La izquierda española promueve la división entre los ciudadanos
La elección del socialista Pedro Sánchez al frente del gobierno español, con el apoyo de los independentistas catalanes y vascos, resulta profundamente perturbadora.
Por Barbara Loyer
El socialista Pedro Sánchez acaba de ser elegido presidente del gobierno español con 167 votos favorables frente a 165 votos negativos y 18 abstenciones. Para obtener esa mayoría, Pedro Sánchez ha firmado acuerdos con los nacionalistas catalanes y vascos, gracias a los cuales promete poner de nuevo en cuestión la estructura política de España sin negociar con la oposición (155 diputados, porque 10 independentistas catalanes más radicales han votado no a su investidura).
En ellos reconocía el principio de bilateralidad entre el gobierno de España y el gobierno autónomo catalán (esto sería como si el presidente de la Asamblea regional corsa se pusiera en pie de igualdad con el presidente de la República) y desautoriza la acción de la justicia española contra la tentativa de independencia unilateral denunciando la “judicialización” de la política.
La palabra “Constitución” no figura en el acuerdo; se habla de un “ordenamiento jurídico democrático”. Pedro Sánchez también ha concedido al Partido Nacionalista Vasco “adecuar” el Estado al “reconocimiento de las identidades territoriales” y negociar un nuevo estatuto de autonomía para la comunidad autónoma vasca. El objetivo de este partido nacionalista es obtener todo el poder sobre la administración de la justicia, la política penitenciaria, la legislación laboral o la seguridad social, para buscar la construcción de un Estado vasco que comprenda Navarra y el País Vasco francés.
Es extremadamente perturbador ver que actualmente toda la izquierda española considera “progresista” este regreso de España hacia la afirmación de las identidades territoriales. Con esta investidura, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), como Unidas Podemos (izquierda radical) y sus aliados, reconoce como admisible el ideal nacionalista de desligar esas regiones de toda solidaridad con las que son menos ricas en España, o de alcanzar situaciones monolingües en catalán y en euskera. No tienen ningún problema en hacer que su lucha converja con la de los representantes electos nacionalistas que trabajan infatigablemente para elevar fronteras en las mentes, no escatiman palabras racistas u homenajean a los asesinos de ETA.
El rechazo a los efectos de la globalización liberal lleva a la izquierda a optar por la promoción y la división entre los ciudadanos de España, algo que se presenta como un progreso democrático. Utiliza el vocabulario de la democracia para evocar a los pueblos que se alzan contra el Estado, y el del derecho internacional para reclamar la autodeterminación, no de las personas sino de los territorios, lo que permite, al final, obligar a los habitantes de esos territorios a adoptar una identidad nacional única (“la identidad territorial”), contraria al pacto de 1978 (la nueva Constitución de 1978 establecía la descentralización y la autonomía de diecisiete comunidades).
Sustituir un nacionalismo por otro
Los partidos de izquierda exigen que España se defina como un Estado plurinacional, pero no aceptan lo mismo en Cataluña y el País Vasco, donde una buena parte de los electores se consideran solamente españoles. El proyecto de incluir territorio francés en el Estado Vasco ideal no se presenta como el deseo de crear una nueva situación plurinacional, francesa y vasca, en el seno de la Unión Europea. Aparece como una estrategia de sustitución de una nación y de un nacionalismo por otros.
La Constitución de 1978 fue el fruto de numerosas concesiones aceptadas por representantes electos que habían conocido la guerra civil y sus asesinatos en masa en ambos bandos, y después la losa de plomo del franquismo, el exilio, la muerte, la tortura o la prisión para los vencidos. Aspiraba a salir de la historia atormentada que vivió España entre 1812 y 1931, a lo largo de la cual se sucedieron diez Constituciones o proyectos de Constitución, el exilio o abdicación de cuatro reinas y reyes, y varios golpes de Estado.
El pacto de 1978 señala el comienzo de un periodo excepcional de crecimiento y estabilidad, en el que los nacionalistas eran mayoritarios en ciertas regiones pero estaban integrados en un conjunto nacional español. Desde la década de 1980, el PSOE y el Partido Popular han delegado masivamente impuestos y competencias a los poderes nacionalistas vasco y catalán, de manera notable en el campo de la educación, a cambio de obtener su apoyo para alcanzar la mayoría en el parlamento.
La llegada de Vox
Ahora, el acuerdo firmado por el PSOE con el partido independentista catalán Esquerra Republicana de Catalunya alarma a la oposición y quizá a una parte de los electores socialistas porque, durante su campaña, Pedro Sánchez prometió lo contrario de lo que acaba de hacer. La alianza con los separatistas es una apuesta aún más arriesgada porque la declaración de independencia de los parlamentarios catalanes en 2017 ha hecho que surja, con el partido Vox, un nacionalismo español exactamente equivalente al de esas regiones, que defiende el ideal de la unidad de un pueblo y una lengua en un territorio.
Quien siembra nacionalismo recoge nacionalismo. La izquierda española parece creer que es la vía del progreso, que la Unión Europea se verá consolidada por esta explosión identitaria y la democracia por el soberanismo local. En cuanto a las cuestiones identitarias, las complejidades de la situación española deben debatirse, porque revelan contradicciones profundas que atraviesan nuestras democracias europeas.
Traducción del francés de Daniel Gascón.
Publicado originalmente en Le Monde.
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SOBRE EL GOBIERNO DE COALICIÓN
(“Sí, se puede… ¿qué?)”
Por Ángeles Maestro
Probablemente, ese sea el mejor regalo que VOX ha hecho al nuevo Gobierno: una especie de 23F preventivo. Un escalofrío cargado de siniestros recuerdos que tenía la virtud – para los nuevos coaligados – de paralizar cualquier pensamiento crítico.
Una vez apagados los focos y acallados los gritos, la obcecada realidad vuelve a imponerse en la vida cotidiana de los millones de personas que nunca salieron de la crisis.
Los datos más recientes del Indicador Europeo de Pobreza y Exclusión Social (2019) muestran que la miseria extrema se extiende en el Estado español, que es la mayor en los últimos tres años y quie afecta a doce millones de personas, la cuarta parte de la población (1).
Además, más de la mitad de esa población no llega a fin de mes, no compra regularmente carne o pescado o no puede encender la calefacción.
Esta situación no es exclusiva de las personas desempleadas, sino que se ceba en quienes trabajan en condiciones de precariedad (que son la inmensa mayoría) o reciben pensiones míseras (9 millones de personas).
Si a ello añadimos la situación de las listas de espera en la sanidad pública, que llevan a una muerte perfectamente evitable a miles de personas, la degradación permanente de la enseñanza, la exclusión de las hijas e hijos de la clase obrera de la enseñanza superior o la clamorosa insuficiencia de los servicios sociales, tendremos un panorama que cabe calificar de emergencia social, en sentido estricto.
El recrudecimiento de la lucha de clases se aprecia en toda su dimensión cuando se relacionan estos datos:
1.- La creación de riqueza por parte de la clase obrera ha crecido de forma importante: 200.000 millones de euros entre 2014 y 2019 (2).
2.- Los beneficios empresariales, según datos del Banco de España para 2018 revelan un incremento del 60% (3) y que esto viene sucediendo de forma sostenida en los últimos seis años.
3.- En este mismo periodo los salarios aumentaron nominalmente un mísero 1,5%, que en términos reales ha supuesto una pérdida de la capacidad adquisitiva de 133 euros al año (4).
Y esta situación de emergencia social, de sobre-explotación escandalosa y de aumento desmesurado de las desigualdades sociales, ¿cómo pretende atajarla el Gobierno? No hay ninguna propuesta mínimamente seria; algún paño caliente y muy pequeño.
Sus palabras no dejan lugar a dudas. El pacto PSOE – Podemos se asienta estrictamente sobre los límites impuestos por la UE sobre reducción del déficit y de la deuda, tal y como señaló Pedro Sánchez tras el abrazo que abrió las puertas al gobierno de coalición.
Las amenazas de la Comisión Europea llevan resonando con fuerza y alertando sobre los reiterados incumplimientos en materia de reducción del déficit y de la deuda y sobre la necesidad de adoptar «nuevas medidas compensatorias» para asegurar la sostenibilidad de las pensiones. (5)
El 1 de enero de 2020 entraron en vigor los artículos 11 y 13 de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria (6) que conminan a todas las administraciones públicas a hacer efectiva la reducción de la deuda al 60% del PIB – en el caso del Estado español alcanza el medio billón de euros – y a reducir el desfase presupuestario en más de 25.000 millones de euros.
El artículo 11.2 establece taxativamente: «Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural» y entiende como administraciones públicas, el Estado, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y la Seguridad Social.
La Ley, que desarrolla tanto el Tratado de Estabilidad de la Zona Euro (2013), como la reforma del artículo 135 de la Constitución, propuesta por el gobierno Zapatero y aprobada en agosto de 2011 por el PSOE, PP y UN, conmina a hacer efectiva la prioridad absoluta al pago de los vencimientos de capital más los intereses.
Cada año se dedica a tal efecto casi la mitad de los presupuesto generales del Estado, más del triple del gasto de toda la sanidad pública. Y esta escandalosa cantidad se paga a los grandes bancos, en virtud de una Deuda contraída mediante la masiva cesión de dinero público precisamente a esos mismos bancos que como se recordará se han negado a su devolución, sin que el Gobierno actual o los anteriores hayan movido un dedo para impedirlo.
Como viene alertando Red Roja (7) desde que se aprobaron estas normas, este marco legislativo anula la soberanía efectiva de cualquier gobierno estatal, autonómico o municipal que no se atreva a enfrentarlo. Y no son palabras.
La Ley 2/2012 establece graves y progresivas sanciones por los incumplimientos en las reducciones de déficit y deuda. El artículo 26.1 «Medidas de cumplimiento forzoso» (8), establece que en caso de reiterados incumplimientos por parte de gobiernos autonómicos, se aplicará al infractor el famoso artículo 155 de la Constitución.
A las corporaciones locales rebeldes se les aplicará el artículo 61 de la Ley de Régimen Local que prevé la disolución de sus órganos de gobierno… «por grave incumplimiento de sus obligaciones constitucionales» ,es decir, del artículo 135 de la Constitución.
¿Alguien oyó hablar de todo esto en los programas electorales o en el debate de investidura?
¿Quienes hablan de los famosos 100 días de gracia del nuevo gobierno, preguntan acaso cómo se compatibilizarán los aumentos prometidos del gasto social, con estas férreas medidas que fueron propuestas y aprobadas por el PSOE y que están en vigor desde el 1 de enero?
Quiénes desde las bancadas de Podemos e Izquierda Unida o desde la puerta del Congreso, gritaban entre lágrimas, «Sí se puede», ¿a qué se referían? Sí se puede, ¿qué?.
Quienes han recibido carteras ministeriales o altos cargos son perfectamente conscientes de que se su «relato» es mero ilusionismo y por tanto, la negación en esencia de cualquier «transparencia».
Cuando los enviados de la famosa Troika (UE, BCE y FMI), los «hombres de negro», encargados de controlar las cuentas de todas las administraciones públicas exhiban su poder – amenazas, chantajes o sobornos mediante – y muestren para lo que vale la supuesta «soberanía popular», se cambiará rápidamente el iluso «Sí, se puede» por el «No se podía hacer otra cosa».
Es imprescindible no olvidar que los vientos de la recesión galopan y que siempre, desde los Pactos de la Moncloa, las crisis son el reiterado argumento para retrocesos sin fin en derechos y libertades, que sistemáticamente no se recuperan.
Y ésa es la gran trampa, la de Syriza en Grecia o la que aquí se prepara.
Pero si ya sabemos lo que nos espera, lo que sí se puede y es urgente, es preparar las luchas obreras y populares para enfrentar los mandatos de la Troika, e imponer un objetivo tan humano y tan de sentido común como que las necesidades vitales de las personas son – esas sí – prioridad absoluta, frente al pago a la gran banca, otra vez, de lo que ya nos han robado.
Ésa es nuestra tarea. Quiénes ocupan cargos de gobierno y van a comprobar el estrechísimo margen que les conceden los poderes reales, tienen la posibilidad de abandonar espejismos y ocupar su lugar en la dura batalla que se vislumbra.
Lo que no se puede tolerar es que, en aras de la gobernabilidad, utilicen el pequeño poder que han alcanzado, que no les sirve para enfrentar a los poderes reales, pero sí les puede dar para intentar debilitar, confundir y dividir el movimiento popular.
Y esas maniobras han emergido ya en el movimiento de pensionistas, cuando los nuevos altos cargos aún no han tenido tiempo de calentar el sillón, con el objetivo de abortar el apoyo en todos los territorios del Estado a la Huelga General convocada para el 30 de enero en el País Vasco, en defensa de las pensiones públicas.
Esas artimañas se repiten con cada gobierno «progresista» desde la Transición. Lo bueno de haber asistido a tantas «ilusiones» es nos sabemos la trama de la película y no vamos a esperar impasibles a que los grandes poderes cumplan sus objetivos por partida doble: porque sus medidas contra la clase obrera se hagan efectivas y porque destrocen las organizaciones populares.
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Un feminismo que no está de moda
El feminismo (los feminismos, en realidad) se encuentra en un momento estelar público y mediático en las hoy muy criticadas democracias liberales. Escritoras y pensadoras se encuentran en primera fila y los Nobel de distintas disciplinas empiezan a apartar el velo del olvido selectivo. Igualmente, las calles, las redes sociales y los medios atestiguan movimientos que cuestionan el abuso sexual, los feminicidios y la violación. Abundan las investigaciones sobre el rol de la mujer en la ciencia, el arte y la literatura, menoscabado por una mirada patriarcal que hacía invisible su aporte. Además, se ha puesto en primer plano cómo la acción y el pensamiento feminista se modulan desde culturas, tradiciones, orientaciones sexuales y situaciones económicas y sociales diversas.
Tan afortunadas circunstancias no deben llamarnos a engaño, pues el auge de los populismos de distinto signo ideológico y de los fundamentalismos religiosos amenazan las conquistas de las mujeres del siglo XX y del actual. Enfrentar esta amenaza requiere de alianzas entre movimientos e individualidades de distintas ideologías, pues está claro que no todas nos identificamos con la izquierda anticapitalista y antiliberal, un ala muy activa en las facultades de ciencias sociales y humanidades de Europa occidental, América Latina, Oceanía y Norteamérica.
Igualmente, los feminismos pueden encontrarse en el reconocimiento de la larga historia de triunfos obtenidos y no desechar el pasado en términos de memorial de agravios. Por ejemplo, una joven universitaria española no ha padecido los inconvenientes para educarse de Malala Yousafzai en Paquistán porque otras mujeres (y hombres) lo hicieron posible con su acción y pensamiento. Así mismo, quien estos escribe se casó con una mujer en Ciudad de México debido al activismo del movimiento LGBTI+ mexicano y sus logros. No se trata de conformismo sino de tomar nota de progresos no alcanzados por millones de mujeres en el mundo. Una feminista del mundo académico que piense que vive en un infierno machista propiciado por el capitalismo neoliberal haría bien en visitar Arabia Saudita, Somalia o Venezuela y quedarse por una temporada.
Las alianzas entre feministas de varias culturas y religiones no tienen que verse amenazadas por la “imposición colonial y el racismo del feminismo blanco”, objeción de las pensadoras y activistas poscoloniales y decoloniales. En definitiva –como bien señala Celia Amorós en su artículo “Por una ilustración multicultural”– otras tradiciones de pensamiento distintas a la ilustración europea occidental no ignoran la situación de opresión de las mujeres. Amorós hace alusión al mundo árabe, pero también Martha Nussbaum lo comenta en Las mujeres y el desarrollo humano respecto a India. La razón no es privativa del “occidente racista, colonizador y patriarcal”, sino una condición de la especie sapiens que le permite entender que si se toman determinadas acciones la realidad puede transformarse. Desde esta posición dialogante las feministas perfectamente nos entenderemos sin que las diferencias culturales sean un obstáculo. Como indica Seyla Benhabib en Las reivindicaciones de la cultura: igualdad y diversidad en la era global, las formas democráticas y la reflexión sobre los derechos y la dignidad esencial de cada vida humana no son privativas de occidente. Lo mismo indica el economista indio Amartya Sen en El valor de la democracia. Por lo tanto, feministas de todo el mundo han de profundizar su trabajo en red de cara a sus culturas, naciones, tradiciones y religiones.
El cuerpo de las mujeres es objeto de debate. En definitiva, hasta hace muy poco tiempo se suponía –mundialmente, por demás– que para proteger a las féminas del acoso, la violación y el asesinato era indispensable cuidarlas en extremo, con varones de la familia cerca para disuadir a los potenciales agresores y con códigos de conducta femeninos represivos que evitaran la furia o el deseo de los hombres de su familia. Así sigue siendo en muchos países del orbe, por cierto. Las mujeres, en efecto, tenemos que reivindicar nuestro cuerpo como individuos,no como instrumentos del Estado, la religión, la familia o el deseo varonil.
Ahora bien, el debate público pone en primer plano mediático el aborto, el feminicidio y el acoso sexual, dejando fuera el tema de la maternidad dentro de los grandes asuntos que copan la atención en los medios, las redes sociales y la academia. Da la impresión, completamente falsa, de que lo único que tiene que decir el feminismo (en particular el de izquierda) sobre este punto se reduce al derecho a abortar. Una firme partidaria de las concepciones de Judith Butler sobre el género como performance y construcción cultural no tiene por qué olvidar el incontrovertible hecho de que la especie humana pertenece a los mamíferos sexuados que se reproducen. Un feminismo que olvide la maternidad es misógino y puede ser políticamente inocuo, pues corta las alianzas y el diálogo con la mayor parte de las mujeres. Además, olvida a las niñas, víctimas del trabajo infantil y la prostitución.
La pobreza y la desigualdad atentan en especial contra las mujeres pobres, así como el deterioro ambiental. La lucha contra estos flagelos requiere de una estrecha alianza con la ciencia, la tecnología y la gobernanza, en lugar de sospechar de éstas como creaciones hoy al servicio del capitalismo neoliberal. Se puede ser una feminista marxista y consultar los datos sobre el índice de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); se puede ser una seguidora de Michel Foucault, convencida de la voluntad de poder escondida detrás de la ciencias, sin dejar de examinar concienzudamente los aportes de éstas respecto a la crisis ecológica actual. La imaginación y la libertad pueden convertir los datos en llaves maestras y no por ello hay que dejar las emociones propias del activismo ni excluir el cuerpo y las pasiones de la política y del conocimiento.
El feminismo liberal de estirpe ilustrada, expuesto en estas líneas, permite alianzas sensibles a la diferencia en todos sus sentidos pero, al mismo tiempo, defiende una mínima posibilidad de universalidad, la cual parte de la aceptación de que las mujeres, por el solo hecho de nuestra biología, tenemos que enfrentar problemas comunes. El principal es que las religiones y los populismos contemplan al cuerpo femenino como instrumento al servicio de un otro llamado nación, cultura o credo. No debe olvidarse que, en definitiva, las distintas corrientes de pensamiento arropadas bajo la palabra feminismo se han rebelado siempre contra esta instrumentalización. No hay mejor y más sólido punto de partida para desafiar las desmesuras políticas y religiosas del siglo actual.
NOTAS.-
(1) https://www.eapn.es/estadodepobreza/
(2) https://datosmacro.expansion.com/pib/espana
(3)http://www.rtve.es/noticias/20181203/salarios-suben-15-hasta-septiembre-mientras-beneficio-empresarial-crece-60-segun-banco-espana/1848060.shtml
(4) https://www.lavanguardia.com/economia/20190829/4723907887/salario-medio-pierde-poder-adquisitivo-dos-anos.html
(5) https://elpais.com/economia/2019/11/19/actualidad/1574199971_155779.html
(6) https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730&tn=1&p=20150613
(7) Un detallado Informe sobre este marco legislativo y en especial sobre la Ley Orgánica 2/2012 puede consultarse en
(8) Ibid. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730&tn=1&p=20150613
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