robóticos.

Esta nueva era espeluznante de espionaje gubernamental/corporativo, en la que nos escuchan, observan, rastrean, siguen, mapean, compran, venden y apuntan, ha sido posible gracias a un ejército global de tecnotiranos, centros de fusión y Peeping Toms.

Considere solo una pequeña muestra de las herramientas que se utilizan para rastrear nuestros movimientos, monitorear nuestros gastos y detectar todas las formas en que nuestros pensamientos, acciones y círculos sociales podrían colocarnos en la lista traviesa del gobierno, ya sea que haya hecho o no nada malo.

Seguimiento basado en su teléfono y movimientos

Los teléfonos celulares se han convertido en soplones de facto, ofreciendo un flujo constante de datos de ubicación digital sobre los movimientos y viajes de los usuarios. Por ejemplo, el FBI pudo usar datos de geocercas para identificar más de 5000 dispositivos móviles (y sus propietarios) en un área de 4 acres alrededor del Capitolio el 6 de enero. Esta última táctica de vigilancia podría llevarlo a la cárcel por estar en el “lugar y tiempo equivocados.” La policía también está utilizando simuladores de sitios celulares para llevar a cabo una vigilancia masiva de las protestas sin necesidad de orden judicial. Además, los agentes federales ahora pueden emplear una serie de métodos de piratería para obtener acceso a las actividades de su computadora y “ver” lo que sea que esté viendo en su monitor. El software de piratería malicioso también se puede usar para activar cámaras y micrófonos de forma remota, lo que ofrece otro medio para vislumbrar los asuntos personales de un objetivo.

Seguimiento de usted basado en su ADN. 

La tecnología del ADN en manos de los funcionarios del gobierno completa nuestra transición a un Estado Vigilante . Si tiene la desgracia de dejar sus rastros de ADN en cualquier lugar donde se haya cometido un delito, ya tiene un archivo en alguna base de datos estatal o federal, aunque puede ser un archivo sin nombre. Al acceder a su ADN, el gobierno pronto sabrá todo lo demás sobre usted que aún no sabe: su gráfico familiar, su ascendencia, su apariencia, su historial de salud, su inclinación a seguir órdenes o trazar su propio curso, etc. Después de todo, una huella de ADN revela todo sobre “quiénes somos, de dónde venimos y quiénes seremos”. También se puede utilizar para predecir la apariencia física.de posibles sospechosos. Es solo cuestión de tiempo antes de que la persecución de los delincuentes por parte del estado policial se expanda hacia la elaboración de perfiles genéticos y una cacería preventiva de los delincuentes del futuro.

Seguimiento basado en su rostro

El software de reconocimiento facial tiene como objetivo crear una sociedad en la que cada individuo que sale al público sea rastreado y registrado mientras realiza sus actividades diarias. Junto con las cámaras de vigilancia que cubren el país, la tecnología de reconocimiento facial permite que el gobierno y sus socios corporativos identifiquen y rastreen los movimientos de alguien en tiempo real. La policía, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional han utilizado un programa de software particularmente controvertido creado por Clearview AI para recopilar fotos en sitios de redes sociales para incluirlas en una base de datos masiva de reconocimiento facial. De manera similar, el software biométrico, que se basa en los identificadores únicos (huellas dactilares, iris, huellas de voz), se está convirtiendo en el estándar para navegar por las filas de seguridad, así como para eludir los candados digitales y obtener acceso a teléfonos, computadoras, edificios de oficinas, etc. De hecho, un mayor número de viajeros optan por programas que se basan en sus datos biométricos para evitar largas esperas en el control de seguridad del aeropuerto. . Los científicos también están desarrollando láseres que pueden identificar y vigilar a las personas en función de los latidos del corazón, el olor y el microbioma.

Seguimiento basado en su comportamiento

Los rápidos avances en la vigilancia del comportamiento no solo están haciendo posible que las personas sean monitoreadas y rastreadas en función de sus patrones de movimiento o comportamiento, incluido el reconocimiento de la forma de caminar (la forma en que uno camina), sino que han dado lugar a toda industrias que giran en torno a la predicción del comportamiento de uno basado en datos y patrones de vigilancia y también están dando forma a los comportamientos de poblaciones enteras. Un sistema de vigilancia inteligente “antidisturbios” pretende predecir disturbios masivos y eventos públicos no autorizados mediante el uso de inteligencia artificial para analizar las redes sociales, fuentes de noticias, transmisiones de video de vigilancia y datos de transporte público.

Seguimiento basado en sus gastos y actividades de consumo

Con cada teléfono inteligente que compramos, cada dispositivo GPS que instalamos, cada cuenta de Twitter, Facebook y Google que abrimos, cada tarjeta de comprador frecuente que usamos para comprar, ya sea en la tienda de comestibles, en la tienda de yogur , las aerolíneas o los grandes almacenes, y cada tarjeta de crédito y débito que usamos para pagar nuestras transacciones, estamos ayudando a las corporaciones estadounidenses a crear un expediente para sus contrapartes gubernamentales sobre quiénes conocemos, qué pensamos, cómo gastamos nuestro dinero, y cómo gastamos nuestro tiempo. La vigilancia del consumidor, mediante la cual sus actividades y datos en el ámbito físico y en línea se rastrean y comparten con los anunciantes, se ha convertido en un gran negocio, una industria de $ 300 mil millones que recolecta sus datos de forma rutinaria para obtener ganancias.. Las corporaciones como Target no solo han estado rastreando y evaluando el comportamiento de sus clientes, particularmente sus patrones de compra, durante años, sino que el minorista también ha financiado una importante vigilancia en ciudades de todo el país y ha desarrollado algoritmos de vigilancia del comportamiento que pueden determinar si los gestos de alguien podrían encajar en el perfil de un ladrón.

Seguimiento basado en sus actividades públicas

Las corporaciones privadas junto con las agencias policiales de todo el país han creado una red de vigilancia que abarca todas las ciudades principales para monitorear grandes grupos de personas sin problemas, como en el caso de protestas y mítines. También están participando en una amplia vigilancia en línea, en busca de indicios de ”grandes eventos públicos, disturbios sociales, comunicaciones de pandillas e individuos con antecedentes penales“. Los contratistas de defensa han estado a la vanguardia de este lucrativo mercado. Centros de fusión, $330 millones al año, centros de intercambio de información para agencias federales, estatales y de aplicación de la ley,monitorear y reportar comportamientos “sospechosos” como personas que compran paletas de agua embotellada, fotografían edificios gubernamentales y solicitan una licencia de piloto como “actividad sospechosa”.

Seguimiento basado en sus actividades en las redes sociales

Cada movimiento que realiza, especialmente en las redes sociales, se monitorea, extrae datos, analiza y tabula para formar una imagen de quién es usted, qué lo motiva y cuál es la mejor manera de hacerlo. controlarlo cuando y si es necesario para ponerlo en línea. Como informó The Intercept, el FBI, la CIA, la NSA y otras agencias gubernamentales están invirtiendo y confiando cada vez más en tecnologías de vigilancia corporativa que pueden extraer discurso protegido constitucionalmente en plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram para identificar a posibles extremistas y predecir que puedan participar en futuros actos de comportamiento antigubernamental. Esta obsesión por las redes sociales como forma de vigilancia tendrá algunas terribles consecuencias en los próximos años. Como observó Helen AS Popkin, escribiendo para  NBC News : “Es muy posible que nos enfrentemos a un futuro en el que los algoritmos detengan a la gente en masa por hacer referencia a descargas ilegales de ‘Juego de Tronos’ … el nuevo software tiene el potencial de rodar, al estilo Terminator, apuntando cada usuario de las redes sociales con una confesión vergonzosa o un sentido del humor cuestionable”.

Seguimiento basado en su red social

No contentos con simplemente espiar a las personas a través de su actividad en línea, las agencias gubernamentales ahora están utilizando tecnología de vigilancia para rastrear la red social de uno, las personas con las que puede conectarse por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico o a través de mensajes sociales , con el fin de descubrir posibles delincuentes. Un documento del FBI obtenido por Rolling Stone habla de la facilidad con la que los agentes pueden acceder a los datos de la libreta de direcciones de los servicios de WhatsApp de Facebook e iMessage de Apple desde las cuentas de las personas seleccionadas e individuos que no están bajo investigación y que podrían tener un individuo objetivo dentro de su red. Lo que esto crea es una sociedad de “culpabilidad por asociación” en la que todos somos tan culpables como la persona más culpable de nuestra libreta de direcciones.

Seguimiento de usted basado en su coche

Los lectores de matrículas son herramientas de vigilancia masiva que pueden fotografiar más de 1800 números de placas de matrícula por minuto, tomar una foto de cada número de placa de matrícula que pasa y almacenar el número de placa y la fecha, hora y ubicación de la imagen en una base de datos de búsqueda, luego compartir los datos con las fuerzas del orden, los centros de fusión y las empresas privadas para rastrear los movimientos de las personas en sus automóviles. Con decenas de miles de estos lectores de matrículas ahora en funcionamiento en todo el país, colocados en pasos elevados, coches de policía y en sectores comerciales y barrios residenciales, permite a la policía rastrear vehículos y pasar las placas a través de bases de datos policiales para niños secuestrados, coches robados , personas desaparecidas y fugitivos buscados. Por supuesto, la tecnología no es infalible: ha habido numerosos incidentes en los quela policía se basó erróneamente en los datos de las matrículas para capturar a los sospechosos solo para terminar deteniendo a personas inocentes a punta de pistola.

Seguimiento basado en su correo 

Casi todas las ramas del gobierno, desde el Servicio Postal hasta el Departamento del Tesoro y todas las agencias intermedias, ahora tienen su propio sector de vigilancia, autorizado para espiar al pueblo estadounidense. Por ejemplo, el Servicio Postal de EE. UU., que ha estado fotografiando el exterior de cada pieza de correo de papel durante los últimos 20 años, también está espiando los mensajes de texto, correos electrónicos y publicaciones en las redes sociales de los estadounidenses. Dirigido por la división de aplicación de la ley del Servicio Postal, el Programa de Operaciones Encubiertas de Internet (iCOP) supuestamente utiliza tecnología de reconocimiento facial, combinada con identidades falsas en línea., para descubrir a los posibles alborotadores con publicaciones “incendiarias”. La agencia afirma que la vigilancia en línea, que queda fuera de su alcance laboral convencional de procesamiento y entrega de correo en papel, es necesaria para ayudar a los trabajadores postales a evitar ”situaciones potencialmente volátiles“.

Ahora el gobierno quiere que creamos que no tenemos nada que temer de estos programas de espionaje masivo mientras no hayamos hecho nada malo.

No lo creas.

La definición del gobierno de un tipo “malo” es extraordinariamente amplia y da como resultado la vigilancia sin orden judicial de estadounidenses inocentes y respetuosos de la ley en una escala asombrosa.

Como aclaro en mi libro Battlefield America: The War on the American People y en su contraparte ficticia The Erik Blair Diaries, la vigilancia, el acecho digital y la extracción de datos del pueblo estadounidense, armas de cumplimiento y control en manos del gobierno, son refugio No hizo a Estados Unidos más seguro. Y ciertamente no están ayudando a preservar nuestras libertades.

De hecho, Estados Unidos nunca estará a salvo mientras se permita al gobierno de los Estados Unidos destruir la Constitución.

 

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El silencio suicida de la izquierda ante la gestión de la pandemia Covid 

Reproducimos este interesante artículo publicado en Diario 16 por Ángeles Maestro, médico y ex diputada por Izquierda Unida.

Rambla Libre, 30 DIC 2022

Por Ángeles Maestro

 

«La condición esencial para pensar en términos políticos a escala global es ver la unidad del sufrimiento innecesario que existe hoy en el mundo. Este es el punto de partida». 

John Berger. 

 

La ausencia clamorosa de posiciones críticas por parte de la inmensa mayoría de las organizaciones de la izquierda, tanto institucional, como extraparlamentaria, ante las numerosas y graves irregularidades que caracterizan la gestión de la pandemia, no sólo ha dejado sin referencia alguna a los colectivos más conscientes de la clase obrera y del pueblo, sino que –de no reaccionar a tiempo– les inhabilita para representar eficazmente la resistencia de las clases populares ante las consecuencias de la gran reestructuración del capitalismo en curso.

Asombra que organizaciones que se supone que aplican la teoría marxista para analizar los procesos y los cambios en la realidad social no hayan sido capaces de someter a crítica y de desentrañar la base material de las medidas adoptadas. Es decir, que no hayan podido desvelar el vínculo entre las decisiones de los gobiernos, sin base científica solvente,  con la obtención de enormes beneficios del gran capital, mediante la imposición a la población de  medidas que atentan contra su salud y su vida y que, además, para ello están implantando  normas autoritarias, destinadas a asegurar el control social y a neutralizar la resistencia de las clases populares.

Transcurridos casi dos años de la declaración de la pandemia mundial por la OMS, en marzo de 2020, existen la perspectiva y la documentación acreditativa necesarias, tanto para realizar un análisis riguroso del contexto  social en el que aparece, como para valorar las medidas adoptadas por los gobiernos  y las grandes instituciones europeas y estadounidenses de control del medicamento y que conciernen directamente a la izquierda.

 

 

I. En 2019, inmediatamente antes de la aparición de la pandemia, una enorme crisis económica estaba a punto de estallar, con el riesgo de un gran estallido social.

Tras la efímera y limitada salida, para el gran capital, de la crisis iniciada en 2008 y que se situaba ya en los núcleos centrales del imperialismo (UE y EE.UU), un nuevo estallido de mayor envergadura se anunciaba como inminente en 2019.

A mediados de ese año el FMI rebajaba por tercera vez las previsiones de crecimiento de la economía mundial, situándola en los niveles más bajos desde la crisis de 2009.

De nuevo, como entonces, las desaceleraciones más importantes se producían en los países más industrializados y la rentabilidad del capital productivo se situaba muy por debajo de los niveles alcanzados en 1990m (https://elpais.com/economia/2019/08/29/actualidad/1567073322_375175.html ).

Mientras la economía estadounidense amenazaba con desplomarse por la caída de las ventas, a pesar de las sanciones impuestas a los países competidores, Alemania – hasta hacía poco «locomotora europea» – veía hundirse las exportaciones de acero y las ventas de automóviles, a su vez lastradas por el enlentecimiento del crecimiento de China, uno de sus principales clientes.

En el Estado español la industria entró oficialmente en recesión tras dos trimestres consecutivos de caídas. La profunda caída de las economías europeas explicaba gran parte de esta gran destrucción de tejido productivo industrial y de empleo en el Estado español, ya que las exportaciones habían sido en los últimos tiempos el mayor motor de la economía y el 67% de las mismas iba a parar a países en profunda recesión como Alemania, Francia e Italia (https://elpais.com/economia/2019/02/21/actualidad/1550773225_916701.htm ).

A principios de 2020, antes del estallido de la pandemia, la situación social en el Estado español era ya explosiva. El Informe del Relator de la ONU para la extrema pobreza decía: «he visitado barrios con condiciones de vida peores que un campamento de refugiados» y «muchas familias se encuentran ante el dilema de comprar comida o calentarse» [1].

El Informe de 2019 ‘El estado de la pobreza’, realizado por la Red Nacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) reflejaba que en España había más de 12 millones de personas pobres y 2,5 millones de personas no podían permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, ni mantener la vivienda con una temperatura adecuada, ni tenían capacidad para gastos imprevistos. Cuatro millones de personas vivían en hogares en condiciones de pobreza severa, es decir, dos personas adultas y dos menores, con ingresos inferiores a los 355 euros mensuales [2].

El Foro de Davos en su reunión de 2020 proclama la necesidad de «un gran Reseteo» del capitalismo a escala mundial, propuesta que reafirma en 2021. La necesidad de cambios en profundidad se justificaban con datos como los siguientes: la deuda pública mundial ha alcanzado su cota más alta en tiempos de paz, el desempleo se dispara y el FMI espera una caída del 3 % en la economía mundial este año, un recorte de 6,3 puntos porcentuales en tan solo cuatro meses ( https://es.weforum.org/agenda/2020/06/ahora-es-el-momento-de-un-gran-reinicio/ ).

 

 

II Aparece la pandemia Covid con dos imágenes destinadas a producir un shock masivo en la población.

Sin que se sepa exactamente su procedencia – aunque muchos datos datos apuntan a un más que probable origen artificial, es decir creado en un laboratorio ( https://es.theepochtimes.com/cientificos-clave-dijeron-a-fauci-en-privado-que-era-muy-improbable-que-origen-del-covid-fuera-natural_942838.html?utm_medium=mailtrain&utm_source=newsletter ) – lo que sí es evidente es a qué clase social pertenecen la inmensa mayoría de las personas muertas, y cómo y para qué intereses fue utilizada la pandemia.

La llegada de la pandemia produjo dos imágenes aterradoras, difundidas hasta la saciedad por los medios de comunicación: la de miles de personas ancianas muertas en soledad en las residencias de ancianos y la del personal sanitario trabajando sin protección alguna, literalmente con bolsas de basura y gafas de bucear, con abundantes contagios y un número significativo de muertes.

Las muertes en residencias de mayores, oficialmente atribuidas a la Covid, superaron las 30.000 personas. Las imágenes reiteradas en todos los grandes medios de comunicación de cadáveres acumulados, a quienes se les negó todo tipo de asistencia sanitaria y mucho menos el ingreso en hospitales, fallecidos en soledad, con prohibición absoluta de visitas de las familias, produjeron un efecto de pánico general. Así mismo, los medios mostraban los hospitales públicos abarrotados, con personas enfermas por los pasillos y el personal sanitario exhausto. No se informó de que, con anterioridad a la pandemia, la sanidad pública estaba ya colapsada –como se podía ver en cada episodio de gripe estacional– como resultado de los enormes recortes de instalaciones y de personal, que desde hacía décadas se venían produciendo ( Un análisis reciente acerca de cómo el desmantelamiento de la sanidad pública, planificado y ejecutado por las diferentes Consejerías de Sanidad, responde a los intereses de la sanidad privada puede consultarse aquí: https://blogs.publico.es/dominiopublico/32644/parasitos-la-contradiccion-entre-lo-publico-y-lo-privado-en-la-sanidad/ ).

Además, se cerraron –en contra de cualquier justificación médica o experiencia histórica previa– los centros de Atención Primaria. Estos Centros, como aconsejan los criterios epidemiológicos más elementales –y como sucedió, por ejemplo en Cuba– debieron ser los responsables de la detección precoz de casos y de posibles contagios y de organizar el aislamiento de las personas enfermas. Se hizo todo lo contrario.

Por primera vez en la historia, contradiciendo incomprensiblemente, en pleno siglo XXI, todo el conocimiento científico acumulado sobre la gestión de las epidemias en la historia de la Salud Pública, se confinó a la población sana. Se encerró juntas a personas sanas y enfermas favoreciendo que en  las  casas de familias obreras, pequeñas y con menos ventilación, acabaran contagiados todos los convivientes. Contra toda lógica, se cerraron los parques, mientras la clase obrera «esencial» viajaba en transportes abarrotados. A las personas con síntomas de Covid no graves se les dejaba en casa, con toda la familia (mientras los hoteles permanecían vacíos) y sin tratamiento, hasta que tuvieran dificultades respiratorias graves. Nadie ha respondido por esta sarta de incongruencias que ha sufrido sobre todo la población más pobre, ni se adoptó medida social alguna para mejorar la calidad de las viviendas más precarias o el transporte público, que por el contrario, se redujo.

Un reciente estudio publicado por el British Medical Journal sobre las muertes en residencias de mayores arroja datos demoledores. La negligencia, el abandono, el hambre y la sed fueron las principales causas de las muertes, que, a su vez, se produjeron sobre todo en las residencias con mayor número de camas (a las que van  las personas pobres) y en situación de hacinamiento, en comparación con las instalaciones más reducidas (de lujo) y que contaban con más horas de atención sanitaria ( https://www.bmj.com/content/375/bmj.n3132 ).

La mayor parte de los fallecimientos se produjeron durante la vigencia del Real Decreto de Estado de Alarma, declarado posteriormente inconstitucional, en condiciones de confinamiento absoluto, excepto para quienes trabajaban en los servicios esenciales.

Buena parte de las Consejerías de Sanidad establecieron protocolos con instrucciones para no derivar, es decir para denegar asistencia sanitaria, a las personas mayores en los hospitales públicos. Sólo se derivó a quienes contaban con seguros privados (https://www.elplural.com/sociedad/marea-residencias-llevara-muertes-ancianos-en-madrid-constitucional_280960102 ). Todo ello a pesar de que el R.D. de Estado de Alarma  ( Ver el artículo 13 del Real Decreto, que establecía las medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692.) facultaba a los gobiernos a intervenir instalaciones sanitarias y empresas privadas para ponerlas a disposición de las necesidades de asistencia. Ni un sólo hospital privado fue intervenido pese a que, en un ejercicio premeditado de marketing, exhibían sus instalaciones medio vacías (En 2020 las aseguradoras privadas ganaron más dinero que nunca: 9.000 millones de facturación y 11 millones de clientes.  https://www.casestatal.org/es/2021/05/que-esta-pasando-con-la-sanidad-publica-quienes-son-los-responsables/ ).

Este evidente sesgo de clase en la mortalidad en las residencias de mayores y de quienes morían en sus casas después de la denegación de cualquier tipo de asistencia, fue sufrido con desesperación por las familias, en su inmensa mayoría de las clase trabajadora. El terror, el obligado confinamiento y el discurso encubridor propagado por los medios de comunicación que justificaba totalmente las acciones o inacciones de los gobiernos, impidieron que hubiera reacción popular alguna en ese momento contra los responsables del desastre. Las movilizaciones espontáneas, en su mayoría protagonizadas por la juventud de barrios obreros, fue reprimida salvajemente por el Gobierno «progresista» ( https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/cargas-policiales-vallecas-confinamientos-madrid-dimision-diaz-ayuso_18_3016395373.html ).

La segunda imagen que condujo a potenciar el terror, sobre todo entre el personal sanitario, fue la de sus condiciones de trabajo. Las enormes carencias de recursos humanos en la sanidad pública, mucho antes de la pandemia, junto a las bajas producidas por los numerosos contagios llevaron al personal de los hospitales a trabajar en condiciones de agotamiento y extenuación, sin equipos de protección individual y con carencias graves de algunos medicamentos imprescindibles en cuidados intensivos. Las administraciones sanitarias no tomaron medida alguna, a pesar de que el citado R.D. de Estado de Alarma les facultaba para ello,  para contratar personal, para intervenir hospitales privados o a poner su personal a trabajar en hospitales públicos, ni para hacer otro tanto con las industrias fabricantes de equipos de protección o con la industria farmacéutica. La propiedad privada, aún en condiciones de necesidad extrema y con cobertura legal extraordinaria, continuó siguiendo sagrada.

Frente a ello, ningún colectivo profesional ni sindical denunció o se enfrentó a las autoridades sanitarias por negligencia criminal contra el personal sanitario o sus pacientes. La impotencia y las depresiones se extendieron, apenas consoladas por los aplausos de la población confinada desde sus balcones.

 

 

III. La marca de clase en la pandemia Covid.

Como todas las epidemias ocurridas en la historia, la de la Covid tiene una indeleble marca de clase. La caída de la Esperanza de Vida al Nacimiento (EVN) en España fue la mayor de la UE: 1,6 años menos en promedio. En la Comunidad de Madrid la caída fue de 2,67 años, la más alta del Estado y, mucho mayor en la ciudad de Madrid: 3,67 años. En los distritos de esta ciudad con mayor presencia de clase obrera, sobre todo inmigrante, la pérdida de EVN se sitúa por encima de cuatros años: ( https://www.gacetasanitaria.org/es-caida-esperanza-vida-distritos-madrid-avance-S0213911121001424 ). Otro estudio realizado en Barcelona refleja lo mismo, en este caso valorando la incidencia de la Covid. En el distrito obrero de Nou Barris, la incidencia fue 2,5 veces mayor que en el de Sarriá-Sant Gervasi, el más rico de la ciudad ( https://www.jano.es/noticia-la-covid-19-afecta-mas-zonas-30612 ).

Las enormes desigualdades sociales que se reflejan en todas las caras de la pobreza (hacinamiento en viviendas, mala ventilación, dificultades de acceso a la electricidad y al agua, aglomeraciones en los transportes públicos, mala alimentación, largas jornadas de trabajo, etc.) que se concentran en la clase trabajadora, se muestran con más dureza aún en situaciones de epidemia y de crisis económica general.

Ante todo este desastre, sanitario y económico, sufrido sobre todo por la clase trabajadora, la izquierda, no sólo no denunció la ausencia de medidas sociales elementales, sino que, en una mezcla de estupidez e ignorancia, defendió los confinamientos de personas sanas, aceptando el argumento, masiva e interesadamente difundido por los medios «progres», de que la crítica era «insolidaria» y «de derechas».

Todo ello a pesar de que el Gobierno se dirgió al equipo de epidemiólogos de Fernando Simón, como se ha publicado recientemente, para decir que: «Desde mayo de 2020, esta pandemia se ha dejado de gestionar con criterios técnicos epidemiológicos y se gestiona con criterios políticos» ( https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2021/12/28/punto-vista-epidemiologico-sentido-vacunar-ninos/00031640689816660666155.htm ). Y ello se refiere no sólo a los confinamientos y a otras medidas, sino a las decisiones en torno a la aplicación masiva de las inoculaciones con vacunas experimentales, incluyendo a los grupos de edad más jóvenes y a la infancia.

La pregunta decisiva sobre quién establece los criterios políticos, a qué objetivos responden – si no son sanitarios – y quién da las ordenes, está todavía sin responder.

 

 

IV. El control de los medios de comunicación.

La población confinada y en estado de shock pasaba horas y horas delante del televisor intentando obtener información de lo que estaba sucediendo. Aunque la relación de los grandes medios de comunicación con el gran capital era bien conocida desde hace tiempo, nunca como ahora la gran oligarquía ha demostrado su capacidad para controlarlos todos de forma absoluta. Como si hubieran sabido lo que iba a suceder, en junio de 2019 la BBC puso en marcha la Trusted News Summit, que reunió a las plataformas tecnológicas y a los principales editores del mundo  con el objetivo de construir una Iniciativa de Noticias de Confianza (TNI) para bloquear o eliminar informaciones «nocivas». Dos semanas después de que la OMS declarase iniciada la pandemia, la TNI asume el objetivo de «combatir la desinformación nociva sobre vacunas» ( https://www.bbc.com/mediacentre/2020/trusted-news-initiative-vaccine-disinformation ). Los grandes centros de emisión y propagación de noticias se alinearon.

Sus integrantes se alertan inmediatamente de la presencia de contenido inadecuado, el cual «se revisará con prontitud para garantizar que no se vuelva a publicar la desinformación» ( https://cbc.radio-canada.ca/en/media-centre/trusted-news-initiative-plan-disinformation-coronavirus ). Es decir, se elimina.

Estas empresas buscaron en cada país los socios más adecuados. En el Estado español, la Agencia EFE, Newtral y Maldita forman parte de la International Fact-Checking Network (IFCN), asociación que constituye el núcleo principal del equipo encargado de detectar noticias «perniciosas» en estrecha colaboración con Facebook/Whatsapp y Google/Youtube ( https://www.lavanguardia.com/television/20190312/461005086300/facebook-ana-pastor-newtral-fake-news-noticias-falsas.html ). Efe, Newtral y Maldita califican como falsa, fake, toda información emitida por científicos de cualquier parte del  mundo que cuestione la versión imperante. El ascenso espectacular de sus ingresos puede consultarse aquí ( https://www.expansion.com/directorio-empresas/newtral-media-audiovisual-sl_9392972_J48_28.html?fbclid=IwAR3I69jFn9VqQQ-RanVrx63JhNEX7gvG6jmUvkJNXKv–WL0Qj6jbFFTs8U ).

Precisamente en el Estado español, la financiación por parte de las grandes empresas de los medios de comunicación se mantiene oculta con la connivencia del poder político, en este caso, con la complicidad del Gobierno progresista:el único punto en el que no hubo consenso para firmar el código ético de las empresas del Ibex-35 fue el de hacer pública su inversión en los medios de comunicación” ( Recomendamos la lectura de este importante trabajo titulado: «Comunicación y estructura invisible de poder: fondos de inversión en el accionariado de las empresas mediáticas» (2019) http://profesionaldelainformacion.com/contenidos/2019/nov/mancinas-ruiz-martin.pdf ).

En este momento, las empresas más cotizadas en bolsa en el mundo son las cinco tecnológicas Alphabet (Google), Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, conjunto conocido como GAFAM. No es necesario insistir en el enorme poder que concentran, pero, por dar un dato, Facebook declaraba tener en 2019 más de mil quinientos millones de usuarios diarios.

Es importante destacar que los mayores Fondos de Inversión del mundo – Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation, Fidelity Management and Research (FMR), Geode Capital Management, y Northern Trust Corporation – a su vez interpenetrados, controlan gran parte del accionariado de las GAFAM, es decir, de Alphabet (Google), Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Además, Blackrock, Vanguard y State Street coinciden tanto en el accionariado de las nuevas empresas con mayor valor en bolsa como en los tradicionales conglomerados mediáticos: Time Warnar, Comcast, Disney y News Corporation.

En el Estado español, estos fondos de inversión no sólo controlan la producción de información y la creación de opinión a través de estos gigantes de la comunicación, sino que, desde noviembre de 2020, Blackrock y otro gran fondo de inversión, CVC, se convirtieron en los  mayores propietarios del Grupo Prisa, incluido El País y la Cadena SER, al comprar su deuda por un valor de más de 1.000 millones de euros. Además, Blakrock es propietaria de parte importante del accionariado de los principales conglomerados mediáticos del Estado español. Controla directamente parte del accionariado del grupo Atresmedia, propietario de Antena 3 y la Sexta, y del grupo Mediaset, propietario de Cuatro y Telecinco ( https://www.alertadigital.com/2021/07/18/la-multinacional-farmaceutica-pfizer-y-los-grandes-medios-de-comunicacion-de-espana-comparten-accionariado/ )  .

Los gobiernos autonómicos, como el vasco, se encargan a su vez de financiar el discurso único en relación con la pandemia de todos los medios sin excepción, incluidos los de la izquierda abertzale, como puede verse aquí:

 

Fuente: https://www.euskadi.eus/gobiernovasco/-/eli/espv/res/2021/11/23/65/dof/spa/html/

 

EL círculo se cierra con el control por parte de los grandes Fondos de Inversión de las multinacionales farmacéuticas involucradas en el negocio de las vacunas Covid. La estadounidense Pfizer, clara ganadora de la carrera de las vacunas, es propiedad de los mismos grandes Fondos de Inversión ( https://childrenshealthdefense.org/defender/blackrock-vanguard-own-big-pharma-media/ ). Vanguard es el principal accionista de Pfizer y el segundo es Blackrock ( https://invertiryespecular.com/2021/05/28/que-estan-viendo-blackrock-y-vanguard-en-pfizer-y-moderna-respectivamente/ ). Vanguard, Blackrock y State Street están entre los principales accionistas de Moderna.

 

Sólo Blackrock y Vanguard administran 16 billones de dólares. Si fueran un Estado serían la tercera potencia mundial por detrás de EE.UU y China. Sus ganancias con las vacunas son gigantescas

 

Sólo Blackrock y Vanguard administran 16 billones de dólares ( https://expansion.mx/mercados/2021/03/08/blackrock-y-vanguard-16-billones-de-dolares-detras-de-las-vacunas ). Si fueran un Estado serían la tercera potencia mundial por detrás de EE.UU y China. Sus ganancias con las vacunas son gigantescas. Por ejemplo, la aparición de la variante Omicron y la extensión infundada acerca de la gravedad de la misma hizo que, en una semana, los directores generales y principales accionistas de Pfizer y Moderna ganarán más de 10.000 millones de dólares ( https://childrenshealthdefense.org/defender/8-accionistas-de-pfizer-y-moderna-se-enriquecen-con-10-000-millones-de-dolares-despues-de-que-los-medios-de-comunicacion-exageren-los-temores-ante-omicron/?lang=es ).

Como si no fuera suficiente que la oligarquía controle todos los grandes medios de comunicación, con los mecanismos censores anteriormente descritos, el Gobierno se constituye en el Gran Censor de todo aquello que él mismo considere, en el ámbito de la información, atentatorio contra la Seguridad Nacional. No bastan la Ley Mordaza, ni la legislación antiterrorista, ni las múltiples leyes represivas vigentes. El Gobierno ha dado un paso decisivo contra la libertad de expresión, extendiendo, al más puro estilo del imperialismo estadounidense, el concepto de Seguridad Nacional al ámbito de la libertad de información, una de las principales libertades democráticas burguesas. Libertades y derechos que, como bien sabemos, se volatilizan en todas las grandes crisis.

El 28 de diciembre de 2021, el gobierno PSOE-UP aprobó el Real Decreto 1150/202126 por el que modifica, antes de lo previsto, la Estrategia de Seguridad Nacional. El motivo, poner coto a la «desinformación» y a la «manipulación» en relación con la pandemia Covid y, en general a todo lo que considere «campañas de desinformación», que, «no contienen necesariamente noticias falsas, sino que pretenden distorsionar la realidad mediante contenido manipulado». Además, en la Disposición adicional segunda el Gobierno se autoatribuye la capacidad de «dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este Real Decreto».

 

 

VLa represión, la censura y el soborno prepararon el escenario para la solución final: las vacunas.

Desde muy pronto, no se escatimaron medios a la hora de extender el terror, con ruedas de prensa del Gobierno con los jefes de la policía, la guardia civil y el ejército. Se creó una sensación de catástrofe y de riesgo de muerte general para una enfermedad con una tasa media de letalidad, del 0,8% («El riesgo general de muerte por infección fue del 0,8% (19 228 de 2,3 millones de personas infectadas, intervalo de confianza del 95%: 0,8% a 0,9%) para las muertes confirmadas por covid-19 y 1,1% (24 778 de 2,3 millones de personas infectadas, 1,0% a 1,2 %) por exceso de muertes». Aunque dicha tasa, como suele ocurrir en las enfermedades respiratorias, aumentaba sensiblemente a partir de los 50 años (11,6%) y sobre todo, a partir de los 80 años: (11,4% al 23,2%) en hombres y del 4, 6 al 6,5% en mujeres». Estudio sero-epidemiológico realizado por investigadores del Instituto de Salud Carlos III y publicado en el British Medical Journal. https://www.bmj.com/content/bmj/371/bmj.m4509.full.pdf )  en España y en los meses más álgidos de la pandemia y que afectaba preferentemente a las personas mayores de 80 años. Exactamente la mitad que en una epidemia de gripe estacional ( https://saludineroap.blogspot.com/2021/12/hay-que-parar-esto-dejar-de-hacer-para.html?m=1&s=08 ).

En el escenario apocalíptico que se dibujó se excluyó de los grandes medios de comunicación a quienes cuestionaron el confinamiento de toda la población. La más férrea censura y persecución laboral se instauró contra personal científico e investigador – incluidos el virólogo premio Nóbel de Medicina o, entre otros muchos, a científicos de reconocido prestigio como John Ionannidis o Robert Malone-, y en especial contra quienes informaban sobre la eficacia de tratamientos precoces, ambulatorios, con medicamentos bien conocidos, considerados esenciales por la OMS ( Un listado de los más prestigiosos científicos censurados puede consultarse aquí: https://insurgente.org/angeles-maestro-politicas-de-exacerbacion-del-miedo-y-censura-en-la-gestion-del-covid/ ). Se trataba de preparar el terreno para la aprobación de emergencia y condicional de las vacunas como única solución para luchar contra la pandemia Covid. Dado que una  de las cuatro condiciones establecidas por la Food and Drug Administration (FDA) para autorizar el uso de emergencia de un medicamento es la «inexistencia de alternativa adecuada, aprobada, disponible» ( https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization ), era preciso barrer cualquier información que la obstaculizara. Para ello, además de la censura, se publicaron falsos ensayos clínicos, de los cuales tuvieron que retractarse publicaciones tan prestigiosas como The Lancet y New England Journal of Medicine ( https://www.emergency-live.com/es/noticias/hidroxicloroquina-o-no-hidroxicloroquina%2C-esa-es-la-pregunta-que-la-lanceta-retir%C3%B3-su-estudio/ ).

Desde la caída de la URSS, la OMS ha dejado progresivamente de ser financiada por los Estados miembros para recibir en la actualidad el 90% de sus ingresos de multinacionales farmacéuticas y de magnates como Bill GatesLa máxima «quien paga manda» se reveló crudamente con ocasión de la pandemia por Gripe A. La OMS, tras recomendar a los gobiernos la compra masiva de vacunas y medicamentos inseguros e ineficaces como el Tamiflú o la Relenza, se vio obligada a declarar que su Comité de Expertos para el tema había sido sobornado por las multinacionales farmacéuticas ( https://elpais.com/diario/2010/06/05/sociedad/1275688803_850215.html ). En todo este proceso, la OMS no se ha separado un ápice del discurso que respalda los intereses que la financian.

En el caso de Pfizer, dichos ensayos se hicieron sin respetar los procedimientos científicos establecidos, y que se ocultó la existencia de efectos adversos graves (Editores del British Medical Journal se dirigen a Facebook alertando sobre las graves consecuencias de su política de censura ante el cuestionamiento de la integridad de los datos de los ensayos de Pfizer. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635/rr-80 . Ninguno de los ensayos de las vacunas Covid está diseñado para valorar una reducción en cualquier resultado grave, como hospitalizaciones, necesidad de cuidados intensivos o muertes. https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037 ). Además la FDA había autorizado a que sus resultados permanecieran secretos hasta dentro de 75 años. Afortunadamente una sentencia judicial reciente, revoca esa autorización y obligará a la Pfizer a hacerlos públicos en ocho meses ( https://www.zerohedge.com/covid-19/judge-rejects-fdas-75-year-delay-vax-data-cuts-8-months ).

Destaco que las múltiples vacunas anteriores y que han contribuido a disminuir la mortalidad infantil, sólo recibieron aprobación para ser utilizadas tras varios años de ensayos clínicos. Ese es el caso, por ejemplo, de la vacuna contra la difteria, enfermedad con una letalidad del 20% y que requirió cuatro años de ensayos clínicos previos. Este aspecto es clave teniendo en cuenta que las vacunas se inoculan a población sana. Mucho mayor exigencia se hubiera tenido que requerir en el caso de las vacunas Covid, que utilizan la técnica del ARNm, nunca usada con anterioridad, y que se aplica contra una enfermedad con letalidad mucho más baja. En el ilustrativo video que se puede ver en este enlace ( https://cienciaysaludnatural.com/fauci-reconoce-que-una-inyeccion-de-arnm-necesita-un-decada-de-estudios-para-ser-segura/ ) Anthony Fauci reconoció, en octubre de 2019, que harían falta 10 años de ensayos clínicos para que las vacuna ARNm fueran seguras, salvo que hubiera un acontecimiento a nivel mundial que justificara la intervención «a nuestra manera», «sin trabas burocráticas», es decir, saltandose todos los plazos.

 

El Dr. Anthony Fauci, principal asesor médico de la Casa Blanca en materia de COVID-19, en los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en Bethesda, Maryland, el 11 de febrero de 2021. (Saul Loeb/AFP vía Getty Images)

 

VI. Los efectos adversos.

En las condiciones descritas, es fácil comprender – aunque imposible de justificar – las razones de la ocultación de efectos adversos por los organismos responsables de recabarlos, tanto en EEUU (VAERS), como en la UE (EUDRA). Recuerdo que todas las vacunas contra el Covid, con las que se ha inoculado a muchos centenares de millones de personas, han recibido sólo autorización condicional o de emergencia. Los grandes medios de comunicación reproducen hasta la saciedad datos sobre el Covid pero no hablan de los efectos adversos de las vacunas. No obstante, la información existe. Los últimos datos publicados a los que hemos accedido, publicado el 1 de enero de 2022, y que se pueden observan en el cuadro, dan las dimensiones de los efectos adversos producidos tras las vacunaciones, muchos de ellos en personas previamente sanas: 36. 257 muertes y 1.540. 852 lesiones graves. Todo ello cuando se calcula que, en el mejor de los casos, menos del 10% de reacciones adversas son notificadas como tales, es decir, relacionadas con las vacunas ( https://theexpose.uk/2021/09/15/30k-people-died-within-21-days-of-having-a-covid-19-vaccine-in-england/ ).

 

Fuente: https://prevencia.net/reportes-de-muertes-y-lesiones-tras-vacunas-covid-en-la-ue-hasta-el-1-de-enero.

 

Aún así, la cifra de muertes notificadas en la UE es significativamente baja si se compara con el Reino Unido, país con la octava parte de habitantes de la UE, que registró 30.305 personas fallecidas en los 21 días posteriores a haber recibido la vacuna, en los seis primeros meses de 2021 ( https://theexpose.uk/2021/09/15/30k-people-died-within-21-days-of-having-a-covid-19-vaccine-in-england/ ).

Otros datos avalan la valoración de que las vacunas Covid no son como las otras vacunas utilizadas anteriormente. En el Reino Unido, el número de muertes debidas a la vacuna Covid en los primeros seis meses de vacunación ha sido más de cuatro veces superior a las muertes totales por todas las demás vacunas en los últimos 11 años ( https://theexpose.uk/2021/07/11/fact-deaths-due-to-the-covid-vaccines-in-the-uk-after-6-months-are-407-higher-than-deaths-due-to-all-other-vaccines-combined-in-the-past-11-years/ ). Como puede verse en el gráfico, en EE.UU., las vacunas contra el Covid han producido en 2021 el 51%  de las muertes producidas por todas las vacunas existentes a lo largo de 31 años.

 

Fuente: https://americasbestpics.com/picture/vaers-reported-deaths-by-vaccine-type-1988-2021-590-671-QHNEmnY79

 

En estas condiciones, la decisión adoptada por el Gobierno de vacunar a los niños y adolescentes es injustificable; es decir, obedece a «criterios políticos». Tras ensayos clínicos en los que se ignora el número de participantes y son secretos, también, los efectos adversos observados en estos grupos de edad, desde el mes de octubre se está procediendo a vacunar a la población infantil.

Los datos disponibles en todos los países indican que el riesgo de padecer Covid en la población más joven, y sobre todo la gravedad de la enfermedad, es muy inferior, casi despreciable, si no existen otras enfermedades concomitantes [1]. La mortalidad por Covid en la infancia y la adolescencia, cuando no existen otras patologías, es prácticamente inexistente. Es decir, la población más joven adquiere inmunidad natural con un riesgo mínimo de complicaciones.

Así mismo, en contra de lo que se ha transmitido para justificar la vacunación, en estos grupos de edad la capacidad de propagar el virus también es mucho menor que en adultos [2]. Por otra parte, como se ha demostrado, las personas vacunadas pueden contagiar el virus por lo que esperar que se produzca la «inmunidad de rebaño» es una ilusión [3].

El riesgo de efectos adversos graves producidos por las vacunas con ARN-m es mayor en la población más joven. Varios estudios realizados en EE.UU. a partir de datos oficiales de notificación (VAERS), indican que el riesgo de hospitalización por miocarditis, provocada por las vacunas Covid, en varones entre 12 y 17 años, sin enfermedades concomitantes, es entre 3,7 y 6,1 veces mayor tras la segunda dosis de vacuna que el riesgo de hospitalización por Covid en este grupo de edad [4]. Estos hechos, comprobados en diferentes países, han llevado al Reino Unido a limitar la vacunación en la infancia y adolescencia a aquellas personas que pertenezcan a grupos de riesgo [5].

En España, sin que se proporcione a la población información alguna sobre esos efectos adversos, las autoridades sanitarias, los medios de comunicación y las autoridades educativas han promovido la vacunación masiva a partir de los 5 años, llegándose incluso a situaciones violentas en los centros educativos y a amenazas de discriminación a alumnos y alumnas no vacunadas.

La noticia más inquietante conocida recientemente es la aparición continuada y sistemática de un exceso de mortalidad observado desde el 8 de noviembre hasta la fecha de la información, el16 de diciembre, y reportado por el MoMo (Observatorio de la Mortalidad). En ese periodo, el exceso de muertes por encima de las esperadas asciende a 4.471 personas. Son fallecimientos no atribuibles a la covid, ni a la gripe, ni a accidentes. Este dato cuadruplica la cifra de muertes por Covid en ese mismo periodo. Tampoco son muertes producidas en los hospitales, de forma que presumiblemente se trata de muertes repentinas. La Ministra de Sanidad ha dicho que no puede explicar la causa [6].

No se han publicado, ni en EUDRA (UE), ni en VAERS (EE.UU), datos acerca de la edad de las personas fallecidas o con efectos adversos graves relaconados co las vacunas Covid, pero, presumiblemente, una gran parte de esas lesiones graves afecten a la población más joven, dado que las referencias citadas anteriormente indican que el riesgo es mayor en esos grupos de edad, al tiempo que para ellos el riesgo de padecer Covid grave es muy pequeño y la mortalidad por Covid, casi inexistente.

 

VII.  Vacunación masiva sin prescripción médica y sin consentimiento informado.

El silencio de la izquierda es también inaceptable acerca de la forma en la que los gobiernos autonómicos de todos los colores políticos están procediendo a vacunar masivamente. Las autoridades sanitarias, estatal y autonómicas, están vulnerando flagrantemente las leyes vigentes, de carácter básico y por lo tanto de aplicación en todo el Estado, que obligan tanto a que la aplicación de la vacuna, al igual que cualquier tratamiento, se haga mediante prescripción médica, y con consentimiento informado, es decir previa explicación detallada de los posibles efectos adversos y valoración de la historia clínica en cada caso.

La Ley de Autonomía del Paciente y la Ley General de Sanidad establecen explícitamente la responsabilidad, tanto del personal médico, como del personal sanitario que aplica la vacuna, como de las autoridades sanitarias obligadas, con carácter general, a informar a la población  y a asegurar que las condiciones del consentimiento informado se cumplen. Nada de eso está sucediendo. Ni siquiera se informa después de la vacunación de los posibles síntomas de efectos adversos, para advertir de ellos a la población inoculada, de forma que se pueda requerir asistencia médica en caso de observarlos.

 

 

VIII. Pase Covid y vulneración de Derechos Fundamentales

Al tiempo que se hace evidente la precaria eficacia de las vacunas, ante la que se ofrece como única solución – sin base científica alguna – aplicar nuevas dosis, se intensifican el miedo y la represión. La nueva variante Omicron, que ocasiona mayoritariamente síntomas leves [7], está siendo mediáticamente utilizada para aumentar el pánico y para justificar medidas represivas que vulneran Derechos Fundamentales. Mediante Decretos de Gobiernos Autonómicos se están vulnerando Derechos Fundamentales amparados por la Constitución y, éstos, a diferencia de los derecho sociales, son de aplicación directa. Así se ha implantado el toque de queda, vulnerando el derecho a libre circulación, o el pase Covid, que vulnera el derecho a la no discriminación. Esta vez, además, se pisotean derechos sin estar vigente un Estado de Alarma.

La enorme precariedad de las condiciones laborales, caldo de cultivo para la más férrea dictadura del patrón, se ha utilizado con carácter general para imponer, de facto, la vacunación obligatoria: o te vacunas, o a la calle. Muy pocos sindicatos han amparado a la clase obrera frente a la vulneración flagrante de las leyes vigentes por parte de la patronal o de las administraciones públicas, como la Ley de Protección de Datos, la Ley de Autonomía del Paciente o la propia Ley General de Sanidad.

Por otra parte, las trabajadoras y trabajadores que han sufrido efectos adversos, o las familias de las personas fallecidas, se encuentran totalmente desprotegidas frente a un sistema sanitario renuente a la notificación de los casos como resultado de la vacuna y a administraciones que se niegan a reconocerlos, argumentando que la vacunación «es voluntaria».

La presión y la represión se intensifican a medida que la información sobre efectos secundarios trasciende y más sectores de la población se interrogan acerca de la eficacia y seguridad de las vacunas y de los intereses que están detrás.  Más de 350 deportistas han muerto repentinamente por ataques cardíacos, y todos ellos habían recibido la vacuna [8].

Declaraciones, como la reciente del Ministro de Sanidad de Francia, hablan con toda claridad del objetivo del Pase Covid: «el pase Covid es una forma disfrazada de obligación vacunal, pero es más eficaz que la obligación vacunal; impedir a la gente ir a bares, a restaurantes o  espacios públicos, es más eficaz y menos complicada que la vacunación obligatoria» [9].

Estas medidas perversas, instaladas sobre el miedo y la precariedad laboral y, sobre todo mediante  la presión mediática, a las que se suma ahora la censura informativa ejecutada directamente por el Gobierno – de carácter claramente dictatorial –  tienen el objetivo, como ocurre también en las dictaduras, de convertir a la población en policías, en delatores y en instrumentos de presión sobre sus familiares, amistades o compañeros de trabajo.

 

La ciudad china de Wuhan es considerada el primer epicentro de la pandemia.

 

IX.  El terreno abonado para la gran reconfiguración del capitalismo.

Este escenario de control mediático, colaboración cómplice y en gran medida sobornada [10], de políticos y autoridades sanitarias (con España a la cabeza de los países más sobornados por la Big Farma [11]), tiene, entre otros, el propósito de proporcionar los mayores beneficios a los Fondos de Inversión propietarios de las multinacionales farmacéuticas y de los grandes medios de comunicación.

Pero su  alcance es mucho mayor. Como indicábamos al principio, al comienzo de la pandemia la gran burguesía, por primera vez en la historia del capitalismo, se preparaba para lo que en los Foro de Davos de 2020 y 2021  llamaron «el Gran Reseteo»; es decir, para tomar las riendas de grandes transformaciones. El objetivo era aprovechar la situación de desastre y de miedo generada por la pandemia, y potenciada por el confinamiento masivo, para introducir a gran escala la digitalización, la robotización y el «capitalismo verde». Larry Fink, director de Blackrock, ha destacado en su carta anual dirigida a los grandes empresarios del mundo, las grandes oportunidades de negocio de invertir en todo lo relacionado con el «cambio climático»[12].

La extensión de la digitalización en las relaciones sociales, la dependencia de las plataformas y la posesión por estas empresas gigantes de los Big Data  hacen posibles procesos de destrucción de empleo, de control y de represión de las poblaciones a niveles desconocidos hasta ahora. Los propios beneficiarios de estas grandes transformaciones se asombraban de la rapidez de los cambios producidos. La CEO (ejecutiva de mayor rango) de Microsoft, Satya Nadella, se frotaba las manos, ya en abril de 2020: «Hemos visto ocurrir dos años de transformación digital en dos meses».

En España eran más explícitos. En junio de 2021 los presidentes de Inditex, Telefónica y del Banco de Santander decían sobre el significado de la pandemia: «Ha supuesto una aceleración exponencial (…) en cinco semanas se avanzó lo que se hubiera avanzado en cinco años (…) en quince días pasamos a tener 130.000 personas trabajando en remoto». En este periodo, la banca, entre digitalización y fusiones, había  destruido la mitad de los puestos de trabajo. El presidente de Telefónica iba más allá. «durante la pandemia se perdonaron cosas que en otro momento no se hubieran perdonado».  Todo ello mientras auguraban que «España se va a salir del mapa». Al decir España se refieren a ellos, como ya sabemos.

El resultado en términos económicos ha sido una destrucción de capital sólo comparable al producido en una guerra. Los datos de agosto de 2021 para el Estado español son los siguientes: en los últimos 18 meses han cerrado 63.000 empresas de menos de 50 trabajadores, tres de cada cuatro autónomos han visto hundirse su medio de vida. En total, en la pequeña y mediana empresa se ha concentrado el 99,2% de todo el tejido productivo destruido en este periodo. Por el contrario, las empresas de más de 500 trabajadores han aumentado y hoy hay 54 más que antes de la pandemia.

A escala mundial, el grupo de las empresas tecnológicas GAFAM, recordamos que sus propietarios son los mismos Fondos de Inversión que controlan, tanto las grandes multinacionales farmacéuticas productoras de vacunas, como los grandes medios de comunicación, han visto multiplicarse sus beneficios como nunca. Y estos fabulosos incrementos de ganancias están directamente relacionados con la pandemia, con el confinamiento y con las ganancias fabulosas de la venta de vacunas. Mientras cae en todo el mundo la esperanza de vida y España es el segundo país de la OCDE donde más cae, solo por detrás de EE.UU [13], las bolsas del mundo han duplicado su valor desde el inicio de la pandemia. Su valor ha pasado de 60 billones de euros en marzo de 2020 a 121 billones en diciembre de 2021 [14].

Según el informe Foessa 2021 [15], la pobreza severa en el Estado español afecta a 11 millones de personas, más de la cuarta parte de la población. Dos millones y medio más que en 2018. Se ceba sobre todo en los menores de 18 años, en los hogares monoparentales (casi siempre con mujeres como cabeza de familia) y en la población inmigrante. La pobreza severa se ha duplicado durante la pandemia. La intensa precariedad determina que el hecho de estar trabajando no garantice ingresos mínimos para mantener condiciones de vida dignas. Además, en plena extensión de la digitalización, el hecho de no disponer de conexión suficiente a internet, no disponer de ordenador o de habilidades para usarlo, marca enormemente las dificultades en el acceso al empleo, a la educación o las propias ayudas públicas, incrementadas por el aumento desproporcionado del coste de la luz. Por otra parte, más de dos tercios de los hogares en situación de extrema pobreza no han podido acceder al Ingreso Mínimo Vital.

La imposición del «Gran Reseteo» mundial se manifiesta con especial claridad en el mecanismo de los Fondos de la UE, constituidos, obviamente, con dinero público, llamados de Recuperación, Transformación y Resilencia.

Los 140.000 millones de euros de los Fondos, destinados al Estado español, irán a parar a bancos y multinacionales, de forma muy destacada las energéticas (las mismas que están recibiendo enormes beneficios con el recibo de la luz) para proyectos identificados como «reconversión verde», de «lucha contra el cambio climático», digitalización, para «la igualdad de género» y «colaboración público-privada».

Además de que el pueblo lo pague, como Deuda pública que es, la UE exige al Gobierno que adopte medidas, que ya se ha comprometido a ejecutar en plazos concretos, como condición previa a la recepción de las diferentes partidas de los Fondos.

Tales medidas, que según el Gobierno, suponen la modificación de 50 leyes hasta 2023 irán dirigidas a:

  • Avanzar en el recorte y privatización de las pensiones.
  • Nuevas reformas laborales que impongan  aún más la esclavización de la clase obrera y faciliten su atomización con el trabajo en el domicilio mediante la digitalizacion, con la consiguiente reducción de puestos de trabajo. Para empezar, ya se ha logrado evitar la derogación de la reforma laboral de 2012 en un nuevo incumplimiento de las promesas contenidas en el acuerdo de coalición.
  • Favorecer, aún más, la penetración del capital privado en los servicios públicos, como sanidad y educación, mediante la enseñanza a distancia o la asistencia sanitaria por teléfono o consulta médica telemática.
  • Aumento de los impuestos indirectos, como por ejemplo la introducción el peaje de las autopistas.

Para un análisis más detallado de este proceso, remito al importante documento suscrito por 21 organizaciones del Estado español  y que puede consultarse aquí [16].

 

X. La agudización de la represión como respuesta a la previsible explosión social.

En el Informe del Foro de Davos de 2021 [17] ya se avanzaba que, tras el relajamiento de las medidas de confinamiento adoptadas por la pandemia y el incremento de la ansiedad por las perspectivas económicas y sociales, «existen buenas razones para preocuparse: ya empieza a sentirse una fuerte desaceleración económica y podríamos estar ante la peor depresión desde la década de 1930».

Este escenario de empobrecimiento masivo de la clase obrera y de hundimiento de las expectativas de empleo agudiza las tensiones sociales y explica la radicalización, todavía incipiente pero con contundencia creciente, de las luchas obreras en defensa de sus puestos de trabajo y por mejoras salariales.

En el Estado español, por primera vez, el Gobierno PSOE-UP llevaba a cabo el pasado verano el entrenamiento de la Legión – la bandera Millán Astray – junto a policías y guardias civiles, en labores de seguridad interior; es decir, mediante la colaboración de los ministerios de Defensa e Interior en tareas de represión de la población. Dichas «labores» incluían prácticas de Krav Maga y combate cuerpo a cuerpo, técnicas de arresto y detención, protección de personalidades, control de masas y orden público o entrenamiento «CQB», en alusión a entrenamientos de tácticas de tiro en espacios reducidos. Tales prácticas conjuntas ya se llevaron a cabo durante el Estado de Alarma [18].

La actuación de las fuerzas represivas con ocasión de la huelga general del metal de la Bahía de Cádiz, el apaleamiento de trabajadores, el arresto de los supuestos dirigentes de la misma días después y, sobre todo, la introducción de la tanqueta en un barrio obrero, muestran bien a las claras la firme decisión del «gobierno progresista» de actuar brutalmente contra la clase obrera.

A todo ello se añade el citado Real Decreto de Seguridad Nacional, cuya normativa de desarrollo, aún se desconoce.

Todo el mecanismo descrito con la gestión autoritaria de la pandemia, la instauración masiva del miedo y de medidas dictatoriales, como la instauración del pasaporte Covid y la vulneración de Derechos Fundamentales, no se restringen al ámbito sanitario, aunque ese sea el pretexto utilizado. Deben valorarse como un instrumento también dirigido a la destrucción la capacidad de resistencia de la clase obrera y sectores populares ante el incremento de la explotación impuesto por las nuevas formas de trabajo y de relaciones laborales, y al intento de control y represión de los millones de personas, que ven hundirse sus condiciones de vida.

 

 

XI. La clamorosa ausencia del análisis integral de clase ante el nuevo orden mundial capitalista.

La socialdemocracia, incluidas sus nuevas/viejas formas de expresión política como Unidas Podemos, está actuando, como en todas las grandes crisis, como instrumento del capital, tanto por su complicidad directa con las medidas de incremento de la explotación obrera, como con la represión y, sobre todo, con su apoyo al discurso de las clases dominantes con respecto a la pandemia. Eso no es nuevo. Es su papel histórico.

Lo que sorprende es que la relación estrecha entre la imposición del nuevo orden mundial, que las élites burguesas llaman «nueva normalidad», con todo su aparato de dominación y de control masivo de  la clase obrera y de otros sectores populares empobrecidos, no haya sido respondido por una gran parte de otras organizaciones de la izquierda.

Los obstáculos probablemente estén relacionados con estos aspectos fundamentales:

  • No tener en cuenta que los descubrimientos científicos en el capitalismo están subordinados inexorablemente a la propiedad privada de los medios de producción. Este hecho, absolutamente clave, determina que se investiga sólo lo que produce beneficios y que se impone, como necesidad de consumo, lo que interesa vender. En el caso de las farmacéuticas, estamos ante un poder con inmensa capacidad de corrupción política, sanitaria y económica, y con un control total sobre los medios de comunicación.
  • Desconocer el carácter de clase del Estado, como aparato de poder de las clases dominantes, y que, como tal, adopta las mismas medidas represivas, independientemente de su color político, destinadas al control de las poblaciones, a la represión de las luchas obreras o a imponer la vacunación masiva obligatoria. En este mismo sentido, y habida cuenta de la ingente información disponible que desmiente el discurso oficial, es inaceptable ignorar el papel del Estado como instrumente para asegurar ingentes beneficios económicos de empresas privadas, con dinero público,  y, sobre todo, atribuyéndole el papel de depositario del conocimiento científico.
  • Haber caído en la trampa, de aceptar los mecanismos de imposición dictatoriales, sanitarios y sociales, por miedo a ser acusados de «favorecer a la extrema derecha», argumento esgrimido, tanto por los medios de comunicación intervenidos, como por el “gobierno progresista”. Se olvida que es la ausencia de resistencia de la izquierda, la que deja el terreno abonado para que la extrema derecha hegemonice el malestar social.

En resumen, este proceso de control social masivo y de violencia institucional a gran escala, no sólo tiene por objetivo favorecer el negocio de las multinacionales farmacéuticas. Es indisociable de la imposición decidida por parte de los grandes centros de poder de cambios drásticos en las relaciones sociales que implican, tanto mecanismos de sobreexplotación de la clase obrera, como la negación a grandes sectores, sobre todo a la juventud, de toda esperanza de futuro. Esta gran reconfiguración del capitalismo requiere, como conditio sine qua non, la domesticación, mediante el miedo, la censura y la represión, de las poblaciones.

La aceptación acrítica de la izquierda del discurso de las clases dominantes (la crisis está causada por el Covid y la gestión de la pandemia, incluidas las vacunas, ha estado guiada por criterios científicos),  aherrojada por el miedo a la acusación de «negacionistas», «antivacunas» o de «hacer el juego a la extrema derecha» es inaceptable y tiene que acabar. Si persiste en su complicidad, hipotecará completamente, no sólo su capacidad de resistencia, sino su aptitud para liderar el enfrentamiento a un nuevo orden mundial de consecuencias aniquiladoras de conquistas históricas, no sólo de la clase obrera, sino de la humanidad.

Por el contrario, la radicalidad, es decir, la búsqueda de las causas profundas de los procesos y desvelar implacablemente las enormes mentiras, sobornos y represión sobre los que se asienta la gran dictadura de las oligarquías burguesas, con la complicidad de  gobiernos de todo color política, es el punto de partida. Esa es la condición sine qua non quepuedesustentar la acumulación de fuerzas que haga posible la derrota del capitalismo, hoy más que nunca, máquina destructora de la vida. Porque es precisamente, en las grandes crisis, cuando no hay reformas que ofrecer, cuando no hay vuelta atrás y el presente es inaceptable, cuando se erige la necesidad imperiosa, sobre todo para la juventud obrera, de construir un mundo a la medida de las necesidades humanas, es decir, del socialismo.

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Un sacerdote explica las razones por las que no se vacuna

 

 
 
Ya saben que el Papa ha abogado, durante estos meses de pandemia, por la vacunación contra el coronavirus; de hecho, en el Estado del que es jefe, es prácticamente obligatorio inocularse alguna de las vacunas contra el covid si quieres seguir trabajando y el Pontífice ha descrito el hecho de vacunarse como un «acto de amor».

Sin embargo, parece que no todos en la Iglesia católica son de la misma opinión. El último caso lo hemos podido ver en las últimas horas en las redes sociales: un sacerdote de Madrid, Jesús Silva, que cuenta con miles de seguidores, explicaba en Twitter por qué había decidido no vacunarse.

Aquí les dejamos sus argumentos:

«Razones por las que no me vacuno (por orden de importancia).

– Se desconocen con exactitud los componentes de los viales y su repercusión en el organismo.

– Se desconocen los efectos secundarios a medio y largo plazo.

– A corto plazo presentan efectos secundarios (trombos, muertes repentinas, abortos) cuyo riesgo no compensa a alguien de mi rango de edad.

– La implicación de la industria BifPharma y su interés en la extensión de estos viales resulta sospechosa por sus repercusiones económicas.

– Los que buscan una reducción de la población mundial son los mayores promotores de la vacuna, lo cual resulta sospechoso.

– Estos filántropos tienen además la mayor parte de las acciones económicaa de todas las grandes farmacéuticas que producen los viales.

– Tengo anticuerpos de larga duración, que sería lo ideal para toda la población si se dejase curso libre al virus, con medicamentos atenuantes de los síntomas y protegiendo a los más vulnerables (enfermos y ancianos); por esto, no puedo contagiarme ni contagiar.

– El mero hecho del intento de imposición directa o indirecta de una vacuna experimental en un Estado de Derecho supone una vulneración de la libertad.

– El trato discriminatorio hacia los no vacunados supone una vejación hacia la igualdad y la dignidad.

– La eliminación sistemática de las redes de todos los estudios científicos que no concluyen lo mismo que los financiados por la industria BigPharma hacen aún más sospechosa toda esta actuación mundial, y me inclina a pensar que no hay inocencia ni filantropía en este empeño.

– El enfrentamiento y el hostigamiento civil en ocasiones por parte de otros ciudadanos a que está llevando la discriminación hacia los no vacunados recuerda a los planes que buscan dividir a la sociedad para que sea más manejable (divide y vencerás, solve et coagula).

– El miedo a que se somete a la población con la pandemia y la existencia de no vacunados fomenta que los ciudadanos estén dispuestos a renunciar a su libertad en aras a la seguridad que les da un Estado cada vez más totalitario a nivel global.

– Hay serias dudas sobre si la vacunación de la población en base a algunas pequeñas partes del ARN del Covid puede provocar que éste mute tan rápido como lo está haciendo y aparezcan nuevas variantes que estén haciendo inválida la vacunación.

– La vacunación no exime de contagiarse y contagiar, y no hay datos claros sobre que realmente impida la gravedad al padecer de nuevo el virus.

– Muchas personas están muriendo por causas desconocidas; de las que conozco, todas vacunadas».

 

 

Tras exponer todas estas razones, el sacerdote madrileño dice que sólo pide «respeto y seriedad», e invita a se piensen bien todos los factores. «Se está etiquetando («negacionistas») a los que no queremos vacunarnos y se nos está acusando de ser unos criminales», señala.

«Tenemos nuestras razones (al menos yo), y al tener anticuerpos no puedo contagiar, por lo que no estoy siendo irresponsable. Tampoco la vacuna asegura nada, pues no hay estudios cien por cien fiables, por lo que aún no teniendo anticuerpos no me vacunaría», confiesa Silva.

El párroco invita a «pensar» y «respetar». «Los anti-vacunas no somos idiotas (al menos no todos). El tiempo dará la razón a quien la tenga. Entretanto hay mucha gente sufriendo y muriendo. Y no sabemos qué efectos tendrá esto a largo plazo», indica.

«Puede que sea peor el remedio que la enfermedad, aún es pronto para saberlo, pero hay motivos razonables para planteárselo y objetar a la vacuna. Restringir el acceso a determinados servicios a personas que han ejercido su derecho a la objeción es totalitario y antidemocrático», afirma el sacerdote.

Finalmente, termina con una reflexión sobre la muerte: «Ánimo a todos y, sobre todo, estemos preparados por si la muerte nos sorprende hoy. Que parece que se nos ha olvidado que de algo se muere. Cuidemos nuestros cuerpos, pero ante todo cuidemos nuestras almas. Y respetemos a los demás. Siempre».

Las reacciones han sido en su mayor parte positivas; sin embargo, algunos han sido críticos, como Alejandro Alfonzo, que le contesta: «Con todo respeto y cordialmente: si nuestros padres hubieran aplicado mismo razonamiento para decidir no vacunarnos contra graves enfermedades en los niños (Ej. Sarampión, Polio, Fiebre Amarilla, Tosferina, Viruela, etc.), hoy aún esos males estarían haciendo estragos».

Razones por las que no me vacuno (por orden de importancia).
– Se desconocen con exactitud los componentes de los viales y su repercusión en el organismo.
– Se desconocen los efectos secundarios a medio y largo plazo.

— Jesús Silva (@elpadrejesus_) November 28, 2021 

 

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