El juez Pablo Llarena no fundamenta su auto sobre Jordi Sànchez en ninguna ley. Aunque parezca increíble, así es
Al Poder Judicial en general y al Tribunal Supremo en particular le costó aceptar que la Constitución es norma jurídica y que la ley y las demás normas que integran el ordenamiento jurídico están subordinadas a la Constitución y tienen que ser interpretadas de conformidad con la Constitución.
Todavía en el año 1982, más de tres años después de la entrada en vigor de la Constitución, el Tribunal Constitucional tuvo que anular dos sentencias, una de la Audiencia Territorial de Sevilla de 31 de enero de 1980 y otra de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 8 de abril de 1982, porque ambas ignoraron y abiertamente negaron el valor normativo inmediato del artículo 14 de la Constitución
En la primera de ellas, la Audiencia Territorial afirma textualmente que «el contenido de las Leyes Fundamentales del Estado integra meras enunciaciones de principio encaminados a orientar la futura labor del Poder Público, sin eficacia para provocar el nacimiento de derechos civiles salvo que éstos se desarrollen por leyes ulteriores». En la Sentencia del Tribunal Supremo se dice que «tal mandato (el del artículo 14 CE) tiene alcance de una declaración de principio» necesitada de ulterior desarrollo, y en coherencia con esta interpretación, no se ha apreciado el efecto derogatorio del art. 14 respecto al artículo 137 del Código Civil en virtud de la disposición derogatoria tercera de la Constitución» (STC 80/82. FJ 1º).
Es de destacar que el Fiscal General del Estado se opuso a la estimación del recurso de amparo y argumentó que el Tribunal Constitucional debía confirmar por su conformidad con la Constitución ambas sentencias. Significativa coincidencia de Fiscalía General, Audiencia Territorial y Tribunal Supremo.
Obviamente, el Tribunal Constitucional anularía ambas sentencias por ser sus «fallos contrarios al derecho de igualdad que perpetúan en el presente un trato discriminatorio nacido al amparo de la legislación preconstitucional».
Pensaba que estas resistencias a aceptar la primacía de la Constitución habían desaparecido en nuestros tribunales de justicia, pero la instrucción del Juez Pablo Llarena en general y en particular su auto de ayer impidiendo por segunda vez que Jordi Sánchez pueda acudir como candidato a la sesión de investidura convocada por el president del Parlament, ha venido a sacarme de mi error. La Constitución y el Estatuto de Autonomía, que es materialmente una norma constitucional y que integra con la Constitución el llamado «bloque de la constitucionalidad», no son normas jurídicas de obligado cumplimiento. El Juez Instructor no tiene por qué tomarlas en consideración cuando tiene que tomar una decisión sobre un proceso de investidura, a pesar de que dicho proceso únicamente está regulado en la Constitución y en el Estatuto.
Ahora bien, el Juez Pablo Llarena no se contenta con emular a sus colegas de la Sala Primera de los primeros años ochenta, sino que va mucho más allá. Los Magistrados de la Sala Primera fundamentaban su decisión en el Código Civil. Erraron al interpretar la Constitución en función del Código Civil, en lugar de interpretar el Código Civil en función de la Constitución, pero había por lo menos una apariencia de fundamentación jurídica.
El Juez Pablo Llarena no fundamenta su auto de ayer en ninguna ley. Aunque parezca increíble, así es. No solamente prescinde por completo de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, sino que prescinde, además, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que el requisito de que sea «firme» el auto de procesamiento para limitar el derecho de sufragio pasivo, simplemente no existe. El artículo 384 bis de la LO 4/1988 dice textualmente: «FIRME UN AUTO DE PROCESAMIENTO y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión». Al no ser FIRME el auto de procesamiento falta el presupuesto de hecho para que pueda ser aplicado a Jordi Sánchez el artículo 384 bis. En consecuencia, aunque lo menciona, no puede fundamentar su decisión en él.
El Juez Instructor ha tomado, pues, su decisión sin fundamentarla en ningún precepto legal. Y lo ha hecho así, porque no hay absolutamente nada en el ordenamiento jurídico con base en lo cual se pueda tomar la decisión de impedir que Jordi Sánchez acuda a la sesión de investidura. La decisión carece de cualquier fundamentación jurídica. Formalmente es una decisión judicial. Materialmente es una decisión privada, con la que se subvierte el ejercicio de la función jurisdiccional tal como está definida en la Constitución.
El abogado sustituye así a José Luis Centella al frente del Partido Comunista de España
Santiago ha calificado al PCE como «uno de los principales partidos de este país, el partido que garantizó la llegada de la democracia tras el fin de la dictadura»
El Partido Comunista de España ha elegido a su nuevo secretario general, el abogado Enrique Santiago, en la reunión del Comité Central celebrada este domingo por la mañana. Santiago sustituye así a José Luis Centella al frente del que ha calificado como «uno de los principales partidos de este país, el partido que garantizó la llegada de la democracia tras el fin de la dictadura».
El nuevo secretario general del PCE ha agradecido «profundamente la confianza que ha depositado» el partido en él, y ha aceptado el cargo «con un gran honor y una gran responsabilidad». Respecto a la situación del PCE en la actualdiad, Enrique Santiago ha apuntado que el partido es «trascendental para garantizar ese bloque histórico y esas alianzas sociales y políticas que permitan que nuestro pueblo disfrute de los derechos sociales, civiles y políticos que hoy día les niega».
.@ensanro tras ser elegido Secretario General del PCE: «Organizar el bloque histórico que permita que nuestro pueblo disfrute los derechos que el sistema hoy le niega. Esa es la principal tarea de @elpce» pic.twitter.com/GyT5BDNRO7
Centella ha pasado así a ser el Presidente del partido, un cargo en el que se encargará entre otras cosas de representar al PCE en las organizaciones y plataformas europeas en la que participa el partido, según ha publicado Mundo Obrero.
Enrique Santiago fue secretario general de la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) desde el año 1990 al 1992, según indica Cuartopoder. En 2004 perdió frente a Gaspar Llamazares la disputa por las primarias para coordinador federal de IU, en las que fue apoyado por el PCE. A partir del 2008, con Cayo Lara como coordinador federal, estuvo al frente de la Secretaría para la Refundación.
En su labor de abogado fue secretario general de la Comisión española de Ayuda al Refugiado (CEAR), y también formó parte de la acusación popular contra el dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad presentada por Izquierda Unida. Además, ha participado en diferentes querellas, como la del caso José Couso en 2004 o la presentada contra Luis Bárcenas como miembro de la acusación popular de IU en el año 2013.
El coordinador federal de Izquierda Unida, partido del que forma parte el PCE, Alberto Garzón, ha felicitado a Enrique Santiago por su nombramiento a través de Twitter y le ha deseado mucho acierto.
Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ comparece en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP
El PP no deja nunca nadie atrás, sobre todo si saben que esta persona luego pueda sentirse traicionada
Son ya diez los meses que llevamos desde la constitución de la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular en el Congreso y dieciséis sesiones en las que se han sucedido un total de dieciocho comparecencias y tres comparecientes que no han recibido la citación o no ha podido comparecer: Beltrán Gutiérrez, Marcos Benavent y Ricardo Costa.
El planteamiento del que ha partido el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en esta comisión es el de establecer lo más parecido a una comisión de la verdad, dado que creemos necesario hacer una reflexión catártica acerca del estercolero en el que se ha convertido el Estado en lo que respecta a la corrupción. Sobre todo, porque entendemos que la financiación ilegal de un partido político supone la compra de voluntades políticas.
Actualmente, nos encontramos en el ecuador del proceso de comparecencias y, a nuestro modesto entender, podemos establecer cuatro perfiles claramente diferenciados en relación a los comparecientes. Por un lado, encontramos a los llamados expertos en corrupción: personas que dada su larga trayectoria policial o periodística son conocedores y han informado en primicia de los distintos casos de corrupción que se han sucedido en el Estado durante los años de boom inmobiliario. En segundo lugar, están los facilitadores de la corrupción, es decir aquellas personas que actuaron de correa (nunca mejor dicho) de transmisión entre los dos grupos restantes para hacer efectiva la corrupción. En tercer lugar, encontramos los dirigentes políticos que accedieron a la práctica de conductas corruptas, es decir, los corrompidos. Y, finalmente, pero no menos importantes, los corruptores. Esos empresarios que, haciendo uso de su poder económico, administraron prebendas y privilegios para que los corrompidos, en uso de su cargo público les favorecieran con jugosos contratos, concesiones y/o adjudicaciones de obra pública.
Pese a estar aprobadas sus comparecencias, este último grupo de comparecientes no se ha prodigado prácticamente nada en las dieciséis sesiones que llevamos. En cualquier caso, las sesiones celebradas hasta la fecha nos permiten ya sonsacar una principal conclusión y es que el Partido Popular actúa como el cuerpo de Marines. Trataré de explicarme.
Existe una máxima entre el cuerpo de Marines de los Estados Unidos por el que no se abandona a ningún compañero en el campo de batalla conocida como No Man Left Behind. Esta loable afirmación es defendida por orgullo por los soldados americanos a la par que explotada cinematográficamente por no pocas producciones americanas en las que un solo soldado o un grupo de ellos emprenden una misión casi suicida con el único y noble objetivo de salvar la vida de su compañero de armas que ha caído malherido, emboscado o bien capturado por el enemigo de turno.
Esta misma actitud es la que está teniendo la bancada popular con los comparecientes con carnet popular que han tenido que comparecer para esclarecer la supuesta financiación ilegal del PP. Baño, masaje y diatriba contra las demás fuerzas políticas por haber organizado una causa general contra su formación política. En lugar de mirar la Luna (la corrupción) optan por seguir mirando el dedo.
El PP no ha dejado a nadie atrás en estas comparecencias. Incluso sabiendo que una defensa simultánea del Sr. Granados y la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, supone nada menos que un acto de fe. O incluso a aquellos cargos políticos que en su momento fueron obligados a apartarse como Francisco Camps.
El PP no deja nunca nadie atrás. Sobre todo si saben que esta persona luego pueda sentirse traicionada. ¡Qué lástima que Ricardo Costa, traicionado por Camps, no haya podido comparecer todavía! Por ejemplo, Bárcenas tuvo una indemnización en diferido, según Cospedal, y mantuvo su despacho, su secretaria y chófer a cambio de cesar su actividad como tesorero popular. Beltrán Gutiérrez, el gerente del PP madrileño, controlaba los presupuestos de campaña en Madrid al mismo tiempo que firmaba los recibíes de las donaciones de empresarios a FUNDESCAM con los que luego, según informes policiales, se pagaba a Special Events los actos de campaña de Esperanza Aguirre. En 2003, tuvo que dimitir. Sin embargo, fue contratado por el PP de Madrid al día después que el PP diera de baja su contrato indefinido en la Seguridad Social. Nadie se queda atrás.
Ni el big bang de corrupción que supusieron los Papeles de Bárcenas ha alternado el equilibrio de alianzas y la omertá popular. Ni aún existiendo el precedente de la admisión de delitos electorales por parte de empresarios del País Valencià que admitieron haber asumido mediante el pago de facturas falsas gastos electorales populares, parece hacer mella en la granítica defensa del PP a sus corrompidos. Una omertá popular que no deja de ser el reflejo de la cultura de la impunidad en la que se fraguaron las grandes tramas de corrupción por la que han prevalecido los intereses privados de algunos por encima de los públicos.
Se trata de una cultura de la impunidad, ampliamente reproducida en la reciente historiografía española. La falta de una cultura de la res pública, heredada de la falta de criterios de transparencia y democracia política del franquismo, abonaron el terreno para la existencia de una percepción de impunidad política, judicial y social que gozaron muchas de la reconvertidas élites políticas y empresariales en el Estado español desde la instauración del Régimen del 78. Una impunidad que ha permitido a las élites económicas tener acceso a las publicaciones oficiales por medio de aportaciones económicas a las cuentas del partido o el ofrecimiento de prebendas.
Solamente con la asunción de los actos cometidos y de los daños sociales causados, así como la concreción de actos de perdón concretos a la ciudadanía junto con la puesta en marcha de mecanismos de mejora en el control de la financiación de los partidos políticos, se podrá acortar una de las más hondas brechas que separa a la ciudadanía de la política y con la cultura de la impunidad heredada del Régimen del 78.
[4] Competencia lleva al Gobierno ante el Tribunal de Justicia de la UE por arrebatarle funciones
En su demanda ante el Supremo, pide plantear cuatro cuestiones prejudiciales en el Tribunal de Luxemburgo sobre un decreto que le ha quitado más atribuciones
Argumenta que esa norma, aprobada en octubre por el Consejo de Ministros, «lesiona competencias que están atribuidas a la CNMC», afecta a su organización y vulnera normas nacionales y comunitarias
La Comisión Europea ya tiene abierto un procedimiento de infracción a España por no respetar la independencia del organismo que puede acabar en una sanción por parte del comisario de Energía, Miguel Arias Cañete
El enfrentamiento entre el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se recrudece, coincidiendo con la nueva amenaza de troceo del organismoaireada hace unos días por el nuevo ministro de Economía, Román Escolano. La CNMC ha llevado hasta la justicia europea el nuevo vaciado de sus competencias que el Ejecutivo hizo efectivo en octubre a través de un Real Decreto que el organismo ha recurrido ante el Tribunal Supremo.
En la demanda que ha presentado ante la Sección 3 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo para pedir la nulidad de varios preceptos de ese decreto, la CNMC tira por elevación y plantea elevar el caso ante la Justicia europea. Solicita plantear cuatro cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), con sede en Luxemburgo, para que se pronuncie sobre el encaje con la normativa europea de diversas disposiciones de la norma que aprobó el Consejo de Ministros en octubre. Ese decreto encomendó al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital atribuciones hasta entonces encomendadas a Competencia, fundamentalmente en materia de energía.
La demanda, a la que ha tenido acceso eldiario.es, recuerda que el TJUE ya condenó en 2009 Suecia y Bélgica por casos similares, y la CNMC solicita al tribunal europeo su opinión sobre la legalidad de que el Gobierno le despoje, entre otras funciones, de la facultad de proponer y aprobar los peajes de la luz y el gas; la inspección de los mercados energéticos; las competencias sancionadoras relativas al incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa de electricidad y gas; y la realización de las proyecciones de demanda de los mercados energéticos y estudios sobre consumos, precios, organización y comportamiento de los mismos.
La demanda argumenta que el decreto viola numerosas normas nacionales y comunitarias, «lesiona competencias que están atribuidas a la CNMC» y afecta al ámbito organizativo del regulador. Y critica que el Gobierno aprobase la norma sin que «se haya recabado informe de este Organismo».
Se encomienda para ello al artículo 5.2.a) de la Ley de Creación de la CNMC, que señala que esta deberá «participar, mediante informe, en el proceso de elaboración de normas que afecten a su ámbito de competencias en los sectores sometidos a su supervisión, a la normativa de defensa de la competencia y a su régimen jurídico».
La CNMC presentó su recurso después de que, el 24 de noviembre, el Consejo de Ministros desestimase un requerimiento previo al Ministerio de Hacienda y Función Pública remitido el 27 de octubre. El principal beneficiario de las competencias arrebatadas a la CNMC, el Ministerio de Energía, no comenta este asunto.
La demanda no es la única que la CNMC tiene interpuesta ante el Supremo contra un acuerdo del Gobierno. Pero tiene un significado especial al afectar a una norma que afecta al funcionamiento del propio regulador y que se introdujo aprovechando una reorganización de la estructura del departamento de Álvaro Nadal.
Nuevo troceo
La petición al Supremo es previa a que, el miércoles, el nuevo ministro de Economía dijera en su debut en el Congreso que el Gobierno va a retomar el troceo de la CNMC que acordaron el PP y Ciudadanos y que ya anunció en su momento su antecesor, Luis de Guindos, en enero de 2017. Dada la minoría parlamentaria del PP, está por ver si la iniciativa prospera.
La CNMC fue implantada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013 al fusionar los antiguos reguladores sectoriales y la autoridad de la competencia en una sola entidad, con la excusa de un discutible ahorro de costes.
Esta ofensiva de Competencia es paralela al procedimiento de infracción que la Comisión Europea ha abierto a España por no respetar la independencia de la CNMC al arrebatarle a finales de 2014 la fijación de los peajes de la luz (parte regulada del recibo), un caramelo político al que el Gobierno no está dispuesto a renunciar.
Un conflicto que puede derivar en una denuncia de Bruselas ante el TJUE y en la imposición de una sanción diaria a España como la famosa multa de los estibadores. La decisión está en manos del exministro del PP y comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete. Según el Ministerio de Energía, «continúan las conversaciones» sobre esta cuestión y Madrid y Bruselas «siguen trabajando e intercambiando textos» para intentar evitar la sanción.
El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha descartado «riesgo de multa por esta cuestión» y ha apostado por un mecanismo «análogo» al de Francia, «donde hay una comunicación entre el Ministerio de Energía y la autoridad independiente en el proceso de fijación de los peajes». La discusión radica en qué criterio prevalece cuando no hay acuerdo entre las partes, según fuentes del ministerio.
[5] ¿Pruebas falsas para justificar 500.000 euros en contratos ‘a dedo’ a la trama de De Miguel?
El abogado Javier Beramendi con Xabier Sánchez Robles, a la entrada del juzgado NURIA GONZÁLEZ
El exdirector de Juventud del Gobierno, Xabier Sánchez Robles, acusado de financiar a las empresas controladas por el ex ‘número dos’ del PNV alavés con contratos menores que no consta que se realizaran, presentará en el juicio los supuestos informes justificativos «sellados»
Es la tercera versión de esos documentos que aparece. Incluso Sánchez Robles entregó otra en 2012. El Departamento de Cultura entregó hasta tres certificaciones de que no existían tales informes, por lo que se sospecha que sean pruebas «fabricadas»
Tras el parón vacacional de Semana Santa, la Audiencia Provincial de Álava retoma esta semana el juicio por el mayor caso de corrupción investigado hasta la fecha en Euskadi, el ‘caso De Miguel’. Se investiga si la trama de empresas controladas por el que fuera ‘número dos’ del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, fue empleada para recaudar comisiones tras la mediación en la adjudicación de contratos públicos en instituciones y organismos controlados por cargos de ese partido. Pero también si tres de esas mercantiles, en concreto, Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, recibieron casi 500.000 euros en contratos públicos ‘a dedo’ que en la mayoría de los casos no consta que se ejecutaran. El grueso procedía del área de Juventud del Departamento de Cultura del Gobierno vasco cuando su titular era el nacionalista Xabier Sánchez Robles, amigo de De Miguel.
Precisamente el análisis de estas contrataciones centrará las próximas semanas del juicio, hasta el 25 de abril. La gran novedad es que Sánchez Robles ha aportado adjuntos a su escrito de defensa las «carátulas» de varios informes realizados aparentemente por Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga para el área de Juventud de la que él era director entre 2003 y 2009. Esos documentos aparecen con sello de entrada en el Departamento de Cultura.
Se da la circunstancia de que el Gobierno, durante la fase de investigación liderada por el juez Roberto Ramos, emitió tres certificaciones oficiales remarcando que no existía ningún tipo de constancia documental en sus archivos en relación a estos contratos. Se la circunstancia también de que esos documentos sellados han aparecido en 2017, ya que en su comparecencia como imputado en 2012 Sánchez Robles entregó esos mismos informes sin fecha ni tampón. En algunos casos, además, el propio De Miguel había entregado ya en su descargo una supuesta copia escrita del trabajo realizado para Juventud. Aquéllas no tenían ni fecha ni sello, pero su importancia radica en que, aunque son similares a los presentados en el juicio por Sánchez Robles, no son documentos idénticos a los que ahora han aparecido sellados.
Certificado del Gobierno vasco de la inexistencia de los informes de Kataia Consulting ELDIARIONORTE.ES
Las empresas beneficiarias de los contratos del área de Cultura del Gobierno vasco fueron tres, Kataia Consulting (34.075 euros en tres adjudicaciones, todas presuntamente injustificadas), Errexal (15 contratos por valor de 201.683,34 euros, 118.628,4 aparentemente injustificados) y Ortzi Muga (seis contratos, cinco de ellos injustificados por valor de 57.715,8 de un total de 73.607,8 euros). Las tres tenían como nexo estar controladas por el exdirigente del PNV a través de su hermana, que ejercía de contable.
Kataia Consulting, una asesoría sin relación con el ámbito de la cultura o la juventud, obtuvo tres contratos menores ‘a dedo’ desde la oficina de Sánchez Robles. Suman 34.075 euros y en ninguno de los tres casos consta que se realizaran. El primero de ellos consistía en la realización de un informe de análisis del programa «Juventud Vasca Cooperante 2004-2006». La empresa de De Miguel ni siquiera estaba dada de alta como contratista del Gobierno vasco cuando recibió el encargo.
Si el ‘caso De Miguel’ estalla el 17 de marzo de 2010 centrado precisamente en el papel de Kataia Consulting como presunta tapadera para el cobro de comisiones y la obtención de financiación, el 20 de abril el Departamento de Cultura ya estaba informando de que no había ningún tipo de documentación en sus archivos más allá de la factura relativa al análisis del programa «Juventud Vasca Cooperante». Esa factura de 11.890 euros lleva sello oficial con un número de registro.
El actual consejero de Cultura, Bingen Zupiria, con la parlamentaria del PNV Miren Josune Gorospe
En su segunda declaración en la fase de instrucción, en octubre de 2011, De Miguel manifestó que, además de informático, experto en urbanismo y político, tenía experiencia en «juventud y tiempo libre». Y añadió sobre ese expediente en concreto: «Todo el trabajo fue realizado por mí». Era su explicación al hecho de que el Gobierno contratara con una empresa sin personal ni experiencia para un informe alejado de su objeto social. Como prueba de que no había nada de raro, De Miguel mostró un documento. Su problema es que no había fechas o membretes, como tampoco sellos oficiales. Sí constaba en mayúsculas el nombre de Kataia Consulting.
Contrato Juventud Vasca Cooperante aportado por Alfredo de Miguel en 2011, con nombre de la empresa y sin sello ELDIARIONORTE.ES
En marzo de 2012 declaró Sánchez Robles. Primero echó balones fuera y aseguró que eran «los técnicos» los que «contactaban con las empresas». En el juicio, según ha podido saber este periódico, señalará a la funcionaria-jefe de Juventud, Oro Ochoa de Eribe, como responsable de las adjudicaciones que llevan su firma y la del viceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, que también se sienta en el banquillo de los acusados en este proceso.
Sánchez Robles: «El Gobierno no envió todo»
Como segundo argumento, el exalto cargo de la Administración vasca añadió que cuando abandonó el Gobierno en 2009 realizó «una copia del disco duro del ordenador que tenía en el despacho» para llevarse «todos los trabajos que fueran interesantes». Por ello, y como supuestamente «el Gobierno vasco no había enviado toda la documentación» que reiteradamente le había reclamado el juez Ramos, estaba decidido a aportar varios documentos que justificarían que las empresas investigadas cumplieron escrupulosamente los términos de los contratos.
Entre el material presentado, una segunda versión del informe sobre el análisis del programa»Juventud Vasca Cooperante 2004-2006″. Es similar al presentado por De Miguel, pero aquí no consta el nombre de Kataia Consulting, lo que lo diferencia de la versión que ya estaba en el juzgado. Cinco años después, en su escrito de defensa de cara al juicio entregado el pasado año, Sánchez Robles insiste en que «ninguna irregularidad e ilegalidad existe» en los contratos con las tres empresas del político. Y, sin explicar su origen, aporta de nuevo los mismos informes de 2012 aunque ahora sellados. Es la tercera versión de los mismos papeles por cuya inexistencia los imputados se juegan elevadas penas de prisión. En el caso del contrato sobre «Juventud Vasca Cooperante», el sello del 10 de marzo de 2010 se diferencia del de la factura de Kataia Consulting en que aquel tiene también un número manuscrito con el código de entrada en el archivo del Departamento de Cultura.
Contrato «Juventud Vasca Cooperante» sin sello entregado en 2012 por Xabier Sánchez Robles ELDIARIONORTE.ES
Contrato «Juventud Vasca Cooperante» con sello entregado en 2017 por Xabier Sánchez Robles ELDIARIONORTE.ES
Factura de Kataia Consulting sellada y con registro sobre el programa «Juventud Vasca Cooperante»ELDIARIONORTE.ES
Ante la inquietud que han suscitado entre las acusaciones unos documentos con sello oficial que hasta ahora no habían aparecido, este periódico contactó con el entorno de Sánchez Robles. «No hablamos de este asunto. Sólo hablaremos delante de los jueces, que son los únicos que nos preocupan», manifestaron estas fuentes sin querer entrar a valorar el fondo del asunto.
Las «amistades» del padre de San Juan
En el material informático decomisado a los imputados en este causa aparecieron correos electrónicos con referencias a estos contratos. En uno de ellos, Iñaki San Juan -exconcejal en Leioa, amigo de De Miguel y administrador formal de Errexal y Ortzi Muga- habla con Aintzane de Miguel, su contable, y alude a la delicada situación financiera de su empresa y a que «Xabier no puede meternos un duro». Añade que «Xabier» les «propone» dos contratos sobre «campos de trabajo» -uno de los conceptos más repetidos en las adjudicaciones presuntamente irregulares- pero matiza que les darían «poco margen».
Errexal surgió en octubre de 2005 y la Fiscalía vincula abiertamente su constitución desde el entorno de De Miguel con la obtención de una primera subvención de 90.000 euros salida de Juventud pero que abonaban las seis cuadrillas o Gobiernos comarcales de Álava. Todas ellas, tras una reunión en el Gobierno, adjudicaron a la empresa de nueva creación la redacción de informes para sus planes juveniles por un valor de 15.000 euros. Para aprovechar los fondos habilitados, todos los trámites se formalizaron en tiempo récord en la última semana del año 2005.
Esos informes sí se elaboraron, como algunos otros trabajos contratos a Errexal. Esta empresa sí tenía personal, entre ellos dos cargos del PNV como Roberto González Muro -exportavoz en las Juntas Generales de Álava- y Leire Orueta -exteniente de alcalde de Llodio- que cobraron en ‘B’ de la compañía, que también realizó algún acto electoral para el PNV en la campaña de las europeas de 2009.
En su escrito de defensa, San Juan explica que en 2006 -y por lo tanto en 2005- «no conocía a Sánchez Robles». Niega, por consiguiente, que éste le dispensara un trato de favor y explica sus reiteradas contrataciones con Juventud porque su padre, del mismo nombre, fue «10 años» director de la oficina y «había generado» una «estrecha relación de amistad» con el personal.
La ley sube los máximos, los contratos también crecen
San Juan y Sánchez Robles coinciden en que una prueba irrefutable de que no había trato de favor a estas empresas es que Errexal participó en el concurso público del mayor contrato de Juventud, el de la puesta en marcha de un observatorio, sin que resultase adjudicataria. El exdirector subraya también que en todo su mandato adjudicó contratos por valor de 35 millones de euros, mientras que las sospechas de irregularidades rondarían los 0,5.
En cuanto a Ortzi Muga, no tenía personal ni estructura. Pese a ello, obtuvo seis contratos de Juventud. Sólo consta como realizado uno de ellos, pero los informes que obran en poder del Gobierno vienen firmados por Errexal. Tanto en su caso como en el de Errexal llama la atención que las adjudicaciones crecieran en cuantía económica en cuanto la ley estatal elevó de 12.000 a 18.000 euros el máximo permitido para contratos ‘a dedo’.
Una investigación de Cowen & Co apunta a que las ventas de cannabis alcanzarán los 75 mil millones de dólares en 2030
Los refrescos acumulan años de caídas en ventas, con 2016 como el peor de los últimos 31 años
El rechazo cada vez más mayoritario a los refrescos azucarados le puede venir bien a la marihuana en Estados Unidos. Las ventas de cannabis de manera legal no paran de crecer y ya hay quien estima que su consumo supere en cifras a las de bebidas como la Coca-Cola. Esta es la tesis de un estudio de Cowen & Co, que señala que la marihuana venderá en 2030 por valor de 75.000 millones de dólares.
La legalización de esta sustancia en nueve estados y en Washington ha facilitado su crecimiento en los próximos años. Como cuenta Bloomberg, esto supone que 1 de cada 5 estadounidenses puedan consumirla de la manera que quieran, ya sea fumándola o comiéndola. Las grandes expectativas y que sea de curso legal han provocado que la propia consultora del estudio corrija sus propias previsiones, ya que anteriormente apuntó a que sus ventas serían de 50.000 millones de dólares en 2026.
Este auge del cannabis coincide con la caída evidente de la industria de los refrescos en los últimos años, que ya hasta se han visto superados por el consumo de agua embotellada. 2016 marcó el punto de inflexión de las empresas del sector, al ser el peor de los últimos 31 años con 78.300 millones en ventas. Pero 2017 fue aún peor, ya que cayeron hasta los 76.400 millones de dólares.
Las advertencias sobre su impacto en la salud parecen estar detrás de este rechazo progresivo de los consumidores. Lo que explica la reacción de Coca-Cola de anunciar que reducirá el azúcar de sus productos un 12% antes de 2025.
El paralelismo con la situación de la marihuana también puede trasladarse a las bebidas alcohólicas. Según el mismo estudio, el consumo masivo de alcohol disminuyó en los estados donde el uso recreativo del cannabis está autorizado. Algo que no ocurre en los que solo permiten su uso medicinal o lo prohíben directamente.
[7] Cifuentes prepara una ley de universidades que permite contratar a dedo a profesores «distinguidos»
El proyecto de ley de universidades de la Comunidad de Madrid crea la figura del «profesor visitante distinguido» cuya acreditación dependerá de la fundación Madrid+D dependiente de la Consejería de Educación
«En el caso del profesor visitante distinguido se busca una acreditación menos burocrática y menos encorsetada», recoge el proyecto de ley
El salario del profesor visitante distinguido será «como mínimo» equivalente al del profesor titular
La figura ‘profesor visitante’ por la que la Universidad Rey Juan Carlos contrató a la hermana de Cristina Cifuentes de manera irregular tendrá un escalafón más en la nueva ley de universidades (Lemes) que prepara el Gobierno de la Comunidad de Madrid. El proyecto de ley que se encuentra en estos momentos a la espera de debate en la Asamblea, refuerza esa figura y su arbitrariedad en la contratación bajo el nombre ‘profesor visitante distinguido’. Una figura muy conveniente para la presidenta de la Comunidad de Madrid que prepara el doctorado y que pretende volver a la universidad cuando deje la política.
La figura de profesor visitante es actualmente la más discrecional a la hora de designar docentes en las universidades madrileñas. Ahora esta nueva ley refuerza esta figura y la presenta como una propuesta estrella y exclusiva de la Comunidad de Madrid. Por su «exclusividad» (no existe en ninguna otra comunidad autónoma), el Proyecto de ley determina que será la fundación Madri+d la encargada de acreditar a estos profesores. Es decir, que será un organismo dependiente del Gobierno autonómico quien decidirá qué profesores merecen tal puesto especial.
Esta fundación depende de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y actualmente la dirige un consejero que fue reprobado y al que Cifuentes cesó: Jesús Sánchez Martos. El exconsejero de Sanidad fue recolocado solo un día después de su salida del Ejecutivo autonómico. El lugar: la fundación dependiente de la Consejería de Educación donde cobra 82.000 euros al año. Esta fundación también se presenta como fundamental a la hora de financiar las universidades en el nuevo proyecto de Ley del Gobierno regional.
«En el caso del profesor visitante distinguido se busca una acreditación menos burocrática y menos encorsetada, eliminando los requisitos más cuestionados y que dificultan la atracción de profesorado de gran calidad desde otros sistemas universitarios», recoge el punto VI de la exposición de motivos del proyecto de ley.
Pero además, un profesor podrá ser contratado antes incluso de tener esa acreditación, pese a que se trata ya de una acreditación «menos burocrática» y «menos «encorsetada» que las del resto de docentes y asignada en exclusiva por la Fundación Madridmasd. «Podrá celebrarse el contrato de profesor visitante distinguido con profesores que aún no cuenten con la mencionada acreditación, cuando se justifique la urgencia de la contratación para atender necesidades de la docencia o la investigación. En tales supuestos, el profesor deberá obtener la acreditación en un plazo inferior a un año», especifica el proyecto de ley.
«Se establecerán reglamentariamente los requisitos académicos para que aquellas personas en posesión de la titulación universitaria de doctor puedan obtener la acreditación automática como profesor visitante distinguido». Es decir, si posees el doctorado casi sería automática la acreditación.
Un aspecto que convendría especialmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid que como ha anunciado en varias ocasiones preparaba su doctorado desde hace años. En 2011, año en el que se matricula en el máster de Derecho autonómico, Cifuentes necesitaba un título de máster para obtener el doctorado. eldiario.es ha desvelado que Cifuentes lo obtuvo de manera irregular.
La intención de Cristina Cifuentes es volver a la universidad cuando termine su etapa en la política, según ella misma ha manifestado en público. Con el doctorado podría dar clases en la universidad en vez de volver a su plaza de funcionaria, que es de personal de administración y servicios (PAS). Es el mismo camino que utilizó la propia hermana de Cifuentes, Margarita: era funcionaria PAS; hizo el doctorado (en un tesis dirigida personalmente por el rector de los plagios) y después la Rey Juan Carlos la contrató a dedo como profesora visitante, aunque de forma irregular.
Profesor visitante
Margarita Cifuentes ha sido durante toda su vida Personal de Administración y Servicios (PAS), pero trabaja desde 2016 como profesora visitante en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en el área de Historia Contemporánea. Su contratación directa obvió el hecho de que no cumple ninguno de los requisitos necesarios recogidos en la ley para acogerse a tal figura.
El espíritu de esta figura es claro: contratar a profesionales de prestigio para un área concreta que pueda estar huérfana de él o se le quiera dar un impulso. Además, según el convenio madrileño, estos profesores o investigadores no pueden estar más de dos años en el puesto.
La acreditación que otorgará la fundación Madri+D permitirá que los docentes puedan estar cinco años en el puesto con posibilidad de renovación. Además, según especifica el proyecto de ley, «la retribución de los profesores distinguidos se equiparará, como mínimo, a la correspondiente al cuerpo de profesores titulares de universidad». Ese «como mínimo» ya anuncia que puede ser incluso mayor.
Al caso del máster fantasma de Cristina Cifuentes le faltaba el ingrediente sorpresa, ese toque de tabasco en el Bloody Mary con el que el cóctel pasa de ser una mezcla de licores a un libertinaje de sabores. Finalmente, ese fin de semana hemos sabido que el asunto no se limitaba a una más de las indecencias que florecen al calor de la impunidad y del amiguismo sino que ha obedecido a una planificada conspiración de un militante socialista, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, que habría filtrado el aguinaldo académico de la presidenta de cabellos dorados por puro despecho.
Extrañaba que no surgiera este elemento de la conjura que es consustancial a todos los escándalos que han arribado a las playas del PP, hasta el punto de que algún día la historia incluirá al partido como la víctima de un terco complot planetario ideado por los templarios un día de libranza en su búsqueda del santo grial y transmitido en secreto de confesión a Pablo Iglesias en Casa Labra cuando intentaba fundar el PSOE. La maquinación perpetua de los socialistas contra el PP vendría a demostrar, aunque ese no fuera su objeto, una derivada del principio de Arquímedes, según el cual toda organización política sumergida en un fluido de inmundicia experimenta un empuje vertical y hacia arriba semejante al peso de los excrementos desalojados. O dicho de otra forma, que se puede gobernar flotando en la mierda como si tal cosa.
Los primeros contubernios de los que se tiene referencia escrita datan de los tiempos en los que el bigote de Aznar era negro zaíno, casi tan antiguos como los manuscritos del Mar Muerto. Acababa de llegar el embrión de estadista a la presidencia del PP cuando se descubrió que el partido se financiaba ilegalmente y que entre col y col algunos de sus dirigentes se zampaban las lechugas. Tal y como daría cuenta Aznar en la primera entrega de sus memorias, el caso Naseiro fue un montaje del Gobierno socialista para frenar el avance del PP, con el juez instructor como cooperador necesario: “Demostrando una inteligencia política y una capacidad de reacción fuera de lo común, Cascos consiguió convertir el caso Naseiro en el caso Manglano. Es decir, consiguió que el PP pasara de la defensa al ataque contra quienes, amparados por el poder y desde el propio poder, habían orquestado una operación para abortar la consolidación de una alternativa al socialismo en España”.
Aquello fue sólo el principio. Llegó luego la Gürtel, otra inmensa confabulación que Rajoy se encargó de desenmascarar: “Esto no es una trama del PP como algunos pretenden. Es una trama contra el PP, que es una cosa muy distinta. Todas las contrataciones de esta casa se han hecho en el marco de legalidad”. Como Cascos debía de estar constipado, de olfatear el montaje se ocupó entonces Federico Trillo, quien acusó a Rubalcaba de orquestar la operación, con la ayuda del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido y, por supuesto, de Baltasar Garzón, que entonces era juez.
Lo del PSOE con el PP era ya ensañamiento, como habían demostrado con anterioridad algunos de los más afamados agujerólogos del 11-M para los que, en mayor o menos medida, más que un atentado yihadista salvaje aquello fue una conjura del socialismo y la ETA para echar al PP del Gobierno en la que pudieron participar los servicios secretos de Marruecos a cambio de la entrega pactada de Ceuta y Melilla. La revelación fue patente al descubrirse que un tal Fernando Huarte, militante del PSOE y supuesto colaborador del CNI, había visitado en prisión a un dirigente del GIA, Abdelkrim Benesmail, que tenía una agenda en el que figuraban los nombres de algunos etarras a los que había conocido en la cárcel y que llegó a comerse, dando origen a su apodo: el islamista comefolios. Se suponía que Huarte presidía la Asociación Nacional de Amigos del Pueblo Palestino Al Fatah como tapadera para adentrarse en las fauces del fundamentalismo y arrancarle sus secretos, pero el PP, a diferencia de Benesmail que todo lo engullía, no se tragó el relato.
Con la constancia de que el PSOE siempre está detrás de cualquier escándalo, ya sea el tamayazo –en el que cedió la presidencia de Madrid a Esperanza Aguirre a cambio de manchar el buen nombre de los populares-, Púnica o Lezo, donde han sido más discretos, sólo hacía falta escarbar con la uña para descubrir la mano de uno de sus militantes en el amañado máster de Cifuentes, otra víctima inocente de la depravación de estos sujetos. El PP resiste, pero hasta las caras más duras de hormigón armado se desgastan con el uso intensivo.
[9] El profesor que filtró el caso del máster niega una operación política: «Soy un funcionario que está cumpliendo con su obligación»
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, en rueda de prensa sobre el máster de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes.EFE/ Javier Lizón
Salvador Perelló asegura que le llegó a su casillero del despacho «un sobre con fotocopias de varias cosas», entre las que estaban los documentos filtrados y los pantallazos de la intranet de la universidad.
Salvador Perelló, el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que ha reconocido que filtró documentos del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a eldiario.es, asegura que cumplió con su obligación como funcionario y rechaza que tenga que ver «con una operación política».
Perelló ha explicado este lunes a la cadena SER que le llegó a su casillero del despacho «un sobre con fotocopias de varias cosas», entre las que estaban los documentos filtrados y los pantallazos de la intranet de la universidad. El profesor de la URJC ha relatado que los estudió y analizó con calma para comprobar que eran ciertos y después se los dio a la prensa.
Perelló, militante del PSOE, ha asegurado que «no conoce» ni al portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ni al secretario general socialista, Pedro Sánchez, con los que «nunca» ha hablado «ni en persona ni por mensaje».
Insiste en que esto no tiene «nada que ver con una operación política»: «Soy un funcionario que está cumpliendo con su obligación».
Estudia acciones legales
El profesor ha explicado que hoy se verá con sus abogados para decidir si emprende acciones judiciales contra el diario El Mundo y el periodista que firma la información publicada este domingo, titulada «Un militante del PSOE resentido con el PP destapó el ‘caso Cifuentes'».
Perelló dice que accedió a hablar en conversación privada con el periodista, pero nunca a una entrevista y que sus declaraciones se han publicado sin su autorización.
También estudia Perelló emprender acciones contra aquellos del PP que le están difamando y no descarta, si lo citan, acudir a la posible comisión de investigación de la Asamblea que Ciudadanos quiere poner en marcha.
Durante la convención del PP en Sevilla, el portavoz del Gobierno de Madrid, Ángel Garrido, anunció ayer que pedirán explicaciones al PSOE por la «trama delictiva» que ha «urdido» un militante socialista contra Cifuentes con las informaciones sobre su máster.
[10] Ciudadanos ya le saca casi un millón de votos y 9 escaños de ventaja a un PP en caída libre
Reparto de escaños en el Congreso de los Diputados, según las estimaciones de JM&A para abril de 2018.
Las convulsiones políticas y los grandes escándalos relacionados con el Partido Popular –de Catalunya a Cifuentes, pasando por Gürtel– tienen un impacto decisivo sobre la aritmética electoral, que apunta a un fenómeno inédito en España: cuatro formaciones situadas en ‘fila india’ entre los 60 y los 100 escaños. Ciudadanos ya supera al PP en cuatro puntos y también lo adelanta por vez primera en número de diputados, según las estimaciones de Jaime Miquel para ‘Público’.
Ya no hay vuelta de hoja: el Partido Popular se desploma, incapaz de sobreponerse a su cascada de escándalos y fracasos, entregando el liderazgo electoral de la derecha a un Ciudadanos que capitaliza las carencias del PP pese a no demostrar muchas más virtudes. El panorama político español está a punto de cambiar para siempre.
Si en este momento se celebrasen unas elecciones generales, la formación de Albert Rivera aventajaría a la de Mariano Rajoy en casi un millón de votos y –pese al injusto sistema electoral impuesto tras la muerte del dictador– por vez primera batiría también en escaños al hasta ahora partido hegemónico de la derecha, según las estimaciones del gabinete demoscópico de Jaime Miquel y Asociados (JM&A) –basadas en el desk research de los más importantes sondeos recientes, incluido el del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)– para el Observatorio Continuo de Público.
La caída libre del PP parece no tener fondo, y ahora C’s no sólo obtendría nueve diputados más (batiéndolo por 97 a 88 escaños), sino que le arrebataría dos millones de sus fieles votantes… igual que le quitaría tres cuartos de millón de votos al PSOE.
El fenomenal ascenso de Ciudadanos en los sondeos podría ser un espejismo, pero la unanimidad de todos los estudios demoscópicos, durante los últimos meses, sobre el descenso en picado del partido en el poder, a causa de un trasvase masivo de votantes hacia su nuevo rival derechista, augura una debacle de las huestes de Rajoy en beneficio de los seguidores de Albert Rivera.
C’s ganaría hoy 65 escaños y el PP perdería 49
Tan espectacular es el crecimiento de C’s que JM&A prevé que obtendría hoy un inédito aumento de 65 escaños –hasta rozar el centenar–, a costa de la drástica reducción de los diputados del PP (-49) y de otros 20 parlamentarios que ganaría al PSOE (-8) y a Unidos Podemos (-12), como se puede apreciar en la siguiente tabla completa de las estimaciones de Jaime Miquel:
Tabla completa de estimaciones de JM&A para unas elecciones generales , comparadas con los resultados de 2016.
«Estamos dando nuestras posiciones electorales actualizadas ahora que se está realizando el trabajo de campo del barómetro de abril del CIS [Centro de Investigaciones Sociológicas del Gobierno] para así poder comparar ambas estimaciones» cuando el CIS anuncie sus resultados, explica Jaime Miquel.
«Dadas las características de la LOREG [Ley Orgánica del Régimen Electoral General] y de la distribución de los apoyos populares de los partidos, Ciudadanos necesita casi tres puntos de votos válidos de ventaja sobre el PP para empatar en escaños«, detalla Miquel. «La misma ventaja que necesitan Unidos Podemos y sus confluencias para empatar con el PSOE».
Así que lo que se produciría si hoy se celebrasen elecciones generales sería una división de los votantes entre cuatro opciones: «Se trata de una aritmética electoral inédita en España, con cuatro candidaturas en fila india entre sesenta y cien escaños», afirma el analista electoral de Público.
«Lo que sucumbe ahora es una cultura política autoritaria e irreflexiva que es postfranquista», afirma Miquel
Por tanto, el fin del bipartidismo está más que garantizado, pero no hay que lamentarlo en demasía, según Miquel: «Lo que sucumbe es una cultura política autoritaria e irreflexiva que llamamos postfranquista. Y el PSOE está atenazado por el mismo problema: o aterrizan ahora donde despegaron, que es en la comprensión plurinacional de España y en la moción de censura a Rajoy, al lado de Podemos para hablar con ERC y los demás –cosa que no creo que vayan a hacer– o lo harán en las próximas generales con un hundimiento como los del PASOK griego, del PS francés o del Partido Democrático italiano de Renzi«.
Ante este panorama, la caída prevista de 2,3 puntos del PSOE e incluso la de 3 puntos justos de Unidos Podemos parecen una minucia, ya que la catarata de votantes derechistas que fluye a borbotones desde el PP hasta C’s hace palidecer cualquier otro flujo electoral de cara a las próximas elecciones generales.
En cuanto al factor territorial, en este gráfico interactivo (pasando el cursor sobre las barras se visualizan los datos parciales) se aprecian claramente las comunidades que dan el vuelco electoral decisivo para el hundimiento del PP en toda España: C’s gana 11 escaños en Andalucía, 8 en Castilla y León, 7 Castilla-La Mancha y Madrid; y 6 en València y Catalunya… la gran mayoría arrebatándoselos a los populares.
El ascenso meteórico de C’s no tiene precedentes
Y ese ascenso meteórico de Ciudadanos no tiene precedentes en la mayor parte de las comunidades: salta de 0 a 7 diputados en la comunidad manchega; de uno a 9 en Castilla la Vieja; de 7 a 18 en Andalucía, de 6 a 13 en Madrid, de 5 a 11 en València y de 0 a 4 en Galicia. Un despegue que roza lo inverosímil y que, de producirse, puede llegar a sentenciar la muerte del partido que hoy gobierna.
«Lo que se destruye son expresiones políticas con las que convivimos que son imposibles en la Unión Europea del siglo XXI, como las banderas a media asta por Jesús de Nazaret o el somos novios de la muerte del Gobierno», opina Jaime Miquel.
El Partido Popular ha entrado en un torbellino autodestructivo, con la corrupción y Catalunya como ejes de su naufragio, que se acelera con su empeño en mantener posiciones insostenibles, como el falso máster de Cifuentes.
Si Rajoy logra resistir hasta el final de la legislatura, podría ser no sólo su último mandato de gobierno sino también el último del PP.
Tenemos lo que nos merecemos. España es un país corrupto, empobrecido porque quienes pasan por el poder nos roban compinchados con el empresariado. Entremedias, un lista de personas beneficiadas en menor cuantía o, simplemente, conocedoras de los hechos que guardan silencio. Cobardes.
No es la primera vez que escribo en este blog acerca de la corrupción, llamando la atención sobre el hecho de que para que ésta se produzca, al menos tienen que existir dos polos: por llamarlos de algún modo, corruptor/a y corrompido/a. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la onda expansiva de la corrupción alcanza a más personas, bien porque se es eslabón necesario de la cadena de acciones para culminar el delito o porque, de algún modo, termina beneficiando a su bolsillo.
La mayor parte de las tramas de corrupción investigadas o ya judicializadas han salido a la luz porque alguno de estos eslabones se rompe y tira de la manta. Incluso en el caso del máster de Cifuentes, han aparecido diversos eslabones -aunque la mayor parte de ellos, después de que las informaciones de eldiario.es evidenciaran su complicidad si no se desmarcaban.
También en diversas ocasiones, me he referido en este espacio a Rincón de la Victoria (Málaga), porque desde el punto de vista político, económico y social sirve para ilustrar muchos de los fenómenos que se dan en el resto de España: la imposición del nacionalcatolicismo, el fascismo latente en ciertos círculos, la explotación economía surmegida por parte de la hostelería, la crisis interna de Ciudadanos, el ladrillazo, los desencuentros de la izquierda… Y también, la cobardía.
Todas aquellas personas que me llaman o escriben (y no son pocas), denunciando supuestas corrupciones por parte de algunos políticos y empresarios, lanzando la piedra y escondiendo la mano, son cobardes. Cuando se lo recrimino, me espetan “es que yo vivo aquí”. Claro… y yo. Son tantas las personas que dicen conocer desde hace muchos años la corrupción, que sorprende que nadie haya puesto en marcha el ventilador con el fin de acabar con esta situación que ha llevado a las arcas municipales a una deuda que impide cumplir con los servicios públicos que se presuponen a un Ayuntamiento.
Pueden intentar buscar excusas o pretextos para justificar ese silencio cómplice pero, por muchas vueltas que le den, son cobardes.Incluso el miedo a las represalias por parte de políticos y empresarios -que estoy convencido que las hay- no deberían poder con la verdad, con que todas esas personas sacaran a la luz hechos conocidos que enriquecen a unos pocos y empobrecen al resto. No es el caso y, como sucede en Rincón de la Victoria, en España se replica la falta de valor, trasladando la prueba irrefutable de la cobardía y la complicidad en los resultados electorales: por más corrupción probada y condenada, miren quiénes nos gobiernan.
[12] El Rey apoya en Barcelona a los jueces como «garantía de los derechos y el respeto a la ley»
200 estudiantes tratan de boicotear el acto del Rey con los nuevos jueces en Barcelona EL MUNDO
Lesmes recuerda que los jueces defienden el «Estado de Derecho ante cualquier pretensión de menoscabo»
La tradicional entrega de despachos de la Escuela Judicial de Barcelona, presidida por el rey Felipe VI, se ha convertido en una reivindicación de trabajo de jueces y magistrados. En su intervención, el Rey detalló que el juez que forma la Escuela Judicial «es el que recoge expresamente la Constitución: independiente, inamovible, responsable, sometido únicamente al imperio de la ley». Además, indicó que son profesionales «comprometidos con los derechos e intereses de las personas, en especial los derechos fundamentales y libertades públicas, garante de la legalidad de la acción de los poderes públicos. Un juez imbuido de los valores constitucionales que presiden nuestro ordenamiento jurídico».
El monarca recordó que España «es un país moderno que se encuentra en continua evolución económica, social, cultural y técnica» por lo que se «impone cambios legislativos para ajustar la realidad a los progresos y transformaciones sociales» y pide a los nuevos jueces que actualicen sus «conocimientos jurídicos» durante toda su carrera. El Rey reconoció las dificultades para ejercer la profesión: «la tarea de juzgar exige una gran preparación técnica y requiere, también, rectitud imparcialidad y un sólido sentido de la Justicia».
En su discurso, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, remarcó el «compromiso» de los nuevos jueces no sólo con la ciudadanía, sino también con el resto de la «carrera judicial» ya que «vuestros compañeros están respondiendo con la necesaria firmeza a los desafíos que se nos están presentando en unos momentos especialmente convulsos y complicados».
Por eso, Lesmes recordó en Barcelona que «los jueces y magistrados, desde el más firme respeto a la legalidad, están defendiendo el Estado de Derecho ante cualquier pretensión de menoscabo» y detalló que es «nuestra misión y ese es el compromiso» de los nuevos profesionales de la magistratura. El presidente del Supremo también aseguró que son «pieza fundamental para garantizar la paz social y la seguridad jurídica».
También intervino en el acto la directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, quien recordó que la independencia judicial es «un derecho de los ciudadanos y no un privilegio personal del juez». Además, remarcó que «un juez debe ser independiente no sólo respecto a factores externos o a otros poderes del Estado, sino incluso frente a sus propias convicciones y experiencias personales».
Más jueces en Cataluña
65 jueces forman la promoción número 67 de la Escuela Judicial. Andalucía es la Comunidad Autónoma que más jueces aporta (13), seguida por Castilla y León (11) y Cataluña, Galicia y Madrid (6 cada una). La media de edad al ingresar en la Escuela Judicial en 2016 era de 28 años, aunque los cuatro alumnos más jóvenes tenían entonces 24 y los tres más veteranos pasaban de los 40, informa el CGPJ. Además, detallan que el 95,4 por ciento de los nuevos jueces contó con el apoyo económico de sus padres durante la preparación de la oposición, y solo el 4,6 por ciento disfrutó de una beca.
El 70,8 por ciento de los miembros de la nueva promoción no tiene en su familia a nadie que ejerza una profesión en el sector jurídico. En los casos en los que sí existe esa relación, solo cuatro alumnos tenían como familiar a un juez. En la encuesta que cumplimentaron al ingresar en la Escuela Judicial, el área penal fue señalada como la preferida para ejercer en el futuro por el 29,1 % de los miembros de la promoción, seguida por la civil (19,4 %) y la de familia (13,1 %).
Cataluña es la Comunidad Autónoma a la que irán destinados más miembros de la promoción, ya que contará con un total de 17 de nuevos jueces. Le siguen Andalucía, con once; y Canarias y la Comunidad Valenciana, con seis cada una. De los 65 miembros de la nueva promoción, 37 comenzarán a ejercer la jurisdicción como titulares de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Otros dos ocuparán plazas de juez de adscripción territorial, mientras que los 26 restantes quedarán a disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia al que vayan destinados, ante la inexistencia en este momento de plazas vacantes de titulares de órganos judiciales.
Presencia de Llarena
El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, fue la persona más saludada en los momentos previos al acto. Llarena, esposo de la directora de la Escuela Judicial y ex presidente de la Audiencia de Barcelona, estuvo conversando con otros magistrados, vocales del CGPJ y representantes de los cuerpos policiales que acudieron al acto.
El Rey almuerza con empresarios catalanes
Felipe VI ha cerrado hoy su visita a Barcelona con un almuerzo privado con directivos catalanes de grandes empresas, con los que ha intercambiado impresiones sobre la situación en Cataluña, han informado fuentes del Palacio de la Zarzuela.
El Rey ha mantenido este encuentro en el Palacete Albéniz después de participar con la cúpula judicial en el acto de entrega de los despachos a los nuevos jueces en el Auditori de Barcelona.
Según las fuentes, en el almuerzo han participado «un grupo destacado» de directivos catalanes. Entre ellos, presidentes y responsables de grandes compañías en España, algún representante del empresariado catalán y otras personalidades del ámbito económico, todos ellos «con carácter individual».
Zarzuela no ha dado más detalles sobre los comensales, ni sobre lo tratado en el almuerzo al ser una cita privada.
La comida se ha celebrado en el Palacete Albéniz, en la zona de Montjuïc, que ha sido durante las últimas décadas la residencia oficial de la familia real en sus estancias en Cataluña y donde Felipe VI ha mantenido en otras ocasiones audiencias oficiales con diferentes colectivos.
[13] La hora de Griñán y Chaves al fin en el juicio de los ERE
Después de tres meses de juicio, continuos retrasos y la declaración de 19 de los 22 ex altos cargos, esta semana le llegará el turno al ex presidente José Antonio Griñán para dar explicaciones por el fraude de los ERE ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla que enjuicia la llamada pieza política, en la que también está acusado su predecesor en el cargo, Manuel Chaves.
Aunque en un principio la declaración de ambos estaba prevista para la semana pasada, el larguísimo interrogatorio al que ha sido sometido el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández -se ha prolongado durante cinco días y aún queda este lunes- ha provocado otro retraso, el enésimo, en un juicio que se está caracterizando, entre otras cosas, por incumplir el calendario y alargarse bastante más de lo previsto.
De acuerdo con las estimaciones que manejan las partes personadas y el propio tribunal, la jornada de este lunes servirá para que termine la declaración de Antonio Fernández, con lo que el siguiente en el orden de testimonios, José Antonio Griñán, ocupará el lugar del ex consejero de Empleo mañana martes.
La incógnita está en cuánto durará en su caso el interrogatorio al ex presidente y ex consejero de Hacienda porque de ello depende que le llegue el turno a Chaves o tenga ya que esperar hasta la semana de la Feria de Abril para responder a las acusaciones que pesan sobre él.
En principio, todo apunta -o, al menos, ésa es la intención de las partes y el tribunal- a que Griñán declare durante toda la sesión del martes y la mañana del miércoles, día en que sí hay juicio por la tarde. De esta forma, el ex presidente Chaves podría empezar a ser interrogado por la Fiscalía el miércoles por la tarde.
Pero hay que tener en cuenta que, hasta ahora, los calendarios y los plazos marcados en el desarrollo del juicio de los ERE han sido muy poco fiables y que los giros en la vista oral han sido frecuentes.
Sobre Griñán pesa una petición de seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación de caudales públicos. Más liviana es la acusación que pende sobre Chaves, ya que la Fiscalía ha solicitado para él 10 años de inhabilitación por prevaricación.
Los indicios contra ellos
Los dos ex presidentes se han desvinculado del fraude, pero ni el Tribunal Supremo ni el juez de instrucción ni la Fiscalía Anticorrupción les han creído. El magistrado del Supremo concluyó que existen indicios de que Chaves y Griñán mantuvieron un «sistema ilegal» con el que disponían sin apenas control de cantidades millonarias para ayudas sociolaborales. Además, calificó de «absurdas» las tesis exculpatorias esgrimidas por los ex presidentes de que sus subordinados no les mantenían al tanto del sistema.
Esta versión resultaría «incoherente», como si hubiese «una especie de cortafuegosque impidiera la comunicación e información entre los dos primeros escalones de la pirámide (presidente y consejeros) y el tercero y el cuarto (viceconsejeros y directores generales)», dijo el magistrado en un demoledor escrito.
Para la Fiscalía, está muy claro que ni Chaves ni Griñán «tomaron decisión alguna en el ejercicio de sus funciones que pusiera freno al procedimiento seguido por la Consejería de Empleo para la gestión presupuestaria de las ayudas sociolaborales». Ello a pesar de que tenían pleno «conocimiento de las irregularidades», ya que la Intervención les había alertado de que se estaban usando «de forma indebida» transferencias de financiación para hacer llegar el dinero público al ‘fondo de reptiles’ de los ERE. Con las transferencias de financiación se evitaba la fiscalización previa de la Intervención.
El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, que también se sienta en el banquillo de los acusados pese a que alertó hasta 15 veces de las irregularidades, remitió una dura carta al presidente del Parlamento andaluz en noviembre de 2012 con motivo de la comisión de investigación abierta sobre este asunto. En ella, se refería a los ERE como el «caso de corrupción más importante de la historia de España» y culpaba a Griñán de «cebar sin descanso la corrupta partida presupuestaria» de la que salieron las ayudas sociolaborales.
Compañeros de banquillo
Además de los ex presidentes, están siendo juzgados 20 ex altos cargos, entre ellos la ex ministra Magdalena Álvarez, el ex ‘número dos’ de Chaves en la Junta, Gaspar Zarrías, y los ex consejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Fernández y José Antonio Viera.
Les acompaña el principal acusado en este caso de corrupción: el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, que fue quien bautizó la partida presupuestaria de la que salían las ayudas como ‘fondo de reptiles’. Además, concedió subvenciones a las empresas vinculadas a su chófer en la Junta que, según el conductor, costearon juergas con cocaína.
Guerrero, que fue director general durante nueve años con tres consejeros de Empleo distintos, implicó a Chaves en la fase de instrucción, si bien en el juicio dio marcha atrás. En las declaraciones prestadas en 2011 y 2012 ante la Policía, la Guardia Civil y la juez Mercedes Alaya, Guerrero involucró al ex presidente cuando narró que la «única directriz por escrito» que recibió para beneficiar a una u otra empresa con las ayudas de los ERE fue de la Consejería de Presidencia en 2004. En ella, se le «ordena que se arregle el conflicto de Bilore porque el presidente de la Junta [Chaves en esa fecha] iba a visitar Lucena». Esta empresa se benefició de un ERE costeado por la Administración andaluza.
El relato de la Fiscalía
Anticorrupción ve prevaricación y malversación en el diseño y mantenimiento del «procedimiento específico» empleado por el Gobierno andaluz para repartir sin control y de forma arbitraria más de 741 millones de euros en ayudas durante una década, entre 2000 y 2010. Se trata de una de las mayores operaciones orquestadas desde el poder para mantener una poderosa red clientelar que ha contribuido, aún hoy, a la supervivencia del régimen socialista andaluz en una comunidad que desconoce la alternancia política.
Los interventores
En el ‘caso ERE’ son claves los informes de la Intervención de la Junta en los que se alertaba de las irregularidades del «procedimiento específico» instaurado por el Gobierno andaluz para repartir sin control y de forma arbitraria las ayudas.
Hay un «hito cronológico» en 2005, según explica en un auto el juez instructor. El 25 de julio de ese año la Intervención emitió un «informe adicional al informe definitivo de auditoría de cumplimiento del ejercicio de 2003» en el que se concluía que el Gobierno andaluz estaba «prescindiendo de manera total y absoluta» del procedimiento establecido en la Ley General de Hacienda Pública de la comunidad autónoma para la concesión de subvenciones.
«Hasta ese momento, todos los implicados en la puesta en marcha y funcionamiento del procedimiento específico podrían pretender ampararse en la ignorancia de sus nefastas consecuencias», expone el juez. Sin embargo, a partir del informe de 2005 esa coartada exculpatoria de los ex altos cargos «queda descartada de modo absoluto».
«Ante tales evidencias [las alertas de la Intervención] no cabe asumir ni el desconocimiento de la perversión del procedimiento específico ni su alcance malversador», zanja el juez.
La versión de los acusados
Cuando Griñán salió del Tribunal Supremo el 9 de abril de 2015 admitió que el caso de los ERE es «un gran fraude», si bien trató de desvincularse de él porque «nunca» recibió los informes de la Intervención en los que se alertaba sobre las irregularidades del sistema, pese a que iban dirigidos a él, durante su etapa como consejero de Hacienda.
Griñán defiende también que «todas las actuaciones del Consejo de Gobierno» con las ayudas sociolaborales se hicieron con los correspondientes informes favorables y las modificaciones presupuestarias para pagarlas las aprobó el Parlamento.
Chaves ni siquiera admite que haya un fraude en los ERE. En los últimos años viene repitiendo que en los 19 años que ha sido presidente «nunca se ha adoptado en un Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal». En su escrito de defensa, alega que «desconocía los procedimientos concretos por los que se canalizaban las ayudas», al no ser ésta su función como presidente.
«Ni conoció ni pudo conocer las irregularidades de las ayudas sociolaborales» porque el interventor «no le informó con ningún informe de actuación», dice su escrito de defensa.
[14] Casi uno de cada cuatro indultos concedidos en 2017 fue para condenados por corrupción
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una imagen reciente. EFE/Mariscal
El año pasado, el Gobierno aprobó 26 medidas de gracia, seis de ellas a condenados por prevaricación; y Catalá siguió negando que este delito se pueda clasificar como corrupción, en contra del criterio del CGPJ.
2017 se cerró con 26 indultos, una cifra muy similar a la de 2016. Después de años a la baja -pasando de más de un indulto y medio al día a un indulto a la semana y, ahora, a uno cada quince días– el número de perdones que el Gobierno concede cada año parece que ha tocado suelo.
Seis de los 26 fueron para funcionarios y un exconcejal del Ayuntamiento de Rota, condenados por prevaricación por el caso horas extra: durante años se pagó a uno de esos trabajadores públicos, en forma de horas extra en su nómina, trabajos que el Consistorio debía haber adjudicado vía contrato. Gracias al indulto, pudieron volver a sus puestos como si nada hubiera pasado.
Así, esos seis indultos a condenados por prevaricación -un delito que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera corrupción-, suponen un 23% del totalo, lo que es lo mismo, casi uno de cada cuatro indultos concedidos el año pasado. Si el cesto es más pequeño, las manzanas podridas destacan más.
No es la primera vez que un Gobierno indulta a corruptos. Desde 1996, se han concedido 227 perdones a condenados por corrupción. Podemos dar esa cifra gracias a la clasificación creada por el CGPJ el año pasado, que estableció, para sus estadísticas, qué delitos consideraba corrupción. Una clasificación que, por cierto, no incluye la prevaricación judicial. Y que el Gobierno parece no dar por buena.
Para el Gobierno, prevaricación no es corrupción
Así, Rafael Catalá, Ministro de Justicia, ha repetido en varias ocasiones que él no considera que la condena por prevaricación a los seis indultados de Rota sea corrupción, en contra del criterio del CGPJ. El pasado mes de diciembre, volvió a insistir. Lo hizo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, sobre una pregunta de indultos a maltratadores:
“Estamos trabajando en la proposición de ley que presentó el Grupo Ciudadanos y, fíjese, mientras se aprueba, mientras se aplica como norma legal, estamos intentando que eso sea la práctica cotidiana en materia de indultos. Estamos ejerciendo la competencia que tiene el Gobierno de manera que no haya un solo indulto no ya en delitos de corrupción, sino tampoco en materia de violencia de género, de delincuencia fiscal o tributaria, en seguridad vial.”, aseguró. Una vez más, esos seis indultos a prevaricadores no entraban en sus cuentas.
Catalá se refería también, en esa intervención, a la proposición de ley de Ciudadanos que, entre otras medidas, propone una reforma -parcial- de la Ley del Indulto. El Congreso también tiene en el cajón, desde agosto de 2016, otra propuesta para modificar la medida de gracia, en este caso del PSOE. Ambas formaciones proponen vetar los indultos para ciertos delitos y transparentar en parte el proceso, aunque no plantean una reforma a fondo de la figura.
Tanto Catalá como Gallardón han negado haber indultado a corruptos, aunque perdonaron a condenados por prevaricación y malversación.
Catalá no es el primer Ministro de Justicia que niega la evidencia o establece clasificaciones sui generis de qué es corrupción y qué no. En 2014, Alberto Ruiz Gallardón también negó haber indultado a corruptos. Y también mintió, como pudimos demostrar en El Indultómetro.
Los otros indultados de 2017
De los 26 indultos, además de los seis por prevaricación, destacan 12 por delitos contra la salud pública. Este es también el delito más indultado en términos absolutos desde 1996, pero la cosa cambia si tenemos en cuenta el número de condenas. Así, si analizamos el porcentaje de indultos sobre el total de sentencias, los delitos que han sido más perdonados son aquellos cometidos por funcionarios contra la libertad individual (un 5,2% de condenados han sido perdonados), contra el medio ambiente (4,9%), prevaricación (1,6%) y malversación (1,4%).
El resto de los indultos de 2017 han ido a parar a condenados por estafa, lesiones, delitos contra el medio ambiente, robo y hurto. Dos de ellos eran dueños de bares y fueron condenados por el ruido a sus vecinos, en Dos Hermanas, Sevilla y en Deifontes, Granada
En 2018, por el momento, llevamos nueve indultos, cinco de ellos por solicitud de las cofradías de Semana Santa. Habían sido condenados por delitos contra la salud pública (cinco de ellos), tráfico de drogas (dos), robo y falso testimonio.
Cifuentes junto a los rectores en el acto de apertura de curso de las universidades públicas madrileñas en septiembre de 2017.
Se trata de la primera condena por prevaricación a un profesor que aprobó a una alumna que no se presentó al examen.
«He hablado con un profe amigo mío que imparte una asignatura en primer cuatrimestre y que me ha dicho que te la va a aprobar sin que vengas ni siquiera al examen», le dijo la funcionaria a la alumna por correo electrónico
El caso Cifuentes tiene un precedente de condena en España. Fue en febrero de 2017, cuando el Tribunal Supremo ratificó una sentencia de la Audiencia Provincial de Granada condenando a un profesor de la Universidad de Granada a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación al haber aprobado a una alumna en un examen al que no se presentó.
APROBÓ LA ASIGNATURA SIN ESTAR SIQUIERA MATRICULADA
Los hechos ocurrieron en 2008, cuando una alumna de Facultad de Pedagogía de la Universidad de Granada, se dirigió a la jefa de Sección y Adjunta a la Administradora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la citada Universidad, planteándole el problema que tenía para realizar exámenes y asistir a clases por motivos laborales, ya que se encontraba trabajando en Cádiz. La alumna necesitaba tener aprobada al menos una asignatura para acceder al derecho de compensación previsto en la Normativa de la Universidad de Granada, pues no reunía los requisitos exigidos para la obtención del correspondiente título, al no tener aprobadas asignaturas troncales de primer y segundo ciclo y carecer de créditos suficientes.
La funcionaria accedió a la solicitud de la alumna y pidió personalmente al profesor titular del Departamento de Didáctica y Orientación Escolar, que impartía la asignatura del primer cuatrimestre «Orientación Escolar y Tutoría», la resolución del problema, “consintiendo éste (según figura en el fallo de Supremo), en aprobar a la alumna sin qué esta tuviera que realizar ningún examen, aun sin conocerla y sin que hubiera podido asistir a ninguna de sus clases hasta ese momento, pues entonces ni siquiera estaba matriculada”.
UN SOBRESALIENTE «CARECIENDO DE CUALQUIER MÉRITO»
Sin haber realizado examen ni trabajo alguno y sin haber asistido a clase, la alumna obtuvo un sobresaliente
jefa de Sección se jacta de la buena relación que mantiene con dicho profesor y, por correo electrónico, el 9 de enero de 2008, informó a la alumna de que su problema estaba solucionado «hablando con un profe amigo mío que imparte una asignatura en primer cuatrimestre y que me ha dicho que te la va a aprobar sin que vengas ni siquiera al examen». El docente le puso sobresaliente, lo que permitió a la joven aprobar por compensación otras asignaturas y obtener en abril el título de Licenciada en Pedagogía.
Las irregularidades siguieron produciéndose ya que, aunque la alteración de matrículas (el cambio de matrícula de unas asignaturas por otras distintas) para el primer cuatrimestre ya había terminado el 2 de noviembre de 2.007, la jefa de Sección procedió a matricular a la joven el mismo 9 de enero, sin que conste ninguna solicitud previa al efecto ni resolución estimatoria.
Sin haber realizado examen ni trabajo alguno y sin haber asistido a clase, la alumna obtuvo un sobresaliente que el profesor hizo constar en el acta el 7 de marzo de 2008, “en definitiva -dice el Supremo, careciendo de cualquier mérito”.
7 AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL PROFESOR Y LA FUNCIONARIA
Por todo ello, el Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial condenando por prevaricación al profesor pero también a la jefa de Sección “por cooperación” a 7 años de inhabilitación a cada uno y absolviendo a la alumna.
El fallo, del que fue ponente el magistrado Luciano Varela, rechaza el recurso del profesor que alegó que no concurría el elemento objetivo del delito de prevaricación (dictar resolución injusta) por el que ha sido condenado, afirmando que “la decisión del personal administrativo, en general el profesor, que fija el nivel de adquisición de conocimientos, con destino al expediente del alumno, y que se refleja, al ser definitiva, en un acta, constituye pues de manera indudable un acto administrativo de resolución definitiva de un procedimiento de tal naturaleza”.
[16] La estrecha relación entre Cifuentes y el creador de la Universidad Rey Juan Carlos
Gustavo Villapalos en la jura de su cargo como consejero de Educación del Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón en 1995. EFE/Alberto Martín
Gustavo Villapalos era consejero de Educación del Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando se fundó la universidad
Ambos se hicieron amigos cuando, como estudiante, la hoy presidenta madrileña participó en grupos de apoyo para que él se convirtiera en rector de la Universidad Complutense
Mientras él era consejero, ella era portavoz del PP de la materia y Villapalos llegó a nombrar como director general de Patrimonio al marido de la dirigente popular
El nacimiento oficial de la sexta universidad pública de la Comunidad de Madrid tuvo lugar el 8 de julio de 1996. La Rey Juan Carlos (URJC) que 15 años después organizó el polémico máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, surgió como una iniciativa del entonces presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón. Pero quien dio forma al proyecto fue el entonces consejero de Educación y Cultura Gustavo Villapalos.
Historiador y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Villapalos también fue rector de la Universidad Complutense de Madrid entre 1987 y 1995. Un cargo al que accedió, en parte, por la campaña de apoyo en la que participó precisamente la propia Cifuentes.
Al creador de la URJC y primer presidente de su Consejo de Administración y a Cifuentes les une una relación que se remonta a los años 80 del pasado siglo. La hoy presidenta madrileña era entonces una estudiante de Derecho de la Complutense que ya había entrado en política –se afilió a Alianza Popular, predecesora del PP, con 16 años– y que también conocía la militancia estudiantil por su participación en una asociación conservadora de la universidad.
Villapalos, cercano también a Alianza Popular, era entonces catedrático de Historia del Derecho. S egún contó El Plural en 2016, Cifuentes participó activamente en los grupos de apoyo para que él se convirtiera primero en decano de la Facultad de Derecho y después en rector. Precisamente en esos grupos conoció la presidenta madrileña a otro de sus amigos, Dionisio Ramos, vinculado después al tamayazo, que formó parte del tribunal de la oposición en la que Cifuentes logró su actual puesto de funcionaria y que entre 2011 y 2012 también hizo el polémico máster de la dirigente madrileña.
En cuanto a Villapalos, a finales de los años 80 y a principios de los 90 se convirtió en amistad lo que hasta entonces era tan solo una relación académica. Como explica Alfonso Merlos en su libro Cristina Cifuentes, Sin Ataduras (La Esfera de los Libros, 2016) él fue primero su maestro, y «después será su amigo».
Las carreras de ambos crecieron además en paralelo. En 1995 Gallardón nombró al entonces rector consejero de Educación y Cultura. Y ese mismo año Cifuentes, que ya era diputada autonómica desde hacía cuatro, lograba acceder a la dirección de un colegio mayor administrado por la Complutense –universidad de la que Villapalos había sido rector–, el Miguel Antonio Caro. Como contó El Mundo, el paso de la presidenta madrileña por dicha residencia femenina fue decisivo, ya que por primera vez permitió que las estudiantes no tuvieran un horario de llegada, algo revolucionario en la época.
Además de su amistad, la relación entre Villapalos y Cifuentes también era profesional. Mientras el primero era consejero de Educación y Cultura Cifuentes era designada como portavoz del PP en la Asamblea de Madrid del área de Educación y Cultura. Así, era la actual presidenta madrileña la encargada de fijar la postura de su grupo cada vez que Villapalos acudía a la cámara autonómica, y siempre lo hacía a favor de las posiciones del consejero.
Mientras uno era el máximo representante del Gobierno autonómico en materia educativa y la otra portavoz de la materia del PP en la Asamblea, se produjo otro hecho que volvería a vincular las trayectorias vitales de ambos. En diciembre de 1998, Villapalos realizaba varios cambios dentro de su consejería. Y uno de ellos consistía en el nombramiento de un nuevo director general de Patrimonio, puesto que, como contó El País, recayó en Francisco Javier Aguilar, arquitecto que ya había trabajado en numerosas obras de la Universidad Complutense y que no es otro que el marido de la propia Cifuentes.
En 2011, la actual presidenta madrileña decidía iniciar un máster en la Rey Juan Carlos que había sido creada durante el mandato de su amigo Villapalos. Tres años después, en 2014, éste fue nombrado Doctor Honoris Causa de esa misma universidad.
Había alumnos de primera y de segunda en el máster de Cifuentes: estudiantes ordinarios, que aprobaban con exámenes y clases, y también estudiantes VIP, que recibieron un trato de favor
Quien hace un máster hace cientos. El Instituto de Derecho Público que aún hoy dirige el catedrático Enrique Álvarez Conde funcionó durante años como un auténtico chiringuito donde había dos tipos de alumnos. Los ordinarios: pobrecitos incautos, estudiantes que allí se matriculaban pensando que era un máster normal, y que hoy tienen un título bajo la sombra de la sospecha. Y otros alumnos extraordinarios, los VIP: políticos, cargos de confianza nombrados por Gobiernos del PP, miembros de la comunidad académica, amigos de Álvarez Conde o personas cercanas a algunas de las ‘cátedras’ que también se impartían allí.
Lo que hasta hoy hemos destapado eldiario.es, el caso de Cristina Cifuentes, es solo la punta del iceberg. Hay más nombres, algunos muy conocidos y muchos otros casi anónimos. Pero todos ellos tienen dos cosas en común. La primera, que no recibieron el mismo trato que los alumnos del montón. No a todos les convalidaban asignaturas con actas falsificadas, a final de curso. La segunda, que todos aquellos VIP cuyos perfiles hemos podido reconstruir tienen nexos personales, profesionales o de amistad que explican ese trato de favor.
En las próximas horas, eldiario.es va a publicar varios de estos nombres. Estamos aún intentando recabar la versión de todos ellos, para que se puedan explicar. No me cabe duda de que, con el tiempo, saldrán otros nombres más y que todo esto terminará en los tribunales como un gran escándalo nacional.
Cristina Cifuentes solo tenía razón en una cosa: no era la única. Había otros alumnos con “errores administrativos”, como ella definía estas ilegalidades. Había más personas a las que dieron un trato de favor en ese chiringuito opaco dentro de la URJC, en este Instituto de Derecho Público que creó Esperanza Aguirre dentro de la Universidad fundada por Alberto Ruiz-Gallardón.
Cristina Cifuentes, con todo, ha sido VIP entre los VIP de la URJC; al menos entre los que, por ahora, hemos podido acreditar. No todos los convalidados con firmas falsas tienen siquiera el título ni lograron dos años después de terminar el curso que una funcionaria cercana entrara en la intranet de la Universidad para modificar sus notas. Dudo también que haya muchos otros a los que, una vez descubiertos, les falsificaran otro documento más: esa acta del TFM que ya investiga la Fiscalía y que Cifuentes usó para intentar desmentir a eldiario.es y amenazarnos con la cárcel.
Tampoco creo que el resto de estos VIP vaya a recibir una larga y cerrada ovación por parte del partido que gobierna en España, que todavía intenta sujetar a Cristina Cifuentes en el sillón.
La responsabilidad de la presidenta de Madrid en este caso sigue siendo igual de grave que cuando empezó. Es probable que Cifuentes se escude en no ser la única para evitar la dimisión. No es excusa. Que haya más VIP solo añade aún más problemas a los directivos de este Instituto Universitario, no aligera la culpa de la presidenta de Madrid.
Lo ocurrido con Cifuentes ha demostrado algo importante: por qué una prensa independiente es imprescindible para evitar la impunidad. Sin el apoyo de tantos lectores, no habríamos podido llegar hasta aquí.
Si no eres socio, te pido que al menos te lo plantees. Estamos demostrando que otra prensa es posible. Con la ayuda de más lectores comprometidos, podremos llegar más allá.
[18] Pablo Casado nunca fue a clase y solo cursó cuatro de las 22 asignaturas de su máster gracias a las convalidaciones
El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, muestra un trabajo de su máster EFE
La universidad permitió a Casado convalidar 40 de los 60 créditos de los que constaba el máster, según ha explicado él mismo en una comparecencia en Génova
Casado nunca asistió a las clases y le bastó con redactar cuatro trabajos que en total ocuparon algo más de 90 folios
El dirigente del PP ha mostrado ante la prensa toda la documentación relativa a sus estudios, como contrapunto a la gestión de Cifuentes con su escándalo
El dirigente del Partido Popular, Pablo Casado no necesitó ir a clase para obtener un máster casi idéntico al de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Casado se benefició del máximo régimen de convalidaciones permitido por ley, lo que le permitió cursar solo 20 de los 60 créditos de los que constaba su título, tal y como ha explicado él mismo en una larguísima comparecencia ante los periodistas, convocada por la dirección del PP. En concreto, Pablo Casado cursó solo 4 asignaturas de un total de 22 que estaban previstas en el programa. Además, lo hizo sin asistir a clase con el beneplácito de la misma persona que estaba detrás del máster de Cifuentes, el catedrático Enrique Álvarez Conde.
Pablo Casado con la documentación que ha presentado en la sede del PP
Para aprobar el master gemelo al de Cifuentes, a Casado le bastó con redactar 4 trabajos con un espacio conjunto de 92 folios por los que obtuvo la máxima calificación. El presidente de la comisión de adaptaciones y convalidaciones que permitió a Casado no cursar el 66% de los créditos era, en el momento de los hechos (2009), Fernando Suárez Bilbao. Este profesor acabaría siendo rector de la URJC de cuyo cargo se vio apartado, tras desvelar eldiario.es la multitud de plagios en los que estaba involucrado.
Ante las informaciones que han discutido la obtención de su máster, Casado ha diseñado una estrategia de comunicación opuesta a la de su compañera Cristina Cifuentes. Ha convocado a los medios a una reunión de hora y media, en la que ha explicado los detalles relativos a su paso por la Universidad Rey Juan Carlos, y posteriormente ha ofrecido una rueda de prensa pensada para las televisiones. Casado se ha presentado ante los periodistas con la documentación sellada de su matrícula, las solicitudes selladas de convalidación y Los cuatro trabajos que entregó a cambio del título, esos 92 folios que le bastaron para obtener el polémico master.
El vicesecretario de comunicación del PP ha procurado eludir cualquier sospecha de trato de favor: «Yo, en el centro, trataba a la gente de usted. Se me mandó a hacer cola a secretaría, como debe de ser».
Preguntado sobre qué persona de la URJC le permitió suplir sus asistencia a clase por la entrega de trabajos, Casado ha señalado al catedrático Enrique Álvarez Conde, el mismo que habilitó los aprobados de Cristina Cifuentes que investiga la justicia. El dirigente popular dice que el arreglo se pactó cara a cara en las dependencias de la universidad madrilena.
En el capítulo de diferencias con el caso Cifuentes, Casado ha explicado que recibió la calificación de sobresaliente en todas y cada una de las asignaturas que cursó, un total de 4 de las 22 de las que constaba o máster. También, a diferencia de la presidenta madrilena, Casado ha explicado que nunca recogió su título, al frustrarse su intención de iniciar un camino hacia el doctorado que nunca llegó a emprender.
[19] Cifuentes aprobó tres asignaturas de su máster con unas actas con firmas de profesores falsificadas
Por Laura Galaup / José Precedo / Raúl Rejón / Ignacio Escolar / Raquel Ejerique
eldiario.es ha accedido a tres actas oficiales con sello del Instituto de Derecho Público, que dirige Enrique Álvarez Conde, en las que se da fe de una supuesta reunión de la «comisión de Garantía de Calidad» del máster, el 24 de mayo de 2012, donde se aprobó a varios estudiantes la convalidación de tres de las asignaturas, una cuarta parte del total.
Las convalidaciones no son, en sí mismas, un método irregular. Se puede aprobar una asignatura por esta vía en cualquier formación universitaria si el alumno así lo solicita y demuestra que tiene acreditados esos mismos conocimientos con otro título oficial. Lo ilegal no es ese método, habitual en la Universidad. Es que la reunión de la comisión de Garantía de Calidad donde supuestamente se aprobaron esas convalidaciones nunca existió y que las actas que así lo registraron, que también cuentan con membrete y sello oficial del Instituto de Derecho Público y de la URJC, fueron falsificadas.
De las seis firmas que aparecen al pie de estas actas, dos profesores niegan a eldiario.es haber firmado jamás. A otra no le suena la firma. Y un informe caligráfico, encargado por eldiario.es a Rosario Casas, perito calígrafo judicial, confirma que cinco de las seis firmas son completamente falsas.
«Reunida la comisión de Garantía de Calidad del Máster en Derecho Público del Estado Autonómico, el día 24 de mayo a las 12h, certifica que los siguientes alumnos y alumnas han convalidado…». La redacción de las tres actas es casi idéntica: solo cambia el título de las distintas asignaturas. Los nombres que supuestamente firman también son siempre los mismos. El documento está fechado el 24 de mayo de 2012, casi al final del curso en el que Cifuentes se matriculó.
Tres de los seis nombres que aparecen en las firmas de estas actas falsificadas son ya conocidos en esta historia. Figura Enrique Álvarez Conde, el catedrático que dirige este instituto universitario de la URJC en el que Cifuentes cursó su máster y que recientemente reconocía que había «reconstruido» otra acta falsificada. También Cecilia Rosado, la directora del máster de Cifuentes. Y Clara Souto, otra de las «discípulas» de Álvarez Conde, que en la primera versión de la URJC formaba parte del tribunal que había examinado el trabajo de Cifuentes y que recientemente también ha confesado que ese tribunal nunca existió. Souto no ha respondido a eldiario.es
Además de esos tres nombres ya conocidos, salen otros tres nuevos en esta investigación. Son Laura Nuño, subdirectora de Álvarez Conde y amiga de las otras profesoras implicadas, Alfredo Allué Buiza, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid, y Ángela Figueruelo, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca y vocal de la Junta Electoral Central.
eldiario.es ha podido hablar en las últimas 48 horas con varios de estos profesores. «No recuerdo haber convalidado nada de esa materia, ni remotamente», asegura Laura Nuño. Cuando eldiario.es le envía una foto de su firma estampada en el documento, señala: «No parece mi firma». ¿Es falsificada, entonces? Tampoco contesta a eso: «Simplemente no parece mi firma». La perito calígrafo confirma que no parece su firma porque, en efecto, no lo es.
Una de las tres actas de convalidación con 5 de las 6 firmas falsificadas.
Más claras y también más contundentes son las explicaciones de los dos profesores que formaban parte de la «comisión de garantía» pero que no son docentes de la URJC. «Yo no tengo constancia de que participara [en esa comisión]. No me he reunido en ninguna comisión de garantía del máster», asegura el profesor Alfredo Allué Buiza, de la Universidad de Valladolid. ¿Pertenecía a la Comisión de garantía de Calidad? «En absoluto. Y si eso es así y he firmado me siento totalmente manipulado. Por mucho que hago esfuerzos por acordarme no me acuerdo en absoluto del tema. A mediodía, imposible. Yo fui en un tren. Comí. Di clase de cuatro a ocho. Me invitaron a cenar. Y al día siguiente a las nueve me volví a Valladolid. No estoy en ninguna comisión de garantías en absoluto ni he tenido constancia. Si me han apuntado, me siento profundamente manipulado».
Cuando eldiario.es envía a Alfredo Allúe las firmas con su nombre que aparecen en estas tres actas, rápido entiende el misterio. «Ni es mi firma, ni lo que pone debajo, lo de Alfredo Allué, es mi letra». Así lo confirma también el peritaje caligráfico encargado por eldiario.es
Algo similar contesta otra de las supuestas firmantes, Ángela Figueruelo. Esta catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca asegura a eldiario.es que las rúbricas que figuran en estos documentos encima de su nombre no son suyas. «Esa no es mi firma ni mi letra», indica. También dice desconocer qué es la Comisión de Garantía de Calidad a la que hace referencia el documento e incide en que en ningún momento le avisaron desde el Instituto de Derecho Público de que iban a utilizar su firma. «No sospechaba ni por lo más remoto que en nombre de otra persona se firmaban documentos sin hacérselos llegar a la afectada», apunta en relación a esta actuación.
Figueruelo, que es vocal de la Junta Electoral Central, pertenece al Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, pero asegura que nunca ha impartido asignaturas en el máster cursado por Cristina Cifuentes. Limita las relaciones que ha mantenido con Álvarez Conde, Souto y Rosado a «colaboraciones científicas» porque todos son abogados constitucionalistas. «He ido [a la Rey Juan Carlos] y han venido a [la Universidad de Salamanca] para dar conferencias dentro de la legalidad más absoluta», reseña.
Parte del informe caligráfico que revela que la firma de Álvarez Conde ha sido falsificada
Tras conocer esta información, Ángela Figueruelo va a consultar si interpone acciones judiciales. Algo parecido ha decidido el profesor Alfredo Allué: «Como comprenderán voy mañana mismo a poner esto en manos de un abogado», asegura.
A diferencia del documento falsificado que Cifuentes mostró para asegurar que había presentado su trabajo de fin de máster, la fecha de estas actas sí es real. Fueron fabricadas durante el curso de 2012, no en 2018.
La investigación de eldiario.es también ha podido constatar que ese papel oficial y falsificado sí se usó en ese curso para justificar la convalidación. Esta redacción no ha podido reconstruir al completo el complejo proceso de convalidación y quiénes participaron en él. Pero el informe caligráfico sí prueba que la única firma verdadera es la de Cecilia Rosado, la directora del máster de Cifuentes y también la principal sospechosa de falsificar, en 2018, el acta con el que Cifuentes intentó tapar la primera noticia de eldiario.es, según reveló Álvarez Conde.
Según el informe pericial, es también Cecilia Rosado quién escribe el resto de nombres de los firmantes: «Podemos determinar que los textos que aparecen en los documentos dubitados han sido realizadas por el mismo amanuense».
Respecto a las rúbricas, la perito confirma que se han falsificado todas ellas por la misma persona: «Hemos podido concluir que en las seis firmas estampadas en los mencionados documentos dubitados existe una relación gráfica entre ellas, y por tanto consideramos, que las firmas estampadas en las muestras cuestionadas son falsas, a excepción de la firma que aparece como de Cecilia Rosado».
eldiario.es ha intentado, desde hace más de dos semanas, contactar con esta profesora para recabar una explicación y confirmar si ella falsificó tanto estas firmas como las del acta del Trabajo Fin de Máster. No ha habido respuesta. Tampoco ha contestado Enrique Álvarez Conde a las preguntas de eldiario.es sobre estos nuevos documentos falsificados.
Cursar asignaturas ya convalidadas
Estas «actas de convalidación», con sello oficial de la universidad y membrete, le daban a Cristina Cifuentes derecho a no presentarse a estas tres asignaturas porque, supuestamente, había aprobado ya otras equivalentes. Lo habitual es que salieran en las notas como convalidadas pero, la entonces delegada del Gobierno sacó nota: un notable y dos aprobados. El reglamento establece que en caso de que la asignatura cursada tenga calificación, se mantendrá en la convalidada.
Las asignaturas que Cristina Cifuentes y otros alumnos aprobaron por medio de estas actas falsificadas son tres: el notable del profesor Pablo Chico, ‘La Financiación de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales’, y los dos aprobados de la la profesora Susana Galera: ‘Las políticas públicas autonómicas y locales en ordenación urbanística y medio ambiente’ y ‘Estructura institucional de las comunidades autónomas y los entes locales’.
La asignatura de Chico es, desde el arranque de esta investigación, una de las grandes incógnitas aún por resolver. La maraña de versiones contradictorias sobre ella es enorme porque se trata de la misma asignatura que figuraba como «no presentada» en las notas de Cifuentes y que después una funcionaria conocida por Cifuentes cambió, en 2014, por un notable.
El acta demuestra que los responsables del máster intentaron que la asignatura de Chico fuese aprobada en 2012 por medio de una convalidación, aunque por alguna razón aún desconocida quedó en el expediente un «no presentado» que dos años después se modificó.
Estos documentos falsificados no solo dejan en evidencia las explicaciones previas de Cristina Cifuentes. También queda en entredicho el profesor Pablo Chico, que aseguró por escrito y con su firma –el 21 de marzo de 2018, tras la primera información de eldiario.es– que Cifuentes se había examinado y que él había corregido «personalmente» la prueba «en junio de 2012». Chico también añadió entonces que todo se debió a «un error administrativo» que también afectó a otros alumnos. Pero si Chico corrigió ese examen, ¿por qué Cifuentes admitió dos semanas después, en la Asamblea de Madrid que no se examinó? ¿Y para qué se querría examinar Cifuentes de esa materia en junio si la tenía ya convalidada desde mayo?
Pablo Chico no ha contestado a las reiteradas llamadas de eldiario.es para recabar su versión sobre este nuevo documento. Fuentes del gabinete de la presidenta han señalado que «aunque te convaliden la/las asignaturas, si tienes un interés especial por alguna asignatura puedes cursarla sin problema alguno. Es potestativo, no es obligatorio». Según esta explicación, aunque la presidenta tuviera esa materia convalidada, pudo ir a clase y examinarse voluntariamente. La asignatura había acabado un mes antes de que Cifuentes se matriculara.
Las otras dos asignaturas convalidadas las impartía la profesora Susana Galera (una de ellas junto a la docente Florentina Navas, que no ha respondido). Galera pertenece al departamento de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos y sí ha querido responder a eldiario.es. «El día 24 puse en conocimiento de la inspección anomalías que detecté en mis actas cuando, al socaire de estas noticias, verifiqué si en el curso 2011/2012 impartí docencia en ese máster».
Galera confirma que ella puso notas a una decena de alumnos, no a la veintena de matriculados, y añade que está «a disposición de la inspección para añadir y aportar la documentación» que le soliciten.
Corte de carretera en la A-2 en Alcarràs (Lleida) EFE
La operación ha sido ordenada por el juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional tras una denuncia de la Fiscalía
El caso investiga los cortes de carreteras y peajes de la pasada Semana Santa por los presuntos delitos de rebelión y terrorismo, que comportan decenas de años de cárcel
La Fiscalía lo advirtió y este martes se ha hecho realidad. La Guardia Civil ha detenido este martes en Viladecans (Barcelona) a una activista de los Comités de Defensa de la República (CDR) como presunta responsable de la coordinación de las protestas en carreteras y peajes de la pasada Semana Santa. La arrestada, que está acusada de rebelión y terrorismo, será trasladada al juzgado de instrucción central 6 de la Audiencia Nacional, que ha ordenado la operación.
La Fiscalía ha informado que el operativo de este martes, denominado Cadera por los CDR, también contempla la detención de otro activista, un hombre investigado pero que se encontraba ausente de su domicilio de Esplugues de Llobregat (Barcelona) este martes por la mañana. En las casa de los dos investigados –antiguos imputados– se han practicado sendos registros y no se descartan más detenciones.
El ministerio público asegura que los dos investigados «habrían desarrollado actividades de dirección y coordinación en los actos de sabotaje llevados a cabo durante la Semana Santa de forma coordinada por los CDR concebidos para provocar un clima de agitación social».
Se refiere la Fiscalía a las protestas de los CDR de la pasada Semana Santa, cuando decenas de activistas levantaron barreras en cuatro peajes de la red viaria catalana y cortaron carreteras para reivindicar la «república catalana» y pedir la liberación de los presos soberanistas. En concreto, se produjeron cortes en la A-2, la N-340 o la AP-7, donde se levantaron durante dos horas las barreras del peaje de la Roca del Vallès. Asimismo, los CDR también se manifestaron frente a la estación de Sants de Barcelona, sin llegar a cortar las vías del AVE, como sí sucedió en la huelga del pasado mes de noviembre.
La detenida es la una mujer que difundió en las redes sociales un audio en el que explicaba las acciones y estrategias que iban a llevar a cabo distintos comités y en el que no descartaba extenderlas a los puertos y a Mercabarna. También difundió en las redes un audio con consignas y planes de acción de los CDR, en los que no excluía la colaboración de algunos sindicatos.
La investigación de la Audiencia Nacional se abrió tras los cortes de carreteras de la pasada Semana Santa, la última acción de los CDR, que fue tildada de «kale borroka» por el PP. La Fiscalía señaló que las protestas podrían constituir «delitos de rebelión, malversación y otros delitos de orden público». Los delitos de rebelión y terrorismo pueden ser castigados con más de 30 años de cárcel.
Los CDR ya protagonizaron cortes de carreteras y de vías del AVE en las huelgas de los pasados 3 de octubre y 8 de noviembre. Las investigaciones de estas protestas las han asumido juzgados catalanes, que abrieron causas por desórdenes públicos (delito castigado de seis meses a tres años de prisión). Algunas investigaciones ya se han archivado porque los jueces no apreciarion violencia en el corte de carreteras y por la vaga identificación que realizaron los Mossos d’Esquadra de los manifestantes.
Si un presunto humorista utiliza su altavoz mediático para esparcir gracietas hirientes, creo firmemente que los que nos sentimos directamente concernidos podemos pagarle con su misma moneda
Vivimos tiempos difíciles para el humor negro. Cualquier expresión jocosa que no sea estrictamente escrupulosa con los sentimientos de cualquier colectivo imaginable corre el riesgo de convertirse en fuente de acciones legales contra el que lo profiera. Fíjense cómo estará la cosa, que la propia distinción entre humor negro y humor blanco podría considerarse racista. Qué cosas.
Como ya saben, en cuestiones de libertad de expresión, me considero bastante decimonónico, por usar la terminología de un ilustre fiscal especializado en los delitos de discriminación y odio: o sea, que mi concepto de la misma se aproxima más a la 1ª Enmienda de la Constitución estadounidense y su interpretación, que a los vientos jurisprudenciales que soplan por aquí.
De lo crudo que está el tema pueden dar fe humoristas como Facu Díaz, que casi va más a menudo a la Audiencia Nacional que al cine, o simples ciudadanas anónimas como Cassandra Vera, quien tuvo que llegar hasta el Tribunal Supremo para no ser condenada por enaltecimiento del terrorismo, a cuenta unos chistes sobre coches voladores.
La cosa está especialmente peliaguda desde que se reformó el artículo 510 del Código Penal, que castiga con penas de seis meses a dos años de prisión a quienes “lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de […] cualquier persona determinada por razón de su […] discapacidad”
Por eso, considero valientes y osados a aquellos que transgreden con su humor, que buscan conscientemente los límites de lo permisible, incluso a costa de las personas con discapacidad. Como Quequé, David Broncano e Ignatius Farray, responsables del programa “La vida moderna. Oh! my LOL”, quienes el pasado viernes, día 6 de abril, hicieron mofa, befa, escarnio y cuchufleta del autismo, el Síndrome de Asperger y otros trastornos neurológicos, a cuenta de las diferencias entre diferentes deportes de raqueta.
Si no encuentran enlace a dicho programa en este artículo, es porque me sumo a la campaña “no enlaces mierda”, y el chistecito en cuestión me parece una bosta maloliente del tamaño de la mancha de basura del Pacífico.
¿Sorprendidos? Es que cuando defiendo a ultranza la libertad de expresión, queridos lectores, es en doble sentido. Si un presunto humorista utiliza su altavoz mediático para esparcir gracietas hirientes, creo firmemente que los que nos sentimos directamente concernidos podemos pagarle con su misma moneda. Eso sí, respetando escrupulosamente la legalidad vigente, que no ampara el derecho al insulto. Como ven, me he limitado a calificar la baja catadura moral del guión del programa, sin hacer alusión a sus actores. Sí, actores, intérpretes o ejecutantes de la obra de un guionista. Porque no se engañen, estos tipos que presumen de ingenio tan afilado, lo único que necesitan es buena vista para leer la pantalla o los papeles donde viene todo lo que tienen que escupir.
No obstante, el propio Quequé parece tener cierta fijación con el Trastorno del Espectro de Autismo, ya que reincidió el otro día, a raíz de las protestas en redes sociales sobre ciertos chistes relativos a los onubenses. La gente de Huelva, vamos, para que me entienda el aludido. Efectivamente, ante la constatación de que los medios de comunicación ya no son un altavoz unidireccional, el humorista nacido como Héctor de Miguel hizo un “ahora me enfado y no respiro”, y cerró su cuenta de Facebook, no sin despedirse con ésta perla:
Como ven, el propio Quequé se plantea si él mismo es autista, dada su nula receptividad a expresiones negativas. Para su tranquilidad, le diré que no. No es autista. Es, simplemente, un ignorante. Ojo, no lo digo como insulto, sino como definición.
El Trastorno del Espectro de Autismo se manifiesta en tres síntomas fundamentales: problemas de comunicación; problemas de interacción social, e intereses estereotipados y repetitivos. Es decir, una persona con autismo de alta funcionalidad, con un cociente intelectual muy superior al de Héctor de Miguel, puede tener serios problemas para captar la ironía, los dobles sentidos, o incluso el lenguaje no verbal. Pero los insultos directos los capta perfectamente. Y le duelen. Los sufre. Muchas veces, el sujeto no sabe cómo expresar o procesar ese dolor, y sobrevienen crisis de comportamiento disruptivo, en los que puede manifestar auto o heteroagresividad. Es un espectáculo encantador. Vaya, eso era sarcasmo, se me ha escapado.
Para que se quede tranquilo, estimado Quequé, le puedo recomendar el test de Baron-Cohen, y así podrá paliar dicho desconocimiento. Sí, se apellida como Sacha Baron-Cohen, otro humorista transgresor, como usted, sólo que con éxito. Pero no se trata de él, sino de un pariente cercano, Simon Baron-Cohen, una de las mayores autoridades mundiales en el estudio del autismo. De hecho, la persona que me recomendó la campaña a la que antes le aludía se hizo el mismo test y, para su sorpresa, obtuvo una puntuación muy próxima al Síndrome de Asperger. Imagino que le extrañará si le digo que se trata de un ingeniero de telecomunicaciones, con una tesis doctoral sobre la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico médico por imagen. Además, es una persona con una vida social sana y un delicioso sentido del humor. Así que igual no le casa con el manido estereotipo de Dustin Hoffman en “Rain Man”, de tipo con la mirada perdida, casi babeante, y repitiendo frases monocordes aprendidas de memoria.
Precisamente por esa razón, luchar contra los tópicos y el desconocimiento, el 2 de abril, el día siguiente del “día de los inocentes” anglosajón, el April Fool’s Day, se celebra el día mundial de concienciación sobre el autismo. Justo cuatro días antes de que depusiera en su programa, ya es casualidad. Para evitar que siga habiendo mastuerzos que confunden estereotipos con la dolorosa, y a la vez, luminosa realidad con la que conviven muchas familias. Y es que, desde el punto de vista del marketing, hay que reconocer que su torpeza es manifiesta, Quequé. Hace veinte años, cuando la prevalencia del TEA era de un caso entre cada 1.500 nacimientos, podría ser la típica meada fuera del tiesto de un gañán. Hoy, cuando las investigaciones más recientes hablan de un caso por cada 68 nacimientos, hacer chistes ofensivos con el tema es un comportamiento que roza lo kamikaze. Porque la posibilidad de que le haya pisado un callo a alguien que tiene un hijo, una hija, o cualquier otro tipo de familiar con autismo, o incluso que lo tenga él mismo, se eleva exponencialmente por la ley de los seis grados de separación. Así que pudiera ser que la audiencia de su programa caiga tan estrepitosamente que su empleador decida prescindir de sus servicios y mandarle a la puñetera calle. Que es algo que no le deseo, por supuesto. Como tampoco le desearía un encuentro con Christian Wolff, el autista al que interpreta Ben Affleck en “El Contable”, experto en pencak-silat, uno de los artes marciales más mortíferos que existen, para que le rompiera todos los huesos del cuerpo. Sobre todo, porque se trata de un personaje de ficción, así que tal encuentro sería imposible.
En cualquier caso, veo que terminó usted su canto del cisne en Facebook con una gracieta sobre las reivindicaciones en euskera. Así que, ya de paso, para paliar otro tipo de ignorancia, le invito a que se pase por la costa guipuzcoana los días 7 y 8 de julio, y verá un fenómeno curioso. Se trata de “Marea Urdina”, una iniciativa de visibilización del autismo que consistirá en cruzar a nado, por etapas de una milla náutica, todo el litoral de la provincia. Entiendo que se puedan sentir físicamente intimidados, habida cuenta de que el reto lo van a protagonizar triatletas y nadadores de larga distancia, y que ni usted, ni David Broncano, ni mucho menos Ignatius Farray, tienen ni media hostia. Pero no se preocupen. La gente que convive con el autismo es muy pacífica. Sobre todo porque su vida es, en sí misma, una carrera de larga distancia, en la que la resiliencia es clave para no tirar la toalla. Así que espero que acuda con total tranquilidad y, por supuesto, sin verse incurso en ningún procedimiento judicial por la sarta de estupideces que profirieron el otro día.
P.S: Por si le queda el resquemor de que me oculto tras un alias, y no puede contestar debidamente a este artículo, estoy convencido de que los propietarios de este medio le otorgarán el debido derecho de réplica, como marca la legislación vigente. Pero si lo quiere hablar de una forma más personal, le recomiendo que contacte con el autor de esa camiseta tan molona que exhibe en uno de sus vídeos, la de la jeta de Karl Marx con el eslogan “Os lo dije”. Seguro que gustosamente nos concertará un encuentro. Y ya de paso, se pedirá un bol de palomitas, que es así de mala persona.
[22] El Supremo tumba el sistema de tarifas de la SGAE, CEDRO y las demás entidades de gestión de derechos de autor
Una sentencia del Alto Tribunal declara nula la Orden Ministerial de Cultura que regula, desde 2015, las tarifas generales por el uso del repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Este varapalo judicial significa que desde ahora se aplicará la normativa anterior. El Ministerio de Cultura asegura que, en cualquier caso, las tarifas cobradas son legales y ya trabaja en una nueva normativa de manera «urgente».
Un detalle técnico ha servido al Tribunal Supremo para borrar la normativa que regula desde hace tres años las tarifas de derechos de autor, que son colectadas de forma exclusiva por ochoentidades de derechos de autor: CEDRO, SGAE, VEGAP, DAMA, AIE, AISGE, EGEDA y AGEDI. Al declarar nula la Orden Ministerial que regula esas tarifas desde hace más de dos años y medio, es como si la normativa no hubiera existido.
En una sentencia de fecha 22 de marzo de 2018, y publicada por el abogado de la causa, Javier de la Cueva, el Supremo declara la nulidad de la Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, que hasta ahora regulaba la forma en que las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual establecían las tarifas para el uso de su repertorio. La sentencia es firme y no cabe recurso contra ella.
Esta decisión judicial sigue a un recurso presentado por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), dado que “el interés de CRUEen este asunto es que, además de ser las universidades grandes productoras de obras de propiedad intelectual, también se hallan afectadas por los precios marcados prácticamente de forma unilateral por estas entidades”, comenta De la Cueva en un completo post en el que analiza la sentencia y sus consecuencias.
En la sentencia, publicada íntegra (PDF), el Alto Tribunal tiene en cuenta uno de los once motivos expuestos por la CRUE para solicitar la nulidad, y es técnico: resulta que para tramitar la Orden es obligatorio incluir una “memoria de análisis de impacto normativo” y ella tiene que recoger “el impacto de la normativa en la familia”, cosa que el Ministerio de Cultura no hizo porque, según éste, “las familias no son los destinatarios de la norma aprobada”.
Sin embargo, el Supremo establece que las familias “sí son potencial afectadas, directamente y/o por repercusión, de las tarifas generales que lleguen a determinarse según la metodología que aprueba la Orden Ministerial impugnada”.
La ‘guerra de tarifas’
En una conversación de este diario con Javier De la Cueva, el abogado recuerda que en diciembre de 2012 se publicó un estudio (PDF) de la Sección Primera de la Comisión de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, en el que se comparaban las tarifas para poder hacerlas más “equitativas y justas”.
Pero en ese informe se puso de manifiesto, entre otras cuestiones, que las entidades de gestión proporcionaban datos que dificultaban las comparaciones(reconoce una “extrema dificultad o imposibilidad de encontrar bases comparativas suficientemente homogéneas”). Y en las tarifas que se pudieron comparar, el estudio de cultura detectó alzas en sectores como la hostelería, las radios y las televisiones.
De la Cueva recuerda que ahora, tras esta decisión del Supremo, “volvemos a cuando no estaba la Orden Ministerial”, es decir, a la normativa anterior. Para este letrado, esta decisión tiene tres aspectos importantes:
–Qué es lo que han pagado quienes han usado repertorio de las entidades de derechos de autor. “Hay que mirar si a uno le compensa meterse en una batalla legal, habrá quien lo haga para que le devuelvan el dinero que ha pagado”, opina De la Cueva. – Qué tarifa se va a pagar este año. Este abogado cree que la postura de quienes pagar esas tarifas será pagar conforme a la legislación que existía en 2015 y de la correspondiente jurisprudencia. Para demostrar la buena fe del pagador éste podría depositar una cuantía ante notario el resto de la cuantía, mientras se discute en los juzgados. “La idea es pagar conforme a ley, y la que se aplica es la anterior”, comenta. – Cómo van a ser las negociaciones de ahora en adelante. Las nuevas tarifas, a juicio de De la Cueva, no deberían basarse en una normativa recién declarada nula. “Hay que tener en cuenta que esas tarifas han subido entre un 30% y un 40% en los últimos años”, recuerda el letrado.
“En definitiva, esta decisión del Supremo interesa sobre todo a los grandes colectivos consumidores de propiedad intelectual, como pueden ser los hosteleros, las emisoras de radio y TV, las grandes flotas de transporte…”, comenta Javier de la Cueva.
Si bien los grandes usuarios de repertorios se suelen beneficiar de tarifas que no se rigen por la Orden Ministerial ahora anulada –suelen gozar de convenios firmados con las entidades de gestión correspondientes-, al final, dicha norma ha servido de marco para negociar los correspondientes convenios.
Javier de la Cueva concluye: “Los autores nos merecemos un mejor Ministerio de Cultura”.
Cultura: no tendrá efectos sobre lo pagado
Fuentes del Ministerio de Cultura han declarado a Público que «acatan la decisión judicial» y trabajan ya en una nueva Orden Ministerial que subsane el problema de forma que ha fundamentado la sentencia del Supremo.
No obstante, han querido destacar que las tarifas aplicadas hasta ahora eran legales y ajustadas a normativa. Según estas fuentes, se aplica en este caso el artículo 72.2 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, que establece que la anulación de una disposición general -como esta Orden Ministerial anulada- produce efectos desde la fecha de publicación en el BOE.
«Como la sentencia es muy escueta y no dice nada acerca de lo que ha sucedido en el pasado, obviamente la sentencia produce efectos pro futuro«, comentaron, y reconocieron que el problema es que ahora no hay metodología para fijar las tarifas, por lo que los técnicos de Cultura trabajan ya para elaborar una nueva.
El Ministerio también recuerda que existe el principio de conservación de los actos administrativos, consagrada en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo que se conservaría todo aquello que seguido igual de no haberse producido esa nulidad, según dichas fuentes, «casi todo». Por último, creen que no se van a producir litigios dado que, en realidad, los criterios para el establecimiento de tarifas están establecidos en la propia Ley de Propiedad Intelectual. «Son tarifas legales», concluyen.
Encerrado en el búnker de la Moncloa, de vuelta del funeral de Sevilla, Rajoy observa con preocupación como Rivera intenta cercarle con un doble frente. Jurídico, el estrepitoso fracaso del magistrado Pablo Llarena en el tribunal de Schleswig-Holstein sobre la posible extradición de Carles Puigdemont; político, el regalo de un máster de la Universidad Rey Juan Carlos a Cristina Cifuentes. De uno en uno, son muy lesivos; pero son letales si van juntos, como en esta batalla entre Ciudadanos y el Partido Popular. Aunque, conviene señalarlo, perro no muerde a perro que lleva el mismo collar, y ambos canes políticos, como en aquel chiste del dentista, prefieren no hacerse demasiado daño.
Ni por el máster gratis total a Cifuentes, ni por la bofetada de Schleswig-Holstein, llegará la sangre al río de la derecha. Ni a Rivera le interesa regalar el gobierno de Madrid a Gabilondo, ni a Rajoy criticar a quienes le han empujado, empujando el 155, a olvidar, como señalaba el emperador Federico Guillermo de Prusia que “aún hay jueces en Berlín”. No es nada fácil reconducir la cooperación cainita entre el PP y Cs, pero intereses comunes, padrinos comunes y enemigos comunes ayudan a esa imprescindible cooperación de las derechas españolas. Ni uno ni otro grupo, más allá de la apariencia necesaria, van a tirar piedras contra su mismo tejado en un momento del fracaso compartido de Schleswig-Holstein.
La Brigada Aranzadi, el colectivo jurídico bajo la dirección de la vicepresidenta del Gobierno, ha hecho el ridículo tanto como la Brunete Mediática, tan ligada a Ciudadanos. La marca España vuelve a alejarse de la marca Unión Europea como ocurría en los últimos años del general Franco. El eslogan Spain is different recupera el fondo político que tuvo con Fraga como ministro de la dictadura. Una vez más, en Madrid es delito lo que no es en Berlín o cualquier otra capital europea. Así quienes aceptaron encantados la soberanía limitada de nuestra política socioeconómica, la reforma del 135 de la Constitución, denuncian la soberanía limitada de nuestra jurisdicción. O sea, valen los recortes sociales neoliberales, pero nunca valen las garantías jurídicas democráticas.
Mientras en Alemania el Partido Socialista y Die Linke elogian al tribunal de Schleswig-Holstein, en España sus homólogos no saben ni responden; más allá de una crítica a Cristina Cifuentes no hay una alternativa política a la regresión en materia de derechos civiles. El PSOE, tan vinculado históricamente al SPD, ni habla de la afirmación proferida por la ministra de Justicia, Katarina Barley, al día siguiente de la puesta en libertad de Carles Puigdemont : “será libre en un país libre, en un país libre, la República Federal Alemana.” Salvo González, que salva el honor socialista, Ferraz aparece hoy, en palabras de Jordi Evole, como un conjunto de “cagaos”.
El dilema agenda social versus territorial es falso. En España no hay más agenda que la democrática. O se frena la involución en marcha o terminaremos como el gobierno preconstitucional de Arias Navarro o como los actuales gobiernos autoritarios de Hungría y Polonia. Bien está echar de la vida pública a Cristina Cifuentes, pero ese objetivo regenerador sin abordar las restricciones democráticas es insuficiente para la total regeneración de la podrida política española. No va a ser cambiando al dúo Rajoy/ Rivera por el de Rivera/ Sánchez, sea en la Moncloa o en la Puerta del Sol, el camino para liberar a la sociedad española del corsé nacionalcatólico que cosen tanto beatos del PP como ex-curas del PSOE o laicos de Cs.
Paradójicamente, el Régimen del 78 no va ser liquidado hoy por Podemos sino por el Podemos de derecha que pedía el banquero Josep Oliú. No sería enterrado desde la izquierda, si finalmente lo es, sino desde la derecha extrema ansiosa de recuperar, en palabras de José María Aznar, todo aquello que se vio obligada a ceder a los nacionalistas e izquierda durante la transición. No es casual que sea hoy su principal protagonista, Felipe González, quien lo advierta implícitamente, cuando habla sobre el problema catalán, sin que su advertencia encuentre mucho eco. O las fuerzas progresistas abren un tercer frente sobre la Moncloa o esta competencia entre el PP y Ciudadanos acabará gestando un nuevo régimen autoritario.
Al máster fantasma de Cifuentes no ha tardado en sucederle el máster flexible de Pablo Casado, un título del estilo ‘aprenda inglés sin esfuerzo’ diseñado para gente ocupada que no puede perder el tiempo en clases y exámenes y ofrecido en condiciones tan favorables que hubiera sido tonto no pasar por caja. Casado no ha hecho un máster sino que lo ha comprado o, si se prefiere, se lo ha vendido un comercial de la Rey Juan Carlos con grandes facilidades. Más que una universidad, el PP creó en su día para los suyos una filial de El Corte Inglés, con sus rebajas, sus saldos y sus 8 días de oro.
A Casado ya se le retrató aquí cuando comparó el trabajo de una camarera de hotel que debía limpiar 400 habitaciones al mes para ganar 800 euros con la poblada consulta de su hermano médico que no daba abasto a ver pacientes, y se citó entonces su extenso currículo: licenciado en Derecho y Económicas, estancias en Georgetown y en una escuela de Harvard, cursos diversos y este máster que ahora hemos sabido que adquirió en la sección de oportunidades.
No extrañaba semejante acumulación de diplomas porque el que fuera ojito derecho de Aznar, izquierdo de Esperanza Aguirre y lengua de Rajoy en el partido ha trabajado menos que el ángel de la guarda, y la única referencia laboral que exhibía eran unas prácticas de un par de meses en una filial suiza del Banco de Santander que en algún momento eliminó de su historial, no fuera a ser que hubiera una foto suya con Bárcenas esquiando en los Alpes y le diera un disgusto. Era posible, en consecuencia, que, a falta de palos al agua, la promesa de los populares se hubiera centrado en los estudios cuando sus visitas al Caribe a visitar a los opositores cubanos por encargo de la lideresa se lo permitían.
“He invertido mucho dinero y mucho esfuerzo en veranos para completar mi formación”, ha dicho Casado en una frase que resulta esclarecedora. El saber no es una pasión sino un mercadillo en el que comprar referencias, un coleccionismo de títulos, en inglés a ser posible, porque lo de felow de la SAIS o el CLS del Government Affair Institute visten de Armani a cualquiera. Lo de la Rey Juan Carlos y su máster en Derecho Autonómico y Local era claramente una ganga, un remate por fin de existencias. Y ya se sabe que lo barato sale caro.
Regalado, según todos los indicios, el posgrado de Cifuentes y comprado en liquidación el de Casado, sorprende el desapego con el que ambos se han referido al título, “innecesario” porque ni uno ni otro pensaban dedicarse a la docencia o completar el doctorado. Eran másteres para políticos, adornos en la vitrina, el cenicero con la leyenda “estuve aquí y me acordé de ti” que uno se trae de Torremolinos al final de las vacaciones
El trato privilegiado del que han disfrutado pone en cuestión uno de los pilares de la educación pública, que es la igualdad de oportunidades, lo único que asegura que ricos y pobre, gobernantes y gobernados, nobles y plebeyos tengan las mismas probabilidades de acertar en la Primitiva porque todos juegan las mismas apuestas. Para que la equidad sea real no puede haber beneficios personales ni cartas marcadas.
Ingenuamente, nos habíamos creído esa milonga de la meritocracia, según la cual la desigualdad de cuna o de posición era accidental y siempre podía corregirse con el esfuerzo personal. Aquello de que Salamanca no prestaba lo que la naturaleza no había concedido era un cuento chino. Lo presta, lo regala y lo vende.
[25] Bofetada de Protección de Datos al Ministerio de Justicia por un grave agujero de seguridad de su sistema de notificaciones LexNet
Este sistema de notificación, dependiente del Ejecutivo, ha recibido críticas no sólo por su pobre operatividad sino por sus problemas de seguridad y, en última instancia, por una cuestión separación de poderes. En este caso, no habrá sanción económica ya que la entidad sancionada es la Administración Pública.
En julio del año pasado, el abogado José Muelas detectó un grave agujero de seguridad en LexNet, el sistema de notificaciones puesto en marcha por el Ministerio de Justicia en 2007 como medida estrella para digitalizar la actividad de juzgados y tribunales. Su uso es obligatorio desde 2016.
Ese agujero permitía el acceso a buzones ajenos con información muy sensible: datos de abogados, de litigantes, resoluciones de los jueces…. Porque LexNet es, en definitiva, el sistema para intercambiar información de casos entre juzgados, abogados, procuradores, etc.
El intento de imponer la “modernización” de la Administración de Justicia ahora afronta ahora su enésimoproblema: la Agencia de Protección de Datos considera que el ministerio de Rafael Catalá incurrió en una falta grave por un agujero de seguridad que, como explicó en su momento el abogado especializado Sergio Carrasco, permitía a quienes ya estaban autorizados a usar LexNet el acceso a buzones de terceros en el sistema.
La AEPD establece en su escrito que quedó demostrado en su momento que los usuarios de LexNet pudieron acceder, en función de esta brecha de seguridad, a cuentas de colectivos de abogados, procuradores y graduados sociales, y en ellas a contenidos tales como “notificaciones practicadas, y traslado de escritos, demandas, notificaciones, partes hospitalarios, etc”, así como a “notificaciones ya aceptadas y a los acuses de recibo de los escritos presentados previamente por el usuario” y, por último, “a las notificaciones no practicadas en caso de buzones de procuradores”.
Según los hechos demostrados, mientras duró el problema (entre el 20 y el 27 de julio de 2017) “284 usuarios accedieron a 692 buzones que no les pertenecían realizando 1438 visualizaciones de mensajes de forma no autorizada”. “De ellos”, prosigue el escrito, “74 usuarios accedieron a 79 buzones que no les pertenecían y consultaron 432 documentos de forma no autorizada”.
Los problemas de LexNet
En el Real Decreto 1065/2015 sobre comunicaciones electrónicas en la administración de justicia se define LexNeT como “un medio de transmisión seguro de información que mediante el uso de técnicas criptográficas garantiza la presentación de escritos y documentos y la recepción de actos de comunicación, sus fechas de emisión, puesta a disposición y recepción o acceso al contenido de los mismos”. ¿”Seguro”? A juzgar por esta resolución y por las sucesivas denuncias de brechas de seguridad, parece que no tanto.
Desde el Sindicato de Secretarios Judiciales SISEJ exigen depurar responsabilidades tras esta infracción grave. Asimismo, denuncian “el grado de impunidad y falta de rendición de cuentas que pretende el gabinete dirigido por Rafael Catalá en todos sus niveles y departamentos respecto a su gestión es inaudito para una sociedad democrática”. “En el caso que nos ocupa”, añaden en un comunicado, “el Ministerio de Justicia, en lugar de asumir sus propias responsabilidades, denunció a quien desveló la vulnerabilidad de LexNet”.
Pero es que además, independientemente de su estabilidad o seguridad –de su ‘chapucera’ implementación, en definitiva-, existe una cuestión objeto de denuncia por parte de algunos juristas: el problema que supone que el sistema dependa del Ministerio de Justicia.
El abogado especializado en nuevas tecnologías Javier de la Cueva, lleva años denunciando la concepción inicial del sistema y encabeza las denuncias contra el mismo: que LexNeT está desarrollada como una nube privada del propio ministerio. Es decir, que todo el sistema de comunicaciones del Poder Judicial depende directamente del control del Ejecutivo, algo que puede comprometer de forma grave la separación de poderes en este país.
Vivimos en una sociedad que quiere gustarse a sí misma. Muchos ciudadanos sienten la necesidad de sentirse queridos y requieren que los demás se lo digan. Al menos, que les hagan saber que las cosas que hacen son del gusto ajeno. Es esta una sociedad del likeintermediada fundamentalmente por teléfonos inteligentes que nos abren la puerta a un mundo virtual en el que todos somos alguien, y en el que todos existimos gustosamente.
El like debe ser expresado y hasta registrado entre los múltiples emisores y receptores en cualquier dispositivo digital. Algunos mensajes pueden poner en dificultades a traviesos narcisistas, pero el impulso a ver en la pantalla la figura de la mano con el dedo hacia arriba (casi) todo lo puede.
“Gusto, luego existo” sería el nuevo principio de racionalidad telemática. De tal suerte que si no gusta ninguno de los rastros que dejamos en la Red (correos, fotos, impressions, podcasts, posts, shares, whatsapps o, simplemente, chascarrillos rebotados por otros usuarios), entonces no existimos. Naturalmente, en ese trasiego de gustos los anuncios confeccionados a la medida de nuestros perfiles nos bombardean (más o menos subliminalmente) para que compremos incesantemente. Para que compremos sin parar. La mercantilización publicitaria es quizá más subrepticia, pero no por ello menos efectiva.
Los likes y dislikes sirven para establecer no sólo tarifas publicitarias, sino también para fijar códigos sociales de inclusión y exclusión a niveles afectivo, laboral, lúdico y, relacional, pongamos por caso. Hace algún tiempo el redactor de estas líneas se entretuvo viendo una pieza en el canal Netflix de TV dentro de la serie Black Mirror, una antología británica que muestra en sus episodios las turbias relaciones entre los humanos y la tecnología. Por cierto, cada vez cada vez se va menos a las salas de cine. Todo indica que el modelo de exhibición audiovisual está cambiando y cada cual ve las películas en la soledad de su pantalla individual, algo que reitera esa dicotomía comunicativa del me gusta/no me gusta.
El filme de la antedicha serie, Nosedive (Caída en picado), reflejaba una situación ficticia (aunque quizá no tan alejada del futuro que ahora despunta) en la que los personajes se afanaban por gustar a todos aquellos con quienes interaccionaban, no sólo por razones de satisfacción personal. Estaba en juego un sistema de valoración de capacidades y destrezas que clasificaba a los humanos en cinco categorías de 0 a 5. Todos aquellos próximos a la máxima nota, veían facilitadas sus posibilidades de ascenso social con mejores empleos, promociones bien remuneradas o deseables relaciones personales. Las interactuaciones conllevaban una calificación de las personas implicadas, lo que posicionaba a los sujetos en un ranking favorable o desfavorable de la vida de los protagonistas. Al final sucede que la protagonista cae en una espiral de dislikes que bajan su puntuación a niveles de exclusión y hasta de inadaptación social.
La distopía de Caída en picado puede parecer una exageración para ilustrar el caso de la sociedad del like. Pero algunas de sus requiebros argumentales validan, al menos parcialmente, las evoluciones actuales. O, al menos hacen pensar que así pudiera ser. El asunto principal del filme en torno al cual giran entendidos, malentendidos y frustraciones es el de que los ciudadanos deben ser agradables a toda costa a ojos de quienes interaccionan con ellos porque de su juicio dependen las calificaciones que los sitúan en los rangos de suspenso, aprobado, notable, sobresaliente y matrícula de honor.
En la actualidad, ya visualizamos calificaciones y rankings expresados en el número de visualizaciones de un comentario o un post subido en nuestras redes sociales. También aparecen el número de likes y dislikes que marcan tendencia a la hora de elegir alguna pieza musical o videojuego para pasar el rato. ¿Quién no ha declinado reservar una mesa en un restaurante en el que aparecen comentarios poco favorables, sea por la calidad del condumio ofrecido o por la carestía de las viandas; o simplemente por la carencia de reacciones de comensales anteriores?
En los últimos tiempos, la sociedad del like está sujeta a las noticias falsas (fake news) que han arrojado más incertidumbre a los contactos personales, más allá de sus conocidas derivaciones políticas, como por ejemplo la sucia utilización de informaciones torticeras que coadyuvaron al pucherazo electoral de Donald Trump. En el nivel individual sucede que algunas personas deseosas de ser queridas falsean sus apariencias fotográficas en sus cuentas Istagram o Facebook, por citar algunas de ellas, a fin de recibir más likes. Otras distorsionan la realidad de sus logros personales para que resulten más atractivas e, incluso, puedan llegar a causar una impresión más favorable a sus potenciales electores, empleadores o amantes.
Como se sabe, el individualismo posesivo no sólo proclama la liberación de los individuos de sus ligámenes colectivos, sino que les emplaza a la construcción autónoma de sus propias biografías vitales. Así, los individuos pierden a menudo su sentido de la lealtad comunicacional y se convierten en consumidores anómicos y descontextualizados. Nuestras sociedades tienden a polarizarse entre ganadores y perdedores (winners and losers), pero la llegada del fenómeno like hace tabla rasa entre el éxito y el fracaso. Aparentemente, ambos quedan reducidos al mínimo tras presionar insistentemente, en un sentido u otro, las teclas de simpatía/antipatía de nuestros iPads o smartphones. Verdaderos y falsos, guapos y feos, listos y tontos conviven en una democracia digital que todo lo engulle y recicla.
Podrá decirse que las prácticas sintéticamente ilustradas anteriormente no son más que la continuación por otros medios más tecnológicamente avanzados de las sempiternas prácticas de vanidad consustanciales a la naturaleza humana. Bien podría suceder que, simplemente, las mejoras virtuales de nuestros deseos de autoafirmación sólo escondan una realidad de carne y hueso. Al fin y a la postre el masaje de los nuevos medios no hace desaparecer nuestra condición humana con sus fealdades y limitaciones, ¿o sí?
[27] Una de las profesoras asegura a la Policía que tiene grabadas amenazas del director del máster de Cifuentes
El catedrático Enrique Álvarez Conde, en los pasillos de la URJC OLMO CALVO
Una de las docentes cuyo nombre aparece en el acta falsificada del TFM de Cifuentes asegura que Enrique Álvarez Conde la amenazó con frustrar su carrera en la Universidad si no accedía a participar en el engaño
Cecilia Rosado, Alicia López de los Mozos y Clara Souto han declarado o están citadas para las próximas horas ante agentes de la Unidad Adscrita a la Fiscalía
Una de las tres profesoras con la que ha entrado ya en contacto la Policía por las irregularidades en la concesión del máster a Cristina Cifuentes ha contado a los agentes que el director, Enrique Álvarez Conde, la coaccionó para que participara en la falsificación de las pruebas que presentó la presidenta de la Comunidad de Madrid y que incluso la amenazó con frustrar su carrera docente, han informado a eldiario.es fuentes conocedoras del encuentro entre la profesora y la Policía.
La misma profesora ha dicho a los agentes de la Unidad de la Policía Adscrita a la Fiscalía que tiene grabadas esas amenazas. Las mismas fuentes aseguran que la docente no ha hecho entrega de las mismas a la Policía, al menos durante la este primer contacto.
Las docentes que han prestado ya declaración o están citadas próximamente son Alicia López de los Mozos, Clara Souto y Cecilia Rosado. Las firmas falsificadas de dos de ellas –todas salvo Cecilia Rosado– figuran en el acta del examen de Cifuentes, «reconstruida» por orden del director del Instituto de Derecho Público (IDP) de la URJC, organizador del máster, Enrique Álvarez Conde.
Los policías han comenzado la investigación por orden de la Fiscalía de Móstoles, en la que el pasado 6 de abril el rector de la Universidad, Javier Ramos, entregó diversa documentación tras detectar, la víspera, «indicios de delito» en la gestión del máster de Cifuentes. Agentes de la Unidad Adscrita a la Fiscalía se han desplazado esta mañana a la Universidad Rey Juan Carlos en Vicálvaro para tomar al menos declaración a una de las profesoras.
Dos de las tres docentes, Alicia López de los Mozos y Clara Souto ya alertaron hace días de que sus firmas habían sido falsificadas. Cecilia Rosado, según dijo Álvarez Conde, fue la encargada de efectuar la «reconstrucción» del acta de Cifuentes.
En una entrevista en Onda Cero, el director del máster señaló que la reconstrucción del acta la llevó a cabo una de sus «discípulas» y que había «una decisión del rector de proceder a eso». «Procedí a la reconstrucción porque entendí que había una decisión del rector», se justificó Álvarez Conde, que remarcó que el acta original «debería estar en los servicios de administración de la universidad», donde se enviaban «por correo interno porque no había sistema informático». El director del máster señaló que es la primera vez que recibe un «requerimiento de la autoridad universitaria para reconstruir un acta».
[28] Políticos del PP y cargos de confianza del Gobierno aprobaron asignaturas del máster de Cifuentes con actas falsificadas
Por José Precedo / Laura Galaup / Raúl Rejón / Ignacio Escolar
Una de las actas del máster de Cifuentes con el listado de alumnos aprobados con firmas falsificadas.
Los alumnos que aprobaron tres asignaturas con actas falsificadas en el máster de Cifuentes son siempre los mismos y la gran mayoría de ellos tiene nexos directos con el PP o con la URJC
Además de Cristina Cifuentes, en esas actas figuran el entonces teniente de alcalde de Madrid Pedro Calvo, el exgerente de la Complutense Dionisio Ramos, el entonces gerente de la Agencia EFE, una jefa de prensa contratada por el Ministerio del Interior y varias personas vinculadas al Instituto de Derecho Público de Enrique Álvarez Conde
Varios de estos alumnos guardan silencio. Otros aseguran que no terminaron el curso e incluso niegan tener el título: «Ni fui nunca al máster ni hice exámenes ni conozco a ningún profesor»
No todos los 21 inscritos en el máster de Derecho Público del Estado Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos tuvieron los mismos deberes y obligaciones en la promoción 2011/2012 en la que estuvo inscrita la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. Había dos tipos de alumnos en ese máster. Aquellos que acudían a clase regularmente, realizaban los trabajos y se presentaban a los exámenes y otros con un tratamiento distinto que recibieron aprobados generales en varias de las materias gracias a convalidaciones realizadas a través de actas falsas, con firmas falsificadas.
En ese segundo grupo de alumnos estaba Cifuentes, en aquel tiempo delegada del Gobierno en Madrid, junto a otros nombres insignes del pasado reciente del PP regional, cargos relacionados con el partido y varias personas vinculadas al Instituto de Derecho Público de Enrique Álvarez Conde.
Además de la presidenta madrileña, el nombre más conocido entre los aprobados por convalidación en esas tres materias es el de Pedro Calvo, entonces teniente de alcalde de Madrid y número tres de Alberto Ruiz-Gallardón.
Pedro Calvo y Cristina Cifuentes se conocen desde hace más de tres décadas. La hoy presidenta de Madrid empezó su carrera política como asesora de Gallardón en la Asamblea de Madrid con AP –unos años en los que llegó a trabajar en la economía sumergida sin cotizar–. En 1991, Cifuentes logró el escaño, en la misma lista autonómica liderada por Gallardón donde también Pedro Calvo fue elegido diputado por primera vez. Antes de compartir máster, Cifuentes y Calvo convivieron en el grupo parlamentario durante tres legislaturas.
Pedro Calvo no ha querido hacer declaraciones a eldiario.es, que ha intentado ponerse en contacto con él desde hace varias semanas. Fuentes cercanas al exconcejal aseguran que ya no tiene responsabilidades políticas –dimitió tras las muertes del Madrid Arena– y que por eso prefiere no responder. Las mismas fuentes afirman que no llegó a terminar el curso y que tampoco fue a clase.
También figura en esa lista de diez nombres otra persona muy cercana a Cristina Cifuentes, Dionisio Ramos. Fue durante años la mano derecha de Gustavo Villapalos, el rector de la Universidad Complutense al que Gallardón después nombró consejero de Educación. Con Villapalos como consejero, se puso en marcha la URJC, donde Cristina Cifuentes formó parte del primer consejo de administración.
Dionisio Ramos también es amigo de Cifuentes desde hace décadas, desde que ambos participaron en el equipo que aupó a Villapalos primero como decano de Derecho de la Complutense, después como rector y más tarde como consejero de Educación. Cifuentes fue testigo de la boda de Ramos, en 1993. A pesar de esta cercanía entre ambos, Dionisio Ramos presidió en 2001 el tribunal de oposición donde Cifuentes aprobó su actual plaza como funcionaria.
Siempre en la sombra, jugó un papel relevante en el episodio del tamayazo, la traición de dos diputados del PSOE, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que dio la presidencia de la Comunidad a Esperanza Aguirre en 2003. Diez años más tarde, en 2013 Infolibre desveló un documento que revelaba la labor de intermediario entre el que fuera líder de la corriente socialista Renovadores por la Base, José Luis Balbás, y el exsecretario general del PP Ricardo Romero de Tejada, muñidores de la operación para evitar la presidencia del candidato del PSOE, Rafael Simancas.
eldiario.es lleva semanas intentando ponerse en contacto con Dionisio Ramos para recabar su versión sobre este curso. No ha habido respuesta. En su perfil público de Linkedin sí figura este título universitario, aunque aprobado en 2013, un año después.
En las tres actas falsificadas, que permitieron a estos alumnos aprobar tres asignaturas del curso sin necesidad de asistir a clase o examinarse como los demás, también aparece el nombre de José Ignacio Sanz Cerezuela, exgerente entre 2012 y 2014 de la Agencia EFE, una empresa pública donde fue nombrado tras la llegada al poder de Mariano Rajoy, y exdirectivo del periódico ABC. Él sostiene que no tiene constancia de esta convalidación.“Yo no pedí ninguna convalidación y solo se realizan cuando se solicitan [por el alumno]”, asegura.
Sanz defiende que pagó la matrícula, que fue a clase en el campus de Vicálvaro y que presentó un trabajo fin de máster sobre las televisiones autonómicas. Defiende que cursó todas las asignaturas y asistió a todos los exámenes. Desconoce por qué figuran sus datos en el listado de las convalidaciones. «El que lo haya puesto, lo sabrá», advierte.
La propia Cifuentes ha repetido desde que estalló el escándalo que su caso no era único y lamentado que no saliesen a la luz los nombres de otras personas que se inscribieron en el mismo grado y recibieron, según ella, idéntico trato. Pese a figurar en las actas de convalidaciones de tres materias, varios de los alumnos no lograron nunca el título de la Rey Juan Carlos.
El mecanismo para aprobar una asignatura por medio de una convalidación exime de cursar y abonar la mayoría de las tasas de esos créditos. Se usa en aquellos casos en los que el estudiante ya ha aprobado una materia equivalente en otra titulación y puede acreditarlo con un documento oficial. El procedimiento para dar por aprobadas esas tres asignaturas a esa decena de alumnos –siempre los mismos– en la Rey Juan Carlos está plagado de irregularidades, como evidencian los documentos en poder de eldiario.es.
La Comisión de Garantía de Calidad del Máster que debía ratificar las convalidaciones no existió. O al menos, no en la composición que figura en las actas oficiales, firmadas el 24 de mayo de 2012, en vísperas de que expirase el plazo para cursar todas las materias y empezar con el trabajo de fin de máster.
Al final de esas tres actas, a las que ha tenido acceso esta redacción, figuran cinco firmas de profesores y la del director del Instituto de Derecho Público de la URJC, Enrique Álvarez Conde, el mismo catedrático que se atribuyó la orden a «sus discípulas» para «reconstruir» el acta del supuesto tribunal que evaluó el trabajo de fin de máster de Cifuentes. Tres de los docentes que figuran en los nuevos documentos –con sello y membrete de la universidad– para convalidar esas tres asignaturas no reconocen como suyas esas rúbricas. Y dos de ellos, Ángela Figueruela y Alfredo Allué, han negado a eldiario.es que hubieran tenido ninguna participación en la convalidación de esas materias. La tercera, Laura Nuño, alegó el lunes que no lo recordaba y este martes ha presentado su dimisión, a raíz de las informaciones de eldiario.es
Un informe realizado por la perito calígrafo judicial Rosario Casas certifica que las rúbricas han sido falsificadas. A diferencia de lo que sucedió con la supuesta acta fabricada en la Rey Juan Carlos el pasado 21 de marzo para tratar de desmentir a eldiario.es sobre el trabajo de fin de máster, los nuevos papeles -también con firmas falsas- que sirvieron para acreditar las convalidaciones se cumplimentaron en mayo de 2012, cuando estaba a punto de acabar el curso.
Varios de los alumnos que figuran en estas actas falsas han reconocido a esta redacción que ni pidieron ni presentaron documentos para que la Universidad les aprobase estas materias de cuya convalidación en algunos casos ni siquiera tenían noticia. Es el caso del catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Alcalá José Antonio Gurpequi Palacios. Asegura por teléfono que él no cumplió más trámite en el máster de Derecho Público que matricularse y pagar su importe, «unos 1.500 euros». Que a partir de ese momento durante el otoño de 2011 se desentendió y no acudió a una sola clase. Que no lo acabó y tampoco se presentó a recoger el título. «Yo no he hecho ningún trámite para convalidar asignaturas, no fui nunca al máster, no conozco a los profesores y no realicé los exámenes. Así que me extraña mucho eso que me estás contando», aseguró el domingo por teléfono a un periodista de eldiario.es.
El lunes tras ponerse en contacto con la universidad Rey Juan Carlos comprobó que tenía aprobadas «varias asignaturas». «No lo entiendo porque de verdad que no he cursado ese máster, me matriculé y luego me arrepentí y ya no hice nada. Me he sentido aliviado al saber que por lo menos no lo tengo como aprobado y son solo esas asignaturas», explicó el lunes a mediodía también en conversación telefónica este catedrático que no oculta su relación de amistad con algún miembro de la universidad.
Entre la convalidación general consta también la abogada Susana Ángel que durante años fue la número dos de Pedro Núñez Morgades –un histórico dirigente del PP que ha sido delegado del Gobierno en Madrid bajo la presidencia de José María Aznar– en la Fundación Legalitas, de la que hoy está desvinculada. Susana Ángel no ha devuelto las llamadas a esta redacción.
Otra de las alumnas, Inmaculada González de Molina Martínez, es responsable de prensa de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, y fue nombrada en 2012, tras la victoria electoral de Mariano Rajoy. Esta periodista se ha mostrado asombrada de aparecer en el listado de las convalidaciones. «Me apunté a un máster en la URJC pero no pude hacerlo, por lo tanto, no tengo ningún título de esa universidad». Interrogada sobre el asunto de las convalidaciones asegura: «Yo no pedí nada».
Elena Gismero Mendieta, inscrita también en el máster, no ha querido justificar o explicar por qué aparece su nombre en este grupo de alumnos: «¿Cómo habéis conseguido mi número? Lo relevante es cómo habéis conseguido mi número y cómo habéis conseguido esos papeles», fue toda su contestación sobre el tema.
Gismero aparece ahora como trabajadora de la empresa Tragsatec, filial del grupo público Tragsa (perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), una empresa con fuertes vínculos con las administraciones. En su currículo público no figura el máster oficial en Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos. «No te voy a decir nada», ha concluído Gismero cuando se le planteó si había completado el curso.
El alumno Ricardo Enrique Medina Mailho ha descolgado el teléfono y confirmado su identidad pero en cuanto han empezado las preguntas sobre el máster se ha mantenido en silencio y no ha respondido a nada. Medina Mailho está vinculado a la empresa Cualtis, una entidad «nacida a partir de la Sociedad de Prevención de Riesgos Laborales de Ibermutuamur, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social», según explica su propia página web.
El décimo alumno es todo un misterio. Álvaro Morente Hidalgo figura en las convalidaciones de esas tres asignaturas, como todo el resto, con firmas falsas. eldiario.es no ha podido obtener ningún dato sobre él y en algunos de los listados del curso no figura.
[29] El director del Instituto del máster de Cifuentes tiene una empresa con la que factura por cursos y másteres
Enrique Álvarez Conde, atendiendo a la prensa este miércoles en la URJC. Foto: Olmo Calvo.
Instituto de Formación y Estudios Jurídicos S. L. se dedica a la organización de seminarios, conferencias y máster, justo igual que el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos que dirige
Enrique Álvarez Conde no presenta cuentas ni en su empresa privada ni en la pública pese a que está obligado por ley; la Universidad le ha pedido todos los gastos e ingresos que ha hecho para investigar presuntas ilegalidades
Enrique Álvarez Conde, el director del máster de Cristina Cifuentes, es el administrador único de Instituto de Formación y Estudios Jurídicos SL, una empresa privada creada en 2004 que se dedica justamente a lo mismo que el Instituto de Derecho Público (IDP) adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) y que dirige también Álvarez Conde. Ambas tienen como objeto la impartición de másteres, conferencias y seminarios de Derecho.
Además, sus cuentas están libres de fiscalización gracias a un privilegio anómalo. En un consejo de gobierno de la Universidad, siendo rector Pedro González Trevijano –hoy magistrado en el Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno–, se acordó que el Instituto gestionara «directamente sus ingresos y gastos sin fiscalización previa«, como recogen las memorias del IDP. Además, en 2010, también bajo el mandato de Trevijano, obtiene un CIF propio, algo absolutamente inusual en un instituto universitario, lo que le permite operar por libre.
eldiario.es ha confirmado que además Conde creó un ‘alter ego’ del IDP en la privada: el Instituto de Formación y Estudios Jurídicos SL. Se dedica exactamente a lo mismo que el instituto público, según la memoria de la propia empresa: su objeto social es la «formación y la investigación científica en el ámbito de las Ciencias Jurídicas y Sociales, Económicas e Informáticas. Formación que se llevará a cabo (…) a través de la realización de cursos, seminarios, másteres, conferencias, mesas redondas o la impartición, partición o colaboración en las mismas; publicaciones y, especialmente, investigadora», además de «la prestación de servicios de asesoramiento jurídico, económico e informativo a particulares y empresas».
Creación paralela del instituto público y la empresa
Enrique Álvarez Conde es su administrador único desde enero de 2005, el mismo año que Esperanza Aguirre aprueba el instituto público de la URJC que él mismo dirige. Domiciliada desde 2005 en la primera planta de la calle Esproceda, 38 (Madrid), en sus primeros meses de existencia la empresa tenía su sede social en la calle Tren de Arganda, 8, a quince minutos a pie del campus de posgrado de la Universidad Rey Juan Carlos en el barrio de Vicálvaro (Madrid).
Los funcionarios a tiempo completo, como es el caso de Álvarez Conde, deben pedir autorización, según la ley de incompatibilidades de la administración pública, para desarrollar actividades en la empresa privada. eldiario.es se ha puesto en contacto con el catedrático y la universidad para aclarar si se pidió y concedió este permiso sin obtener de momento respuesta.
La gestión de Álvarez Conde tanto en su empresa privada como en la pública es opaca. No presenta cuentas en ninguna de las dos, pese a que la ley le obliga en ambos casos. En la pública, tal y como reza el punto 3 del preámbulo de la Ley de Transparencia, quedan sujetas «las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, incluidas las Universidades públicas». En la privada, no aportar la información es una infracción mercantil.
La SL de Álvarez Conde presentó sus últimas cuentas anuales en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Entonces, apenas tuvo actividad. Declaró 5.032,23 euros de ingresos (frente a 43.261,52 euros en 2005), 7.392,78 euros de gastos, unas pérdidas de 2.360,55 euros y cero empleados. Desde entonces, la empresa no ha vuelto a presentar cuentas. Según fuentes del Registro Mercantil, este hecho no consiste en sí ninguna irregularidad siempre que la empresa no haya tenido actividad desde entonces.
Sin embargo, es plausible que sí haya tenido actividad ya que tiene incidencias abiertas por la Agencia Tributaria más recientes. En los boletines oficiales constan varios expedientes incoados a esta empresa por la Administración Tributaria en ejercicios posteriores a 2006. La más reciente se publicó en el tablón de anuncios de la Agencia Tributaria el 16 de enero de 2014 y consistió en sendas liquidaciones de deudas en fase ejecutiva. La más significativa es la notificación de una diligencia de embargo publicada en el BOE en septiembre de 2007. Según los expertos fiscalistas consultados, si ha tenido inspección ese año es muy probable que haya tenido actividad hasta el ejercicio 2012.
Entre la escasa actividad financiera que Álvarez Conde presenta del IDP hay tarifas que, a simple vista, ya se ven exorbitantes. Por ejemplo, la «Impartición del III Curso de Arbitraje», financiado con 92.000 euros de la Comunidad de Madrid. Al ver en qué constitió este curso se puede comprobar que son 18 conferencias, la mayoría de ellas impartidas por una única persona y sin conferenciantes extranjeros que pudieran implicar gastos de transporte o de alojamiento más elevados. Según el convenio (página 71), el IDP financiaba la matrícula de los alumnos con 70.000 euros. Se tasó en 2.800 euros por alumno el precio por asistir a estas 18 charlas de dos horas y media cada una. Los otros 22.000 euros no tienen un destino claro en las memorias.
Fuentes de la Universidad han confirmado a eldiario.es que la URJC ha pedido al Instituto de Derecho Público adscrito que presente todas sus cuentas ante las sospechas de irregularidades y le da un plazo de 48 horas para hacerlo. Cuando eldiario.es preguntó a Álvarez Conde por qué no hacía pública su memoria financiera respondió que había «transparencia absoluta», que las tiene en papel aunque no online y que las había remitido tanto a la propia universidad como a la Consejería de Educación, liderada por el también profesor de la URJC Rafael Van Grieken, quien fue vicerrector también bajo el mandato de Pedro González Trevijano.
eldiario.es ha intentado contactar con Álvarez Conde y también con su empresa privada para conocer las cuentas y actividad de esta SL y saber si le facturó algo al IDP o la URJC sin obtener respuesta.
Van diciendo los lenguaraces por ahí que el escándalo Cifuentes, también llamado Hazte-la Rubia-Gate, tiene muy preocupados a los alumnos de los másteres y doctorados de la Universidad Juan Carlos I. No veo yo la razón de tanto desasosiego, sino todo lo contrario. Aseguran estos abstrusos estudiantes que ahora sus títulos serán objeto de mofa y befa cuando los enarbolen ante tribunales académicos, revistas científicas y levitantes doctores. Creen, los pobres, que tan altas instancias no valorarán sus diplomas al saber que pudieron haber sido comprados, regalados o sorteados, como el de Cristina Cifuentes. Qué poco sabe el sabio de la vida real. Qué poco sabe el mar de los piratas.
Tal y como van las cosas, creo que cualquier titulación expedida por la Juan Carlos I vale, desde hace 20 días, mucho más. Los lobbies y las universidades y hospitales privados se rifarán tu diploma, colega. Porque vivimos en un mundo en el que se valora más al que puede comprar un clavel que a quien lo alimenta, cultiva, estudia o dibuja. Son así de sencillas las aritméticas socioeconómicas de nuestra geoabsurdez.
El que se presente a partir de ahora con un máster en Derecho Autonómico de la Universidad Juan Carlos I, quizá no será recibido con mucha excitación en algunas ágoras académicas, pero las estupefacientes farmacéuticas, los orondos bancos, las ladrilleras más cool y las universidades más católicas lo recibirán con los brazos en cruz: “¡Es uno de los nuestros!”.
Aunque seas un puto estudiante pringao que se tuvo que prostituir para pagarse el máster, valió la pena. Eres uno de los elegidos. Has sabido codearte con los tiburones. Con las personas que saben vivir bien. Con los delegados de gobierno y presidentes de comunidades a los que vota la gente que te rodea. Que nos rodea.
De pequeño, me llamó mucho la atención una frase muy clásica, muy tópica, que todos conocéis, pero a la que yo le daba una estúpida y profunda importancia: Lo que Natura no da, Salamanca no lo presta. Pues mira qué disgusto, pero ya no me gusta la frase. No me la creo. Me parece antigua. Apolillada. Precibernética. Quizá latina. Lo que Natura no da, Salamanca te lo vende, es la moda. Mola más.
No quisiera aquí pontificar enumerando todas las carreras universitarias que he cursado, pues sería interminable, ya que no he terminado ninguna. Se puede comprar a un político, se puede comprar un país, se puede comprar una chuche, se puede comprar un bosque, se puede cobrar por el sol, se puede comprar un alma, aunque no tengamos alma. Pero de lo que sí estoy seguro es de que no se puede comprar el saber. Y, sin embargo, ellos lo están intentando.
Compran saber. Adquieren conocimientos que no tienen. Después están titulados para impartirlos. Me dan como ganas, o sea, de ponerme estudiar en la Juan Carlos I cualquier materia. Judicatura. Así podré encausar a muchos tuiteros e instagrámicos, sin mucho conocimiento ni cargo de conciencia.
Cuando éramos efebos de la educación, nos decían mucho los profesores aquello del cesto de manzanas con una manzana podrida que hay que apartar. Ahora, Cristina Cifuentes nos ha confirmado que no. Que lo que está podrido no se puede cambiar. Lo que está podrido es el cesto. Nosotros. O lo que es lo mismo, nuestra educación. Y, como diría Popeye, no olvidéis comer las espinacas, y que la educación es la única forma de hacer libre nuestro voto.
[31] Xavier Domènech, nuevo secretario general de Podem con el 72% de los votos
Xavier Domènech, durante un Pleno del Parlament de Catalunya. EFE
El también coordinador de Catalunya en Comú arrasa en las primarias y logra 41 de 44 puestos del Consejo Ciudadano Autonómico
El líder de los comunes, Xavier Domènech, se ha impuesto en las primarias de Podem Catalunya con 4.771 votos (el 72,73%) y será el nuevo secretario general de la formación morada. El también coordinador de Catalunya en Comú ha arrasado en las votaciones y se ha hecho con 41 de los 44 asientos del Consejo Ciudadano Autonómico, por lo que podrá dirigir sin problemas a la organización que más quebraderos de cabeza ha dado a Podemos y a su secretario general, Pablo Iglesias.
La candidatura de la exsecretaria de Feminismos y de Coordinación Interna de Podem, Noelia Bail, ha quedado en segunda posición con 596 votos (9,09%), y la de la senadora Celia Cànovas, tercera con 389 sufragios (5,93%). Han participado 6.809 inscritos, una cifra muy similar a la de las anteriores primarias.
Un total 57.592 inscritos en Podem, entre los que hay 25.718 activos –que han participado de una votación en el último año–, estaban llamados a elegir presencial o telemáticamente entre seis candidatos a secretario general, seis listas al Consejo Ciudadano Autonómico (CCA) –dirección– y 12 aspirantes a miembros de la Comisión de Garantías democráticas.
Para las candidaturas al CCA se podían presentar listas de hasta 44 personas, que es el máximo que puede tener el consejo, aunque será Domènech como nuevo secretario general quien decidirá el número de miembros del órgano, que puede ir de 34 a 44.
Los inscritos han podido votar «en plancha» a toda la lista que presente una candidatura o escoger persona a persona de entre las candidaturas que concurren, y tras la votación se aplica el sistema de Podemos ‘Desborda’.
Este sistema garantiza que las minorías queden representadas en el órgano si superan el 5% de los votos, constituyendo un consejo donde se ven representadas las candidaturas según el respaldo obtenido en la votación.
La elección de Domènech, que ha recibido el apoyo de Pablo Iglesias, permite respirar a la dirección estatal del partido que desde ahora contará con una persona leal al frente de la organización catalana, una de las más problemáticas desde la fundación de Podemos.
Felicidades @XavierDomenechs por haber sido elegido masivamente por l@s inscrit@s de Catalunya para estar al frente de Podem como secretario general. Será un honor seguir construyendo fraternidad y solidaridad entre España y Catalunya. pic.twitter.com/uW4YpxmWq1
La candidatura de Domènech presentó una lista de 44 miembros y 41 de ellos se han situado en las primeras posiciones dejando dos a la candidatura de Bail –la propia Bail, que se presentaba también al CCA y ha conseguido el puesto 37, y María Martínez (44)–; y uno más para Celia Cánovas que también se presentó al órgano y a conseguido el puesto 43.
Así, la miembro de Podem que ha obtenido más votos a la nueva dirección es Conchi Avellan, seguida de Rosa Canyadell, de Jaume Durall, Alba García y Carlos Tavera.
También formarán parte de la nueva dirección de la formación morada en Catalunya las diputadas de ECP en el Congreso, Mar García y Alicia Ramos, la diputada de CatECP en el Parlament Yolanda López y el senador de ECP Óscar Guardingo.
También han conseguido estar en las primeras posiciones, Ana María Pérez, Lucas Silvano Ferro, Ana Carla Rosani, Laia Sánchez, Mario Ríos, María Pozuelo, Antonio Pérez, Joaquín Vela, Juanjo Cáceres, Sandra Daza, Cristina Morales, Irene Blanco, Miquel Benítez y Marcos Galante.
El economista Sergi Cutillas ha conseguido el puesto 23 en las primarias al CCA seguido de Celeste Valenzuela, Carme Font, Alex Guerrero, Mireia Iniesta, Francisca Pino, Leo Lamich,David Martínez, Pilar Flamenco, Arnau Mallol, Inma Montrei, Anver Aznar, Miguel Herrera, Andreu Escobar, Marta campoy, Sandra Ramos, Silvia llorente y Javier Lopez.
[32] Jueces y fiscales piden «responsabilidad» a la Xunta para «no dilatar» la huelga del personal de justicia
La multitudinaria manifestación de funcionarios de justicia pidió la dimisión del vicepresidente de la Xunta
Colectivos progresistas de la judicatura y la Fiscalía mantienen el apoyo al personal de la Administración judicial en huelga
La Unión Progresista de Fiscales insta al Gobierno gallego a «sentarse a negociar» y no «dilatar» el problema y Xuíces e Xuízas para a Decmocracia advierte de peticiones «justas»
Superados los dos meses de huelga del personal de la Administración de Justicia en Galicia, con docenas de miles de trámites y juicios suspendidos, con más de dos millones de euros en salarios perdidos por los trabajadores y una nueva exhibición de fuerza y unidad en la última manifestación, el conflicto permanece enquistado.
El Gobierno gallego insiste en no variar su actual propuesta de subida de entre 135 y 105 euros al mes para cada trabajador en función de su categoría. El comité de huelga, que había comenzado reclamando una subida de 225 euros, se mantiene en el incremento de 180 euros. Pero la última reunión se celebró hace ya dos semanas y la Xunta sigue sin convocar a otra. El tiempo pasa y el personal recibe el apoyo de jueces y fiscales, que empezaron también con sus reivindicaciones y amenazan con una huelga a partir de 22 de mayo.
Desde la Unión Progresista de Fiscales ( UPF), su destacado miembro –y anterior presidente– Álvaro García Ortiz, responsabiliza a la Xunta de la pervivencia del conflicto e insta al Gobierno gallego a que siente de una vez. Por su parte, Sandra Piñeiro, coordinadora de Xuíces e Xuízas para a Democracia ( XpD) en Galicia, insiste en el apoyo que ya había mostrado su colectivo al paro, llama a la «responsabilidad» y advierte de una «complicada» situación que se agravará mucho más con el paso de los días.
«Sobre quien recae la responsabilidad de solucionar el conflicto es la Xunta, que es quien debe sentarse a negociar; no obstante, paradójicamente, la Administración está dilatando los plazos para reunirse», explica García Ortiz, fiscal de Medio Ambiente en Galicia, que advierte de que, «desde el principio de la huelga», el Gobierno «emplaza al personal con períodos de tiempo muy largos». «Se negocia un lunes y la Xunta, en lugar de volver a negociar el martes, convoca al comité de huelga para una semana o quince días después; además, mantiene que no va a negociar, pero siempre presenta otra propuesta, por lo que sí hay materia sobre la que hablar», explica García Ortiz, que cree que el Gobierno «se contradice» con sus actitudes.
«Cualquier usuario de la Justicia cree que se debe negociar hasta llegar a un acuerdo y es lo que pedimos, que la Xunta negocie y negocie todo y que las dos partes no se levanten de la mesa hasta que se llegue a una solución o la una ruptura», insiste quien cree que «los aplazamientos» continuos de las reuniones «no tienen sentido».
Preguntado sobre los posibles motivos de esta dilatación y de los aplazamientos, García Ortiz lo tiene claro: «Para que los trabajadores no aguanten». «Son los que menos cobran de la Administración de Justicia, con sueldos bajos, y cada día de huelga dejan de percibir mucho dinero», insiste quien recuerda, también, que la Xunta, «entre comillas, está ahorrando dinero con cada jornada de paro».
«No sentarse a negociar tiene un peso muy importante porque estás prolongando un conflicto colectivo y tu responsabilidad es finalizar con él», insiste. Respecto a los efectos de la huelga, desde la UPF advierten que «es muy dura y con un amplio seguimiento», lo que provoca «la casi total paralización de todos los servicios» y un atasco que será «todavía peor más adelante». En el fondo, según García Ortiz, el conflicto se encuadra en un problema general: «La Justicia no es prioritaria para ninguna administración». Y recuerda que los letrados irán a la huelga en junio, que jueces y fiscales ya empezaron las protestas o que en el territorio Ministerio ya se prepara una huelga parecida a la gallega. «El presupuesto que se dedica en el Estado a la Justicia no llega ni al 0,7% y ese dato explica bastante bien todo», finaliza.
De la misma opinión es Sandra Piñeiro, coordinadora de XpD en Galicia, que recuerda que magistrados y fiscales ya se unieron en unas reclamaciones que pueden acabar el próximo 22 de mayo con una huelga indefinida. «Reclamamos mejoras en nuestra situación, mayor independencia o más medios… Somos la administración más pobre dentro de los servicios públicos», coincide.
Así, XpD aclara que «no modifica» la postura expresada hace ya unas semanas respecto de la huelga del personal de Justicia, a la que había mostrado su apoyo y «solidaridad» con su lucha para que sea «dignamente retribuido». «Sus peticiones son justas», insiste Piñeiro, que hace también una «llamada a la responsabilidad» a las dos partes para «llegar a un acuerdo el antes posible». «Cuanto más se alargue, más complicado va a ser», advierte. Así, asegura que la situación es «muy complicada» al estarse «retrasando milesde juicios», lo que incide en el «atasco» de algunas jurisdicciones. «Cuando el conflicto finalice, la situación seguirá muy complicada porque hay que ponerse al día y no sabemos cómo se va a afrontar o solucionar eso», dice quien califica de «preocupante» la cantidad de expedientes sin resolver y, sobre todo, la situación en juzgados de instrucción como en el que ella trabaja. «Puede haber situaciones en las que no se complete la instrucción», cuenta.
Y mientras las advertencias y llamadas al diálogo continúan, la Xunta sigue sin convocar a los trabajadores para reunión alguna. Este mismo lunes, el vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, volvió a pedir a los sindicatos que «consideren» la última oferta y asegura que la Administración sigue «abierta al diálogo». Además, Vicepresidencia reduce el seguimiento del paro al 29% en este lunes, asumiendo no obstante que casi 800 personas continúan sin acudir a su puesto de trabajo, cifra a la que habría que añadir 174 con baja justificada y 775 que participaron en los servicios mínimos.
[33] Un cambio legislativo pactado por PP y PSOE en 2015 permite perseguir a los CDR como terrorismo sin armas
La Fiscalía investiga por delitos de terrorismo y rebelión a una activista de CDR EFE
Expertos se muestran preocupados porque la Audiencia Nacional acepte investigar por terrismo y rebelión los cortes en las carreteras y peajes
El Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, llevará ante la ONU y la comisaria europea de Derechos Humanos la investigación a los CDR
Terrorismo sin armas. La detención por rebelión y terrorismo contra una activista de los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) en una investigación secreta de la Audiencia Nacional este martes ha generado alarma entre partidos soberanistas, juristas y defensores de los derechos humanos. El sustento formal de la investigación se encuentra en la reforma del Código Penal de 2015 que siguió al pacto antiterrorista acordado por el PP y PSOE.
En concreto, la reforma del artículo del Código Penal aumentó, en su artículo 573, el catálogo de las finalidades terroristas, incluyendo no sólo los atentados violentos para provocar un estado de terror en la población, sino además «cualquier delito grave» con el objetivo de «subvertir el orden constitucional», así como «desestabilizar» el funcionamiento de instituciones políticas o estructuras económicas o sociales del Estado u obligar a los poderes públicos «a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo».
Se tipificó además el delito de desórdenes públicos, el de sedición y el de rebelión como terrorismo en caso de cometerse por una persona «amparada» por una organización terrorista. De esta forma, el terrorista podría no ser únicamente el integrante de una banda terrorista, sino el autor de los delitos que tuvieran las finalidades del citado artículo 573.
Para el abogado de Molins&Parés Marc Molins, la definición de terrorismo en el Código Penal es excesivamente amplia. Pero no sólo eso: «La cuestión no es únicamente de amplitud en la definición del delito, sino también de la forma de aplicación». En este sentido, el abogado recuerda que «todas las normas penales exigen una aplicación restrictiva y adecuada al principio de proporcionalidad».
«El reto del Estado de Derecho es concretar una aplicación restrictiva y consecuente de la ley penal y no desbordar el sentido de las normas. Se tiene que acreditar que los actos investigados constituyen un delito grave causalmente orientado a romper el orden constitucional o alterar la paz pública. Ninguna otra finalidad, de mera protesta o de solidaridad, encajaría con el delito de terrorismo. En el actual escenario, la hipótesis del acto terrorista es, como mínimo, discutible” asevera Molins.
Además del problema legislativo en cuanto a la definición de terrorismo, la letrada del centro Irídia Anaïs Franquesa también pone énfasis en su aplicación por parte de los jueces, en este caso, el magistrado de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional Diego de Egea. A criterio de Franquesa, la investigación debería basarse, en primer lugar, en un examen de los hechos y de si los cortes de carreteras y levantamiento de barreras que los CDR impulsaron durante la operación retorno de Semana Santa están amparadas por el derecho a la manifestación.
De sobrepasar este límite, añade Franquesa, se podrían investigar penalmente las acciones de los CDR, pero en todo caso por desórdenes públicos. El derecho a la manifestación, entre otros límites, contempla la obligación de comunicar el recorrido y los responsables de las marchas. «El corte de carretera no se produce porque sí, sino que entra en el derecho democrático de la protesta política», abunda, la letrada, que afea a la Audiencia Nacional la «instrumentalización y desnaturalización del derecho penal para criminalizar la protesta» de los CDR.
Franquesa recuerda además que «por desgracia, en Barcelona, Catalunya y el resto de España guardamos en nuestra memoria más reciente y sabemos lo que es un acto terrorista. Y las protestas de los CDR no lo son». «Y evidentemente, tampoco son rebelión, porque cortar una carretera no es un alzamiento público ni violento», añade.
Por su lado, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha asegurado que atribuir a los CDR delitos como terrorismo y rebelión es una calificación «manifiestamente desproporcionada y contraria al principio de legalidad» y ha anunciado que lo pondrá en conocimiento de la nueva comisaria europea de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, y los órganos competentes en derechos humanos de las Naciones Unidas.
Uno de los indicios que, por ahora, se conoce contra la detenida es un audio que ella misma difundió en las redes de mensajería en el que señalaba presuntos objetivos estratégicos de las protestas, que no se han llegado a producir. «Si podemos parar el puerto, sería brutal, porque dejamos sin abastecimiento a las islas Baleares, los chinos se cabrearían, también hay muchas mercancías; por ejemplo, la Seat, que lleva los coches en barcos, y todo lo que es entrada de mercancías de la Península y sur de Europa», señaló la detenida.
En el marco de la operación, denominada Cadera (palabra que incluye las iniciales CDR), la Guardia Civil ha registrado la vivienda de la detenida en Viladecans (Barcelona), de nacionalidad española, donde han encontrado documentos sobre el acuartelamiento del instituto armado en Barcelona, además de una agenda, cartelería, una memoria externa, un ordenador y teléfonos móviles. Ni rastro de armas letales con las que provocar pánico y terror de la población como en un acto terrorista al uso.
[34] Todos somos terroristas en potencia y la Audiencia Nacional lo sabe
Agentes de la Guardia Civil salen del registro en el domicilio de la activista detenida de los CDR. EFE
España se ha convertido en el país europeo con más ciudadanos que pueden ser acusados de cometer un acto terrorista sin matar a nadie
La Audiencia Nacional continúa en su empeño por construir un universo paralelo en que el Estado es débil, el movimiento independentista catalán tiene posibilidades de doblegarlo por la fuerza, y sus (pocos) partidarios en la calle en estas semanas son una amenaza para la convivencia.
El patinazo sufrido por el juez Llarena en Alemania no ha desalentado a la Audiencia Nacional, un tribunal especial acostumbrado por otro lado a ser enmendado por instancias superiores. O cosas peores, porque desde los años 80, un número significativo de sus jueces han pasado por el banquillo de los acusados o por expedientes disciplinarios. Pero esa no es la historia que toca contar hoy.
Su Juzgado de Instrucción número 6 ha ordenado la detención de una activista de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), favorables a la independencia de Cataluña. Se la investiga por los delitos de rebelión y terrorismo. Los CDR llevaron a cabo cortes de carreteras y levantaron las barreras en peajes de autopistas en Semana Santa. Según el fiscal, pretendían » provocar un clima de agitación social».
Dejemos de lado el hecho de que la política y la sociedad catalanas ya han estado bastante agitadas en el último año. Es lógico que tengamos en cuenta que fuerzas de seguridad y tribunales están en su derecho a perseguir conductas violentas, más allá de que se cometan en favor de ideas políticas, y no para robar la cartera a alguien. Digamos que hasta ahí son dos hechos bastante obvios.
Lo que tenemos ante nosotros es un discurso político que ha terminado definiendo como «terrorismo» manifestaciones de disidencia política que en las democracias de Europa Occidental siempre han sido aceptadas como un elemento indispensable en un Estado de derecho. Muchas de esas movilizaciones afectaban de forma inevitable a algunos derechos de otras personas y podían tener algunas manifestaciones violentas, pero no sólo no socavaban la convivencia y la libertad, sino que la reforzaban. Como se decía en la Guerra Fría, esa respuesta disidente no se permitía en la URSS o en China, y si ocurría, se castigaba con extrema dureza.
Eso cambió en España en 2015 con la última reforma del Código Penal –y ya antes la la ley mordaza había comenzado a castigar por vía penal lo que antes eran faltas administrativas– en la que los dos principales partidos nos intentaron convencer de que el Estado era débil y la sociedad estaba en grave peligro a causa de la amenaza inminente del terrorismo yihadista. Militares con uniforme y expertos de think tank aparecieron en las televisiones para decirnos que España estaba indefensa ante un ejército de lobos solitarios imposibles de detectar para la policía a menos que revisáramos nuestros derechos constitucionales. El hecho de que en 2004 sufriéramos un atroz atentado y que respondiéramos con dignidad y serenidad es un hecho que ya no conviene recordar.
Para ello, se amplió la definición de terrorismo hasta extremos inimaginables hasta entonces en una sociedad que en los 70 y 80 ya había sufrido ese castigo . Esa nueva concepción pactada por el PP y el PSOE abría la puerta a perseguir conductas que nada tienen que ver con el yihadismo. La herramienta era el artículo 573 del Código Penal que establece que el delito de terrorismo es prácticamente cualquier delito grave (incluidos los cometidos contra « el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente») que tenga alguna de las finalidades reseñadas en él.
La primera intención era esta: «Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo» (las negritas son mías).
No hay gran movilización de protesta que no pretenda obligar a una Administración nacional, autonómica o local a hacer algo o dejar de hacerlo. Es lo que ocurrió en los años 80 en las manifestaciones contra la reconversión industrial en Sagunto y Ferrol, con las protestas de los mineros asturianos en distintas épocas, con lo ocurrido en el barrio de Gamonal en Burgos o más recientemente en Murcia, y todas las concentraciones para impedir desahucios.
En muchas de esas movilizaciones hubo hechos violentos de mayor o menor gravedad, y en algunos casos hubo personas que tuvieron que responder por sus actos en los tribunales. Nadie los consideró terroristas.
Durante décadas, la sociedad admitió que se podía ser violento sin ser terrorista. No es que lo primero fuera algo que hubiera que aplaudir, pero en cualquier caso sólo la extrema derecha más desquiciada e ignorante podía sostener que esas protestas ponían en peligro a la sociedad.
Ese mismo artículo 573 dicta que «alterar gravemente la paz pública» es motivo suficiente para entablar una acusación por acto terrorista, un concepto tan amplio que nos coloca ante una situación de clara inseguridad jurídica.
Al final, un acto terrorista en España es lo que la Audiencia Nacional quiera señalar como acto terrorista. Ahora mismo, un corte de carretera –una estampa nada insólita en una democracia– ha pasado a ser un instrumento terrorista, menos letal que un coche bomba, pero no menos perseguible con penas durísimas.
Se confirma lo que se ha estado denunciando en los últimos años. Cuanto menos terrorismo hay en España, más necesidad hay en los dos grandes partidos de promover investigaciones antiterroristas. Hay jueces y fiscales encantados de emplear esos recursos para meter a gente en un calabozo. Aplicaron la legislación antiterrorista a un grupo de cómicos por hacer un chiste malo combinando los nombres de dos grupos terroristas. Y decían que habían que respetar las decisiones de los jueces.
Todo esto se hace en nombre del Estado de derecho. Ya casi no se habla de libertad, igualdad y fraternidad (bueno, es cierto que ahora mismo en Cataluña fraternidad, hay poca), ni de derechos de los ciudadanos ni de su capacidad para defenderlos en la calle, más allá de votar una vez cada cuatro años (en Cataluña, sin duda con más frecuencia y escasos resultados). Todo es el Estado de derecho, la disidencia es una palabra sucia y hay partidos que quieren restringir ese campo de actuación hasta límites que se hubieran considerado insólitos en los años 70 y 80.
En Hungría, el país se ha hundido en una espiral imparable hacia el autoritarismo y todo se ha hecho con las armas que concede el Estado de derecho. Nada se ha aprobado allí violando la ley, porque siempre se ha cambiado de forma escrupulosa para hacer posibles los objetivos del partido en el poder.
Se ha elegido a juristas adictos a la causa para el Tribunal Constitucional. Los medios de comunicación públicos son un altavoz propagandístico del Gobierno. Los principales medios privados están sometidos o controlados por aliados del líder máximo. Aquellos que osan cuestionar la ideología xenófoba y racista del partido de Viktor Orbán son tachados de enemigos de la patria al servicio de oscuros intereses extranjeros. Se prepara una nueva ley, que será aprobada con todos los requisitos que exige el Estado de derecho, para atar en corto a las ONG y grupos de la sociedad civil que se rebelan contra el pensamiento reaccionario.
Al menos no les llaman terroristas. De momento. El embajador húngaro en Madrid puede ganarse un ascenso si informa a su Gobierno de las últimas noticias de la Audiencia Nacional.
[35] «LA INTIMIDACIÓN DE LA OLIGARQUÍA BRASILEÑA SOLO SE PUEDE CONTRARESTAR CON LA RÉPLICA POPULAR»
Para el sociólogo estadounidense James Petras lo que está sucediendo enBrasil con el encarcelamiento del expresidente Lula no le ofrece dudas: es tan sólo un indicio.
«En primera instancia – mantiene Petras en su habitual charla con la emisora uruguaya «Radio Centenario«- es un indicio de la fuerza que tiene la derecha en el presente contexto en América Latina. Tanto en Brasil como en otras partes, el poder del imperialismo norteamericano se está extendiendo, a partir de sus clientes locales».
El intelectual norteamericano cree que lo que acontece estos días en Brasil no es simplemente una mera acción de la oligarquía, aunque los banqueros norteamericanos tengan una influencia decisiva, junto a los consultores y otros especialistas de la política económica, en lo que sucede.
«Más allá de eso, podemos afirmar que en otras partes, comoVenezuela, hay una intervención directa de Estados Unidos. Pero lo mismo podemos decir de México, que tiene un gobierno de derechas. La fuerza del imperialismo está creciendo de tal manera que éstos se permiten descartar algunos socios suyos del pasado, para avanzar más y más deprisa».
«El encarcelamiento de Lula tiene como objetivo lograr imponer el miedo sobre cualquier izquierdista que tenga la posibilidad de llegar a un gobierno en América Latina», dice Petras.
«El miedo es un instrumento importante para controlar al poder.Sembrar miedo es una forma de dominar, si no tienes una economía dinámica, si no tienes la capacidad de constituir un gobierno sin apoyos sociales sólidos».
» Algo similar está sucediendo en Argentina con la intimidación y los despidos. Son indicios de la creciente influencia no sólo de Trump, sino también de todos los asociados con el proyecto imperialista. Han recuperado mucha fuerza desde que se produjo la crisis de los 2008 -2009. Tienen la convicción que si no puede mandar a través del «consenso», lo Harán a través de la fuerza, de la intimidación» .
«Pero – se pregunta Petras – ¿cómo contrarrestar esta intimidación, este esfuerzo por extender el imperio y los intereses de la oligarquía?
«La respuesta esta pregunta está, sin duda en la movilización. Y no me refiero sólo a marchas o a denuncias, que son importantes.Pero si no hay una acción que afecte directamente los intereses económicos, como por ejemplo, una huelga general, que paralice el país y la economía, poniendo en evidencia que existen fuerzas listas y preparadas para profundizar y extender la lucha, no se va a poder hacer mucho».
«Pero, hasta ahora, ninguna de las fuerzas opositoras – ya sean sindicatos, partidos o movimientos sociales- han sido capaces de organizar la unidad de acción para paralizar la Economía. Ese es el problema, la organización de la réplica»
» A Lula lo meten en la cárcel, pero su encarcelamiento no va acompañado por acciones sociales contundentes, por lo que será fácil encarcelar a una persona que sólo dispone de un discurso sentimental que toca el corazón del pueblo. La oligarquía sólo entiende el lenguaje la fuerza. Y la fuerza y la intimidación que ellos tratan de imponer sólo podrá hacer ser contrarrestada por otra fuerza. Y hasta ahora, la derecha ha utilizado su fuerza, su intimidación, su miedo, sin que la oposición haya tomado medidas para contrarrestarlas».
«Podríamos decir que Lula es una figura que tiene, sin duda, el apoyo popular. Pero sus seguidores no han sido todavía capaces de movilizarse y de actuar con la fuerza de la réplica a la acción oligárquica. Permanecen enredados con los jueces, los abogados, el proceso judicial, etc.,… Tratan de buscar a algún juez que pueda actuar con honestidad. Pero la cuestión es que en Brasil no existen tales jueces. En Brasil lo que hay son matones, jueces y políticos corruptos».
«En este momento en Brasil se está produciendo una acumulación de fuerzas cada vez más represivas, cada vez más derechistas. Y para detener ese maremoto no necesitas abogados. Necesitas sindicalistas, pobladores, organizaciones, para darle continuidad a la lucha en la calle, y en cualquier lugar en el que se pueda paralizar el funcionamiento del sistema. Hay que negociar respaldados por la fuerza de la movilización social».
1. El fascismo es una de las fases que adopta el capitalismo llegado a un determinado punto. El Estado fascista en su forma desarrollada presupone la hegemonía del capital bancario y financiero sobre el resto de la economía. Así, el fascismo es una de las fases que adopta el capitalismo imperialista, es decir, el capitalismo monopolista de Estado(1).
2. El fascismo surge cuando el capital financiero necesita recapitalizaciones a gran escala y por tanto, las rentas del Estado. Aparece así el corporativismo fascista, semejante al corporativismo democrático burgués, pero más agresivo y rápido.
3. Por lo tanto, el fascismo surge de las crisis económicas del capitalismo y de la necesidad de extender los imperios ultra nacionales y de “rescatar” a las empresas(2).
4. El fascismo es el capitalismo que ha reconocido al comunismo en particular y al socialismo en general como herramienta ideológica de su enemigo de clase, los trabajadores (3).
5. Con el fascismo, la clase dominante eleva a un partido u organización nueva, compuesta por lumpen y “clases medias”, al control del aparato del Estado. El capital ejerce el control directo del Estado de forma indirecta, a través de un partido y un líder que depende absolutamente de la clase capitalista, que le da forma. Así aparece la ideología fascista, que no es sino un lumpen-nacionalismo, un pastiche de cada nación donde germina(4).
6. Estas formas políticas se aprendieron en las colonias, y se volvieron a usar en las colonias bajo el neo-colonialismo(5).
7. No existe, en sí misma, una línea divisoria entre las democracias capitalistas y sus Estados policiales y las dictaduras fascistas, más que en las formas institucionales.
8. En el bloque euro-norteamericano actual se irá produciendo un auge progresivo del fascismo. No tenderán a convertirse en Estados fascistas, salvo guerra o insurrección social fruto del espontaneísmo de las masas (6). Empezarán a aparecer «formas híbridas» y transiciones «órgánicas» hacia el fascismo.
9. El fascismo supone, básicamente, encuadrar a toda la sociedad asegurando la dirección de la fuerza de trabajo y la eliminación física de la oposición. Convierte a la sociedad en una gran fábrica con el Estado como empresa y consejo directivo. Los trabajadores quedan inmóviles en cuanto a su posición productiva, revirtiendo en parte el trabajo asalariado en trabajo forzoso y esclavo(7).
10. El fascismo, aunque presentado como una ideología firme y dogmática, es una de las mayores formas de oportunismo político. Para un fascista es natural cambiar radicalmente de ideas, dependiendo de sus intereses personales y, sobre todo, de los intereses de los capitalistas. Esto es fundamental para entender cómo se pueden adaptar a las democracias capitalistas, llegando incluso a abanderarlas (8).
11. El fascismo es una forma decadente del capitalismo (9).
NOTAS:
(1) En Alemania, cinco nombres: Bloomberg, como representante del generalato prusiano; Hindenburg como representante de los terratenientes y del aparatichk; Schacht, como representante de la mayoría de industriales y banqueros; Thyssen como miembro de los líderes empresariales y Von Papen como miembro de la vieja aristocracia (que, irónicamente, perdería los últimos resquicios de poder político). Todos ellos, entre muchos otros, apoyaron a Hitler. Los nazis recibieron apoyo de todos los sectores de la clase capitalista alemana, incluso los capitalistas judíos (IG Farben apoyó a Hitler a pesar de sus acusaciones de pertenecer al “capital financiero judío”).
(2) Entre muchas otras medidas, El Estado capitalista alemán en su forma fascista rescató al Banco de Comercio (Commerzbank): intervino para sostenerlo adquiriendo una parte del capital y restituyéndoselo en 1937. Al comienzo de la guerra este banco tenía aproximadamente 80 millones de Reichsmarks (capital por acciones); en 1941 fue ampliado a 100 millones. También el gasto público fue reinvertido en partidas de rearme militar, lo cual benefició enormemente a los magnates del acero y sus maravillosos contratos de rearme. Asimismo, IG Farben llegaría a recibir hasta un millón ochocientos mil marcos de inversión Estatal en la producción de petróleo sintético. Por no hablar del ascenso de las industrias Krupp. Por su parte, el Estado se fusionaba con la industria para evitar su quiebra. “No fue con objeto de ‘controlar’ la organización bancaria por lo que el Reich adquirió tan amplia parte del capital bancario: fue con el fin de salvar a los bancos de la quiebra” (Bettelheim). Todas estas medidas son aplicadas también por los capitalistas en Estados democráticos en épocas de crisis, como vemos hoy día.
(3) En España, el golpe militar fue una respuesta al auge revolucionario que acompañó al Frente Popular. En Francia, los capitalistas gritaban “¡Mejor Hitler que Blum!”. En Italia, el fascismo fue la respuesta que la oligarquía italiana y su débil Estado encontraron frente al Bienio Rojo (1919-1920) en el que los obreros italianos ocuparon las fábricas. Tras las negociaciones aparecieron casi de inmediato las bandas fascistas en el campo y luego en la ciudad. El fascismo consolidó el Estado italiano. En Alemania tras las elecciones de noviembre de 1932, el partido nazi experimentó una pérdida de votos, mientras que los comunistas no paraban de ganar apoyo. Alemania tenía el partido comunista más grande de Europa (sin contar Rusia), lo cual aterrorizaba a los capitalistas. La Asociación de Industriales Alemanes no tardaría en darles 3 millones de marcos al Partido Nazi para las elecciones en marzo.
(4) El propio Hitler era un lumpen, un “frontsoldat”. Mussolini era un periodista con aspiraciones políticas venidas a menos. E incluso aquellos países donde las instituciones antiguoregimentales se unen con el fascismo se abrió la puerta al bandolerismo de pequeños criminales o maleantes, contribuyendo así al «movimiento» de masas.
(5) La táctica de aupar gobiernos títeres ultra reaccionarios es una táctica imperialista, genuinamente colonial. El fascismo reproduce esta táctica capitalista en el interior. El poder de la familia Saud, por ejemplo, provenía del apoyo británico. De hecho, es de África de donde los alemanes aprenden sus tácticas de exterminio, y los europeos volverán a aupar a «lumpen-emperadores» como Bokassa. Las potencias imperialistas democráticas han financiado al fascismo en sus colonias, como el Chile de Pinochet. Los talibanes y el fascismo islámico en general representan distintas tácticas de una misma estrategia estatal capitalista para el dominio de cada país. El nacionalsocialismo hitleriano y el fascismo europeo deben analizarse dentro de esta gran proyección del capital transnacional.
(6) El fascismo estadounidense tiene dos caras: el excepcionalismo norteamericano y el supremacismo blanco. Donald Trump es, a todos los efectos, un fascista yankee clásico, y es fruto tanto de la debilidad norteamericana como del aumento de la violencia imperialista en todo el mundo. Un tigre de papel. Pero gordo.
(7) “El uso del terror y la mano de obra esclava hicieron que, con frecuencia, los lugares de trabajo se pareciesen mucho a los campos de concentración” (Chris Bambery). Además, los patronos daban los nombres de los que faltaban al trabajo y de los “agitadores”, que pasaban a manos de la Gestapo.
(8) De todos los posibles ejemplos, sólo uno: a pesar de la perreta franquista de entrar en la Segunda Guerra Mundial y de toda la ayuda prestada en la guerra y de la misma propaganda fascista, en 1944 Franco ya hablaba de “Democracia Orgánica”. Por mucha admiración vergonzosa que sientan los intelectuales europeos hacia el nazismo, tan sólo es el oportunismo demagógico capitalista llevado a sus extremos más beligerantes.
(9) El fascismo demuestra que las fuerzas productivas que ha despertado el capitalismo chocan con sus propias relaciones sociales de producción, haciendo que los capitalistas abandonen su clásica y mejor forma de dominación, la democracia parlamentaria, en pro del dirigismo dictatorial, franco y descarnado. Nunca hubo más comunistas en Europa que tras 1945. Con el fascismo es la negación del arte y la ciencia burguesas, que empezaban a superar a sus creadores transformándose en socialista. En el Manifiesto Comunista, Marx exponía que el capitalismo no deja “ningún otro vínculo que el interés desnudo, el insensible ‘pago al contado’”. Esto es el fascismo, la explotación, el exterminio y el saqueo de una minoría de hombres y países sobre una mayoría de explotados.
«Quienes hablan de neoliberalismo lo hacen porque oponen a ese “modelo” otro capitalismo «más regulado», Pero… ¿Existe? ¿Dónde?
Recientemente, ha surgido entre gentes cercanas el debate sobre la cuestión del “neoliberalismo”. Por nuestra parte, no asumimos dicha categoría, aunque no hacemos mayor problema de ello en el terreno de la confluencia práctica con compañeros que suelen emplearla. No es un debate terminológico lo que nos interesa: si afrontamos esta cuestión es porque detrás de las palabras se esconden conceptos y, a partir de ellos, se derivan tácticas políticas más o menos acertadas.
Tras la caída del Muro, la izquierda (incluso marxista) parece haber entrado en una deriva en la que se avergüenza de su caudal teórico y lo sustituye, a la ligera, por la primera ocurrencia de cada nuevo teórico universitario que se pone de moda. Así, en los 90 y desde el año 2000, de la mano de Antonio Negri, Ernesto Laclau, Slavoj Zizek o John Holloway entre otros, entraron en el vocabulario de los movimientos sociales, como entra un elefante en una cacharrería, una serie de categorías eufemísticas y “líquidas” como la mundialización, la globalización, el neoliberalismo, el populismo, el ciudadanismo, la multitud, la subjetividad o la transversalidad.
Es cierto que existen autores marxistas, como David Harvey, que sí han aceptado el término neoliberalismo. Lamentablemente, este célebre estudioso deEl Capital ha aceptado también muchas otras cosas con las que, desde luego, nos vemos obligados a marcar serias distancias, como eso tan “afrancesado” que también enfatiza Alberto Garzón de que el marxismo debe subordinarse al“ideal Ilustrado” y a los llamados “derechos humanos”. Lo poetizó a la perfección Benedetti:“¿no sería hora /de que iniciáramos /una amplia campaña internacional/ por los izquierdos humanos?”.
En la gran mayoría de los casos, quienes hablan de neoliberalismo lo hacen porque oponen a ese “modelo” otro capitalismo más regulado, como si otra versión más humana y justa del sistema fuera posible. Como si todas sus concesiones en forma de “Estado del bienestar” no se hubieran producido sobre la base de la sobreexplotación de mano de obra barata en esos países de la periferia del sistema que, aun formalmente descolonizados, siguieron bajo la cadena del imperialismo.
En consecuencia de esto último, y desde nuestro innegociable internacionalismo, nuestra primera precisión será para enmendar la imperante versión acerca de cuáles son los dos campos antagónicos: no estamos ante una lucha entre “neoliberalismo” y “socialdemocracia”. La alternativa que tenemos delante sigue siendo entre el socialismo y la barbarie capitalista,aun cuando esta última pueda oscilar, en función de las circunstancias históricas (y solo en ciertas zonas del mundo… y a costa de otras), entre enfoques“socialdemócratas” y enfoques “neoliberales”.
Por nuestra parte, pensamos que el caudal conceptual descrito anteriormente (y cuya categoría más señera, la que por lo visto ha hecho más suerte, es precisamente la de “neoliberalismo”) no aporta nada a lo ya avanzado por el marxismo, sino a lo sumo desorientación. Partiremos para argumentarlo de lo escrito por Vicente Sarasa en El día D y su gerundio (primera parte, pág. 38):
“En realidad, no ha aparecido ninguna mundialización que no venga de antes, si por ella entendemos la “mercantilización” – o sea, la invasión del capitalismo- de todos los sectores de la actividad económica y social en todos los países. Esto es una tendencia intrínseca a este modo de producción y comenzó a materializarse a gran escala no hace dos décadas, sino hace más de un siglo y medio. Ni tampoco hay“economía de mercado” donde los capitalistas no persigan el neoliberalismo, entendido este como el afán de destruir todas las trabas a la obtención de la máxima rentabilidad”.
*
Así pues, ¿qué hay de nuevo en lo que está sucediendo para alguien que conozca el marxismo? Podría considerarse que eso del “neoliberalismo” alude simplemente a una escuela de pensamiento económico, o a una ideología actualmente en auge. ¿Pero por qué debemos emplear para definir esas ideas una categoría creada por los economistas socialdemócratas en su afán por deslindar los campos antagónicos de un modo nada coherente con el único “otro mundo posible” que no es otro que el socialismo? En efecto, Alexander Rüstow lanza el concepto de “neoliberalismo” en un coloquio de economistas celebrado en 1938. Rüstow defendía “otro liberalismo”, frente al “laissez faire”que se consideraba fracasado tras el crack del 29. Posteriormente, en los 50, la escuela austriaca de Hayek le da al término un sentido completamente distinto, más parecido al actual. En los 70, este sentido es recuperado, pero ahora a modo de crítica, por una izquierda que protestaba contra las barrabasadas de losChicago Boys en Chile.
En todo caso, ni siquiera es un concepto afortunado para describir las dinámicas del capitalismo internacional en las últimas décadas. Prosigue Vicente, en el mismo texto citado, del siguiente modo:
“No estamos, por tanto, ante nada tan nuevo que implique cambiar hasta el lenguaje porque las “viejas explicaciones” ya no sirvan. Efectivamente, lo que está pasando tiene mucho de rancio: los imperialistas, tras la desaparición del dique que suponía el “otro sistema” y el debilitamiento de la lucha por el socialismo, se lanzaron en tromba para recuperar el “tiempo perdido” (¡y el espacio!) en su designio insaciable por buscar donde sea y como sea esa máxima rentabilidad del capital. Y se lanzaron en tromba también allí donde se creían seguros en la burbuja del “Estado del bienestar”. Y es precisamente la mistificación generalizada de estos como “terceras vías” la que ha llevado a muchos a seguir la corriente y a contribuir a mistificar también el lenguaje”.
Más allá del carácter confuso de la categoría, que no es la cuestión principal en juego ahora mismo, está como problema mayor el contenido que suele dársele a este concepto desde el activismo “realmente existente”. ¿Qué es el neoliberalismo, según esa nueva izquierda surgida tras el movimiento antiglobalización? En pocas palabras, según nos cuentan sus teóricos, en una sociedad neoliberal el Estado no intervendría en la economía. Pues bien, en ese caso, ¿cómo llamar neoliberal a una sociedad como la actual, en la que el Estado interviene constantemente en el ámbito económico, aunque lo haga siempre en defensa de los grandes capitales, como por ejemplo cuando se rescata a una banca en crisis? Ya decía Vicente en “Línea revolucionaria y referente político de masas” (artículo que aparecerá en la segunda parte de El día D y su gerundio) que
“una política a favor de los intereses populares no puede hacerse sin la creación de una banca pública como contrapunto de la expropiación de la banca privada que está en el origen inmediato de la crisis y a la que van cientos de miles de millones de “ayuda pública” negando, por cierto, ese discurso antiintervencionista del Estado en la economía con el que nos han estado tanto tiempo machacando”.
Recordemos que el Tesoro de EE UU inyectó 365.000 millones de dólares a la banca de su país. Los británicos, por su parte, pusieron 20.000 millones de libras en Lloyds. Holanda, 10.000 millones de euros en ING. En España, el rescate de Bankia y otras entidades quebradas supuso para el Estado 60.000 millones de euros, de los cuales (pese a las repetidas promesas del nuevo aspirante a vicepresidente del BCE, Luis de Guindos) van a perderse al menos 40.000. ¿Qué hay de extraño, entonces, en que la deuda externa de España se haya disparado hasta el 100% del PIB o en que se haya vaciado la hucha de las pensiones?
Además, esto de las intervenciones estatales en favor del capital no es algo nuevo, excepcional ni que se ciña meramente a los últimos años. Para ilustrarlo, recurriremos nuevamente a El día D y su gerundio, que en su página 153 (en un texto de 2005 y, por tanto, previo a la crisis) afirma:
“De haber dejado actuar libremente las “leyes puras del mercado”, hace tiempo que las deudas norteamericanas habrían alcanzado el límite de lo imposible. (…) A fin de cuentas, Estados Unidos no es tan “neoliberal” como se pretende. Tanto él como los demás países dominantes ponen en práctica políticas fuertemente proteccionistas, mientras que el neoliberalismo es el sistema de recorte de “las políticas gubernamentales o públicas” que se impone a los países “a colonizar” económicamente”. (…) Que se haya estado un tanto obnubilado durante ese periodo de relativa estabilidad que ya pertenece al pasado, y que se descubran de pronto crudas realidades sociales “aquí al lado mismo”, no da derecho ahora a complicar el discurso político, pretendiendo que estamos ante una situación cualitativamente nueva que exige acuñar nuevos conceptos tales como el de “neoliberalismo”. El neoliberalismo, en tanto que “capitalismo sin complejos”, es lo que existe desde hace mucho tiempo en la mayor parte de países del Tercer Mundo sometidos a la férula de las relaciones capitalistas”.
*
Así pues, ¿de qué neoliberalismo estamos hablando, cuál es su novedad y hasta qué punto existe realmente (en la acepción que se le está dando comúnmente)? Si estos compañeros entienden, como se ha venido defendiendo, que bajo el neoliberalismo los capitales están transnacionalizados, que no tienen una residencia concreta, que ya no hay países imperialistas sino que el capital“vuela por el aire”, que se ha producido una igualación entre centro y periferia y que el Estado no interviene en la economía, entonces eso del neoliberalismo ni siquiera existe.
No hay neoliberalismo en esa acepción, ni lo ha habido nunca, porque el capitalismo no puede vivir sin el Estado. Como explica el profesor Xabier Arrizabalo en Capitalismo y economía mundial (pág. 375),
“es el llamativo caso, por ejemplo, de la intervención de catorce bancos y ocho financieras en Chile, entre los años 1982 y 1984. Esta intervención estatal choca frontalmente con el planteamiento liberal, para el que si una empresa no es competitiva, debe quebrar y ya habrá otra que ocupe su lugar. Sin embargo, el régimen en el que se produce la nacionalización de estas veintidós empresas es la dictadura de Pinochet, una de las experiencias históricas más expresamente identificadas con el liberalismo económico. (…) En realidad, nunca los sectores dominantes del capital, que tienen capacidad de imponer su orientación a los gobiernos, aceptarían el corsé de una política económica regida estrictamente por una pauta teórica (que les obligaría a renunciar, por ejemplo en este caso del liberalismo, a la palanca de la intervención estatal, cuando sus intereses así lo aconsejen”.
Es pasmoso entonces que haya quien afirme que ahora el Estado “no interviene en la economía” porque es “muy liberal”. El “modelo económico” bajo el que vivimos, con los debidos desarrollos teóricos, enriquecido y confirmado por los aprendizajes históricos y por el estudio de los hechos recientes (la crisis, la UE, el euro, la deuda, la guerra en Oriente Próximo), es aún el del imperialismo, el del capitalismo monopolista de Estado, en el cual ningún capital queda ni puede quedar fuera de un Estado concreto. Es un mito hablar de un “capital internacional”. Prosigue Vicente en otro artículo también de 2005 e incluido en la primera parte de El día D y su gerundioafirmando que
“debemos dejar de lado esa idea, tan extendida, entre los altermundialistas, de que asistimos a una mundialización del capital “postmoderna” desconectada de los Estados. Estos sirven y son necesarios para proteger y facilitar los intereses capitalistas” (pág. 113).
De hecho, todo capital está amparado por un Estado, y no puede ir más allá de adonde dicho Estado llega. Un capitalista norteamericano no trasladaría jamás una empresa a un país en el que su Estado no estuviera en condiciones de protegerlo. Recordemos la historia, contada por Marx en El Capital, del Sr. Peel, que trasladó a Australia obreros y maquinaria pero… no las condiciones capitalistas británicas. Con lo cual, al no haberse producido aún la acumulación primitiva y haber tierras sin ocupar en Australia, todos los obreros se esparcieron y vivieron por su cuenta. O, más sencillamente, recordemos al Rey de España (representante del Estado español) mandando callar a Hugo Chávez, porque este último amenazaba con nacionalizar cierta banca“santanderina” presente en Venezuela.
La gran mayoría de las guerras modernas no constituyen en realidad sino un proceso en el cual un Estado abre mercados para sus correspondientes transnacionales. Es absurdo pensar, como piensan los críticos del “neoliberalismo”, que “las corporaciones están por encima del Estado”. Las corporaciones y el Estado están entrelazados. El propio Manifiesto Comunistade Marx y Engels lo expresa muy claramente: “Hoy, el Poder público viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”.Lenin, en El Estado y la revolución, denunciaba por su parte “la opresión monstruosa de las masas trabajadoras por el Estado, que se va fundiendo cada vez más estrechamente con las asociaciones omnipotentes de los capitalistas”.
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De nuevo debemos preguntarnos: ¿qué hay, entonces, de nuevo en esto del “neoliberalismo” y del “poder de las corporaciones” que justifique tal vuelco en la conceptualización? Desde luego, no son nada nuevo las privatizaciones de servicios públicos como la sanidad, la educación o las pensiones: de hecho, a fin de cuentas solo han sido servicios públicos en una porción del planeta y durante algunas décadas. Durante el resto de la historia del capitalismo, cuando han existido, esos servicios han sido privados. El error fue pensar que el capitalismo se “humanizaría” de manera permanente, máxime sin una URSS para ejercer presión competitiva en el marco de la lucha entre sistemas a nivel internacional (pues fue eso, como factor principal, lo que posibilitó las conquistas logradas por la clase obrera en los países capitalistas occidentales tras la II Guerra Mundial).
En todo caso, una presunta“novedad”que sí se ha desarrollado en las últimas décadas es la aceleración de la financiarización (si bien la concentración bancaria fue un proceso que empezó mucho antes y que el propio Marxdescribió, vaticinando que se extendería a causa de la propia dinámica interna del sistema). El peso de las finanzas por sobre la industria ha llegado al paroxismo en los últimos años. Algunos economistas marxistas, como el griego Costas Lavapitsas, hablan de capitalismo financiarizado. Por nuestra parte, hablaremos, sin tanta novedad, de capitalismo monopolista en su estadio imperialista y, dentro de este y en coherencia con su propia definición de partida, subrayaremos cómo las finanzas han seguido creciendo y parasitándolo todo con dramáticas consecuencias en forma de crisis.
Nuestra conclusión es, por tanto, que no necesitamos ninguna“revolución del lenguaje” para analizar la realidad y que más nos valdría centrar los esfuerzos en entender correctamente el mundo que se desarrolla ante nuestros ojos y que tiene poco que ver con las fantasías “alter-mundialistas”que soñaron algunos. Porque dicha “renovación léxica”, muy al contrario, está por la vía de los hechos yendo de la mano de pasos atrás en la comprensión de las actuales dinámicas económicas. Y porque, además, es con demasiada frecuencia la antesala de determinadas renuncias, comenzando por la de considerar que el “otro mundo posible” no es el socialismo sino ese selectivo“bienestar” del imperialismo noreuropeo.
La CE cree que Alemania actuó «de acuerdo a las reglas» respecto a la euroorden
La comisaria europea de Justicia afirma los expertos de su equipo «no le han alertado sobre ninguna aplicación errónea de la euroorden» en Alemania.
La comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, consideró este miércoles que la Justicia alemana actuó «de acuerdo a las reglas» en relación con la petición de extradición a España del expresidente catalán Carles Puigdemont.
«Tendría que mirar los detalles, pero creo que en este caso específico Alemania actuó de acuerdo a las reglas», dijo Jourová en una rueda de prensa, al referirse a la decisión de la audiencia territorial de Schleswig-Holstein de desestimar el delito de rebelión del que acusa a Puigdemont la Justicia española.
La Justicia alemana descartó el pasado 6 de abril extraditar al expresidente catalán por el delito de rebelión al considerar que no se cumple el requisito de que hubiera violencia, entendiendo ésta tal y como ha sido fijada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo alemán.
La comisaria subrayó que los expertos de su equipo «no le han alertado sobre ninguna aplicación errónea de la euroorden» en Alemania.
No se ampliará la lista de delitos
Jourová descartó también que la Comisión Europea (CE) esté planeando ampliar la lista de delitos por los que se puede cursar una euroorden, una negativa que ya había expresado el pasado mes de diciembre después de que España considerara que la lista había quedado «obsoleta».
«No tengo ningún requerimiento de este tipo de ninguno de los Estados miembros. Tuvimos algo de debate con los colegas españoles el año pasado, pero en este momento no estamos continuando este diálogo», explicó la comisaria checa.
Para Jourová, la orden de arresto europea tiene «otros problemas», como las diferencias entre Estados miembros respecto a los niveles de bienestar en las prisiones, ya que en algunos países las cárceles «no cumplen con los estándares necesarios», aunque incidió en que se trata de un problema que no tiene que ver con el caso de Puigdemont.
[39] Franco, líder del PSM, falseó su currículum y añadió una licenciatura que no tenía
El secretario general del PSM, José Manuel Franco, falseó su currículum académicoy añadió en su biografía de la Cámara autonómica una carrera en Matemáticas que nunca ha cursado. Según unos documentos internos de la Asamblea a los que ha podido acceder EL MUNDO, el diputado socialista incluyó en su hoja de presentación de la Asamblea conocida como ‘Quién es quién’ la citada licenciatura durante dos legislaturas.
Se da la circunstancia de que Franco es el socialista que registró la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por haber obtenido el máster en la Universidad Rey Juan Carlos de forma irregular,dado que Ángel Gabilondo sólo actúa en calidad de portavoz.
El dirigente socialista ha admitido en la Cope que cometió un «error de dejadez»,pero que su caso no es comparable con el de Cifuentes: «Yo no mato al mensajero, ni lo niego, yo doy explicaciones». Franco ha confirmado que no tuvo la precaución de comprobar los datos de la página web de la Asamblea, donde aparecía como licenciado cuando, en realidad, era profesor.
El socialista ha insistido en que él no era conocedor de ello y que no solicitó que le incluyesen esa licenciatura falsa. Sin embargo, cabe recordar que el diputado del PSM estuvo ostentando la titulación falsa en dos fichas distintas correspondientes a dos legislaturas diferentes. Este político, de la máxima confianza de Pedro Sánchez, ha salido en varios medios de comunicación pidiendo la salida inmediata de Cifuentes para «dignificar» las instituciones.
[40] El líder del PSOE en Madrid admite una «irregularidad» en su CV «unos años»
El líder del PSOE Pedro Sánchez junto al secretario general de los socialistas en Madrid, José Manuel Franco. / EFE
El secretario general del PSOE-M y portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, ha reconocido que durante «unos años» hubo una «irregularidad» en su currículum, donde aparecía como licenciado en Matemáticas pese a no haber obtenido el título.
Así se ha explicado Franco a su llegada a la Asamblea de Madrid, donde ha indicado que quería dar una explicación «lógica» ante la información publicada por ‘Ok Diario’, que asegura que Franco falsificó su currículum oficial colocando que era Licenciado en Matemáticas cuando no terminó la carrera.
De hecho, según esta información, durante dos legislaturas (De 1995 a 1999 y de 1999 a 2003), en el apartado de ‘Quién es Quién’ de la Asamblea, Franco aparecía como Licenciado en Ciencias Matemáticas. También se recogía que había sido profesor de esta materia desde 1982 hasta 1987.
En declaraciones a los medios, ha destacado, precisamente, que sí ejerció como profesor de apoyo en esta materia, y que el «error» fue subsanado en 2003. «Soy Licenciado en Derecho, es lo que consta en mi currículum actualmente y estudié Matemáticas en su día, en mi primera etapa universitaria, porque voy por la tercera ya, aunque no logré a obtener la licenciatura», ha explicado.
Franco ha destacado que sí ejerció como «profesor de clases de apoyo», y que 15 años después de subsanarse el error, entiende que «cuando se pone profesor de matemáticas se interpreta que uno es licenciado, pero no lo es».
«Políticamente se da relieve a esto para desviar otros temas más importantes», ha indicado Franco, que junto con el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha promovido la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras la polémica de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
Por último, ha reiterado que «existía irregularidad en unos años, en 2003 se corrigió» y que «ante una irregularidad se debe actuar corrigiéndola como en 2003».
El PP pide a Franco que dimita
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha pedido este martes al portavoz adjunto del PSOE que dimita y «deposite en la basura» la moción de censura que presentó hace unos días contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes.
Mientras desde Ciudadanos y Podemos han indicado que no se puede comparar este caso con el de Cifuentes. La portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz Huerta, ha señalado que el también secretario general del PSOE de Madrid ya ha dado «profusas» explicaciones sobre su no licenciatura en Matemáticas.
Por su parte, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha señalado que hay «intereses de ir sacando cosas de muchas personas y cargos públicos» y ha pedido que José Manuel Franco de explicaciones.
[41] Una cumbre de cardenales ultracatólicos declara su desobediencia al Papa tras acusarle de «hereje»
Un encuentro celebrado en Roma vuelve a cargar contra Francisco por abrir la puerta a que los divorciados vueltos a casar puedan comulgar
Los cardenales Burke y Brandmuller, conocidos por operar entre los sectores ultraconservadores, acusan a Bergoglio de manipular a los obispos
«Como demuestra la historia, es posible que un pontífice romano, haciendo uso de su poder total, pueda caer en la herejía», afirmó el primero en la reunión
Los sectores ultraconservadores siguen luchando por apuntalar su poder en contra del Papa. Francisco se enfrenta a una nueva cruzada después de la reunión celebrada el pasado fin de semana en Roma, un encuentro que congregó a cardenales, obispos y responsables eclesiásticos de la ultraderecha eclesial, obsesionados con la posibilidad de que los divorciados vueltos a casar puedan comulgar, abierta por Bergoglio hace ahora dos años. La principal conclusión ha sido la de calificarle de «hereje» y animar a la desobediencia.
Una auténtica cumbre de críticos con las reformas de Francisco, capitaneada por los cardenales Raymond Burke y Walter Brandmüller, que encendieron a los congregados en un hotel romano cuando afirmaron que «al Papa podemos desobedecerle, su autoridad no es mágica, sino que deriva de su obediencia a Dios». «Cualquier acto de un Papa, dado que es un ser humano, que sea herética o un pecado, en sí misma es nula», señaló el purpurado norteamericano.
Ambos ya son de sobra conocidos por operar entre los sectores más conservadores con el objetivo de frenar lo que consideran una «herejía» que puede llevar a un «cisma» en la Iglesia católica. Pero junto a ellos también estuvieron presentes otros cardenales, como el chino Joseph Zen –quien hace pocas fechas acusó al Papa de «vender» a los católicos chinos por negociar con Pekín un acuerdo– o el obispo Athanasius Schneider, famoso por obligar a los católicos de Kazajistán a comulgar de rodillas y directamente en la boca.
La reunión tuvo lugar coincidiendo con el segundo aniversario de la publicación de Amoris Laetitia, la exhortación papal publicada tras el Sínodo de la Familia de 2016 en la que, entre otras cosas, abre la puerta a permitir que los divorciados vueltos a casar por lo civil puedan recibir la comunión. Una realidad que afecta a pocas familias, y que en el ámbito social está ampliamente superada, pero que los sectores más aferrados a la doctrina tradicional de la Iglesia no están dispuestos a admitir.
El Papa no responde
Así, en su Declaración final, el congreso celebrado en Roma sostiene que «de acuerdo con la auténtica confesión de fe, un matrimonio consumado solo puede disolverse con la muerte», lo que supone «una norma aplicable siempre y sin excepción». «Los divorciados y vueltos a casar que viven juntos no pueden recibir la Comunión», culmina el escrito, firmado por los dos cardenales, movimientos pro-vida italianos y la asociación Amigos del cardenal Caffara –uno de los cardenales, fallecido recientemente, que firmó hace más de un año el documento denominado Dubia, en el que le piden al Papa que rectifique–.
«Como demuestra la historia, es posible que un pontífice romano, haciendo uso de su poder total, pueda caer en la herejía, o faltar a su primer deber de salvaguardar y preservar la unidad de la fe y la disciplina de la Iglesia», subrayó Raymond Burke en una intervención fuertemente aplaudida por los críticos de Francisco.
El cardenal norteamericano, a quien Francisco relevó por su deriva ultraortodoxa al frente de la Orden de Malta, una de las más antiguas del mundo y con verdadero poder en el Vaticano, defendió en su discurso la legitimidad de levantarse contra un Papa que cometa «herejías». «Primero, uno corrige el presunto error o dejación de obligaciones directamente al pontífice. Si este no responde, entonces se procede a la corrección pública».
Antes que Burke, el cardenal Brandmuller arremetió contra Amoris Laetitia y los dos sínodos que aprobaron, por mayoría de dos tercios, sus tesis. «La Iglesia no es una sociedad constituida democráticamente», denunció el purpurado, quien sugirió que los cuestionarios distribuidos durante el Sínodo a los obispos fueron «manipulados».
Aunque Bergoglio no ha contestado públicamente a los ultraconservadores, sí lo ha hecho uno de sus principales colaboradores, el cardenal Rodríguez Maradiaga. El purpurado hondureño, coordinador del grupo de cardenales que trabaja en la reforma de la Curia, pasó por Madrid este fin de semana. Preguntado sobre el particular, Maradiaga mostró su «tristeza» por la postura de estos cardenales. «Considerar que es una herejía es una equivocación muy grande, que no solo contradice al Papa, sino a dos sínodos». «Francisco tiene mucha paciencia, y estos hermanos están perdiendo su tiempo», recalcó.
Es preciso dejar claro que la deriva que está tomando la respuesta judicial al problema catalán no es ni mucho menos la que debería adoptarse en una democracia sana
“El Museo del Prado es más importante para España que la Monarquía y la República juntas”, dijo Manuel Azaña cuando ordenó sacar hacia Valencia las obras más preciadas del museo para preservarlas del daño de los bombardeos. En la película de Mercero, la hora de los valientes le llegaba a un jovencísimo Gabino Diego que no dudaba en ponerse en riesgo, también a los suyos, para conseguir llevar a cabo esta prioridad. Hoy en día en España hay cosas más preciosas que un autorretrato de Goya que van a necesitar de todos los valientes que sea posible hallar para defenderlas. Hablo del Estado de Derecho y de los principios de la democracia liberal que están siendo gravemente amenazados por la represión que se lleva a cabo del independentismo catalán.
Rebelión, golpe de Estado y, ahora, terrorismo. La mutación de los hechos que todos vemos y vivimos en virtud de este impulso justiciero, que no justo, ha alcanzado las máximas cotas de un surrealismo represivo que no es ni mucho menos casual. Durante las últimas semanas, los que habitamos dentro de los medios, hemos asistido a un incremento de las comparaciones de las protestas de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) con la autodenominada por el entorno de ETA, kale borrokao lucha callejera. Primero se empezó con la metáfora. Fueron periodistas afines al gobierno los que introdujeron la cuestión en la opinión pública y lo hicieron de forma coincidente, que líbreme Dios de decir que coordinada y orquestada. Después se incorporaron los portavoces más bocachanclas y, al poco, nos encontramos con una operación coordinada desde la Audiencia Nacional que empieza a considerar a los miembros de tales comités terroristas, dado que los detiene como a tales. Ante el desconcierto y la perplejidad de muchos, ante la indignación diría yo, van perfilándose después los juristas de guardia dispuestos a justificar y argumentar tal tropelía. Todo coincidencia. Lo mismo hicieron con el tema de Alsasua que no fue terrorismo ni para la fiscalía navarra ni para la jueza ni para la Audiencia ni para el TSJN, hasta que empezó a instruirlo la Guardia Civil, que tampoco era competente para ello, y la Fiscalía se lo llevó para la Audiencia Nacional. Este juicio, que se celebrará la semana que viene, será presidido por la mujer de un coronel de la Guardia Civil que no se ha abstenido, así que todo queda en casa.
En ambos casos se han utilizado mecanismos perfectamente estudiados para sustraer del conocimiento de las causas a los jueces predeterminados -los catalanes para los desórdenes y protestas de los CDR y los navarros para el atentado contra la autoridad y las lesiones de Alsasua-transformándolos en sendos delitos de terrorismo. Curiosamente también en ambos casos lo hacen jueces instructores “novatos” en temas de terrorismo, ambos recién llegados a la Audiencia Nacional cuando ETA hacía años que no actuaba. El que ha ordenado la detención de Tamara Carrasco, el magistrado De Egea, ni siquiera es titular por escalafón de su plaza, sino que ha sido designado a dedo por el CGPJ como juez de apoyo.
Tal vez por esto, por su falta de contacto con el terrorismo al proceder de tribunales que no lo juzgan, no quiero ni pensar que sea por otra cosa, se han olvidado de que en la reforma ampliatoria de los delitos de terrorismo pactada por el PP y el PSOE en 2015, y ante la presión y la denuncia que se hizo de la posibilidad represiva que contenía el nuevo tipo, los socialistas se autoenmendaron y así quedó reflejado en el artículo 573.bis 4 del Código Penal que dice que los delitos de desórdenes públicos sólo se considerarán terroristas si se realizan al amparo de una organización terrorista. Tal y como estaba recogido antes de esta reforma.
También parecen soslayar que el propio Código Penal español, con la redacción de los delitos de terrorismo que se alcanzó en 2015, incumple la Directiva de 2017 de la UE que afirma que “aquellos actos destinados a obligar a los poderes públicos a realizar o a abstenerse de realizar un acto, que no estén incluidos en la lista exhaustiva de delitos graves, NO deben considerarse delitos de terrorismo conforme a la presente directiva”. Les invito a que repasen la lista de delitos graves que contiene para que vean dónde queda levantar barreras, quemar neumáticos o grabar audios diciendo que hay que bloquear el puerto.
En resumen, que el terrorismo en este caso es un forzamiento de la ley tan fantástico como el de la rebelión y que en un país en el que los derechos del imputado sólo se protegen vía recurso vamos a asistir a cómo tribunales que han sido pertinentemente habitados por personas afines a la forma de pensar del poder establecido, no rectifican tamañas barbaridades.
Esto no sólo preocupa, sino que asusta y no sólo asusta, sino que indigna.
Y lo hace porque el estrés al que están siendo sometidos los principios que sustentan una democracia liberal corre el riesgo de llevarla a la fractura. Por eso ha llegado la hora de los valientes, porque es preciso dejar claro que la deriva que está tomando la respuesta judicial al problema catalán no es ni mucho menos la que debería adoptarse en una democracia sana. Hay que salir a dar la cara y a explicar que los delitos que se hayan podido cometer, tanto por los líderes políticos como por la ciudadanía que les apoya, han de ser justamente investigados y juzgados pero que eso no significa que sea aceptable la manipulación que del Derecho Penal se está haciendo para reprimir al independentismo.
Es la hora de los valientes. Es la hora de los que saben que pretender responder a la grave situación de Catalunya con las togas es un artificio que sólo se puede vehicular mediante la vulneración de derechos y que los derechos fundamentales, como el cuadro de Goya, merecen una horda de valientes dispuestos a defenderlos porque sin ellos la democracia tal y como la entendemos se extingue. Cierto es que se han levantado voces de catedráticos, de algunos jueces y fiscales con mucha prudencia, de juristas varios. Hace falta que muchos más pierdan el miedo a decir lo que está sucediendo. Entre estos muchos más se encuentran los políticos que no deben escudarse en su respeto a la separación de poderes, cada vez más endeble, cuando toca denunciar los excesos y los riesgos que acarrean.
Necesitamos que los valientes den la cara. España necesita de esos valientes. Al menos que cuando desde Europa llegue la bofetada que deje al desnudo nuestro ya discutible sistema, quede constancia de que hubo españoles que supieron estar a la altura en la defensa de los principios comunes.
Un aula en una escuela pública de Zaragoza GOBIERNO DE ARAGÓN
Es anticonstitucional la LOMCE y por eso no puede ser aceptada la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional esta misma semana
La separación por razón de sexo en el derecho a la educación es radicalmente incompatible con el principio de igualdad
“Separados pero iguales”. En estos términos se resume la doctrina constitucional con base en la cual se justificó la segregación racial no solamente en las escuelas, pero sí básicamente en las escuelas, desde el último tercio del siglo XIX hasta que en la década de los cincuenta fue declarada anticonstitucional por el Tribunal Supremo. La doctrina había sido formulada en 1896 en el caso Plessy vs. Ferguson. La educación segregada de alumnos blancos y negros no suponía una vulneración del principio de igualdad formulado en la decimocuarta enmienda siempre que las condiciones materiales, edificios, profesores, material escolar etc. fuera igual en todas las escuelas. Con base en dicha doctrina se mantuvo la segregación de manera ininterrumpida hasta mediados de la década de los cincuenta.
En 1954 el Tribunal Supremo, en el caso Brown vs. Board of Education, rectificó su doctrina en la materia, declarando que “la separación es siempre desigualdad”, que no se puede respetar el principio de igualdad si se segrega a los estudiantes como consecuencia de la raza de cada uno de ellos. Fue el primer paso en el reconocimiento de derechos civiles para la población afroamericana.
La separación no es nunca neutra. Es siempre discriminatoria. En lo que al ejercicio del derecho a la educación se refiere, más que en ningún otro terreno. El derecho a la educación es el único derecho fundamental que el constituyente define también como deber. Como deber en el sentido propio del término. No es lo mismo el deber de conocer el castellano que la obligatoriedad del ejercicio del derecho a la educación. El primero es un deber impropio. El segundo es un auténtico deber, que puede conllevar incluso responsabilidad penal para quienes tienen atribuida por la Constitución y la Ley la responsabilidad de garantizar el cumplimiento del mismo. Padres y administración educativa.
El derecho de sufragio y el derecho a la educación son los derechos constitutivos de la igualdad constitucional. Ambos están concatenados. Somos iguales los españoles en España, los franceses en Francia…Y lo somos porque somos titulares de manera exclusiva y excluyente del derecho de participación política reconocido en el artículo 23 CE. Es el único derecho fundamental de cuyo ejercicio están excluidos los extranjeros. Es el derecho constitutivo de la ciudadanía. Constitutivo por tanto de la igualdad.
Ahora bien, sin el ejercicio del derecho a la educación el derecho de sufragio queda extraordinariamente reducido. Tanto que prácticamente se convierte en una entelequia. Los ciudadanos que se integran en el cuerpo electoral cuando alcanzan la mayoría de edad tienen que ser ciudadanos que ha ejercido obligatoriamente el derecho a la educación. Los padres y madres y los poderes públicos tienen la responsabilidad de que así sea. Tienen que garantizar que todos los ciudadanos que se van a integrar en el cuerpo electoral estén en condiciones de ejercer el derecho de sufragio en condiciones de igualdad. Sin educación no hay igualdad en el ejercicio del derecho de sufragio. No hay, por tanto, democracia digna de tal nombre.
El principio de igualdad es presupuesto y límite para el ejercicio de todos los derechos fundamentales, pero la intensidad con la que dicho principio se proyecta en el derecho de sufragio y en el derecho a la educación es muy superior a como lo hace en los demás derechos. La igualdad tiene que ser “recognoscible” en el ejercicio del derecho. La desviación de la igualdad tiene que ser prácticamente insignificante. Cualquier desviación en el ejercicio del derecho a la educación es discriminación, es contraria a la igualdad.
Por eso es anticonstitucional la LOMCE y por eso no puede ser aceptada la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional esta misma semana. La separación por razón de sexo en el derecho a la educación es radicalmente incompatible con el principio de igualdad. En mi opinión, no es solamente incompatible en la enseñanza pública o sostenida con fondos públicos, enseñanza concertada, sino incluso en la enseñanza privada, que carece del apoyo de fondos públicos. En el derecho a la educación la igualdad no es solamente un límite absoluto para los poderes públicos, sino que es también un límite para la autonomía de la voluntad de quienes ejercen la libertad de enseñanza y prestan el servicio de educar de manera totalmente privada. Ni en la escuela completamente privada se puede aceptar el ejercicio del derecho a la educación con separación por razón de género.
El legislador de la LOMCE y el TC han sucumbido al prejuicio de género, que es el prejuicio más invasivo y más resistente de todos los prejuicios culturales. Justamente por eso, es también el prejuicio más dañino para la democracia como forma política.
[44] Hoy declara ante el juez la detenida de los CDR por rebelión y terrorismo
Agentes de la Guardia Civil con la detenida este martes en Viladecans (Efe/ Quique García)
Su abogado alega que las pruebas contra Tamara son “bastante flojas” y niega que coordinara los actos de sabotaje
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea interroga esta mañana a la integrante de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenida el martes en Vidalecans (Barcelona) a petición de la Fiscalía, que la investiga por rebelión y terrorismo por dirigir “actos de sabotaje” para crear un “clima de agitación social”.
Tamara C.G. fue detenida en la operación Cadera de la Guardia Civil en la que aún está pendiente de arrestar a otro coordinador de los CDR, un hombre al que se trató de localizar el martes sin éxito en Esplugues de Llobregat (Barcelona). Tras su arresto, la joven fue conducida a dependencias de la Guardia Civil y de allí será trasladada a la Audiencia Nacional para comparecer ante el juez en virtud de un atestado policial que le acusa de los delitos de rebelión, sedición y pertenencia a grupo terrorista, han informado a Efe fuentes jurídicas.
Unas pruebas “bastante flojas” según el abogado de la detenida
Tamara C.G. se ha acogido a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil, a la espera de hacerlo hoy en la Audiencia Nacional, y a someterse a las pruebas caligráficas y de ADN que los agentes pretendían practicarle, por si fuera necesario utilizarlas a lo largo del proceso judicial.
Jordi Busquets, abogado de la detenida, ha negado que su clienta haya liderado los CDR o coordinado actos de protesta o sabotaje, más allá de su papel en un evento popular para recabar fondos de apoyo a los líderes independentistas presos. Ayer Busquets explicó en RAC1 que confía que todo caiga por su propio peso, “las pruebas existentes son bastante flojas y no tienen ningún tipo de trascendencia o consecuencias legales”.
Agentes de la Guardia Civil, tras el registro efectuado en el domicilio de Viladecans de la activista (Quique García / EFE)
Una de las principales pruebas que la Guardia Civil ha esgrimido contra la detenida es un archivo de audio difundido por las redes sociales en que explicaba acciones y estrategias que supuestamente se planteaban los CDR para Semana Santa, como cortes en los accesos a Mercabarna o al Puerto de Barcelona.
Desde los Comitès de Defensa de la República aseguran que las pruebas de la Guardia Civil que tiene contra la detenida son el famoso audio, una captura de pantalla de un recorrido de Google Maps, un permiso para hacer una actividad lúdica y materiales de esta actividad como tíquets de bebidas o cartelitos de organización. Fuentes judiciales añaden que en el registro de su domicilio en Viladecans también se incautaron una agenda, diversos teléfonos móviles, un ordenador, una memoria externa, silbatos amarillos y caretas de los Jordis.
Los CDR se han organizado a través de las redes sociales para dar apoyo a Tamara. Incluso un grupo de personas se ha desplazado a Madrid en autobús durante esta pasada madrugada para dar apoyo a su compañera. Para esta tarde (19.00h) han organizado también una rueda de prensa pública en Arc de Triomf bajo el lema “yo también soy CDR”. Tratarán de dar respuesta a la nueva “oleada represiva de esta semana”.
La Fiscalía la acusa de haber desarrollado “actividades de dirección y coordinación”
El único antecedente relacionado con las protestas independentistas que consta a la detenida, según el letrado, es una identificación policial cuando formaba parte de un grupo de personas que cortó la carretera A-2 en Soses (Lleida) en Semana Santa, en protesta por el encarcelamiento de los líderes del “procés”.
Según la Fiscalía, tanto la detenida como el huido “habrían desarrollado actividades de dirección y coordinación” en los actos de “sabotaje” que los CDR llevaron a cabo durante la pasada Semana Santa, concebidos para provocar “un clima de agitación social”. De hecho, la Fiscalía ha considerado penalmente a los saboteadores de los CDR de forma similar a como se hizo en su día con los llamados grupos Y de apoyo a ETA, al calificar como terrorismo sus actos de sabotaje por estar dirigidos a “subvertir el orden constitucional”, indicaron a Efe fuentes jurídicas.
Los CDR abrieron las barreras de los peajes para exigir la liberación de los políticos presos (Twitter/ CDR Clot-Camp de l’Arpa)
En ese sentido, el abogado de la activista mantendrá como línea de defensa que ninguna de las acciones que su clienta mencionaba en el archivo de audio acabó materializándose. Asegura además que en el registro del domicilio de su clienta no se ha encontrado ningún elemento que pueda relacionarla con actividades de sabotaje o de terrorismo.
Respecto al mapa del cuartel de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia también incautado en su domicilio, la defensa insiste en que se trata de una imagen de Google Maps con indicaciones para desplazarse a las dependencias del instituto armado en Barcelona, donde en los últimos meses se han convocado numerosas concentraciones de protesta.
Este viernes JxCat, ERC, y la CUP pedirán a la Mesa del Parlament con urgencia que apruebe resolución de denunciaa la “criminalización de los CDR por parte del aparato del estado español”.
[45] Educación ‘tumba’ el chollo que tenía la Universidad Rey Juan Carlos con los policías
El director General de la Policía, Ignacio Cosidó, en una imagen de archivo. (EFE)
Ni un solo mando policial sin título universitario. Es uno de los objetivos que durante estos últimos años se ha marcado el Ministerio del Interior después de que algunos de sus comisarios hayan sido cesados temporalmente por no contar con la carrera que exige la ley para determinados puestos.
Para alcanzar este fin, entre otras iniciativas, la Dirección General de la Policía llegó a un acuerdo con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El centro educativo creó un curso online destinado a comisarios e inspectores jefes tras el cual los que lo recibían obtenían el grado en Criminología. La universidad entendía que las asignaturas internas realizadas por los policías durante su trayectoria profesional eran una base perfecta y que, por lo tanto, los funcionarios únicamente tenían que superar 60 créditos más para obtener la tan ansiada titulación.
La iniciativa, que este curso celebra su segunda edición, ha supuesto, además, importantes beneficios para el centro universitario, ya que cada uno de los asistentes debía desembolsar 3.000 euros. En estos dos años, 200 alumnos provenientes de las escalas superiores de la Policía han realizado el curso, lo que sitúa la cifra de ingresos de la institución en 600.000 euros.
El centro educativo creó un curso online destinado a comisarios e inspectores jefes tras el cual los que lo recibían obtenían el grado en Criminología
El filón encontrado por la universidad, sin embargo, acaba de ser puesto en duda por el Ministerio de Educación. En concreto, la Secretaría General de Universidades, en respuesta a la solicitud de uno de los alumnos que reclamaba la convalidación con una licenciatura, asegura que se trata de un curso “insuficiente a todas luces para ser considerado título oficial del nivel universitario de diplomado”.
La Secretaría General recuerda que estamos ante un título realizado “en un periodo corto de tiempo (pocos meses)”, “a distancia y con una carga lectiva total de 60 créditos”, lo que supone únicamente la mitad de los créditos previstos para completar una diplomatura, titulación exigida por la ley para otorgar la licenciatura a inspectores o superiores jerárquicos.
“El que la universidad haya organizado un curso de 60 créditos para que los inspectores de la Policía obtengan un título oficial de grado de la nueva ordenación escapa a nuestro control, pero no puede suponer en ningún casoque, haciéndolo valer, se pueda obtener también el título oficial de licenciado”, aclara la Dirección General de Policía Universitaria de la mencionada Secretaría General.
Obtener una licenciatura, recuerda el organismo gubernamental, “supone cursar estudios de ese nivel”; es decir, “cuatro o cinco años con un mínimo de 60 créditos por año”. Por eso, continúa, “la equivalencia” solo puede concederse a “aquellos inspectores que se encuentran en posesión de una diplomatura (tres años / 180 créditos)”.
Educación argumenta también que los estudios de grado, incluso completos (240 créditos), “no se pueden asimilar a los de diplomado, ya que su estructura, derivada de la nueva ordenación universitaria, es realmente distinta”. “Con independencia de que en estos estudios se haya superado el mínimo de 180 créditos, que es la carga lectiva mínima de las diplomaturas, no se pueden considerar equivalentes”, añade.
Para evitar estos problemas y otros de índole judicial, el Gobierno decidió otorgar titulaciones universitarias a todos los policías que tienen el nivel de subinspector o superior. En concreto, a través de la orden 775 del pasado 29 de abril emitida por el Ministerio de Educación, el Ejecutivo estableció que todo funcionario que fuera nombrado a partir de entonces subinspector de la Policía obtendría la equivalencia al título de grado, mientras los inspectores alcanzarían el nivel académico de máster oficial.
Esta orden resuelve el problema de las titulaciones, aunque en algunos sectores del cuerpo no ha sentado bien, ya que equipara a los que han estudiado una carrera con los que no lo han hecho. La medida también ha sido recibida con recelo por los funcionarios de la Guardia Civil, que demandan una equivalencia similar para los miembros del instituto armado.
Por otro lado, el director de la Policía, Ignacio Cosidó, pretende crear un centro universitario propio del cuerpo con el fin de otorgar un mayor rango académico a los cursos internos que realizan los funcionarios cuando ascienden dentro de la corporación o después de incorporarse a la misma.
[46] La misteriosa desaparición de los títulos de Ana Pastor, Toni Cantó y otros diputados tras el ‘mastergate’
Ana Pastor, presidenta del Congreso.- EFE / ARCHIVO
Al menos 15 diputados del Congreso han modificado la información sobre su titulación académica en la actual legislatura respecto a la actual.
Tras el escándalo del cada vez menos presuntamente máster falsificado de Cristina Cifuentes, la desaparición o modificación de títulos académicos expuestos en las fichas de los diputados del Congreso ha comenzado. Según una comparación exhaustiva realizada por El Confidencial varios diputados del Congreso han modificado la formación académica que muestra su ficha en la actual legislatura, sobre diputados del PP. Al menos ocho miembros de la bancada conservadora han realizado cambios.
Por ejemplo, Ana Pastor, actual presidenta del Congreso y exministra de Fomento en la anterior legislatura. En su ficha de la web del Congreso afirmaba que cursó un MBA (Máster en Administración de Empresas). Sin embargo, en su ficha de la actual legislatura este título ha desaparecido, aunque sigue figurando en la página web del PP.
También entre miembros de la oposición. Toni Cantó, diputado de Ciudadanos, era «pedagogo» según su biografía de la anterior legislatura, aunque en la actual ha preferido borrarlo de su currículum. Según explicaba en una entrevista en Jot Down en 2013, nunca obtuvo la carrera oficial de Magisterio de Teatro, pero ha sido profesor de teatro «desde hace mucho tiempo».
Son destacados nombres que se suman a otros que se descubrieron la pasada semana, como el de Javier Maroto, vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP. Había cursado un máster en Gestión y Administración Pública en el IESE, según la biografía oficial que aparecía en la página del partido. Hasta la semana pasada, cuando el PP decidió modificar su currículum. En la página del Congreso figuraba que Maroto tenía un Programa de Liderazgo para la Gestión Pública en el IESE. Él mismo tenía que explicarse ante la periodista Pepa Bueno en la Cadena Ser: «No, tengo un Programa de Gestión de Administración Pública, un título menor al máster porque se hace en un año», afirmó.
Según El Confidencial, hay al menos 15 diputados cuya titulación ha sido modificada desde la anterior legislatura. Entre ellos, Jorge Moragas, el jefe de gabinete de Rajoy, actual embajador de España ante la ONU en Nueva York. En la pasada legislatura mostraba un título de máster del Centro de Estudios Internacionales de Barcelona que hoy no aparece en su biografía.
[47] Fiscalía investigará las licenciaturas expedidas por la Universidad Rey Juan Carlos a altos mandos de la Policía Nacional
Fiscalía investigará las licenciaturas expedidas por la Universidad Rey Juan Carlos a altos mandos de la Policía Nacional
El sindicato Alternativa Sindical de Policía ha presentado ante la Fiscalía de Móstoles una denuncia sobre una presunta trama de grados universitarios para comisarios que se imparte en la Universidad Rey Juan Carlos, salpicada en las últimas semanas con el escándalo sobre el máster de Cifuentes.
La denuncia, que pasará a ser una querella, investigará la implicación de la URJC con la expedición de títulos universitarios falseados que habrían beneficiado a diversos inspectores y comisarios de la Policía Nacional ya que, desde 2015, es necesario ser licenciado para acceder a los puestos de máxima responsabilidad dentro de éste cuerpo.
Se sospecha que, previo pago y sin asistir a clase, algunos mandos pudieron pasar de un título en bachillerato a un grado universitario en un solo año gracias a un curso Online que organizó la Dirección General de la Policía y éste centro universitario.
[48] El juez deja libre a la supuesta coordinadora de los CDR y descarta terrorismo
Agentes de la Guardia Civil con la detenida este martes en Viladecans (Efe/ Quique García)
De Egea atribuye a Tamara Carrasco un delito de desórdenes públicos y deberá comparecer los lunes ante el juez de guardia y no podrá salir de Viladecans
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha ordenado la libertad provisional con medidas cautelares para Tamara Carrasco, detenida el martes en la operación contra los CDR como supuesta coordinadora de los Comités de Defensa de la República. El magistrado, que ha actuado contra el criterio de la Fiscalía, atribuye a la mujer de Viladecans (Barcelona) un delito de desórdenes públicos a la vez que ha descartado los delitos de terrorismo y rebelión que le imputaba la Guardia Civil.
El juez le impone medidas cautelares como comparecencias todos los lunes en el juzgado de guardia, prohibición de salida del municipio de residencia, salvo para acudir al trabajo si este estuviera fuera de dicha localidad. Además le impone la necesidad de autorización judicial para realizar cualquier salida del municipio, prohibición de salida del territorio nacional y facilitar domicilio y teléfono donde pueda estar localizable.
El juez dictará una orden de detención contra la otra persona que no ha sido localizada
Por otro lado, el magistrado va a dictar una orden de detención respecto de la otra persona que no ha sido localizada.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitaba el ingreso en prisión para Carrasco al apreciar riesgo de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas y considera a la investigada como “presunta responsable de delitos cometidos con finalidad de rebelión, sin perjuicio de las ulteriores calificaciones que puedan adoptarse tras el avance de la investigación”.
Según el Ministerio Público la investigada “habría desarrollado actividades de dirección y coordinación en actos de sabotaje, formando parte de un reducido equipo de dirección que determina las pautas de actuación y las consignas de movilización de estos grupos, con actos de rebeldía, encaminados a normalizar la desobediencia y exteriorizar la confrontación con el Estado, trasladando a la calle con actuaciones violentas el proceso soberanista catalán” que se investiga en sendos procedimientos en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, como “una clara una amenaza directa al orden constitucional establecido”.
Los motivos de la Fiscalía
La Fiscalía justificaba su petición de cárcel en “la gravedad de las penas que los hechos conlleva”, en el riesgo de reiteración delictiva, “dadas las acciones que la detenida presuntamente pretendía coordinar”, y en evitar la destrucción de pruebas “por la actitud ya acreditada de la misma”.
Tras su detención, Tamara Carrasco fue trasladada a las dependencias de la Guardia Civil donde fue interrogada y desde ahí enviada a la Audiencia Nacional. Tras su detención, su abogado ya negó que su clienta haya liderado los CDR o coordinado actos de protesta o sabotaje, más allá de su papel en un evento popular para recabar fondos de apoyo a los líderes independentistas presos.
El único antecedente relacionado con las protestas independentistas que consta a la detenida, según el letrado, es una identificación policial cuando formaba parte de un grupo de personas que cortó la carretera A-2 en Soses (Lleida) en Semana Santa, en protesta por el encarcelamiento de los líderes del ‘procés’.
Una de las principales pruebas que la Guardia Civil ha esgrimido contra la detenida es un archivo de audio difundido por las redes sociales en que explicaba acciones y estrategias que supuestamente se planteaban los CDR para Semana Santa, como cortes en los accesos a Mercabarna o al Puerto de Barcelona.
El caso de Cristina Cifuentes y su supuesto máster universitario ha desatado la caza de falsedades en los títulos de los políticos españoles. Sería injusto no hacer notar que la inmensa mayoría de ellos no ha ocultado jamás sus méritos académicos reales. Es el caso de Ada Colau, que siempre ha reconocido que, a pesar de obtener unas notas brillantes –que hizo públicas– y de gozar de un Erasmus en Milán –habla un excelente italiano–, no acabó la carrera de Filosofía que comenzó a cursar en la UB. No obstante, leyendo el texto de introducción a la conferencia que dará en el encuentro Diálogos Urbanosque tendrá lugar en Montevideo el día 16 cualquiera podría pensar que es una reconocida jurista. Reza así: “Investigadora y defensora de los derechos humanos, especializada en temas de derecho a la vivienda y derecho a la ciudad. Ha adquirido sus competencias profesionales y políticas a lo largo de los últimos 20 años a través de sus estudios académicos e informales, su trabajo en organizaciones civiles y su participación en movimientos sociales”.
[50] El Poder Judicial investiga el retraso en la imputación del CEO de American Express
El presidente mundial de American Express, Kenneth Chenault, ha sido citado como querellado por la presunta estafa de su compañía a una pyme española. (Reuters)
Un intento de archivo a dos días de terminar el año, un expediente traspapelado entre las montañas del caso Madrid Arena, un funcionario sin identificar que se dirige a un juez de otro tribunal para firmar un auto… Estas son algunas de las irregularidades que Trappit, una pyme española que se ha querellado contra American Express por estafa, ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que lo investigue.
El órgano de gobierno de los jueces, tras haber realizado las primeras pesquisas, ha decidido entrar a investigar y ha incoado diligenciasinformativas, que son la fase previa a la apertura de expediente disciplinario, el cual puede derivar en sanciones menores, como una advertencia o multa, o hasta en la expulsión de la carrera judicial.
Ha pasado más de un año desde que el juzgado de instrucción número 51 de Madrid dictara dos providencias, fechadas los días 6 y 12 de noviembre de 2015, para citar a declarar en calidad de querellado al consejero delegado mundial de American Express, Kenneth I. Chenault, junto a otros altos directivos del grupo en Estados Unidos y Reino Unido.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, en la reunión del pleno. (EFE)
Para poder llevar a cabo esta orden, y garantizar a los querellados su derecho de defensa, el magistrado acordó emitir las oportunas comisiones rogatorias, orden que nunca se ha cumplido y que está en el epicentro de las irregularidades ahora investigadas por el CGPJ.
Según los hechos denunciados ante el CGPJ, el 29 de diciembre de 2015, en plenas vacaciones de Navidad, y a falta de solo dos días para terminar el año, se admitió un recurso de reformacontra las comisiones rogatorias con una operativa que ha levantado la sospecha del máximo órgano de los jueces.
Por aquellas fechas, el titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid que había ordenado imputar a la cúpula mundial de American Express, Eduardo López-Palop, había dejado de estar al frente del mismo, ante lo que se designó temporalmente como juez titular a Alejandro del Pino Alonso, quien el 29 de diciembre de 2015 estaba disfrutando de un permiso por las vacaciones de Navidad.
«Sorprendentemente, sin esperar a que se incorporara nuevamente al juzgado, el funcionario del juzgado de instrucción que estaba a cargo de ese expediente judicial, cuyo nombre desconozco, se dirigió al magistrado juez Juan Antonio Sáez Pedro Alba, que no era titular del juzgado de instrucción número 51, que tampoco nos consta si era el juez que sustituía al titular», y que admitió a trámite dicho recurso, según reza el escrito que ha llevado a abrir la investigación del CGPJ.
Pocos días después de que se produjera este hecho, el letrado legal de Trappit decidió personarse en la sede del juzgado para examinar el expediente, el cual «no estaba físicamente a disposición del funcionario del juzgado que está al cargo del mismo». Tras empezar a buscarlo cuatro funcionarios más, «sorprendentemente, el expediente apareció en una habitación y estantería que se nos dijo que estaba destinada a guardar el expediente del denominado caso Madrid Arena», que también se ha seguido en ese juzgado.
Ante este segundo episodio, el representante legal de Trappit presentó un escrito «solicitando al juzgado de instrucción aclaraciones sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la tramitación de la causa», escrito del que sigue sin recibir respuesta por parte de Carmen Rodríguez Medel-Nieto, actual titular del número 51 de Plaza de Castilla.
Tras esta falta de respuesta, y el intento de archivo de la causa por un fallo de la nueva magistrada, la pyme española decidió recurrir ante el CGPJ para que se aclare quién era el funcionario que estaba al frente de este expediente y por qué, en medio de las vacaciones de Navidad, «se dirigió a otro juez, que ni siquiera era sustituto de ese juzgado, para que le firmara la providencia del 29 de diciembre de 2015».
También pide que el magistrado que admitió a trámite dicho recurso de reforma explique «por qué motivo aceptó firmar la citada providencia», que el juzgado de instrucción número 51 informe por qué «ha transcurrido más de un año sin que se hayan emitido las citadas comisiones rogatorias«, y por qué el expediente no estaba a disposición del funcionario encargado del caso, ni en su sitio, sino en una estantería del caso Madrid Arena.
Pocas semanas antes de abrirse esta investigación, el pasado 28 de octubre, la Audiencia Provincial refrendó la imputación del consejero delegado mundial de American Express, al haber confirmado las dos providencias de noviembre de 2015, en las que se acordaba citar como querellado a Kenneth Chenault y librar las correspondientes comisiones rogatorias. Una orden que sigue sin cumplirse.
[51] La posible rival de Errejón en las primarias, sobre la advertencia de Iglesias: «Con un padrino así, virgencita, virgencita, que me quede como estoy»
Lorena Ruiz-Huerta, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid y cabeza visible del sector anticapitalista, no ha querido confirmar si disputará a Íñigo Errejón la cabeza de lista del partido para la elecciones de 2019, aunque todo apunta a que así será, y ha reiterado que «ahora no es el momento» de celebrar unas primarias, ya que «no urge» y «lo importante ahora es mantener el foco» en este «gravísimo problema» que es «la crisis del Gobierno» de Cristina Cifuentes.
Ruiz-Huerta ha afirmado que respeta la decisión tomada el pasado miércoles por el Consejo Ciudadano Autonómico de celebrar las primarias en dos tiempos, primero, previsiblemente en mayo, eligiendo al cabeza de lista, y más tarde,eligiendo la propia lista y el programa, algo que sentó como un jarro de agua fría en el sector errejonista, .
El propio Iñigo Errejón dejó ayer en el aire su candidatura a las autonómicas de 2019 por el intento del pablismo de tratar con esta fórmula de arrebatarle el control de la lista electoral y del proyecto político. Y, ante esa advertencia, el secretario general de Podemos, visiblemente enfadado, le respondió que se dejara de «tonterías» y de «marear la perdiz». «Ni media tontería», le recriminó hasta en tres ocasiones y en un tono duro.
Preguntada por este advertencia, Ruiz-Huerta señaló hoy en la Asamblea: «Con un padrino así, yo casi que ‘virgencita, virgencita, que me quede como estoy'».
Ruiz-Huerta ha recordado que el acuerdo alcanzado es firme y subrayó que no entiende las críticas de los errejonistas, ya que ellos votaron a favor: «Yo no estoy de acuerdo, pero el otro día lo que se adoptó es la decisión de separar la votación, y no entiendo el revuelo que se está produciendo sobre si es lo que se votó o no, o que no se puede separar el proyecto del candidato, sobre todo porque los errejonistas votaron a favor del acuerdo», ha precisado Ruiz-Huerta, que ha recordado que los anticapitalistas se abstuvieron en la votación tras «un intenso debate».
La portavoz de Podemos ha reconocido que hubo «un debate amplio y tenso en el que hubo muchas voces en contra de este proceso», pero Espinar fue «muy claro».
Errejón tuvo «un mal día»
Por su parte, el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha señalado este viernes que las declaraciones formuladas ayer por Errejón «rompieron la línea de acuerdo en la que venían trabajando» y «abrieron una línea por la que no hay que seguir». En declaraciones efectuadas a Cuatro, recogidas por Europa Press, Espinar ha reconocido que sus palabras le generaron «desconcierto» y terció en la polémica entre Iglesias y Errejón señalando que Íñigo «había tenido un mal día».
«Creo que Iglesias tiene razón, pienso lo mismo que él y además he recibido el toque de atención de Iglesias. Le he visto que salía a decir que no podemos poner la interna por delante. Creo que las declaraciones de ayer de Íñigo abrieron una vía por la que no hay que seguir. Hay que detener esto», ha indicado Espinar.
En otra entrevista en Antena 3, Ramón Espinar ha afirmado que la situación generada en la formación por el sistema de elección del candidato y lista para las próximas elecciones «se ha ido de madre», generó «una cierta polémica» y el de ayer fue «un día de malas declaraciones». No obstante, ha insistido en que el miércoles el Consejo Autonómico de Podemos aprobó sin «ningún voto en contra» poner en marcha «cuanto antes» la candidatura.
Un acuerdo tomado por la Ejecutiva regional de Podemos que, según el líder regional, «está en la misma línea» entre él mismo, Errejón y el secretario general, Pablo Iglesias. Y que consta de tres elementos: candidato, proyecto y alianzas, «muy importante esto último». Por todo ello, el también diputado autonómico quiere alejarse de nuevas polémicas y trabajar para que Errejón «sea presidente en 2019 y que se encuentre cómodo para trabajar con su equipo y que el resto de los actores se sientan cómodos en estas líneas de trabajo».
«La más importante que sea la gente de Podemos quien elija al candidato y quien va a acompañar a Íñigo. Los equipos en Podemos no se hacen a dedo, no los eligen los dirigentes, los elige la gente», ha reiterado sobre el posible enfado del diputado nacional por no poder elaborar sus listas. «No creo que Íñigo quiera decir que es por una cuestión de listas o de escaños y que por ello vaya a tomar la decisión de presentarse o no. Creo que él tiene tomada la decisión de presentarse, tiene un proyecto con la Comunidad y un compromiso ético y político para la Comunidad de Madrid», ha esgrimido.
Espinar ha destacado que los dirigentes de Podemos tienen un «mandato» dado en la asamblea ciudadana estatal y madrileña, un mandato de Pablo Iglesias «sobre las líneas hacia donde va Podemos» y un mandato de «unidad» que señala que Errejón «tiene que tener un espacio» en Podemos. «Nos parece un magnífico candidato y vamos a construir un espacio para que sea candidato. Y yo como secretario voy a poner mi empeño para que Íñigo sea presidente», ha insistido.
Y para ello el secretario regional de Podemos ve «evidente» que Errejón «tenga margen de maniobra», pero es algo que «debe estar consensuado». «En esa línea de trabajo estamos todos. Ayer no lo hicimos bien, tenemos que sentarnos, hablar, reconducir una situación que se escenificó en los medios y se ha salido de madre», ha concluido.
[52] La juez ve delito en la red para financiar a PSOE y Bloc
El ex secretario general del PSPV y candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana en 2007, Joan Ignasi Pla, se dirige a la militancia en un mitin. ALBERTO DI LOLLI
Concluye que Crespo Gomar facturó «servicios a dichas formaciones durante la campaña de 2007, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas»
Sospecha que, a cambio, el Gobierno de Zapatero les adjudicó contratos
Varios juzgados alzan el secreto; los delitos electorales ya han prescrito
El juzgado que en el último año y medio ha instruido la denuncia que presentó el PP en una Comisaría por la presunta financiación irregular de PSPV-PSOE y Bloc Nacionalista Valencià, el socio mayoritario de la coalición Compromís, ha constatado indiciariamente la existencia de una presunta trama de falsificación de facturas que permitió a ambas formaciones políticas superar el presupuesto en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.
En concreto, las diligencias apuntan a «unos hechos de financiación irregular de dos formaciones política, PSPV y Bloc/Compromís», que se habrían materializado a través de una presunta red de «falsedad documental con carácter continuado».
Así consta en las diligencias judiciales, a las que ha tenido acceso EL MUNDO, que se practicaron en Valencia y que han sido derivadas a dos juzgados del partido judicial de Madrid, entre otros, para que se investigue la relación entre Crespo Gomar, la agencia de comunicación a la que recurrieron ambos partidos en 2007, con los contratos que obtuvo de diversos ministerios en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.
El sistema que describen las actuaciones judiciales calca el modus operandi al que recurrió la Gürtel para financiar campañas del PP de Francisco Camps. Así, según concluyó el juzgado de Valencia, para obtener financiación en 2007 la «mercantil Crespo Gomar facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas durante la campaña electoral del año 2007, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios prestados mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en su cuantía con las presentadas por Crespo Gomar, siendo precisamente esta última mercantil la que facturaría a las terceras por servicios no prestados».
Varios de los juzgados que han asumido las diligencias ya han levantado el secreto de sumario y, pese a que indiciarimante se han constatado presuntosdelitos electorales, todos están prescritos y no tendrán recorrido judicial. No obstante, las diligencias continuarán abiertas en los juzgados de Madrid, Gandía y Benidorm por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.
La apertura del sumario ha sacado a la luz que fue el presidente del PP en la provincia de Alicante, el diputado autonómico José Císcar, quien interpuso la denuncia acompañada de «facturas y correos» entre los que aparecían las mercantiles Hospimar 2000 y Quick Meals Ibérica, una franquiciadora vinculada a Burger King.
Según consta en los expedientes enviados al Decanato de Madrid, estas sociedades habrían «abonado facturas emitidas por Crespo Gomar por importes de 8.700 euros y 20.880 euros, la primera y 6.960 euros la segunda».
Entre las empresas donantes también aparece la constructora Blauverd, con sede en Alzira, tal y como ha venido informando este periódico. Esta mercantil habría abonado facturas por importe no inferior «de 60.000 euros, 69.600 euros y 29.000 euros».
Blauverd también aparece en la documentación que el PP denunció comodonante del Bloc -en concreto, habría realizado una aportación a los nacionalistas de 60.000 euros más IVA- y su ex director financiero, Benjamín Maceda, es en la actualidad director general de Vaersa, empresa pública de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente.
Las diligencias judiciales también recogen la aportación de Metrovacesa que aparece en la cuenta publicitaria del Bloc en Crespo Gomar. En este sentido, las pesquisas del juzgado señalan que «la mercantil Centro Comercial y de Ocio La Vital SL, a través de Metrovacesa, se habría hecho cargo de pagar una factura de 46.400 euros». Este centro comercial se encuentra en Gandía y fue impulsado mientras los socialistas ocupaban la Alcaldía y el concejal del Bloc era Josep Miquel Moya, actual director general de Deportes de la Generalitat.
Según el sumario, la documentación denunciada por el PP «llevó a recabar información a la Agencia Tributaria en relación con los modelos 347 (resumen general de operaciones, relación de ventas declaradas y relación de compras declaradas), 196 (relación cuentas bancarias), 198 (emisión de transmisiones de valores), 200 (presidentes y apoderados) y 303 (IVA), durante el periodo 2007-2011 respecto de las empresas que aparecían en los documentos que adjuntaba el oficio policial, interesándose posteriormente de la Agencia Tributaria el modelo 160 (retenedores de trabajo).
Esta documentación venía a corroborar gran parte de lo denunciado y de las «fotocopias aportadas por el denunciante en su comparecencia ante la Policía». Existen coincidencias que han sido constatadas en base a la información tributaria y en uno de los correos se dan una serie de instrucciones para que conste como cliente el Centro Comercial y de Ocio La Vital SL de Gandía.
«Anótala en la hoja del Bloc y mándaselo a Lluís Miquel. Ojo que los datos de envío son diferentes a los de facturación». Según diversas fuentes, los investigados se referían a Lluís Miquel Campos, jefe de Gabinete del presidente de las Cortes y del Bloc, Enric Morera. Campos, director de la campaña de las municipales del Bloc en 2007, ha estado dos semanas sin acudir a su puesto de trabajo en el Parlamento y ha borrado su perfil en redes sociales.
Las instrucciones para facturar a este centro comercial se habrían seguido al pie de la letra. Crespo Gomar facturó 40.000 euros a nombre del centro comercial de Metrovacesa por la «realización de manual de identidad corporativa» y el dinero quedó reflejado en la cuenta publicitaria del Bloc en 2006.
Así pues, de las diligencias de investigación iniciadas, aparecería «indiciariamente una clara vinculación entre Crespo Gomar (…) y el PSOE como empresa intermediaria para facilitar la financiación de dicha formación política (y la del Bloc/Compromís), como ambas, en cuanto a empresas que perciben fondos de las Administraciones gobernadas por aquella formación política».
[53] Un juez libera a unos padres del aval hipotecario de su hijo
Considera que el banco fue poco transparente y decreta la «nulidad radical» de la cláusula
Revés para la banca. Un juez de Bilbao ha liberado a unos padres de abonar el aval hipotecario de su hijo. ¿Por qué? Según el juez, la cláusula es «nula» porque el banco fue poco transparente al no informar correctamente a los padres de las consecuencias a las que se exponían si su hijo no podía pagar las cuotas del préstamo en algún momento. Se trata de una resolución novedosa en Euskadi que abre la puerta a que otras familias que se pueden encontrar la misma situación obtengan el mismo resultado.
El chico pidió al BBVA un crédito para adquirir una vivienda, pero cuando tuvo problemas para pagar las cuotas al contar con unos «ingresos discretos e inestables», la entidad bancaria le reclamó a su padre el dinero con la advertencia de que podrían embargar su piso en el caso de no pagar. Ante esta perspectiva, la familia empezó a abonar las cuotas de la hipoteca
Según ha explicado a la agencia Efe el abogado José Montero, del bufete que ha defendido a esta familia de Barakaldo, la situación en que unos padres avalan a un hijo en el momento de la compra de una vivienda «es algo habitual» y por ello, «esta importantísima victoria judicial beneficiará a muchas familias en circunstancias similares. El 80 % de las hipotecas entran dentro de este mismo supuesto. Si el hipotecado no paga, la entidad va a por los bienes de los progenitores» que le avalaron.
Según el juez, el aval era abusivo y el banco «no explicó bien a los padres y hermanos» lo que éste implicaba. La entidad no logró acreditar que facilitase a los avalistas información suficiente ya que el empleado de la oficina bancaria, recoge la sentencia, «no atinó a responder cuando fue preguntado por el significado de los términos de la cláusula y manifestó su desconocimiento del mismo». Por ello, sigue la resolución, «quedando constatada la falta de cumplimiento de los deberes de transparencia», solo cabe concluir que, «los consumidores llevaron a cabo un pacto con la entidad financiera que, indudablemente no hubieran aceptado de haber sido tratados de una manera leal y equitativa, que les hubiera permitido conocer las consecuencias económicas y jurídicas del contrato».
A partir de ahora, el banco sólo podrá reclamar al hipotecado, no a sus avalistas.
[54] La Mesa del Parlament aprueba interponer una querella contra el juez Llarena por prevaricación
La Mesa del Parlament se ha reunido este viernes tras el aplazamiento del debate de investidura EUROPA PRESS
El máximo órgano de la Cámara catalana cree que el magistrado ha violado los derechos políticos del diputado Jordi Sànchez al vetar su investidura
Los letrados del Parlament, que serán los encargados de redactar la querella, han expuesto ante la Mesa sus dudas por falta de conocimiento sobre derecho penal
Ciudadanos baraja una denuncia por malversación ante la querella del Parlament contra el magistrado
El Parlament de Catalunya interpondrá una querella por prevaricación contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye el caso por rebelión contra varios diputados y exmiembros del Govern. Así lo ha decidido este viernes a instancias del presidente Roger Torrent la Mesa, reunida de forma extraordinaria ante el veto que el magistrado impuso este jueves a la investidura de Jordi Sànchez.
La Mesa considera que con la resolución dictada el jueves el Supremo ha podido violar de forma consciente los derechos políticos del diputado Sànchez, quien había planteado hasta tres fórmulas para poderse presentar candidato a la investidura después de haber sido propuesto como candidato. La mayoría de la Cámara entiende que esta violación de sus derechos como diputado estaría agravada por el hecho de que Llarena conocía la comunicación del Comité de Derechos Humanos de la ONU en la que se instaba al Estado, a petición de la defensa de Sànchez, a garantizar los derechos del preso.
Según fuentes de la Mesa, los letrados del Parlament han mostrado ante el órgano parlamentario sus dudas respecto a lo adecuado del paso, al asegurar que como letrados no tienen suficientes conocimientos de derecho penal. Este aspecto tiene relevancia ya que será el cuerpo jurídico de la Cámara quien deberá redactar la querella y llevar el procedimiento judicial como parte. Pese a las dudas mostradas, los cuatro miembros independentistas de la Mesa han votado favorablemente para interponer la querella.
La iniciativa del Parlament fue anunciada el jueves, pocas horas después de que Llarena dictase la resolución con la que impedía el cuarto intento de investidura. Torrent optó entonces por «aplazar» el debate de investidura, que debía celebrarse este viernes, pero convocó a cambio a la Mesa. Los grupos independentistas anunciaron en el mismo momento su apoyo a la querella por prevaricación. Desde el grupo de los Comuns tampoco ven con malos ojos abrir la vía judicial contra el instructor tras sus recientes decisiones.
Por su parte, Ciutadans se opuso diametralmente a que sea la Cámara la que se persone por vía judicial. Según explicó el portavoz Carlos Carrizosa, el Parlament no debe decirle al juez «lo que tiene que hacer». Por ello anunció medidas judiciales para evitar que la Cámara gaste «un solo euro público» en esta querella. «Como lo hagan con dinero del Parlamento se encontrarán delante con Ciudadanos», ha asegurado Carrizosa respecto a la querella en declaraciones a RNE.
La vía judicial abierta desde el Parlament es parte de la estrategia de defensa del equipo internacional que lidera el abogado británico Ben Emmerson, el mismo que acudió al Comité de Derechos Humano de la ONU obteniendo la polémica comunicación. Para la oposición, poco más que un acuse de recibo. Para el juez, según mostró en su auto, una comunicación sin efectos. Para el independentismo, en cambio, una puerta desde la que acceder a los tribunales internacionales.
Son muchas las lecciones que estamos extrayendo del caso Cifuentes
Quizás la más dolorosa de todas ellas es la constatación de que nada ha cambiado en nuestro país en los últimos años, a pesar de la sobredosis de corrupción que mantiene a nuestra democracia en estado de coma
Son muchas las lecciones que estamos extrayendo del caso Cifuentes. Sin duda muchas más de las que recibió la protagonista durante su máster fantasma. Quizás la más dolorosa de todas ellas es la constatación de que nada ha cambiado en nuestro país en los últimos años, a pesar de la sobredosis de corrupción que mantiene a nuestra democracia en estado de coma. Aquí no ha habido regeneración política ni se la espera. Todo es un cuento chino que intentan implantarnos en el cerebro a golpe de Telediario.
Los dirigentes del PP no han decidido acabar con el corrupto ni con el que abusa de su cargo para obtener privilegios. Su estrategia y actitud no se ha movido ni un ápice desde que Garzón destapó hace casi diez años la trama Gürtel. Entonces los populares utilizaron al diario El Mundo para desacreditar al juez que trataba de desenmascarar a los mafiosos; sus portavoces acusaron a la izquierda y hasta a la policía de haber orquestado una gran trama contra el PP; sus dirigentes cerraron filas y esgrimieron el caso de los ERE para jugar al “y tú más”… Todo ello con un objetivo final: defender a sus delincuentes. Casi una década después los populares utilizan al diario El Mundo para algo tan sucio como es atacar a la supuesta fuente que destapó las ilegalidades cometidas en el máster de Cifuentes; sus portavoces acusan a la oposición de montar una conspiración para derribar a la presidenta madrileña; sus dirigentes cierran filas y se agarran al currículum inflado de un socialista para escudarse tras el “¡pues anda que tú!”… Y todo ello con un objetivo final: proteger a sus políticos deshonestos.
“Defendamos lo nuestro y a los nuestros”, dijo en un ataque de sinceridad María Dolores de Cospedal durante la pasada Convención Nacional del PP. No sabemos si la dirigente popular es fan de Martin Scorsese, pero apelar a la defensa de “uno de los nuestros” resulta de los más simbólico. Películas aparte, esa sigue siendo la única estrategia del PP. Bárcenas, Matas, González, Costa, Correa, Camps y el resto de una interminable lista fueron, públicamente, “uno de los suyos” hasta que las evidencias policiales y las actuaciones judiciales les impidieron seguir sosteniéndoles en sus cargos. Aún así, que nadie se engañe, a día de hoy todos ellos continúan siendo “unos de los suyos”. El apoyo se mantuvo y se mantiene en el presente. Aquel “sé fuerte”, enviado por Rajoy a Bárcenas cuando ya se sabía que el tesorero tenía cuentas en Suiza, lo resume todo. Respaldo total en privado, apoyo legal de los abogados del partido incluido, y repudio en público cuando no queda otro remedio.
Este jueves a Rafael Hernando, ese valeroso azote de los miles de demócratas asesinados que yacen indefensos en las fosas franquistas, le ha faltado tiempo para enviar por Twitter un mensaje a Pedro Sánchez tras conocerse que el secretario general de los socialistas madrileños exageró su currículum: “Vaya, vaya… y ahora qué hacemos @sanchezcastejon?”, escribía el portavoz popular junto a un vínculo a la información publicada por El Mundo sobre el falseado historial académico de José Manuel Franco. Traduzcamos crudamente el mensaje de Hernando para que todos seamos aún más conscientes de lo que quería decir el brillante portavoz: “¿Habéis robado una cartera y queréis que nosotros rindamos cuentas por asaltar el Banco de España? Vaya, vaya… y ahora qué hacemos @sanchezcastejon?”. No sé lo que contestará el líder socialista; si sé que cualquier persona decente daría una respuesta muy simple: señor Hernando, a cada ladrón su merecido y proporcional castigo.
Más sorprendente, pero también más reveladora ha sido la idéntica reacción que exteriorizó el vicesecretario general del Partido Popular Javier Maroto. Él, que junto a Andrea Levy o Pablo Casado juegan en la farsa comunicacional del PP el papel de polis buenos, sensatos y modernos, se ha retratado por partida doble. Primero porque demuestra que las supuestas caras amables de la regeneración no son más que eso: una pura fachada. Y segundo porque, personalmente, él era el menos indicado para hablar del tema, después de que la pasada semana se descubriera que su propio currículum, publicado en la web oficial del partido, estaba inflado con un máster que nunca cursó. Pese a su “modernidad” y a su marrón particular, Maroto no se cortó este jueves y esgrimió, al igual que Rafael Hernando, el currículum inflado del dirigente socialista madrileño para dirigirse, en este caso, a Ciudadanos y cuestionar su decisión de desalojar del poder a Cifuentes: “¿a cual de los dos acusados de falsear el CV apoyará ahora C’s? ¿A los que están o a los que quieren estar?”, escribía Maroto en Twitter. Ya sé que igual es un exceso, pero permítanme que vuelva a realizar una traducción/interpretación del tuit porque el asunto se las trae: “Si somos todos unos jodidos mentirosos, y yo el primero, ¿por qué tiene que dimitir uno de los nuestros?”, es lo que venía a decirnos Maroto.
Había que ser muy ingenuo para pensar que la regeneración política vendría de la mano de un presidente que supuestamente cobró sobresueldos en dinero negro y que permitió, por activa o pasiva, que su partido se financiara irregularmente durante décadas. Ya describí en un artículo anterior cuál era el Manual Mariano (MM)“contra” la corrupción . Un manual que los populares siguen cumpliendo a día de hoy, punto por punto, ante la desesperante inacción de Ciudadanos y el desvarío tanto ideológico como estratégico del PSOE. Si finalmente Rajoy deja caer a la presidenta de Madrid no será por convicción, no será por principios, no será por honestidad… será porque según el MM ya no le queda otro alternativa. Pase lo que pase espero que el caso Cifuentes sirva, al menos, para que los españoles sean conscientes de lo evidente: la regeneración democrática nunca nos la traerán los artífices de la degeneración democrática.
[56] Secuestro energético: una perspectiva peninsular
Camión cisterna de la empresa energética GALP en el Algarve, Portugal. Septiembre de 2017
Entre 2013 y 2016, empresas norteamericanas y canadienses, asociadas en el grupo de presión Shale Gas España y en clara colaboración con el ya exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, consiguieron sacar de la agenda política a las energías renovables y desviar los esfuerzos del Estado hacia los hidrocarburos. Con una serie de cambios legislativos a nivel nacional (ley de Hidrocarburos), el Partido Popular abrió las puertas a la extracción de unos 700.000 millones de euros en forma de gas natural que, aseguraban, yacen en el subsuelo español, para lo que haría falta tirar del polémico método del fracking (extracción de gas a grandes profundidades introduciendo agua y productos químicos a presión para fracturar la roca).
Ese año de 2016, sin embargo, las diferentes trabas administrativas a nivel autonómico y el abaratamiento global de los precios del crudo y el gas acabaron forzando a las empresas interesadas en el subsuelo español a abandonar toda esperanza de extracción. Las prospecciones por fracking se paralizaron, las exploraciones de nuevos yacimientos se hicieron imposibles y, al final, como siempre, la factura de estos fracasos empresariales muchas veces la pagó el Estado. Ahí tenemos el fiasco del almacén de gas Castor, que ha significado unas pérdidas para el Estado en compensaciones a la empresa ACS por valor de 2.419 millones de euros, y que repercutirá directamente en la factura de los consumidores.
Ahora, a pesar de las promesas en sentido contrario por parte del Gobierno portugués, también el país vecino se está dejando seducir por el gas. El Gobierno de António Costa acaba de extender el plazo de las concesiones que tiene el consorcio ENI/GALP para perforar en la costa del Algarve, decisión que ha conseguido el admirable reto de poner de acuerdo a gobiernos regionales y locales de todo el centro-sur del país, independientemente del color político, a empresarios, ambientalistas y hoteleros que se oponen a las exploraciones en esta turística zona del país.
Esta extensión de los plazos de exploración no ha llegado sola. Climáximo, asociación de activistas contra las alteraciones climáticas, acaba de sacar a la luz, el 17 de marzo, que la empresa responsable de las próximas perforaciones en las costas portuguesas, Saipem Portugal, filial del consorcio ENI/Galp, se ahorró entre 2010 y 2016 unos 200 millones de euros en impuestos. Esto se debe a que la filial, que posee el navío perforador que buscará hidrocarburos a partir de septiembre, tiene su sede en la zona franca de Madeira, considerada un paraíso fiscal dentro de Portugal. De hecho, en los años 2014 y 2015 fue la empresa portuguesa que más ahorró en IRPC (Imposto sobre Rendimento de Pessoas Coletivas, o Impuesto de Sociedades).
Estas ayudas y apoyos estatales a empresas del sector se encuadran en que los datos de Portugal sobre dependencia energética, a pesar de haber mejorado ligeramente en los últimos años, no son nada halagüeños. Según el último informe publicado por la Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), de diciembre de 2017, las necesidades energéticas del país dependen en un 74,8% del exterior, y el consumo de combustibles fósiles subió un 9,3% con respecto al mismo mes del año anterior, con el gas natural como abanderado, con una subida del 23,3%.
No es sólo que Portugal dependa del exterior para mantener sus necesidades energéticas. A esto hay que sumarle que, por ejemplo, este último año Rusia se ha alzado como el mayor proveedor de crudo para Portugal (sólo Rusia supera las importaciones portuguesas del resto de países de la OPEP), con todo lo que esto implica en términos de inestabilidad. Ya veníamos de una situación precaria al depender de países por completo fuera de la esfera de influencia no sólo de la propia Portugal, sino incluso de la Unión Europea, como lo era Angola, el mayor socio de Portugal en la OPEP antes de ser superado por Rusia. Ahora, la actual dependencia con Rusia, con el mundo en una espiral de violencia verbal, al borde de una guerra comercial (en palabras del ministro de Economía alemán, Peter Altmaier) y la obligación de cada país de escoger bando, deja al país luso en un estado de inconsistencia nada apetecible ni recomendable.
Sin embargo, según relata a CTXT João Camargo, investigador de alteraciones climáticas y activista en Climáximo, “Portugal en este momento no es muy dependiente del gas como recurso energético. Sí estamos apostando por el gas, pero no tanto por producir a nivel nacional, sino por importarlo a partir del puerto de Sines (a 150 kilómetros al sur de Lisboa), que intenta competir con otros puertos a nivel europeo para convertirse en uno de los receptores principales de gas proveniente, principalmente de Estados Unidos. Pero Sines tiene una desventaja obvia: los Pirineos, la falta de gaseoductos desde Sines hasta los Pirineos y más allá”. Y Camargo vaticina: “Estamos ante un futuro bail out (rescate financiero).Ya rescatamos a los bancos y ahora vamos a rescatar a las petroleras”.
Las exploraciones y prospecciones en Portugal deben entenderse en este contexto energético, en el que la producción nacional es simbólica, apoyada casi exclusivamente en la electricidad generada por las presas fluviales, y la factura que paga el ciudadano es la más alta de Europa en relación al nivel de renta medio. En este contexto de carencia nacional y dependencia externa el gas, el petróleo o, en menor medida, el carbón aparecen como única solución al interminable proceso de transición hacia las renovables del que tanto se habla y tan poco se siente.
Ahora mismo, según João Camargo, en trabajos de prospección en la alta mar portuguesa “están la italiana ENI, la portuguesa Galp, que a su vez está participada por ENI, y Saipem, que es también una concesionaria de ENI. Y también existe una concesión en tierra de Australis Oil & Gas”. Estas empresas se encuentran en la Costa de Algarve, formando tres zonas de prospección llamadas, sugerentemente, Lavagante, Santola y Gamba (Bogavante, Centolla y Gamba), concedidas al consorcio ENI/Galp, y en los municipios de Batalha y de Pombal, a unos 120 y 170 kilómetros al norte de la capital, respectivamente.
Son los contratos de exploración del subsuelo que el Gobierno portugués acaba de extender por ocho años, prorrogables dos más, y que están teniendo una fuerte contestación social. “En los contratos (firmados con el Estado), no hay nada que excluya ningún tipo de técnicas de prospección, como la fracturación hidráulica, o si será una explotación convencional o no. Aunque la definición de convencional o no convencional es un poco extraña”, prosigue Camargo, ya que “perforaciones de 1.500 metros no pueden ser convencionales, a pesar de que la técnica sea común. Así, se suman los riesgos de la fracturación y la profundidad”. Si todo marcha como se espera, en septiembre de 2018 la concesionaria Saipem realizará la primera perforación en busca de petróleo de la costa portuguesa.
La situación de España y Portugal en términos energéticos es similar, aunque la es que en España sí existen yacimientos de gas y, casi inapreciables, campos petrolíferos. En concreto, el yacimiento de gas de Viura, La Rioja, liderado por Unión Fenosa Gas Exploración y Producción, filial del grupo Unión Fenosa Gas, que detenta el 58,8% de la explotación junto a Sociedad de Hicrocarburos de Euskadi y Oil Gas Skills; el del Golfo de Cádiz, donde Repsol lidera el yacimiento offshore Poseidón Norte; y liderados por Gas Natural (y su filial Petroleum Oil & Gas), los de El Romeral, en Sevilla, y Marismas, en Doñana.
La producción anual de gas natural de todos los yacimientos representa el 0,19% del consumo anual en España. El resto tuvo que ser importado, sobre todo, de Argelia (57%), Noruega (11%) y Qatar (8%), según datos de la Secretaría de Estado de Energía.
En cuanto a los campos petrolíferos, España cuenta con el de Ayoluengo, Burgos, al que el Gobierno denegó la prórroga de explotación en 2017; los de Boquerón, Casablanca y Rodaballo, frente a las costas de Tarragona, y el de Montanazo-Lubina, también en Viura, propiedad de Repsol. A pesar de éstos y de los yacimientos de gas, España importa el 95% de hidrocarburos del exterior, lo que supone un gasto de 100 millones de euros al día, 36.500 millones al año.
Existe, por último, según señala la web de la Secretaría de Estado de Energía, un proyecto abierto en el que “interviene o se plantea la técnica de fracturación hidráulica (fracking) de alto volumen en España”, aunque se encuentra pendiente de “presentación de Estudio de Impacto Medioambiental”. Se trata del Proyecto Sestero-1, en el municipio de Valderredible, en Cantabria, y cuyos trabajos de sondeo están operados por Petroleum Oil & Gas España, S.A., filial del grupo Gas Natural Fenosa.
Aun así, el último proyecto de Estrategia de Seguridad Energética Nacional en España, aprobado en el Consejo de Seguridad Nacional de 20 de julio de 2015, presidido por el rey Felipe y compuesto por Mariano Rajoy y otros ministros, entre ellos José Manuel Soria, abogaba por “impulsar la investigación y explotación de yacimientos de hidrocarburos y diseño de planes de viabilidad para la extracción de estos recursos en el territorio en condiciones medioambientales apropiadas”. Por supuesto el texto también defendía el uso de las renovables para otorgar más autonomía energética a España, pero tan sólo tres meses después el Gobierno aprobaba el ya conocido como “impuesto al sol”.
Tanto en España como en Portugal, nada hace prever un cambio en los paradigmas energéticos a corto plazo: cualquier cambio de dinámicas tendrá que pasar por la conveniencia de las empresas privadas del sector. Según João Camargo, en los contratos (entre el Gobierno portugués y las empresas energéticas) lo que aparece siempre es que el 100% de lo encontrado pertenece a la concesionaria, los royalties (pago al Estado de un porcentaje de la producción por el derecho de explotación en su territorio) son muy bajos (entre un 2% y un 10%, según datos cruzados entre varias fuentes dentro del sector), y el arrendamiento pagado por el área usada para la explotación también es muy bajo”.
Tanto Galp como ENI fueron contactadas repetidas veces para este artículo, sin respuesta hasta la fecha de publicación.
[57] La justicia concluye que las autoridades francesas se inventaron la existencia de una célula terrorista anarquista
El líder del grupo de Tarnac, Julien Coupat, a su llegada al tribunal de París el pasado 13 de marzo. YOAN VALAT / EFE
El grupo conocido como Los Nueve de Tarnac ha sido absuelto de sabotaje y el juez ha calificado su existencia de una mera “fantasía”
El Gobierno alegó que los detenidos formaban una peligrosa célula subversiva que pretendía llevar a cabo una insurrección armada anarquista para derrocar al Estado
Jueces franceses han absuelto a ocho personas acusadas de formar parte de un grupo anarquista que intentó sabotear parte de la red de ferrocarril de alta velocidad en Francia hace una década, y decretado que la existencia del grupo era una “fantasía”.
Los abogados de la defensa habían acusado al Gobierno y a las autoridades bajo la presidencia del conservador Nicolas Sarkozy de afirmar falsamente que había un caldo de cultivo de terroristas anarquistas de izquierdas en una tranquila población en el centro de Francia y de manipular el caso para intentar agrandarlo.
El famoso caso, conocido como el asunto Tarnac, empezó en noviembre de 2008, cuando más de un centenar de agentes franceses llevó a cabo una redada en el pequeño pueblo de Tarnac, arrestando a un grupo de anticapitalistas que vivía en una granja comunal y que gestionaba una tienda en el pueblo. En una inmensa operación mediática, el entonces gobierno conservador y las autoridades francesas alegaron que el grupo de detenidos, apodado Los Nueve de Tarnac, formaba una peligrosa célula subversiva que pretendía llevar a cabo una insurrección armada anarquista para derrocar al Estado.
En aquel momento, la gente del pueblo y los acusados negaron los cargos, los grupos de derechos humanos afirmaron que la apertura del caso era un mal uso de las leyes antiterroristas y los abogados afirmaron que el caso estaba siendo manipulado de forma deliberada para hacer parecer duro al Gobierno contra un supuesto “enemigo interior”.
Tras 10 años de investigación –en los que se retiraron los cargos de terrorismo– y un juicio de tres semanas, los dos principales acusados –Julien Coupat, graduado en Empresa y Sociología, y su novia Yildune Lévy, arqueóloga– han sido absueltos de los cargos de sabotaje o pertenencia a un grupo.
“La vista ha permitido demostrar que el grupo Tarnac era una fantasía”, ha afirmado el principal juez del caso.
Sin embargo, Coupat y Lévy han sido declarados culpables de negarse a consentir un examen de ADN, pero no han recibido sentencia. De ocho acusados –cinco hombres y tres mujeres de entre 31 y 43 años– el resto también fueron absueltos de pertenecer a un grupo subversivo. Sin embargo, uno de ellos fue acusado de tener objetos robados y de intentar falsificar documentos administrativos.
“Esto es una humillación para los servicios de antiterrorismo del momento, para el magistrado que instruyó el caso y para el fiscal antiterrorista”, ha señalado el abogado Jérémie Assous, defensor de varios de los absueltos.
Durante la investigación salió a la luz que un antiguo policía espía británico se había infiltrado en el grupo y había lanzado acusaciones en su contra. Las autoridades francesas no han acusado a esos elementos y Coupat ha descrito al espía como “insignificante”.
Traducido por Javier Biosca Azcoiti
[58] El PSOE desautoriza una campaña de Juventudes Socialistas a favor de la III República: «Espero que estén en otras cosas»
La dirección del PSOE ha expresado este viernes su rechazo a la campaña lanzada por Juventudes Socialistaspara reivindicar la necesidad de avanzar hacia la III República, aprovechando las celebraciones en torno al 14 de abril, fecha de proclamación de la II República en 1931.
«No la secundamos, obviamente. Espero que (Juventudes Socialistas) estén en otras cosas», ha señalado en rueda de prensa desde la sede de Ferraz el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que ha advertido de que España tiene en la actualidad «problemas más importantes» que su modelo de jefatura de Estado.
-«Las Juventudes Socialistas (JSE) han sacado un comunicado donde os piden la implantación de la #IIIRepública. ¿El PSOE lo secunda? – José Luis Ábalos, secretario de Organización: (Risas) «No. Obviamente. Espero que estén en otras cosas. La responsabilidad es muy importante». pic.twitter.com/LLrXjgTbya
Por otro lado, Ábalos ha señalado que lo que «tienen que hacer» las juventudes es «atender a lo que el Congreso estableció», en referencia a la disputa que ya generó este tema en el último Congreso del PSOE, celebrado en junio del año pasado, cuando Pedro Sánchez frenó una iniciativa similar de las juventudes, que pedían que se celebrara una votación sobre una enmienda a favor de la III República.
Ahí se aprobó, en cambio, una redacción que recordaba que el «PSOE tiene su propia concepción sobre el modelo de Estado» y que precisaba que la forma de Gobierno hacia la que pretende avanzar busca fortalecer los «valores republicanos» y aspira a promover un «modelo federal».
Asimismo, el ‘número tres’ de la formación también ha apelado a Juventudes Socialistas a «aprender» a ser responsables porque «la responsabilidad es muy importante».
Las Juventudes Socialistas de Madrid han convocado una manifestación para este sábado 14 que hará el recorrido de Cibeles a Sol reivindicando la República.
DIRECTORA GRAL DE COCACOLA IMPUTADA POR ESTAFA –
-«Las Juventudes Socialistas (JSE) han sacado un comunicado donde os piden la implantación de la #IIIRepública. ¿El PSOE lo secunda? – José Luis Ábalos, secretario de Organización: (Risas) «No. Obviamente. Espero que estén en otras cosas. La responsabilidad es muy importante». pic.twitter.com/LLrXjgTbya
No es la primera vez que las Juventudes Socialistas reclaman un cambio en el modelo de la jefatura del Estado. Hace ahora cuatro años ya lanzaron una campaña donde afirmaban que «la ciudadanía debe ser libre de elegir su modelo de Estado democráticamente». También lo hicieron en 2017 con un comunicado que tenía como lema «Santa República».
[59] La justicia sienta en el banquillo a la presidenta de Coca-Cola y al de Damm por supuesta estafa en la compra de Cacaolat
Sol Daurella, presidenta de Coca Cola European Partners. COCA COLA
La Audiencia Provincial de Zaragoza ordena la apertura de juicio oral, tras el archivo de la querella de varios extrabajadores de Cacaolat contra los responsables de Cobega, Damm y la consultora Victory Corporate Turnaround
«Los hechos pueden ser susceptibles de constituir un delito de estafa procesal agravada, un delito societario/administración desleal y un delito contra los derechos de los trabajadores», sostiene el Tribunal
Entre los querellados figuran Sol Daurella, presidenta de Cobega y de Coca-Cola European Partners, y Demetrio Carceller Arce, presidente de Damm
La presidenta de Coca-Cola European Partners y de Cobega (antigua embotelladora de Coca-Cola), Sol Daurella, y el presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, se sentarán en el banquillo junto a otros cuatro directivos por el caso de la adquisición de la empresa Cacaolat que investiga un tribunal. La Audiencia Provincial de Zaragoza considera que los hechos constituyen posibles delitos de estafa procesal agravada, administración desleal y delito contra los derechos de los trabajadores. La Audiencia ordena la apertura de juicio oral después de que el juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza hubiera archivado la querella que presentaron 56 extrabajadores de la antigua Cacaolat-Sali.
La decisión del tribunal ha sido celebrada por UGT, que asesora a los extrabajadores en su denuncia sobre la dejación de la responsabilidad de gestión por parte de los directivos en el centro de trabajo de Utebo. El caso se remonta a la compra de Cacaolat S.A. en 2011 por parte del grupo de empresas constituido por Cobega, Grupo Damm y la consultora Victory Corporate Turnaround. Cacaolat (cuya propietaria anterior era Nueva Rumasa) estaba compuesta por los centros de trabajo de Utebo y Barcelona y entró en concurso voluntario de acreedores en marzo de 2011. A su proceso de venta concurrieron cuatro empresas y, finalmente, fue el grupo de las tres compañías querelladas el que consiguió la adjudicación.
Adjudicación con un plan que nunca se cumplió
Para la adquisición, la alianza de Cobega, Grupo Damm y la consultora Victory Corporate Turnaround presentó una oferta en la que, entre otras cuestiones, recogía un plan industrial y una inversión en el centro de Utebo que nunca se llegó a ejecutar. En esa oferta se planteaba incluso el aumento de actividad de la planta productiva de Utebo (Zaragoza), lo que permitiría reincorporar a trabajadores afectados por un ERE anterior, algo que no sucedió. El centro de trabajo acabó sufriendo dos expedientes de regulación de empleo y en 2013 se produjo su cierre.
Entre los hechos que investigan los magistrados destaca si se produjo o no un engaño al Juzgado de lo Mercantil por parte del grupo de empresas para lograr esa adjudicación. «Indiciariamente, puede pensarse que lo que realmente interesaba era la adquisición de la planta de Barcelona. No la de Utebo, como lo demuestra lo sucedido», expone el auto de la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso eldiario.es. También recoge que «lo que resulta indiciario es que se elaboró una oferta de adquisición, meridianamente clara, que no se cumplió, porque ya en su momento se sabía que ello era imposible».
Los directivos querellados
Los querellados como responsables de los hechos investigados en la causa más conocidos son Sol Daurella, presidenta Coca-Cola European Partners, presidenta de Cobega y copresidenta del Grupo Cacaolat (entre otros cargos), así como Demetrio Carceller Arce, presidente de la cervecera Damm y copresidente del Grupo Cacaolat. Carceller Arce, nieto del que fuera ministro de Industria en la dictadura franquista (Demetrio Carceller Segura), ha sido condenado a penas de 13 meses y quince días de prisión como «cooperador necesario» de cuatro delitos contra la Hacienda Pública, aunque las penas de cárcel fueron sustituidas más tarde por multas tras pactar con la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Además, figura como querellado otro importante cargo de Coca-Cola: Victor Rufat García, director general de Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) y director general de Cobega en el momento de la adjudicación. Le acompañan Francesc Lluch Castellvi, director general del Grupo Cacaolat dede febrero de 2012 y antes director del negocio de aguas del Grupo Damm; Luis Victory de Sintas, consejero delegado y administrador de Victory Corporate Turnaround S.L., empresa especializada en consultoría para reestructuración de empresas y que dirigió el proceso de compra; y, por último, Jorge Villavecchia Barnach Galbo, director general de la Sociedad Anónima Damm.
Los directivos denunciados tendrán que justificar ante la justicia cómo se llegó al cierre de la fábrica de Utebo para desmentir una de las valoraciones de la Audiencia, que considera de manera indiciaria que en la oferta del grupo de empresas «se aparentó que se reflotaría la plata lechera de Utebo, cuando en realidad la intención era la de cerrarla y mantener la producción en Barcelona».
[60] Dimite el diputado de Podemos que dijo en su currículum que era ingeniero y no lo es
El diputado de En Marea y Secretario de Organización de Podemos Galicia, Juan Merlo. EFE
Juan Merlo ha presentado su dimisión al acta de diputado. También deja las responsabilidades en la organización morada como número dos de su secretaria general, Carmen Santo.
El diputado de En Marea y secretario de Organización de Podemos Galicia, Juan Merlo, renuncia a su acta parlamentaria después de que se desvelase que en su currículum figuraba que era ingeniero cuando únicamente tiene formación.
Él mismo anunció que presentaba su dimisión al acta de diputado y que deja las responsabilidades en la organización morada como número dos de su secretaria general, Carmen Santos, que precisamente este viernes está en una reunión con la dirección de Podemos en Madrid.
Tras conocerse la información que publicó ABC él mismo salió a comparecer ante los medios de comunicación para reconocer el «error» con su «connivencia» y admitir el «bochorno» por lo ocurrido, pero había dicho que no entendía que fuese motivo de dimisión y lo diferenció del caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
[61] Los seis detenidos tras ‘okupar’ un edificio en Sevilla, libres tras casi 60 días en prisión
Varias personas protestan contra el encarcelamiento de los seis de la Macarena, frente al juzgado de Sevilla-. APDHA
El juez les ha dejado en libertad tras dejar consignados en sede judicial 500 euros cada uno para cubrir los daños de los que se les acusa si resultaran condenados. Ni la Fiscalía ni los abogados de la acusación se han opuesto a la petición de libertad de su defensa.
Los dos estudiantes universitarios y las cuatro personas sin hogar de Sevilla que permanecían en prisión preventiva desde el pasado 17 de febrero han salido en libertad con cargos la mañana de este viernes. Así lo han confirmado a Público fuentes de la defensa, que añaden que ha sido una decisión «totalmente inesperada».
Los conocidos como «los seis de la Macarena» han pasado casi dos meses en prisión provisional sin fianza tras se detenidos durante el desalojo policial de un bloque de viviendas vacías que habían ocupado, situado en la calle Magdalena de la capital andaluza, en el mismo edificio que, años atrás, había albergado el Centro Social Okupado Casas Viejas, símbolo del movimiento okupa y por el derecho a la vivienda de Andalucía durante la pasada década.
Este viernes, el juez ha aceptado la petición de sus abogados y les ha dejado en libertad después de que dejaran consignados en el juzgado 500 euros cada uno. En total son 3.000 euros que los acusados han entregado, aunque no se trata de una fianza, sino de una señal de buena voluntad para hacer frente a una posible condena por daños, han explicado fuentes de la defensa.
A los acusados, miembros de la llamada Corrala Dignidad, se les imputan los delitos de usurpación, atentado a la autoridad, desórdenes públicos, coacciones, seis delitos de lesiones y daños en una de las viviendas que okuparon, aunque no todos tienen imputados los mismos delitos. Sin embargo, aún no hay fecha para el juicio. Este viernes estaba prevista su declaración en sede judicial, pero no ha sido necesaria finalmente.
La decisión de dejan consignados en el juzgado 3.000 euros ha sido una medida de la defensa para generar circunstancias novedosas con las que poder solicitar nuevamente su libertad con cargos. Tras su detención, el juez Álvaro Martín, magistrado del Juzgado de Instrucción Número 4 de Sevilla, decretó prisión provisional sin fianza. Una medida que su defensa y diversas organizaciones y partidos políticos consideraron «totalmente desproporcionada» teniendo en cuenta que los acusados tenían arraigo —dos de ellos son estudiantes universitarios y los otros cuatro personas sin hogar con familia e hijos a cargo— y no existía riesgo de fuga.
Pese a los recursos de sus abogados, el juez mantuvo la medida cautelar, dejando a estas personas privadas de libertad «sin estar acusados de ningún delito grave», critican los abogados. Sin embargo, ante el depósito de 3.000 euros, ni la Fiscalía ni los abogados de la acusación se han opuesto a la petición de libertad de los detenidos, por el que el juez les ha dejado salir casi dos meses en prisión.
Un soldado sirio graba las ruinas de uno de los centros destruidos por el ataque de EEUU en Damasco. AP Photo/Hassan Ammar
EEUU y sus aliados europeos lanzan 100 misiles en tres ataques contra lo que identifican como instalaciones de armas químicas en dos ciudades sirias
Trump señala a Rusia en su discurso para justificar el atque y Putin asegura que el ataque es «un insulto» que «tendrá consecuencias»
Estados Unidos, Reino Unido y Francia han lanzado un ataque con alrededor de 100 misiles en una ofensiva conjunta contra posiciones de Bachar al Asad como represalia por un presunto ataque químico del que culpan al Gobierno sirio.
Lo que sabemos por ahora del ataque a Siria
Donald Trump ha lanzado ataques aéreos junto a Reino Unido y Francia. Los tres países han declarado que el objetivo es reducir el arsenal de armas químicas de Al Asad tras el ataque con gas del pasado fin de semana en un barrio de Damasco.
Unos minutos después de que el presidente anunciara la operación militar, se registraron las primeras explosiones en Damasco. Un informe del Pentágono asegura que tres objetivos fueron alcanzados: dos en esa capital y otro en Homs. Los ataques fueron respondidos por las defensas antiaéreas sirias. Aún no hay balance de víctimas.
Rusia ha respondido. El Gobierno de Putin asegura que “estas acciones no quedarán sin respuesta” y las considera un ataque a Moscú: “Este insulto al presidente de Rusia es inaceptable e inadmisible”. El Kremlin también afirma que el ataque a Siria es un ataque contra la soberanía de un país soberano.
La primera ministra británica, Teresa May, asegura que Reino Unido ha autorizado también ataques para “deteriorar la capacidad de las armas químicas del régimen sirio”. Volviendo la mirada sobre Rusia, ha añadido: “No podemos permitir el uso de armas químicas se conviertan en algo habitual, ya sea en Siria, en las calles de Reino Unido o en cualquier parte del mundo”.
El presidente francés Emmanuel Macron, que también ha activado su ejército para el ataque, asegura que “el uso de armas químicas supone un peligro inmediato para el pueblo sirio y para nuestra seguridad colectiva».
«Hace un momento, he ordenado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzar ataques de precisión contra objetivos asociados a las capacidades de armamento químico del dictador sirio, Bachar al Asad», ha dicho esta noche el presidente estadounidense, Donald Trump, en una comparecencia desde la Casa Blanca.
«Una operación conjunta con las fuerzas armadas de Francia y el Reino Unido está en marcha en estos momentos», dijo minutos después de las 21.00 hora local (01.00 del sábado GMT). Washington y sus aliados europeos lanzaron tres ataques en los que destruyeron instalaciones asociadas al programa de armamento químico de Damasco a través de bombardeos aéreos y de misiles proyectados desde buques en el Mediterráneo de los tres países. Fue un ataque, según el Pentágono, para disuadir a Al Asad de utilizar armas químicas en el futuro.
El primer ataque tuvo como objetivo un centro de investigación científica ubicado cerca de Damasco y utilizado, según Washington, para «la investigación, desarrollo, producción y pruebas de armas químicas y biológicas».
En un segundo ataque de Estados Unidos y sus aliados quedó destruido un deposito situado al oeste de Homs donde en el pasado el Gobierno sirio almacenó sus reservas de gas sarín, una de las sustancias utilizadas en los presuntos ataques químicos.
Finalmente, el tercer objetivo de las potencias occidentales fue otro almacén con armas químicas y un importante centro de comandancia ubicados cerca del segundo objetivo, al oeste de Homs. El jefe del Pentágono, James Mattis, aseguró que no hay «más ataques previstos» contra Al Asad. Sin embargo, tanto Mattis como Trump alertaron a Al Asad que Estados Unidos está preparado para seguir atacando si persiste en su presunto uso de armas químicas.
La reacción rusa
«Los peores presagios se han cumplido. No han escuchado nuestras advertencias. Nos vuelven a amenazar. Habíamos advertido de que estas acciones no se quedarán sin consecuencias. Toda la responsabilidad recae en Washington, Londres y París», dijo el embajador ruso en EEUU, Anatoli Antónov en una declaración oficial difundida por la Embajada. «Esto no quedará sin consecuencias», advirtió.
Las autoridades sirias condenaron hoy «en los términos más fuertes» la «agresión bárbara y brutal» de EEUU, Francia y Reino Unido. La agencia oficial de noticias SANA cita a una fuente anónima del Ministerio de Exteriores que afirmó que «la agresión de los regímenes arrogantes y de la hegemonía occidental fue el resultado de la frustración después de que el proyecto conspiratorio en Siria no tuviese resultado».
Estados Unidos ya había atacado una vez a Al Asad por el presunto uso de armas químicas, fue el 7 de abril de 2017, actuó en solitario y aseguró haber destruido el 20% de la flota militar aérea de Siria.
En esa ocasión, Washington notificó con antelación del ataque a Rusia, que tiene tropas que combaten junto a las fuerzas gubernamentales sirias. Esta vez, sin embargo, Estados Unidos no tuvo comunicación con Moscú y Trump, de hecho, culpó a Rusia, en parte, de la ofensiva aliada de hoy y le instó a que abandone su apoyo a Al Asad, un mensaje que también trasladó a Teherán.
«En 2013, el presidente (Vladimir) Putin y su Gobierno prometieron al mundo eliminar las armas químicas de Siria. El reciente ataque de Al Asad -y la respuesta de hoy- son resultado directo del fracaso de Rusia en mantener su promesa», dijo Trump. «Rusia -añadió Trump- debe decidir si seguirá por este oscuro camino o si se unirá a las naciones civilizadas como una fuerza de paz y estabilidad».
[63] Rusia asegura que el ataque de EE UU, Reino Unido y Francia contra Siria «tendrá consecuencias»
«Los peores presagios se han cumplido. No han escuchado nuestras advertencias. Nos vuelven a amenazar», ha dicho el embajador ruso en EE UU. Putin ha añadido más tarde que es una «agresión contra un Estado soberano»
May ha defendido que «no hay alternativa practicable al uso de la fuerza» tras el ataque químico del 7 de abril. Macron ha confirmado la participación francesa
El Gobierno español: «Es una respuesta legímita y proporcionada»
«Los peores presagios se han cumplido. No han escuchado nuestras advertencias. Nos vuelven a amenazar. Habíamos advertido de que estas acciones no se quedarán sin consecuencias. Toda la responsabilidad recae en Washington, Londres y París», dijo Antónov en una declaración oficial difundida por la Embajada.
Más tarde, el propio Putin ha emitido un comunicado difundido por el Kremlin en el que califica el bombardeo de «agresión contra un Estado soberano». Ha acusado a EE UU de colaborar con los terroristas del país: «Con sus acciones, EEUU empeoran aún más la catástrofe humanitaria en Siria, llevan el sufrimiento a la población civil, y de hecho, toleran a los terroristas que torturan desde hace siete años al pueblo sirio».
«En 2013, el presidente Putin y su Gobierno prometieron al mundo eliminar las armas químicas de Siria. El reciente ataque de Al Asad -y la respuesta de hoy- son resultado directo del fracaso de Rusia en mantener su promesa», había dicho Trump en la Casa Blanca al anunciar que se había efectuado la ofensiva. «Rusia debe decidir si seguirá por este oscuro camino o si se unirá a las naciones civilizadas como una fuerza de paz y estabilidad», añadió.
Más tarde, el presidente estadounidense se ha pronunciado en Twitter. «Un ataque perfectamente ejecutado», ha dicho. Dando las gracias a Francia y Reino Unido y expresando su orgullo por el trabajo de las Fuerzas Armadas, ha añadido que «no ha podido haber un mejor resultado. Misión cumplida».
A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!
So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close!
Por su parte, las autoridades sirias condenaron hoy «en los términos más fuertes» la «agresión bárbara y brutal» de EEUU, Francia y Reino Unido. La agencia oficial de noticias SANA cita a una fuente anónima del Ministerio de Exteriores que afirmó que «la agresión de los regímenes arrogantes y de la hegemonía occidental fue el resultado de la frustración después de que el proyecto conspiratorio en Siria no tuviese resultado».
«No hay alternativa practicable»
La primera ministra británica, Theresa May, dijo que «no hay alternativa practicable al uso de la fuerza» en Siria, al confirmar la implicación militar de su país en la ofensiva conjunta adoptada contra el régimen de Bachar Al Asad en Siria.
La líder conservadora indicó que se han agotado «todos los canales diplomáticos posibles» antes de acordar la acción coordinada en respuesta al ataque perpetrado por Asad con armamento químico el pasado sábado en la ciudad de Duma.
«Este modelo persistente de comportamiento debe frenarse, no solo a fin de proteger a inocentes en Siria de muertes y bajas espantosas ocasionadas por armas químicas, sino también porque no podemos permitir la erosión de la norma internacional que evita el empleo de esas armas químicas», afirmó May en un comunicado.
La jefa del Ejecutivo de Londres justificó la implicación de las fuerzas armadas de su país en la acción militar coordinada con sus aliados norteamericanos y franceses «a fin de degradar y disuadir el uso de armas químicas por parte del régimen sirio».
El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó hoy también su participación justificándola en que «no podemos tolerar la banalización del uso de armas químicas». En un comunicado, Macron subrayó que el ataque «está circunscrito a las capacidades del régimen sirio que permiten la producción y el empleo de armas químicas» y explicó que el Parlamento francés será informado de la ofensiva y se abrirá un debate parlamentario, como estipula la Constitución.
Para Macron, «los hechos y la responsabilidad del régimen sirio» en el ataque químico que mató a decenas de personas el 7 de abril en Duma, cerca de Damasco, «no ofrecen ninguna duda». Por ello, consideró que «se ha traspasado la línea roja establecida por Francia en mayo de 2017».
El uso de armas químicas en Siria «es un peligro inmediato para el pueblo sirio y para nuestra seguridad colectiva», agregó Macron, que avanzó que su país y sus aliados retomarán «desde hoy» los esfuerzos en el seno de Naciones Unidas para que se ponga en marcha un mecanismo internacional de establecimiento de responsabilidades. Macron citó las prioridades de Francia en Siria: terminar la lucha contra Estado Islámico, permitir el acceso de ayuda humanitaria a la población civil y lanzar una dinámica para alcanzar una solución política.
Gobierno español: «Es un ataque proporcionado»
En España, el gobierno ha calificado el ataque químico del domingo de «crimen contra la humanidad» cuyos responsables «de este y otros» previos deben ser «sometidos a la justicia». En un comunicado remitido por Moncloa, han señalado que prefieren siempre «la acción concertada internacional a las acciones unilaterales». «Cuando estas suceden, deben ser proporcionadas, como ha sido el caso en esta ocasión», añaden respecto al bombardeo de EE UU, Reino Unido y Francia.
«Aquellos que apoyan al régimen sirio tienen que ejercer toda la presión necesaria para evitar los ataques contra la población civil. No son aceptables las continuas violaciones del alto el fuego. Pero usar armas químicas es una cuestión cualitativamente diferente y de una gravedad extrema. Lamentablemente no es la primera vez, deseamos que sea la última», dicen, además de lamentar « la paralización del Consejo de Seguridad en esta cuestión».
«Solo un proceso político de transición, como se ha recogido en las resoluciones del Consejo de Seguridad, puede traer la paz definitiva a Siria. Es un proceso que debe estar encabezado por Naciones Unidas. España apoya completamente ese proceso como única forma de acabar con imágenes como las que hemos visto estos días de niños muriendo entre sufrimientos atroces. Nada justifica algo así», concluye la nota.
En un acto en Zamora, Rajoy ha insistido en este posicionamiento del Ejecutivo, según recoge El País: « El Gobierno considera que es una respuesta legímita y proporcionada a los brutales ataques perpetradas contra la población civil». «El objetivo es reducir la capacidad del régimen para perpetrar nuevos ataques contra la población», ha reiterado.
Trump, apoyado por Reino Unido y Francia, lanza una ofensiva conjunta contra posiciones de Bachar al Asad como represalia por un presunto ataque químico. «Rusia debe decidir si se unirá a las naciones civilizadas como una fuerza de paz»
Estados Unidos, Reino Unido y Francia lanzaron hoy una ofensiva conjunta contra posiciones de Bachar al Asad como represalia por un presunto ataque químico del que culpan al Gobierno sirio (fotogalería).
«Hace un momento, he ordenado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzar ataques de precisión contra objetivos asociados a las capacidades de armamento químico del dictador sirio, Bachar al Asad», dijo el presidente estadounidense, Donald Trump, en una comparecencia desde la Casa Blanca.
«Una operación conjunta con las fuerzas armadas de Francia y el Reino Unido está en marcha en estos momentos», dijo minutos después de las nueve de la noche (las tres de la madrugada en España). Posteriormente, el embajador de Rusia en Washington, Anatoli Antónov, advirtió de que el ataque tendrá consecuencias.
«Un ataque único»
Washington y sus aliados europeos lanzaron tres ataques en los que destruyeron instalaciones asociadas al programa de armamento químico de Damasco a través de bombardeos aéreos y de misiles proyectados desde buques en el Mediterráneo de los tres países. Fue un ataque «único» para disuadir a Al Asad de usar armas químicas en el futuro, según el Pentágono.
El primer ataque tuvo como objetivo un centro de investigación científica ubicado cerca de Damasco y utilizado, según Washington, para «la investigación, desarrollo, producción y pruebas de armas químicas y biológicas».
En un segundo ataque de Estados Unidos y sus aliados quedó destruido un depósito de armas químicas situado al oeste de Homs en el que el Gobierno de Al Asad almacenaba sus principales reservas de gas sarín, una de las sustancias utilizadas en los presuntos ataques químicos.
Finalmente, el tercer objetivo de las potencias occidentales fue otro almacén con armas químicas y un importante centro de comandancia ubicados cerca del segundo objetivo, al oeste de Homs.
Un misil sobre Damasco, durante el ataque de Estados Unidos. / REUTERS
Los detalles de la ofensiva los ofreció el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Joseph Dunford, quien dijo que los objetivos fueron seleccionados, además de por su relación con el programa de armas químicas, para «minimizar el riego para civiles inocentes». Por su parte, el jefe del Pentágono, James Mattis, aseguró que no hay «más ataques previstos» contra Al Asad.
Sin embargo, tanto Mattis como Trump alertaron a Al Asad que Estados Unidos está preparado para seguir atacando si persiste en su presunto uso de armas químicas.
Siria, que ha calificado el ataque de los «regímenes arrogantes» como «brutal», sostiene en cambio que el bombardeo busca «impedir el trabajo de la misión» de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), que comienza hoy su investigación en el presunto lugar del ataque químico lanzado el sábado en Duma.
Sirios ondean las banderas de Irán, Rusia y Siria en protesta por los ataques en Damasco. / REUTERS
Trump culpa a Rusia del ataque
Estados Unidos ya había atacado una vez a Al Asad por el presunto uso de armas químicas, fue el 7 de abril de 2017, actuó en solitario y aseguró haber destruido el 20 % de la flota militar aérea de Siria. En esa ocasión, Washington notificó con antelación del ataque a Rusia, que tiene tropas que combaten junto a las fuerzas gubernamentales sirias.
Esta vez, sin embargo, Estados Unidos no tuvo comunicación con Moscú y Trump, de hecho, culpó a Rusia, en parte, de la ofensiva aliada de hoy y le instó a que abandone su apoyo a Al Asad, un mensaje que también trasladó a Teherán.
«En 2013, el presidente Putin y su Gobierno prometieron al mundo eliminar las armas químicas de Siria. El reciente ataque de Al Asad -y la respuesta de hoy- son resultado directo del fracaso de Rusia en mantener su promesa», dijo Trump.
«Rusia -añadió Trump- debe decidir si seguirá por este oscuro camino o si se unirá a las naciones civilizadas como una fuerza de paz y estabilidad». La ONU, por su parte, ha pedido moderación y respeto al derecho internacional, aunque su secretario general, António Guterres, alerta de que «la Guerra Fría ha vuelto».
Mucho más importante que la reciente querella por prevaricación, presentada contra el magistrado Pablo Llarena por la Mesa del Parlament, es la participación de las organizaciones catalanas de UGT y CCOO en la manifestación contra la represión, convocada para este domingo en la capital catalana. En un clarificador e interesante comunicado conjunto, los dos sindicatos hegemónicos critican tanto la tipificación desproporcionada de algunos delitos como el abuso de la prisión preventiva de los jueces en los últimos tiempos. Respuesta sindical, afirman, como reacción a una actuación judicial “limitativa de las libertades democráticas”, que no debe confundirse con ningún tipo de apoyo a los objetivos políticos ni tampoco a la estrategia de las fuerzas soberanistas, que no comparten.
La coincidencia del grito de UGT-CCOO junto al silencio de PSOE-Podemos es significativo. Cuando estos dos sindicatos asumen funciones políticas, la denuncia de la arbitrariedad jurídica, y los dos partidos políticos, roles sociales, olvidándose de la primordial agenda democrática, algo no marcha bien en la izquierda española. Que en 2018 las centrales sindicales empiecen a recuperar las características de un movimiento sociopolítico, como el que protagonizó Comisiones Obreras bajo el franquismo, cuando los partidos eran ilegales, parece indicar que la sociedad española, bajo la dirección del dúo Rajoy- Rivera, avanza rápidamente hacia el autoritarismo preconstitucional de los años inmediatamente posteriores a la muerte de Franco.
Muy probablemente, los dos sindicatos no estarían mañana en la manifestación de Barcelona si Podemos no hubiese optado, tras comprobar su caída en los sondeos electorales, por hacer mutis por el foro ante los muy graves problemas democráticos que se derivan del desafío de la Generalitat; además, al sumarse luego a la insoportable levedad del ser del PSOE, han creado un vacío político que hoy lo rellenan estas dos siglas sindicales. No corresponde a UGT ni a CCOO reclamar un diálogo, que exige tanto la renuncia del inmovilismo de la Moncloa como el cese del unilateralismo de los soberanistas. A pesar de que esta exigencia es más que justa, ya que las conquistas de la transición corren el serio riesgo de verse recortadas por la involución democrática que está en marcha.
La contrarreforma del artículo 573 del Código Penal vigente- su inconcreción autoriza calificar como actos terroristas meros delitos de alteración de orden público- pone los pelos de punta a cualquier sindicalista. Cuando fue votada esta modificación penal, en febrero de 2015, gracias al pacto de Rajoy con Pedro Sánchez, el diputado Joan Coscubiela, antiguo dirigente sindical de CCOO de Catalunya, advirtió así sobre esta desaforada definición de terrorismo: “¡Ojo con eso! Igualan desórdenes públicos a terrorismo”. El reciente intento de la Fiscalía de aplicar este delito a una activista soberanista ha encendido la alarma sindical. ¿Quién garantiza que mañana no pueda aplicarse a un activista sindical, en un piquete informativo, o en una acción de protesta social?
Derogar esta reforma es vital para UGT y CCOO, tanto como la derogación del 135 que subordina todo el gasto social al pago de la impagable deuda alemana. Pero, en cambio, la del 573 del Código Penal, al contrario que la del 135, es viable, ya que el PSOE y Podemos pueden demandar que se retome el texto original de la ley 10/ 1995, que requería la pertenencia a una banda armada o grupo terrorista para poder calificar la comisión de este delito de terrorismo. La potencial criminalización de las más simples actividades sindicales está al arbitrio de una Fiscalía General siempre dependiente del Gobierno. Hasta el momento, este peculiar terrorismo subjetivo, no definido objetivamente, era una espada enfundada pero, desde esta semana, hay que tener muy presente que se ha intentado utilizar.
La desvergonzada rivalidad entre Rajoy y Rivera es una útil cortina de humo que utiliza la derecha española para tapar la creciente desigualdad social. La preocupación de los sindicatos ante la grave situación de Cataluña es fácil de entender, porque el Gobierno no afronta este conflicto políticamente y continúa además ocultando “problemas como los salarios, las pensiones o la precariedad laboral”. Nada puede ser más rentable a Rajoy y a Rivera que convertir en estructural el conflicto nacional de Cataluña y , además, extenderlo a Euskadi, con la astuta finalidad de que los trabajadores traguen con la nueva escalada de recortes que prepara la Merkel tras el cierre de las próximas urnas legislativas.
[66] La firma del portavoz del 15-M recibe 35.000 euros a dedo del Consistorio
Jon Aguirre Such, portavoz de Democracia Real Ya en la Gran Vía de Madrid. GORKA LEJARCEGI
Se encargó de diseños urbanísticos a través de la participación vecinal y un plan que fomenta los recorridos a pie frente a los realizados en coche
Una empresa de la que es socio el exportavoz del movimiento del 15-M, Jon Aguirre Such, recibió 35.000 euros en contratos municipales a dedo para redactar diseños urbanísticos. Elaboró un «mapeo integral» en Arganzuela a través de un «paseo ciudadano» en el que recogió las opiniones de los vecinos, e hizo un plan de renovación de una plaza de Vallecas. Ambas adjudicaciones se pagaron con contratos menores; es decir, licitaciones a las que el Consistorio invita a tres firmas y contrata discrecionalmente una de ellas. La empresa señala que todo fue legal y que se trata de poco dinero respecto a otros convenios públicos.
Aguirre fue la cara visible del movimiento de los indignados de la Puerta de Sol, y la sociedad de la que es socio, Paisaje Transversal, pretende «impulsar, diseñar y asesorar procesos innovadores de transformación y análisis urbano desde la participación, la ecología y la creatividad», según su web. Su trabajo se enfoca a impulsar la participación vecinal en los procesos urbanísticos, lo cual coincide con uno de los ejes políticos de la coalición Ahora Madrid, liderada por la alcaldesa, Manuela Carmena.
En estos dos años de gobierno, la sociedad de Aguirre trabajó al menos dos veces para el ejecutivo de la capital. Abordó la reforma del entorno del bulevar de Peña Gorbea y la plaza Vieja, en el casco antiguo de Vallecas, por lo que recibió 14.520 euros (IVA incluido). Y obtuvo de la junta de Arganzuela un segundo contrato, también sin concurso público, por 19.665 euros, para redactar un «diagnóstico participativo» en el distrito.
En este segundo caso su trabajo consistió en realizar un «#paseociudadano por los barrios de Arganzuela», para recoger «las opiniones y propuestas de los vecinos y vecinas, las entidades y las asociaciones del distrito» y proponer mejoras. En el primero, en cambio, elaboró una propuesta de «regeneración urbana», siempre escuchando las opiniones de los vecinos, que desembocó en un protocolo para la mejora del casco antiguo de Vallecas, presentado en enero de 2017.
A estas dos contrataciones se suma un tercer encargo, esta vez a través de un contrato abierto, del que resultó ganadora una sociedad inglesa. Con esa licitación el Ayuntamiento lanzó el «Wayfinding» («Leer Madrid», lo traduce el Ayuntamiento); es decir, un sistema que pretende mejorar la señalización peatonal y fomentar los recorridos a pie frente a los realizados en coche. Quiere «permitir la orientación y la autonomía de madrileños y visitantes, incluidos los grupos de necesidades especiales», con un presupuesto de 99.000 euros.
Este proyecto está siendo coordinado por el Área de Urbanismo, liderada por el concejal, y arquitecto, José Manuel Calvo. Este martes, el Consistorio no concretó si Paisaje Transversal cobrará algo de este último plan, ni contestó sobre cómo contrató el gasto. Sí lo hizo un portavoz de la empresa de Aguirre, quien mantuvo que son «socios locales» de la firma inglesa, junto a otras cuatro empresas madrileñas, para ayudar y orientar a la sociedad foránea.
Los convenios en los que resultó ganador Paisaje Transversal se financiaron con contratos menores, porque «eran muy pequeños en cantidad y puntuales», añade ese portavoz. E incide en que Paisaje Transversal siempre concursa para contratos abiertos: «Siempre preferimos que sean proyectos mayores», afirma, y subraya que «el 70% de las ganancias [de la empresa] se deben a contratos públicos de licitación abierta».
Independencia profesional
En estos últimos meses, esta firma ha comenzado una «alianza empresarial» con otras dos sociedades, una de ellas, Hécate, con la que comparte domicilio y que también obtuvo dinero público a través de contratos menores. Esa firma se dio a conocer porque sus fundadores colaboraron en la redacción del programa electoral de Ahora Madrid. Los miembros de Paisaje Transversal subrayan su independencia profesional y rechazan vinculaciones con la coalición de gobierno local que se creó a raíz del 15-M y de la crítica a la «casta» de los políticos.
El anterior portavoz del movimiento no aparece vinculado a esta coalición, pero sí está entre los promotores de la creación de otra plataforma, Ahora en Común, que junto a exponentes de Podemos, IU y Equo proponía crear una «confluencia» al estilo de Ahora Madrid pocas semanas después de la victoria de Carmena. Este martes este periódico no pudo ponerse en contacto con él, ya que se halla en el extranjero y su socio explicó que tiene el móvil roto.
Los contratos que el Ayuntamiento entregó para todos esos proyectos de regeneración urbana se califican como menores. Se trata de procedimientos legales con un tope de gasto de 21.000 euros, pensados para emergencias y pequeños servicios, pero cuyo uso por parte de la Administración debe ser limitado, ya que sortean el concurso público y de libre concurrencia.
El Consistorio tipifica esos contratos para casos como «comprar bombillas para un centro deportivo, contratar los servicios de un fontanero para una biblioteca, costear un viaje de trabajo o una actividad puntual…». En los últimos dos años, el gobierno local ha usado 11.000 veces estos procedimientos, hasta un gasto total de 30 millones en 2015 y 2016, niveles desconocidos desde la época de Alberto Ruiz-Gallardón.
ALIANZA CON LA SOCIEDAD QUE DISEÑÓ EL PROYECTO DE GALILEO
Alianza con la sociedad que diseñó el proyecto de Galileo
En los últimos meses, Paisaje Transversal ha comenzado una «alianza empresarial» con Creando Redes (oficina de ecología y restauración de ecosistemas) y Hécate Ingeniería (oficina de ingeniería, movilidad y transporte). Con ellas comparte domicilio y un plan de «proyectos integrales en el territorio y en la ciudad». Sus miembros son «amigos», aunque cada firma mantiene su independencia, señalan desde Paisaje Transversal.
Hécate es conocida por haber impulsado el proceso participativo (movilizó a 35 personas) para el «experimento» de la calle de Galileo, en Chamberí. Esta firma, fundada por ingenieros que redactaron el programa de Ahora Madrid, cobró 18.000 euros por diseñar el cierre de la calle y la ocupación de la calzada con mobiliario urbano. Sin embargo, esa actuación generó duras críticas de los residentes. Los vecinos recogieron 2.000 firmas y lograron el apoyo de la oposición en el pleno. El pasado lunes pidieron otra vez la reversión del proyecto en Chamberí. Hasta ahora, no obstante, solo han logrado que el gobierno municipal proceda a una reversión parcial.
[67] Los sistemas antiaéreos sirios interceptaron 71 de los 103 misiles lanzados
El Estado Mayor de Rusia ha ofrecido una rueda de prensa tras el ataque a Siria de EE.UU. y sus aliados.
El Estado Mayor de Rusia ha provisto detalles respecto al ataque contra Siria efectuado por EE.UU., Francia y Reino Unido este 14 de abril. Los militares han precisado que 103 misiles fueron lanzados hacia el país árabe, entre ellos varios proyectiles Tomahawk.
“Fueron interceptados 71 misiles de crucero”, afirmó el jefe de la gestión operativa de las Fuerzas Armadas del Estado Mayor de Rusia, Serguéi Rudskói, precisando que sus objetivos incluyeron bases aéreas de las fuerzas gubernamentales sirias.
“Ningún misil de crucero entró en la zona de responsabilidad de Rusia”, indicó el teniente general en rueda de prensa. “Nuestros sistemas antiaéreos no fueron utilizados”, agregó.
No hay instalaciones de producción de armas químicas en Siria, hecho que fue constatado por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ)
— Serguéi Rudskói, jefe de la gestión operativa de las Fuerzas Armadas del Estado Mayor de Rusia
Informó además que Washington y sus aliados dirigieron parte del ataque a posibles almacenes de lo que ellos denominan como el “programa químico militar” de Damasco, y algunos de esos puntos resultaron parcialmente destruidos por los misiles. “No se utilizan desde hace mucho tiempo, no había personas ni equipo en ellos“, aseveró, negando que contuviesen sustancias de esa naturaleza.
“No hay instalaciones de producción de armas químicas en Siria, hecho que fue constatado por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ)”, acotó Rudskói.
Un ataque sin pruebas
La semana pasada, Occidente acusó al gobierno del presidente sirio Bashar al Assad de haber perpetrado el 7 de abril un ataque químico en la ciudad de Duma (Guta Oriental), tras aparecer reportes no confirmados sobre esa supuesta acción.
El Consejo Ejecutivo de la OPAQ anunció que emprendería una investigación independiente el 14 de abril, pero este bombardeo contra Siria fue realizado antes de que la misión llegara al terreno. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó el ataque sin autorización del Congreso de su país ni la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU.
Hasta ahora no ha sido presentada ninguna prueba que confirme el supuesto ataque químico. El embajador ruso en Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, destacó ante el Consejo de Seguridad de ese organismo internacional que en los hospitales de Duma no hay pacientes con síntomas de intoxicación ni hay pruebas de suelo que delaten el uso de sarín o cloro.
Además, los servicios rusos de seguridad química y radiológica viajaron al supuesto lugar del incidente, pero “no se encontraron personas tratadas por intoxicación química”, informó la embajada de Moscú en Londres a través de un comunicado.
El 13 de abril, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó que su Gobierno tiene “datos irrefutables” de que el presunto ataque químico es “una nueva puesta en escena y en ella participaron los servicios secretos de uno de los Estados que se desvive por estar en la vanguardia de la campaña rusófoba”.
[68] China condena el ‘uso de la fuerza’ en Siria y pide solución política
El Gobierno de China ha condenado este sábado el uso de la fuerza en las relaciones internacionales tras los ataques de Estados Unidos y sus aliados contra Siria y aboga por reconducir la situación del país árabe hacia una solución política y derecho internacional.
“Nos oponemos de forma consecuente al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y abogamos por el respeto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países”, ha indicado Hua Chunying, portavoz de la Diplomacia china en un comunicado.
Washington, Londres y París justifican el bombardeo como una respuesta al presunto ataque químico del Gobierno sirio en la ciudad de Duma. Sin embargo, el Gobierno de Bashar al-Asad ha rechazado tales acusaciones.
[69] Los CDR de Cataluña llaman a la unidad de los republicanos el 14 de abril
Los CDR de Catalunya se han dirigido a las republicanas y republicanos de todos los pueblos del estado español ante la celebración del 14 de abril, día en el que se numerosas manifestaciones por la III República tendrán lugar en todo el estado, señalando que la represión que se abate sobre su movimiento es la misma que recae sobre otras personas en el resto del Estado y llamando a luchar en común contra el Régimen del 78.
Un llamado, en definitiva, a la creación de Comités de Defensa de la República por todo el estado español, con el fin de acabar con la perpetuación, sin solución de continuidad, del régimen instaurado por el fascismo en 1939, y que reprodujo a sí mismo tras la muerte del dictador en la actual farsa democrática, igual de opresora de los trabajadores y de los pueblos que aquel.
!Por la III República! !Por el Socialismo!
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«Queridos y queridas republicanas del Estado Español, Hoy es 14 de abril, el día de la República. Cuando hablamos de República, esta siempre viene acompañada de firmes ideales sociales y solidarios. Nadie quiere la República para seguir igual… la queremos para avanzar: para quitarnos la Realeza de encima y hacer tambalear este régimen que nos oprime, el régimen del 78 y del “atado y bien atado”.
Así es también en Catalunya. Desde los CDR no compartimos la República Catalana desde un nacionalismo excluyente. Creemos en la República por los mismos valores que vosotras: para avanzar en los derechos sociales y tejer una solidaridad, de igual a igual, entre los pueblos del Estado Español. Y nuestra propuesta no es sencilla: i acabar con el régimen del 78, opresor de TODOS los pueblos del Estado Español y de TODA la clase trabajadora.
Es por eso que os queremos transmitir que, si en la Guerra Civil defender Madrid era defender Cataluña, hoy, defender Cataluña es defender Andalucía, Canarias, Galiza y todos, todos los pueblos del Estado Español. La represión que estamos sufriendo en Cataluña no quedará en sus fronteras. Tarde o temprano, será aplicada a todos los movimientos sociales y soberanistas del Estado. No es nuestra lucha, es la lucha de todos y todas por la democrácia, la república y contra la represión.
!Libertad presas y presos políticos!
!Por el derecho a la autodeterminación, Vivan las Repúblicas y la hermandad entre los pueblos!
Comités de Defensa de la República
!No pasarán!»
[70] ENRIQUE SANTIAGO, FLAMANTE SECRETARIO GENERAL DEL PCE: «CON PODEMOS VAMOS A HACER GRANDES COSAS»
El secretario general «leninista» destapa su esencia socialdemócrata
De un solo plumazo, y con la velocidad a la que hoy se despachan los asuntos en lasredes sociales, Enrique Santiago, nuevo Secretario general del Partido Comunista de España, acaba de despejar cualquier duda acerca de la orientación ideológica que este partido seguirá teniendo bajo su dirección.
«Si algo hemos hecho en nuestra historia es construir unidad. Y lo vamos a seguir haciendo. Nuestro país es mejor con Podemos que cuando no existía. Juntos vamos a hacer grandes cosas»- escribía Santiago este martes en su cuenta de Twitter, dejando muy claro por dónde seguirán yendo sus tiros.
UNA «RECONVERSIÓN AL LENINISMO» PARA INCAUTOS Y OPORTUNISTAS
Cierto es que el anuncio sobre la supuesta reconversión al «leninismo» del PCE,realizado durante su reciente XX Congreso, se presentó siempre para los observadores críticos más como una declaración destinada a reenganchar a sus muchos simpatizantes decepcionados, que como una genuina autocrítica y renuncia a la esencia eurocomunista de esta organización.
Y es que, por más que uno se esforzara por aquellas fechas en indagar acerca de supuestos cambios sustantivos en la teoría y la praxis del PCE, asociados a su también supuesto nuevo«leninismo», las decisiones y declaraciones al respecto se referían aaspectos tan superficiales como la inclusión de «una estrella internacionalista de cinco puntas en el logo del partido» o a genéricos llamamientos a «dar la batalla en la calle contra el neoliberalismo y las políticas del PP». Significativamente, no a dar la batalla contra el capitalismo y las políticas de PP y PSOE.
Pero… ¿Ha vuelto a asumir de forma coherente el PCE queel Estado es, esencialmente, el instrumento mediante el cual una clase dominante ejerce su opresión sobre las clases subalternas, extrayendo de esta concepción leninista – y también marxiana – las consecuencias lógicas para una política revolucionaria? ¿O continúa, por el contrario, defendiendo que en la «civilizada» Europa disfrutamos de«Estados de derecho», que permitirían llegar al socialismo mediante la vía pacífica y gradual de las urnas?
¿Admite elPCE que nos encontramos en la fase imperialista del capitalismo y plantea que la Unión Europea, como polo fundamental de este sistema, es un proyecto de las burguesías del continente que se debe combatir frontalmente?¿O sigue defendiendo la quimera de “reformar” la UE para transformarla en la «Europa de los pueblos»?
La mera ausencia de estos temas en las manifestaciones públicas sobre el pasado XX Congreso debería haber bastado a cualquiera con un conocimiento superficial sobre el leninismo -y sobre la historia y presente del PCE– para inferir que «el anuncio» realizado por sus dirigentes era poco más que un ejercicio de trilerismo político oportunista.
LOS NUEVOS «LENINISTAS» Y SUS SOCIOS PRO OTÁNICOS Si estos asuntos, fundamentales para cualquier leninista, brillaron por su ausencia en la información que se quiso ofrecer sobre el XX Congreso, lo que ha seguido estando muy presente en el discurso del nuevo secretario general del PCE ha sido el recurrente tema de la «confluencia con la socialdemocracia», que denominan «Unidad Popular».
No deberían extrañar, por tanto, las declaraciones efectuadas por Santiago en Twitterque, sin embargo, provocaban casi de inmediato la indignación de algunos internautas.
El conocido actor y activista Willy Toledo, por ejemplo, reproducía las palabras deEnrique Santiago en su muro de Facebook, comentando al respecto:
«Parece que se va cumpliendo, pasito a pasito, la hoja de ruta diseñada por Iglesias, Garzón y Cía: ya entregaron IU a Podemos y ahora con el PCE. Repugnante socialdemocracia».
«En una reciente entrevista a Errejón – añadía otra internauta llamada Natasha– Evolele pregunta ¿eres anticapitalista? Él responde que no. Qué hace el PCE con esa gente. No se entiende. Excepto tomar el pelo a la ciudadanía«.
La reacción airada al pronunciamiento del nuevo Secretario General del PCE resulta más que comprensible, si se tiene en cuenta que la organización con la que Santiago«espera hacer grandes cosas» no es solo abiertamente socialdemócrata, sino que también ha materializado su compromiso con el brazo armado del imperialismo occidental, la OTAN, llegando a promover como uno de sus dirigentes a un ex general de esta coalición bélica corresponsable de crímenes de guerra.
ENRIQUE SANTIAGO, LA TRAYECTORIA NADA RECOMENDABLE DE UN SOCIALDEMÓCRATA VERGONZANTE
Sea como fuere, la clara definición política que realizaba este martes Enrique Santiagotampoco debería sorprender a quienes conozcan algo acerca de su trayectoria.
Enrique Santiago Romero, nacido en Madrid en 1964, inició su andadura política en los CJC del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE). No obstante, bien sea porque aquella organización juvenil le resultó demasiado “radical”,bien porque estimó que podía tener más futuro fuera de ella, no tardó demasiado en emigrar al seno de la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) – del ya eurocomunista PCE – de la que llegaría a ser secretario general.
En 2004,Santiago le disputó el puesto de Coordinador general de IU al «progre»Gaspar Llamazares, a cuya dirección dirigió durísimas críticas. Pese a ello, después de perder frente al asturiano no tuvo reparos en abandonar en la cuneta a los miembros de su plancha electoral, para sumarse al equipo liderado por el hoy correligionario del ex juez represor Baltasar Garzón. En el Consejo Político Federal del 26 de junio de 2006, Santiago, junto a otros miembros de su candidatura, aceptaron integrarse en la Comisión Permanente de IU, en contra de la opinión mayoritaria del PCE.
Desde 2008, Santiago entró en el Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España.
Dos años después, en 2010, el madrileño aterrizó cual paracaidista en Las Palmas de Gran Canaria, junto al hoy enfangado Miguel Reneses, para participar en una suerte de coup d’état urdido para acabar con la direccion de Izquierda Unida Canaria, encabezada en aquellas fechas por lo que Santiago denominaba«el dueto». Es decir, María Puig y Segundo Martínez. En realidad, el litigio no fue la expresión de ninguna confrontación ideológica. Tanto el «dueto» como sus «golpistas» compartían la misma mesa y mantel político reformista que, desgraciadamente, ha caracterizado a todas las direcciones del PCE a lo largo de los últimos cuarenta años.
En un acto organizado por los «golpistas» para tal fin en el barrio grancanario de Jinámar, Santiago se pronunció, ya entonces, de manera diáfana, sobre la necesidad de que «Izquierda Unida ocupase el espacio electoral del PSOE», aprovechando su debacle electoral, con el tácito horizonte de articular luego con la organización socioliberal pactos de gobierno.
Demostrando la solidez de este posicionamiento socialdemócrata, en 2103 Enrique Santiago volvía a defender en una entrevista la conformación de «frentes de izquierda», en la línea de lo que representaba la entonces esperanza blanca del reformismo europeo Alexis Tsipras, actualmente dedicado a vender Grecia a precio de saldo.
En esa misma entrevista, Santiago también reafirmaba su compromiso con el proyecto del Euro.
«Pensamos – afirmaba entonces el actual secretario general del PCE «leninista»-que es posible tener un euro al servicio de los ciudadanos si se cambia radicalmente y se democratiza laconfiguración del Banco Central Europeo. Nuestra política es hacer que el euro se convierta en ese instrumento de cohesión de los pueblos» . Así de fácil. Como si la naturaleza y los objetivos de laUE, un proyecto nacido con la exclusiva finalidad de consolidar la unidad empresarial de la burguesía del viejo continente, pudiera ser reconvertida mágicamente en una alternativa popular y al servicio de los asalariados.
Estos son, en definitiva, los viejos y viciados mimbres con los que algunos – dentro y fuera del PCE – pretenden hoy construir lo que, contra toda evidencia, insisten en vender a su militancia como la “unidad de los comunistas”.
Un viaje con un alto peaje del carrillismo al podemismo para el que, a todas luces, no harían falta alforjas y que nada bueno podría ofrecer a los trabajadores de los pueblos del Estado español. Si a estas alturas nos fallara la memoria sobre otras piruetas circenses precedentes bastaría con recordar los no lejanos efluvios con los que se acogió al«experimento Syriza», al que, por cierto, ya no se atreven ni a mentar sus antiguos exégetas. Y es que aunque a la mona la vistan de seda, mona se queda.
[71] Carmena adjudicó a dedo 11.000 contratos por valor de 60 millones en dos años
Rueda de prensa de la alcaldesa Manuela Carmena junto a la teniente de alcalde Marta Higueras y el concejal de Hacienda Jorge Garcia Castano. CARLOS ROSILLO
Se trata de un nivel de desembolso desconocido desde 2011, cuando gobernaba Alberto Ruiz-Gallardón
A lo largo de 2016 y 2017, el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Manuela Carmena, adjudicó “contratos menores” —para actuaciones de emergencia y que no necesitan concurso público— por valor de casi 60 millones de euros. Se trata de un nivel de desembolso desconocido desde 2011, cuando gobernaba Alberto Ruiz-Gallardón (PP). En algunos de los 11.000 contratos firmados por el equipo de Carmena, la oposición ha denunciado que las firmas beneficiadas pertenecen a la órbita de la coalición liderada por Podemos. El Ayuntamiento argumenta que esas cifras solo representan el 0,5% de los presupuestos.
Los contratos menores son adjudicaciones de cuantía limitada (hasta 21.000 euros, o 41.000, dependiendo de su tipología), pensados para acelerar la acción del gobierno en situaciones de urgencia. “Se refieren a servicios y suministros de pequeña cuantía, delimitados en el tiempo, pero necesarios para garantizar el servicio que el Ayuntamiento presta a la ciudadanía”, explica el propio Consistorio en su página web. Y da algún ejemplo: “Comprar bombillas para un centro deportivo, contratar los servicios de un fontanero para una biblioteca, costear un viaje de trabajo o una actividad puntual…”.
La peculiaridad de los contratos menores es que permiten sortear la contratación pública de los concursos abiertos. La Administración se limita a pedir tres ofertas, y contrata la que considera mejor, aunque a partir de ahora un decreto municipal eliminará la petición de tres ofertas para hacerlos todavía más ágiles. No obstante, su filosofía contempla un uso limitado.
Sin embargo, en los últimos dos ejercicios el equipo de Carmena ha hecho un amplio uso de ese instrumento. Así ha sido, por ejemplo, para contratar el “proyecto de remodelación de la Gran Vía” (21.175 euros), la elaboración de diseños gráficos, campañas de publicidad y actividades de “dinamización”.
El Ayuntamiento usa los contratos de “dinamización” para impulsar los llamados procesos participativos. Se trata de una categoría inédita, que se apoya en perfiles profesionales novedosos e híbridos (van desde el ámbito social, el cultural y o el de ocio), que a menudo coinciden con el proyecto político de la coalición liderada por Podemos.
SEGURIDAD Y CULTURA OPTAN POR LA VÍA RÁPIDA
5.000 contratos al año. El Ayuntamiento de Madrid firmó a través del procedimiento “menor” —sin concurso público— más de 10.000 contratos entre 2016 y 2017. Adjudicó cada año más de 5.000 contratos, por un total de 60 millones de euros.
Seguridad y Cultura. Las áreas de gobierno que emplearon más esos contratos a dedo fueron la de Seguridad y Emergencia, liderada por el concejal Javier Barbero; la de Cultura, en manos de la alcaldesa, y Medio Ambiente, de la delegada Inés Sabanés.
Convalidaciones de gasto. El ejecutivo también puede adjudicar obras y servicios de manera discrecional a través de las convalidaciones de gasto. Se trata de acuerdos tomados en la junta de gobierno y sin concurso público. En este capítulo, el Consistorio desembolsó el año pasado 65 millones: un 115% más que el anterior.
Por ejemplo, en septiembre de 2017, el Ayuntamiento desembolsó 20.000 euros para la “dinamización social en programas de igualdad” en Usera y Retiro”. Otros 34.000 euros se fueron para la “dinamización comercial” en La Elipa y San Pascual, todos proyectos considerados actividades de ocio y cultura. Y en marzo, el gobierno pagó 20.600 euros para un “contrato de dinamización de mesas de auditoría ciudadana”.
La auditoría ciudadana es un instrumento creado por el gobierno de Carmena para fiscalizar a posteriori políticas y contratos de los gobiernos del PP. Hasta ahora, el Ayuntamiento ha reservado medio millón de euros para ellas, con la posibilidad de activar denuncias —que nunca se han sustanciado— y engrasar la maquinaria de la propaganda del ejecutivo. Cuando están redactadas, las filtran a determinados medios de comunicación.
En total, en 2016 el Consistorio licitó 5.600 contratos menores, con un desembolso de 30,2 millones de euros. El año siguiente, el gasto bajó ligeramente, hasta los 29,9 millones de euros (5.500 contratos), según cifras publicadas en el portal de datos abiertos del Ayuntamiento. De esta manera, en los dos primeros años naturales del gobierno de Carmena, el gasto en contratos a dedo ya superaba el de la época de Ruiz-Gallardón.
En 2011, el alcalde del PP encargó contratos menores por 31 millones. Se trata de cifras que duplican las de 2012 y 2013, de 18,5 y 17,5 millones, respectivamente. Y que también superan los ejercicios de 2014 y 2015, cuando el Consistorio pagó 25 y 24 millones en contratos a dedo. En 2015 se alternaron en el gobierno los equipos de Ana Botella y Carmena.
El Ayuntamiento argumenta que el gasto en contratos menores ha aumentado en línea con el desembolso creciente del Consistorio. Y que solo representa un 0,5% del total de los presupuestos (5.200 millones). “La suma es prácticamente idéntica que las de 2015 y 2016, así que no vemos mucha historia”, afirma un portavoz del Área de Economía. Su cálculo tiene en cuenta todas las partidas presupuestarias, como el pago a funcionarios, que copa el grueso del desembolso público, y las inversiones, que fueron el año pasado de 225 millones.
Sin embargo, la oposición ha denunciado el repunte de contratos menores. Sospecha que los ediles del gobierno están financiando a empresas y cooperativas de su línea política. Entre los contratos más cuestionados están los 100.000 euros a Gea21, una firma de la que fue socia una asesora municipal.
En 2017 la oposición logró que el gobierno incluyera los contratos menores en una comisión municipal. Sin embargo, la magnitud de las adjudicaciones complica el análisis pormenorizado de los expedientes. De hecho, con respecto a los datos de 2018, el Consistorio aún no ha publicado todos los contratos adjudicados. El ejecutivo achaca este retraso a la situación de prórroga presupuestaria.
UN DECRETO MUNICIPAL EVITA PEDIR TRES OFERTAS OBLIGATORIAS
El equipo de gobierno de Manuela Carmena ha dejado sin efecto una instrucción de 2012, del PP, que obligaba a solicitar tres ofertas distintas antes de adjudicar un contrato menor. El decreto, aprobado por el área de Economía, liderada por Jorge García Castaño, alega que la nueva Ley de Contratos del Sector Público establece ya controles eficientes.
El anterior marco de contratos establecía que tanto el Ayuntamiento como sus organismos autónomos estaban obligados a pedir tres presupuestos. El Consistorio señala que la adaptación a la nueva ley estatal no permite adjudicar contratos menores a un contratista que ya haya resultado adjudicatario de anteriores contratos menores. De esta manera, los legisladores pretenden evitar que se puedan fraccionar actuaciones a través de contratos menores, lo que permite evitar el concurso público, como adelantó El Mundo. Y agrega, en declaraciones a la agencia Efe, que la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid de 2016 ya exige un “mayor nivel de transparencia en la contratación municipal”.
El pleno municipal aprobó el pasado mes de septiembre, con los votos de todas las formaciones políticas, ampliar el ámbito de actuación de la comisión de vigilancia de la contratación. Esta comisión municipal ordinaria puede analizar todos los contratos públicos, incluyendo los menores. “Los grupos de la oposición podrán acceder en una comisión informativa a convenios, subvenciones y contratos menores. Esto no pasaba con el PP y esto pasará, a instancias de la oposición, con el apoyo de Ahora Madrid”, destacó la portavoz del ejecutivo, Rita Maestre.
[72] Joan Peiró: anarquismo, federalismo y ética de la responsabilidad
Estos días se conmemora el 87 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. Quiero aprovechar la efeméride para recordar un hecho importantísimo pero desconocido para alguna gente, y es que en aquella República, ya en tiempos de guerra, participaron durante unos meses como ministros del gobierno de Largo Caballero cuatro anarquistas, miembros de la Confederación Nacional de Trabajo (CNT): Federica Montseny, Joan Garcia Oliver, Juan López y Joan Peiró. Se trata de un hecho extraordinario, qué duda cabe, que cuatro personas profundamente comprometidas con los ideales del anarquismo participaran en una institución del estado tan importante como es su gobierno. Algo que representó un hecho inaudito a nivel mundial. La excepcionalidad de la situación (hacía pocos meses del golpe de estado del 18 de julio) y la necesidad de unir esfuerzos para luchar contra el fascismo hicieron que la CNT aceptara participar en aquel gobierno. Me quiero centrar en la figura de Joan Peiró. En primer lugar, porque el año pasado se cumplió el 75 aniversario de su ignominioso fusilamiento por el régimen franquista, y más allá de los merecidos y participados homenajes que recibió en Sants, Badalona y Mataró (lugares donde desarrolló su vida y actividad política, sindical y cooperativista), tengo la sensación de que, más allá de estas localidades, no recibió el homenaje que se merece una personalidad de la talla de Peiró. No en vano, además de ministro fue secretario general de la CNT, además de una persona comprometida con la clase obrera, de una honestidad extraordinaria y muy poco amiga de las actitudes sectarias. En segundo lugar, quiero remarcar el hecho de que este fin de semana se estrena en Madrid (ya se proyectó en diferentes lugares de Cataluña meses atrás) el documental Peiró42, dedicado a su figura. Un trabajo que también se podrá visualizar en Público.tv gracias a la gentileza de la productora Clack, que ha sido la encargada de llevar a cabo este proyecto.
No es difícil intuir que aquella decisión de entrar a formar parte del gobierno de la nación no fue en absoluto sencilla para la CNT, puesto que una parte importante de la organización consideraba una traición a sus ideales colaborar con las instituciones del estado. Podríamos decir que la responsabilidad se impuso a la doctrina. La ética de la responsabilidad, que decía Max Weber, ganó a la ética de la convicción. Joan Peiró llegó a escribir que “si la Historia no se pone de acuerdo con el anarquismo, que sea el anarquismo el que se ponga de acuerdo con la Historia”. Peiró pagó primero con la cárcel su compromiso con el anarcosindicalismo durante la dictadura de Primo de Rivera, en diversas ocasiones. Años después, y tras su exilio y captura por las autoridades de la Francia ocupada, fue fusilado después de no aceptar un cargo en el sindicato vertical, y a pesar de los diferentes testimonios a favor suya. Corría 1942. Esta decisión de no traicionar sus ideales aún a sabiendas de que sería asesinado es un gesto que muy probablemente hoy en día muy pocas personas estarían dispuestas a protagonizar.
Peiró, persona autodidacta, fue también un teórico fundamental del anarcosindicalismo. Me gustaría prestar especial atención a sus escritos sobre el nacionalismo y en particular al hecho nacional catalán, porque en tiempos de furia como los actuales las reflexiones de alguien que vivió hace ya unas cuantas décadas nos pueden aportar una luz que a menudo nos falta. La velocidad de los acontecimientos nos ciega, indudablemente. Nunca podremos saber qué pensaría Peiró de la situación actual en su querida Cataluña, porque por desgracia ya no se encuentra entre nosotros. No me parece justo ni honesto decir hoy qué hubiera dicho o pensado tal o cual persona respecto de los acontecimientos políticos actuales. No podemos saberlo, no le demos más vueltas.
Sí que podemos saber qué pensaba y escribía Joan Peiró allá por los años treinta del siglo pasado. Especialmente interesantes son algunos artículos de opinión y editoriales del diario que llegó a dirigir, Solidaridad Obrera, que está digitalizado y disponible en internet en la web del CEDALL. Quiero compartir algunos fragmentos muy interesantes que son una buena muestra de cómo abordaba Peiró el hecho nacional catalán. En un artículo titulado “El nacionalismo y la libertad de los pueblos”, publicado por Solidaridad Obrera el 5 de mayo de 1931, decía que “la moción del Pleno de la C.N.T., muy lejos de aceptar el más leve contacto con ninguno de los absolutismos, tiene por objeto evitar el peligro del absolutismo que consecuentemente deriva de todos los separatismos, puesto que jamás ningún ideario nacionalista ha dejado de conjugar con el sentido reaccionario e inhumano de la política de los pueblos”. Continuaba Peiró explicando que “la línea divisoria que separa el nacionalismo del federalismo y de la libertad basada en la solidaridad universal entre los pueblos, es el fundamento de la posición de la C.N.T. frente al balbuciente separatismo catalán, que, si en apariencia puede significar la libertad nacional de Cataluña, por la experiencia histórica de los nacionalismos no representa la más pequeña garantía para las permanentes libertades políticas, económicas y sociales de los catalanes (…). Como bien explícitamente consigna la moción del Pleno de Madrid, la C.N.T. está dispuesta a levantarse y a oponerse por todos los medios lo mismo contra el imperialismo de España que contra el separatismo de Cataluña”. Unas palabras muy contundentes que no precisan de ningún comentario adicional. Sabemos que Peiró era un firme defensor del federalismo, y que bebía concretamente de las ideas de Pi i Margall, a quién leyó con atención. Hoy, en determinados círculos, sobre todo cercanos a cierto independentismo, hablar de federalismo equivale a mentar a la bicha. El mantra de que “España es irreformable” se ha ido expandiendo de tal manera que incluso gentes de izquierdas lo han ido asumiendo con pasmosa facilidad. Una idea, bajo mi punto de vista, de matriz puramente reaccionaria. En el mismo artículo, Peiró escribía que “la C.N.T. se apresta a defender, como punto de partida hacia un mundo mejor que el presente, la máxima libertad para todos los pueblos hispanos dentro de la solidaria federación de los mismos. Y al mentar la máxima libertad que para todos los pueblos queremos, hemos aceptado el principio de las nacionalidades ibéricas, pero sin fronteras, de forma que un castellano, que un gallego, que cualquier individuo de más allá del Ebro no sea jamás un extranjero en Cataluña…”. Nuevamente, las palabras del dirigente anarcosindicalista son muy claras. En otro párrafo, Peiró afirmaba lo siguiente: “la diferencia que nos separa de los separatistas que se manifiestan con la divisa de “Nosaltres sols” está en que éstos reclaman la libertad de Cataluña en tanto que la C.N.T. la reclama, tal vez más amplia, para todos los pueblos de España. Y hay la otra diferencia: mientras aquéllos, egoístas y soñando con una fuerza y con una representación que no tienen, tratan de levantar fronteras, la C.N.T., más generosa y movida de un sentimiento de universalidad, se pronuncia contra las fronteras, que, quiérase que no son la negación de los principios internacionalistas que tanto interesan al proletariado de Cataluña y de todo el mundo”. Para concluir, Peiró utilizaba esta frase lapidaria: “veo la tétrica sombra del nacionalismo, que jamás ha dejado de conjugar con el sentido reaccionario de la vida política de los pueblos, y veo a grandes legiones de burgueses que giran alrededor del separatismo y semejan enormes bandadas de buitres en espera de hincar el pico en el proletariado catalán. Así acaban todos los nacionalismos”. En un editorial del mismo diario, publicado el 19 de abril de 1931, se proclamaba lo que sigue: “vuestra República federal debe abrazar a los ciudadanos de todas las regiones, y no consentir que los excesos nacionalistas se impongan para declarar como enemigos nuestros a los que viven en la otra orilla del Ebro”. ¿Les suena?
Sin duda alguna, puede sorprendernos la falta de complejo de Joan Peiró ante el nacionalismo en contraste con las actitudes de determinados sectores de las izquierdas actuales. Sobra decir que nacionalismo y anarquismo son, o deberían ser, como el agua y el aceite, pero la situación actual ha llevado a amplios sectores de las izquierdas a abdicar de la imperante necesidad de presentar un proyecto de nación que incluya el federalismo como doctrina fundamental en la organización del estado. Peiró y los anarquistas de los años treinta lo tenían meridianamente claro. La pregunta es: ¿por qué cuesta tanto a algunos sectores de las izquierdas hablar claro y trabajar por un proyecto plurinacional solidario, federal y fundamentado en valores tan básicos como la libertad, la igualdad, la fraternidad o el trabajo? Ahora que conmemoramos, un año más, el 14 de abril, convendría hacer un repaso a la Constitución Española de 1931. Es fácil encontrarla googleando. Porque, permítanme, seguramente la sopa de ajo ya se inventó hace tiempo, y a muchos puede sorprender lo que se recogía en aquel texto de hace nada más y nada menos que 87 años.
Hace 90 años había en España y en Cataluña personas que verdaderamente podríamos considerar “de estado”, dirigentes de altura política, comprometidos con un proyecto de nación inclusivo, solidario e ilusionante, donde no sobraba nadie. Con toda seguridad hoy los sigue habiendo, a ambos lados del Ebro. Sigue habiendo mujeres y hombres dispuestos a encontrar soluciones y no a provocar problemas, mujeres y hombres con voluntad de acordar en pos de la convivencia. ¿Por qué hoy algunos malvados irresponsables se empeñan en judicializar la política y dejar que los problemas se pudran? ¿Por qué se opta por la represión desmedida e injusta y no por el diálogo? ¿Por qué se banalizan términos tan duros como rebelión o terrorismo? ¿Es ya demasiado tarde para sentarse a hablar? Demasiadas preguntas, muy pocas respuestas.
[73] Pedro González-Trevijano: el nexo de unión entre la Universidad Rey Juan Carlos y el PP
Durante su mandato, el rector Trevijano estuvo envuelto en distintas polémicas relacionadas con su renovación en el cargo o con supuestos gastos irregulares, enfrentándose al catedrático David Ríos
Otro de sus rivales internos era Enrique Álvarez Conde, con quien pactó la creación del polémico instituto en el que Cifuentes hizo su máster
Contactado por eldiario.es, el ahora magistrado del Constitucional no quiere hacer declaraciones aunque fuentes cercanas a él aseguran que cuando era rector no tuvo conocimiento de que la presidenta madrileña se matriculara en la universidad
Ha quedado fuera de foco en la crisis abierta en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) a raíz de que salieran a la luz las irregularidades del máster de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. Pero fue durante su mandato como rector cuando pasó todo. El actual magistrado del Tribunal Constitucional Pedro González-Trevijano estuvo al frente de la universidad 11 años, de 2002 a 2013, un periodo en el que la universidad creció –había nacido en 1996– y consolidó su oferta académica creando además una extensa red de colaboradores y profesores muy vinculados a la política y, en concreto, al PP.
Licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, la vinculación de González-Trevijano con los populares se remonta a sus años de estudiante, cuando coincidió con Gustavo Villapalos, que entonces comenzaba su etapa como joven profesor, que luego se convertiría en decano y rector de la Complutense y que, finalmente, fue elegido como consejero de Educación y Cultura por Alberto Ruiz-Gallardón. Villapalos, amigo a su vez de la propia Cifuentes, fue el creador de la URJC que, en sus inicios, vivió periodos convulsos –tuvo cuatro rectores en cuatro años– pero que consiguió cierta estabilidad precisamente al llegar Trevijano al poder. No obstante, la polémica le acompañó durante su mandato.
El también catedrático de Derecho Constitucional llegó al cargo de rector en mayo de 2002 y lo renovó en las elecciones de diciembre de 2005. Los estatutos de la URJC, aprobados en 2003, limitaban a dos el número de mandatos. Sin embargo, Trevijano volvió a presentarse a los comicios a rector en 2009. Fue entonces cuando su eterno rival, el catedrático de Estadística e Investigación Operativa David Ríos Insúa, con quien mantendría numerosos conflictos, impugnó su candidatura. Pero Trevijano argumentó que el reglamento se había aprobado cuando él ya era rector, por lo que no se podía aplicar de forma retroactiva, un aspecto que fue avalado por la Junta Electoral Central, que le permitió seguir adelante con su candidatura.
El actual rector, Javier Ramos, de la máxima confianza de Trevijano, fue precisamente el emisario que el entonces máximo dirigente de la URJC envió a Ríos para que retirase esa demanda que había presentado contra él. «Tú me quitas el contencioso porque me he presentado a la tercera reelección como rector y yo a cambio, ¿qué quieres?, dinero, profesores, departamentos, espacios…», le transmitió Ramos a Ríos. La comprometida conversación fue grabada y este es el audio, que desveló eldiario.es.
Posteriormente Trevijano se querelló por injurias contra Ríos, a raíz de unos comentarios anónimos vertidos en su página web, en los que se aseguraba que el actual magistrado y miembros de su equipo directivo se quedaban con comisiones de contratas de la universidad. A raíz de esa querella, un juez abrió diligencias previas en las que solicitó a la institución educativa un «listado desglosado de datos y sus correspondientes justificaciones» de una serie de partidas de «gastos diversos» que ascendieron a más de 400.000 euros para poder determinar si el comentario había incurrido efectivamente en un delito de injurias. La universidad publicó entonces una nota aclaratoria desglosando esos gastos.
Fernando Suárez, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones que fue vicerrector y mano derecha de Trevijano, y que le sucedería en el cargo en 2013, también tuvo un papel central en esa guerra entre Trevijano y Ríos. El director del departamento de Estadística, Antonio Alonso, denunció a Suárez por haberle amenazado en 2009 con quitarle carga docente y despedir a profesores si su departamento no retiraba el apoyo a David Ríos y se situaba a favor de la candidatura de Trevijano. Posteriormente, en 2016, Suárez se vio envuelto en un polémico caso de plagioque le obligó a adelantar las elecciones a rector que ganó el actual dirigente y persona de su confianza Javier Ramos.
Asimismo, Enrique Álvarez Conde, el gran responsable académico del escándalo del máster, era uno de los rivales internos de Trevijano dentro de la URJC. Con este catedrático, al igual que con otros, el entonces rector pactó un acuerdo de paz muy similar al que Ramos verbalizó en la antes citada grabación: paz a cambio de profesores, presupuesto, recursos… Una de las consecuencias de esa paz entre ambos académicos y sus respectivos partidarios fue la puesta en marcha del Instituto de Derecho Público donde Cifuentes cursó su máster. “Le dejó hacer y deshacer”, explica un profesor consultado por este diario sobre el papel de Álvarez Conde en el polémico instituto. Esta política clientelar de González Trevijano dentro de la universidad explica también la abundancia de contratos ilegales de profesores visitantes o la enorme cantidad de familiares de otros docentes en la URJC.
En la etapa de Trevijano entraron en la universidad contactos políticos e incluso a familiares de cargos del PP. Entre ellos se encuentran Isabel Ruiz-Gallardón García de la Rasilla, prima del exministro y presidente de la Comunidad de Madrid cuando se creó la universidad; Margarita Cifuentes Cuencas, hermana de la actual presidenta regional; Isabel Mayor Bastida, sobrina del exministro Jaime Mayor Oreja; o María del Mar Alarcón, cuñada del exnúmero dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados.
Varias fuentes aseguran, además, que fue Trevijano quien recomendó ante Cristina Cifuentes a Rafael van Grieken como consejero de Educación. Van Grieken también es catedrático de la URJC y es alguien de la confianza de Trevijano desde sus años como rector. Bajo su mandato, Van Grieken fue vicerrector de Investigación de la URJC. Desde ahí, Trevijano lo promocionó con la llegada del PP a un puesto relevante: la dirección de la ANECA, el organismo que valida los títulos oficiales del Ministerio de Educación, como el que obtuvo Cristina Cifuentes. Más tarde, con la llegada de Cifuentes a la presidencia de Madrid, Rafael van Grieken se convirtió en el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid.
La mujer de Trevijano, María Teresa Martín del Peso, también trabaja en la URJC como personal administrativo. Es amiga de Cristina Cifuentes y de Mayte Feito, la persona que la presidenta de Madrid envió al rectorado el día en que eldiario.es publicó su primera exclusiva, el día en que se fabricó el acta falsa que Cifuentes usó para defenderse y, posteriormente, pedir cárcel contra dos periodistas de eldiario.es. Del Peso también tiene relación con Amalia Calonge, la funcionaria que cambió las notas de Cifuentes. Además de la mujer de Trevijano, como desveló la Cadena Ser, también trabaja en la universidad María Teresa Martialay, esposa del exrector Fernando Suárez. Y dos hijos de otro rector, de Rogelio Pérez Bustamante. Asimismo, está contratado Mariano Sánchez Magdaleno, el hermano de María Teresa Sánchez Magdaleno, la todopoderosa gerente general de la universidad hasta su cese, en febrero.
Docentes de la URJC consultados por este diario mencionan el trato “exquisito” que mantuvieron con Trevijano durante su mandato. Es el caso de la catedrática de comunicación audiovisual y expresidenta de RTVE Carmen Caffarel, o el de Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política, que explica que “siempre se portó muy bien” con él y que tuvieron una relación “cordial”.
Otros profesores que prefieren mantener su anonimato explican que Trevijano “blindó” la universidad “llevando a gente influyente de distintos ámbitos” y vinculada a partidos políticos o sindicatos “tanto de izquierda como derecha”, de forma que “todos estuvieran contentos” y él pudiera ejercer el rectorado libremente y garantizándose que siempre se haría lo que él quisiera. Esto explicaría que, ante la polémica que ha generado el máster de Cristina Cifuentes, ningún gran sindicato de la universidad se haya aún pronunciado para denunciar las irregularidades, con la excepción de Somos Sindicalistas URJC.
Su relación con el poder no se circunscribe, por tanto, únicamente al PP, que en 2013 le hizo magistrado del Tribunal Constitucional. “Es muy ambicioso y mientras era rector siempre quiso que le nombraran o bien ministro o magistrado del Constitucional, lo que finalmente consiguió. Pero a pesar de su cercanía al PP supo mantener ciertos espacios de colaboración con personas de otros partidos”, señala otro profesor. Trevijano no es un magistrado más dentro del Alto Tribunal. Su nombre ha sonado en numerosas ocasiones como futuro presidente del TC. Fuentes del PP lo consideran una persona clave para el partido en este tribunal. Y es uno de los magistrados con más capacidad para llegar a acuerdos amplios con el resto de los magistrados conservadores y también con los progresistas. De hecho, formó parte de la Comisión de Expertos creada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para el futuro del Valle de los Caídos, siendo, no obstante, contrario al traslado de los restos de Franco que sí respaldaron los expertos progresistas.
Sus contactos llegan incluso a las más altas esferas del Estado por su participación como subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en la etapa de Carmen Iglesias como directora. Como explican trabajadores de la URJC que han conocido de cerca a Trevijano, éste mantenía una relación de amistad con Iglesias, con quien había coincidido en la Complutense. Y fue ella quien le puso en contacto tanto con el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, como con el actual Felipe VI, de quien fue profesora de Historia. Según explican, esa relación con el monarca está en el origen del “poder” de Trevijano tanto en su etapa en la universidad como ahora en el Tribunal Constitucional. Un docente explica que el exrector “se sirvió para su objetivo de llegar al TC de varios artículos en el ABC, en los que se dedicaba a halagar al Rey Juan Carlos”.
Distintas fuentes explican que, durante el mandato de Trevijano, Fernando Suárez era el “ejecutor” de sus órdenes. “Era quien dirigía la universidad por detrás mientras Trevijano se dedicaba más a las relaciones públicas y a la política”, apunta un docente. Trabajadores de la URJC explican que “mientras que González-Trevijano se codeaba tranquilamente con los reyes o con la alta política, Suárez es un hombre más gris, más de despacho”. Señalan, a su vez, que el actual rector, Javier Ramos, era alguien de su máxima confianza.
Este diario se ha puesto en contacto con Trevijano para conocer su opinión sobre el caso del máster de Cifuentes, contrastar todas las afirmaciones realizadas por sus excolaboradores contenidas en este artículo y preguntarle sobre los cargos y contrataciones aquí mencionadas. Pero el actual magistrado ha rechazado realizar cualquier tipo de declaración. Fuentes cercanas al exrector de la URJC han apuntado, en todo caso, que “sin prejuzgar el fondo del asunto” relacionado con la presidenta madrileña, él, como rector, “no tenía conocimiento” de que se hubiera matriculado en ese máster ni Cifuentes ni ninguna otra persona.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena JOSÉ LUIS CEREIJIDO / EFE
Muchos preguntarán: ¿es posible que un magistrado del Tribunal Supremo sea, al menos en apariencia, tan poco aseado instruyendo?
Posible es, porque está pasando, pero ninguna instancia en este país va a atender las quejas por este atropello
Anuncia el Parlament una querella por prevaricación contra el instructor Llarena por no permitir a Jordi Sánchez ejercer unos derechos que no tiene limitados, entre ellos el de ser candidato a una investidura. No es una buena idea. No digo que no haya motivos para interponerla, esos y otros, sino simplemente que como estrategia política no me parece inteligente. Tal querella no tiene ningún recorrido. Si alguien piensa a estas alturas que Llarena es efectivamente el llanero solitario es que no entiende nada de nada. Ningún juez en sus cabales daría los volatines que está dando el instructor sin saber que dispone de red. Llarena tiene red y esa red la tejen los mismos hilos que estarían llamados a aceptar una querella contra él. La querella será rechazada y el Parlament habrá logrado dar munición a los que quieren acribillarle.
No es el momento de interponer querellas, aunque hierva la sangre. Tampoco las que se preparan desde la sociedad civil o algunas organizaciones. No son querellas son entelequias. Nada que hacer dentro de nuestro sistema y eso es lo grave y eso es lo que precisa denuncia.
Tienen que entender que todo está viciado de origen. Quizá sea hora de recapitular para nota, ahora que están de moda las evaluaciones. Todo el procedimiento que se está siguiendo en la represión judicial de los independentistas catalanes es muy anómalo desde el principio. Verán, no son “formas” ni cosas menores. El derecho procesal es la aplicación práctica del derecho constitucional. Cada fórmula, cada requisito, cada paso está en realidad protegiendo un derecho o creando una salvaguarda. Saltárselos, inventárselos, crear un proceso nuevo es violentar tales derechos y eso es exactamente lo que está sucediendo.
Les decía que lo que empieza mal no puede acabar bien. Si recuerdan, el difunto fiscal general Maza estuvo anunciando que se querellaría contra los miembros del entonces Govern desde al menos una semana antes, que ya es curioso que te avisen de que van a por ti y cómo. No obstante, la querella no se presentó hasta el lunes siguiente a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y el anuncio de las elecciones. El motivo evidente era que, ya que se iba a soslayar la intervención de los jueces predeterminados, los catalanes, era más fácil que colara una vez perdido el aforamiento de los querellados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Así que se presenta la querella precisamente donde se quiere: en la Audiencia Nacional -que se había declarado con anterioridad no competente para tales delitos- y en el Tribunal Supremo. El motivo no es otro que acercar la investigación de estos hechos a los órganos que siempre hemos denunciado que están más expuestos a las presiones del poder y a la sensibilidad de la Razón de Estado y muchos de cuyos miembros han sido designados directamente por él. Miren qué curioso, a los magistrados del Tribunal Supremo los designan los vocales politizados del CGPJ, a los fiscales de la Audiencia Nacional los nombra el Gobierno en BOE, a los presidentes de Sala de tal tribunal también. Las cosas de comer no se le dejan nunca a la jurisdicción ordinaria en la que reside la verdadera independencia del Poder Judicial de este país. Al menos, siempre se intenta.
Nos invitan muchos juristas de bien a callar y a aceptar de forma acrítica los pasos del instructor porque, dicen, no conocemos lo que hay en el procedimiento. Sí conocemos los anómalos y extraños pasos procesales que se están siguiendo y que afectan a los derechos de los procesados. Esto en un caso que debería aparecer impecable, impoluto, resistente a cualquier análisis. Y ya no se trata sólo de la creación de secciones ampliadas para revisar los recursos de prisión y neutralizar a los que abogaban por la libertad. Todo es susceptible de empeorar.
El magistrado rompe la apariencia de imparcialidad cuando en el auto de procesamiento se convierte en parte de los agraviados. “Y aquí termina el relato de la estrategia que VENIMOS SUFRIENDO”, página 54 del auto que fue traducida al alemán saltándose ese pequeño detalle. El avance de la instrucción nos desvela un procedimiento que podría contener vulneraciones del derecho al juez imparcial, a un procedimiento con las debidas garantías, vulneraciones del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. Ahí es nada.
Unos ejemplos: Llarena ha pedido ahora a los expatriados que se personen en la causa. Ahora, después de habérselo negado durante todo este tiempo. No es casual. Lo hace porque si no están personados no pueden recurrir el auto de procesamiento y sin eso éste no devendría firme. Lo hace porque es preciso que sea firme y que estén en prisión para poder suspenderles de sus derechos políticos. Por contra se ha prohibido durante meses a los abogados de los investigados asistir a las declaraciones, el acceso a las actuaciones o plantear cuestiones al tribunal, pero no se les ha declarado rebeldes. Así que no se les considera presentes pero tampoco rebeldes y no hay otras situaciones legales posibles excepto el limbo en el que han estado hasta que ha interesado pretender que se personen.
No debe ser tan normal cuando la Audiencia Nacional mintió al responder a las preguntas de los belgas a la OEDE y contestó: “Los reclamados de entrega y sus abogados tienen acceso directo al expediente y además intervienen directamente en la práctica de todas las diligencias de investigación”. No es cierto. Tan poco cierto como que la malversación sea corrupción, a pesar de que se haya marcado por dos veces tal casilla. Esas OEDE´s con freno y marcha atrás, como de Jardiel Poncela.
Y así todo. Se ha tramitado el procedimiento como unas diligencias previas -por las notificaciones sin procurador, por la forma de los recursos- pero llegado a término no se incoó un sumario mediante auto y se pasó directamente al procesamiento. Son sólo ejemplos, insisto, porque hay mucho más.
Muchos preguntarán: ¿es posible que un magistrado del Tribunal Supremo sea, al menos en apariencia, tan poco aseado instruyendo? Posible es, porque está pasando, pero ninguna instancia en este país va a atender las quejas por este atropello.
Por eso las querellas no son una buena idea como no suele serlo darse cabezazos contra las piedras. Luego te saltan los sesos y los de enfrente te llaman descerebrado.
Pero el pecado existe y abril, recuerden, siempre ha sido el mes más cruel.
[74] La incalculable fortuna de Juan Carlos, rey: de la cuenta ‘Soleado’ a los negocios con Corinna
Cuando todavía era príncipe, con Franco como ‘caudillo’ del Estado, se firmó el acuerdo por el que cobraría de cada barril de petróleo que España comprara a Arabia Saudí. Al menos así lo han denunciado varios economistas. Su nombre también ha aparecido en operaciones policiales vinculadas a negocios con la trama Gürtel; por la cuenta Soleado; con el caso Malaya; con urbanizaciones en República Dominicana; y con las comisiones millonarias que compartió con Corinna Zu Sayn-Wittgenstein.
Es un secreto a voces pero la magnitud es inestimable. Los negocios internacionales del rey Juan Carlos I le han permitido acumular una gran fortuna desde sus primeros pasos como príncipe. Sin embargo, este patrimonio no se refleja en ninguna de las cuentas oficiales del Estado y es prácticamente imposible conocer, a ciencia cierta, cuánto dinero acumulan los Borbones y, en concreto, el rey emérito. La última cantidad atribuida a Juan Carlos I se aproximó a 2.000 millones, según la revista Forbes.
A pesar de este desconocimiento, sí que se han ido conociendo con el paso de los años algunos de los negocios privados del monarca emérito. Así, en 1977, el rey Juan Carlos I recibió del todavía príncipe saudí Fahd bin Abdulaziz el montante de 100 millones de dólares a interés cero con el supuesto objetivo de “fortalecer la democracia” en España. No obstante, hay quien asegura, como los periodistas Gregorio Morán y José García Abad, que de esa multimillonario cifra solo llegaron unos centavos a la Moncloa de Adolfo Suárez. Además, es todavía una incógnita si la Monarquía española devolvió ese préstamo.
La clave de los negocios del primer Borbón que reinó en España tras la II República es el petróleo. El economista neoliberal Roberto Centeno, exconsejero delegado de Campsa, asegura que, una vez asentada la democracia, las comisiones especiales ingresadas por la compra de cada barril de petróleo que adquiría España iba destinada a llenar las arcas personales del monarca Juan Carlos I, que en pocos años entró en las listas de potentados de la revista Forbes. Sin embargo, su nombre salió de la lista de los más ricos, seguramente a raíz de gestiones diplomáticas.
“Entre 1 y 2 dólares por cada barril de petróleo”
Para entonces, Juan Carlos I ya tenía por valido a Manuel Prado y Colón de Carvajal, con el que cobraba entre “uno o dos dólares” por barril de petróleo que compraba el erario público de España en los países árabes. Centeno intentó hacer cálculos sobre cuánto se llevaban el rey y su testaferro en un programa de radio hace unos años:
“La cifra no la recuerdo exactamente, pero había un sobrecoste. Es decir, entre comprarlo directamente, que estábamos hablando de treinta y tantos dólares [por barril] de aquellos años (si le ponemos la inflación ahora no sé cuánto saldría, desde luego el doble o el triple)… Pero, en fin, había comisiones que podían oscilar entre 1 y 2 dólares por barril y eso es una barbaridad por la cantidad de barriles de petróleo que caben en un superpetrolero: un petrolero de 200.000 toneladas lleva entre 1.400.000 y 1.600.000 barriles. Entonces, estamos hablando de que un petrolero le puede producir en aquel momento un beneficio de 2 millones de dólares del año 1979. Eso son palabras mayores”.
Durante esos primeros años de la monarquía parlamentaria, se sumaron a la corte del rey otros empresarios que también hicieron grandes fortunas en la época del pelotazo, como los Albertos o Javier de la Rosa. Y todos –también los Pujol o dirigentes del Partido Popular– acabaron poniendo su dinero en la misma saca, la del suizo Arturo Fasana, también conocida como la cuenta Soleado, que se encuentra en la banca de Suiza.
La cuenta ‘Soleado’ y las urbanizaciones en República Dominicana
La cuenta Soleado, donde presuntamente está el rey, salió a la luz con la detención del bróker suizo Fasana en el marco de la Operación Gürtel. Pero el monarca no está solo. De hecho, nadie sabe cuántos millonarios españoles hay en la famosa cuenta Soleado ni cuánto dinero guarda en total, pero por lo que han contado algunos de sus clientes –como el banquero y expresidiario Javier de la Rosa– puede tener allí guardados alrededor de 200 millones.
Sí que se conoce que allí guarda también su dinero la red de Francisco Correa, líder de la trama de corrupción conocida como Caso Gürtel, y algunos diputados del PP imputados por corrupción. La captura de Fasana se produjo en el aeropuerto de Barajas, después de que el comisario José Manuel Villarejo –hoy en prisión por cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal– le citara allí, en el marco de una operación policial en la que él no firma las diligencias y que estaba organizada por la UDEF que entonces dirigía el comisario José Luis Olivera… el que dice no saber quién es “M. Rajoy”. Sin duda, algo huele mal en la cuenta Soleado.
El juez tomó declaración a Fasana y le puso en libertad con cargos. Pero casi una década después la información relacionada con la cuenta que gestiona sigue bajo secreto de sumario, al igual que los supuestos ahorros del rey emérito que allí se atesoran.
En relación con estos comisarios también se destapó otro de los presuntos negocios del monarca designado por Franco, que al parecer afloró gracias a las investigaciones desarrolladas para la operación Malaya, aunque tampoco esta vez las pesquisas llegaron a buen término. Supuestamente, el emérito había hecho inversiones inmobiliarias en República Dominicana con empresarios relacionados con Juan Antonio Roca. Concretamente, se señalaba una promoción de superlujo que llevaba por nombre Urbanización Rey Juan Carlos I.
Corinna y las cuentas perdidas
Lo único que se sabe con certeza es que los negocios ocultos del rey emérito son el punto débil de la monarquía española y fue fácil comprobarlo cuando su íntima relación con la aristócrata alemana de origen danés Corinna Zu Sayn-Wittgensteincasi hizo saltar por los aires la institución, hasta el punto de hacerle abdicar.
La fortuna labrada por la pareja en sus años de romance gracias a los negocios, entre otros, con la petrolera Lukoil se estima en torno a los 30 millones de euros en efectivo. Este dinero estaría repartido en diferentes cuentas fuera de España, por ejemplo en Turquía, según afirmaron el comisario Villarejo y sus periodistas Eduardo Inda y Manuel Cerdán, como parte del chantaje que el pasado año quisieron hacer a la Casa Real y al CNI para librarse de los problemas judiciales que los acuciaban y que fue denunciado por Público.
Mantenidos a base de dinero público
A los ingresos de la Familia Real hay que sumar los casi 8 millones de dinero público que reciben cada año de los Presupuestos Generales del Estado. En 2017 las cuentas públicas destinaron 7.818.890,00 euros al mantenimiento de la Casa Real, un dinero con el que, según la propia institución, se hace frente a sus obligaciones económicas: retribuciones, cuotas y prestaciones sociales del personal de alta dirección, dirección y laboral a cargo de la Casa; gastos de funcionamiento, como material de oficina; determinados suministros; gastos de protocolo y de representación -almuerzos, cenas, recepciones-; viajes; adquisiciones de material diverso para el funcionamiento de los servicios, etc.
Este dinero también incluye los salarios tanto de los reyes como de los monarcas eméritos. Concretamente, en 2017, el rey Felipe recibió por cumplir su papel institucional un salario de 236.544 euros, un 1% más que el año anterior, mientras que Juan Carlos I dispuso de 189.228 euros, el 80% de lo que cobra su hijo y heredero. Por su parte, la reina Letizia tuvo asignado un sueldo de 130.092 euros y su suegra, doña Sofía, 106.452. Los salarios de los cuatro, no obstante, suponen el 8,5% del presupuesto de Zarzuela.
[76] El secretario de Organización de Podemos Galicia se inventa que es ingeniero
Juan José Merlo, diputado de En Marea, miente en su ficha oficial del parlamento Gallego y en la del partido. Reconoce a ABC que no terminó la carrera y asegura que «matizaré el error»
Suma y sigue la lista de políticos que inflan sus currículum. Juan José Merlo, secretario de Organización de Podemos en Galicia y diputado del grupo En Marea en el Parlamento gallego aparece como ingeniero industrial en su currículum oficial, pese a que nunca acabó los estudios. Su ficha oficial en la página web del Parlamento de Galicia dice: «Ingeniero. Se formó como ingeniero industrial y desarrolló su actividad laboral primero en el cuerpo de mandos de una conocida cadena de grandes almacenes y posteriormente al frente de una empresa de ingeniería y energías renovables. Participó activamente en diferentes plataformas del 15-M».
ABC se puso este jueves en contacto con el número dos de Podemos en Galicia, quien reconoció que «estuve estudiando Ingeniería, pero no me gradué». Preguntado por qué entonces se presenta como titulado en la información oficial remitida al Parlamento de Galicia, Juan José Merlo sostuvo que «solo tendría que figurar lo que yo trasladé, que me formé como ingeniero pero no acabé los estudios». Añadió que «si es erróneo, lo matizaremos, sin ninguna duda, porque ingeniero no soy».
Parece poco probable que sea un error del Parlamento de Galicia -institución que se limita a publicar en la web la información que facilitan los grupos-, ya que en la página de Podemos Galicia también aparece claramente el título que no posee: «Juan J. Merlo Lorenzo (Vigo, 27 de enero de 1972). Ingeniero Industrial en Automática y Electrónica. Especializado en gestión de mercancías y gestión de equipos de trabajo. Comencé mi carrera como gerente y gerente de área en grandes almacenes. Durante los últimos años he desarrollado mi actividad como gerente y diseñador en empresas de ingeniería y energía renovable» (ambas consultas y pantallazos son de este jueves por la noche).
Ampliación donde dice «ingeniero industrial en Automática y Electrónica»-ABC
Precisamente, fuentes consultadas por ABC sostienen que un ingeniero gallego ha pedido al colegio profesional que investigue si el alto cargo de Podemos realizó trabajos como ingeniero sin serlo, mientras estuvo al frente de su empresa, Mersol Montaje de Energías Renovables S.L.. Juan José Merlo aseguró ayer a ABC que él dirigía la empresa pero «nunca» firmó ningún proyecto como ingeniero. Un antiguo compañero de estudios relata a este diario que «no aprobó ni un parcial». «Al primero que se presentó sacó nota negativa, porque era un examen tipo test en el que las respuestas equivocadas restaban», añade.
El político de Podemos sostiene que tuvo que dejar los estudios «porque tuve un hijo pronto y me puse a trabajar en unos grandes almacenes». Juan José Merlo es, además de hombre fuerte de Podemos en Galicia, secretario de la Comisión de Pesca, Marisqueo y puertos del Parlamento regional y vocal de la Comisión de Industria, Energía, Comercio y Turismo.
Así dirigió Nuria Rodríguez, una editora de Atresmedia, el asalto al poder de «la rueda» en la SGAE, según el sumario judicial
El 17 de mayo de 2017, la Policía Nacional graba una conversación de Nuria Rodríguez, responsable del grupo Atresmedia para la edición musical. La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) sigue la pista de destacados miembros de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por un presunto fraude con el reparto a los más de cien mil socios de la entidad. Atónitos, escuchan a Nuria Rodriguez: «Pensábamos que poníamos a Sastrón y lo teníamos arreglado [José Miguel Fernández Sastrón, presidente de SGAE] y, mira por dónde, nos ha salido rana». La conversación forma parte del sumario de la operación contra el fraude de «la rueda de las televisiones» por el que las cadenas y determinados autores se compinchaban para lucrarse, al que ha tenido acceso ABC.
Al día siguiente, 18 de mayo, vuelven a grabarla en conversación con un miembro de la Junta Directiva de la SGAE, el bajista Fernando Illán, que le cuenta con pelos y señales una reunión, quién votó, quién dijo. Los agentes anotan: «En un momento dado de la conversación, Nuria dice (literal): “Yo me le quiero cargar a este tío [Sastrón], unidos o como sea”». Ese mismo día, habla también con Ana María Rubio Blanco, confidente y la esposa de otro miembro de la Directiva, Jesús Glück, para saber más, y dice que hay que movilizar a otros miembros. Asegura que hay que «jorobar» a Sastrón con una «campaña para echar mierda a este tío». Cree que «lo que pretende Sastrón es volver a los tiempos de Teddy».
Otros aliados suyos, según la Policía, son los hermanos Valderrama, componentes de Materia Prima. En conversación con Juan Fernández Valderrama, revela que el vicepresidente Javier Losada tiene obras a su nombre en «la rueda». Juan espeta que «Sastrón ya no compone como antes ni hace nada de lo que hacía, con lo que la SGAE para él es una tabla de salvación».
Campaña por el arbitraje
Hablan de crear una web de «SGAE leaks» para filtrar información sensible, y Nuria afirma: «Necesito un guionista para elaborar un discurso para realizar campaña en contra de la política que se está practicando». Valderrama dice que aún conserva una carta de Sastrón «en la que desaconsejaba absolutamente tanto a Reixa como a Acosta [expresidentes] acabar con este entorno». La conclusión es que «van a ir a tumbarle en la Asamblea de junio».
En 2017, Sastrón se había visto obligado a aceptar un arbitraje internacional para examinar el reparto de la SGAE, puesto que «la rueda» había reducido los ingresos del catálogo internacional y de los músicos de mayor éxito en España, en favor de los asociados a la trama. Ese arbitraje sembró la desconfianza en los miembros de la trama, que decían que Sastrón lo manejaba e iba a acabar con la situación ventajosa que tenían. Por eso, supuso la línea roja que movilizó a los miembros de la trama para «tumbarle». Todo estaba dispuesto…
Pero la Polícía Nacional lanzó la operación solo dos días antes de la Asamblea general de socios que la SGAE celebraba el 23 de junio de 2017. Queda constatado en el sumario que la operación reventó la conjura para «tumbar a Sastrón» en aquella Asamblea. Las escuchas telefónicas de la UDEV muestran que, bajo la dirección de Nuria Rodríguez, la editora de Atresmedia que programa música en las cadenas del grupo, miembros de la Junta Directiva pusieron en pie incluso una oficina de reparto de votos.
Oficina de votos y firmas falsificadas
¿Y cómo iban a tumbarle? Por la delegación masiva de votos manipulada para sus fines en la Asamblea. El 31 de mayo, Nuria Rodríguez explica en una conversación que por cada persona que vaya físicamente a la Asamblea pueden hacerse tres delegaciones de voto. Con todas las delegaciones que le llegan «ella asigna a quién se delega, por eso es importante que no se ponga en el sobre a quién se delega, solo la firma».
Moviliza miles de votos de este modo, habla con delegados de fuera de Madrid que le prometen todos sus votos, según se ve en el sumario. Una de sus interlocutoras se pone «a muerte con ello» y otra dice que «les va a decir que solo firmen y lo manden a Antena 3 a la atención de Nuria». Llama la atención a los investigadores que sea desde la cadena desde la que se interfiere así en la vida de una entidad tan importante como la SGAE.
Entran en escena Hevia, el gaiteiro, y su hermana María José. Ésta le pregunta por la oficina que han abierto para delegar el voto. Muy céntrica. «Nuria le dice que sí, en Zurbarán 7». María José Hevia va a delegar el suyo y el de las editoriales afines «aunque el de José [su hermano, el gaitero] necesitaría tener la firma». Y Nuria «responde que le haga un garabato y ya está, cosas peores han hecho».
«Soy como un fantasma allí»
Las irregularidades no tienen fondo. Logran tantos votos que «Nuria dice que no está físicamente en la Asamblea, pero que es como si estuviera porque es como un fantasma allí». Según los investigadores, lo es mucho antes: «Nuria es capaz de manipular a su antojo a los miembros de la SGAE y por consiguiente cada decisión que se toma» en la entidad. También dicen que «las directrices de las cadenas de televisión manejadas por Nuria son claras, en el sentido de incrementar al máximo las emisiones de aquellas composiciones de las que son titulares de derechos, con la finalidad de obtener un mayor rendimiento». En otra llamada del 2 de marzo, Nuria detecta que ha programado en Antena 3 y en La Sexta música de otro catálogo y exclama: «Por favor, por favor, no me digas que le estoy dando pasta a otro». Añade: «Que quiten ese catálogo de donde esté y arreglado».
La intervención policial de hace un año rompió la conjura de «la rueda» y Sastrón no cayó en la Asamblea. Los protagonistas, algunos detenidos y puestos ante la Justicia, se retrajeron. Pero en septiembre fueron expulsados los editores multinacionales de la Junta, que son los archienemigos de las cadenas de TV y de Nuria Rodríguez en esta pugna por el poder en la SGAE.Ahora, ni el Ministerio ni la organización internacional de entidades de gestión respaldan a Sastrón. Su nimia mayoría en la Junta actual se debe a los votos de «la rueda».
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No hay instalaciones de producción de armas químicas en Siria, hecho que fue constatado por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ)
opresor de TODOS los pueblos del Estado Español y de TODA la clase trabajadora.
Cierto es que el anuncio sobre la supuesta reconversión al «leninismo» del PCE,realizado durante su reciente XX Congreso, se presentó siempre para los observadores críticos más como una declaración destinada a reenganchar a sus muchos simpatizantes decepcionados, que como una genuina autocrítica y renuncia a la esencia eurocomunista de esta organización.![[Img #53616]](http://canarias-semanal.org/upload/img/periodico/img_53616.jpg)
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