OPERACIÓN CARIOCA: Impotencia Judicial: La protección estatal a los Tratantes de Seres Humanos

[1] Varapalo de la jueza a la Fiscalía por exculpar a tres policías en la investigación por trata en los clubs Queens y La Colina

Concluye la instrucción relativa a los clubs Queens y La Colina, donde la magistrada atribuye la infracción de una docena de tipos penales a los encargados de los prostíbulos y procesa en contra del criterio de la Fiscalía a tres agentes por asociación ilícita, tráfico de munición y colaboración. Además, ofrece a la Xunta la posibilidad de formular una acusación popular que supliría la desprotección a las víctimas por parte del Ministerio Fiscal.

Por Fran Pérez – O Salto Galiza

https://www.elsaltodiario.com/trata/varapalo-jueza-fiscalia-exculpar-policias-investigacion-clubs-queens-colina

 

 

El 10 de mayo de 2001 Javier Reguera y Manuel Santiso, investigados en el caso Pokémon, adquirieron una propiedad en Lugo. Esta contenía unos terrenos y edificaciones que anteriormente habían pertenecido a un empresario quesero, y se vendió a un precio muy por debajo de su valor real, según habría declarado este, debido a las presiones recibidas, entre ellas un aluvión de multas impuestas por la Policía Local.

Javier Reguera era entonces funcionario municipal del Ayuntamiento de Lugo, prestaba servicio en las dependencias de la Policía Local y estaba encargado de la empresa gestora de la grúa y la del sistema de aparcamiento regulado (ORA). Manuel Santiso administraba la empresa Construcciones SANLE. Los dos compartirían la titularidad sobre esta propiedad con Sagrario Vázquez, pareja de Javier Reguera y auxiliar administrativa en el departamento de sanciones de la Policía Local.

El 30 de julio de 2001 se constituía la sociedad Inmobiliaria Rivamar Lugo SL, compartida por Juan Carlos Pumares, el constructor Javier Río Vidal y el inspector de la Policía Local José Ramón Vázquez Río. Su objeto social era el servicio e intermediación en las actividades inmobiliarias, a pesar de que la única actividad que realiza en el ámbito inmobiliario es el arrendamiento de esta propiedad a Javier Reguera, Sagrario Vázquez y Manuel Santiso. En octubre, Vázquez Río comunica a Javier Río Vidal la intención de abrir un prostíbulo. Javier Río Vidal se encargaría, entre enero y septiembre de 2002, de las obras de acondicionamiento del local, que comenzaría su actividad aquel mismo mes de septiembre, pese a no contar con licencia para hacerlo.

Se trata del club Queens, epicentro del caso Carioca, alquilado a Rivamar Lugo por José Manuel García Adán, proxeneta que también explotaría el club La Colina, situado en Outeiro de Rei. Así consta en el auto firmado por Pilar de Lara que concluye la instrucción de la pieza relativa a estos dos prostíbulos incluida en el caso Carioca.

PROSTITUCIÓN COACTIVA

En los locales explotados por García Adán, “las mujeres trabajaban en un clima absoluto de presión, sometimiento, miedo, intimidación y terror”, señala el auto, 12 horas diarias por semana y hasta 14 en los fines de semana, con un único día de descanso (lunes, martes o miércoles). Muchas de ellas fueron insultadas, humilladas e incluso agredidas con brutalidad por García Adán. Otras amenazadas, y le tenían “auténtico pavor”, tal como recoge el texto, ya que Adán exhibía una pistola (sin licencia para tenencia de armas) con la que llegó a encañonar a varias de ellas advirtiéndolas de lo que les podía pasar, por ejemplo, si pretendían abandonar el club.

Una de las prostitutas trató de denunciar la situación en Comisaría y los agentes, según declaró, se negaron a recoger la denuncia

Arrastrándolas de los pelos, a patadas, a puñetazos… Así describen el trato recibido por el proxeneta varias de las mujeres explotadas sexualmente por él. Algunas de ellas también declararon haber sido agredidas por su mano derecha, José Manuel Pulleiro Núñez, y por José Unay Gómez Vila, recepcionista de La Colina encargado del cobro a las prostitutas. Alguna fue forzada a abortar sin anestesia, algo que se juzga en otra pieza separada. Para soportar estas condiciones extremas de vida algunas accedían a consumir la cocaína que el propio García Adán les suministraba, algo que a él le permitía engancharlas a la droga y garantizar su permanencia.

García Adán manifestaba ganar unos 6.000 euros semanales. Le retenía 43 euros diarios a cada una de las numerosas prostitutas que trabajaban para él y cualquier falta o retraso era susceptible de conllevar multas abusivas, incluso por enfermedad o menstruación. Algunas de las mujeres eran captadas para servir también como camareras sin contrato ni alta en la Seguridad Social en las “fiestas blancas” (cocaína y prostitución) organizadas por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y empresarios de gran poder adquisitivo, muchos de los cuales frecuentaban el local. Algunos empresarios llegaron a gastar más de 4.000 euros en una sola noche.

Siempre según el auto, las mujeres “estaban claramente limitadas en su capacidad para dejar de acudir a los locales”, además de por las condiciones de trabajo impuestas, “por la pobreza” y “por la situación de necesidad en la que se encontraban” al tener también familiares a cargo, “condiciones y circunstancias que eran perfectamente conocidas” por los proxenetas.

Todo esto fue posible también con la connivencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siendo usuarios habituales del local numerosos miembros, a los que las prostitutas veían relacionarse con García Adán, que patrocinaba el club de fútbol de la Policía Nacional. Una de ellas, de hecho, trató de denunciar la situación en Comisaría y los agentes, según declaró, se negaron a recoger la denuncia. En alguna ocasión los funcionarios policiales se presentaban en el club en los vehículos oficiales y uniformados con el afán de intimidar a las prostitutas.

Las mujeres eran captadas mayoritariamente en Brasil. La organización dirigida por García Adán organizaba el viaje, facilitaba el billete de vuelo y una cantidad de dinero en efectivo que debían mostrar en el control de entrada para pasar como turistas. De este modo contraían una deuda que debían devolver prostituyéndose en los clubs Queens -donde fueron identificadas 20 mujeres con deuda- y La Colina -22 mujeres identificadas-. En algunos casos estas mujeres podían reducir esta deuda si hacían ellas mismas de captadoras. Se han identificado hasta ocho mujeres prostituidas para pagar la deuda contraída por familiares (mayoritariamente hermanas) o amigas.

PROSTITUCIÓN DE MENORES

La investigación localizó a una menor de edad ejerciendo la prostitución en el club Liverpool –algo que fue investigado en la pieza separada correspondiente a este club de O Corgo (Lugo)– que anteriormente había sido identificada en el club Queens, donde ejercía la madre de ella. En la pieza correspondiente al Liverpool se juzgaba por prostitución de menores al dueño del local y a varios agentes de la Guardia Civil, entre ellos Armando Lorenzo Torre, a quien se le atribuyen en la pieza principal del caso Carioca más de 70 delitos como presunto cerebro de la trama.

El pasaporte de la entonces menor de edad fue falsificado a bolígrafo azul sobre la tinta negra del documento oficial, cambiando así el año de su fecha de nacimiento, 1991, por 1990. Para Pilar de Lara resulta “inexplicable” que los funcionarios policiales dedicados al control documental de ciudadanos extranjeros no advirtiesen la edad de la prostituta cuando, precisamente, la identificación efectuada tenía el objetivo de comprobarla, y en sus bases de datos, que fueron consultadas por diversos funcionarios policiales en varias ocasiones, figuraba la fecha real. No obstante, en el atestado hicieron constar la de 1990. Tras mirar su pasaporte, en palabras de la menor, quedaron “extrañados” y le dijeron “que no pasaba nada”, dejándola en libertad.

 

 

Un cabo de la Guardia Civil de Lugo habría regalado servicios de prostitución al Alcalde de Siguero

En la pieza relativa al Liverpool, la Fiscalía concluyó que, si “los propios funcionarios de policía” no se percataron de alteración alguna, “no se puede exigir al imputado una diligencia y celo mayor en la comprobación de los datos de nacimiento”, solicitando así el archivo tanto para los agentes como para el dueño del Liverpool.

Pilar de Lara, manifiestamente contraria al criterio de la Fiscalía, tuvo que archivar el caso en la pieza del Liverpool. Sin embargo, en la pieza del Queens y La Colina a quien se juzga es a García Adán y al encargado de los clubs, José Manuel Pulleiro, sobre quienes la magistrada incide en que de las conversaciones telefónicas intervenidas se extrae que ambos tienen conocimiento de la minoría de edad y se anticipa a las conclusiones de la Fiscalía: “Que los agentes policiales no hubieran realizado reseña alguna a la minoría de edad”, señala el auto, no significa que García Adán y José Manuel Pulleiro la desconociesen, sino que pudieron cometer un delito de falsedad documental. Basta, según el auto, escuchar las fluidas conversaciones telefónicas, intervenidas en la semana de la identificación, de García Adán con su encargado José Manuel Pulleiro, con el cabo de la Guardia Civil Armando Lorenzo Torre y con el propio jefe de servicio de extranjería de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Lugo, Evaristo Rodríguez.

CONCLUSIONES DE LAS FISCALÍA INCOMPRENSIBLES E INADMISIBLES

La jueza dedica una tercera parte del auto, de más de cien páginas, a contradecir las sorprendentes conclusiones de la Fiscalía, que en diciembre de 2018 solicitó, en un escrito al que O Salto también tuvo acceso, que la pieza del Queens y La Colina continuase exclusivamente contra tres personas de las 21 imputadas. Exculpó a todos los agentes policiales implicados y limitó la investigación al proxeneta García Adán, al encargado de los locales José Manuel Pulleiro y a su expareja. Esta última actuaría como captadora, pero cuenta a su vez con la condición de víctima de trata y, a criterio de De Lara, “podría haber actuado bajo la presión de José Manuel Pulleiro”, por quien hay indicios de que sería maltratada y quien, además, “aportó datos muy relevantes para la investigación” prestando una “colaboración esencial con la Administración de Justicia”.

Francisco Javier Fernández Becerra, yerno de un camarero del Queens, ejercía como agente policial destinado en el Aeropuerto de Madrid-Barajas. El caso investiga si colaboró con la organización permitiendo el acceso y tránsito de las mujeres que serían explotadas sexualmente por García Adán, así como la falsificación de pasaportes para hacer constar que las mujeres salieron y volvieron a España, prolongando así sucesivamente su estancia como turistas por periodos de tres meses. Para la Fiscalía, su participación no queda acreditada al no existir registro oficial de las cabinas en las que desempeñó su trabajo.

Arrastrándolas de los pelos, a patadas, a puñetazos… Así describen el trato recibido por el proxeneta varias de las mujeres explotadas sexualmente por él

“Numerosísimos” testigos, indica el texto, avalan que su puesto era la cabina 16 del Aeropuerto de Barajas, por la que García Adán y José Manuel Pulleiro indicaban a las mujeres que debían pasar. Varias de ellas lo describen físicamente y lo identifican fotográficamente. Algunas lo vieron varias veces en el Queens con José Manuel Pulleiro. Pero, “por si fuera poco”, dice el auto, la Fiscalía obvió una prueba “revelantísima” [sic]: en el armario de Becerra se encontró una nota con los nombres de tres mujeres que contrajeron deuda con García Adán y el vuelo correspondiente. Teniendo en cuenta todos estos datos la instructora entiende que, “cuando menos, existen indicios serios, racionales y más que suficientes como para que sea en el acto del juicio oral donde pueda resolverse sobre su responsabilidad”.

Al agente de la Policía Local Manuel Álvarez Castro Pilar de Lara le atribuye delitos de tráfico de munición y cohecho, también en contra del criterio de la Fiscalía. A García Adán le fueron incautadas varias armas, algunas modificadas, y una gran cantidad de cartuchos de diferentes marcas y calibres. Varias testigos identifican a Manolo, ‘el Coletas’, como el agente que le proporcionaba la munición y una de las exparejas de García Adán, que lo identifica fotográficamente, declaró que lo vio llevándole balas “pequeñas y grandes”. Este agente era cliente habitual del Queens y no pagaba nunca las consumiciones.

Especial atención de la magistrada recibe la figura de Vázquez Río, frente a las conclusiones de la Fiscalía “que ni se comparten ni se comprenden”, según la cual el sargento de la Policía Local desconocería que se estaba llevando a cabo prostitución coactiva y tráfico clandestino de personas, en contra de las pruebas practicadas, y que desliga la vida privada de la profesional.

Vázquez Río era un cliente habitual del Queens, donde no pagaba consumiciones (algo que, según la Fiscalía, no se debería a su condición de policía, sino a un trato de cortesía), y también accedió a servicios sexuales gratuitos o por más tiempo del estipulado y habría forzado a las prostitutas a actos y prácticas sexuales contra su voluntad bajo amenazas. No solo tendría conocimiento de los delitos infringidos por García Adán, sino que colaboraría en su comisión.

Tal como recoge el auto, el grado de implicación del sargento de la Policía Local sería tal que compartía la gestión del local con García Adán, según numerosos testigos. Entraba al local por la puerta de acceso de las mujeres (no de los clientes) y accedía a todas las dependencias del club, estuviera o no García Adán. También sacaba a las mujeres del club sin pedir permiso y se vio en bastantes ocasiones en la oficina con García Adán. De hecho, alguna mujer declaró que con quien habló para trabajar en el Queens fue con Vázquez Río y no con García Adán.

Para la jueza, “tampoco puede admitirse” que no supiese de la actividad de prostitución coactiva y tráfico clandestino porque todo apunta a que participó del negocio, pasaba el día y las horas en el interior del club y controlaba su actividad y rendimiento económico. Incluso acudió él mismo al aeropuerto de Santiago a recoger a mujeres de Brasil que venían con deudas.

Vázquez Río se encargó de las cuestiones relativas a las licencias del local, del suministro de la energía eléctrica y de contratar la pintura de la facha del club. También de la instalación de las rejas, persianas, ventanas, del revestimiento exterior, los rótulos, etc. Además, la sociedad Rivamar Lugo, cuya única actividad había sido interceder entre García Adán y los propietarios de la parcela y las edificaciones, no obtuvo ningún beneficio económico; es decir, actuó como una mera sociedad instrumental. Además, según sus socios de Rivamar, sus firmas fueron falsificadas y desconocían la actividad de arrendamiento y subarrendamiento de club, y cuando dejó de ser Rivamar la arrendataria de la propiedad siguió encargándose Vázquez Río personalmente de interceder entre García Adán y Javier Reguera.

Y es que, según se recoge en el auto, la amistad entre García Adán y Vázquez Río se remonta a años antes de abrirse el club, cuando García Adán se encargaba de otros prostíbulos. El sargento de la Policía Local había sido visto ayudando al proxeneta a ocultar pruebas tras apuñalar a una persona hasta dejarla con el pulmón a la vista, algo que corroboraron agentes policiales compañeros de Vázquez Río, que lo vieron pasándole la mano por el hombro a García Adán para tranquilizarlo.

Así, Pilar de Lara atribuye a García Adán y José Manuel Pulleiro delitos de prostitución coactiva (junto con Unay Gómez), contra los derechos de los trabajadores y ciudadanos extranjeros, tráfico clandestino de personas con fines de explotación sexual (junto con la ex pareja de Pulleiro), prostitución de menores, amenazas y asociación ilícita. También constituirían asociación ilícita Unay Gómez, la expareja de Pulleiro y Francisco Fernández Becerra.

A García Adán le atribuye además los delitos de falsedad documental, tenencia ilícita de armas, depósito de munición, tráfico de drogas y cohecho; a Manuel Álvarez Castro tráfico de munición y cohecho continuado, y a Vázquez Río la omisión del deber de perseguir delitos y los delitos continuados de cohecho y de colaboración con el delito de prostitución coactiva.

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SUMARIO:

1.- Varapalo de la jueza a la Fiscalía por exculpar a tres policías en la investigación por trata en los clubs Queens y La Colina.

2.- Juez De Lara: “El peor delito no es matar a una persona, sino esclavizarla”.

3.- “Ustedes no son nada. Les pego un tiro, las entierro en una gruta y nadie pregunta”.

4.- El policía que puso los neones al burdel.

5.- El Poder Judicial acuerda apartar a la juez con más casos contra la corrupción de Galicia.

6.- Pilar de Lara cree que el objetivo de su sanción es “apartarla” del juzgado.

7.- El Poder Judicial notifica la sanción a De Lara después de romper ella su silencio y describir su “desesperación”.

8.- Pilar de Lara explota y describe a la prensa la “desesperación” a la que llegó su juzgado.

9.- Colectivos contra la trata declaran Lugo “Patrimonio de la Impunidad”.

10.- El impacto psicológico desatendido en la lucha contra la trata: «Los policías me miraban fijamente y yo no levantaba la cara por vergüenza».

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[2] Juez De Lara: “El peor delito no es matar a una persona, sino esclavizarla”

«Somos una sociedad profundamente hipócrita», dice la magistrada de la Carioca, «la trata de seres humanos es ilegal pero la tenemos a la vista y la consentimos»

 

Por Silvia R. Pontevedra

https://elpais.com/ccaa/2017/04/29/galicia/1493478662_204150.html?rel=mas

 

«Reina, te voy a llevar a un lugar chulísimo, vas a ganar dinero, vas a conocer al hombre de tus sueños», le dice un mal día el tratante de personas a la chica paupérrima del barrio desheredado del país donde campan las más aberrantes diferencias entre ricos y pobres. Ella a lo mejor ya sufre algún tipo de abuso por parte de un pariente, o se prostituye por las divisas del turista en el centro de la ciudad, y entiende que si acepta la sugerente invitación del viaje a España es para seguir prostituyéndose, pero a cambio de una vida mejor. «Cuando llega aquí, la encierran en un club», describe la juez Pilar de Lara, «y nadie le había dicho que iba a trabajar 12 horas seguidas sin poderse sentar a descansar; que no iba a poder salir mientras no pagase la deuda; que lo que ganase se lo iba a tener que entregar al chulo; que no iba a poder rechazar a ningún cliente; que además acabaría con adicciones porque le subministrarían coca para ligar más; que le iban a poner multas por tener la regla y hasta por respirar«.

 
 

«Todos los países somos cómplices de la situación de genocidio que se está produciendo», ha clamado la magistrada ante los asistentes a la reunión en la Casa de Cultura e Solidariedade, un centro de la red del Movimiento Cultural Cristiano fundado por militantes del apostolado obrero como Guillermo Rovirosa en los años 40. Al fondo del salón, en la sede de la ONG en la rúa do Home Santo, pende en lo alto un letrero con una frase de Rovirosa, en proceso de beatificación por la Iglesia Católica: «Este mundo de hambrientos, de esclavos y oprimidos solo tiene remedio desde la solidaridad».

«Si hay trata es porque hay países ricos y países pobres», «los ricos explotan a los pobres», y «frente al hambre no hay fronteras que sirvan», defiende De Lara. «No podemos considerarnos personas si consentimos lo que está pasando», opina la instructora de la descomunal causa gallega contra la prostitución que estalló en octubre de 2009, se despiezó en 52 partes y sigue en manos de una colección de fiscales que no acaban de resolver para que los cabecillas se sienten al fin en el banquillo.

250 tomos, 1,2 millones de folios, 100 imputados y casi 400 testigos dan para mucho trabajo pero el tiempo corre en contra de las víctimas y a favor de los proxenetas y los miembros de las fuerzas del orden (Guardia Civil, policía nacional y local) que supuestamente formaban parte fundamental, y bien engrasada, del engranaje mafioso. Se da incluso el caso de alguna mujer que es al mismo tiempo víctima e imputada de la Carioca y que en estos momentos sigue buscándose la vida en Galicia sin poder regresar a Brasil para ver a su familia porque no puede abandonar el país. Busca apoyo en una ONG de Vigo y se apunta a sucesivos cursos de formación porque no quiere volver a un burdel: quiere ser pastelera.

«Tenemos un montón de normas, en este país se ha producido una diarrea legislativa contra la trata», explica De Lara, pero cuando los casos llegan a juicio el sistema acaba fallando. «Sentencias condenatorias hay muy pocas y son muy benignas teniendo en cuenta la gravedad de los delitos». Mientras tanto, la trata «no se erradica porque detrás hay un negocio importantísimo, y todo se mueve en términos de rentabilidad». «Se dice que la trata es el tercer negocio ilegal en el mundo, por detrás del tráfico de drogas y de armas», continúa la juez que también dirige las operaciones Cóndor o Pokémon, «pero yo creo que es el primero: lo que pasa es que las armas o las drogas tienen un precio más o menos fijado en el mercado, y las personas no». Es imposible de cuantificar.

Con un periódico sobre la mesa, la juez ha repasado este sábado los anuncios de contactos delante de los presentes: «Basta con fijarse un poco para comprobar que hay al menos tres diferentes en los que aparece el mismo teléfono, y que uno de ‘japonesas’ y otro de ‘chinas’ coinciden en la dirección». «Los anuncios de relax, estas perlas maravillosas que incluyen comentarios absolutamente xenófobos, encubren actividades delictivas. La ley en Galicia prohíbe este tipo de textos si son denigrantes contra la mujer, pero desde la Administración no se ponen multas a los medios», asegura.

«Muchas veces la víctima va a negar absolutamente todo». Tampoco «va a salir a buscar a la policía, sino que la policía es la que tiene que salir a buscar a las víctimas». Ellas no tienen otra opción que la de callar, porque «¿qué van, a llamar a su país y a decir ‘mamá, ahora no puedo mandarte dinero porque el Estado me ha rescatado?». En esta sociedad «solo nos molesta lo que vemos», sigue la juez De Lara. «La ley mordaza sanciona al cliente y a la prostituta si están en lugares visibles. Pero resulta que el tratante le va a pagar la multa a la mujer y con eso el Estado solo va a conseguir que aumente la deuda que pesa sobre la víctima», señala. Este sistema de persecución no pone remedio sino que agrava el problema, porque «además, ella va a dejar de confiar en la policía, porque le pone multas».

Tras una redada cualquiera en cualquier lugar de España, «en la policía, durante la entrevista de 10 minutos» que les hacen a las chicas rescatadas del club, «aparece por arte de birlibirloque un abogado que suele ser el del proxeneta. En su presencia, ellas lo niegan todo. Dirán que no les pegan, que no les han quitado el pasaporte», sigue relatando la juez. «Con este protocolo de interrogatorios las víctimas no son bien identificadas». Son mujeres que además no saben el idioma, por lo general muy jóvenes. Tan jóvenes que «cada vez hay más menores».

«España está fallando estrepitosamente en el terreno de la prevención» de la trata, lamenta la magistrada. «Estamos incumpliendo nuestros compromisos internacionales». «Hay países como Rumanía donde se hacen edificios, industrias y carreteras con dinero procedente del tráfico de personas», cuenta. Pero en España también «hay cada vez más gente obligada a la mendicidad y víctimas de trata nacionales… Hace 10 años eran una excepción».

Y aunque parezca una realidad muy lejana, casi ciencia ficción en este país, según De Lara en España también se puede hablar de tráfico de órganos. «Entre 2012 y 2016 se han abierto 30 diligencias previas por extracción ilegal, y en julio de 2015 y en octubre de 2016, en Valencia y en Barcelona respectivamente, se han dictado dos sentencias condenatorias».

«España tiene el dudoso honor de ser el tercer país consumidor de sexo después de Tailandia y Puerto Rico», ha concluido su charla la juez que desmanteló la mafia del Club Queen’s que regentaba un violento José Manuel García Adán. Cuesta mucho probar en la sala de vistas que una mujer está en situación de vulnerabilidad extrema, que está explotada y que el proxeneta tiene conciencia de ello. «La jurisprudencia es buenista con los tratantes y es prácticamente imposible que se condene a alguien por explotación lucrativa», explica. Esto a pesar de que, con voluntad, según De Lara, en España «contamos con resortes suficientes» para abocar al cierre a los prostíbulos, o bares con licencia especial que en realidad tienen habitaciones en el piso de arriba y dicen que las «alquilan», aunque luego no haya jamás una licencia de hostal ni un libro de huéspedes. «A las peluquerías pueden freírlas a inspecciones, pero a estos locales no se les hace la puñeta. No se cierran porque no hay voluntad».

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3.- “Ustedes no son nada. Les pego un tiro, las entierro en una gruta y nadie pregunta”.

[3] La instructora del mayor caso sobre proxenetismo en España describe el terror de las víctimas en los clubes de Lugo

 
 
José Manuel García Adán, cabecilla de la red de proxenetismo desmantelada en la Operación Carioca, en 2015. PEDRO AGRELO

El juzgado guarda un fúnebre dibujo infantil pintado por la hija del tipo más duro de Lugo. Durante la instrucción de la Operación Carioca, la mayor causa contra el proxenetismo que ha habido en España (275 tomos), la niña explicó que su pintura representaba a «una chica enterrada». La pequeña vivió durante un tiempo en el Queen’s, uno de los dos prostíbulos de su padre, José Manuel García Adán, y allí jugaba entre las mujeres víctimas, los clientes y los agentes del ordenque supuestamente tejían la red corrupta que blindaba al proxeneta. Algunos de estos funcionarios de los cuerpos de seguridad habían estado en la vida de la cría desde el principio, tanto que hasta aparecen como invitados en el vídeo de su gran fiesta de bautizo, que forma parte de las pruebas del sumario.

Adán «se había granjeado la amistad de varios funcionarios policiales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», afirma en el auto de transformación en procedimiento abreviado Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo. «Algunos eran asiduos a sus clubes», Queen’s y La Colina, y esto «coartaba la voluntad de las mujeres prostituidas a la hora de interponer cualquier denuncia». A lo largo de un centenar de folios, el escrito judicial desmonta la propuesta de las fiscales del caso, que a finales del año pasado defendieron librar del banquillo a todos los agentes imputados en una de las principales piezas de la causa. Tras una década de investigación, el auto de De Lara es uno de los últimos antes de que el asunto caiga en manos de la Audiencia Provincial para su juicio y posiblemente también uno de los postreros antes de la marcha de la magistrada. A falta de resolver un recurso de la juez, el Consejo General del Poder Judicial ha acordado apartarla de su plaza y de sus casos por lo que considera que son «retrasos injustificados» en la instrucción de las mayores causas anticorrupción de Galicia, que están a su cargo.

La magistrada mantiene las imputaciones, además de para los proxenetas, para un policía local que cree que era socio del negocio del Queen’s; para otro municipal del que sospecha que suministraba munición al jefe de la trama; y para un agente nacional investigado por colaborar supuestamente desde el aeropuerto de Barajas en el tráfico ilegal de personas.

Entre unos 370 testigos de la Operación Carioca que relataron en el juzgado sus vivencias, Y.C. declara que cuando acudió a la comisaría a denunciar que Adán le había pegado una paliza y le había puesto una pistola en la cabeza, se encontró con que el jefe de la trama había llegado antes y «los policías se negaron» a recogerle a ella la denuncia. S.F.O., otra de las trabajadoras de los clubes, reproduce en otra parte del sumario la amenaza con la que supuestamente el proxeneta imponía su ley y les recordaba su indefensión: «¿Quiénes son ustedes? Nadie, ustedes no son nada. Si les pasa algo, ¿quién va a preguntar por ustedes? Nadie. Yo les pego un tiro y las llevo a enterrar a una gruta y nadie pregunta», narraba esta mujer traída de Latinoamérica, utilizando en su declaración pronombres de cortesía más propios de su país de origen que de un burdel donde, según De Lara, las mujeres «trabajaban en régimen de auténtica esclavitud».

Patrocinador del fútbol de los policías

Según la magistrada, Adán «las sometía a un régimen de control absoluto», «amenazándolas, gritándoles, insultándolas y agrediéndolas», «en un extremado clima de violencia». En los primeros registros le fueron incautadas cinco pistolas y abundante munición. Buena parte de los proyectiles aparecieron escondidos en el pozo del Queen’s. El proxeneta, pendiente de los juicios de la Operación Carioca pero ya en prisión por violencia de género contra su esposa, «exhibía armas y hacía gala del poder que ostentaba», «presumía de sus magnificas relaciones» con policías y guardias civiles, a los que invitaba a sexo y copas. Incluso «patrocinaba un equipo de fútbol» formado por agentes, y así «desmotivaba por completo a las mujeres» a la hora de denunciar el «absoluto clima de presión, sometimiento, intimidación y terror» que reinaba.

«Muchas fueron agredidas o amenazadas por Adán», que solía «hacer prácticas de tiro sobre la parte de atrás del club, en la zona del gallinero, del pozo y en una furgoneta», recuerda De Lara. Algunas declaran que «las humillaba lanzando el dinero por los aires para que se agacharan a recogerlo», o que las llamaba «putas fracasadas», «vacas gordas», “sinvergüenzas”. E.P. asegura que presenció «cómo Adán se subió a la mesa del comedor, se quitó su pantalón, se quedó en calzoncillos y tiró al suelo un montón de billetes». «Allí había más de 2.000 euros y gritó: quien me la chupe, se queda con el dinero», cuenta la testigo.

Después de una noche que ella recuerda como terrorífica, Y.C. comunicó al jefe su intención de abandonar el club y él, recoge el último auto, «reaccionó de forma violenta». La chica dice que la llamó «muerta de hambre» y que la «agredió brutalmente», la «golpeó», la «agarró por el pelo», la «arrastró por el suelo» y siguió pegándole hasta que «pudo ponerse en pie». Entonces, Adán ordenó a un empleado que «fuera a buscar la pistola que tenía guardada en la oficina»: «José, búscame la 38, que le voy a dar a esta, que a los huevos mismos va a quedar». Luego le puso la pistola en la cabeza: «Te voy a matar». S.F.O. describe también un momento en que fue encañonada por el dueño del Queen’s con un arma «que sacó del cinturón»: «Mira lo que te puede pasar», asegura que le dijo el hombre entre risas, al comprobar que a ella le «temblaban las piernas». Otras veces les pegó «puñetazos» y «patadas» a ella y a una amiga. La mujer explica que después Adán «cogió sus cosas, las tiró a la calle» y la amenazó de muerte si denunciaba.

E.P. narra cómo un día el cabecilla de esta supuesta mafia de proxenetismo «lanzó un cuchillo desde la puerta de entrada al salón hasta la puerta del baño», y allí «quedó clavado» después de pasarle a ella «como a cuatro centímetros de la cabeza». En otro episodio de «cólera» distinto, Adán la golpeó, la arrastró afuera «cogiéndola por los pelos», le siguió pegando y le gritó: «Quédate fuera, puta, que si vuelves a entrar te mato». La víctima tuvo que acudir al hospital. Dice que allí le preguntaron a qué se debían las heridas, un corte en el labio y hematomas «por todo el cuerpo». Y que mintió por miedo: sostuvo ante el médico que se había «caído por las escaleras».

En otra pieza de este procedimiento pendiente de juicio, Adán supuestamente obliga a abortar a una chica de 18 años que no quería hacerlo, en una intervención sin anestesia y con la máquina de aspirado de la clínica atascada. El niño no podía llegar a nacer porque su existencia podría complicar la vida del supuesto padre, un conocido empresario local que gastaba miles de euros en el club.

«Tanto Adán como, sobre todo, su encargado, José Manuel Pulleiro Núñez, aprovechándose del miedo, la soledad, el aislamiento y la vulnerabilidad y debilidad de las mujeres, mantenían relaciones sexuales con ellas, especialmente con las que llegaban nuevas a los establecimientos», afirma la magistrada de Lugo. «Numerosas declaraciones ponen en evidencia cómo Pulleiro solía ‘catar’ o ‘probar’ a las jóvenes», continúa en su auto, e incluso «no cobraba la suma diaria de 43 euros» en concepto de alojamiento «ni imponía multas a las que mantenían relaciones sexuales con él». «Entre los amigos lo llamaban El Semental«, detalló en su declaración un allegado: «Le gustaban sobre todo las brasileñas y colombianas»; «todas acababan acostándose con él».

En el Queen’s y en La Colina «existía un consumo generalizado de drogas, particularmente cocaína, que facilitaba el propio dueño». Muchas mujeres esnifaban «para soportar las duras condiciones laborales», dice el escrito judicial. «Adán conseguía engancharlas y garantizar la permanencia en sus locales, tanto de las mujeres como de los clientes, mayoritariamente reconocidos empresarios» entre los que alguno «llegó a gastar más de 4.000 euros en una sola noche».

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4.- El policía que puso los neones al burdel.

[4] La juez rechaza la «excusa exculpatoria» de la Fiscalía y plantea llevar a juicio a varios agentes implicados en la Operación Carioca. Sostiene que uno era socio de un prostíbulo, dirigía las obras de reforma y hasta se quejaba de la baja productividad de las víctimas

 

Ramón V.R. era policía local de Lugo y, al mismo tiempo, socio del burdel Queen’s. Tan implicado en el buen funcionamiento de la empresa que se ocupaba «personalmente» de la decoración y protestaba por la baja productividad de las víctimas de trata. Esto es al menos lo que sostiene Pilar de Lara, la instructora de la Operación Carioca, la mayor causa contra el proxenetismo en España, en el auto de transformación en procedimiento abreviado de una de las principales piezas en las que fue desguazado el descomunal sumario para facilitar su digestión a la Fiscalía. Pese a esto, las dos fiscales sobre las que recayó parte del trabajo de lectura no alcanzan a ver el delito y en diciembre pidieron exculpar antes de llegar a juicio a este y a otros agentes del orden que supuestamente engrasaban la maquinaria de «terror» gobernada por el jefe de la trama, el proxeneta José Manuel García Adán. El ministerio público cree que su papel era el de meros clientes.

 
 

El empleado asegura que el policía le «controlaba el libro de subidas a las habitaciones» y le recriminaba que allí se «jodiera poco»

«No se puede negar que tomaba copas y hacía uso de los servicios sexuales», reconocían las dos fiscales en su escrito de finales de 2018, pero «lo hacía como particular», defendían para a continuación excusarlo del delito de cohecho impropio. «Por más que la Fiscalía trate de deslindar la vida privada de la profesional», argumenta ahora la magistrada, «las obligaciones de un funcionario policial no son a tiempo parcial sino las 24 horas» cuando se trata de perseguir delitos. Además, «existen numerosísimos testimonios que refieren que en no pocas ocasiones acudía uniformado, con su arma reglamentaria y en coche oficial rotulado para disfrutar de toda clase de servicios ofertados por el club». Y además «comía y cenaba» en la sala «utilizada solo por las mujeres». Y según las víctimas de trata, se jactaba ante ellas de su condición de policía local.

La testigo R.S. asegura que «cuando llegaba una chica nueva, ya estaba allí Ramón presentándose él mismo» y enseñando «la placa» . C.L.O. recuerda en su declaración como testigo que les decía: «Aquí no hay riesgo de nada, este es el mejor club de Galicia, no marchéis a otro porque aquí estáis protegidas«.

Violencia de género

«La relación de amistad» de Ramón V. R. con Adán, jefe del Queen’s y de La Colina, «se remonta a varios años antes» de abrirse el primero de estos burdeles, narra la magistrada. «Existen varios testimonios» que aseguran que «habría ayudado a ocultar pruebas del apuñalamiento» de un hombre cometido por el proxeneta, un episodio anterior a la Operación Carioca. «Al margen de lo anterior, y de la participación que pudiera tener en el negocio, resulta indiciariamente acreditado que este funcionario policial daba plena cobertura a las actuaciones presuntamente ilícitas de Adán», concluye De Lara.

«Por más que la Fiscalía trate de deslindar la vida privada de la profesional», reprocha la juez, «las obligaciones de un funcionario policial no son a tiempo parcial sino las 24 horas»

Y supuestamente ocultó «los malos tratos sufridos por la entonces esposa del proxeneta», sin «protegerla», ni «detener» al maltratador, ni «perseguir los hechos que conocía perfectamente». Adán cumple actualmente 21 años de prisión por violencia de género mientras espera los juicios de la Operación Carioca. La propia víctima relató que el policía local, supuesto socio de su marido en la clandestinidad, «le veía la cara», que «cuando curaba de un lado ya tenía el otro lado mal». Pero «nunca» la ayudó, sino al contrario, recuerda la juez; ya que supuestamente colaboró con el proxeneta «para que este pudiera expulsar a su esposa» de casa.

Además, «varios testigos» cuentan en las diligencias judiciales que Ramón V. R. «captaba mujeres para ir a trabajar a los locales de Adán y las trasladaba en coche» hasta los clubes. Siempre merodeando por allí, según De Lara «parece tener pleno conocimiento» de las condiciones de trabajo, con «intimidación y coacciones», y de las actividades de inmigración irregular desplegadas por el jefe de los burdeles y su encargado para traer a España mujeres con deudas.

Según testigos, acudía uniformado y en el coche policial, subía solo a las habitaciones a esperar a las chicas y pedía «felaciones sin preservativo»

La brasileña C.D.L., tan enamorada y abducida por Adán que llegó a tatuarse este nombre en el cuerpo, aseguró en su declaración que «a quien solicitó permiso para trabajar en el Queen’s fue al policía local llamado Ramón», porque otra compatriota le dio el teléfono del agente y «le indicó que para trabajar allí debía hablar con él». Otra mujer, C. N., quiso dejar la prostitución y se fue de camarera a un bar. Trabajaba sin contrato y el policía local, recoge el auto, «amenazó al propietario con denunciarle ante la inspección», con lo que supuestamente forzó el regreso de la chica al burdel.

Esto no era todo, sigue desgranando el escrito judicial. «Según varios testimonios», el funcionario «hacía negocio con la situación de necesidad de las mujeres prostituidas, a las que vendía ropa falsificada, joyas e incluso lencería». Aunque hay personas que declararon que sí abonaba consumiciones y sexo, la magistrada recalca que otros testigos aseguran que «nunca pagaba las copas» ni los «pases sexuales». «Hacía uso de los servicios» de las mujeres «casi a diario». Y «gozaba de otros privilegios que no se permitían a otros clientes», sigue la juez: «Podía prolongar los pases más allá de la media hora» estipulada, «llevarse a mujeres fuera del club sin abonar la salida” y «tratar de imponerles prácticas sexuales» a su gusto. A veces, describe la instructora, se adelantaba y ya subía él a esperar a las chicas en la cama, y pedía «felaciones sin preservativo». Tal y como aparece en declaraciones y «reportajes fotográficos aportados por testigos de la causa», este agente y otros funcionarios policiales «participaban en fiestas privadas organizadas por ellos mismos o por Adán en distintos pisos con mujeres prostituidas».

Por último, «la Fiscalía omite los testimonios que avalarían que Ramón recibía dinero de Adán», afea la magistrada al ministerio público. «Así lo revela una testigo de peso» que describe cómo el proxeneta repartía entre este policía y otros agentes también implicados «dinero en fardos [fajos]» un poco menos gruesos que una cajetilla de tabaco: «A veces de 500 euros, otras de 100 y otras de 50». La mujer, cocinera del club, apunta una periodicidad («cada 15 días») y asegura que presenció «cuatro o cinco entregas» al policía local. Según esta testigo, el proxeneta contaba delante de ella, en la cocina, los billetes, y luego los metía en un sobre para dárselos.

 

UN PRESUNTO COLADERO EN LA PUERTA 16 DE BARAJAS

S. R. P.

Pilar de Lara imputa 15 delitos al jefe de la trama, José Manuel García Adán, entre ellos, prostitución coactiva, tráfico clandestino de personas con fines de explotación sexual, asociación ilícita, prostitución de menor de edad, amenazas, falsedad documental, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y cohecho. Al policía Ramón V. R. le atribuye cinco: omisión del deber de perseguir delitos en relación con los malos tratos sufridos por la esposa de Adán; otro también de omisión pero referido a las actividades del prostíbulo; cohecho; revelación de información privilegiada y un delito continuado de colaboración con la prostitución coactiva.

También en contra del criterio de la Fiscalía, en este auto en el que dicta el sobreseimiento provisional respecto a otra veintena de investigados la juez acuerda continuar con las actuaciones contra dos agentes más. A Manuel A. C., otro policía local asiduo al Queen’s, le atribuye los presuntos delitos de tráfico de munición y cohecho. Según diversos testimonios era el que supuestamente proporcionaba los proyectiles a Adán para las pistolas que le fueron incautadas en los registros. El otro agente que Pilar de Lara plantea sentar en el banquillo es Francisco Javier F. B., policía nacional destinado en el aeropuerto de Barajas.

La instructora sostiene que las mujeres procedentes de Brasil eran aleccionadas por la mafia para que entrasen en España por la puerta 16 del aeropuerto, donde supuestamente las esperaba el agente, con sus nombres anotados (en su taquilla apareció un papel con los datos de tres víctimas). Pero las fiscales se basaron en un informe del aeropuerto, que en 2016 contestaba al juzgado que no se llevaba ningún tipo de registro de las cabinas que ocupaban día a día los policías del puesto fronterizo, para pedir su desimputación.

La magistrada blande, no obstante, una «abrumadora prueba indiciaria» contra el agente, que estaba familiarmente vinculado a un empleado del Queen’s. Explica que el policía se veía «a menudo», en Madrid y en Lugo, con Adán y su fiel encargado, José Manuel Pulleiro. Y hasta la detención del funcionario, al que en el club se referían como Paco, durante la investigación se intervinieron 61 comunicaciones entre ellos.

Previsiblemente, este será uno de los últimos autos dictados por la juez como titular de Instrucción 1 de Lugo. A falta de que se resuelva el recurso que ella presentó, el Consejo General del Poder Judicial le ha impuesto una sanción que implica la pérdida de su plaza, castigada por lo que la cúpula de los jueces considera «retrasos injustificados». En su pequeño juzgado de provincias se instruyen las mayores causas anticorrupción de Galicia, y la Carioca cumple ya una década. Bajo la lupa de la magistrada están no solo policías y guardias civiles, sino muchos políticos, la gran mayoría del PP y del PSOE.

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5.- El Poder Judicial acuerda apartar a la juez con más casos contra la corrupción de Galicia.

[5] El gobierno de los jueces impone una suspensión de siete meses y pérdida de destino a la instructora de las mayores investigaciones contra políticos en la comunidad

 

 

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado imponer a la magistrada Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, una sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones por una falta que califica de «muy grave», de «desatención en el ejercicio de las competencias judiciales». Al ser superior a los seis meses, la sanción implica la pérdida de destino. De Lara (Cartagena, 1969) lleva desde hace una década dirigiendo las principales investigaciones judiciales contra la corrupción de todo tipo en Galicia, con políticos imputados de muchos partidos, sobre todo del PP y del PSOE, funcionarios, policías y guardias civiles, grandes empresarios detenidos por blanqueo y cohecho y mafias de proxenetismo. Aunque el fiscal del expediente abierto contra la juez por dilaciones en la tramitación de las causas solicitaba solo tres meses de suspensión de empleo y sueldo (lo que no implicaba la pérdida de su plaza en Lugo), la cúpula del gobierno de los jueces ha escuchado la demanda del promotor de la acción disciplinaria en el CGPJ, Ricardo Conde, exdirector general de Relaciones con la Administración de Justicia con los ministros del PP Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá entre 2012 y 2016.

La suspensión y el apartamiento de su plaza (y sus investigaciones) de la impulsora de causas tan sonadas en Galicia como la Operación Carioca, la Pokémon, la Cóndor, la Pulpo o la Garañón (que acabaron con un buen puñado de carreras políticas en los últimos años) se anuncia a las puertas de un nuevo largo periodo electoral. La decisión de la comisión disciplinaria será ejecutiva una vez agotada la vía administrativa. La magistrada tiene un mes de plazo para recurrir en alzada al pleno del CGPJ, aunque tal y como ha explicado su abogado, Agustín Azparren, todos sus recursos hasta el momento no han sido tenidos en cuenta por sus superiores jerárquicos en la cúpula del Poder Judicial. En caso de que el gobierno de los jueces confirme la sanción, la magistrada aún podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Supremo.
 
 

La instrucción de macrocasos como el Pokémon, que al destapar numerosos capítulos de corrupción contribuyó a cambiar el mapa político gallego en las pasadas elecciones municipales, quedará ahora en manos de un nuevo juez en Instrucción número 1 de Lugo. Carioca, Pokémon o Cóndor, una operación contra el magnate del transporte de viajeros Raúl López (Monbus) que llegó a salpicar al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ocupan ya varios cientos de tomos y centenares de miles de folios en un modesto juzgado de provincias colapsado. No será fácil para ninguno procesar toda esa información ni debería serlo el archivo generalizado a no ser que los delitos, con los años transcurridos, acaben prescribiendo. Porque aunque la temida juez de Instrucción 1 marche, en los sumarios persisten los pinchazos, las declaraciones de cientos de testigos, los informes de Aduanas y las facturas y contratos amañados.

Por sus investigaciones, además de Feijóo, han transitado otros muchos aforados que siempre quedaron exculpados en instancias superiores. Casada con un hombre que militó en el PP desde los 16 años, a menudo los socialistas usaron esa baza como argumento, aunque De Lara haya imputado a lo largo de los años a más populares (que en toda Galicia acaparan más cargos de poder) que miembros del PSOE. La pareja de la magistrada abandonó las filas de su partido en los últimos años.

El abogado de la juez, que recurrirá hasta el final la sanción impuesta, defendió ante el promotor de la acción disciplinaria que los «retrasos injustificados» de los que se acusaba a la magistrada se debían a la falta de medios materiales y humanos que proporcionaba la Consellería de Presidencia de la Xunta a este juzgado. También presentó alegaciones en las que aseguraba que un buen número de las dilaciones que los inspectores del Consejo achacaban a De Lara eran falsas, porque correspondían a otros funcionarios y otros jueces. Muchos de los abogados de los cientos de imputados de Instrucción 1 llevan años quejándose de la prolongada «pena de banquillo» en la que sus clientes se consideran atrapados, en medio de macrocausas desbordadas de recursos y trámites entre instancias que no paran de crecer.

Perdón a la juez pitonisa

El año pasado, sin embargo, el CGPJ archivó el expediente disciplinario por causa «muy grave» contra otra magistrada de Lugo que acabó siendo bautizada por la prensa como la «juez pitonisa». La comisión acordó, por cuatro votos frente a tres, no sancionar a la titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Galicia, María Jesús García, por dedicarse en sus horas libres a echar las cartas del tarot a clientes en su domicilio. 

Después de suspender de sus funciones judiciales a García por la supuesta gravedad de los hechos desde el momento en que se incoó el expediente disciplinario, el CGPJ consideró que la prueba en que se basaba, una grabación del diario El Progreso en la que se la veía presuntamente ejerciendo de pitonisa y cobrando la consulta, era ilícita por hacerse con cámara oculta. No obstante, aquel expediente tenía su origen en una investigación iniciada en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a partir de un escrito del presidente de la Audiencia de Lugo en el que se denunciaba que la magistrada «de forma pública» repartía octavillas por la ciudad «anunciándose como tarotista y vidente con gran experiencia».

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6.- Pilar de Lara cree que el objetivo de su sanción es “apartarla” del juzgado.

[6] “Aquí parece que lo que hay por parte del CGPJ es un ‘no nos gusta su forma de instruir’ y por eso le imponen una sanción que lleva implícita la perdida de destino”, dice su abogado

 
 

La juez de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha esperado hasta agotar el plazo para recurrir la sanción del Consejo General del Poder Judicial de siete meses y un día (que implica pérdida de destino y su separación de las causas anticorrupción que instruye). Su abogado ha cursado el recurso esta misma tarde ante el Pleno del CGPJ. Se la castiga por falta «muy grave» en cuanto a “desatención y retrasos injustificados” en las numerosas causas que lleva, como la Pokémon sobre corrupción política o la Carioca sobre mafias de prostitución de las que formaban supuestamente parte agentes del orden.

Hasta la última visita, de dos semanas, de los funcionarios del CGPJ, “da la impresión de que la inspección siempre había valorado correctamente la actuación de la juez”, explica Azparren: “Un expediente de seguimiento que se hizo al juzgado estuvo inactivo durante más de dos años». Además, sigue, en esta ocasión, mientras el promotor de la Acción Disciplinaria (el exalto cargo del Gobierno de PP Ricardo Conde) instruía el expediente sancionador, «se inadmitió toda la prueba testifical que habíamos propuesto, que lo que trataba es de probar el alto rendimiento y la dedicación de la magistrado», protesta su abogado. «Incluso se pedían las declaraciones de los inspectores del Consejo General del Poder Judicial para que explicaran por qué había sido el cambio de criterio», hasta un momento favorable a la juez y a partir de otro momento, contrario, ha incidido.

Azparren niega “falta de desatención”, al tiempo que insiste en que “la pena es desproporcionada, el fiscal pidió solo tres meses, y ella no tiene antecedentes disciplinarios”. “Nunca fue expedientada hasta este momento, a pesar de todos los años que lleva en el juzgado, con tantas causas. Lo normal es que recibiera muchas quejas o hubiera tenido algún problema y sin embargo desde 2007 nunca tuvo un expediente disciplinario”, protesta el letrado de De Lara.

El abogado de Pilar de Lara puntualiza que “cuando ocurre eso se suele imponer la sanción mínima, que suele ser de un mes y como mucho de tres meses, que es lo que pidió el fiscal en el CGPJ, pero nunca de siete meses y un día», una pena que «además supone pérdida de destino”.

Al respecto de por qué se la ha querido apartar, de si hay condicionantes políticos, Agustín Azparren vuelve a insistir en que “las dos propuestas de sanción que se hacen, uno es un traslado forzoso y otro es una pena de más de seis meses sin empleo y sueldo, y ambas implican la pérdida de destino”. “Aquí parece que lo que hay es un ‘no nos gusta su forma de instruir’ y la única solución que ven, entre comillas, desde el punto de vista disciplinario es imponerle una sanción que lleva implícita perdida de destino”, concluye.

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7.- El Poder Judicial notifica la sanción a De Lara después de romper ella su silencio y describir su “desesperación”.

[7] “De casi 90 retrasos que se le imputan tras la visita de cuatro inspectores del Consejo, solo uno sería realmente imputable a funciones propias de la magistrado», defiende su abogado

 
 

La sanción de siete meses y un día sin empleo y sueldo y pérdida de destino impuesta por el Consejo General del Poder Judicial a la juez de Lugo Pilar de Lara fue comunicada oficialmente el viernes al abogado de la magistrada. Apenas había pasado un día desde que se difundió la noticia de que la instructora del caso Pokémon había roto su silencio y decidido contar con detalle a la prensa la situación de «desesperación» de su juzgado. Hasta ahora la juez no había conocido su castigo más que por una llamada telefónica y por los medios de comunicación, que sí fueron puntualmente informados por el CGPJ y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La sanción se justifica en «dilaciones y desatención», e implica que la juez que ha sido el azote de la corrupción en Galicia en la última década pierda su plaza y todos sus macrocasos.

 

“De casi 90 retrasos que se le imputan después de la visita de cuatro inspectores del Consejo, solo uno sería realmente imputable a funciones propias de la magistrado», defiende Azparren. «El resto de retrasos dependen de terceros, ya sea de informes, pendientes de peritos o pendientes de informes de la policía. Hay muchos retrasos cuando dependen de muchos organismos”, zanja.

Esta semana, tras el juicio contra un investigado de la Pokémon y su madre por amenazas a Pilar de Lara, la magistrada fue interrogada por la prensa a la salida. La juez acabó contando con detalle las presiones y la falta de medios con la que se ha visto obligada a trabajar en esta década en la que ha instruido las mayores macrocausas de Galicia, como la Carioca, la Pokémon, y también la Cóndor o la Pulpo. Habló del guardaespaldas que tuvieron que llevar durante dos años ella y su hija, de las pintadas injuriosas contra su marido, y de la situación de ahogo al que se vio sometido su modesto juzgado. Dijo que el personal había vivido momentos de verdadera «desesperación» por la falta de recursos puestos por la Administración. Y que todo esto lo conocía el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, hasta ahora bajo el mando del juez Miguel Ángel Cadenas, que se despide estos días por jubilación.

El abogado de Pilar de Lara, que avanza que agotará el plazo para el recurso, sostiene que “en definitiva la esencia de todo es que las seis faltas con las que se inició el expediente quedaron reducidas a una. Ha quedado todo reducido a la desatención, que siempre he dicho es todo lo contrario a la actividad que hace Pilar de Lara en su juzgado”. “Se podrá describir de muchas formas, pero de desatención o desidia no, que es lo contrario a lo que es su forma de trabajar”, concluye.

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8.- Pilar de Lara explota y describe a la prensa la “desesperación” a la que llegó su juzgado.

[8] La magistrada recuerda las pintadas insultantes a su marido, el guardaespaldas que tuvieron que llevar ella y su hija y los momentos de «desasosiego» por falta de medios para investigar

 
 

La titular del juzgado de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara ha declarado esta mañana a un grupo de periodistas que ve “desproporcionada” la sanción, aún no comunicada oficialmente, de siete meses y un día y perdida de destino por dilaciones indebidas que le impuso el Consejo General del Poder Judicial. “No puedo hacer valoraciones. Supongo que estará fundamentada y en virtud de esa fundamentación podremos hablar con más criterio. Pero sí que me sorprendió. Como ya explicó mi abogado, el fiscal pide tres meses y la sanción es de siete meses y un día, que tampoco sé sí es lo habitual”, ha esgrimido. Pero acto seguido ha descrito con detalle, como jamás lo había hecho antes en público, la situación de «desesperación» que han llegado a vivir en su juzgado por la falta de medios para investigar las macrocausas y los graves episodios de acoso que han sufrido ella y su familia y que incluso obligó a que la juez y su hija llevasen guardaespaldas durante dos años.

 

En cuanto a los medios personales, ha afeado que “solo pusieron un funcionario de refuerzo de los cuatro que solicitaba el servicio de inspección, hubo bajas de funcionarios que no se cubrieron o tarde, una funcionaria estuvo un año y medio de baja y su baja no se cubrió, otro funcionario en comisión de servicio tardó seis u ocho meses en cubrirse”, desgranaba.

“Entonces llegó un momento en el que eso sobrepasó, y en el Tribunal Superior de Justicia tienen escritos y dando cuenta igualmente de la situación de desasosiego que vengo sufriendo a lo largo de bastantes años”, se sinceraba. Y es que Pilar de Lara recordó que tuvo que “llevar guardaespaldas, mi hija y yo durante dos años. He sufrido presiones de todo tipo, como denuncias, quejas, insultos en foros de guardias civiles, ataques por parte de algún investigado, que es a lo que venimos a juzgar hoy hechos que son de 2013 y no es una macrocausa y se ha tardado en juzgar”. “Yo tengo causas más modernas por las que se me ha sancionado. Entonces este tipo de situaciones, de la presión, es normal quieras o no en algo sí que te afecta”, ha exteriorizado.

El Tribunal Superior conocía la situación

En esta línea, Pilar de Lara aseguró que “pocos compañeros, creo yo, han sufrido la situación que he venido arrastrando y en el Tribunal Superior de Justicia lo conocen”. “Yo he dado cuenta de todo lo que estaba sucediendo, no solo de medios materiales y personales, sino también por ejemplo que a mi marido le han puesto pintadas. Yo porque tengo que sufrir pintadas como ¨Roberto marido de la jueza paga las putas¨ o ¨Roberto putero¨, cosas de ese tipo y yo no lo tengo porque soportar como juez y lo he tenido que aguantar. Y como mujer he tenido que soportar que vinculen mis decisiones jurisdiccionales con la ideología que tiene mi marido. Eso es absurdo y ese tipo de comentarios se han venido realizando”, se quejaba.

Sea como sea, la jueza del uno confía que el pleno del Consejo revoque esta sanción, anunciando el recurso, cuando se le comunique oficialmente”. “Yo lo único que pido es que lean, y que contrasten con la documentación muy extensa, es un expediente muy voluminoso y puede ser susceptible de interpretaciones. Lo único que pido es que lean, y que contrasten, sí ha habido errores por el servicio de inspección tal y como se ha venido diciendo. Que examinen que desde el 2015 que se alegó que teníamos un expediente de seguimiento abierto y no se notificó hasta el 2017, sí eso es verdad, sí ese expediente de seguimiento del servicio de inspección ha estado paralizado durante dos años. Que se contraste todo, pero sí confío”, dijo.

En cuanto a la unanimidad en la sanción, por parte del CGPJ, Pilar de Lara ha recalcado que tiene “confianza que sí se hizo así esté motivado y se considere que es así, cosa distinta es mi discrepancia”. “No se sí es habitual o no que se resuelva por unanimidad”, convino.

Interpelada sobre sí lo que se busca es “sacarla” de su juzgado de Lugo, se limito a exponer que “no” puede “afirmar que sea así, ni quiero pensar que sea así porque sí no estaríamos hablando de que podrían existir otro tipo de factores y en absoluto creo eso”. “Yo creo que la comisión disciplinaria ha obrado de acuerdo con su conciencia y jurídicamente y no me cabe la menor duda”, zanjaba.

También se refirió a lo dicho por el presidente del TSJG, Miguel Ángel Cadenas, de que “nadie es imprescindible” y así ha atajado que si bien es “verdad” no es menos “cierto y eso lo comprende cualquiera que sí ahora viene un juez nuevo y se tiene que hacer cargo de todas las causas le iba a llevar bastante tiempo”.

“Sí lo que se pretende es agilizar las causas con una sanción de este tipo sí que se puede conseguir el efecto contrario, que eso sea lo buscado no lo creo”, concluía Pilar de Lara en una comparecencia histórica e improvisada en los juzgados de la Plaza de Avilés, de una de las juezas que más ha batallado contra la corrupción política en Galicia y contra la trata de mujeres a través de redes de prostitución.

La última víctima de José Enrique Abuín, alias El Chicle, asegura que el horror de aquellos «cinco o 10 minutos» en que luchó contra su agresor sigue acompañándola desde la noche de Navidad de 2017. «Yo era súper sociable, salía todos los fines de semana. Ahora apenas salgo. Apenas hablo con mis amigos. Después de aquello no era capaz de ir a la calle ni de día ni de noche; pero ahora los psicólogos me obligan a salir en tramos muy pequeñitos, como terapia». La testigo principal del juicio a El Chicle por supuesta detención ilegal e intento de agresión sexual, que se celebra en la sede en Santiago de la Audiencia de A Coruña, aseguró ayer en la primera sesión que su vida ha cambiado drásticamente: «Voy a dos psicólogos y tomo pastillas. Tengo pesadillas. Me despierto cada dos horas. A cada ruido repaso las puertas y las ventanas por miedo a que entre alguien».

Abuín fue detenido en fin de año de 2017 tras la denuncia que T. presentó en la Guardia Civil de Boiro (A Coruña). El episodio que sufrió se considera un calco de la escena que padeció Diana Quer antes de acabar en el maletero para viajar hasta la nave donde murió estrangulada en agosto de 2016. Cuando le tocó a ella, el 25 de diciembre de 2017, T. logró liberarse y aportó en el cuartel dos pistas que precipitaron el arresto del único sospechoso de la desaparición de la joven madrileña. La primera, un audio del momento del asalto que grabó fortuitamente con su WhatsApp. La segunda, la descripción del vehículo, incluidas dos letras y varios números de la matrícula, que a pesar de su «estado de shock» logró memorizar.

La de ayer fue la primera vez que El Chicle se sentó en el banquillo después de que el 1 de enero de 2018 el juez del caso Quer dictase prisión provisional. En el interrogatorio ofreció todo lujo de detalles para negar los delitos y defender que aquella noche de Navidad, en torno a las 22.30 horas en una calle de Boiro, él solo estaba para robar gasoil. Pero se encontró «con la chica de frente». Y «como necesitaba dinero» le pidió «el móvil». «No me lo quiso dar y forcejeamos. Nada más».

Abuín dijo que no reconoce su voz en el audio grabado por la víctima. En él ella implora, «por favor, por favor», mientras él la amenaza supuestamente con un cuchillo al cuello: «Si sigues gritando te corto. Dame el móvil y métete en el coche».  «Yo sabía que el móvil era mi salvación», explicó en su turno T., tras el biombo puesto en la sala para protegerla de la presencia de Abuín.

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9.- Colectivos contra la trata declaran Lugo “Patrimonio de la Impunidad”.

[9] Más de un centenar de personas claman ante los juzgados para que el Poder Judicial dé marcha atrás en su decisión de apartar a la juez anticorrupción

 

 

Más de un centenar de personas se han reunido esta tarde frente a los juzgados de Lugo, en la Plaza de Avilés, para expresar su malestar con la decisión del Consejo General del Poder Judicial de apartar de su plaza y de sus casos a la juez Pilar de Lara, titular del juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad. Una gran pancarta que encabezaba la protesta declaraba «Lugo, Patrimonio de la Impunidad», jugando con el título de Patrimonio de la Humanidad que ostenta desde el año 2000 la Muralla romana de la ciudad. Por momentos bajo una lluvia helada, otros letreros decían «Gracias», «Contra la corrupción y en defensa de la justicia» o preguntaban por qué el CGPJ atribuye a la juez anticorrupción dilaciones indebidas si existe un caso antiguo en la ciudad, el crimen de O Ceao, que acumula 25 años estancado en los juzgados.

 
 

La Plataforma Contra a Impunidade da Carioca reclama que esta causa, el mayor golpe judicial a las mafias de proxenetismo en España, no acabe sin castigo y considera «desproporcionada» la sanción impuesta a la juez. Tiene, dicen sus representantes, «la clara intencionalidad de alejarla de los juzgados de Lugo». Una de las integrantes de la Plataforma, Jennifer Santín, definió hace unos días de «ejemplar» la actividad de la magistrada «desde el punto de vista de la perspectiva de género». «Su investigación de la trama proxeneta supuso un antes y un después en la persecución de los delitos de trata con fines de explotación sexual», destacó, «un salto de gigante en la lucha por los derechos de las mujeres en situación irregular y de prostitución, las grandes olvidadas y silenciadas por el Estado». La plataforma reivindica que la juez trabajó «con recursos limitados y sin ceder ante las distintas presiones externas recibidas y amenazas contra su integridad personal».

 

Familiares de los fallecidos en el crimen del Cash Record de O Ceao, con un cartel de protesta, y una bandera de Asturias, donde De Lara también investiga la corrupción.
Familiares de los fallecidos en el crimen del Cash Record de O Ceao, con un cartel de protesta, y una bandera de Asturias, donde De Lara también investiga la corrupción. P.S.

 
La portavoz de la Plataforma Feminista de Lugo, Ana Torrón, calificó de “valiente” a la juez que «se dignó a defender a las personas que considera mucha gente que son de tercera categoría”. «Si la apartan a ver que juez se puede hacer cargo» de tramas tan complejas como la Carioca y la Pokémon, con gran cantidad de imputados entre proxenetas, agentes de los cuerpos de seguridad, políticos, funcionarios y empresarios. A la plataforma feminista lo que “más le preocupa» es el caso de «las mujeres que están absolutamente desprotegidas, que son muy vulnerables, que son mujeres en riesgo de exclusión social y vienen de otros países”.
 

Mientras los imputados por la juez, que se declaran sometidos a la «pena de banquillo» durante largos años de instrucción, aplauden la decisión del CGPJ, Esquerda Unida (con varios representantes en el acto) ha manifestado su rechazo a la sanción a De Lara, que considera fruto una justicia «patriarcal, machista y retrógada». Entre los numerosos imputados de la magistrada figuran gran cantidad de miembros del PP y también del PSOE, y los colectivos que apoyan la protesta recuerdan que son estos dos partidos los que mayoritariamente deciden qué jueces ocupan el Consejo.

El portavoz en Galicia de los colectivos animalistas Libera! y Fundación Franz Weber, Rubén Pérez, destacó esta semana «el compromiso» de la instructora «con la defensa del bienestar de los animales». Pérez recuerda que «fue la primera magistrada que emitió una orden de alejamiento» para proteger «a un animal que supuestamente estaba siendo maltratado» por sus propietarios. «En sus sucesivos autos» ha «demostrado que entiende» que «hay una normativa que se debe cumplir para proteger más y mejor a los animales».

Un castigo «muy grave»

Los promotores de la protesta han querido dejar claro que no tienen relación con Pilar de Lara y que no se han puesto en contacto con ella. Una de las portavoces de la Plataforma contra a Impunidade da Carioca, deduce, sobre la sanción, que “es una deriva de todo un proceso que para nosotros fue de acoso contra la instrucción de la Carioca”. Dos días antes de que el Consejo anunciase a los medios de comunicación (pero aún no al abogado de la juez) su decisión de apartarla, De Lara dictó un auto en el que atribuye más de 70 delitos (incluida la agresión sexual) a un guardia civil investigado en la trama de proxenetismo. La juez también advertía a la Dirección General de la Guardia Civil que es responsable subsidiaria de las acciones del agente porque supuestamente sus superiores sabían lo que estaba haciendo.

“Para nosotros es muy grave que aparten a la juez», ha dicho esta integrante de la plataforma. «Dicen que es por dilaciones en los procesos, pero nosotros creemos que este cambio dilatará mucho más los tiempos del proceso que queda por delante”, ha presagiado. En el colectivo temen que esto suponga en la práctica el archivo porque los delitos acabarán prescribiendo.

El grupo anuncia nuevas movilizaciones contra ese «riesgo de impunidad» que aventuran. “Llevamos ya varias movilizaciones en relación a la operación Carioca, por la inacción de la fiscalía, y nuestra idea es seguir movilizándonos hasta que no veamos que se hace justicia”. “Para nosotros hay una relación clara, una desigualdad de poder entre unas víctimas que son mujeres, extranjeras, prostituidas y grupos de poder que cometieron diferentes delitos y abusos».

LA JUEZ APURA LAS CAUSAS ANTES DE QUE SE LAS QUITEN DE LAS MANOS

P. S.

Pilar de Lara apura las instrucciones que lleva, de macrocausas como la Carioca (sobre redes de prostitución cuya pieza principal ya cerró antes de conocer la sanción del Consejo), la Pokémon(sobre corrupción política), la Cóndor (en torno al dueño de la empresa de transporte Monbus), la Garañón (sobre urbanismo), o la Pulpo (relacionada con la Diputación de Lugo).

El abogado de la juez en la acción disciplinaria abierta por el consejo, Agustín Azparren, ha explicado que “ella está realizando un esfuerzo incluso superior al que habitualmente desarrolla para tratar, si fuera firme la sanción, de acabar todo lo que pueda los procedimientos en marcha” y facilitar las cosas al siguiente juez que entre sin conocer casos tan complejos.

El abogado dice que no cree que haya habido “presiones”, ni que se anticipara la resolución del castigo, de siete meses y un día de empleo y sueldo y perdida de destino, para apartarla de estas macrocausas. No obstante, le llama poderosamente la atención que aún no se le haya notificado la decisión de apartarla que hace una semana se difundió desde el Consejo a la prensa.

“La finalidad no debe de ser esa», dice Azparren por las supuestas presiones para su retirada de la instrucción de causas con tantos poderosos imputados. «Hay que confiar en que los órganos disciplinarios del CGPJ no buscan otra finalidad distinta» que la de sancionar unas dilaciones. Aunque la sanción aún no ha sido “oficialmente” notificada, el letrado supone que los “motivos” por los que se pretende penalizar a la magistrada “serán los mismos que hubo hasta ahora”, que iban en la línea de los retrasos que acumulan estas operaciones tan voluminosas en un pequeño juzgado de provincias sin suficientes medios.

Sea como fuere, Agustín Azparren interpreta que “no hay falta de desatención”. “La conducta que todo el mundo conoce y que la propia inspección del CGPJ ha valorado de Pilar de Lara, desde hace años, es totalmente contraria al concepto de desatención, desidia o dejadez”, subraya.

Desde que se reciba la comunicación de la sanción, dispondrán de un mes para presentar recurso ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y la respuesta podría sustanciarse en el plazo de “entre un mes y tres meses”.

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10.- El impacto psicológico desatendido en la lucha contra la trata: «Los policías me miraban fijamente y yo no levantaba la cara por vergüenza».

[10] Seis de cada diez supervivientes de trata con fines de explotación sexual sufren algún tipo de trastorno, sobre todo ansiedad o estrés postraumático, según el proyecto PHIT de la Universidad de Barcelona, financiado por la UE

Los procesos de identificación ante la Policía, permisos de residencia y los procedimientos judiciales «no están adaptados a esta realidad»

«Cada vez que les preguntamos cosas que ya han contado estamos profundizando en su herida en lugar de reparar», dice la psicóloga Alba Alfageme

Por ICÍAR GUTIÉRREZ

https://www.eldiario.es/desalambre/Supervivientes-trata-impacto-psicologico_0_904309942.html

 

 

Cuando Aisha (nombre ficticio) llegó a España, se dio cuenta de que su tía la había engañado con la falsa promesa de poder estudiar. La forzó a prostituirse, soportó humillaciones e insultos. «Tenía una fuerza extrema que no me permitía sentir el dolor», relata. La depresión la acorraló, dice, después de cerrar por última vez la puerta tras de sí y salir corriendo, cuando se vio durmiendo en la calle, obligada a sobrevivir haciendo trenzas cerca de un mercado. 

Recuerda la vergüenza y el miedo. El mismo que recorrió su cuerpo al entrar en la oficina de los Mossos d’Esquadra para declarar. «Había tres hombres, dos de pie uniformados y uno sentado que no lo estaba. Si él hubiera hecho solo la entrevista, igual hubiese estado más tranquila. Eran hombres, me sentía intimidada. Tener que remover tantas cosas…», dice antes de soltar un suspiro.

Según los resultados de su estudio psiquiátrico, seis de cada diez de mujeres que han sido sometidas a trata con fines de explotación sexual sufren algún tipo de psicopatología, principalmente trastorno de ansiedad generalizado (60%) y estrés postraumático (22%). Un 9% padece depresión y pánico. Asimismo, una de cada tres presenta varios síntomas a la vez. La presencia de patologías aumenta a medida que pasan mayor tiempo atrapadas en las redes de trata.

Sin embargo, los procesos de identificación policial, permisos de residencia y procesos penales en los que se ven involucradas no están adaptados a esta realidad, concluyen desde PHIT. «Que hay un impacto psicológico en la mayor parte de las víctimas es algo que todos los agentes que tratan con ellas saben, pero siempre ha estado la sensación de que no sabemos abordarlo y no solo eso, sino que lo hacemos mal y revictimizamos», asegura Markus González, jurista y director del proyecto, financiado por la Comisión Europea.

Los investigadores insisten: la recuperación física y psicológica de los supervivientes es posible si se accede a servicios y recursos apropiados, que tengan también en cuenta los diferentes códigos culturales. Esto pasa por que la atención que reciben no las convierta de nuevo en víctimas. «Si no entendemos que cada vez que les preguntamos cosas que ya han contado estamos profundizando en su herida en lugar de reparar, no estamos teniendo en cuenta el enfoque victimocéntrico», dice Alba Alfageme, psicóloga y coordinadora del proyecto, en el que han participado expertos de otros países como Holanda, Finlandia, Bélgica o Italia. 

Aisha asegura que salió «destrozada» de la entrevista, de la que dependía si iba a ser reconocida como víctima de trata o no. «Me dejaban parar o llorar si lo necesitaba, pero empezaron a entrar y salir de la habitación y yo estaba cada vez más nerviosa. Tenían todos la mirada fija sobre mí, me daba hasta vergüenza, no podía levantar la cara. Tenía la mirada clavada en el suelo, hecha un mar de lágrimas. Ir a declarar y que me hagan preguntas me llena más de culpa y de vergüenza. Había partes de mí que tampoco me dejaban contar ciertas cosas que yo había querido borrar de mi mente», relata la mujer en el documental dirigido por Sonia Ros. 

No solo se deriva de la trata

Los investigadores han identificado que es frecuente que muchas de ellas presenten estrés postraumático complejo, en el que confluyen otros síntomas como los problemas en las relaciones interpersonales o un concepto negativo de sí mismas. «Todo el proceso de trata que empieza con la captación y, dependiendo de las víctimas, un viaje muy duro, genera un impacto que hasta ahora se consideraba estrés postraumático, un cajón desastre. Ahora demostramos que es más complejo», explica González.

Según han podido comprobar, el trauma no es producto solo de una única experiencia vital como la trata o la explotación sexual, sino la acumulación de varias de ellas. Desde el proyecto han recabado las historias de vida de 45 supervivientes y su conclusión es que son «historias de violencia y de ausencia de tratamiento». El 72% sufrió violencia durante la infancia, casi la totalidad de forma continuada. Este porcentaje se eleva al 83% en la adolescencia y la juventud. En esta etapa, la primera relación sexual de más de la mitad (54%) fue no consentida. Sin embargo, ocho de cada diez víctimas no recibieron asistencia. 

«Son mujeres que no sufren solo la situación de trata, sino que ya vienen cargando unas mochilas y experiencias multitraumáticas anteriores que se suma a todo un proceso en el que hay un ataque a sus derechos humanos y su mundo emocional que tiene como objetivo el control absoluto de su mente», apunta Alfageme. Tras salir de la situación de trata, agrega la psicóloga, sufren presiones añadidas. «Una vez salen, el problema es que, debido al impacto que tiene no solo la trata, sino el duelo migratorio o el estigma por ser mujeres, migrantes y relacionadas con la prostitución –y por tanto no ser identificadas como víctimas– suma más presión a la afectación psicológica».

No reconocerse como víctimas 

Una de las principales consecuencias de todo este impacto psicológico es que muchas no se identifiquen como víctimas, que olviden episodios vividos o incurran en contradicciones. «Son comportamientos como no reconocer que son víctimas, olvidarse de cosas básicas. Esto hace que incurran en contradicciones o de repente se acuerden de algo que antes no habían dicho, y que cuando declaren ante la Policía o los jueces, estos puedan decir que su discurso no es coherente ni suficiente para condenar a alguien y acabe en sentencia absolutoria porque pese más la presunción de inocencia», esgrime el director del proyecto.

Esta situación también les afecta durante los procesos de Extranjería, cuando tratan de regularizar su situación. «Se les da la posibilidad de acceder a un permiso de residencia por que colabore en la investigación. Pero, ¿cuánta colaboración se le puede exigir? Si uno no tiene en cuenta ese impacto psicológico olvida que a veces esa colaboración no es posible. Por ejemplo, puede que no se acuerde de cuántas personas la acompañaban. No es que no quiera colaborar, es que lo ha borrado para seguir adelante», agrega el jurista.

Desde el proyecto, gestado en la Universidad de Barcelona y en el que han colaborado la Generalitat de Catalunya y ONG como Sicar.cat, Proyecto Esperanza, APRAMP, han puesto en marcha formaciones con profesionales que están en contacto con las supervivientes, como policías o médicos forenses en la ciudad condal; han elaborado indicadores que permitan detectar mejor a las víctimas y recomendaciones para su atención, su evaluación y su seguridad.

«La Policía, por ejemplo, puede intentar reducir el número de interrogatorios porque es evidente que preguntarle diez veces a una persona que ha sufrido un trauma así, no es bueno para ella. Deben entrevistarlas en espacios que no solo sean seguros, sino agradables. Vigilar cómo se pregunta, quién lo pregunta, cómo permites que responden. La Policía ha ido mejorando mucho, pero ellos mismos reconocen que hay todo un campo por explorar», sostiene González. 

En el vídeo, Aisha cuenta que tuvo que repetir la entrevista. Durante la primera experiencia, había pasado días sin poder dormir. «Tenía alucinaciones durante el día y muchísimo miedo». Uno de ellos, que no fuera reconocida como víctima de trata. En la segunda declaración, asegura que se sintió más tranquila. «Solo había dos personas. El lugar me hizo sentir mucho mas cómoda. Cambió mucho la forma de expresar las preguntas, lo que me ayudó a expresarme mejor. Conté muchas cosas que no había contado». Sin embargo, Aisha no se vio capaz de denunciar. De nuevo, pesaba el temor. «Tenía mucho miedo de ver a mi tía en el juicio».

Los responsables de PHIT también proponen a las autoridades judiciales que traten de evitar que testifiquen varias veces durante todo el proceso grabando la prueba o que puedan declarar en el juicio por videoconferencia para que no haya contacto con los acusados. «Esto está previsto, pero no todos los juzgados cuentan con los medios», señala González.

«La arquitectura judicial tal vez no es la mas deseable para las víctimas, pero los medios que tenemos son los que son y con esas cartas jugamos», reconoce en el vídeo la jueza María Gavilán. «La declaración de la víctima se puede llevar a cabo por videoconferencia, en una sala en la que esté acompañada por personas especializadas y un abogado. Si están en espacios distintos, puede favorecer que la víctima se sienta mas reconfortada, con menos miedo y menos temor. Si no, en la práctica, ¿con qué medios contamos en la sala? ¿un biombo? ¿es suficiente cuando ha pasado ese proceso de captación o transporte», se pregunta.

La magistrada confirma la importancia de prestar atención a la salud mental de las supervivientes a la hora de interpretar si ha habido delito o no. «Si conocemos el impacto psicológico que tiene para la víctima de trata el hecho de haber estado sometida a esta situación podemos entender por qué su testimonio puede ser titubeante o cambiar». Lo mismo apuntan desde PHIT. «Hay que tratar de poner a la víctima en el centro y no perjudicarla más. Pero es que además, hay otro argumento más utilitarista: a la Policía y a los jueces les interesa que la víctima sea mejor tratada, porque se puede perseguir mejor el delito y pueden hacer mejor su trabajo».

 

 

 

 

 

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