ESCLAVITUD LABORAL Y SEXUAL. LA TRATA DE PERSONAS EN LOS CAMPOS DE FRESAS DE HUELVA: ANTECEDENTES PUBLICADOS (2001 – 2010)

Indice – Esclavitud en la España del siglo XXI

REPORTAJE:ABUSOS SEXUALES A INMIGRANTES

[1] Víctimas del oro rojo

Temporeras extranjeras denuncian abusos de sus patronos en la recogida de fresa en Huelva – La explotación sexual en el campo es un secreto a voces, pero nunca hasta ahora han prosperado acusaciones contra los responsables de una actividad competitiva en Europa

Por JERÓNIMO ANDREU / LIDIA JIMENEZ

Artículo publicado en El País
 

“Tienes que ser buena”.

Los patronos se deslizaban por la noche en los barracones de las trabajadoras marroquíes. Las casas, prefabricados llenos de literas, quedan en medio del campo, perdidas entre los invernaderos de fresas, a kilómetros del pueblo más cercano.

Levantaban las sábanas y contemplaban el cuerpo de las mujeres desnudas sobre la cama. Luego pasaban al baño. Si alguna se estaba duchando, la obligaban a continuar delante de ellos. Y después:

-O te dejas, o te quedas sin trabajo.

Dos denuncias de abusos sexuales contra cinco patronos españoles presentadas por ocho mujeres marroquíes de entre 18 y 30 años siguen su curso en juzgados de Huelva. Hasta ahora, las trabajadoras de la fresa (mayoritariamente marroquíes, rumanas y polacas) que cada año recogen 250.000 toneladas de frutos nunca habían levantado la voz contra empresarios y encargados. Contra otros extranjeros responsables de agresiones y violaciones, sí -en los andenes de las carreteras, en los campos de noche, a las puertas de las discotecas-, pero las acusaciones no tocaban a los jefes y, en los contados casos en que lo hacían, no llegaban a juicio. Todo a pesar de que hace 20 años que en Huelva se habla de visitas nocturnas a la caseta de las mujeres.

“Uno de los acusados afirmó que ella le pidió que lo hiciera. Claro: dos ya la habían violado y ella quería terminar”

Decir “no” nunca es fácil. Shadia, de 25 años, lo hizo. “Desde entonces he tenido problemas por los papeles, pero lo prefiero”

-O eres buena conmigo, o no vuelves el año que viene.

Eso es lo que presuntamente los acusados, de Palos de la Frontera y Moguer, susurraban al oído de sus víctimas. Mujeres que soportaban el acoso a cambio de no ser despedidas. El fiscal de extranjería de la Audiencia Provincial de Huelva, Miguel Ángel Arias, ha reconocido la existencia de ambos procesos.

El primero nace de la denuncia que cuatro chicas interpusieron en abril de 2009 contra el propietario de la finca en la que trabajaban, su hijo y un encargado, todos entre 30 y 55 años. Les acusan de coacción, amenazas y acoso sexual continuado. Las humillaciones se trasladaban al campo. Si no se portaban como ellos querían, les prohibían ir al baño y beber agua a 40 grados bajo el sol. “Hazme caso o te cuento menos cajas”, recuerda una de las mujeres que le decía riendo el encargado. El regreso de la trabajadora al año siguiente depende siempre de los kilos recogidos.

Las víctimas permanecieron calladas durante tres meses. Fue un testigo, un trabajador rumano, quien se personó ante la Guardia Civil de Moguer. Los agentes se encontraron en la finca con un amplio relato de horrores. El juzgado de la localidad entendió que existían suficientes indicios y envió el caso a la Audiencia Provincial de Huelva, en donde se espera el juicio para el otoño.

El segundo proceso está en fase de investigación. A finales de la campaña pasada, en junio, otras cuatro marroquíes de una finca de Palos de la Frontera denunciaron acoso sexual directo bajo amenaza. Los argumentos de los agresores eran los mismos: tenían que ser “buenas”. Presuntamente se consumaron actos sexuales en numerosas ocasiones. A este cuadro habrá que añadirle un delito de prostitución coactiva si llega a probarse que el jefe recibió dinero de amigos a cambio de franquearles el acceso a las chicas.

Que tras una denuncia contra los patronos se llegue a juicio es tan infrecuente que la Guardia Civil decidió grabar todos los testimonios para que no se frene el proceso si las mujeres desaparecen. Fuentes judiciales apuntan la extrema complejidad del asunto: “En muchos casos hablamos de consentimiento viciado. Los empresarios no tienen ni que forzarlas. La situación de desprotección absoluta predispone todo. No hay uso de fuerza, no les ponen un cuchillo al cuello”.

El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva (Freshuelva), Alberto Garrocho, no ha oído hablar de las denuncias, y recuerda que estos casos son delicados porque pueden esconder venganzas o chantajes. Pero para eso haría falta denunciar, y eso no es lo más común: “Yo sólo recuerdo un caso en el que se hayan visto envueltos mis asociados. Además, se desechó enseguida su culpabilidad”, cuenta.

Resulta difícil encontrar en Huelva a alguien que acepte hablar mal de la fresa a cara descubierta. El fruto se conoce como el “oro rojo” y factura anualmente 320 millones de euros. Guardia Civil, jueces, políticos, empresarios, periodistas… Todo el mundo ha oído algo sobre abusos, pero no es un tema de conversación agradable: la fresa es el sustento de media provincia. Hace dos semanas, una campaña institucional intentaba relanzar su proyección internacional después de que una serie de documentales en Francia y Alemania hayan atacado las condiciones de trabajo y el desgaste medioambiental que supone el cultivo. Probablemente la indignación europea no sea completamente altruista: la presión de Huelva, que exporta el 80% de su producción, está siendo atroz para los freseros de Europa central, que han encontrado en la buena voluntad de ecologistas y activistas un asidero para relanzar su producto contra la “perversa” agricultura española.

La cosecha de este año, a punto de finalizar, ha empleado a unas 65.000 personas, bastantes menos que otros años debido a la crisis económica y a las pérdidas provocadas por el temporal del invierno. El cupo mayor lo componen 50.000 trabajadoras locales, es decir, extranjeras con residencia en España, europeas (rumanas y polacas) y un mínimo de españolas. La situación más dura corresponde a las marroquíes contratadas en origen, que deben abandonar sus países durante cinco meses. Este año han sido unas 4.500, un contingente muy inferior a los 35.000 extranjeros que acudieron a Huelva en 2005, cuando los nacionales cambiaron el campo por El Dorado del ladrillo. Los empresarios prefieren mujeres por una retahíla infinita de argumentos (mansedumbre, resistencia al dolor después de horas agachadas…), pero sobre todo porque conservan lazos familiares que les invitan a regresar a sus países. Tener niños suma puntos a la hora de lograr un contrato.

Pese a las suspicacias que pueda suscitar la cruzada europea, la realidad de la fresa es indiscutiblemente dura. Desde que el reportaje La rançon de la fraise (El precio a pagar por la fresa) de France5 señaló los invernaderos onubenses, Europa los observa con lupa. Una delegación de eurodiputados los visitó hace casi un mes para elaborar un informe. “No me quedan ganas de comer fresas”, anunció la eurodiputada de los Verdes Hélène Flautre al fin de la inspección. La francesa calificó la situación de “trágica”. Protestó por la ausencia de agua potable, el hacinamiento y la “complicada” situación de las mujeres, “muy vulnerables y absolutamente dependientes de su empleador”. Lejos de los gritos de indignación de Bruselas, en su despacho un abogado de oficio de Moguer pasa silenciosamente las páginas de una agenda: dos o tres casos de violencia de género por semana, alguna rueda de reconocimiento por violación… Un paseo por varios bufetes del pueblo deja un muestrario de historias terribles. “Tres marroquíes a una polaca”, rememora un letrado: “Lo más frío que he visto. Uno de los acusados afirmó que ella le pidió que lo hiciera. Claro: dos ya la habían violado y ella quería terminar”.

Todos los abogados coinciden en que les llegan muy pocos abusos por parte de patronos. Aun así, son capaces de enumerar varios. Por ejemplo, el de una chica que presentó una denuncia jurídicamente redonda después de que su jefe la subiera a un coche y la violase. Recordaba el modelo del vehículo, la matrícula, habían quedado huellas de los zapatos de él en el barro… Pero a última hora la mujer retiró la denuncia y desapareció. “Le pagó”, dice el abogado. Hay más historias: “Cuatro polacas; una de ellas denunció porque un pariente suyo conocido en el pueblo tomó la iniciativa. Un chico de la finca iba allí con otros tres amigos y se aprovechaban de ellas”.

El riesgo total en el que viven las braceras queda confirmado por una visita al cuartel de la Guardia Civil de Mazagón. Un agente relata llamadas de mujeres acorraladas en sus barracones por borrachos que intentan entrar.

Mujeres acosadas. Para verlo basta con pasear por la tarde por la carretera de Moguer a Palos. En los lindes no hay pinos ni vegetación, sólo el plástico de los invernaderos, un océano y, más allá, el skyline humeante del polo químico. Por el arcén camina una procesión de trabajadoras tras hacer la compra en el pueblo más cercano. Algunas, cubiertas con pañuelos; otras, las europeas del Este, a menudo escotadas y con grandes aros. Dos hombres marroquíes se acercan a un grupo de chicas cargadas de bolsas. Les dicen algo; las mujeres se alejan con cara de asco. Unos metros más allá les esperan tres subsaharianos desocupados, habitantes de los poblados chabolistas que abundan en la zona: las devoran con los ojos.

El sexo y la dominación son componentes de la crónica privada del campo onubense. Las mujeres trabajan con camisetas anudadas por encima del ombligo. No quieren gustar a nadie, explican en voz baja; simplemente, no soportan el calor. A la hora de recoger la mercancía, camioneros y capataces se pasean entre ellas. Se detienen y lanzan algún piropo no demasiado elegante. Las muestras de hombría se aplauden. “Ser guapa no siempre es bueno”, sentencia el dueño de un cibercafé de Mazagón al que las chicas acuden para llamar a casa. Allí dice que le cuentan todo tipo de violaciones, agresiones, maltratos, abusos de poder… pero, a la hora de la verdad, ninguna quiere oficializarlo.

Acosadas, abusadas y también moneda de cambio. En la finca El Morcillo se destapó en 2008 una trama de corrupción que desembocó en la imputación de cuatro técnicos de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Los funcionarios hacían la vista gorda a la hora de denunciar la destrucción de monte público para convertirlo en terreno agrícola. En la investigación aparecieron fotos de chicas abrazadas a los guardias, y en las casas forestales, preservativos.

Una de las naves en terreno ilegal estaba destinada a fiestas con las inmigrantes. La sala-discoteca se iluminada con luces tenues y tenía una barra para servir bebidas. El trasiego de coches era constante, tanto que la policía llegó a sospechar que existiera una red de prostitución. Las chicas declararon que eran “novias” de los imputados. El juicio se celebrará en los próximos meses y el fiscal solicita 20 años de prisión por cohecho, negociaciones prohibidas y omisión del deber de denunciar delitos. “Esos cargos están muy claros, pero en lo sexual no se puede demostrar nada más allá de que existía un trato de favor hacia las chicas que los guardias identificaron como sus novias”, apunta una fuente de la investigación. Entre los beneficios, las mujeres trabajaban menos horas y contaban con habitaciones individuales.

El de El Morcillo puede parecer un caso en el que se difumina la relación explotador-explotado. Las braceras proceden en muchos casos de realidades sociales duras. En España recolectan fresas durante seis horas y media diarias y, en ocasiones, después trabajan por la noche en los almacenes. La recompensa por jornada es de unos 36 euros, como marca el convenio del campo más bajo de Andalucía (junto al de Almería, reina de la fórmula “invernaderos e inmigrantes”). Caer en los juegos de seducción de los patronos puede resultar rentable, repiten muchas de las fuentes consultadas.

Pero no hay que perder de vista que hay ocasiones en las que no queda opción: aceptar los envites del patrón puede ser la única alternativa, más aún cuando se han detectado casos de mujeres que pagan altas cifras en sus países para conseguir un contrato. Con deudas, hijos, etc. es difícil negarse a nada, ni resistir amenazas.

El silencio es una consecuencia lógica. Ante los abusos sexuales algunas mujeres no sólo temen perder el trabajo, también quedar señaladas, convertidas a ojos de los demás en fresas podridas. “Si se entera su familia, es un problema”, explica el secretario general del Sindicato de Obreros del Campo, Diego Cañamero. “No tienen una mentalidad reivindicativa ni feminista. Temen que las culpen a ellas”.

Plantarse nunca es fácil. Shadia, de 25 años, lo hizo. Como muchas marroquíes, llegó a Huelva dejando en su país a un niño de pocos meses y empezó a trabajar en las fincas. Pero ante la presión de su jefe -un empresario español- para que mantuviera relaciones con él, se despidió a las seis semanas. “Le gustaban las chicas que venían de Marruecos”, cuenta. “Cuando una no quería estar con él, la mandaba de vuelta a casa. Muchas decían que sí, pero yo no quería eso, así que me fui a Almería. Desde entonces he tenido muchos problemas por los papeles, pero lo prefiero”.

En los invernaderos se suda y se sufre, pero afuera hace frío. Así lo relata Milouda. Añora con todas sus fuerzas los años en los que trabajaba en la fresa. Quiso quedarse en España, se convirtió en una ilegal y ahora en ninguna finca quieren contratarla. Vive de la prostitución, y habla de clientes viejos que le hacen cosas que no quiere. Ese parece ser el destino de parte de las mujeres que pasan por la fresa: terminar haciendo cosas que no querían. El presidente de Freshuelva insiste en que no puede demonizarse a la ligera un negocio del que viven miles de familias, pero es innegable que los invernaderos y barracones mueven mucho dinero, tanto como para crear una euforia similar al sentimiento de impunidad. Un caldo de cultivo ideal para el abuso de poder. –

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 13 de junio de 2010

 

 

SUMARIO: 

[1] Victimas del oro rojo, por Jerónimo Andreu y Lidia Jimenez (junio 2010)

[2] Signos de esclavitud en Huelva, por JOSÉ FERNÁNDEZ VÁZQUEZ (mayo 2001)

[3] La empresa denunciada por esclavitud en Huelva sigue explotando a los inmigrantes, por EFE (mayo 2001)

[4 ] Los guardias civiles de baja en Almonte se niegan a declarar, por LUCÍA VALLELLANO (diciembre 2005)

 [5 ] Un infierno para 600 mujeres, por SERGIO LÓPEZ (agosto 2008)

 [6 ] Una TV francesa dice que las temporeras de la fresa sufren acoso sexual generalizado, por Europa Press (mayo 2009)

[7] Temporeras extranjeras denuncian abusos de sus patronos en la recogida de fresa en Huelva, por Stemadmin (junio 2010)

 

Llevaba ya algún tiempo muerto,  cuándo una voz me sorprendió.

– ¿Confías en mi?

– No.

– Buen comienzo.

Fue cuando el tiempo volvió a nacer.

 

[2] Signos de esclavitud en Huelva

 

Por JOSÉ FERNÁNDEZ VÁZQUEZ

Artículo publicado el 5 de mayo de 2001 en El País
 

Nos alegramos mucho de que la organización Freshuelva haya expulsado a la empresaria Mireia Giorgi, gerente y propietaria de Doñana 2000.

No menos satisfacción nos produce que UGT y CC OO hayan plantado cara a esta empresa. Sin embargo, no nos debemos conformar con tan pequeños gestos, cuando la actuación permanente de Doñana 2000 era y es gravísima, y cuando además existen otros muchos casos similares en demasiados puntos freseros de la provincia que deben ser descubiertos y erradicados.

Fuimos nosotros, el Sindicato de Obreros del Campo y del Medio Rural (SOC) en Huelva quienes dijimos el pasado año que en el tajo de Doñana 2000, al lado mismo de donde tiene su ermita la Virgen del Rocío, unos 80 marroquíes estaban viviendo en condiciones terribles, con claros signos de esclavitud. Apenas se nos creyó. Es más, algunos nos acusaron de crear alarma social; otros como CC OO, UGT y Asaja no tuvieron ningún escrúpulo en sentarse en la misma mesa con Mireia Giorgi y ante los medios de comunicación apoyarla frente a nuestras denuncias.

A pesar de que se intente presentar el caso Doñana 2000 como un hecho aislado, nosotros tenemos que desmentirlo, si no trastocamos la realidad que venimos comprobando en el campo fresero onubense.

En las grandes extensiones freseras en Huelva (cerca de 8.000 hectáreas) hay un denominador común. No existe respeto, no se dignifica el trabajo que desarrollan los 50.000 temporeros, incluidos los 5.000 inmigrantes. ¿Signos de esclavitud? Juzguen ustedes. Es casi imposible encontrar a una sola empresa del sector que cumpla el convenio provincial del Campo en todos sus extremos. Las viviendas mejoran, pero muy lentamente. Aun así, en casas destinadas al cobijo de familias temporeras, con algo más de 25 metros cuadrados, no es nada extraño encontrarte con hasta 14 personas pertenecientes a distintas familias que son separadas por una simple cortina de tela o plástico. Chozas, tiendas de campaña, plásticos sostenidos por trozos de maderas…, son otras formas que se ven en zonas freseras y que da cobijo a gitanos, portugueses, lituanos, ecuatorianos o subsaharianos que están recogiendo fresas. No hay agua potable, no hay posibilidades de higiene, no hay luz, no hay nada.

Claro que hay guarderías, pero con plazas limitadas, insuficientes para la demanda de niños que se desplazan con sus padres. Igual ocurre con los colegios. Así te sueles encontrar con niños en edad escolar tirados en los campos esperando que vuelvan sus padres del trabajo. Algunos incluso trabajan.

No es destajo puro y duro, pero se asemeja. Los ritmos de trabajo o los topes de cajas que imponen en el desarrollo de la jornada laboral, para que el empresario obtenga buenos y amplios beneficios, están presentes -me atrevo a decir- en todos los tajos de fresas. El trato humano es humillante para la gente que trabaja: controlan el número de cigarros que se fuman trabajando, el número de veces que paras para hacer tus necesidades, el número de ocasiones que te pones de pie para enderezar tu cuerpo porque tu cintura te lo está reclamando…. Se manifiestan amenazas, hay tratos vejatorios por parte de los manijeros o encargados.

Las condiciones laborales son igualmente miserables para las posibilidades que tiene el sector y también para el tipo y el esfuerzo que cuesta una jornada normal de trabajo. La recogida de la fresa es un trabajo durísimo y pagar por un día 4.636 pesetas es ridículo y hasta vergonzoso. Aquí tienen una responsabilidad grandísima las organizaciones sindicales y los firmantes del convenio provincial.

No es exagerado decir que existen claros signos de esclavitud en nuestra provincia. No es ninguna invención nuestra, cualquiera de las afirmaciones que estamos haciendo y que el SOC viene sosteniendo como simple pero dolorosa realidad, están al alcance de quien quiera verla dándose un paseo por la zona fresera de Huelva.

Aunque nos gustaría dejar de denunciar estas injusticias, nos comprometemos públicamente a que mientras haya un solo caso de abuso laboral o social, en algún lugar de Huelva, allí estaremos sin dudarlo para denunciarlo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 5 de mayo de 2001

 

[3] La empresa denunciada por esclavitud en Huelva sigue explotando a los inmigrantes

CC OO la acusa de trasladar a los extranjeros a recoger fresas de madrugada dentro de camiones frigoríficos

Por EFE

Artículo publicado el 17 de mayo de 2001 en
 
 
El secretario general del sector agroalimentario de Comisiones Obreras de Huelva, Santiago Lepe, denunció ayer que la empresa Doñana 2000, en la que el Ministerio de Trabajo detectó hace un mes a más de un centenar de inmigrantes en condiciones «infrahumanas y de explotación», continúa trabajando «con impunidad» y aseguró que los inmigrantes «siguen en las mismas condiciones».Lepe señaló que los cien trabajadores extranjeros, que carecen de documentación, salvo unos pocos, viven en un almacén que la firma tiene en Rociana del Condado y en dos solares del mismo municipio en el que hay «cerdos, vacas y cabras». Además, explicó que los inmigrantes son trasladados de madrugada a la finca fresera en camiones frigoríficos y que no han podido ser interceptados porque van precedidos de un vehículo que da la alerta.Lepe, que ha puesto la situación en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno, lamentó que las autoridades permitan «que los piratas sigan trabajando», a lo que añadió que «habrá que esperar que ocurra un accidente o algo similar para que se tomen medidas». No obstante, afirmó que hay trabajadores que ya han cobrado, aunque quedan cuarenta que siguen sin salario.Señaló que «no se está midiendo a todo el mundo por el mismo rasero, ya que esta empresa no cierra y la pasada semana se denunció a tres empresarios de La Redondela». A pesar de esta situación, Lepe señaló que el 95 por ciento de los empresarios freseros de la provincia «son honrados», pero siempre hay «un tanto por ciento que son los piratas y son los que suenan».Por su parte, el consejero andaluz de Gobernación, Alfonso Perales, insistió ayer que la Junta se personará como acusación particular en las diligencias judiciales que se abran en los casos de explotación de inmigrantes, aunque agregó que este caso concreto no lo conocía.
 
 
 

[4] Los guardias civiles de baja en Almonte se niegan a declarar

Por LUCÍA VALLELLANO

Artículo publicado el 2 de diciembre de 2005 en El País
 

Los 27 guardias civiles del cuartel de Almonte (Huelva) que se encuentran de baja para el servicio desde el pasado martes se negaron ayer a aportar información al comandante que investiga la situación de bajas generalizadas en ese puesto. Se trata de la baja del total de los efectivos que conforman la Guardia Civil de esa localidad y del destacamento especial del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). Los agentes se acogieron a su derecho constitucional de no declarar atendiendo las recomendaciones de los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Los agentes pasaron ayer revisión médica a cargo del facultativo del Servicio de Sanidad de la Comandancia de Huelva que se trasladó hasta Almonte para comprobar si existía una alerta sanitaria. El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, José Manuel del Valle, consideró que la revisión médica y la petición de declaraciones constituían “un error” que podía elevar la “crispación y la tensión” de los agentes. Del Valle señaló que no es normal que se efectúen controles médicos “con unas bajas de una duración de tan solo tres días”. Del Valle criticó la toma de declaraciones ordenada por la Comandancia de Huelva. “No es el momento. Estos guardias no están en condiciones de dar información. No sabemos si de las declaraciones de los agentes se puede derivar algún expediente disciplinario, así que en defensa de los guardias hemos aconsejado que se nieguen a declarar”, dijo. Del Valle reprochó a la Comandancia de Huelva que no haya “explicado el objetivo de esa petición de declaración”.

Los 27 agentes de la Guardia Civil han argumentado para darse de baja las “amenazas y agresiones” que padece el cuerpo en Almonte desde marzo pasado que imposibilita, “el ejercicio de sus funciones por el alto riesgo que corren”. La situación extrema que les ha llevado a adoptar esa iniciativa de manera colectiva ha sido que esas amenazas han afectado a sus familiares, argumentan. Los agentes han denunciado cuantiosos daños en su propiedad privada, como la quema de vehículos en el propio cuartel y pintadas amenazantes tales como Picoleto cabrón, entre otras.

“La baja ha sido algo espontáneo, sin planificar. Y ha sido porque la situación ha llegado a ser insoportable”, declaró ayer uno de los guardias . “Nuestras mujeres y nuestros hijos tienen miedo. Los ánimos de todos están fatal”, señaló. Como detonante de las amenazas y agresiones, el agente apunta a la detención de una persona que, el pasado mes de marzo, presuntamente incendió tres vehículos en una misma noche. “A partir de que quedase inmediatamente en libertad, empezó todo”, dijo. “Pero creemos que ahora son más y que están relacionados con él”, informa Manuel J. Albert.

Por otro lado, fuentes de la investigación indicaron ayer que los “primeros indicios” apuntan a que “no existe esa amenaza real que señalan”. También indicaron que “es probable que detrás de todo esto sólo haya una reivindicación de carácter laboral, aunque aún es prematuro establecer conclusiones”. Esas mismas fuentes señalaron que “muchos guardias se enfrentan a esto en su día a día. Aquí se está haciendo un falso plural de incidentes puntuales cuyos responsables ya han sido detenidos”.

José Manuel del Valle lamentó que el subdelegado del Gobierno, Manuel Bago, no haya respondido aún al requerimiento que la asociación le hizo por escrito de mantener una reunión para analizar la situación de los agentes. En la carta, la asociación detalla las agresiones que han sufrido los guardias. El 12 de marzo pasado se produjo la quema de un vehículo propiedad de un Guardia Civil. Posteriormente, los días 19 y 26 de noviembre, se registró la quema de otros dos vehículos y el pasado 24 “aparecieron pintadas en la pared exterior del cuartel realizadas durante la noche y con varias amenazas e insultos”. En la misiva, José Manuel del Valle indica que en el cuartel se carece de las “medidas de protección y de seguridad adecuadas”. Del Valle señala que “no existen cámaras de seguridad a pesar de que han sido solicitadas”.

La Comandancia afirmó ayer que la vigilancia se cubrirá con agentes de otras unidades”.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de diciembre de 2005

 

[5] Un infierno para 600 mujeres

Por SERGIO LÓPEZ

Artículo publicado el 10 de agosto de 2008 en El País
 
El poniente almeriense es famoso por el mar de plásticos que lo cubre, la huerta de Europa que ha convertido una zona antaño deprimida en una de las de mayor renta por habitante del país. También es conocido, a un nivel más subterráneo, por la profusión de clubes de alterne que, entre invernadero e invernadero, salpican toda la comarca. Un paraíso para los asiduos al sexo de pago y un infierno para miles de mujeres de nacionalidad rusa. Casi 600 fueron identificadas tras ser secuestradas y forzadas a prostituirse en 14 burdeles de esta comarca y otros 12 del resto del país, según el Cuerpo Nacional de Policía.

La mayor parte llegaron convencidas de que venían a trabajar “en los invernaderos de Almería o en la recogida de la fresa en Huelva”, explica José Nieto, inspector jefe de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades (UCRIF) de la Policía Nacional. Unas pocas sí sabían a lo que venían; pero eran engañadas en cuanto a las condiciones. Una vez en España perdían todos sus derechos, incluida la libertad de movimiento.

Este caso de esclavitud en pleno siglo XXI ha salido a la luz tras 20 meses de trabajo de la UCRIF en colaboración con la Unidad de Delitos Monetarios de la Policía Judicial y diferentes policías locales. La colaboración de las autoridades rusas ha sido, asimismo, vital para el éxito de la operación.

A finales de 2006, la UCRIF y el Juzgado de Instrucción número 5 de El Ejido comenzaron a sospechar de las actividades de algunos de los muchos burdeles que rodean la ciudad. Las primeras pesquisas condujeron, cuatro meses después, a la detención de 17 personas y al cierre de tres locales. Se intervino, además, abundante documentación -agendas, contabilidad, grabaciones telefónicas- que evidenciaba un tráfico ilegal de personas para su explotación sexual a una escala nunca vista. Tirando de este hilo, la Policía ha llegado a desmadejar una enmarañada red mafiosa hispano-rusa. La llamada Operación Zarpa es el mayor golpe a las mafias de explotación sexual de la historia en España. Hay 99 detenidos, 30 en prisión preventiva, y 599 mujeres rusas han sido identificadas en los 26 clubes clausurados; aunque la policía cree que son sólo una pequeña parte de las que eran controladas por la mafia.

La red llevaba trabajando al menos cuatro años y, dado el dinero enviado a Rusia -unos 2,5 millones de euros con los que se pagaba a los agentes que colaboraban con las madames rusas en la captación de futuras esclavas sexuales- y la documentación incautada, la cifra de 10.000 víctimas podría no ser exagerada, en opinión de la policía.

Cada uno de los clubes estaba regentado por un matrimonio hispano-ruso. El marido, español, era el encargado de la gestión empresarial del local. Su mujer, rusa, se ocupaba de captar a jóvenes en su país natal, traerlas engañadas y obligarlas a prostituirse una vez estaban aquí. El control que la red imponía a las chicas era tan férreo que residían en los propios clubes cuando éstos tenían licencia de hostales. Y si no, lo hacían en pisos cercanos donde convivían con topos, antiguas víctimas que habían ascendido en la red criminal y se dedicaban a delatar a sus compañeras cuando éstas intentaban rebelarse.

Para impedir que las chicas denunciasen su situación, la red recurría a la violencia física, pero también a la psicológica. “Amenazaban a las chicas con ir a por sus familiares en Rusia y, desde el principio les metían en la cabeza la falsa idea de que la policía estaba comprada y que si denunciaban se reirían de ellas”, asegura Nieto. Había amenazas y agresiones para las que se portaban mal y premios y “regalitos” para las que se plegaban a las demandas de la red. De las 599 que la policía ha liberado, sólo 20 se han acogido a la posibilidad de denunciar su situación de víctimas y regularizar su situación en España. La mayoría no quieren testificar, bien sea por miedo, bien por síndrome de Estocolmo.

Las pruebas documentales reunidas contra la red son, a juicio del mando policial, suficientes para que el juez los halle culpables de distintos delitos relacionados con la prostitución, la explotación laboral y el blanqueo de dinero. “Pero el testimonio de las propias víctimas tendría un valor mucho mayor”, asegura.

En la última fase de la operación, desarrollada entre esta primavera y la pasada semana, la policía ha detenido a nueve personas acusadas de pertenecer a la red mafiosa y ha solicitado al juez el cierre cautelar de los locales Manhattan, H2 y Carambola, en El Ejido y Canela, en Roquetas de Mar. Los tres primeros se encuentran en la misma calle ejidense que otros dos clubes clausurados en la primera fase de la actuación policial. Tan cerca unos de otros que podían intercambiarse a las chicas para mantener satisfecha a una clientela que valoraba tanto la belleza escultural de las eslavas como las novedades.

El núcleo de la red mafiosa se asentaba entre Roquetas y El Ejido, donde controlaba 14 clubes. Pero sus tentáculos llegaban a Girona, Granada, Lleida, Cáceres y Jaén. El gran volumen de ingresos que generaban sus locales derivó en entramados societarios que permitían blanquear las ganancias obtenidas. El dinero era muchas veces reinvertido en negocios legales como la compraventa de inmuebles. Otras veces se utilizaban las ganancias para comprar chicas a otros clubes. La propiedad real de los establecimientos quedaba oculta mediante hombres de paja, jóvenes, normalmente rusos, a quiénes pagaban por registrar a su nombre los burdeles.

La autoridad judicial ha detectado que una decena de los 26 locales, los primeros que se clausuraron, ya han vuelto a funcionar al vencer el cierre cautelar. Los nuevos propietarios, según explican fuentes policiales, “están tratando de camuflar su actividad” y han obtenido licencia como pubs. Antes del cierre funcionaban como moteles, unos moteles muy rentables que tenían siempre todas sus habitaciones completas y contaban con unos beneficios netos anuales de medio millón de euros cada uno, de acuerdo con la documentación incautada.

“PEDIR QUE DENUNCIEN ES DEMASIADO”

La Ley de Extranjería y la consiguiente orden de expulsión es lo único que el Estado ha ofrecido a la mayor parte de las 599 mujeres liberadas en la Operación Zarpa. Excepto para las 20 que denunciaron su situación en el momento de ser identificadas por la policía y que ahora son testigos protegidos. Las ONG de ayuda a víctimas de la prostitución urgen al Gobierno a que apruebe el Plan Nacional de Acción contra la Trata (PNAT) para mejorar la ayuda a estas mujeres y, al mismo tiempo, facilitar su colaboración con la justicia.

“Hemos contactado con varias chicas que fueron sacadas de los clubes en la última fase de la Operación Zarpa. Están en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Almería, a la espera de ser devueltas a Rusia”, explica Rocío Nieto, de la Asociación para la Reinserción de Mujeres Prostituidas (Apramp). Esta ONG espera sacarlas de allí y ofrecerles atención específica; pero para ello, lo primero es denunciar.

“Pedir que estas mujeres denuncien a una organización criminal de una forma inmediata es demasiado”, considera Marta González, de Proyecto Esperanza. Esta última asociación, al igual que Apramp, colabora con el Cuerpo Nacional de Policía para ofrecer ayuda a las víctimas de las mafias del sexo. Ambas insisten en que es necesario un tiempo de reflexión de un mes antes de denunciar, tal y como prescribe el Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos. Durante este tiempo, las víctimas estarían protegidas y no serían tratadas como inmigrantes irregulares. Esta medida está incluida en el PNAT, que se anunció la pasada legislatura y entrará en vigor el 10 de diciembre, coincidiendo con el día mundial de los Derechos Humanos.

Este plan también formalizará los protocolos de colaboración que existen entre la Policía y las ONG de ayuda a las víctimas de la trata. Cada año, más de un centenar de mujeres pasa por los pisos de acogida de Apramp y Proyecto Esperanza; muchas de ellas llegan tras las operaciones policiales contra las redes mafiosas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de agosto de 2008

 

[6] Una TV francesa dice que las temporeras de la fresa sufren acoso sexual generalizado

Por Europa Press

Artículo publicado el 27 de mayo de 2009 en
 

 

Una explotación de fresas en Huelva. | El Mundo

Un reportaje de la televisión francesa FRANCE 5 CNC que fue emitido el 26 de mayo de 2009 muestra a un sector fresero de Huelva “agresivo” con el medio ambiente, y en el que las temporeras sufren “acoso, moral y sexual, y a veces abusos sexuales“.

Según la sinopsis realizada por la cadena en su página web, consultada por Europa Press, el reportaje -de 51,51 minutos- se refiere a la fresa de Huelva como “el oro rojo del sur de España” y añade que “las imágenes son sorprendentes y revelan todos los artificios obligatorios para engañar la naturaleza, las toneladas de plástico y todos los aditivos químicos, a menudo dudosos, a veces ilegales, pero necesarios para rentabilizarlas”.

Así, el reportaje se refiere a esta industria agroalimentaria como “una adición de catástrofes: sanitaria, humana, social y medioambiental”, y añade las “agresiones sobre el entorno, el medio ambiente y la capa de ozono” de la fresa, al tiempo que cuestiona “las condiciones de vida de las trabajadoras temporales que vienen desde Rumania, de Polonia y, cada vez más, de Marruecos”.

Foto: Julián Pérez

Las explotaciones agrícolas giran “a régimen lleno gracias a una canasta de trabajadores precarios que las autoridades hacen venir bajo un contrato de origen de África, de América latina o de Europa del Este. En diez años, su número ha pasado de 6.000 a 80.000 en temporada plena”.

El reportaje en cuestión recoge que son las “necesidades económicas las que las empujan a aceptar estas condiciones deplorables” y argumenta que “la fresa española no va tan bien”, ya que, según expone, “tiene la competencia de la fresa marroquí. Había que esperarlo, el sol allí es más caliente en invierno que en Andalucía, la mano de obra es del mismo lugar y los reglamentos son menos apremiantes”.

Sobre el hecho de que las temporeras sean en su gran mayoría mujeres, la televisión francesa recoge que, “en general, preferimos contratar a mujeres porque se ha demostrado que la mujer se adapta mejor que el hombre a este tipo de trabajo, explica Eduardo, el responsable del reclutamiento local de los trabajadores temporales”.

“El hecho de ponerse en cuclillas, de estar inclinado durante las seis horas y media de un tirón, todos los hombres no son capaces de soportarlo. Las mujeres sí. Puede haber excepciones, pero está probado que la mujer está mejor preparada que el hombre para hacer este tipo de trabajo”, explica.

Estas mujeres, según aporta la televisión francesa, “algunas son víctimas de acoso, moral o sexual, y veces mismo de abusos sexuales, como lo demuestra un abogado de la asociación defensa y los derechos humanos”.

Doñana y cuidado sanitario

Sobre las condiciones en las que crecen las fresas de Huelva, esta televisión francesa alude que “a base de hectolitros de estiércol y de plaguicidas -algunos severamente reglamentados por la Unión Europea-, los rendimientos progresan sin debilitarse”.

También explica el reportaje que para “producir más siempre”, las explotaciones acaban con “los espacios forestales del Parque Nacional de Doñana. Aunque está inscrito en el Patrimonio Mundial de Unesco, el parque hasta sirve, si llega el caso, de vertedero ilegal” a estos productores.

Por su parte, el presidente de Freshuelva, José Manuel Romero, ha calificado en declaraciones a Europa Press de “auténtica barbaridad” el reportaje de la televisión francesa. El representante del sector de la fresa apuntó que “nadie habla de los controles, de todo tipo, que debe seguir la fresa para salir al mercado” y que incluso los importadores de Francia están “dispuestos a defendernos a capa y espada ante tales acusaciones”.

Por otro lado, sobre la fresa marroquí, admitió que existe y es competencia porque “tiene unos sueldos más bajos, lo que disminuye los costes y hacen que su precio final sea menor también”.

Para Romero, “se trata de una tomadura de pelo que no busca más que la fresa de Huelva se retire del mercado”, ya que Francia también produce este alimento.

 

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