¿IDEOLOGÍA?, NO GRACIAS, HOY SOY PRAGMÁTICO. «VIEJA Y NUEVA POLITICA: Un enfoque histórico del discurso de José Ortega y Gasset», por Feliciano Páez-Camino

Vieja y nueva República

República y monarquía no pueden ser ítacas de nuestra política: su valor no estriba en ninguna promesa de felicidad, sino en ser matriz de la libertad de todos.
Por Aurora Nacarino Bravo

Letras Libres

 

La quiebra del bipartidismo ha llevado al Congreso a una nueva izquierda de ámbito nacional que plantea una enmienda a la totalidad del sistema del 78 y demanda sin ambages la república, rompiendo con el compromiso histórico que suscribieron el PSOE y el PCE con la monarquía parlamentaria. Monarquía y Constitución han sido desde entonces objetivos de la crítica política, también en el ámbito territorial, donde el nacionalismo las ha esgrimido como justificación para la secesión. Y a este desgaste ha contribuido la deshonrosa conducta privada del propio rey emérito, que ha puesto a la corona en una situación comprometida.

Esa conjunción de circunstancias ha renovado la discusión sobre la posibilidad de la República, un debate que no ha desaparecido nunca, pero que es una corriente de caudal variable. En todo caso, es una corriente siempre ruidosa hacia el 14 de abril, la fecha en que los españoles nos entregamos a un morbo histórico que inexorablemente nos devuelve a la Guerra Civil. No pretendo predecir aquí la suerte que pueda correr la causa republicana ni tampoco sentar doctrina sobre la forma deseable del Estado. Más bien, trataré de hacer lo contrario: fundamentar que república y monarquía no pueden ser ítacas de nuestra política, y que su valor no estriba en ninguna promesa de felicidad, sino en ser matriz de la libertad de todos. Miro para ello a los republicanos nuevos, sin perder la perspectiva de los viejos, y examino algunos argumentos de la reivindicación republicana a la luz del contexto histórico.

La Gran Recesión fue origen de un profundo padecimiento social, y también de una fractura política que tiene que ver con la falta de consenso sobre las causas de la crisis y, por tanto, sobre las soluciones que se debían implementar para resolverla. Si la crisis emanaba de la propia naturaleza del sistema, como sostenía Podemos, entonces no cabía más que dar por superada la experiencia del 78 e iniciar un proceso constituyente que alumbrara un nuevo régimen. Se trata de un argumento fácil de formular y de comunicar, y que además soslaya el embrollo de estudiar y proponer reformas legislativas que exigen hondos conocimientos, pericia técnica y negociaciones arduas.

Sin embargo, no resulta sencillo responder en qué medida una república habría prevenido la burbuja inmobiliaria, la dualidad del mercado laboral que aboca a una parte de los trabajadores a la precariedad o el desempleo, la colonización institucional y la corrupción de los partidos o la politización de los reguladores que debían haber alertado de los peligros en los que España estaba incurriendo. Como no parecen males imputables a la Constitución del 78 o la monarquía, debemos concluir que la nueva voz republicana es antes la expresión de una identidad, acorde con los tiempos del posmaterialismo, que una razón instrumental.

Se trata, por tanto, de un republicanismo finalista, para el que la República es el programa mismo. Una postura que contrasta con el ánimo transformador que movió a los republicanos de hace un siglo. Y no es que entonces faltaran los republicanos doctrinarios, qué duda cabe; pero la decantación del nuevo régimen solo fue posible después de la adhesión a la causa de aquellos para quienes la República se anunciaba como la condición de posibilidad de un programa de democracia y libertades.

Si el republicanismo se hizo fuerte entonces, fue gracias a la intervención de algunas figuras notables, no todas de izquierdas, que históricamente habían mantenido una relación accidentalista respecto a la forma del Estado, que habían sido muy críticas con el ensayo republicano de 1873, o que directamente habían militado en los partidos dinásticos, como Maura o Alcalá-Zamora. El PSOE, para el que la prioridad era la culminación del socialismo, fue el último partido en sumarse al Pacto de San Sebastián que aglutinó a los republicanos, y lo hizo por intercesión de Manuel Azaña. Un Azaña que solo había roto con la vía posibilista del reformismo que consentía en la monarquía después de que Alfonso XIII se entregara al dictador Primo de Rivera.

En efecto, el primer propósito había sido la reforma y no la revolución, porque la democratización se sentía inaplazable y no podía preterirse a un cambio de régimen de advenimiento incierto. Azaña lo expresó con la acidez que contó luego Santos Juliá, y que cabe aplicar también hoy a nuestro parlamento: se puede “ser revolucionario 24 horas”, pero es “ridículo, a más de ser estéril, titularse revolucionario 24 años”. Algunos políticos actuales van camino de tal hito, sin haber legado al país una sola transformación que pueda ser tenida por valiosa.

En cualquier caso, fue la rigidez de la corona, incapaz de adaptarse a una sociedad que empezaba a decirse moderna y que demandaba cambios, la que condujo a la ruptura con la monarquía, lo cual nos recuerda que la flexibilidad y la actualización son atributos de las instituciones longevas. Alfonso XIII sentenció a la monarquía cuando avaló la dictadura militar, porque, desde entonces, república fue sinónimo de democracia.

Quizá nadie expresó como Ortega aquel accidentalismo con respecto a la forma del Estado, y que bien merece reivindicarse aún: “En esta materia no es decorosa al siglo XX otra postura que la experimental”, dijo en su famosa conferencia “Vieja y nueva política”. Tampoco estará a la altura del siglo XXI cualquier aproximación a la cuestión que soslaye la evaluación y la evidencia. Así, el republicanismo encendido, como el fervor monárquico, que no reporte argumentos contrastables no merecerá otro estatus que el de revelación mística.

El accidentalismo no denota flaqueza en el compromiso con el sistema, sino facultad de escrutinio y voluntad de vigilancia cuando la jefatura del Estado no es una institución mayoritaria. Si la sucesión de los reyes no es democrática (aunque la monarquía fuera refrendada en la Constitución) sino cognaticia, entonces su legitimidad ha de basarse en sus resultados.

Y debo admitir que muchos españoles que nos reconocemos en la sentencia orteguiana cometimos el error de confundir el accidentalismo que legitima una institución contramayoritaria por sus resultados con eso que dimos en llamar juancarlismo, que era la forma cuca que nos permitía a los progresistas avalar la monarquía del 78 sin dejar de sentirnos republicanos. La actual forma del Estado ha servido a un propósito que nos era muy querido por inédito: la consolidación democrática. Y bajo su paraguas institucional España ha conocido sus años más prósperos.

Sin embargo, el juancarlismo confundió las virtudes del sistema con los atributos personales del titular de la corona, incurriendo en el error de anteponer los hombres a las leyes, que es un debate que lleva resuelto más o menos desde Aristóteles, pero en el que la humanidad se empeña en tropezar de forma recurrente. Juan Carlos se descubrió tan falible como cualquier persona, así que se hizo preciso enterrar, abdicación mediante, el juancarlismo, para defender sin complejos la monarquía parlamentaria. Y no por conversión religiosa, sino por la decorosa aproximación experimental que había recetado Ortega: no rompamos lo que, por una vez, nos ha funcionado como nación.

El problema es que “no romper el sistema” es un argumento que no puede convencer a quienes creen en la necesaria ruptura del sistema. Y concedo que la monarquía ha de estar sometida a revisión y no tenerse por cosa dada, pero sucede que no se han presentado las pruebas que harían del nuevo orden uno mejor que el presente. Si hace un siglo república fue sinónimo de democracia, ¿qué puede significar la República en nuestra democracia consolidada? Sus portavoces hoy enarbolan un régimen de parte que está lejos de ofrecer la inclusión que hizo de la monarquía parlamentaria un modelo de consenso. La República no parece solución de compromiso, sino fuente de conflicto. Y tan obtuso era Cánovas cuando proclamaba que “sobre la paz está la monarquía” como lo son ahora quienes están dispuestos a sacrificar la convivencia en el altar de la República.

Al cabo, siguen valiendo las palabras que pronunció Azaña hace justo 90 años: “La República es la nación que se gobierna a sí misma.” Que viva entonces la República coronada del 78. Y mañana, ya iremos viendo.

 

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“Vieja y nueva política”: Un enfoque histórico del discurso de José Ortega y Gasset

La corrupción organizada, y el turno de los partidos, como manivela de ese sistema de corrupción”.

Por Feliciano Páez-Camino Arias, 2015

Cuadernos UMER

 

Hay placeres que no por repetidos son menos intensos; este de dirigirme a ustedes con cierta frecuencia es uno de ellos. Me dispongo, en esta ocasión, a acercarme a un tema de actualidad, procurando abordarlo con una perspectiva histórica que le dé cierta espesura. Al título con que lo presento, Vieja y nueva política, le vienen bien unas comillas, no solo porque -como veremos enseguida- implica una referencia a uno de nuestros más apreciados pensadores, sino tam­bién porque el hecho de contraponer una política vieja y tradicional a otra nueva y emergente se ha convertido ya en un tópico, acentuado en el debate público de los últimos tiempos y muy presente en estas vísperas de campaña electoral.

No se nos oculta que la forma de presentar estos dilemas es ya un elemento condicionante de la respuesta que se espera para ellos. Y, en este caso, caben po­cas dudas de que quien opone así lo viejo a lo nuevo está invitándonos a adoptar la novedad, del mismo modo que si la contraposición fuera, por ejemplo, entre “pericia” e “inexperiencia” se estaría abogando implícitamente por la primera. Tampoco es un secreto que propugnar lo nuevo es una vieja costumbre de la po­lítica; tal vez no mucho menos vieja que la costumbre que se nos aparece como la contraria: justificar la permanencia de lo existente por su propia antigüedad.

Feliciano Páez-Camino Arias

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Propugnar lo nuevo es una vieja costumbre: un ejemplo ilustre

José Ortega y Gasset

 

Hace ya más de un siglo, el 23 de marzo de 1914, un joven profesor llamado José Ortega y Gasset, que apenas entrado en la treintena -había nacido en 1883- se estaba ya convirtiendo en cabeza destacada de la que luego sería llamada gene­ración del 14, pronunció en el teatro de la Comedia de Madrid una conferencia, cuyo objetivo inmediato era presentar una Liga de Educación Política Española. Resultó ser esta una organización efímera, pero la intervención de Ortega alcanzó larga resonancia, empezando por su propio título: Vieja y nueva política. Yo lo he tomado prestado -con todo el respeto que imponen las distancias- para titular mi exposición (y fuerza es reconocer que no se trata de una iniciativa muy original, porque hoy mismo aparece en el diario El País un interesante artículo de Daniel Innerarity bajo el mismo epígrafe).

Traer a colación el texto de Ortega no nos sirve solamente para ilustrar la an­tigüedad de la contraposición señalada, sino también para rastrear la vigencia de sus contenidos. Y es que podemos encontrar en ella -dichos en un buen castella­no, un tanto enfático en ocasiones- temas y enfoques que, en un tono por lo ge­neral más pedestre, abundan en nuestros días. Para empezar, la propia oposición maniquea entre lo viejo y lo nuevo; así nos presenta Ortega la situación del país: “dos Españas que viven juntas y que son perfectamente extrañas: una España ofi­cial que se obstina en prolongar los gestos de una edad fenecida, y otra España aspirante, germinal, una España vital…”.

No falta la afirmación de que existe una juventud no integrada en el sistema: “Las nuevas generaciones advierten que son extrañas totalmente a los principios, a los usos, a las ideas y hasta al vocabulario de los que hoy rigen los organismos oficiales de la vida española”. También formula Ortega el propósito de desbordar los cauces habituales de la participación, ya que la nueva política “es menester que signifique muchas otras actividades sobre la electoral, parlamentaria y guber­nativa”, hasta el extremo de que “tiene que ser toda una actitud histórica”.

El orador subraya además la “diferencia radical entre la Liga de Educación Política Española y los partidos actuales”; y eso enlaza con una descripción muy dura del sistema político de su tiempo, el nacido de la Restauración borbónica de 1875, presentado como: “la corrupción organizada, y el turno de los partidos, como manivela de ese sistema de corrupción”. 

Con llamativa vehemencia, el movimiento que encabeza Ortega se considera portavoz de multitudes y confiesa su propósito de guiarlas: “Vamos a inundar con nuestra curiosidad y nuestro entusiasmo los últimos rincones de España; va­mos a ver España y a sembrarla de amor y de indignación. Vamos a (…) escuchar las quejas desesperadas allí donde manan; vamos a ser primero amigos de [aque­llos de] quienes luego vamos a ser conductores”.

Ahora bien, tras traer a colación la tantas veces oportuna cita de Leonardo de VinciDove si grida non é vera scienza” (que Ortega traduce por “donde se grita no hay buen conocimiento”), el conferenciante hace una observación que puede resultarnos también muy oportuna en época de internet y redes sociales: “Nuestra política es todo lo contrario del grito, todo lo contrario que el simplis­mo. Si las cosas son complejas, nuestra conducta tendrá que ser compleja. (…) Lo complejo tiene que ser reflejado, en los programas políticos, complejamente; y una de las cosas más graves que ocurren en España es que solo se dirigen a la multitud esos simplismos radicales o reaccionarios, esos grandes gritos que con­vierten la política en un sicofantismo (1), en obra de denostación y de insulto”.

 

Sicofanta o sicofante era en la antigua Grecia un delator de profesión, por lo que convertir la política en un sicofantismo es, en el decir de Ortega, hacer de ella un territorio de calumnia y difamación

 

Ortega presenta pues la nueva política que propugna como otra política, muy distinta de la existente en su tiempo, si bien procura distanciarse de cualquier simplismo, lo que marca la diferencia con ciertas tendencias de actualidad. Sin embargo, dejando de lado al maestro, la nueva política se ha presentado con fre­cuencia, no como un modo distinto de política, sino como una no política. Eso tampoco es nuevo: podríamos decir que una de las formas más rancias de hacer política consiste en decir que no se hace, que lo que se hace es otra cosa.

 

La mala imagen de la política y la acción de los no políticos

Aunque en grados distintos según países y sectores socioculturales, está bas­tante arraigada una imagen negativa de la política, y, sobre todo, de esa abstrac­ción abusiva que solemos llamar “los políticos”, o incluso “la clase política”. Tal repulsa se extiende al uso adjetivo del término: no es infrecuente oír a políticos denunciar una “maniobra política” de sus rivales o lamentar que estos persigan fines políticos”; y si yo digo, por ejemplo, que estoy hablando, o actuando, “mo­vido por un interés político”, puede que mi interlocutor no interprete que estoy movido por un afán de bien público, el interés de la polis, sino por un interés partidista, sesgado, tal vez mezquino. El problema, lejos de ser de hoy, viene de antiguo. Valga, para documentarlo, una frase tomada de una carta dirigida por Voltaire al rey Federico II de Prusia, fechada el 25 de abril de 1739: “La palabra político significa, originariamente, ciudadano, mientras que hoy, merced a nues­tra perversidad, viene a significar embaucador de los ciudadanos. Habría que devolverle su auténtica significación”.

 

“La palabra político significa, originariamente, ciudadano, mientras que hoy, merced a nues­tra perversidad, viene a significar embaucador de los ciudadanos. Habría que devolverle su auténtica significación”

(Voltaire).

 

Habría que preguntarse por qué es así. Tal pregunta no es el tema central de esta exposición, pero guarda relación con él, porque el tópico negativo acerca de la política tiene que ver con la recurrente tendencia a inventar una nueva política, que a veces ni siquiera se reconoce como tal política. Esbozo a continuación al­gunas explicaciones, aunque sin la pretensión de abordar a fondo un asunto que merece un tratamiento específico.

En los regímenes democráticos como el español actual, está sometida a un con­tinuo escrutinio crítico la actividad de quienes integran los poderes del Estado, en especial el legislativo y el ejecutivo; no tanto el judicial, que es, por cierto, el único reconocido explícitamente como “poder” por la Constitución, en su Título VI. Una parte de la acción de los políticos (empleo aquí el término en su sentido más estrecho: las personas que actúan visiblemente en el espacio público, generalmente en representación de sus conciudadanos) consiste en criticarse -y a veces denigrarse- mutuamente, con el eco amplificador, y simplificador, de los medios de comunicación. El ejercicio del control a los gobernantes por parte de la oposición, la representación de las diferencias sociales o ideológicas, y la propia competición por el voto son funciones políticas que tienen un alto coste para la imagen del conjunto de sus actores. Incluso en el ejercicio de esa oposición re­cíproca que les es confiada en los sistemas representativos, no es infrecuente que los políticos sean reprobados por una cosa y por la contraria: por pasarse la vida criticándose y ser incapaces de ponerse de acuerdo; y, a la vez, por no diferenciar­se suficientemente unos de otros y llegar a entendimientos indebidos.

Además, la mediación periodística entre la acción o la palabra del político y su recepción por el ciudadano, implica con frecuencia simplificar el mensaje, pri­vilegiar la anécdota y añadir alguna dosis de crítica o desdén, haciendo causa común con el hombre de la calle frente a sus representantes elegidos. No faltan periodistas para criticar con énfasis la banalidad de una política que el propio periodismo contribuye diariamente a banalizar; y otros parecen atesorar ideas tan justas y ponderadas sobre la cosa pública, que quien lee, y sobre todo oye, sus admoniciones puede lamentar que no sean ellos precisamente quienes nos go­biernen. Hay representantes públicos que se atreven a quejarse de esa situación, y su queja nos llega a través de la propia prensa; la socialista Meritxell Batet decía esto en una entrevista publicada el pasado 11 de octubre en la última página de El País: “Los canales a través de los que nos comunicamos exigen un lenguaje simple, y el 99% de las veces nos enfrentamos a problemas muy complejos, que requieren explicaciones más largas”; “de la tramitación de una ley [en los medios de comunicación] explican una anécdota en lugar de estudiarse la ley. He sido ponente de bastantes leyes y casi nunca se ha acercado un periodista para pregun­tar por qué la proponíamos”. Parece claro, en todo caso, que ambos, políticos y periodistas, participan de las servidumbres de la inmediatez, de la falta de pers­pectiva; como escribió Helmut Schmidt, canciller alemán y luego coeditor de Die Zeit: “Políticos y periodistas comparten un triste destino. Tienen que hablar hoy de cosas que solo se comprenderán bien mañana”.

El gusto periodístico por agrandar la anécdota y obviar lo complejo, unido al cultivo de las noticias negativas o inquietantes, transmite con frecuencia una visión desfigurada de la realidad. Si en un país nórdico gana las elecciones la socialdemocracia y la extrema derecha sube unos puntos, el titular suele ser la subida de la extrema derecha. Tras las elecciones autonómicas catalanas del 27 de septiembre se ha hablado tanto del retroceso del PP y de la subida de la CUP, que si hoy se hiciera una encuesta preguntando cuál de estas dos fuerzas recibió más votos de los catalanes seguramente la respuesta mayoritaria apuntaría a la CUP (que obtuvo 10 escaños con el 8,21% de los votos, frente a los 11 escaños y 8,48% del PP). Siguiendo con Cataluña, tras las elecciones del 24 de mayo, que allí fueron solo municipales, se insistió tanto en los peculiares resultados del municipio de Barcelona, que apenas se abrió paso la noticia de que, en el conjunto de Cataluña, los socialistas habían quedado en segundo lugar tras CiU y por encima de Esquerra (21,4% CiU; 17,06% PSC-PSOE; 16,39% ERC) y que iban a gobernar ayuntamientos tan significativos como Tarragona, Lérida o L’Hospitalet.

Criticar o zaherir a los políticos en general suele tener buena acogida. Lo re­flejan, y a la vez lo fomentan, encuestas, donde “los políticos”, o instituciones como el Parlamento o los partidos, quedan malparados (por debajo incluso de los obispos) en listas de popularidad habitualmente encabezadas por médicos y pro­fesores de la sanidad y la enseñanza pública … que, por cierto, son las profesiones de origen de muchos parlamentarios, ministros, consejeros, concejales, etcétera. Parece extraño que personas decentes y apreciadas pasen a ser tan indignas -o tan dignas de sospecha- cuando se convierten, por un tiempo más o menos largo, en políticos en activo, en representación de sus conciudadanos y por la voluntad directa o indirecta de estos.

Puede también que la impopularidad de los políticos, que dan la cara como tales, tenga que ver con el interés de personas e instituciones poderosas que no necesitan estar en la política visible para disponer de poder (económico o me­diático, por ejemplo) y a las que el apoliticismo, o el escéptico desengaño, de la mayoría social puede resultarles cómodo, como también el que “los políticos” atraigan hacia ellos el grueso de las críticas sociales.

Es digno de atención el hecho de que, con respecto a los políticos más signi­ficados, tiene lugar una especie de damnatio memoriae al revés: el tiempo que va transcurriendo después de su estancia en el poder mejora, por lo general, la imagen de quienes tan criticados fueron mientras lo ejercieron. Los ejemplos es­pañoles podrían ir encabezados por Adolfo Suárez y Felipe González; y las excep­ciones tienen que ver sobre todo con el descubrimiento de conductas personales deshonestas, como en los casos de Richard Nixon, o de Jordi Pujol. Esto atañe solo a los regímenes democráticos, porque a los dictadores les ocurre más bien lo contrario: halagados en vida, no suelen ser tan apreciados cuando pasan a la historia. Claro es que los autócratas han construido a menudo su carrera preci­samente sobre el desprecio de la política. Tenemos el famoso caso de Franco que alardeaba de no “meterse en política” y se lo recomendaba incluso a sus interlo­cutores; y su discípulo confeso, el general Pinochet, se refería habitualmente a la ilegalizada oposición democrática a su régimen como “los políticos”.

Habida cuenta de que la mala imagen que muchas personas dan y tienen de la política viene de antiguo, no es extraño que tengamos ya cierta experiencia sobre esas fórmulas supuestamente nuevas, cuya clave está en desdeñar la política co­rriente e irrumpir en ella desde otro ámbito con afán de redimirla de sus males. Es el caso de populares estrellas del espectáculo o de la pantalla (actores, presen­tadores) que acaudillan movimientos a menudo calificados de “antipolíticos”, como el de las Cinco Estrellas de Beppe Grillo en Italia. Ejemplo reciente es el del cómico y teólogo Jimmy Morales en Guatemala, que el pasado 25 de octubre ha sido elegido presidente por amplia mayoría, esgrimiendo, como principios recto­res, una trilogía de sabor tradicional: “El Temor a Dios. La Familia. El Honor”.

Con todo, la historia que más se repite es, probablemente, la del hombre de negocios que pretende trasladar a la política las fórmulas de su éxito empresarial, con ciertos complementos, entre los que no suelen faltar el control de medios de comunicación y de equipos deportivos. El caso arquetípico es el de Silvio Berlusconi, que, canalizando en su provecho el vasto rechazo a las prácticas po­líticas italianas –y con un sistema demolido, en buena parte, por el poder judi­cial–, ha protagonizado, de una u otra manera, la vida pública del país desde la última década del siglo XX. En España hemos tenido casos de menos trascen­dencia pero bastante expresivos, como los de Jesús Gil, José María Ruiz-Mateos o Mario Conde … con resultados, digamos que mejorables.

En Estados Unidos está de actualidad el empresario multimillonario, y un tanto deslenguado, Donald Trump, y es significativo el hecho de que tanto él como algunos de quienes le disputan la candidatura presidencial del partido Republicano, como el neurocirujano negro Ben Carson y la exejecutiva Carly Fiorina (obsérvese que en la derecha estadounidense también van cayendo los tabúes de raza y género), exhiban como un mérito –incluso como su principal mérito– su falta de experiencia política.

Está claro que si la política queda exclusivamente en manos de gentes experi­mentadas, corre peligro su renovación y su propia continuidad; pero marginar por sistema la experiencia en aras de la novedad constituye un desperdicio de sa­beres y en nada disminuye los riesgos de incompetencia y oportunismo. En este asunto, como en otros de la vida pública, buscar un impreciso equilibrio entre opuestos se nos antoja la opción más conveniente. Por otro lado, parece como si el sano principio de que los políticos no deben hacerse ricos, algunos lo completaran con el de que son los ricos (Berlusconi, Trump) los que deben hacerse políticos. Suscribir la primera parte de esa frase no debe significar dar por buena la segun­da, que nos llevaría a tiempos pasados, cuando la política quedaba en manos de quienes tenían medios de fortuna suficientes para dedicarse a ella. 

 

 

Lo que se presenta como nueva política no siempre lo es

En política lo nuevo es, pues, una idea bastante antigua y socorrida, lo que no quiere decir que venga siempre a resultar inconveniente e inoportuna. Pero, incluso cuando los que lo propugnan asumen, con naturalidad y sin aspavien­tos, su condición de políticos, ¿hasta qué punto es nuevo todo lo que se presenta como tal?

Quienes tenemos una memoria personal de tiempos anteriores a la Transición podemos recordar un caso extremo: que el afán de retorno al franquismo puro y duro, en los últimos años de este, tuvo un nombre: “Fuerza Nueva”. Otras ve­ces no es el nombre, pero sí el contenido, el que alardea de una novedad que no tiene: clamar por menos Estado federal, menos impuestos y severo control a los inmigrantes, como lo hacen en tropel los nuevos políticos (o no políticos) republi­canos estadounidenses, es muy vieja historia en Estados Unidos; el adelgazamien­to de lo público, que a veces se presenta con visos de novedad en países europeos, es, en lo esencial, un regreso al pasado.

Por lo demás, es una curiosa paradoja que ciertos adalides de la reducción de lo público no hayan sido en su vida profesional otra cosa que funcionarios o cargos públicos. Y no menos llamativos resultan los personajes del tipo de Jean-Marie Le Pen en Francia, que han vivido siempre de la actividad política y hasta han fundado dinastías a ella dedicada, sin dejar de cuidar su perfil de outsider y ba­sando su carrera en una perenne crítica al conjunto de los políticos y al corrupto sistema.

No es, desde luego, nuevo en la política el enfoque simplificador de problemas complejos, ni el confundir la necesaria crítica con la acusación o la descalificación sistemáticas, y hasta con la calumnia o la difamación. Algo tiene que ver con esto lo productiva que resulta la rápida difusión de ciertos eslóganes denigratorios hacia el conjunto de los adversarios, como el término “casta” que, antes de te­ner aquí un amplio uso, fue popularizado en Italia por el ya mencionado Beppe Grillo, y es también muy del gusto de la francesa Marine Le Pen, teóricamente situada en las antípodas de otros usuarios, si bien comparte con ellos, además de consignas y fobias, el propósito de ir desdibujando los contornos ideológicos de su formación política. 

Más recientemente (la primera manifestación la tengo registrada el pasado 30 de octubre), los divulgadores en España del término “casta” han reflotado el de “búnker” para referirse a los entendimientos (antisecesionista, antiyihadista y otros que puedan venir) de los principales partidos, a los que ellos deciden no sumarse por desacuerdos de fondo o forma. Teniendo en cuenta que “búnker” fue la palabra metafórica que se popularizó durante la Transición para designar a los sectores más duros del franquismo y más opuestos a la democracia, ese uso actual junta, en un solo mote, la falta de consideración al adversario político con la falta de respeto a la realidad histórica.

El caudillismo, o el personalismo, son cualquier cosa menos nuevos en la polí­tica; y sin embargo son muy visibles en los nuevos partidos que pretenden reno­varla. No hace falta ser hostil a lo nuevo para percibir que liderazgos como el que ha desempeñado hasta hace poco Rosa Díez, o los que ejercen hoy Albert Rivera o Pablo Iglesias Turrión (que llegó a tener una imagen esquemática de su rostro impresa en las papeletas de las elecciones europeas de 2014, como en su día lo había hecho Ruiz-Mateos), no tienen mucho que envidiar a los de formaciones más antiguas, y no están exentos de cierta gestualidad personalista, cuando no autoritaria.

El afán, que también viene de antiguo, de no llamarse “partido” y de usar nom­bres sin referencia ideológica está muy extendido en nuestros días, hasta el punto de que casi no se fundan partidos que se llamen tales. Por ejemplo, en la pri­mera vuelta de las presidenciales argentinas, el pasado 25 de octubre, quedaron en cabeza los candidatos de tres formaciones políticas, que se llamaban: “Frente para la Victoria” (Daniel Scioli, 36,8%), “Alianza Cambiemos” (Mauricio Macri, 34,3%, luego vencedor en la segunda vuelta) y “Unidos por una nueva alterna­tiva” (Sergio Massa, 21,3%). Puede que definirse como conservador, socialista o democristiano (o, en el caso argentino, como justicialista o radical) no aclare mucho, pero es dudoso que estas nuevas definiciones aporten más claridad.

Como en esta materia el ingenio humano tiene sus límites, puede ocurrir que el original nombre de la nueva formación ya esté inventado. “Podemos” ya existía antes de enero de 2014: era el nombre de un partido fundado en Venezuela doce años antes, acrónimo de “Por la Democracia Social”; esta formación, de tenden­cia socialdemócrata, surgió como una escisión del Movimiento al Socialismo (MAS) cuando este pasó a la oposición al gobierno de Chávez, y luego sufrió ella misma una escisión que dio lugar a un nuevo partido llamado “Vamos”. 

Tampoco el uso partidista de la etiqueta “Ciudadanos” es del todo nuevo: en Francia se fundó en 1993 un “Mouvement des Citoyens”, encabezado por el exso­cialista Jean-Pierre Chevènement, que en 2002 –el mismo año en que se fundaba el “Podemos” venezolano– se convirtió en “Mouvement Républicain et Citoyen”.

A veces, los promotores de la presunta renovación, buscando un referente en el pasado, incurren en la consabida tendencia a inventarse una tradición. Es co­rriente que quienes se mueven en la indeterminación ideológica reivindiquen como inspirador a Adolfo Suárez, un político cuyas habilidades estuvieron muy estrechamente vinculadas a la peculiar situación histórica en la que se desenvol­vió, y cuyo desparpajo personal, capacidad de maniobra y fluctuante ideología pueden considerarse elementos muy apreciables en aquella coyuntura, pero des­de luego no ajenos a las formas tradicionales de ejercicio de la política.

Tras las autonómicas catalanas, en las que Ciutadans-Ciudadanos obtuvo un meritorio 17,9% de los votos, Albert Rivera afirmaba (El País, 28.IX.2015): “La vieja política ha muerto en las urnas, empieza una nueva era política en España”. Ese recurso al énfasis triunfalista, más que un rasgo de novedad, es un reflejo propio de la política tradicional. “Se ha acabado lo de votar a los de siempre. Eso hace que la gente deje de votar por inercia y se piense su voto”, declaraba José Manuel Villegas, vicesecretario general de la misma formación, después de que el CIS le atribuyera una expectativa de voto del 14,7% y lo situara como tercera fuerza política (El País, 6.XI.2015). Preferimos suponer que son frases inspiradas por el entusiasmo que produce el éxito y tal vez simplificadas en su transmisión periodística, porque no parece que fundar una nueva era, sugiriendo que las tres cuartas partes del electorado español han votado hasta ahora por inercia y sin pensarse su voto, sea buena muestra del respeto a los electores que los nuevos políticos pretenden instaurar.

La política sedicientemente nueva se presenta -y así es percibida con frecuen­cia- como promotora de una forma de gobernar basada en la negociación y el pacto, si bien en otros lugares, como Italia, es más bien al revés: allí se trata de encontrar fórmulas para asentar gobiernos sin necesidad de continuas compo­nendas. Conviene recordar, en todo caso, que gobernar en coalición, o desde el pacto, no es gran novedad, ni fuera de España ni en ella. La cultura del pacto existe en los Ayuntamientos españoles desde las primeras elecciones municipales en 1979, cuando facilitó el acceso de la izquierda a muchos de ellos; y también en el ámbito autonómico y nacional, incluyendo entendimientos difíciles como el del PNV y el PSOE en el País Vasco, o que hoy nos parecen lejanos, pero que no lo son tanto, como el del PP con CiU en Cataluña

Por otra parte, cuando la fuerza política de derechas hoy hegemónica insiste en descalificar lo que llama “acuerdos entre perdedores” que impiden que gobierne la “lista más votada”, no está de más recordar, no sólo la legitimidad democrática de las alianzas, sino que ellos las hicieron sin empacho cuando les convino, a me­nudo con fuerzas localistas o “independientes”, para impedir el acceso o derribar gobiernos de la lista más votada, cuando esta solía ser la socialista. Permítanme recordarles un ejemplo algo lejano en el tiempo, pero no en el espacio: el caso del gobierno municipal de Madrid, encabezado por Juan Barranco desde enero de 1986 y lista más votada (PSOE 24 concejales, AP 20, CDS 8, IU 3) en las municipales de junio de 1987, que fue destituido dos años después, el 29 de junio de 1989, por una moción de censura presentada por la conjunción del Partido Popular (nuevo nombre de Alianza Popular desde enero de ese año) y el Centro Democrático y Social (el nuevo partido de Suárez, al que se había suma­do Ramón Tamames, cabeza de lista de IU), lo que llevó a la alcaldía de Madrid al centrista Agustín Rodríguez Sahagún, al que luego sucedería, ya con respaldo electoral mayoritario y por largo tiempo, el popular Álvarez del Manzano.

Vivimos tiempos en que está muy viva, y no sin motivo, la habitual crítica a la corrupción existente en la vida política. Para no hacer el juego a los corruptos, ni ser injustos con los que no lo son, no está de más recordar que la corrupción no es homogénea, porque afecta mucho más a unas formaciones que a otras, ni ha llegado a ser sistémica, salvo en ciertos ámbitos comarcales y tal vez provinciales. Son los más recientemente llegados a la vida pública quienes, por razones obvias, con más desparpajo pueden denunciarla, aunque alguno de ellos no esté del todo libre de un pasado comprometedor. ¿Irá anidando también en los nuevos la co­rrupción en la medida en que alcancen poder? No necesariamente: a ellos, como a los no demostradamente corruptos de los demás partidos, conviene aplicarles la presunción de inocencia. No obstante, y aunque cabe confiar en que la creciente sensibilidad social en ese tema mejore la actitud general, el propio aumento de sus expectativas electorales coloca a los “emergentes” en situación de riesgo, ya que puede convertirlos en foco de atracción preferente de viejos corruptores, o de nuevos oportunistas más o menos rebotados de otras siglas.

Tendencia destacada de muchos promotores de una nueva política es la pre­tensión de superar dicotomías asentadas, sustituyéndolas por otras, que a veces resultan ser aún más esquemáticas e imprecisas. Me refiero al hecho de reempla­zar la contraposición derecha/izquierda –que desde luego no lo dice todo en po­lítica, pero que algo sigue diciendo– por otras como lo viejo/lo nuevo, la casta/la gente, Goliat/David, radicalismo/moderación, insensatez/sentido común … No parece que estas contraposiciones alternativas supongan gran novedad, ni mayor avance en el intento de reflejar la complejidad de lo real.

Bien es sabido, además, que no ser “de derechas ni de izquierdas”, que es cosa distinta de no ser sectario o maniqueo, es una vieja propuesta –con antecedentes no siempre tranquilizadores, sobre todo en los años 30 del siglo XX– a la que se apuntan con facilidad las derechas más acreditadas. Recordemos, por ejemplo, lo que le decía José María Aznar a Felipe González en el debate celebrado en Tele-5 el 31 de mayo de 1993, para las elecciones que habrían de celebrarse el 6 de ju­nio: “No tiene sentido intentar confrontar lo que es un proyecto de derechas y lo que es un proyecto de izquierdas (…) Los ciudadanos no están ya en esa división, señor González. Los ciudadanos quieren que les resuelvan sus problemas. Y des­de luego esas divisiones un poco antiguas, tal vez lo que intentan es atemorizar, meter miedo a los ciudadanos españoles” (2).

En ocasiones la ruptura del eje izquierda/derecha puede ir acompañada de una confluencia de los extremos. No faltan antecedentes históricos, alguno tan espectacular como el pacto nazi-soviético de agosto de 1939; y la crisis griega nos ha brindado ejemplos curiosos como el Front National de Le Pen saludando con entusiasmo el triunfo electoral de Syriza en Grecia … y lamentando luego que este partido no cumpla lo prometido en punto a ruptura con las directrices de la Unión Europea. El consabido “hartazgo para con los políticos tradicionales”, que aquí nos puede sonar a extrema izquierda, alimenta en Estados Unidos el discur­so de la extrema derecha que anida en el partido Republicano. Otro tanto ocurre con el citado Frente Nacional en Francia, el UKIP en Gran Bretaña o la Alianza para Alemania (AfD); en el caso de Italia, ese discurso se lo reparte el movimiento Cinco Estrellas con la derecha separatista encarnada en la Liga Norte.

Hay quien piensa que la más notable novedad que representan las formacio­nes políticas recientes (y a la que procuran adaptarse las antiguas) no es tanto de naturaleza ideológica u organizativa cuanto de orden genealógico. Se nota que nacieron en Internet y crecieron a través de las redes sociales y ciertas televisiones, y se han acomodado bien a esas nuevas realidades de la comunicación, que han hecho sensibles aportaciones a nuestra vida corriente, pero que han promovido ciertos efectos colaterales como el adelgazamiento del discurso, la simpleza reite­rativa del mensaje y el activismo cómodo y febril del me gusta y el retuiteo.

En todo caso, conviene evitar la abusiva identificación entre novedad y juven­tud. Lo nuevo no es necesariamente lo que dicen los jóvenes, que a veces repiten viejos tópicos que ellos acaban de descubrir, y traen “un aire fresco” que ya res­piramos hace tiempo. Y también es discutible que nos tengan que encandilar las protestas, y las propuestas, en las que hay muchos jóvenes, por el mero hecho de existir, digan lo que digan. Permítanme una referencia personal: quizá porque he pasado mi vida profesional enseñando a jóvenes, de modo que he tenido conti­nua ocasión de apreciar las virtudes intelectuales y morales de muchos de ellos, y nunca he suscrito las condenas sumarias y globales a “los jóvenes de ahora”, creo que estoy también vacunado contra ese juvenilismo un tanto beato que ha inva­dido ciertos ambientes, “ese afán servil de agradar a la juventud que –al decir de Fernando Savater– es el primer signo inequívoco de senilidad” (3). Como también muchos jóvenes saben, ni todo lo viejo es caduco, ni todo lo joven es renovador.

Esquematizando un tanto, podríamos decir que, a partir del siglo XX, ser jo­ven, o parecerlo, está de moda. Desde que, gracias al descenso de la mortalidad, la vida media de las personas aumentó notablemente, los jóvenes ya no se preci­pitaron a aparentar ser adultos, sino que cultivaron sus propios signos de iden­tificación y no son pocos los adultos que han aspirado a rejuvenecer su aspecto imitándolos. En la política también hay modas, incluida la “moda juvenil”, que cobra a veces mucha visibilidad. Como en las modas vestimentarias, lo que “se lleva” en la política suele ser algo antiguo (si bien los más jóvenes ignoran que lo es), que regresa y se sitúa por un tiempo en la cresta de la ola. Marca un contraste con lo anterior, adoptando a veces formas irrespetuosas, y resulta difícil resistirse a ella, aunque, una vez pasada la moda, hay quien se pregunta cómo pudo llevar puestas esas cosas que ahora parecen tan ridículas.

El espacio público se puebla también de modas léxicas, que son de parecida naturaleza, y a menudo más tenaces. ¿Podremos algún día volver a vivir, como lo hacíamos hasta hace seis o siete años, sin aplicar protocolos ni celebrar eventos? ¿Cuánto tiempo seguiremos oyendo decir a cada paso empoderar, gobernanza, o formaciones emergentes? ¿Cuántos periodistas emplearán esta medianoche la tri­llada imagen del pistoletazo de salida para referirse al comienzo de la campaña electoral? Es verdad que en ocasiones una moda arraiga y se queda, o al menos deja alguna huella perenne, pero lo corriente es que soplen por oleadas sobre el conjunto social, sucediéndose con rapidez: es sabido que lo que está de moda pasa pronto de moda. En el terreno político ciertos contenidos cambian fácil­mente de molde, y ocurre que una formación herede o aproveche el trabajo crí­tico realizado por aquellos que los precedieron en el auge; el trasvase de UPyD a Ciudadanos, que hemos presenciado desde hace unos meses, es el ejemplo más contundente, aunque no el único.

En suma, no toda política que se dice nueva lo es. Añadamos que no toda po­lítica que es realmente nueva mejora la existente. Sin embargo, en esta como en otras materias, ciertas dosis de innovación pueden ser, no solo convenientes, sino imprescindibles.

 

 

Lo que sí es nuevo puede mejorar lo anterior, pero también empeorarlo

En política, en efecto, casi todo puede mejorar, pero también empeorar: pocas cosas hay inmejorables o inempeorables. Detengámonos un momento en la ambi­güedad histórica de las utopías, que suscitan tantos temores como entusiasmos. Muchas realidades que hoy nos parecen naturales fueron consideradas en su día, incluso por mentes preclaras, como utopías irrealizables: supresión de la esclavi­tud, igualdad de derechos de hombres y mujeres, vacaciones pagadas, enseñanza gratuita, control efectivo de la natalidad … Pero también es verdad que ciertas grandes utopías redentoras, que llegaron a encandilar incluso a personas inteli­gentes y sensatas, han dado lugar a algunas de las experiencias más atroces de la historia del siglo XX, como el nazismo o el stalinismo.

Recordemos que estos mesianismos totalitarios, aunque traían consigo un montón de viejos prejuicios y de antiguos hábitos, se presentaron como sistemas alternativos a lo existente, radicalmente nuevos, y que iban a cambiar el mundo de arriba abajo. Aparecían, además, con una pátina de novedad y hasta de ruptu­ra generacional. En el periodo de entreguerras del siglo XX, ser liberal o socialista les parecía a muchos cosa de viejos, ideologías sin futuro; lo moderno, lo juvenil, era ser comunista o fascista. Esa es una historia que no nos conviene olvidar. Javier Cercas la evocaba este verano en un artículo en el que, tras recordar que, en los años 30, la arrebatadora nueva política que pretendía sustituir a la “inefi­ciente democracia parlamentaria” resultó, a la postre, muchísimo peor que esta, concluía: “No estoy diciendo que ahora, en España, haya que estar a la fuerza contra la llamada nueva política; estoy diciendo que es idiota estar con ella sólo porque es nueva: hay que estarlo, si se está, porque es buena, o al menos porque es mejor que la vieja”(4).

Por mi parte, no estoy equiparando las nuevas propuestas políticas de ahora a las de entonces; pero sí sosteniendo, con una referencia histórica, que lo que se nos presenta sin la carga del pasado no siempre es la garantía de un futuro me­jor. Conviene recordar asimismo que las épocas de crisis abonan el terreno para la novedad y son propicias a la aceptación de propuestas drásticas, que a veces suponen un salto adelante sobre tierra firme, y otras sobre el abismo. El análisis histórico ilustra la diversidad de respuestas políticas a una misma crisis: parecida situación económica, actuando en coyunturas políticas y contextos sociocultu­rales distintos, da lugar a respuestas, no ya diferentes, sino contrapuestas. Hitler y Roosevelt llegaron al poder casi a la vez y aupados por la misma crisis, pero los contenidos –no digamos ya las formas– de su acción política fueron muy diver­gentes. La misma crisis que destruyó la república parlamentaria en Alemania a manos de los nazis propició, en cambio, la profundización de la democracia y el inicio de la construcción del Estado del bienestar en las monarquías nórdicas, con gobiernos socialdemócratas.

Al margen de los contextos de crisis económica severa, los ejemplos de cambios drásticos en el sistema de partidos no han sido frecuentes en Europa occidental, salvo en el caso de Italia en la última década del siglo XX, con la irrupción de Berlusconi en la derecha y la pérdida de identidad comunista del PCI en la iz­quierda. Por lo que se refiere al continente americano, se puede observar que esos cambios son más frecuentes en los países en que la democracia está menos asen­tada, como los Estados del arco andino, entre Venezuela y Paraguay. En España, una de las líneas maestras de quienes procuran abrirse un hueco en el sistema de partidos modificando su conjunto ha sido la crítica al bipartidismo, considerado como la encarnación de la vieja política y responsable de múltiples males. Esto ha penetrado mucho en la opinión pública, de tal modo que, cuando se señalan algunas posibles virtudes del bipartidismo (como la estabilidad política o la ma­yor coherencia en la acción de gobierno), o se relativizan sus defectos, se corre el riesgo de sorprender, o incluso de parecer renuente al saneamiento de nuestro sistema democrático.

Esa hegemonía crítica del discurso anti-bipartidista ha tenido un par de im­plicaciones dignas de mención. Una de ellas ha sido presentar como aberración local lo que es corriente en las democracias asentadas: no que haya solo dos partidos, sino que haya dos predominantes, uno de signo conservador y otro progresista, alejados ambos de posiciones extremas. Y la otra, poner en la picota un sistema electoral que desde luego tiene inconvenientes –como todos–, pero cuya proporcionalidad resulta alterada, no por la tan criticada fórmula d’Hondt, sino por el escaso número de representantes que tienen muchas circunscripciones provinciales en las elecciones legislativas. Quienes divulgaron el dogma de que la ley electoral era la responsable del bipartidismo, tal vez deberían reconocer ahora que aspiran a tener éxito en un sistema de partidos más fragmentado, sin que esa misma ley electoral sea un obstáculo infranqueable.

La crítica al bipartidismo ha ido a veces acompañada de un uso tramposo de las comparaciones históricas, estableciendo supuestas semejanzas con el turno de conservadores y liberales en la Restauración, engrasado por el caciquismo y el pu­cherazo electoral. La verdad histórica es que aquel sistema, que con tanta contun­dencia criticaba Ortega, y el actual se parecen, afortunadamente, más bien poco.

Bien es verdad que el propio avance electoral de las formaciones que reprueban el sistema suele tener el efecto de suavizar o matizar sus críticas hacia los mecanis­mos de este; y cuando las fuerzas en ascenso vislumbran posiciones de hegemonía en un campo ideológico, la reivindicación de la diversidad empieza a ser sustitui­da por el discurso de la “unidad de fuerzas” frente al adversario, en una lógica que tiende a rehacer, con componentes nuevos, el esquema bipartidista.

No siempre, pero con alguna frecuencia, las nuevas propuestas se presentan acompañadas de una visión caricaturesca o despectiva de los viejos avances. Es poco razonable negar que en España se han producido, en los últimos cuarenta años, cambios muy hondos, no solo en los aspectos económicos, sociales y cultu­rales, sino en la supresión de rémoras políticas, alguna tan determinante en el pa­sado como la amenaza militar golpista. La ignorancia, o el desprecio, de lo con­seguido, ni hace justicia al esfuerzo de las generaciones anteriores, ni contribuye a asentar el progreso de las nuevas. Y llega a ocurrir que los más duros a la hora de juzgar las herencias recogidas no tengan mucho reparo en liquidar algunas de las más apreciables: por ejemplo, esa sana conquista de la Transición consistente en que el Ministerio de Defensa pasara a estar siempre bajo la dirección de una persona (hombre o mujer) ajena a la profesión militar.

Mucho se ha manoseado el tema de la Transición española, que tan pronto es añorada por haber sido protagonizada por políticos de altura, con sentido de Estado y capacidad de concordia (“y no como los de ahora”), como es vituperada por ser el origen de nuestros déficits democráticos. Se la ha calificado de com­ponenda entre elites a espaldas de la gente; ha llegado a estar incluso de moda la expresión “bajada de pantalones” en referencia a la actitud de las fuerzas antifran­quistas, y esa metáfora de dudoso gusto y escaso rigor se ha podido oír incluso en boca de presuntos herederos políticos de alguna de esas mismas meritorias fuerzas, como el PCE.

Aquí también hay una coincidencia entre extremos: quienes afirman, contra toda razón, que la democracia española (que gustan de llamar “régimen del 78) es una versión dulcificada del franquismo, no dicen cosa muy distinta que los hagiógrafos del franquismo, cuando sostienen que este modernizó la economía como base de apoyo para la futura democracia política. Al dirigir una mirada condescendiente, en el mejor de los casos, a la Transición, revelan poca capaci­dad para situarse en las duras realidades del pasado, y pierden la ocasión de per­cibir lo que aquella recuperación de la democracia en España tuvo, no solo de ruptura con la dictadura, sino de herencia de la tradición republicana (patente en la Constitución de 1978) y de cristalización de propuestas de reconciliación forjadas en la lucha antifranquista. A esa especie de “parricidio cívico”, como lo ha llamado Vargas Llosa (5), se añade el adanismo político de que hacen gala otros jóvenes valores de nuestra vida pública, que asumen todo lo que se ha avanzado en estos últimos cuarenta años, pero que solo invocan a los partidos políticos que han gestionado ese avance para reprocharles sus carencias o sus excesos, sus querellas o sus acuerdos.

Algunos de los que, con más éxito, se presentan como adalides de una nueva política suelen llevar a cabo una disolución de sus referencias ideológicas ori­ginarias (que unas veces son de extrema izquierda como en España, y otras de extrema derecha como en varios países de Europa) con el objetivo de encarnar una insatisfacción global con lo que suelen llaman “el sistema”, abastecida con fuentes de apoyo electoral diversas. Hay quien parece navegar por encima de las ideologías y termina buscando acomodo en un centro no siempre fácil de ubicar. Históricamente, los partidos de centro han tenido conductas diversas, aunque podemos percibir cierta tendencia a combinar un discurso progresista (que re­sulta atractivo para más gente) con un acercamiento práctico a los conservadores (que están respaldados por sectores económicamente más poderosos).

Las dos formaciones centristas, de ámbito nacional, de nuestra experiencia reciente, UCD y CDS (este fue algo así como partido de moda en la segunda mitad de los años 80), terminaron en su mayor parte absorbidas por la derecha (AP-PP). Durante la República, el partido Radical de Lerroux (que por cierto había conseguido sus primeros éxitos abanderando la crítica al catalanismo en Cataluña) terminó, como es sabido, en brazos de la CEDA.

Ninguna de estas consideraciones críticas sobre lo que emerge diciendo que es nuevo significa, por mi parte, un rechazo de la novedad. Esta es históricamente inevitable, aunque solo sea porque, sin la incorporación de lo nuevo, es difícil preservar cuanto hay de valioso en lo antiguo. Ahora bien, conviene saber que la renovación puede adoptar formas diversas. Una nueva política no va necesaria­mente unida a nuevas formaciones políticas; y un cambio en el nombre no siem­pre significa cambio en el contenido, ni al revés. Un ejemplo histórico, que se remonta a la Transición: el PSOE, conservando sus siglas, que databan de 1879, se renovó profundamente en los años 1974-79; en cambio, Alianza Popular, que apareció como una nueva formación política, estaba poblada de políticos del franquismo (su núcleo originario fueron siete exministros de Franco). Por otra parte, no faltan razones históricas para sostener que la novedad eficaz actúa, por lo general, más como corrección que como supresión; más como desarrollo de las posibilidades de lo existente que como hallazgo de un nuevo amanecer; más como mejora de la tierra que como asalto del cielo. A la postre, se avanza mejor, y con menos riesgos de involución, desde el aprecio que desde el desprecio.

La convivencia fértil entre lo antiguo y lo nuevo no es una cuestión de equidis­tancia, sino de síntesis dialéctica. A mi parecer, quien, de un siglo a esta parte, ha mostrado más capacidad para realizar esa síntesis es la socialdemocracia, entendi­da en sentido amplio; es decir, no solo los partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas nacidos del movimiento obrero (y creadores principales del Estado del bienestar), sino las corrientes progresistas del partido Demócrata estadounidense o las confluencias de fuerzas avanzadas de diverso origen como, por ejemplo, el Frente Amplio de Uruguay o el partido Democrático italiano. Aunque las for­maciones políticas de esta orientación están a menudo cercadas por críticas de diverso origen, es significativo que, tanto desde el centrismo difuso como desde la izquierda extrema en trance de moderación, la etiqueta “socialdemócrata” sea contemplada con más voluntad de apropiación que de discusión o rechazo.

 

 

A guisa de conclusión

Este recorrido con referencias históricas por la contraposición entre vieja y nueva política sugiere un par de conclusiones relativizadoras: no todo es nuevo en la nueva política, ni siquiera la afirmación de su existencia; y no todo lo que de nuevo pueda haber en ella es signo de progreso. No obstante, la política ha de asumir el reto de responder a nuevas realidades sociales y proponer nuevas me­tas; y en ese camino no se trata, a mi juicio, de elegir entre opciones políticas en función de su antigüedad, sino de discernir cuál es más capaz de hacer una mejor política para la mayoría social.

Concluyo manifestándoles, en rápido esbozo, mi distancia crítica hacia tres re­acciones corrientes ante los antiguos o nuevos asuntos públicos, que enuncio con tres palabras que empiezan por i: indiferencia, indignación e ilusión.

La primera, la indiferencia. Ya saben: “A mí la política no me interesa; los polí­ticos son todos iguales y siempre van a lo suyo” etcétera. No creo que sea un bien social, sino un síntoma de diversas carencias, ese apoliticismo vulgar, bastante ex­tendido, que se suele fundamentar en el egoísmo o en el desengaño y acompañar de una afirmación desinhibida de la propia ignorancia política: “yo de política no entiendo porque no me interesa”. Y que, por cierto, no es incompatible con el voto: hay presuntos apolíticos que votan siempre a los suyos con gran disciplina, del mismo modo que hay politizados hipercríticos que no votan o lo hacen en blanco, porque ninguna opción alcanza a satisfacerlos.

Por su parte, la indignación ha adquirido cierto prestigio derivado de su iden­tificación con el espíritu crítico y juvenil en una sociedad donde no faltan razo­nes para el descontento. Pero creo que tiene mucha razón, en este como en otros asuntos, Daniel Innerarity cuando observa que “la indignación lo pone todo perdido de lugares comunes” (6) y señala su improductividad y sus derivaciones conservadoras. Luchar con denuedo por lo que uno cree justo es respetable y socialmente útil; instalarse en la indignación más bien nubla que aclara el enten­dimiento y resulta malo para la salud individual y tal vez también para la general. Volviendo a Ortega, este consideraba que el apasionamiento en política no es una virtud, sino una desventura: “Entre la tibieza y la pasión está el sentimien­to humano y cálido, que da vigor a la inteligencia sin turbar su claridad. (…) A los hostigadores de la opinión pública preferimos los educadores de la opinión pública” (7).

En cuanto a la ilusión, si bien hay políticos de diversas corrientes a quienes no se les cae de la boca desde hace dos décadas, es en nuestros días cuando parece haberse convertido en el talismán de nuevas propuestas, y se presenta incluso como una reacción constructiva frente a las peligrosas derivaciones de la indigna­ción. El problema de este término es, no ya su imprecisión, sino su irremediable ambigüedad: “ilusión” es algo sin base real; es esperanza cuyo cumplimiento pa­rece atractivo; es viva complacencia en una tarea. Más vale no caer en ese enredo semántico, ni perder de vista que las ilusiones, como las buenas intenciones, no siempre han dado resultados de provecho y a veces los han dado muy malos o han impedido otros mejores, y eso sin contar el coste derivado de las desilusiones que a menudo no tardan en llegar. No estoy hablando de eludir el entusiasmo o la emoción en la vida pública. El propio Manuel Azaña definió en una ocasión la política como “una emoción del bien público regida con lucidez” (8). Acojamos, por qué no, la emoción, concepto más preciso que ilusión; pero, eso sí, no olvi­demos el bien público, ni dejamos de lado el afán de lucidez.

Esas tres actitudes, que a mi entender lastran viejas y nuevas políticas, pueden tener respuestas constructivas. Frente a la indiferencia, no debemos renunciar al ejercicio del civismo político. La indignación, conviene sosegarla, o fecundarla, con la práctica del estudio y el debate sereno. Y, como alternativa a la ilusión vo­látil, no está de más cultivar esa mezcla tenaz de conocimientos y convicciones que suele proporcionar la experiencia compartida; o mejor –haciendo honor a la institución donde estamos– la experiencia recíproca.

 

Conferencia pronunciada en la universidad de mayores, experiencia recíproca, el día 3 de diciembre de 2015

Vieja y Nueva Política

 

NOTAS

1.- Me permito recordar al lector que un sicofanta o sicofante era en la antigua Grecia un delator de profesión (la etimología sugiere a un denunciador de exportadores de higos), por lo que convertir la política en un sicofantismo es, en el decir de Ortega, hacer de ella un territorio de calumnia y difamación.

2.- Citado en José María Maravall: La confrontación política. Madrid, Taurus, 2008, p.86.

3.- Fernando Savater: Mira por dónde. Autobiografía razonada. Madrid, Taurus, 2003, p.383.

4.- Javier Cercas: “Hitler, Isabel II y la nueva política”, El País Semanal, 30.VIII.2015.

5.- “Debido a la crisis, ha cundido ese parricidio cívico que pretende achacar todo lo que anda mal en el país a aquella transición...”. Mario Vargas Llosa: “Felipe González en Venezuela”, El País, 14.VI.2015.

6.- Daniel Innerarity: La política en tiempos de indignación. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2015, cita en p. 22 y desarrollo en pp. 211-213.

7.- José Ortega y Gasset: “El hombre de la calle busca un candidato”, El Sol, 24.II.1918. La cursiva es mía.

8.- En su discurso a la asamblea de Acción Republicana, celebrada en Madrid el 16 de octubre de 1933.

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Nota biográfica

Feliciano Páez-Camino Arias, doctor en Historia, ha sido catedrático de insti­tuto y profesor asociado en varias universidades. Es autor de diversas publicacio­nes, entre las que figuran una decena de “Cuadernos UMER” (como el presente ensayo, publicado en el Cuaderno Nº 95: “Vieja y nueva política”: un enfoque histórico).

 

Ortega, discurso "Vieja y Nueva Política", 24 de mayo de 1914, Teatro de la Comedia (Madrid)

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RELACIONADO:

«VIEJA Y NUEVA POLITICA»: Discurso de José Ortega y Gasset (1914).

 

 


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