Nacionalismo, regionalismo y autonomía en la Segunda República -Parte 1
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NACIONALISMOS, REGIONALISMOS Y AUTONOMÍA EN LA SEGUNDA REPÚBLICA
(y Parte 2)
El futuro es historia
EL ESTADO INTEGRAL: LA AUTONOMÍA REGIONAL LEGALMENTE POSIBLE
Una cuestión fundamental en todo modelo de Estado es la del sujeto o los sujetos de soberanía o, si se quiere expresarlo en lenguaje más llano, la de determinar quién decide qué. Y no se trata de algo puramente retórico o ideológico, sino que tiene consecuencias directas y decisivas sobre la estructura de los órganos de poder, sus relaciones mutuas y su jerarquización. En el modelo centralizado o unitario hay un sólo sujeto colectivo de soberanía, la nación de referencia, formada por todos los ciudadanos políticamente «activos», que diría Sieyès. Por tanto, no hay soberanías compartidas verticalmente, sino sólo una soberanía que se distribuye horizontalmente en la cúspide del sistema según las diferentes dimensiones del poder.
En el modelo auténticamente federal hay en el origen (real o teórico) del sistema varios sujetos que ceden cada uno una parte de su soberanía originaria en la federación, pero retienen la otra parte. Se da, por tanto, una distribución vertical (territorial) de la capacidad de decisión, aparte de la distribución horizontal (dimensional) que además ahora se desarrolla en diferentes niveles. Pero la pluralidad de sujetos colectivos de soberanía plantea el problema de su definición.
Según el criterio que se siga tendremos un tipo de federalismo u otro. En el caso de España esto introduce profundas diferencias entre el federalismo uninacional (español) o «inorgánico» del siglo XIX, cuya formulación más acabada era la pimargalliana de primera hora, y el federalismo plurinacional u «orgánico» que aparece en el siglo XX de la mano de aquellos sectores no separatistas de los nacionalismos subestatales. En el primero, al menos en teoría, los sujetos no vienen predeterminados sino que se construyen por la pura voluntad de los ciudadanos mediante sucesivos pactos libres y escalonados que siempre conducen a la articulación política de una sola nación, la española. La federación no implica, por tanto, peligro de desmembración del Estado-nación, sino sólo su organización según principios radicalmente liberal-democráticos que, en opinión de sus promotores, reforzarían al máximo la cohesión nacional, como probaría la experiencia histórica real del ejemplo que se quiere imitar: los Estados Unidos de Norteamérica. En el segundo, por el contrario, los sujetos vienen predeterminados: son las supuestas naciones orgánicas incluidas en el Estado español plurinacional. Pero esto plantea varios problemas: la necesidad de que todos estén de acuerdo en la definición de cuáles son esas naciones orgánicas, tanto dentro de cada una de ellas como en el conjunto; la enorme asimetría en tamaño y población que habría entre esas naciones si se aplicase estrictamente el criterio orgánico-historicista; y la invencible resistencia a aceptar ese carácter plurinacional del Estado por parte de la gran mayoría de sus ciudadanos así como su temor, en parte justificado por la presencia de tendencias separatistas, a que una vez conseguidos los altos niveles de autogobierno y el reconocimiento expreso o implícito del derecho de autodeterminación, propios del sistema federal, los nacionalismos subestatales utilizasen ambas cosas para romper el Estado o dejarlo reducido a su mínima expresión mediante la fórmula confederal. En consecuencia, y una vez más, la discrepancia teórico-jurídica tenía que traducirse en honda incompatibilidad política, no sólo entre federalistas y no federalistas, sino entre unos federalistas y otros. Dicho esto, ¿dónde cabe situar el Estado diseñado en la Constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931?
En ese texto sólo encontramos un sujeto de soberanía, llamado unas veces «España», otras «pueblo» (art. 1) o «Nación» [española] (art. 53). Nombres aparte, la unicidad de ese sujeto, representado por el Congreso de los Diputados y el Presidente de la República, se ponía claramente de manifiesto en varias características del sistema. En primer lugar, la capacidad última de decisión en todos los ámbitos residía siempre en los órganos centrales del sistema, incluso como veremos aunque existiesen autonomías. En segundo lugar, no se declaraba extinguido el centralismo sino que la planta básica «por defecto» era la de siempre (Administración Central-Provincial-Municipal), aunque se introducía la posibilidad de cambiarla sólo para aquellas «regiones que se constituyan en régimen de autonomía» (art. 8) mediante la unión de «una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes» (art. 11), para lo cual se les exigía que demostrasen que había en ellas una muy fuerte voluntad autonomista 29. En todo caso, aun cumpliendo los duros requisitos exigidos, que casi hacían obligatorio el fraude electoral en los referendum autonómicos si se quería sacarlos adelante, la facultad de conceder la autonomía residía siempre en el legislativo central. También la de limitar mediante leyes básicas la capacidad legislativa delegada (art. 19) o la de pasar, a nivel reglamentario, por encima de las competencias transferidas cuando el ejecutivo central lo estimase conveniente 30. Que la autonomía se entendía de un modo radicalmente distinto al del federalismo se revelaba también en la inexistencia de una segunda cámara territorial y en la prohibición expresa de que las regiones autónomas pudieran federarse (art. 13). La concepción nacionalmente unitaria de España que subyacía en todo el articulado se manifestaba también simbólicamente tanto en la terminología (nación/regiones) como en el hecho de que en el art. 4 se repitiese casi literalmente el art. 8 del proyecto de Primo de Rivera, el primero de la historia constitucional española que había declarado el castellano idioma oficial del Estado, a lo que además ahora se añadía su obligatoriedad, aunque también se abría la posibilidad de un reconocimiento limitado de las otras lenguas 31.
En cuanto al reparto de competencias, el art. 14 establecía las 18 materias «de exclusiva competencia del Estado español» (como si las regiones autónomas no fuesen parte del Estado) en legislación y ejecución directa 32. Según el art. 15 correspondía al poder central la legislación pero se podría ceder a las regiones autónomas la ejecución en otras 13 materias «en la medida de su capacidad política, a juicio de las Cortes», apostilla que era incluso humillante para las regiones 33. El art. 16 establecía por exclusión, y sin enumerarlos, los ámbitos competenciales en los que las regiones tendrían capacidad legislativa y ejecutiva directa si su Estatuto la contemplaba expresamente. Un repaso a las dos notas precedentes nos indica que las principales eran: enseñanza, cultura, vivienda y urbanismo, desarrollo de la legislación básica sobre actividades económicas, comunicaciones y orden público intrarregionales y una parte del derecho civil si en la región había una tradición propia en este terreno.
Está claro, pues, que, si bien el Estado integral constituía un avance descentralizador notable en un país con una tradición constitucional tan centralista, las autonomías contempladas quedaban muy por debajo, no sólo de las aspiraciones de los nacionalismos subestatales no separatistas, sino también de los proyectos anteriores del componente federalista del propio nacionalismo español. El temor a que esos nacionalismos negadores de la nación española utilizasen la federación como antesala de la separación, inexistente o mucho menos justificado en el siglo XIX, se cobraba ahora su factura. En todo caso éstas eran las reglas del juego.
LA REGIONALIZACIÓN EN EL PRIMER BIENIO REPUBLICANO: UN BALANCE POCO BRILLANTE
Y a partir de diciembre de 1932 se trataba de aplicarlas. La autonomía regional no era obligatoria –como lo será en 1978– pese a lo cual ya hemos visto que, aparte de los territorios con un verdadero nacionalismo alternativo al español, habían surgido, unas veces por reacción, otras por emulación, bastantes iniciativas autonomistas. Tampoco cabía esperar que los partidarios del centralismo desapareciesen de la noche a la mañana. Veamos brevemente qué ocurrió con unos y con otros mientras se mantuvieron en el poder quienes habían hecho nacer la República.
El 6 de mayo de 1932, cinco meses después del referéndum constitucional y a nueve de su plebiscito, se inició la discusión parlamentaria del Estatuto de Núria. Las reacciones en contra de su orientación federalista, y para algunos criptoindependentista, fueron muy fuertes y surgieron de todos los sectores de la Cámara desde el españolismo militante de un Antonio Royo Villanova 34 a socialistas y republicanos pasando por Unamuno y Ortega. Manuel Azaña era uno de los pocos que parecía percatarse de la enorme importancia que la concesión de la autonomía catalana tenía para el futuro de la República 35. El largo proceso parlamentario, durante el cual el texto inicial iba sufriendo recorte tras recorte, parecía eternizarse. Pero la primera intentona antidemocrática vino a sacar al Estatuto catalán del punto muerto en que había encallado. El fallido golpe de Estado encabezado por el general Sanjurjo, y encaminado, entre otras cosas, a impedir «la desmembración de España», recordó a tirios y troyanos que el peligro de desaparición de la República seguía muy vivo y que la necesidad de unión entre todos sus partidarios mantenía toda su vigencia por encima de diferencias ideológicas o nacionales. El trámite parlamentario se desatascó y el 9 de septiembre las Cortes aprobaron un Estatuto adaptado a la Constitución.
Esto implicaba una serie de diferencias importantes respecto del proyecto original: Cataluña se definía como «región autónoma», y no como «estado autónomo», desaparecía la alusión a la soberanía catalana, se establecía la cooficialidad del catalán y el castellano, se eliminaba la competencia exclusiva en materia de educación, orden público y administración de justicia y se reducían considerablemente las competencias legislativas del parlamento catalán.
Naturalmente esto provocó un notable desencanto en la mayoría del nacionalismo catalán que, pese a ello, consideró esta autonomía un mal menor y un paso adelante. Y así, en noviembre se celebraron las primeras elecciones autonómicas. El Parlament resultante era casi exclusivamente nacionalista. El catalanismo de izquierdas mantenía su holgada mayoría y la Lliga iniciaba su recuperación. La presencia de los partidos de ámbito estatal era menos que testimonial 36.
El Estatuto vasco lo tenía aún más difícil. El proceso autonómico tuvo que empezar de nuevo tras la aprobación de la Constitución. El Gobierno de Azaña fijó el procedimiento añadiendo un trámite previo a lo que decía la Constitución: el texto que se habría de someter a la preceptiva asamblea de ayuntamientos sería elaborado por las diputaciones provinciales, gobernadas por unas comisiones gestoras que controlaban las fuerzas pro-gubernamentales.
El PNV, dando muestras de realismo, aceptó este camino. No así los carlistas, plenamente decididos ya a ser una activa fuerza antisistema. El texto elaborado por las gestoras, ahora acorde con la Constitución, fue presentado a la asamblea municipal que se celebró en Pamplona en junio de 1932. Pero no prosperó porque los ayuntamientos navarros se retiraron de la asamblea, siguiendo la táctica obstruccionista del carlismo y sus afines. Con esta acción murió la posibilidad de reunir a vascos y navarros en una sola región autónoma. Esto, y la crispación política que no amainaba en el País Vasco, volvieron a retrasarlo todo. De hecho, hubo de transcurrir más de un año antes de que los ayuntamientos de las tres provincias, reunidos en Vitoria en agosto de 1933, pudiesen dar el visto bueno al nuevo proyecto, que fue plebiscitado con mayoría más que suficiente el 5 de noviembre. No obstante, aunque en Vizcaya y Guipúzcoa los resultados superaron con mucho el quorum exigido por la Constitución (con un sospechoso 90% del censo diciendo sí), en Álava no se cumplió el requisito al abstenerse el 41% de los electores debido a la actitud contraria del Carlismo. Esto, aparte de indicar una vez más donde estaba el talón de Aquiles territorial del nacionalismo vasco, introducía dudas razonables sobre la legalidad de la incorporación de esa provincia a la región autónoma. Dudas que, como veremos, serían aprovechadas por algunos en el trámite parlamentario para bloquear una vez más la concesión de la autonomía vasca.
En Galicia, el autonomismo de la ORGA, pronto rebautizada Partido Republicano Gallego, se iba enfriando en la misma medida en que aumentaba el compromiso de su líder en las tareas gubernamentales. En cambio el nacionalismo, reunificado a principios de diciembre en el Partido Galeguista, superó rápidamente la decepción que le produjo el que la República no fuese federal y, convencido de que mejor era un Estatuto de Autonomía que nada, dedicó lo mejor de sus esfuerzos a conseguirlo. Ya en su primera reunión de diciembre de 1931, el consejo ejecutivo del PG acordó remitir el anteproyecto aprobado en Coruña a las diputaciones en un intento de salir del punto muerto en que había caído el proceso autonómico en los meses anteriores. Además empleó todos los medios a su alcance (mítines, conferencias, artículos de prensa, escritos a las autoridades, intervenciones parlamentarias) para presionar a los otros partidos comprometidos con la autonomía y a las corporaciones locales en un intento de inclinar la opinión pública a favor de sus tesis. Al final su insistencia empezó a dar fruto. El Ayuntamiento de Santiago, a instancias del concejal republicano Enrique Rajoy Leloup, convocó para el 3 de julio de 1932 «una Asamblea representativa de los elementos políticos, administrativos, económicos y culturales que constituyen la vida social de Galicia». En la reunión se dio el visto bueno a un nuevo anteproyecto, no muy diferente del anterior, que se sometió a información pública y al que se presentaron diferentes enmiendas. Por último, se celebró en Santiago, del 17 al 19 de diciembre, la asamblea de ayuntamientos en la que, cumpliendo con creces las exigencias constitucionales, se aprobó un texto con el respaldo del 77,4% de los municipios, que representaba el 84,7% de la población. Es obvio que no se hubiese llegado a este resultado si el Partido Republicano Gallego, a la sazón dominante en las instituciones de Galicia, no hubiese decidido finalmente atender los llamamientos del Partido Galeguista. Ahora sólo restaba el trámite del referéndum para que se pudiese presentar a las Cortes el Estatuto de Autonomía.
Pero lo que parecía más fácil resultó lo más difícil, aunque en los primeros momentos los nacionalistas confiaban en una culminación rápida del proceso. Para asegurarla se creó en la asamblea citada una comisión de propaganda del Estatuto con participación mayoritaria del PG, el PRG y Acción Republicana. Pero serían los nacionalistas quienes llevarían el peso de la campaña. Sus teóricos aliados se mostraron cada vez más pasivos y el gobierno central muy reticente a convocar la consulta. Es probable que éste considerase que la concesión de la autonomía a Galicia antes que al País Vasco complicaría aún más una situación política general ya muy difícil. En todo caso, estos obstáculos en Galicia y Madrid llevaron al PG, que estaba creciendo bastante, a lanzar duras críticas, sobre todo contra Casares Quiroga, y a arreciar en su campaña pro-autonomía, que culminó en mayo de 1933 con una sonada interpelación de los diputados nacionalistas en el Congreso. Ante estas presiones, el gobierno había prometido en abril convocar el referéndum después de las elecciones municipales parciales. Pasadas éstas, por cierto con una derrota de las izquierdas que anuncian el desastre de noviembre, cumplió a medias la promesa mediante un decreto que autorizaba el referéndum, pero sin fecha. De este modo salvaba la cara y dejaba la labor dilatoria en manos de sus organizaciones en Galicia. En julio, el Comité Central de la Autonomía volvió a reunirse con asistencia de todos sus miembros, salvo los socialistas cada vez más contrarios a la autonomía, y acordó convocar la consulta para septiembre y llevar a cabo una campaña conjunta de propaganda. Pero tampoco se fijó el día y, una vez más, todo quedó en buenas palabras. No hubo más propaganda que la realizada por el PG y la organización efectiva del referéndum se fue aplazando hasta que la convocatoria de elecciones generales para noviembre lo hizo inviable de momento.
Entre tanto Castilla seguía subida al carro del anticatalanismo. A instancias de la Diputación de Burgos, que pretendía articular la resistencia antiautonomista a escala nacional, se celebró el 18 de enero de 1932 una reunión de representantes de 20 diputaciones de Aragón, Valencia, Castilla La Nueva, Madrid, Extremadura, Andalucía, Asturias, Galicia y Navarra, a la que se sumaron gremios, cámaras, sindicatos y ayuntamientos. Su finalidad era analizar y criticar los artículos del Estatuto de Núria que, a juicio de los reunidos, fuesen separatistas o atentatorios contra la soberanía del Estado. Naturalmente se condenó el texto y se exigió que el orden público y la Hacienda siguiesen exclusivamente en manos del poder central. Las movilizaciones y asambleas continuaron en los meses siguientes, a veces con el resultado de algún muerto y heridos, como ocurrió el 9 de mayo en Valladolid con motivo de una manifestación de estudiantes. Tras la aprobación del Estatuto catalán la agitación amainó y, aunque algunos periódicos y entidades continuaron reclamando la autonomía para la región, finalmente esta reivindicación languideció por ausencia de apoyos políticos y sociales suficientes.
Algo similar pasó en Andalucía, a pesar de la existencia del andalucismo, si bien al principio la impresión era la contraria. Venciendo las hondas desconfianzas mutuas, las diputaciones andaluzas consiguieron aprobar el 26 de febrero de 1932 un anteproyecto de Estatuto que, por sus contenidos, no pasaba de ser una simple descentralización administrativa, tipo mancomunidad. Solamente andalucistas y federalistas, dos fuerzas marginales, lo consideraron insuficiente.
En cualquier caso, el acuerdo no tuvo efectos prácticos durante casi un año, hasta la asamblea celebrada en Córdoba del 29 al 31 de enero de 1933. Allí, tras duras discusiones, se aprobaron unas bases muy diferentes y más en línea con los Estatutos catalán y gallego. Pero Granada, Jaén y Almería, por un lado, y Huelva por el otro, volvieron a sus reticencias ante una región autónoma panandaluza. Y después de la asamblea nadie con poder efectivo hizo nada por sacar esas bases del papel. A la postre, la iniciativa autonómica, como el propio andalucismo, se apagaron hasta después de febrero de 1936.
En Aragón, la Diputación de Zaragoza, ante la apatía de sus hermanas de Huesca y Teruel, decidió en junio de 1932 continuar en solitario, a pesar de la indiferencia o incluso de la oposición de buena parte de las fuerzas políticas, incluidas algunas de ámbito regional 37. A la nueva asamblea convocada por los zaragozanos acudieron representantes de las tres diputaciones, de los tres colegios de abogados, de las cámaras de comercio, los partidos políticos y algunos ayuntamientos. El alcalde de Huesca y el Partido Radical se opusieron a la autonomía. Finalmente se acordó, a propuesta de Unión Aragonesa, pedir autonomía municipal, fortalecimiento de las provincias, descentralización administrativa y mancomunidades para todas las regiones, así como instar a los diputados aragoneses a que defendiesen su región contra los perjuicios que le ocasionase el Estatuto catalán. Con estos planteamientos nada tiene de extraño que el incipiente proceso autonómico aragonés se paralizase. Ni siquiera el primer brote nacionalista en 1933, con la aparición en Barcelona de Estado Aragonés a partir de una escisión de Unión Aragonesista encabezada por Gaspar Torrente, consiguió reiniciarlo de momento.
En la región valenciana, el blasquismo, ante la actitud de bloqueo de las otras dos provincias, sopesó al principio, y sin mucho entusiasmo, la posibilidad de formar con Valencia una región uniprovincial. En todo caso, la idea pronto perdió fuelle, entre otras cosas, porque el republicanismo valenciano estaba cada vez más supeditado al lerrouxismo, y éste no era precisamente autonomista. Al contrario que en otras regiones, la tramitación y aprobación del Estatuto catalán pasó en Valencia sin pena ni gloria. En septiembre de 1932, la Agrupació Valencianista Republicana denunció la pasividad del blasquista PURA y convocó una reunión de fuerzas políticas a la que acudieron casi todas las importantes de derecha e izquierda, menos el PURA y el Partido Republicano Conservador.
Se acordó relanzar la campaña en pro del Estatuto en las tres provincias. Pero el blasquismo, dominante en la política valenciana, no dio su brazo a torcer y además desenterró el anticatalanismo para neutralizar el movimiento de los otros, ante lo cual la Derecha Regional cambió de actitud. Con ello se configuraron dos bloques que se consolidarían en el futuro próximo: el PURA-DRV y lo que será después el «frente de izquierdas» y ahora se llamaba Conjunción de Partidos pro-Estatuto, formada por los valencianistas, Acción Republicana, socialistas, radical-socialistas, federalistas y tradicionalistas. En todo caso, esta conjunción fue incapaz de mover a las instituciones y las fuerzas vivas en favor de la autonomía.
En Baleares, la Diputación de Mallorca reanudó sus iniciativas autonomistas bastante después de aprobada la Constitución y probablemente movida por el deseo de emular a Cataluña. El 6 de diciembre de 1932 se celebró una nueva asamblea con representación de 26 municipios mallorquines y 5 de Ibiza y Formentera, que se limitó a nombrar una nueva comisión redactora. Los menorquines siguieron sin asistir, a pesar de que la Constitución les había cerrado las dos vías que preferían. Poco después la regionalista Associació per la Cultura de Mallorca instó a los partidos a que incluyesen en sus programas la obtención del Estatuto. Sólo respondieron favorablemente Acción Republicana, Partido Federal-Radical, Centro Autonomista y Círculo Tradicionalista. Y tras este fugaz resurgir de la cuestión, la opinión pública regresó a su indiferencia. Ni siquiera se volvió a saber nada de la comisión redactora. Y es que el regionalismo balear, tanto el de derecha como el de izquierda, padecía una extrema debilidad social.
De ahí que fuese reabsorbido pronto por las fuerzas estatales afines. El Partit Regionalista, formado por ex-mauristas, acabó neutralizado por unas derechas poco autonomistas. Y lo mismo le ocurrió al Centre Autonomista respecto de los republicanos. La incorporación de los federales al partido de Lerroux probó la inconsistencia de su autonomismo. En cuanto al PSOE, combinaba un nacionalismo balear teórico muy radical en algunos de sus miembros locales con una total sumisión política a las instrucciones de la dirección central, muy antiautonomista al principio.
Por otra parte, en el conjunto de fuerzas políticas de ámbito estatal se producen en este período pocos cambios de verdadero relieve. El más importante es sin duda la fundación de la CEDA, que marca el punto de inflexión de la reorganización de las derechas y con ella de la dinámica toda de la propia República. En su programa de marzo de 1933, la nueva formación, deseosa de compaginar su propia naturaleza ideológica con la aceptación pública del orden constitucional, combinaba su rotunda condena de los nacionalismos subestatales con la asunción de un regionalismo tibio y españolista que admitía el «desenvolvimiento de un espíritu propio de la región en la esfera de las realidades patentes» y, en consecuencia, la atribución a las regiones de aquellas competencias que no afectasen a la soberanía nacional. Esta fórmula le permitía integrar las derechas algo regionalistas de algunos territorios, como Valencia o Galicia, sin por ello espantar el cerrado centralismo de sus partidarios en otros, como Castilla o Madrid.
A modo de resumen podemos observar en este primer bienio tres fenómenos. El primero es que el componente autonomista de la democracia republicana en la práctica era asumido todavía por muy pocos, incluso entre quienes lo predicaban oficialmente. La autonomía sólo se concedía cuando se consideraba que no había más remedio y sólo en la medida justa para evitar el mal mayor de la desaparición de la Democracia. La actuación de republicanos y socialistas, dentro y fuera del Parlamento, ante los Estatutos de Cataluña, Euskadi y Galicia demuestra lo muy fuertes que seguían siendo en todos las inercias mentales y sentimentales del viejo centralismo español. El segundo fenómeno, en parte consecuencia del primero, es que de momento sólo había un impulso descentralizador estable allí donde había prendido algo o mucho un nacionalismo subestatal. Y el tercero, que estos nacionalismos, por encima de sus profundas diferencias de todo tipo, supieron aparcar de momento aspectos sustanciales de sus programas, aun sin renunciar a ellos en el largo plazo, para aceptar y poner en pie una autonomía que quedaba muy por debajo de sus aspiraciones de siempre. Como veremos a continuación, el cambio de signo político del bienio siguiente fue un acicate poderoso para que cambiasen algunas de estas actitudes.
INVOLUCIÓN AUTONÓMICA Y RESPUESTAS NACIONALISTAS EN EL BIENIO DE CENTRO-DERECHA
Como es bien sabido, las elecciones generales de noviembre de 1933 trajeron consigo un vuelco de la correlación de fuerzas, ahora más acorde con la verdadera implantación social de las diferentes opciones 38. Las derechas, reorganizadas, habían recuperado con creces el espacio electoral que les correspondía, sin que les afectase negativamente el fracaso de Sanjurjo el año anterior. Pasaban de los 60 escaños más o menos de 1931, incluidos los agrarios, a unos 220 contados éstos y a más de 190 sin contarlos. Además, ahora disponían de una formación, la CEDA, que por su peso podía liderar un sector antes fragmentado en partes casi iguales. Resultaba cualitativamente significativo también el notable ascenso de dos fuerzas abiertamente antisistema, Renovación Española, y los tradicionalistas. En el centro resaltaba el Partido Radical, cuya ruptura con la izquierda le había valido salir ligeramente reforzado lo que sin duda le animaba a escorarse cada vez más a la derecha para volver a participar en el poder. En contraste, el panorama de la izquierda española, cuyos diputados pasaban de 212 a 77, era desolador. Especialmente grave era el hundimiento sin paliativos de su sector republicano, habida cuenta de las querencias antisistema de un sector del PSOE. Dadas las posiciones de las derechas triunfantes ante la cuestión nacional y las autonomías, todo indicaba que empezaban a pintar bastos en este terreno. Como es natural, los impulsos autonomistas menores, ya muy apagados antes de las elecciones de noviembre, siguieron disfrutando del sueño de los justos en este ambiente poco propicio. En cambio, la cuestión siguió muy viva en los tres territorios de siempre.
El vuelco electoral fue menor en Cataluña que en Galicia 39, pues en la primera el nacionalismo catalán conservó su cuasi monopolio de representación. No obstante, el cambio tampoco fue menor ya que, en sintonía con la derechización general, la Lliga y sus aliados, con sus 28 diputados, consiguieron superar por poco los 27 de ERC y los suyos. En el País Vasco, la representación de las izquierdas casi desapareció 40, pero el PNV consiguió el mejor resultado de su historia con 12 diputados, expresión electoral de su rapidísimo avance social, y los 3 restantes fueron para el Bloque de Derechas (carlistas, monárquicos y CEDA) que copó además los 7 de Navarra.
El probado dominio de los respectivos nacionalismos en Cataluña y Euskadi no menguó un ápice la determinación antiautonomista del nacionalismo español de centro-derecha, ahora dominante en el Congreso. En diciembre de 1933, el Estatuto vasco fue presentado en las nuevas Cortes para su debate y aprobación. Y allí se empantanó so pretexto de la cuestión alavesa. Según la CEDA y el diputado alavés Oriol, esta provincia no lo había aprobado en el referéndum por lo que debía quedar al margen de la autonomía. El Partido Radical, de quien dependía la mayoría, no se atrevió a secundar esta postura que, en consecuencia, no prosperó. Pero tampoco apoyó la contraria, con lo que el asunto quedó en un callejón sin salida. La consecuencia de mayor repercusión futura fue que el PNV llegó al convencimiento de que con las derechas españolas nunca conseguiría la autonomía. Esto contribuyó sin duda a que acelerase su deriva ideológica hacia el centrismo democristiano y, sobre todo, le llevó a iniciar el diálogo con las izquierdas y a amortiguar su previa actitud negativa respecto de la democracia republicana.
Cataluña inició este período con un suceso de gran carga simbólica pero de poca repercusión política, la muerte de Macià el 25 de diciembre de 1933, a quien sustituyó en la presidencia Lluís Companys. En enero de 1934 hubo elecciones municipales, que dieron de nuevo la victoria a la izquierda. El enfrentamiento entre ERC y una Lliga crecida fue a más y culminó con el gran conflicto provocado por la Llei de Contractes de Conreu, aprobada el 21 de marzo de 1934, por la que podían acceder a la propiedad de la tierra los payeses que la hubiesen trabajado ininterrumpidamente durante más de 18 años. Una vez más, la Lliga demostró que a la hora de la verdad sus vinculaciones de clase primaban sobre su nacionalismo, y lo hizo, no sólo poniéndose del lado de los propietarios en el Parlament, sino exigiendo en el Congreso de Madrid que el gobierno presentase un recurso de inconstitucionalidad, como así se hizo. El Tribunal de Garantías Constitucionales desautorizó al legislativo catalán y derogó la ley. Lo que había empezado como un conflicto sociopolítico en el seno del nacionalismo catalán se transformó, con la pronta colaboración del Gobierno central, en un encontronazo entre «Cataluña» y «España». Los diputados de ERC (y los del PNV en solidaridad) se retiraron de las Cortes. El 12 de junio, el Parlament, dominado por ERC, mantuvo el tipo y aprobó una ley idéntica. Para evitar que las cosas fuesen a peor, el gobierno Samper negoció con el catalán no presentar una nuevo recurso a cambio de introducir algunos cambios en la ley. Pero cuando el conflicto parecía desactivado, el nuevo gobierno presidido por Lerroux, que incorporaba tres diputados de la CEDA, rompió el acuerdo.
La respuesta de la izquierda a la formación de la coalición radical-cedista es bien conocida: la huelga general de octubre de 1934, que alcanzó su máxima intensidad revolucionaria en Asturias. Lo que se ventilaba en este enfrentamiento eran cuestiones mucho más generales y graves que más o menos autonomía aquí o allá. Sin embargo, su desenlace tuvo también repercusiones de mucho calado en este campo porque el catalanismo de izquierda, resentido por el reciente conflicto que acabamos de comentar, creyó llegada otra ocasión de dar un golpe de fuerza para cumplir su verdadero programa. Y porque el gobierno de centro-derecha aprovechó este desliz catalán para sentarle la mano también a nacionalistas vascos y gallegos e iniciar la política que en esto le pedía el cuerpo, la del retorno al centralismo de siempre.
En efecto, el día 5 los sindicatos, con la inhibición de la CNT, pidieron en Cataluña armas y la proclamación de la República catalana. El gobierno catalán no accedió a lo primero pero al día siguiente Companys, ni corto ni perezoso, proclamó el «Estado catalán de la República federal española». Cuando el movimiento fracasó, el gobierno central anuló de facto la autonomía catalana clausurando el Parlament, suspendiendo el Estatuto y vaciando de competencias la Generalitat mediante la ley de 2 de enero de 1935. La Lliga, aunque impugnó esta ley mutiladora, aceptó formar parte de aquella Generalitat descafeinada que además no tenía la legitimidad del respaldo parlamentario. Este colaboracionismo con las derechas españolas la volvió a desprestigiar ante amplios sectores de la sociedad catalana. Y de nuevo la represión sólo sirvió para radicalizar el catalanismo y aumentar su influencia en todas las izquierdas 41.
Pero ni el PNV en Euskadi ni el Partido Galeguista en Galicia habían participado para nada en las acciones de octubre. Eso no les libró del castigo. Las derechas vascas acusaron al PNV de «ser cómplice de la revolución» y las actividades del nacionalismo fueron sometidas a una vigilancia y unas restricciones especiales. En Galicia, sin necesidad de acusación formal, la prensa y la vida política de los galleguistas sufrieron un acoso gubernamental que culminó con el destierro, disfrazado de traslado forzoso en su condición de funcionarios, de sus dos dirigentes claves en ese momento, Alfonso Castelao y Alexandre Bóveda, que fueron destinados a Badajoz y Cádiz, respectivamente.
Todo esto hizo cambiar durante 1935 la posición política tanto del PNV como del PG. El primero, a pesar de su tradicionalismo basal, fue derivando hacia una postura de no beligerancia con las izquierdas republicanas, por aquello de que el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo. El segundo, en cuyo seno había ya una clara mayoría de demócratas, decidió abandonar el centrismo oficial en que había procurado mantenerse hasta entonces para contentar a su minoría católico-conservadora, y fraguó, aun al precio de dos pequeñas escisiones, una alianza con Izquierda Republicana (a la que se había incorporado el PRG-ORGA) que recibió la aprobación de la IV Asamblea del partido, celebrada en abril de 1935. De la mano de esa alianza, el PG entraría meses después en el Frente Popular.
Pero la derrota de 1933 y la embestida neocentralista de la derecha tuvo también sus consecuencias en las izquierdas de ámbito estatal. Aparte de escisiones como la que dio lugar a Unión Republicana o de reagrupamientos para conseguir partidos más fuertes, como el que hizo nacer a Izquierda Republicana, quizá el fenómeno más interesante es que la experiencia del «bienio negro» induce en esas izquierdas el comienzo de una verdadera asunción del autonomismo. La consideración de las autonomías va pasando de medicina para tratar la enfermedad de los nacionalismos subestatales a elemento consustancial de la democracia republicana que, en consecuencia, debía generalizarse. De aquí el cambio de acento que se produce en la definición del Estado en los programas de esos partidos. En marzo de 1934, el de Izquierda Republicana incorpora a sus objetivos una autonomía «en armonía con los intereses del Estado republicano» y el respeto a los Estatutos que fuesen entrando en vigor hasta «llegar a la organización regional del Estado». Y en la misma vena, el de Unión Republicana, de septiembre del mismo año, concebía el Estado como «una integración de autonomías municipales y regionales dentro de la unidad indestructible de España» y prometía apoyar «a todas las regiones españolas que quisieran constituirse en régimen de autonomía» 42. La actitud represiva e intolerante de las derechas españolas había creado, también en este ámbito, el campo de encuentro entre el nacionalismo español democrático, las izquierdas y los nacionalismos subestatales. Como suele ocurrir, no hay mejor elemento de unión que un mal enemigo común.
LA REACTIVACIÓN GENERAL DEL AUTONOMISMO EN LA ANTESALA DEL DESASTRE
Y así se puso de manifiesto por doquier antes y después de las elecciones generales de febrero de 1936. Junto con la amnistía de los represaliados por los sucesos de octubre y la restauración de la verdadera democracia, la autonomía ocupó un lugar de honor en los programas del Frente Popular y otras candidaturas de la oposición. Como diría Cambó, no sin algo de sarcasmo, la autonomía se había puesto de moda. Y el triunfo electoral de las izquierdas y de los nacionalismos 43 permitió que esa «moda» se tradujese en avances rápidos hacia la regionalización del Estado hasta que la Guerra Civil acabó brutalmente con la democracia, autonomía incluida.
En Cataluña, el Front d’Esquerres se había formado alrededor de dos reivindicaciones mayores: amnistía y restauración de la autonomía. Tras su victoria arrolladora 44, el nuevo Parlament repuso a Companys, con la abstención de la Lliga, en la presidencia de la Generalitat. La reivindicación nacionalista subió de tono y aumentó la presión a favor de la República federal.
En el País Vasco, la evolución ideológica y política del PNV no podía llegar al extremo de entrar en el Frente Popular. Consciente de la gran fuerza social y política que había adquirido en los años precedentes, volvió a presentarse en solitario como opción equidistante de los dos extremos en conflicto. Y aunque descendió respecto a sus resultados de 1933, ganó a sus dos competidores 45. Pasadas las elecciones, PNV y Frente Popular llegaron a un rápido acuerdo en la cuestión del Estatuto. Se pasó por encima del problema de Álava, a pesar de la oposición de las derechas, se retocó algo el texto para homologarlo con el catalán siguiendo las indicaciones de Prieto y en julio, antes del comienzo de la Guerra Civil, estaba listo para someterlo al pleno de la Cámara. La sublevación militar no hizo sino acelerar su aprobación. Las instituciones autonómicas estuvieron en vigor de octubre de 1936 a junio de 1937, regidas por un gobierno de concentración en el que el PNV tenía la presidencia (Aguirre) y las principales carteras. Se mantuvo al lado de la República y se esforzó todo lo que pudo por combatir a los sublevados, por lo que luego habría de pagar un duro precio.
En Galicia 46, el Partido Galeguista se incorporó al Frente Popular con dos objetivos: garantizar la rápida culminación del proceso autonómico y contribuir a la defensa de la República democrática. Y en esta ocasión los integrantes del Frente Popular y el gobierno que se formó en Madrid respetaron los acuerdos. El referéndum del Estatuto, convocado para el 28 de junio, superó con mucho el listón de los dos tercios del censo mediante la obligada manipulación electoral.
Una delegación de parlamentarios gallegos, entre ellos Castelao que gracias a ello salvó la vida, se disponía a entregar en las Cortes el Estatuto plebiscitado cuando estalló la Guerra Civil. Tras muchos avatares, el empecinamiento de Castelao conseguiría que el texto fuese aprobado por las Cortes en el exilio mexicano, ya acabada la Guerra Civil. Gracias a este precedente legitimador, la Constitución de 1978 incluirá a Galicia entre las nacionalidades históricas que habían conseguido culminar sus procesos autonómicos durante la República.
Pero los impulsos autonomizadores rebrotaron también con vigor acrecido en otras regiones. Tal ocurrió en Castilla, y ahora no por anticatalanismo sino para no perder el tren en que se iban subiendo otros. En abril y mayo de 1936 se produjo una rara unanimidad sobre la conveniencia de un Estatuto entre todas las fuerzas políticas y sociales, desde la izquierda a la CEDA. Ésta promovió la redacción de unas bases y el Ayuntamiento de Burgos dio los primeros pasos para celebrar una nueva asamblea regional. Pero el comienzo de la guerra interrumpió este proceso apenas iniciado.
En abril de 1936 la Junta Liberalista andaluza despertó de su letargo creando la Acción Pro-Estatuto Andaluz y lanzando una campaña de difusión de las bases aprobadas en Córdoba tres años antes. Los partidos del Frente Popular se mostraban ahora más favorables a apoyar la autonomía, aunque las reticencias seguían siendo muy fuertes en Granada y Huelva. El 5 de julio se celebró en la Diputación de Sevilla una nueva asamblea que tampoco llegó a conclusiones definitivas. Trece días después, la rebelión militar hizo olvidar el asunto.
En marzo de 1936 las juventudes de Estado Aragonés convocaron para el 1-3 de mayo en Caspe un congreso de las juventudes de izquierda para promover un Estatuto. Respondieron a la llamada Izquierda Republicana (cuyas juventudes ya se habían manifestado a favor de la autonomía aragonesa en octubre de 1935), Unión Republicana y el recién fundado Partido Republicano Aragonés, así como algunos socialistas y comunistas. Además asistieron o se adhirieron 51 ayuntamientos. Se aprobaron unas bases y se nombró una comisión redactora de la que formaban parte los presidentes de las tres diputaciones. Las derechas rechazaron los acuerdos de Caspe y cinco notables redactaron un proyecto alternativo que fue apoyado por la CEDA. Y en estos dimes y diretes llegó la Guerra Civil.
En Valencia el mapa político había cambiado algo en el bienio anterior. Se había fundado Acció Nacionalista Valenciana, partido confesional que seguía el modelo del PNV y, como reacción a la derechización del PURA, una parte de éste se había escindido en julio de 1934 para formar Esquerra Valenciana, que incluía en su programa la autonomía regional. Tras la represión de octubre de 1934, este partido y AVR habían estrechado sus relaciones con Izquierda Republicana y por esa vía acabaron entrando en el Frente Popular. Las elecciones de febrero de 1936 trajeron el hundimiento del blasquismo. Esquerra Valenciana consiguió un diputado y los otros valencianistas cinco concejales en Valencia.
La cuestión de la autonomía volvió a primer plano. El Ayuntamiento de Valencia instó a las Diputaciones y a los parlamentarios a retomar el asunto e inició conversaciones con los Ayuntamientos de Castellón y Alicante. El firme respaldo del Frente Popular del País Valenciano a estas iniciativas permitió superar las reticencias provinciales de años anteriores. Como resultado de todo ello estaba prevista la constitución de la comisión redactora del Estatuto para finales de julio. Pero la Guerra Civil, aunque acentuó los planteamientos federalistas e incluso autodeterministas de algunos, acabó dando carpetazo a la cuestión pues las principales fuerzas políticas (Izquierda Republicana, PSOE, PCE) consideraron que debía posponerse hasta que terminase la contienda.
Todo lo anterior apunta a que, si la República hubiese sobrevivido, muy probablemente el sistema de regiones autónomas se hubiese generalizado. En todo caso, los hechos descritos hasta ahora invitan a hacer algunas reflexiones finales.
La experiencia histórica de España hasta 1939, confirmada en esto por lo ocurrido durante el resto del siglo XX, parece indicar que, una vez configuradas y socialmente enraizadas identidades nacionales alternativas a la de escala estatal, la convivencia estable y armónica entre varias «naciones» dentro de un mismo Estado resulta muy difícil. En esas condiciones, el mantenimiento de una planta centralista alimenta la dialéctica agravio-respuesta, que es el caldo de cultivo de esos movimientos, y eleva el nivel de conflictividad. Las alternativas descentralizadoras, sólo posibles cuando en el nacionalismo estatal predominan sus tendencias auténticamente democráticas, pueden desactivar temporal y parcialmente las tensiones entre nacionalismos, pero paradójicamente contribuyen a consolidar los subestatales y sus correspondientes identidades nacionales al permitirles controlar instituciones de autogobierno que profundizan aún más los procesos de nacionalización particulares. En este caso, la intensidad del conflicto se reduce pero al precio de hacerlo perenne.
Pero la descentralización también puede tener efectos totalmente contrarios, puede agudizar el conflicto aún más. Tal sucede cuando en el nacionalismo estatal tienen, o acaban teniendo, más fuerza sus tendencias autoritarias.
En la Segunda República se dieron los dos fenómenos simultáneamente. En su primera mitad tuvo más importancia el primero. En la segunda, y sobre todo desde febrero de 1936 al final de la Guerra Civil, predominó el segundo.
En efecto, en un primer momento, la templada descentralización del Estado integral, por un lado, favoreció el desarrollo de los nacionalismos vasco, gallego y catalán pero por otro parecía ofrecer un marco que indujo una deriva hacia la integración en el nuevo sistema de todos ellos, incluido el vasco. Es muy posible que, de consolidarse la República y las instituciones autonómicas conexas, esos nacionalismos, una vez metabolizado el autogobierno, hubiesen reiniciado una campaña para ampliarlo cualitativamente. Pero no lo sabemos. En todo caso lo que ocurrió realmente fue que, en el campo de la nación española, ganaron la partida las tendencias partidarias del retorno a la unicidad nacional decimonónica, pero ahora en clave dictatorial y parafascista. Resulta ocioso discutir si el nacionalismo histéricamente españolista del Movimiento Nacional fue un pretexto para cubrir con la bandera de España las vergüenzas de los intereses de clase y el odio a la participación popular en los asuntos públicos o fue un ingrediente sinceramente sentido y, por tanto, un factor mayor de la formación y actuación de ese bloque. Probablemente hubo de todo. Pero lo cierto es que la existencia y acción de ese nacionalismo ha sido obvia durante cuatro décadas, tan obvia como las demás características mayores del sistema nacido de la Guerra Civil.
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Justo Beramendi González *
Realizó estudios de Ingeniería Industrial en Madrid (1959-1967), de traducción en Barcelona (1969-1974) y de doctorado en Historia en Santiago de Compostela (1987). Actualmente es catedrático de Historia Contemporánea de la USC (Universidad de Santiago de Compostela), de la que fue vicerrector (1990-1994). Fue cofundador del Museo do Pobo Galego y es el presidente actual de su Junta Rectora. Es miembro fundador de la Fundación Castelao y director de la sección de pensamiento político de la Fundación Vicente Risco. Participó en la creación de las revistas Negaciones (Madrid, 1977), A Trabe de Ouro (Santiago, 1990) y Tempos Novos (Santiago, 1997). Se jubiló en el año 2012.
Especializado en la historia de las ideologías y de los nacionalismos fue editor de las obras de Losada Diéguez, Ramón Villar Ponte, Peña Novo, Castelao y Vicente Risco. Organizó y coeditó las actas de los congresos Nacionalismos y regionalismos en la España de la Restauración (1983), Castelao (1986), Los nacionalismos en la España de la Segunda República (1988), Nationalisms in Europe. Past and Present (1993) y Memoria e Identidade (2004). Premio Nacional de Ensayo en el año.
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Reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona 1936
NOTAS:
29. «Art. 12. Para la aprobación del Estatuto de la región autónoma se requieren las siguientes condiciones:
a) Que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos o, cuando menos, aquellos cuyos Municipios comprendan las dos terceras partes del Censo electoral de la región.
b) Que lo acepten, por el procedimiento que señale la ley Electoral, por lo menos las dos terceras partes de los electores inscritos en el Censo de la región. Si el plebiscito fuera negativo, no podrá renovarse la propuesta hasta transcurridos cinco años.
c) Que lo aprueben las Cortes.
Los Estatutos regionales serán aprobados por el Congreso siempre que se ajusten al presente Título y no contengan, en caso alguno, preceptos contrarios a la Constitución, y tampoco a las leyes orgánicas del Estado en las materias no transmisibles al poder regional, sin perjuicio de la facultad que a las Cortes reconocen los artículos 15 y 16».30. «Art. 20. […] El Gobierno de la República podrá dictar Reglamentos para la ejecución de susleyes, aun en los casos en que esta ejecución corresponda a las autoridades regionales».
31. «Art. 4. El castellano es el idioma oficial de la República.
Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento de ninguna lengua regional».32. Las principales eran: derechos y deberes constitucionales, política religiosa, relaciones exteriores, defensa, fronteras, orden público en conflictos suprarregionales, Hacienda estatal, comercio exterior y régimen arancelario, moneda y sistema bancario, régimen general de comunicaciones y pesca marítima.
33. Legislación penal, social, mercantil, procesal y civil; notariado, registros y seguros; minas y normas básicas en agricultura, sanidad; comunicaciones y otras.
34. Que, fiel a su trayectoria de publicista polémico, quiso difundir su postura fuera de la Cámara con el libro, de título suficientemente significativo, Un grito contra el Estatuto, Madrid, Sociedad Administrativa de Ediciones Literarias, 1932.
35. Vid. el discurso que pronunció en las Cortes el 27 de mayo en AZAÑA, Manuel, Defensa de la autonomía de Cataluña, Barcelona, Undaria, 1977.
36. El reparto de escaños era el siguiente: ERC, 57; USC, 5; disidentes del Partido Radical aliados a ERC, 4; AC, 1; UDC, 1; Lliga, 15 [BALCELLS, A. (ed.), op. cit., p. 559].
37. Por ejemplo, la recién nacida Unión Aragonesa se estrenó con un manifiesto en el que atacaba el Estatuto catalán y dudaba de que en Aragón hubiese voluntad autonomista.
38. La distribución de escaños fue la siguiente: CEDA, 115; Partido Radical, 102; PSOE, 61; agrarios, 36; Lliga, 24; tradicionalistas, 20; ERC, 19; independientes de derecha, 18; republicanos conservadores, 18; Renovación Española, 15; centristas, 12; PNV, 12; PRG (ORGA), 6; Acción Republicana, 5; radical-socialistas, 4; USC, 3; PCE, 1.
39. Los resultados en Galicia fueron: Partido Radical, 16; CEDA, 12; Renovación Española, 8; centristas, 7; ORGA-PRG, 6.
40. Quedó reducida a los escaños conseguidos por Indalecio Prieto y Manuel Azaña.
41. Y así, en noviembre de 1934, un manifiesto conjunto de la Alianza Obrera y del Partido Comunista de Cataluña invitaba a «todos los partidos de izquierda, a todos los separatistas, a formar el frente común contra el imperialismo español».
42. Vid. ARTOLA, Miguel, op. cit., vol. II, pp. 420-427.
43. El Frente Popular y sus afines obtuvieron 282 escaños (PSOE, 99; IR, 87; UR, 39; ERC, 36; PCE, 17; PG, 4) frente a 57 de las candidaturas de centro y 139 del bloque de derechas (CEDA, 88; BN, 13; tradicionalistas 9, y otros, 29).
44. De los 54 escaños, el Front d’Esquerres obtuvo 41 (ERC, 21; ACR, 5; PRE, 3; PNRE, 2; USC, 4; Unió de Rabassaires, 2; POUM, 1; PCP, 1; PSOE, 1; PCC, 1) por 12 de la Lliga, 1 tradicionalista y sólo otro para el Front d’Ordre.
45. Consiguió 9 diputados frente a 7 del Frente Popular (3 republicanos, 3 socialistas y 1 comunista). El Bloque de Derechas, que copó otra vez los 7 de Navarra, tuvo que conformarse en las provincias vascas con un solo escaño.
46. Los resultados fueron: Frente Popular, 26 (Izquierda Republicana, 11; UR, 5; PSOE, 5; PG, 4; PCE, 1), Bloque de Derechas, 14 (CEDA, 8; RE, 5; y un independiente), centristas, 8 y Partido Radical, 1.
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