Francisco Tomás y Valiente (1932-1996)

Francisco Tomás y Valiente

 

Han pasado 30 años: En recuerdo de Francisco Tomás y Valiente

«Ni su asesinato ni el dolor provocado han logrado ensuciar los ideales por los que luchó institucional y cívicamente hasta el último suspiro»

Por Pablo de Lora

Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

The Objective, 14 FEBRERO 2026

 

«Sobre las 10.30 horas del día 14 de febrero de 1996, [Jon Bienzobas], mayor de edad y sin antecedentes penales, era miembro de la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA), organización armada que tiene como fin la independencia de una parte del territorio nacional mediante la violencia.

Como miembro de dicha organización y con la finalidad de alcanzar sus fines, tenía el propósito de acabar con la vida del Excmo. Sr. D. [Francisco Tomás y Valiente] quien había sido anteriormente presidente del Tribunal Constitucional.

Para ello, acudió a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, donde el Excmo. Sr. D. [Francisco Tomás y Valiente] impartía clases de Historia del Derecho, subiendo a la cuarta planta, donde tenía su despacho, abriendo la puerta e introduciéndose en su interior, encontrando a su víctima sentada en la mesa del despacho, a la que, directamente, efectuó tres disparos con una pistola FN Browning HP 1935… causándole la muerte».

Sentencia de la Audiencia Nacional de 14 de mayo de 2007

 

Así se describen los hechos probados en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 14 de mayo de 2007 mediante la que se condena a Jon Bienzobas a 30 años de cárcel por el asesinato de Francisco Tomás y Valiente, los años que hoy se cumplen desde aquel trágico día.

En muchos aspectos, la sentencia es todo un homenaje al magisterio de Tomás y Valiente, a sus muchas enseñanzas como historiador del Derecho, a su labor como magistrado y luego presidente del Tribunal Constitucional y a su público patrocinio y defensa de ese haz de principios, instituciones, reglas y valores que dotan de legitimidad a la democracia constitucional, específicamente las garantías y los derechos de quienes son sometidos a un proceso penal.

 

 

Así, la Audiencia Nacional, una vez declarado el hecho del asesinato como probado más allá de toda duda razonable —no así, en cambio, otros delitos conexos al atentado de los que Bienzobas es absuelto por falta de pruebas—, se plantea la cuestión de si resultará más beneficioso para el reo aplicar a esos hechos el Código Penal vigente a la comisión del asesinato o la legislación vigente en el momento de enjuiciarse.

En realidad, concluye el Tribunal, la aplicación de uno u otro Código Penal es indiferente en términos de cuantificación de la pena —en ambos casos cabe castigar hasta con 30 años de prisión—, pero la legislación vigente aquel 14 de febrero de 1996 permitía la redención de penas por trabajo —cosa que ya no ocurría al momento de dictar sentencia—, lo cual es más favorable para el reo, «… por lo que procede así declararlo», concluye la Audiencia Nacional.

El principio de retroactividad de la ley penal más favorable es uno de esos principios que, como el propio Tomás y Valiente afirmó a propósito de los fundamentos del Estado constitucional de derecho, «no se discute».

Por eso, justificar o disculpar los crímenes de los GAL, una experiencia «gravemente criminal y gravemente equivocada», en nombre de la razón de Estado, es y era «aberrante»; como la práctica de la tortura como método inquisitivo en la investigación penal o la imposición de la pena de muerte como castigo (A orillas del Estado, pp. 131, p. 57), entre otros muchos desafueros de esos siglos sombríos para la causa de la emancipación humana que llamamos Antiguo Régimen.

 

«Han sido muchas las ocasiones en estos años en las que no he podido evitar preguntarme: ‘¿Qué pensaría Tomás y Valiente?’»

 

 

Han pasado 30 años y han sido muchas las ocasiones durante estas tres décadas en las que uno no ha podido evitar preguntarse: «¿Qué pensaría Tomás y Valiente?». Ayer mismo, mientras empezaba a hilar estas líneas, lo hacía al escuchar estremecido a la diputada de Bildu, Mertxe Aizpurúa, afirmar: «Hoy un escaño de Bildu manda más que el principal partido del Congreso. Exacto. Ustedes, señorías del Partido Popular, no mandan nada. Son irrelevantes y así seguirá siendo mientras eso dependa de nosotros».

Aizpurúa ya no enaltece o jalea a gudaris como Bienzobas, y ETA ha dejado de matar, lo cual no ha de ser agradecido como el favor por lo no debido o por pura cortesía, y mucho menos celebrado si ello implica olvidar a las víctimas, menospreciar el dolor persistente de sus deudos y no colaborar en el esclarecimiento de los crímenes de ETA aún por resolver.

«Todas las ideas se pueden defender si no se emplea la violencia», era la divisa con la que se trató de persuadir a ETA y a su brazo político para que abandonaran las armas, pero hoy esos legatarios de la barbarie señorean desde la tribuna de oradores del Congreso no solo su secular aspiración independentista anclada en el nacionalismo más reaccionario y antiilustrado, sino su desprecio al pluralismo político y a los representantes de una inmensa mayoría de españoles.

Y todo ello con la cobertura del pacto con el PSOE. ¿Qué pensaría Tomás y Valiente?

«Respecto a la situación política española actual» —escribía hace ahora 30 años— «suele decirse, con la buena intención de que mejore, que esto no puede seguir así» (A orillas del Estado, p. 79). Como si no hubiera pasado el tiempo.

 

 

Como Francisco Tomás y Valiente, el filósofo Moritz Schlick fue asesinado en la Universidad de Viena un 22 de junio de 1936 a manos de Johann Nelböck, un antiguo discípulo con problemas psiquiátricos y simpatías nazis. 

En El asesinato del profesor Schlick. Auge y caída del Círculo de Viena, David Edmonds arriesga la hipótesis de que una clase de su antiguo maestro sobre el problema filosófico de la inmortalidad a la que Nelböck había asistido fue la gota que colmó el vaso de sus desvaríos.

En su último artículo, publicado póstumamente tras su asesinato, Schlick, al hilo de la discusión sobre el sinsentido de la noción de inmortalidad, escribe que él podía fácilmente imaginarse siendo testigo de su propio funeral.

Como Schlick, Francisco Tomás y Valiente también conjeturó sobre su propia muerte.

Lo hizo, a propósito de la despenalización de la eutanasia, en un conmovedor artículo (Por si acaso) publicado a finales de 1994, evocando una tribuna de Manuel Vicent (El brujo) que había aparecido días antes y en la que Vicent contaba que un caracolero cubano le había vaticinado una buena muerte; un día muy lejano, sentado en una mecedora blanca y sin molestar a nadie. 

También Tomás y Valiente anhelaba un parecido destino, terminar sus días mirando sin pestañear el horizonte del Mediterráneo y retrasar ese final varios decenios. No le fue dado, como él mismo, como cualquiera que ha metabolizado su propia contingencia, podemos aventurar que finalmente ocurra:

«… no estoy seguro de que los ángeles de Rilke o las gaviotas de nuestro mar —afirma— me concedan así como así mi propia muerte… A veces es muy difícil morir. Hay hombres que se mueren a trozos, en pedazos, sin dignidad, dejando a los vivos un recuerdo último y cruel que falsea, como diría Machín, ‘toda una vida’».

 

 

No fue el caso: ni la indignidad de esa acción cruel que terminó con su vida y la de la causa que animó ese asesinato; ni el dolor provocado, ni la zozobra o el desconsuelo generados han logrado ensuciar los ideales que Tomás y Valiente profesó y por los que luchó institucional y cívicamente hasta el último suspiro. 

Y menos todavía la dignidad de una vida que, aun demasiado tempranamente sesgada, fue plena; la propia del hombre bueno y sabio.

 

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Discurso de toma de posesión de Francisco Tomás y Valiente como consejero permanente del Consejo de Estado el 18 de enero de 1996

Todos los honores pesan, pero algunos son abrumadores. Ocupar en este Consejo la vacante que ha dejado el Capitán General D. Manuel Gutiérrez Mellado como Consejero Permanente, es de los que abruman. No por quitarme ese peso de encima, sino por hacer presente al hombre que llevó ese nombre, quiero dedicarle mis primeras palabras.

El General fue un patriota y un hombre de Estado, conceptos que conviene diferenciar porque en la realidad se dan con escasa frecuencia juntos en una misma persona.

Patriota es la «persona que tiene amor a su patria y procura todo su bien«, y patria la «nación propia nuestra, con la suma de cosas materiales e inmateriales, pasadas, presentes y futuras que cautivan la amorosa adhesión de los patriotas«, según nos enseña en ambos casos, de un modo casi circular, la Real Academia Española.

Con mayor sobriedad, el licenciado Sebastián Covarrubias en su «Tesoro de la lengua castellana o española«, editado por vez primera en 1611, refería el concepto de patria, no a otro concepto, el de nación, sino a una realidad más elemental y prejurídica. Patria es para Covarrubias, «la tierra donde uno ha nacido«.

A tan simple definición léxica habría que añadir que esa tierra no se identifica con el terruño o la patria chica de cada cual, ni se delimita geográficamente sino políticamente: es la tierra de la sociedad política, del pueblo al que uno pertenece. 

 

 

Ya en el Digesto (D. 48, 22, 7, 15) se distinguía entre la ciudad concreta en la que uno había nacido – «patria sua» o «patria propia» – y la ciudad de Roma como «comunis patria«.

Es a esta patria política a la que aquí nos referimos. Respecto a ella lo importante no es tanto estar dispuesto al Clásico «patria mori«, sino a vivir en relación de generosa procura de su bienestar, de su bien vivir, de su paz y, en estos tiempos de general conciencia democrática, de su libertad.

Cualquier reduccionismo del patriota al héroe, equivale a una visión romántica y agónica del patriotismo y tal vez de manera inconsciente facilita el monopolio de aquella virtud cívica por quienes ejercen la defensa de la patria con las armas. Patriota es a mi entender quien vive en el continuo, cotidiano y pacífico ejercicio de esa virtud cívica antes descrita.

Aunque sigamos el consejo de Don Quijote y no nos metamos en muchos dibujos, excesivos para la ocasión, si parece conveniente que evitemos la confusión posible entre términos cercanos, como parecen ser los de patriotismo y nacionalismo.

Patria, nación, tierra natal más que definiciones conceptuales son realidades primarias percibidas sentimentalmente y que pueden suscitar en los hombres pasiones de muy distinta naturaleza y valoración.

 

 

De nación vienen todos los nacionalismos que en el mundo han sido y todavía son, causa casi siempre, por no decir siempre, de excesos agresivos, de estrategias de exclusión, de falsas metafísicas políticas, de criminales radicalismos étnicos, de asesinas culturas de la violencia terrorista, de estúpidos complejos colectivos de superioridad, cuando no de convicciones providencialistas en supuestas e indemostrables preferencias divinas en cuyo nombre todo se justifica.

No es de nacionalismos ni de posibles convicciones nacionalistas de lo que conviene hablar, ni de lo que sería procedente hacerlo a propósito del General Gutiérrez Mellado, sino de patriotismo, que es una generosa adhesión al bien de la tierra natal y al de los compatriotas que en ella viven.

El patriota no defiende superioridades frente a nadie, ni es entendido en la pseudo ciencia de cualquier nacionalismo, pero está dispuesto a esforzarse por el bien de su tierra y de su pueblo, incluso en detrimento de sus intereses particulares.

Es la disposición generosa en favor de los demás lo que caracteriza al patriota, quien, si de verdad lo es, nunca se alabará de serio. El patriota actúa como tal, quizá sin saberlo y deben ser quienes reciben los beneficios de su persona y de su comportamiento los que reconozcan en él esa virtud cívica de la que son receptores y beneficiarios.

En relación con el General Gutiérrez Mellado eso es justamente lo que ha sucedido, porque es patente el reconocimiento por parte de todos los españoles de su ejemplar patriotismo.

Todavía parece oportuno, tomando pie en un escrito de aquel otro gran patriota que fue D. Manuel Azaña, diferenciar dos posibles formas de entender el patriotismo, derivadas de otros tantos modos de sentir qué cosa sea la patria. En uno de sus «Estudios de política francesa» (1919), el subtitulado «La política militar«, y refiriéndose a la pugna apasionada habida en Francia con motivo del affaire Dreyfus,

Azaña contrapone a quienes entendían allí y a finales del siglo XIX la patria como «la tierra de los muertos, el culto de los cielos, la glorificación de los héroes y el respeto de las tradiciones, de las leyendas y de los recuerdos«, frente a quienes pensaban o sentían la patria como el país propio «donde reina el derecho, la justicia y la libertad«.

 

 

Creo ver en el General esos dos tipos de patriotismo, quizá con predominio sucesivo de uno y de otro. Me consta, como a todos los españoles de nuestros días. dónde y cómo quiso luchar por la paz y la libertad democrática entre todos los españoles, y cuánto le preocupó que no se dieran otra vez ni por asomo las circunstancias que en 1936 condujeron a aquella dolorosísima guerra.

Los españoles demócratas e incluso quienes siendo lo primero no sean lo segundo, debemos agradecimiento al General por su patriotismo cívico, por el mérito y el valor que derrochó practicándolo en los difíciles años de la transición, porque somos conscientes de que existe un valor de traje de calle y de que en ocasiones es más difícil, y por tanto más meritorio, dar la cara frente a otros militares indisciplinados e imponer sobre ellos la autoridad de la ley, que jugarse la vida a campo descubierto.

El General Gutiérrez Mellado, el Vicepresidente del Gobierno Gutiérrez Mellado y, después, el Capitán General y Consejero Permanente de Estado Gutiérrez Mellado, puso su patriotismo al servicio de una España donde reinaran el Derecho, la justicia y la libertad.

Y como, según Aristóteles en «Política» VIII.2, «el fundamento del régimen democrático es la libertad«, pero no cualquier género de ella sino «la libertad fundada en la igualdad«, es claro que el hombre cuyo patriotismo trato de describir vivió como un patriota demócrata y se esforzó conscientemente por conseguir la implantación formal y real, jurídica y política de un Estado constitucional de Derecho. Y aquí es donde entra en juego su faceta de hombre de Estado.

Ni el patriotismo es patrimonio exclusivo de ninguna profesión o condición, ni el talento del hombre de Estado está reservado a profesores y constitucionalistas, ni a políticos o a juristas.

Se es un hombre de Estado cuando se comprende que sólo desde un determinado tipo de Estado en también un determinado tiempo y país es posible la paz, la libertad en la igualdad y la democracia en régimen preferible a cualquier otro, y cuando, partiendo de esa convicción, se acierta a construir aquello en lo que se cree.

Se es un hombre de Estado cuando se comprende la necesidad de ese instrumento para lograr la paz y la libertad en la patria común, y cuando se trabaja para lograr y estabilizar esa construcción por encima de episodios pasajeros, de aspiraciones innobles, de reminiscencias de un pasado imposible como futuro.

El General fue un hombre de Estado para fortuna de quienes creíamos y seguimos creyendo que este tipo de Estado, el reflejado normativamente en la Constitución, es el adecuado para este país, para este pueblo, para esta patria, como a él le hubiera gustado decir. No fue, por supuesto, el único estadista que actuó como tal desde los años finales de la década de los setenta: pero si uno de los principales.

 

 

Permítaseme que descienda del tono acaso conceptuoso y abstracto al anecdótico, a la evolución de una escena que está en la mente de todos. Renunció a cualquier tipo de originalidad y prefiero recordar al General tal como lo hacen la inmensa mayoría de españoles: como el hombre que nos devolvió la dignidad una tarde infausta de un ya remoto 23 de febrero.

Frente a unos energúmenos uniformados y armados con pistolones y metralletas, un hombre entero, en apariencia débil y sin otras armas que su dignidad y su coraje, les plantó cara y no fueron capaces de doblar sus rodillas. Su dignidad triunfante fue la nuestra, pues nos redimió de la vergüenza que otros hombres, también españoles, derramaron sobre nosotros. Nunca se lo agradeceremos bastante, por mucho que lo hagamos públicamente, como ahora, una vez más, lo hacemos.

«Es común a todos la muerte, y solamente se diferencia en el olvido o en la gloria que deja a la posteridad. El que muriendo substituye en la fama su vida, deja de ser, pero vive«. Hago mías pensando en el General Gutiérrez Mellado, estas sentenciosas palabras de Saavedra Fajardo (Empresa 15).

Lamento que la muerte del General haya sido la condición de posibilidad de mi nombramiento, siempre sabré que ocupo su hueco, y en todo momento procuraré hacerlo de tal modo que la distancia entre su talla y la mía se note lo menos posible. Para intentarlo me valdré de una segura guía: su ejemplo.

 

 

Hace ahora casi exactamente un año día por día, tomé posesión de una plaza de consejero electivo en este mismo Consejo. En ese tiempo he tenido oportunidad de comprobar cómo funciona esta institución y me ratifico acerca de todo lo que sobre ella apunté en aquella ocasión en términos que seria inoportuno repetir ahora.

Su larga historia nos acompaña a todos, su prestigio nos estimula, y la calidad técnica y humana de consejeros y letrados, junto al ambiente de trabajo y discreción que se percibe en todos los rincones de la casa son circunstancias que favorecen mi total entrega al muy honroso cargo que hoy estreno en una institución de la que me gusta todo, empezando por el nombre.

En momentos en que parece ingenuo o pasado de moda seguir creyendo en el Estado, yo quiero renovar mi creencia, en el sentido orteguiano, en él, no en cualquier tipo de Estado, sino en éste que los españoles nos dimos a partir de la Constitución. Ninguna realidad humana está nunca del todo hecha, acabada o terminada, y nuestro Estado de Derecho, nuestro Estado de derechos y libertades, no carece de defectos ni de problemas.

Pero ni es bueno rasgarse las vestiduras proclamándose a los cuatros vientos, como si importara más la queja que la solución; ni es justo equiparar frecuentes errores y aún desmanes cometidos desde el poder, con el poder mismo, con las instituciones, ni con el Estado; ni son tampoco de recibo los lamentos de plañideras interesadas en favor de una sociedad civil, como si ésta fuera la víctima del Estado o como si fuera posible su pacifica existencia sin la del Estado que de tan irresponsable manera se denigra.

 

 

El Estado es un complejo de instituciones desde las que se ejerce el poder legítimo si del Estado democrático de Derecho hablamos. Cuidado con el descrédito de las instituciones presentes antes de haber inventado otras de recambio. En nuestro Estado son muchas las que funcionan de forma satisfactoria. Ésta, por ejemplo.

No podré ya decirlo en adelante, desde que actúe con plena responsabilidad en ella, pero puedo hacerlo ahora, desde el umbral. Su poder es el consejo, su arma, el Derecho, su instrumento el trabajo, su premio, el prestigio, eso que los romanos llamaban la «auctoritas».

En muchas otras instituciones de este Estado ocurre lo mismo. Se repite demasiado la idea de Max Weber según la cual el Estado ejerce el monopolio legitimo de la coacción o de la violencia, como si el Estado fuera sólo eso o al menos lo fuera de modo primario.

El Estado democrático es también y ante todo general, y eso se logra no tanto con la coacción como con el público debate, con técnicas de convicción, y por medio del ejercicio de la palabra en instituciones que por eso componen el Parlamento; el Estado es también un complejo institucional donde el poder antes de ser ejercido por la fuerza se racionaliza por medio del Derecho, se justifica por su adecuación a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, por decirlo en los términos del artículo 9 de nuestra Constitución, y se prepara por medio del asesoramiento, del consejo, de órganos técnicos como éste, llamado por la Constitución «el supremo órgano consultivo del Gobierno«.

 

 

No reduzcamos ni siquiera idealmente el Estado a la fuerza legítima. Si por hipercriticismo o masoquismo cayéramos en esa simplificación no entenderíamos nada y seríamos víctimas fáciles de los enemigos del Estado, que son en número muchos más que los del alma.

En unos versos menores, casi ocasionales de Salvador Espriu, dedicados no por cierto al Estado, sino a los populares «Castellers«, esas torres humanas y festivas de tantos pueblos de Cataluña, aquel magnífico poeta, contemplándolos en su imaginación, y como hablando en su nombre, dice así:

«Volem la força/dins l’ordre perfectíssim/de la mesura»

(Queremos la fuerza dentro del orden perfectísimo del equilibrio).

 

Si esos hombres que están unidos entre sí por la energía del músculo y el equilibrio, aunque perfectísimo siempre inestable, hacen uso de su fuerza para mantenerse en orden y no caer derrumbados, algo semejante podría decirse de los hombres integrantes de un Estado.

Siendo y cumpliendo funciones diferentes, y sin imaginar una sociedad compuesta por individuos clónicos, ni por ángeles para quienes la fuerza sería inútil por inadecuada, los hombres reunidos artificialmente en un Estado, unos junto a otros, en tenso equilibrio inestable, necesitan de la fuerza, de la propia y de la institucional, para mantenerse en orden, en el imperfecto orden de las normas, fuera de las cuales sólo caben el caos, la guerra o la injusticia.

Quiero terminar por donde quizá debí comenzar: por el Capitulo de agradecimientos, no por obligado menos sincero. He entrado en esta casa de la mano de su presidente Fernando Ledesma. De él recibí la primera llamada que acabó con este nombramiento y a él quiero agradecerle su amistad, su confianza y su acogida.

No olvido ahora lo que le debo, y no lo olvidaré nunca. Tras él o a la vez que él, todos los componentes de esta Comisión Permanente me han distinguido con un recibimiento que sólo se entiende como fruto de su generosidad y benevolencia.

No sabiendo a quiénes elegir entre ellos como padrinos de este acto ante tan unánimes manifestaciones de afecto, he optado por los dos más antiguos, rindiendo así tributo a la continuidad de la institución y al respeto que en ella se debe tener a la antigüedad, que es también una forma de reconocer el peso de la experiencia y el de la historia. A todos muchísimas gracias, que hago extensivas a todos los componentes de la institución.

 

 

Mi nombramiento se produjo por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros del 28 de diciembre de 1995, a propuesta del presidente del Gobierno. A él, al presidente Felipe González, va dirigida de modo muy especial mi gratitud por su confianza.

Me obliga a mucho el cargo porque en mucho me honra y por lo que antes he dicho acerca de mi creencia en las instituciones del Estado, y eso sólo ya bastaría para sentirme obligado a desempeñarlo lo mejor que sepa; pero no oculto que la confianza en mí depositada por el presidente del Gobierno me obliga también a mucho en términos personales, porque no querría defraudarla por nada del mundo.

Por eso me place dejar constancia pública de mi agradecimiento al presidente del Gobierno y a todos los ministros que tomaron el acuerdo plasmado en el Real Decreto de nombramiento, de manera especial al Ministro de la Presidencia Alfredo Pérez Rubalcaba y al de Justicia Juan Alberto Belloch, aquí presentes, asi como al Subsecretario del Ministerio de la Presidencia Fernando Sequeira, que también está con nosotros y que en tantas otras ocasiones ha estado conmigo.

Soy consciente de que estas palabras mías de gratitud al Gobierno pueden ser tergiversadas, sacadas de contexto y desvirtuadas por la malicia, pero no por ese riesgo iba a dejar de pronunciarlas. Por otra parte, sólo los ontológicamente necios o los maliciosos que se creen listos, sin serlo, son capaces de confundir el agradecimiento con la pérdida de la independencia o con la obediencia debida o indebida.

Con la máxima independencia de criterio, con la memoria constante de lo que he prometido al asumir el cargo, con el recuerdo admirativo de mi antecesor y con la ayuda de todos ustedes haré todo lo que esté en mis manos para desempeñar este honrosísimo cargo lo mejor que sepa.

Muchísimas gracias finalmente a quienes han tenido la gentileza de acompañarnos en este acto.

Madrid, 18 d enero de 1996

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Francisco Tomás y Valiente

Formación y carrera académica: Se licenció en Derecho en la Universidad de Valencia y consolidó su prestigio como catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Salamanca (1964-1980) y posteriormente en la Autónoma de Madrid.

Trayectoria jurídica: Fue magistrado del Tribunal Constitucional desde 1980, ejerciendo la presidencia entre 1986 y 1992, periodo en el que contribuyó a definir la protección de los derechos fundamentales. Tras su mandato, fue nombrado consejero permanente del Consejo de Estado.

Aportaciones intelectuales: Autor reconocido, renovó la historiografía jurídica española. Destacan sus obras Manual de Historia del Derecho Español, Los validos de la monarquía española del siglo XVII y ensayos sobre el estado constitucional.

Asesinato y legado: Fue asesinado por la organización terrorista ETA el 14 de febrero de 1996 en su despacho. Su muerte unió a la sociedad española contra el terrorismo y dejó un legado de defensa de la tolerancia, la razón y la democracia.