Según medios oficiales cubanos, el hasta ahora primer vicepresidente del país fue ratificado con el 99,83 por ciento de los votos de la Asamblea Nacional del Poder Popular
El presidente saliente Raúl Castro levanta el brazo del nuevo dirigente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, después de que fuera elegido por la Asamblea Nacional, en La Habana (AFP)
Por primera vez en casi seis décadas Cuba tiene un gobernante que no luchó en la Revolución cubana. Miguel Díaz-Canel, hasta ahora primer vicepresidente del Gobierno, fue elegido este jueves presidente de Cubapor la Asamblea Nacional de la isla en sustitución del general Raúl Castro, quien se retira del poder tras doce años al frente del país. Según medios oficiales cubanos, el ‘delfín’ del dirigente saliente fue ratificado con el 99,83 por ciento de los votos de los 605 de los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral) tras ser propuesto ayer como único candidato.
Al conocerse el resultado, los diputados cubanos brindaron un aplauso al nuevo presidente quien fue felicitado con un apretón de manos y un abrazo por el mandatario saliente, según se pudo ver en la televisión estatalminutos después de que agencias oficiales divulgaran los datos.
Miguel Díaz-Canel
«Raúl Castro encabezará las decisiones de mayor trascendencia para el presente y el futuro de la nación»
No se prevén muchos cambios en el gobierno del flamante presidente: el mandato recibido por el pueblo “es dar continuidad a la Revolución cubana en un momento histórico y crucial”, marcado por los “avances en la actualización” del modelo económico y social del país, dijo Díaz-Canel en su primer discurso como presidente del país. Además, Raúl Castro mantendrá la dirección del Partido Comunista (PC, único legal) y su opinión seguirá teniendo un enorme peso para el nuevo Gobierno. “Raúl Castro encabezará las decisiones de mayor trascendencia para el presente y el futuro de la nación”, dejó claro el nuevo dirigente.
“Seremos fieles al legado de Fidel Castro, líder histórico de la Revolución y también al ejemplo, valor y enseñanzas de Raúl Castro, líder actual del proceso revolucionario”, dijo Miguel Díaz-Canel, quien leyó su discurso de pie en la tribuna de oradores del parlamento, al que acudió vestido con traje gris y corbata roja.
Miguel Díaz-Canel
«Seremos fieles al legado de Fidel Castro»
Díaz-Canel recordó que con la constitución de la nueva Legislatura de la Asamblea culmina un proceso de “elevada significación política”, al tiempo que defendió el sistema electoral de Cuba donde no caben la “politiquería ni el fraude”.
El nuevo líder cubano aseguró que la política exterior de la isla se “mantendrá inalterable” y que el país caribeño “no hará concesiones contra su soberanía e independencia” ni “negociará sus principios”.
Díaz-Canel dijo que el mundo está “en una coyuntura internacional caracterizada por la creciente amenaza a la paz y la seguridad”. “En tal contexto ratifico que la política exterior cubana se mantendrá inalterable y reiteramos que nadie logrará el propósito de debilitar a la Revolución ni doblegar al pueblo cubano, porque Cuba no hace concesiones contra su soberanía e independencia”, señaló.
Los miembros del Consejo de Estado
Junto a Díaz-Canel, quedó también elegido el resto de los miembros del Consejo de Estado (máximo órgano de gobierno en Cuba), con el veterano Salvador Valdés Mesa como primer vicepresidente de la isla. Es la primera vez que Cuba tiene un primer vicepresidente negro, y él es el hombre de esa raza que ha alcanzado un puesto de mayor rango político en el país caribeño.
Valdés también fue nombrado vicepresidente del Consejo de Ministros, cuya conformación de su Consejo de Ministros se decidirá en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, previsto para julio.
Los miembros del Consejo de Estado: El presidente Miguel Diaz-Canel Bermudez, el primer vicepresidente Salvador Valdez Mesa, los vicepresidentes Ramiro Valdez Menendez, Roberto Morales, Gladys Bejerano, Ines Maria Chapman, Beatriz Jhonson, y el secretario del Consejo Homero Acosta (Str / AFP)
El grupo de cinco vicepresidentes del Consejo de Estado estará integrado por el “histórico” Ramiro Valdés; el ministro de Salud Roberto Morales; la contralora general, Gladys Bejerano; la directora del Instituto de Recursos Hidráulicos de Cuba, Inés María Chapman; y la presidenta de la Asamblea provincial de Santiago de Cuba, Beatriz Johnson. El Consejo de Estado está compuesto además por otros 23 vocales y un secretario, cargo en el que repetirá Homero Acosta.
Tras la proclamación de los resultados, el presidente del Parlamento, Esteban Lazo, invitó al presidente entrante a ocupar su nuevo lugar en la presidencia de la Asamblea, lugar donde Díaz-Canel brindó a Raúl Castro un saludo militar y otro abrazo. Posteriormente, Castro levantó el brazo de su sucesor en un clásico gesto de la iconografía revolucionaria.
El nuevo mandatario cubano, que mañana cumple 58 años, es un políticoforjado desde las bases del Partido Comunista (PCC) que ha ido ascendiendo progresiva y discretamente en las estructuras del poder hasta convertirse en el número dos del régimen.
Díaz-Canel nació en Villa Clara (Santa Clara, Cuba) el 20 de abril de 1960 -un año después del triunfo de la Revolución que lideró Fidel Castro-. Este ingeniero electrónico, graduado en 1982, se incorporó a las Fuerzas Armadas de Cuba hasta 1985 y desde abril de ese año se desempeñó como profesor en la Universidad Central de Las Villas: fue en ese centro donde dos años más tarde y sin abandonar la docencia comenzó su carrera política en la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), la cantera del PCC.
Una familia cubana mira en la televisión el momento que Raúl Castro felicita a Miguel Díaz-Canel tras haber sido elegido presidente de Cuba (AFP)
A esa época se remonta su experiencia internacionalista al encabezar (entre 1987 y 1989 y como especialista en radio de las Fuerzas Armadas cubanas) un contingente que viajó a Nicaragua para ayudar al Gobierno sandinista, entonces en guerra contra fuerzas partidarias del exdictador Anastasio Somoza apoyadas por EE.UU.
A su regreso, continuó su progresión en el escalafón de la UJC donde llegó a ser miembro de su Buró Nacional, responsable del área ideológica y segundo secretario de la organización, cargo que asumió en 1993 tras la amplia remodelación que la organización experimentó cuando Roberto Robaina, hasta entonces líder de la filial juvenil comunista, fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores.
En 2003 ingresó en el todopoderoso Buró Político del partido
De forma paralela, Díaz-Canel inició su carrera en el Partido Comunista: en 1991 ingresó en el Comité Central del Partido, en 1993 asumió la dirección de la organización en Villa Clara donde fue elevado a secretario provincial entre 1994 y 2003.
El año 2003 fue un año importante en la carrera de Díaz-Canel: ingresó en el todopoderoso Buró Político del partido (puesto que renovó en los congresos del PCC de 2011 y de 2016); fue elegido diputado de la Asamblea Nacional por la circunscripción de Placetas (Villa Clara) y ese mismo año fue trasladado a la dirección política de Holguín, donde fue secretario provincial hasta 2009.
Miguel Díaz-Canel Bermudez, en el Palacio de la Revolución, en La Habana, Cuba (EFE)
Su salto al gobierno se produce en el año 2009 cuando fue nombrado por Raúl Castro como ministro de Educación Superior: desde ese cargo fue el encargado de poner en marcha la escuela superior para dirigentes del Estado y el Gobierno, inaugurada en octubre de 2011, para la formación del relevo generacional tal y como aprobó el VI Congreso del PCC (2011).
Tres años más tarde, el 22 de marzo de 2012 Raúl Castro le elevó un peldaño más al nombrarlo vicepresidente del Consejo de Ministros, en sustitución del veterano José Ramón Fernández, más conocido como “el Gallego Fernández”.
Pero el ascenso determinante de Díaz-Canel se produjo tras los comicios de febrero 2013 cuando fue designado primer vicepresidente del Consejo de Estado con igual rango en el Consejo de Ministros sustituyendo en el puesto al “histórico” José Ramón Machado Ventura: se consolidó así como número dos del gobierno raulista y probable sucesor del menor de los Castro.
A partir de ese momento, el hasta entonces casi desconocido Díaz-Canel comenzó a cobrar visibilidad pública dentro de la isla y también en el exterior ya que ha representado a Cuba en numerosos viajes.
Un póster de los hermanos Castro en La Habana, Cuba (AP)
Entre ellos la toma de posesión en 2013 del presidente ecuatoriano, Rafael Correa (2003); la gira que realizó ese año por Laos, Vietnam y China, donde se entrevistó con el presidente, Xi Jinping; o su viaje a Caracas por el aniversario de la muerte de Hugo Chávez (2015).
Acudió también como máximo representante de Cuba a la cumbre UE-Celac (junio de 2015), a varios aniversarios de la Revolución sandinista y a la toma de posesión del nicaragüense Daniel Ortega, en enero de 2017.
Ese mismo año cursó una gira por Bielorrusia, Rusia y Japón, donde se entrevistó con los presidentes Lukashenko y Putin, y el primer ministro Abe y el canciller Kishida, en los que trató proyectos de cooperación, energéticos e industriales.
En mayo de 2017 asistió a la investidura del ecuatoriano Lenín Moreno, y a continuación viajó a Bolivia para entrevistarse con el presidente, Evo Morales, y visitar La Higuera, lugar en el que ejecutaron al “Che”, y Vallegrande, donde fue enterrado hasta 1997.
Además, ha participado en las recepciones a los dignatarios que han visitado la isla, entre ellas la del papa Francisco, en septiembre de 2015, o la del presidente Barack Obama, en marzo de 2016.
Díaz-Canel está casado en segundas nupcias con Lis Cuesta Peraza, profesora universitaria. En su primer matrimonio, con Martha, tuvo dos hijos.
El nuevo presidente cubano tiene ascendencia española: su bisabuelo, originario de Castropol (Asturias, España), emigró a Cuba a mediados del siglo XIX y regentó en La Habana una fábrica de muebles.
El nuevo presidente cubano tiene ascendencia española
El expresidente andaluz niega «dejación de responsabilidades» ya que la normativa o el procedimiento de las ayudas «no era de mi ámbito de decisión política»
«Siempre he partido de que mis consejeros y consejeras respetaban escrupulosamente la ley. Me cuesta creer que intencionadamente se pudiera establecer un procedimiento ilegal o para burlar la ley», ha sentenciado
Chaves rebate al exconsejero de Empleo y asegura que en el seno del Consejo de Gobierno ni se conocían ni se debatían las modificaciones presupuestarias ni las transferencias de financiación que se están juzgando
El presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009 lo ha repetido una y otra vez durante el interrogatorio en el juicio de los ERE: sabía de la existencia de las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta pero no sabía “cómo se daban”. Manuel Chaves ha insistido, incluso cuando el fiscal anticorrupción no le preguntaba específicamente por ello, que “conocía perfectamente que había ayudas de todo tipo” pero que “cómo se daban, cuál era el procedimiento, cuáles era las cuantías, cuál era la normativa,…yo no lo conocía” porque “no era de mi ámbito de decisión política”. “Siempre ha partido de que había una norma pero no fui informado de ello”, ha dicho también. “Siempre he partido de que mis consejeros y consejeras respetaban escrupulosamente la ley. Me cuesta creer que intencionadamente se pudiera establecer un procedimiento ilegal o para burlar la ley”, ha sentenciado.
“No es un problema de dejación de responsabilidades”, ha asegurado en más de una ocasión ante el tribunal en esa línea argumental de defensa. Chaves ha explicado que “partía de un contexto de confianza de un equipo de que lo que había estaba en la ley y era legal”. En su opinión, “era muy difícil pensar que se pudiera dar un procedimiento conscientemente ilegal o que se hiciera para ocultar algo”, ha explicado el también ministro de Trabajo entre 1986 y 1990, que se enfrenta a diez años de inhabilitación por delito de prevaricación. Chaves, durante buena parte de su declaración, se ha enrocado en el recurrente ‘no conoció ni pudo conocer’ que ha ido esgrimiendo en sus escritos durante la causa, sin alcanzar a saber el detalle de la gestión de la Consejería de Empleo respecto al procedimiento, aprobación y concesión de las ayudas que se están juzgando.
El fiscal ha partido su interrogatorio de las crisis empresariales e industriales de finales de siglo. En ese sentido ha dicho que “en el Consejo de Gobierno se hablaba de las grandes crisis”, apuntando a las de Astilleros, Delphi, Santana Motor, apuntando que “desde una perspectiva política y social se hablaba de cómo afrontarlo”. “Lo que más nos preocupaba era la situación de los trabajadores y de sus familias”, ha indicado, detallando que en los temas laborales “yo hablaba con los sindicatos, era mi responsabilidad como presidente, para crear una mesa de negociación”. “Yo me reunía con los comités de empresa, o incluso con el empresario”, varias veces con el de Santana”, ha ejemplificado, siempre “con la condición” de que aquellos encuentros vinieran “respaldados por los secretarios generales de UGT y CCOO”. Aquello “formaban parte de la estructura democrática de este país”, ha incidido.
Chaves ha insistido en que, ante una empresa en crisis, el compromiso de su gobierno era que “había que tratar de salvarla y, sobre todo, proteger a los trabajadores”. Ese compromiso de gobierno estaba sustentado “en los acuerdos de concertación”, ha repetido también, explicando que para ello “había que convocar una mesa de negociación para hacer un plan de viabilidad o industrial”. “Ese era mi único criterio” en esas circunstancias. ¿Y si aquel plan fallaba?, la ha preguntado el fiscal. Había normas para ayudar a los trabajadores, ha insistido, y Chaves “sabía que había ayudas sociolaborales” pero “cómo se daban las ayudas, yo no lo sabía”. “No entraba” en ello porque “pertenecía a otro ámbito político de decisión”. “Cuál era la exigencia, los requisitos, los beneficiarios, la cuantía… eso pertenecía a otro ámbito”, ha insistido. Los acuerdos de concertación pasaban al Parlamento, conteniendo los compromisos de la Junta, ha comentado, pero “a partir de cómo se desarrollaba, no correspondía a mi ámbito político, y no por dejación de responsabilidad”. “Eran otros” los que se encargaban de ello.
“Los consejeros no me informaban de cuánto iban a cobrar los trabajadores, de quiénes eran los beneficiarios, etc. Estaba informado de líneas generales”, ha repetido. Sobre el contexto del expediente de Hijos de Andrés Molina y el “cambio en el sistema” de concesión de ayudas, no conoció la posible incompatibilidad con las ayudas europeas o sobre “los reparos” de la Intervención General de la Junta, Chaves ha dicho que se ha enterado al conocer el contenido de la causa de los ERE pero no en aquellos momentos.
“Las alarmas” no saltaron
También ha comentado que conocía de la existencia de subvenciones excepcionales, que se otorgaban “en función de un determinado indicador de gravedad de la crisis de una empresa”. ¿Cuál era el sistema?, le ha preguntado el fiscal. “No lo sabía. No entraba en mis funciones”, ha repetido, sabiendo que “eran ayudas sociolaborales, y de ellas hablan los acuerdos de concertación”. En ese punto, Chaves ha propuesto al fiscla volver a darle “el contexto” de por qué no conocía el detalle del sistema de concesión de ayudas o de los conceptos presupuestarios de los que se servía para su aprobación. “Había 140 programas presupuestaria y miles de aplicaciones presupuestarias. Era imposible que un Consejo de Gobierno pudiera conocer todo eso”.
“Y no es un problema de dejación de responsabilidades”, ha insistido, apuntando desconocimiento el uso del programa 31L, la utilización concreta de las transferencias de financiación o el desarrollo del convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). “Ni conocí su existencia ni conocí su contenido porque ni pasaban por Consejo de Gobierno ni tenían por qué pasar”, ha resumido acerca de las modificaciones presupuestarias obrantes en la causa, las cuales “no se debatían” en Consejo de Gobierno. “No quiero dar la imagen de que eso no entraba dentro de mis responsabilidades” ha dicho también, argumentando que las referidas cuestiones se escapaban de su control ya ello le correspondía al departamento concreto que lo gestionaba. Acerca de los presupuestos anuales de la Junta de Andalucía, “solamente discutíamos la envolvente financiera y cada consejería distribuía sus partidas”, siempre en el marco de “un debate de globalidad”.
Al principio del interrogatorio, el fiscal le ha preguntado al expresidente por la normativa estatal que regulaba las ayudas sociolaborales y que pudo conocer cuando ejerció como ministro de Trabajo. Al respecto ha dicho la normativa de entonces estaba en vigor desde 1986 y que la conocía “en líneas generales” pero que sus funciones se centraron principalmente en la trasposición de las directivas comunitarias y otras cuestiones relativa a la entonces reciente entrada de España en la Comunidad Europea. En concreto, sobre las órdenes ministeriales de 1994 y 1995 aprobadas por José Antonio Griñán en el Ministerio, ha señalado que las ha conocido “aquí” con motivo de la causa de los ERE y que “no las conocía” hasta entonces.
En cuanto a la Memoria de 2004 del interventor general para el control financiero permanente, Chaves ha dicho que en su momento no la leyó pero que lo ha podido hacer con posterioridad con motivo de la causa y que, de su lectura, no ha visto “ningún dato que pudiera hacer saltar las alarmas” aunque pudiera haberse detectado “alguna negligencia” pero “nunca nada para hacer saltar las alarmas”. Del informe adicional del propio interventor, ha dicho que conoce “lo
que se ha dicho en este juicio”, ha dicho respecto a ésta y a otras cuestiones también.
Solo despachaba «con los consejeros»
Al expresidente se le ha mostrado en un momento dado alguno de los expedientes que obran en las actuaciones, señalando Chaves respecto a uno de ellos que “ese expediente no lo he visto en mi vida”, insistiendo en que no tuvo conocimiento de los detalles concretos y que no despachó “nunca” con directores generales ni delegados del Gobierno de las distintas provincias. “Solo despachaba con los consejeros”, ha asegurado. En ese punto, el presidente del tribunal le ha comentado al fiscal que había quedado “suficientemente claro el grado de conocimiento” del interrogado en esas cuestiones, en el sentido de “evitar peguntas que ya han sido contestadas”, ha solicitado al fiscal.
En la misma línea, Chaves ha insistido en que “conocía que se daban ayudas” pero que el procedimiento, etc, “no entraba de mi ámbito político” y “no tenía por qué conocerlo”. Tampoco conoció la mediación de aseguradoras, ni la existencia de rentas vitalicias, ni los pagos cruzados y que, si hubiera conocido la intervención de despachos de abogados en la gestión de esas ayudas, “me hubiera opuesto”. Tampoco conoció el papel de IFA/IDEA en la materialización de las ayudas, ni supo antes de la causa que dicha agencia solo participaba en “el pago” de las mismas.
El expresidente ha asegurado que “no había distinción por provincia” en cuanto a la distribución de ayudas. Preguntado por una caso concreto de una “posible discriminación” expuesta por un empresario respecto a siete mineros de Huelva, ha respondido que ese tipo de cuestiones eran derivadas desde su gabinete al consejero de turno, en aquel caso el de Empleo, “para que actuara según viera oportuno”, sin que dicho gabinete “chequeara” el resultado de la gestión de dicha consejería.
Ya a preguntas de su abogado, que ha realizado cuestiones “solo de su ámbito de conocimiento, como ya se ha explicado”, Chaves ha explicado los objetivos de los acuerdos de concertación social suscrito con empresarios y sindicatos a lo largo de los años, que se sometían a debate en el Parlamento y sobre los que “se podían presentar resoluciones por parte de los grupos”. “Había apoyo casi unánime”, ha recordado el expresidente.
Chaves ha mostrado un documento también con unas tablas con los presupuestos de la comunidad autónoma que “era lo que se aprobaba” en última instancia por parte del Consejo de Gobierno, insistiendo en que su participación “en el debate de globalidad” en el contexto parlamentario no entraba en el detalle de las partidas de cada departamento de la Junta ni en la forma en que se procedía para ejecutar las mismas. En cuanto a las modificaciones presupuestarias, Chaves ha dicho que era un mecanismo habitual también en el Gobierno central y que prácticamente la excepción en la Junta de Andalucía era cuando el Consejo de Gobierno no tramitaba una modificación presupuestaria, insistiendo en que eso no suponía un aumento del gasto y que la cuenta general de la Cámara de Cuentas de Andalucía “no puso objeción ni reproche” a las mismas durante los años que se están juzgando, como ya expuso su sucesor, José Antonio Griñán, que le precedió en el juicio.
Sobre si se ratificaba en lo declarado ante el Supremo en abril de 2015, Chaves se ha ratificado: “Sí, es verdad que ahora sé más cosas, pero no tengo ningún problema para ratificarla”. Por último, al igual que hizo con Griñán, el presidente del tribunal ha lanzado una última y única pregunta a Chaves respecto a lo manifestado ante Alaya y ya en el juicio por parte del exconsejero Antonio Fernández en cuanto a que a partir del año 2004 en la concesión de las ayudas se implicaba a dos consejerías (por las transferencias de financiación de IFA/IDEA, residentes en Innovación) y de ello eran “sabedores” en el Consejo de Gobierno.
“No estoy de acuerdo en el sentido que las modificaciones estaban en el índice verde y el Consejo no podía conocerlas. Solo podían ser conocidas por el consejero que las presentaba. No se debatían ni se conocían, como tampoco se debatían ni se conocían las transferencias de financiación. Cada consejero conocía sus programas y sus partidas pero no se pudieron conocer cada una de las partidas ni las transferencias”, ha explicado Chaves.
[3] Un juez ordena a Colau paralizar la adjudicación de los servicios técnicos de la multiconsulta
El Ayuntamiento de Barcelona suma un nuevo problema a la falta de aval político a la multiconsulta
Al revés político que recibió el gobierno de Ada Colau contra la multiconsulta van camino de sumarse los tribunales. El juzgado de lo contencioso administrativo 17 de Barcelona ha ordenado al Ayuntamiento de Barcelona paralizar la adjudicación de los servicios técnicos de la multiconsulta, que incluía el contrato para el voto electrónico.
Lo ha hecho a instancia de la Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica (ATQD), que denunció la vulneración de derechos fundamentales en relación a la cesión de datos del padrón municipal a una empresa externa para organizara las votaciones.
La ATQD fue una de las empresas y entidades que llevó a los tribunales la multiconsulta de Colau prevista para el mes de mayo y en la que el Consistorio pretende que los barceloneses voten sobre la gestión del agua y el cambio de nombre de la plaza del esclavista Antonio López por el del migrante muerto en el CIE Idrsissa Diallo.
Además de esta asociación, empresas como Agbar, así como la Delegación del Gobierno o la Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público (CCIES), han presentado en los últimos meses recursos por distintas vías para impugnar tanto la multiconsulta como el Reglamento de Participación Ciudadana que la ampara.
En una resolución de este lunes, el titular del juzgado de lo contencioso 17 de Barcelona indica al Ayuntamiento que «deberá paralizar, si ello aún es posible» la la adjudicación de los servicios técnicos de la multiconsulta.
En paralelo a esta causa en los juzgados de lo contencioso, la Fiscalía de Barcelona investiga al Ayuntamiento por un delito de revelación de secretos y la cesión de datos del padrón municipal para la multiconsulta después de una denuncia de la misma asociación. En la consulta, según el pliego de condiciones del contrato, podrán votar los mayores de 16 años empadronados en Barcelona, cuyos datos, según los denunciantes, serán cedidos a la empresa a la que se adjudique el proceso junto al del resto de votantes.
[4] Medio año de parálisis judicial y política atascan la investigación del accidente de Angrois
Protestas de víctimas de Angrois ante el juzgado y ante el Congreso de los Diputados PRAZA PÚBLICA
Las víctimas muestran su esperanza en que la comisión del Congreso eche al fin a andar esta semana mientras esperan que termine una huelga en la Justicia gallega que agravó las demoras que ya acumula la causa
Nunca como ahora la plataforma de víctimas del accidente de Angrois había avanzado tan lejos en la consecución de sus objetivos. Paradójicamente, pocas veces como en el último medio año se habían acumulado tantas demoras al mismo tiempo tanto en la vertiente judicial como en la política de sus reivindicaciones para aclarar lo ocurrido en el siniestro que el 24 de julio de 2013 dejó 80 muertos a las puertas de Santiago después de que el maquinista de un tren Alvia no frenase a tiempo antes de la curva de Angroissin que hubiese activo ningún sistema de seguridad que evitase o paliase su error humano.
De manera paralela a las responsabilidades penales, las víctimas piden que se depuren también las responsabilidades políticas por el diseño de la línea de AVE Ourense-Santiago en la que ocurrió el accidente así como por la gestión posterior del siniestro. La plataforma de afectados venía reclamando desde pocos meses después del siniestro la creación de una comisión de investigación política en el Congreso de los Diputados, pero la mayoría absoluta del PP primero y después la complicidad del PSOE impidieron durante cuatro años su creación. El cambio en la dirección del PSOE permitió que el Pleno del Congreso finalmente aprobase esa comisión el 28 de septiembre del año pasado, pero aún no ha comenzado a trabajar porque durante todo este medio año los grupos políticos no fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre quién la debe presidir.
Más de seis meses después de su aprobación, la sesión de constitución de la comisión de investigación será este miércoles, pero con la incógnita de cuál será el resultado de la primera votación que tengan que realizar sus miembros, la de quién la va a presidir. Después llegará otra lucha política, la de cuántos grupos aceptan las comparecencias que reclaman las víctimas. Lucha similar a la que se desatará en el juzgado entre las partes implicadas cuando finalice la huelga de la justicia, comiencen las declaraciones pendientes y se conozca el informe europeo. Mientras, la fecha del 24 de julio, y con ella el quinto aniversario del accidente, sigue aproximándose sin que las víctimas tengan expectativas de pronta respuesta a todas sus preguntas pendientes tanto por parte de la justicia como de la política.
Bomberos forestales trabajando en un incendio en Vilariño de Conso (Ourense) en octubre de 2017 MAPAMA
El balance oficial de los incendios forestales del pasado año certifica que fue el peor de la década en Galicia con una veintena de incendios superiores a 500 hectáreas en los que ardieron dos tercios de la superficie perdida
Ourense ha vuelto a ser la provincia con más monte arrasado por las llamas, con 30.000 hectáreas
Mientras el Gobierno gallego ultima la presentación de su plan contra incendios para 2018, que cada año incluye las cifras de lo quemado en el ejercicio anterior, la estadística del Ministerio ratifica que los montes gallegos han vivido en 2017 su peor año desde la gran ola de 2006, que a su vez había sido la más intensa en dos décadas.
En Galicia quedaron calcinadas casi el 40% del total estatal de héctareas quemadas, con un balance que prácticamente triplica el de 2016, cuando habían ardido algo menos de 22.000 hectáreas. En la estadística destaca, además, la gran superficie arbolada perdida durante 2017, casi 30.000 hectáreas -en el año previo no habían llegado a las 9.000-, si bien es necesario falta esperar hasta la estadística definitiva, dentro de tres o cuatro años, para conocer en detalle qué especies de árboles fueron las más afectadas por las llamas.
Después de que, un año más, la Consellería de Medio Rural ha optado por aplicar una política informativa de ocultación parcial, silenciando los incendios de menos de 20 hectáreas y no ofreciendo partes completos con todos los puntos de Galicia afectados por el fuego, los datos del Ministerio acreditan la magnitud de lo sucedido. No en vano, durante el año pasado Galicia padeció hasta 22 grandes incendios forestales -calificación técnica para los de más de 500 hectáreas-, casi tres veces más que en 2016 y todos ellos en octubre. En estos grandes incendios ardieron 40.898 hectáreas, esto es, dos de cada tres hectáreas del total de todo el año.
Los datos oficiales reflejan hasta qué punto fue catastrófico el domingo, 15 de octubre, la jornada en la que la mezcla de fuego y viento propició incontables focos por toda Galicia y prácticamente una veintena de grandes incendios forestales. El más extenso, dicen las cifras, fue el originado en el municipio de Ponteareas (Pontevedra), en el que ardieron casi 9.000 hectáreas. Destaca también el incendio que arrasó case 6.000 hectáreas en Melón (Ourense) y las prácticamente 3.000 hectáreas de monte perdido en As Neves (Pontevedra), el ayuntamiento considerado ‘zona cero’ de aquella ola. En aquel día también ardieron más de mil hectáreas en un solo incendio en Caldas de Reis, Baños de Molgas, San Cristovo de Cea, Nigrán, Gondomar y Parada de Sil.
La incidencia de estos grandes incendios forestales en el balance total vuelve a ser obvia un año más. No en vano, aunque hayan ardido casi tres veces más hectáreas que un año antes el número de incendios no se ha incrementado en la misma medida: se registraron 3.249, un 35% más que en el año previo. La cifra es, por ejemplo, prácticamente la mitad que en el año 2011, cuando habían ardido 20.000 hectáreas menos, y no llega ni al 50% del número de incendios registrados en el año 2006, el año con más monte quemado en Galicia en lo que va de siglo.
La combinación de meteorología muy adversa, con mucho calor y fuertes vientos, en intervalos muy cortos de tiempo -en este caso, en el mencionado fin de semana de octubre-, deja un mapa del fuego en 2017 en el que el cuadrante noroeste de la península ibérica destaca sobre todos los demás territorios del entorno. Las llamas golpearon con dureza el norte de Portugal -no en vano, la enorme intensidad de sus incendios llegó a generar una nube que evitó una catástrofe mayor en Galicia, según acredita la investigación oficial – e hicieron el propio con Galicia, pero también con Asturias y las provincias de León y Zamora.
En el registro provincial, no obstante, Ourense vuelve a destacar como el área con mayor superficie quemada, 30.000 hectáreas que casi triplican lo ardido en 2017 y que están un poco por encima de las arrasadas en Asturias, que superó las 27.000. Las diferencias en el resto de Galicia con relación al año previo son también muestra de la dureza de la ola de fuego de octubre: en Pontevedra quedaron arrasadas más de 21.000 hectáreas -en 2017 no llegaron a las 5.000-, en Lugo ardieron 8.200, casi diez veces más que en los doce meses anteriores. En A Coruña, no obstante, ardió menos que en 2017: 2.256 hectáreas frente a las 3.900 del año previo, y fue la única provincia gallega sin ningún gran incendio forestal.
[6] Montoro contradice al juez y a la Guardia Civil e insiste en que el 1-O no se pagó «con dinero público»
«Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público», asegura el ministro
El juez Llarena, en base a los informes de la Guardia Civil, ha procesado por malversación a los exconsellers por haber gastado presuntamente 1,6 millones en el 1-O
«Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público». Así se ha expresado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro en una entrevista en el diario El Mundo, en la que ha negado el uso de fondos públicos para la votación, uno de los objetos de la investigación sobre el 1-O. En agosto, en una comparecencia en el Congreso, Montoro ya aseguró que el control de Hacienda permitía que la Generalitat no destinase «ni un euro» a la votación.
Las declaraciones del titular de Hacienda, paradójicamente, se sitúan en la línea de defensa de los dirigentes independentistas. Exconsellers y altos cargos han negado tanto en el Tribunal Supremo como en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona –las dos instancias que investigan un supuesto delito de malversación en relación al 1-O– el uso de dinero público para el referéndum. La Interventora de la Generalitat, asimismo, ha certificado hasta en tres ocasiones –la última vez ya bajo el 155 y el visto bueno de Hacienda– que no se usaron partidas de los presupuestos para el 1-O.
Por contra, la Guardia Civil, en sus informes aportados a ambas causas, eleva el gasto de dinero público para el 1-O a más de un millón y medio de euros. En concreto, el Instituto Armado cifra en medio millón de euros lo presuntamente gastado por el Govern en publicidad del 1-O: 277.804 euros para el anuncio de campaña del 1-O que los grandes medios rechazaron y sólo fue emitido por TV3 y 224.835,25 euros del anuncio sobre el censo de residentes en el extranjero. Otros 979.661,96 euros corresponderían al gasto para el suministro de papeletas; y 119.700 se habrían destinado a los observadores internacionales de la votación.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha avalado la investigación de la Guardia Civil sobre el delito de malversació. En el auto por el que procesó a los dirigentes independentistas por rebelión y malversación, Llarena sostuvo que los gastos públicos «que necesariamente habían de realizarse o comprometerse para la realización del referéndum» ascendían a 1,6 millones de euros.
Montoro ha considerado que el uso de dinero público para el 1-O sólo hubiera sido posible mediante el acuerdo entre un funcionario y uno de los proveedores de la votación. Con todo, el ministro no ha descartado la comisión de la malversación, ya que ha asegurado que este delito «no requiere solo desvío de fondos» sino que «es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo».
Además, cabe recordar que por el delito de malveración también está reclamado el expresident Carles Puigdemont. En este sentido, la Justicia alemana ha pedido al Supremo más información sobre este delito ya que, apuntaron, la orden de detención enviada por España «no contiene una descripción suficiente de las circunstancias en las que se produjeron los hechos». Los tres jueces alemanes apuntan a que no hay pruebas por ahora de que se hiciese el gasto de 1,6 millones de euros, aunque se contrajese el compromiso de hacerlo.
[7] Junqueras y Sànchez acusan al Supremo de instruir una causa general contra el independentismo
El exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras.
El exvicepresident de la Generalitat reprocha a Llarena que busque acabar con el movimiento indepedentista que él representa
Sànchez ha dicho al juez que percibe en él una importante «falta de objetividad» y le ha dicho que no puede ser «juez y víctima» del procés
Junqueras ha negado haber cometido delito de malversación porque la Generalitat no usó su presupuesto para costear los gastos del 1-O
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha comunicado este lunes a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart que están procesados por rebelión. El auto que concreta estas acusaciones añade al exvicepresident el delito de malversación por el presunto desvío de fondos para costear la votación, algo que Junqueras ha negado tajantemente ante el magistrado que instruye la causa: «No se ha dedicado un solo euros del presupuesto al procés».
Además, el exvicepresident de la Generalitat y el expresident de la ANC han reprochado al juez que instruya un proceso político, una suerte de causa general contra el independentismo. Sànchez ha sido el más duro en este sentido, y ha acusado a Llarena de una importante «falta de objetividad». Fuentes presentes en el interrogatorio aseguran que ha sido un «reproche muy grave», sin malas formas pero mirando al magistrado directamente a los ojos.
El primero al que se ha comunicado el auto de procesamiento ha sido Junqueras, que solo ha contestado a su abogado durante unos 40 minutos. Según informan fuentes jurídicas, el exvicepresident ha dedicado parte de ese interrogatorio a rechazar el delito de malversación de fondos públicos. Para sufragar la compra de papeletas y urnas no se usaron, ha dicho, las partidas presupuestarias anuladas por el Tribunal Constitucional.
Junqueras, que lleva en prisión desde el pasado 3 de noviembre, también ha insistido ante el juez en que convocar un referéndum sobre la independencia de Catalunya no supone cometer ningún delito y ha defendido que este es un conflicto político, no judicial, cuya solución debe ser negociar desde la política y no «criminalizarlo» en los tribunales. En este sentido, ha insistido en que el Govern buscó un acuerdo con el Estado, que, dice, no aceptó dialogar.
Según fuentes de la defensa, Junqueras ha afeado a Llarena que con este caso busque acabar con el movimiento independentista y anular los derechos políticos de quienes lo apoyan. En este punto, ha insistido que el movimiento que representa siempre ha abogado por la no violencia y ha acusado al Estado de ejercerla de manera desproporcionada para impedir el 1-O.
Junqueras también ha dedicado parte del interrogatorio a denunciar irregularidades en el proceso judicial contra él. Ha afirmado que su situación de prisión le impide tener acceso a toda la causa y comunicarse habitualmente con su abogado para preparar la defensa, y ha añadido que no puede defenderse del proceso que se sigue contra él en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. En esta línea, ha considerado que el Supremo no tiene competencias para juzgarle y que este tribunal vulnera el principio de legalidad porque se le investiga por actuaciones que no son delictivas.
Sànchez: «No se puede ser juez y víctima»
Sànchez ha sido el segundo en declarar ante Llarena, al que ha acusado de haber prescindido de la imparcialidad para instruir la causa. Percibe, ha dicho, una «carencia de objetividad» en el magistrado, y ha aprovechado para recordar que en el auto de procesamiento el juez escribe en primera persona al hablar de la estrategia secesionista. «La estrategia que sufrimos», escribió Llarena en referencia al Libro Blanco. Para Sànchez, esto muestra que el magistrado no está actuando de manera objetiva en esta causa porque no se puede ser «juez y víctima».
En una declaración de más de una hora, el expresidente de la ANC ha criticado los autos de Llarena por haber utilizado argumentos muy diversos para negarle la salida de prisión. Pasó de utilizar su voluntad de ser diputado a afearle directamente su ideología, dice Sànchez, que también ha cargado contra Llarena por obviar el escrito del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
En definitiva, le ha afeado que esté actuando con «falta de independencia» en un proceso judicial que no es una causa contra delitos individuales, ha añadido, sino que se trata de una causa general que persigue «las ideas» independentistas. Ante estas acusaciones, el juez ha respondido que ante sus «temores» de falta de objetividad solo puede decirle que sus abogados pueden recurrir las resoluciones ante la Sala de Apelaciones del Supremo.
Sànchez también ha negado que él y Cuixart movilizasen a los manifestantes durante el 20 y 21 de septiembre. Ha añadido que durante esas protestas y durante la jornada del referéndum no hubo violencia porque el independentismo es un movimientos pacífico.
Cuixart: «Se ha vulnerado nuestra libertad ideológica»
Cuixart ha sido el último en sentarse frente a Llarena y el más breve. Tan solo ha contestado a unas pocas preguntas de su defensa para insistir en que este proceso vulneraba la libertad ideológica y de expresión. El auto de procesamiento que hoy ha comunicado Llarena a Sànchez y Cuixart les acusa de usar su poder al frente de ANC y Òmnium para movilizar a «cientos de miles de seguidores», una masa que impulsaron para que hiciera frente a la Policía durante el referéndum del 1-O. También recuerda su responsabilidad durante los incidentes del 20 y 21 de septiembre frente a la Consellería de Economía.
En el caso de Junqueras, el juez le sitúa en el núcleo duro del procés junto con Carles Puigdemont y Joaquin Forn, exconseller de Interior al mando de los Mossos. Refleja que el exvicepresident estuvo relacionado con los altercados de septiembre durante la operación policial contra los preparativos del 1-O y que, como el expresident, fue advertido del riesgo de incidentes violentos durante el referéndum.
Además, el juez señala que Junqueras participó en la estrategia diseñada para movilizar a la población para conseguir la independencia y que también tuvo un papel relevante en el diseño de «un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado».
La Mesa del Parlament acuerda querellarse contra Llarena con reticencias de letrados EFE
En su auto, el juez Llarena no identifica ni una sola norma jurídica en la que descanse su decisión de no permitir que Jordi Sànchez acuda a la sesión de investidura. Repito: ni una sola norma jurídica
La voluntad particular del juez Llarena no es expresión de la voluntad general, sino que es pura manifestación de su voluntad individual. No se somete a la ley, sino que sustituye la voluntad general respecto de la investidura por la suya
La querella que anunció el pasado viernes el president del Parlament es imprescindible no solo para Catalunya sino también para España, pues lo que está en juego no es solamente la investidura del president de la Generalitat, que no es asunto menor, sino también cuál es el contenido y alcance del principio de independencia del poder judicial, sin el cual no es posible el Estado de Derecho.
El juez Pablo Llarena dictó un auto el pasado día 12 de abril por el que impidió que el candidato propuesto por el president del Parlament, Jordi Sànchez, acudiera a la sesión de investidura convocada para el día 13. Este es el motivo por el que el Parlament de Catalunya ha decidido querellarse contra él por prevaricación.
El delito de prevaricación consiste en una quiebra del principio de legitimación democrática del poder. El poder judicial también tiene que tener legitimación democrática, ya que dicho principio “es la base de TODA nuestra ordenación jurídico-política” (STC 6/1981). No puede haber manifestación del poder del Estado sin legitimación democrática. Esta es una regla que no admite excepción.
Y el poder judicial recibe su legitimación democrática de la sumisión a la ley: “sometido únicamente al imperio de la ley” (art. 117.1 CE). Dependencia de la ley e independencia del juez son las dos caras de la misma moneda. El juez es independiente frente a todos, frente a cualquier voluntad particular, porque está “sometido únicamente a la voluntad general, a la ley”.
El juez tiene que acreditar en cada paso que da en el ejercicio de la función jurisdiccional cuál es la ley, cual es la manifestación de la voluntad general con base en la cual toma una decisión. Su voluntad particular tiene que ser expresión de la voluntad general. El juez es por tanto independiente de todo menos de la ley. Si no puede acreditar que está aplicando la ley, está cometiendo delito de prevaricación, porque ha quebrado el principio de legitimidad democrática.
Y esto es lo que el juez Llarena no hace en su auto de 12 de abril. El auto tiene 54 páginas. En ellas el juez no identifica ni una sola norma jurídica en la que descanse su decisión de no permitir que Jordi Sánchez acuda a la sesión de investidura. Repito: ni una sola norma jurídica. La voluntad particular del Juez Llarena no es expresión de la voluntad general, sino que es pura y simplemente manifestación de su voluntad individual. No se somete a la ley, sino que sustituye la voluntad general respecto de la investidura del President de la Generalitat por la suya propia.
La investidura está regulada en positivo en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Catalunya. De manera exclusiva y excluyente. En este terreno existe una reserva absoluta a favor del “bloque de la constitucionalidad”. En negativo, la investidura está condicionada por el Código Penal y por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La Constitución y el Estatuto exigen:
Que el President del Parlament haga una propuesta tras haber oído a todos los grupos parlamentarios.
Que el candidato propuesto sea diputado del Parlament.
El Código Penal exige que el candidato no esté privado del ejercicio del derecho de sufragio por sentencia judicial firme. Esta última exigencia no figura en la Constitución y el Estatuto, pero ha sido admitida de manera pacífica desde siempre.
Desde 1988, en que se aprobó la LO 4/1988, mediante la que se modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hay un nuevo límite que impone el nuevo artículo 384 bis de dicha ley. No es preciso una sentencia firme para privar del ejercicio del derecho de sufragio, sino que basta con un “auto de procesamiento firme por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes…”.
Este era el 12 de abril el derecho aplicable en lo que a la investidura se refiere. No hay nada más en nuestro ordenamiento jurídico. Nada más que con base en la Constitución y el Estatuto o en el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal el Juez Instructor podía tomar la decisión de no permitir que Jordi Sànchez acudiera a la sesión de investidura.
Y no podía hacerlo. Porque Jordi Sànchez es el candidato propuesto por el President del Parlament, es diputado electo, no hay sentencia firme que le prive del ejercicio del derecho de sufragio y no hay auto firme por el delito contemplado en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Este es el fundamento de la querella. El auto es un autocontra legem. No es que carezca de cobertura legal, sino que se ha dictado contra lo que expresamente dice la ley, entendiendo por tal la Constitución y el Estatuto de Autonomía más las leyes orgánicas que son de aplicación en este caso.
A esta imputación de haberse “independizado de la ley”, de haber sustituido la voluntad general por su voluntad particular, es a la que tendrá que responder el Juez Pablo Llarena. ¿Con base en qué ley va a justificar su auto el Juez Instructor?
El Magistrado del Tribunal Supremo al que le corresponda la instrucción de la querella primero y a los Magistrados que tengan que resolverla después tendrán también que dar respuesta a esta cuestión.
¿Ha sido el Juez Pablo Llarena el juez independiente previsto en la Constitución o el juez arbitrario y caprichoso que se ha considerado que no está sometido a la Constitución y el Estatuto de Cataluya ni a la ley?
La respuesta a este interrogante es lo que está en juego. Y esto no interesa solamente a Catalunya sino a toda España.
[9] Los jóvenes de Altsasu niegan la agresión a los agentes de la Guardia Civil y su supuesta vinculación con ETA
Monitor de la sala de prensa de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares que retransmite el juicio a los ocho acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016 en la localidad navarra de Alsasua, unos hechos calificados de terrorismo por los que se enfrentan a una petición fiscal de entre 12 y 62 años de prisión. EFE/Fernando Villar
Los ocho jóvenes acusados de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en 2016 en Alsasua han negado en el juicio su participación y que dirigieran o integraran un colectivo del entorno de ETA
Los ocho jóvenes acusados de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en 2016 en Alsasua han negado en el juicio su participación y que dirigieran o integraran un colectivo del entorno de ETA para expulsar a las fuerzas de seguridad del Estado del Euskadi y Navarra.
La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el juicio de todos ellos por la presunta paliza con puñetazos y patadas a un teniente y un sargento de la Guardia Civil y a sus parejas en la madrugada del 15 de octubre de 2016 durante las fiestas de Alsasua en el bar Koxka.
Los acusados, siete de ellos de entre 21 y 24 años de edad y un octavo de 31, se enfrentan a penas de entre 12 y 62 años de prisión por lesiones y amenazas terroristas y se han negado a contestar al fiscal y a las acusaciones, entre las que se encuentran la ejercida por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo.
Los ocho jóvenes acusados de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en 2016 en Alsasua han negado en el juicio su participación
La Fiscalía encuadra la actuación de los acusados al colectivo Ospa! (¡Fuera!) y las campañas Alde Hemendik (Fuera de aquí) creadas por el entorno de ETA y que buscan la expulsión de las fuerzas de seguridad estatales.
Ohian Arnanz, para quien se pide la mayor pena –62 años y medio de cárcel– y uno de los tres que están en prisión provisional, ha reconocido que estuvo en el bar Koxka, aunque no participó en nada, si bien en la instrucción negó que hubiera estado. «Se me quedaba la cosa grande», ha asegurado a preguntas de su abogado para justificar los motivos por los que al principio negó su presencia.
Ha explicado que un chico de su pueblo le llevó hasta el fondo de bar para que no se metiera en el altercado y ha insistido en que no amenazó a los agentes con pegarles ni con nada, ni tampoco le preguntó a uno de ellos si era «madero». «Nunca he tenido problemas ni altercados con la Guardia Civil» ni ha sentido animadversión por ningún cuerpo policial, ha continuado Arnanz, que también ha negado ser miembro del movimiento Ospa! y haber participado en alguna de sus actividades.
Otro de los acusados en prisión, Jokin Unamuno, ha afirmado que cuando entró en el bar ya estaba bastante borracho y se enfadó con los agentes porque le habían puesto cuatro multas, dos de tráfico por circular en dirección contraria y las otras por infracciones contra la seguridad ciudadana. «Le dije que menuda jeta que tenían porque se dedicaban a crujir a multas a los jóvenes del pueblo y que luego acudían a los bares», ha dicho Unamuno, quien se enfrenta a 50 años de cárcel.
Y ha añadido: «No golpeé a nadie, ni dentro, ni fuera, ni en la puerta del bar», para subrayar que no salió del establecimiento hasta después, cuando vio «al teniente tendido en el suelo y a una mujer encima suya como protegiéndole con el cuerpo». Tras negar que pertenezca a algún movimiento radical, sí que acudió a alguna asamblea preparatoria del Ospa Eguna, pero de forma «muy esporádica», a la vez que ha lamentado lo ocurrido en un «contexto de fiesta, a las cinco de la mañana» y cuando «todo el mundo estaba bastante bebido».
El tercer acusado que está en prisión, Adur Ramírez, a quien también piden 50 años de cárcel, ha afirmado que no estuvo en «toda la noche
El tercer acusado que está en prisión, Adur Ramírez, a quien también piden 50 años de cárcel, ha afirmado que no estuvo en «toda la noche» en el bar y ha negado ser un cabecilla del Ospa Eguna pese a haber participado en actos de este movimiento. «Hace años cuando jugaba a pelota coincidí en el mismo club con un hijo de un guardia civil y no hubo ningún problema», ha comentado.
Durante los interrogatorios, los abogados han hecho ver que el tribunal no ha admitido varias de las pruebas que han propuesto, como una foto de un encausado en el bar o el vídeo que otro grabó al llegar al establecimiento cuando ya había acabado el altercado. También han declarado los cinco acusados que se encuentran en libertad, cuatro de los cuales se enfrentan a 50 años de prisión y la única mujer imputada a 12 y medio. Todos han negado su participación en la agresión y formar parte de colectivo alguno del entorno de ETA o abertzale.
Al más joven, Jon Ander Cob, de 21 años, le ubicó en el lugar la pareja del teniente herido con la que, según ha dicho el acusado, coincidió en el instituto. «Creo que ha sido una confusión visual, no creo que haya sido un fallo de mala intención». Julen Goicoechea, que se define como una persona pacífica y cliente habitual del bar Koxka, pensó que el tumulto era «una movida más de las que suele haber», pero él solo va a ese local a «echar unas risas con los amigos, tomar una copa e intentar ligar».
«Soy ignorante en el mundo de la política y me considero apolítico», ha apostillado el acusado Goicoechea
«Soy ignorante en el mundo de la política y me considero apolítico», ha apostillado Goicoechea, que estima que ha sido reconocido por una confusión y supone que no ha sido por mala fe. Igualmente Aratz Urrizola ha señalado que estuvo en el bar Koxka pero ha indicado que se fue antes del incidente.
Iñaki Abad, el de mayor edad, 31 años, se ha calificado de «políticamente inactivo» y ha comentado que en el bar en el que trabajaba tenía un trato normal con el teniente y su novia de «camarero a cliente». «No he tenido problema con ellos», ha enfatizado. Abad grabó con su propio móvil un vídeo cuando pasaba por el bar Koxka camino de otro local y el sargento le pegó un manotazo y le tiró el teléfono al suelo, ha relatado.
La única acusada, Ainara Urquijo, ha dicho que llegó al bar Koxka cuando se había producido el incidente y ha reconocido que discutió con la Policía Foral al ver que habían detenido a Unamuno, pero ha negado que hubiera amenazado a la pareja del sargento.
Un nutrido grupo de familiares y amigos se han personado en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando y han aplaudido la entrada y salida de los acusados. También han asistido representantes de Podemos, EH Bildu y el vicepresidente del Parlamento de Navarra, Unai Uhalde, de Geroa Bai, que han manifestado que ven desproporcionada la acusación de terrorismo para los acusados.
[10] La madre de uno de los jóvenes de Altsasu: «Nos cuesta muchísimo creer que vivimos en un Estado de derecho»
Familiares de los jóvenes de Altsasu en una rueda de prensa.- EUROPA PRESS
Isabel Pozueta, madre de Adur Ramírez al que la Fiscalía pide 50 años de prisión por cuatro delitos de agresiones terroristas, considera que está siendo «un caso político» y que están siendo utilizados «como peones de una partida»
La madre de Adur Ramírez, uno de los ocho acusados por la agresión a dos guardias civiles y sus novias en Alsasua (Navarra) en octubre de 2016, ha asegurado minutos antes de que arrancara la primera sesión de vista oral que acoge la Audiencia Nacional por estos hechos que se trata de un juicio político y que ante un tobillo roto se habla de terrorismo, en referencia a los delitos que pide para ellos la Fiscalía.
En declaraciones a los medios, Isabel Pozueta ha precisado que hoy se va a escuchar la versión de su hijo -para el que el Ministerio Público pide 50 años de cárcel por cuatro delitos de agresiones terroristas- y del resto de acusados, ya que hasta la fecha siempre se ha conocido la versión de la Guardia Civil y la Fiscalía.
«En todo este caso se han seguido parámetro políticos que no jurídicos»
«En todo este caso se han seguido parámetro políticos que no jurídicos. Se nos está diciendo que tenemos que tener confianza en la separación de poderes, que vivimos en un Estado de derecho y nos cuesta muchísimo creer eso porque está siendo un caso político y se está utilizando a nuestros hijos como peones de una partida política», ha respondido a preguntas de los periodistas a la entrada de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).
Aunque no comparte «para nada» las trifulcas o peleas de bar» ha expuesto que la situación que viven los ocho acusados es «terrible» y que no saber qué va a pasar con ellos les está generando mucho dolor. Igualmente ha denunciado que no se les ha permitido aportar la «mayoría» de pruebas testificales, documentales y periciales a la causa y que no existe objetividad en el tribunal.
Se refiere a la presidenta del mismo, la magistrada Concepción Espejel, de quien ha dicho que tiene «claramente» relaciones profesionales con la Guardia Civil. Precisamente las defensas de los ocho acusados presentaron el pasado mes un escrito ante la Sala de lo Penal en el que pedían que se apartara a la magistrada por estar casada con un coronel de la Guardia Civil y por haber sido condecorada por el Ministerio del Interior con la Orden del Mérito del Instituto Armado. La Sala rechazó la recusación por extemporánea.
Petición de prisión «desproporcionada»
«Decimos que no la compartimos y que además fue una pelea desgraciada y también decimos que la mayor consecuencia física fue un tobillo roto. A nosotros se nos han preguntado en algunos medios a ver cuántos muertos hubo… ante un tobillo roto se está hablando de terrorismo y se hace de petición de 50 años de vida para nuestros hijos. Es algo desproporcionado y no tiene palabras«, ha expuesto Pozueta.
Las penas de prisión que pide el Ministerio Público oscilan entre los doce años y seis meses de cárcel y 62 años y medio. A la pena más alta se enfrenta Ohian Arnanz, ya que además de cuatro delitos de lesiones terroristas el fiscal le acusa de uno de amenazas terroristas. El Ministerio Público solicita para otros seis acusados -Jokin Unamuno, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Adur Ramírez, Aratz Urriola e Iñaki Abad- una pena de 50 años de prisión cada uno por cuatro delitos de lesiones, mientras que para la octava imputada, Ainara Urquijo, se piden 12 años y medio sólo por amenazas con carácter terrorista.
[11] Los puntos negros del caso Altsasu: así se convierte una pelea de bar en «terrorismo»
Una de las manifestaciones en apoyo a los jóvenes acusados de terrorismo. / Archivo
Pruebas inadmitidas, una jueza vinculada familiarmente a la Guardia Civil, informes contradictorios, etcétera. Este lunes empieza el juicio contra ocho jóvenes de la localidad navarra, acusados de graves delitos. El fiscal pide para ellos hasta 375 años de cárcel.
El momento ha llegado. Después de 18 largos meses, los ocho jóvenes acusados de delitos terroristas por una reyerta nocturna en Altsasu (Navarra) con dos guardias civiles sin uniforme se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional. El juicio estará a cargo de un tribunal conformado, entre otros magistrados, por la jueza Concepción Espejel, casada con un alto cargo de la Guardia Civil y condecorada por el ministerio del Interior con la Orden del Mérito de la Benemérita. A los abogados de los alsasuarras les huele mal. Por eso mismo recusaron su presencia, pero otro tribunal (en el que también estaba Espejel) lo rechazó.
Lo que usted acaba de leer es sólo uno de los puntos negros del caso Altsasu. Hay más. Muchos más. Tantos, que abogados y familiares sienten a veces que la sentencia ya podría estar escrita. “Miedo, mucho miedo”, repetían a lo largo de las últimas jornadas en los hogares de los imputados cuando se les preguntaba por sus sensaciones. Motivos no les faltan. Expedientes judiciales que lo avalen, tampoco.
El tema pinta mal desde un inicio. “El fantasma de la Kale Borroka resucita en Alsasua”, fue uno de los primeros titulares creados en Madrid para referirse a la pelea de la madrugada del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka de la localidad navarra. A raíz de la trifulca, uno de los dos guardias civiles sin uniforme tuvo que ser operado por un tobillo roto. Las primeras versiones que circularon en la prensa hablaban de una turba formada por medio centenar de abertzales violentos que querían comerse vivos a los agentes. En siguientes relatos se redujo considerablemente la cifra de participantes, pero no así las acusaciones. La operación, y no precisamente de tobillo, ya estaba en marcha.
«La Guardia Civil borró el delito de odio y los siguientes atestados ya hablaban de terrorismo»
Un mes más tarde, varios jóvenes de Altsasu fueron detenidos y trasladados a Madrid, donde les esperaba la jueza Carmen Lamela. Esta magistrada —la misma que posteriormente encarcelaría a Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Joaquim Forn— no dudó en dar por buena la versión lanzada por COVITE (Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco) sobre el carácter “terrorista” de la pelea de bar. No en vano, la plataforma presidida por Consuelo Ordoñez se personó como acusación popular en la causa, algo que resultó clave para que el expediente se transformase en “terrorismo”.
Ahí viene otro punto negro. El primer informe enviado por la Guardia Civil al juzgado de Pamplona —encargado en un primer momento de tomar cartas en el asunto— no hablaba en ningún momento de “terrorismo”, sino de un posible delito de odio. La Benemérita rechazaba también la teoría del “linchamiento” y descartaba que en la trifulca hubiesen participado cuarenta o cincuenta personas, tal como habían divulgado inicialmente varios medios de comunicación.
Sin embargo, esta versión cambió cuando la jueza Lamela pidió un nuevo informe a la Guardia Civil. “En cuanto entró en escena el juzgado de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional —a cargo de Lamela—, la Guardia Civil borró el delito de odio, y los siguientes atestados ya hablaban de terrorismo”, afirmó a Público el abogado Jaime Montero, a cargo de la defensa de uno de los acusados.
La reyerta se acabó convirtiendo en una parte más del concepto «Todo es ETA»
En efecto, el informe contradictorio de la Guardia Civil ha sido clave para sustentar las acusaciones contra los ocho jóvenes imputados, quienes enfrentan unas peticiones de condena que suman 375 años de cárcel. Tres de ellos siguen a día de hoy en prisión. Acumulan ya más de 500 días encerrados.
Principalmente, la Benemérita y la Audiencia Nacional sostienen que no fue una pelea, sino un acto orquestado dentro de la campaña “Alde Hemendik” (“Fuera de aquí”) que tanto los agentes como los jueces atribuyen a ETA. De esta manera, la reyerta se acabó convirtiendo en una parte más del concepto “Todo es ETA”, ampliado hasta límites insospechables durante la última década. “Esa posición absolutamente contraria y burda fue aceptada por el juzgado, y es la base fundamental para acusar a estos jóvenes de delitos terroristas”, indicó a Público la abogada Amaia Izko, una de las encargadas de la defensa.
En ese contexto, los representantes legales de los acusados quisieron presentar ante el tribunal que los juzgará un informe pericial histórico y sociológico sobre el origen del “Alde Hemendik” o “Que se vayan”, básicamente para demostrar que ni nació, ni creció ni se consolidó bajo la dirección de ningún grupo terrorista, sino que se trata de una reivindicación que nació a finales de los setenta de la mano de Euskadiko Ezkerra (movimiento que luego se coaligó al PSE). El término se popularizó como lema para reclamar la desmilitarización de Euskadi, una de las zonas de Europa con más policías por habitante.
Grabaciones rechazadas
Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido de la defensa, impidiendo así que se analice, de una manera imparcial, los antecedentes de esa campaña. No fue la única prueba inadmitida por los jueces. Tampoco aceptaron “desde testigos presenciales de los hechos hasta grabaciones de momentos posteriores e inmediatos de ocurrir los hechos, allí en el lugar, en el que aparecen acusados y denunciantes y que dese luego ilustrarían perfectamente cuál fue realmente la entidad de lo que allí pasó”, afirmó Izko.
La abogada señaló además que también fueron rechazadas “fotografías que podrían ilustrar a la Sala cómo es el bar Koxka, si hay o no un pasillo y cuánta gente cabe en ese sitio”. “Con todas esas pruebas se pretendía dibujar un contexto alternativo al que nos pintan las acusaciones, pero se nos ha impedido”, subrayó. A raíz de esa situación, los abogados de los acusados ya advirtieron sobre la “indefensión” en la que se encuentran sus defendidos.
Dos semanas de juicio
En esa situación llegan al juicio que empieza este lunes y se prolongará durante casi dos semanas. Durante la primera jornada declararán los acusados. El martes será el turno de los dos guardias civiles y sus parejas —quienes les acompañaban en la noche de la agresión—, mientras que el miércoles y jueves declararán los testigos de la acusación. También el jueves empezarán a prestar testimonio los testigos propuestos por la defensa, quienes también lo harán el viernes. La semana siguiente estará destinada a la presentación de pruebas periciales e informes. Luego vendrá la espera de la sentencia.
Un grupo de militantes de Unidos Podemos paseaban una noche con sus parejas por el Barrio de Salamanca (Madrid) cuando entraron a tomar una copa en un bar conocido por ser punto de encuentro de la ultraderecha. Al poco de estar en el local, los rapados, conocidos por su pertenencia al PP, comenzaron a dirigirse a los militantes de Unidos Podemos (UP), amenazándolos y echándolos del bar, algo a lo que respondieron los agredidos verbalmente.
Los hechos, en ese pequeño local, terminaron en pelea amplificada por los efectos del alcoholen ambas partes. No tanto alcohol como para que los de UP no fueran conscientes de su inferioridad numérica y salieran por pies mientras a su espalda escuchaban gritos de “¡rojos de mierda!”, “¡arriba España!” y “¡viva Franco!”.
Ocho de los miembros del PP fueron detenidos; los de Unidos Podemos, ni siquiera fueron identificados. En los primeros informes que cursó la Guardia Civil, ésta se refirió a un posible delito de odio, algo que fue reemplazado por “terrorismo” tras llegar al juzgado de instrucción de una jueza progresista.
Han pasado ya más de 500 días y esos ocho jóvenes llevan todo ese tiempo en prisión en espera de juicio. Durante la instrucción, no se ha permitido a su Defensa presentar una serie de pruebas que consideraban esclarecedoras de los hechos, de que únicamente fue una pelea de bar. Para colmo, la jueza que hoy comienza a juzgarles está casada con uno de los líderes de Unidos Podemos. Han intentado que por ello se recuse, pero otro tribunal, en el que ella también está, los ha mandado a paseo.
Los hechos narrados escandalizarían a cualquiera. Nunca ocurrieron; no al menos con esos nombres. Si los sitúas en Altsasu (Navarra) y cambias UP por dos Guardia Civiles y los jóvenes del PP por unos simples alsasuarras, la historia es muy parecida y es muy real, tal y como nos informa y escandaliza Danilo Albin en el artículo que firma hoy.
El proceso de los de Altsasu es una auténtica vergüenza. Dice muy poco de nuestra madurez democrática y de la calidad de nuestra Justicia, contaminada por ideologías políticas y, por tanto, no siendo Justicia (al menos una parte de ella). En este espacio ya me he referido en varias ocasiones a este caso, negando el delito de terrorismo y aplicando irónicamente la misma doctrina de Altsasu a la propia Guardia Civil(saliendo muy mal parada, por cierto).
A la derecha rancia, a los falsos corporativismos del Cuerpo y la ausencia de autocrítica, sigan echando gratuitamente gasolina a las piras que ustedes mismos prendieron, y verán cómo el destino del país vira en una dirección que nunca desearon.
El capitalismo nunca ha ocultado que es muy salvaje e, incluso, suele presumir de ello para que les quede claro a los que han faltado a clase. La suya es una avaricia sin tregua, una filosofía darwiniana de la existencia que se resumía en esa frase de “la vida es dura” antes de que nuestro cuatrero más famoso acuñara otra definición más precisa: “Es el mercado, amigo”. Como todo lo sabemos nada nos escandaliza, y deja de ser noticia, por ejemplo, que los analistas de Goldman Sachs hayan puesto letra a una música que las grandes farmacéuticas venían orquestando a plena luz del día: la enfermedad es un negocio y la curación una ruina.
Los de Goldman, esos amos del mundo que igual falsificaban las cuentas públicas de Grecia que te hundían al descuido el sistema financiero mientras presumían de ser insumergibles a cualquier naufragio, tienen un servicio de estudio a la altura de su prestigio. Acaban de publicar un informe titulado La revolución del genoma (The Genome revolution para los que tienen master) en el que ‘descubren’ que acabar con las enfermedades es muy perjudicial para la salud financiera de las compañías.
El autor del trabajo, Salveen Richter, es tremendamente didáctico. Pone como ejemplo el caso de Gilead Sciencie, una compañía biotecnológica estadounidense que ha prosperado mucho con medicamentes retrovirales para tratar el VIH o la hepatitis. Todo le iba bien hasta que comercializó un fármaco contra la hepatitis C efectivo en un 90% de los casos. ¿El resultado? Pues que sus ventas han pasado de 12.500 millones de dólares en 2015 a los 4.000 que prevé para este año. La moraleja es evidente: si quieres ser rentable no cures del todo, especialmente en enfermedades infecciosas, porque a la vez que disminuyen tus pacientes lo hace el número de portadores capaces de transmitir el virus a otros potenciales consumidores de tus remedios.
Sin llegar a sugerir abandonar los medicamentos que ofrezcan soluciones definitivas, que es en realidad lo que hace, el informe propone soluciones puramente económicas, del estilo de dirigirse a “mercados grandes” de enfermos como los hemofílicos, a trastornos con alta incidencia como la atrofia muscular espinal y ampliar la cartera de pócimas, de manera que nuevos ingresos compensen el retroceso en las ventas de las que ya se han comercializado. En definitiva, la terapia génica puede ser un gran salto para la humanidad pero un enorme traspiés para las farmacéuticas y no estamos aquí para perder dinero. Hay mucho negocio -4,8 billones calcula Richter-, muchas oportunidades de inversión, fusiones a la vista, compras de empresas, pero que no falte la cabeza. No se puede ir curando a lo loco.
No se trata de nada que no se conociese aunque sorprende el descaro. De ahí que sea más necesario que nunca acabar con el oligopolio de unas compañías que anteponen la cuenta de resultados a la salud y que controlan la investigación y el acceso a los medicamentos de la inmensa mayoría de la población mundial. De nada sirve tener las herramientas si no se utilizan.
La solución está en una investigación y financiación pública que corrija ese vergonzoso ratio según el cual sólo el 10% de la inversión se dedica al 90% de las enfermedades mortales. Son urgentes patentes públicas de medicamentos y estrategias institucionales para terminar con los precios abusivos impuestos por las multinacionales. Mientras no se derogue la ley del mercado, la gente seguirá muriendo en masa porque se gana más dinero con las cremas antiarrugas, y tendremos que dar la razón al amigo Rato y a Goldman Sachs.
[14] Después de la reforma sanitaria de Feijóo, todo sigue igual en los hospitales gallegos
Manifestación convocada el jueves en Vigo por la sanidad pública gallega. Salvador Sas / EFE
Más de 2.000 personas se manifestaron en Vigo contra la ley que profundiza en los recortes y privatizaciones, advirtiendo de que no sirve para resolver el caos de la sanidad pública gallega.
La reforma sanitaria que la Xunta acaba de aplicar a la salud pública gallega apenas ha cambiado en nada el panorama de caos y colapsos que viven muchos hospitales ni las esperas de los enfermos. Su entrada en vigor tampoco ha suavizado el rechazo de los colectivos de pacientes y profesionales que se oponen a ella y que llevan años denunciando la precariedad en la que han derivado los recortes en materia de personal y recursos.
Apenas dos días después de la publicación de la norma en el Diario Oficial de Galicia (DOG), la gerencia del área sanitaria de Vigo anunció que suspendía una más de cuarenta intervenciones quirúrgicas en el hospital Meixoeiro tras encontrar defectos de limpieza en los contendedores en los que se transporta el material esterilizado para cirugía.
Según los análisis realizados, se detectó en varios contenedores la presencia de óxido de aluminio procedente de la degradación del material del que están fabricados. El Sergas ha ordenado revisar y modificar los protocolos de limpieza de la central de esterilización del hospital, y se ha comprometido a renovar los envases, cuyo precio oscila entre los cien y los setecientos euros.
El área sanitaria de Vigo a la que pertenece el Meixoeiro es la más grande de Galicia y da servicio a una población de más de 550.000 personas. Los problemas derivados de la antigüedad y escasez de material no son nuevos para el Sergas ni exclusivos de ella.
A principios del mes pasado, la Asociación de Pacientes e Usuarios del área sanitaria de Santiago denunció que el servicio de Urgencias del hospital Clínico de la capital gallega se había quedado sin aparatos de rayos X, lo que obligó a derivar pacientes a otras plantas retrasando decenas de pruebas ya programadas.
Esos mismos días se supo que las Urgencias del centro se habían quedado también sin bombonas de oxígeno y sin camillas homologadas, lo que obligó a pedirlas prestadas a un punto de atención continuada y a la empresa privada que gestiona el servicio de ambulancias, a pesar de que las camillas de esos vehículos no ofrecían las características técnicas del servicio y de que muchos de ellos quedaron inutilizados al quedarse sin un elemento esencial para el transporte de enfermos y heridos.
La misma asociación lleva años alertando del grave deterioro de las Urgencias de Santiago, con colapsos constantes que provocan que decenas de pacientes gravesse queden horas esperando en los pasillos en camillas y sillas de ruedas que los médicos y sanitarios deben sortear o saltar, literalmente, para poder atenderlos.
Hechos parecidos se produjeron la semana pasada en Pontevedra, donde las urgencias del hospital Montecelo, con pacientes que tardaron horas en ser atendidos. La portavoz de Sanidad de En Marea Eva Solla calificó la situación de “insostenible” y recordó que el PP ha minimizado en el Parlamento de Galicia los problemas derivados de “la falta de personal y las deficiencias materiales que están sufriendo los hospitales gallegos”, e instó a la Xunta a descartar un discurso “que nada tiene que ver con lo que está viviendo la ciudadanía”.
Porque se han dado casos de enfermos muertos en los pasillos. A finales del pasado mes de marzo, la Fiscalía envió al juzgado una denuncia por la muerte de una anciana cuyo cadáver fue hallado en esa situación en febrero del año pasado por un celador en los pasillos de Urgencias del Clínico, sin que nadie advirtiera que precisaba ayuda.
A esos problemas se añaden también las constantes denuncias de pacientes de otros centros, también de los hospitales pequeños de las zonas rurales, por las esperas de meses y años en la realización de pruebas diagnósticos y tratamientos para curar sus enfermedades. En el hospital de Pontevedra, un jefe de Servicio llegó a dimitir acusando a la Xunta de falsear las listas de espera y de mantener a pacientes más de un año aguardando por intervenciones quirúrgicas que no debían demorarse más de unas semanas.
En ese mismo centro, otros médicos han denunciado que varios pacientes fueron engañados para ser operados en una clínica privada donde eran intervenidos por cirujanos generalistas que empleaban con ellos técnicas más cruentas e invasivas que las que usaban los especialistas de la sanidad pública.
Durante la tramitación parlamentaria de su reforma sanitaria, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo aseguró que los usuarios prácticamente no iban a notar ningún cambio, dado que la norma sólo incidía en modificaciones en el modelo de gestión, como la reducción de once a siete del número de áreas sanitarias de la comunidad, y que no verían alterada la calidad del servicio que reciben.
Sin embargo, para la oposición y los sindicatos y para organizaciones como Batas Blancas y SOS Sanidade Pública, el cambio legal profundizará en el proceso de recortes y privatizaciones del sistema sanitario gallego y contribuirá a deteriorar aún más la calidad asistencial.
El pasado jueves, más de 2.000 personas se manifestaron por las calles de Vigocontra la reforma sanitaria de Feijóo reclamado “condiciones dignas” para la sanidad pública.
Dolores de Cospedal impone la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafor a Concpeción Epejel, en febrero de 2014.
La presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional liberó al torturador e impidió su extradición, a la que luego se opuso también el PSOE
Se llama Antonio González Pacheco (Aldea del Cano, Cáceres, 1946). Se apoda Billy El Niño y es un conocido torturador que gozaba aplicando sus tormentos en la Dirección General de Seguridad franquista. Los relatos de sus víctimas son sobrecogedores y de dominio público. Con la Transición se convirtió en inspector del Cuerpo Superior de Policía y en 1977, Rodolfo Martín Villa le concedió la Medalla al Mérito Policial.
Martín Villa fue presidente de Endesa antes de que José María Aznar lo pusiera al frente de la gestión del Prestige (2003), antes de que Jesús de Polanco lo nombrara presidente de Sogecable (2004), antes de que Luis de Guindos lo designara consejero del Sareb, el Banco malo (2012). Pero antes, mucho antes de todos esos democráticos nombramientos, fue uno de los responsables de la Matanza del 3 de marzo (1976) en Vitoria, donde murieron cinco trabajadores y más de 150 resultaron heridos. O sea, responsable de la mayor carnicería de la Transición. Pero eso fue antes de tanto nombramiento.
De hecho, un año antes de condecorar al sanguinario torturador conocido como Billy El Niño.
Y todo lo anterior contribuye a entender el papel de la recién nombrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción García Espejel –’Concha’, amiga de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP–, su responsabilidad en el hecho de que el torturador siga en la calle con todos sus derechos intactos, protegido además.
LOS RELATOS DE LAS VÍCTIMAS DE BILLY EL NIÑO SON SOBRECOGEDORES Y DE DOMINIO PÚBLICO
Los autos de Espejel
El 18 de septiembre de 2013, la jueza argentina María Servini de Cubría dictó orden de busca y captura, a través de Interpol, contra cuatro torturadores franquistas: Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño; José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal, y contra el guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, por torturas y crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura.
Concepción García Espejel presidió el tribunal de la Audiencia Nacional que no solo consideró que no se trataba exactamente de torturas, sino que, si había algún delito, ya había prescrito. Además, dictó un auto previo prohibiendo a los medios de comunicación fotografiar la cara del “reclamado” y suspendió las medidas cautelares ordenadas por el juez Pablo Ruz: retirada del pasaporte, obligación de comparecer semanalmente en el juzgado y de facilitar un teléfono de contacto en el que estar permanentemente localizable.
Para prohibir la fotografía o grabación de Billy El Niño, el tribunal de Espejel argumentaba que era “esencial destacar que el reclamado ha mostrado su oposición clara y contundente a que su imagen sea grabada en la vista y posteriormente reproducida por los medios de comunicación”. Se sumaban a la petición del torturador la defensa y el Ministerio Fiscal. Asimismo, el Tribunal presidido por Espejel argumentaba que entre los derechos de Billy El Niño, “cuyo conflicto con el de información habrá de resolverse en cada caso concreto conforme a las exigencias del principio de proporcionalidad y ponderación, se encuentra el derecho a la propia imagen”. Finalizaba el auto: “Atendidas la ausencia de consentimiento del afectado y las razones invocadas por su defensa, en aras a salvaguardar su integridad física, se autoriza exclusivamente un barrido posterior desde el fondo de la Sala”. O sea, el cogote.
CONCEPCIÓN GARCÍA ESPEJEL PRESIDIÓ EL TRIBUNAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL QUE CONSIDERÓ QUE NO SE TRATABA DE TORTURAS, Y QUE, SI HABÍA ALGÚN DELITO, YA HABÍA PRESCRITO
De nada sirvió que las asociaciones de víctimas denunciaran dicha decisión. El 10 de abril de 2014, la hoy presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional prohibió a los medios de comunicación difundir cualquier imagen de la cara del torturador.
Veinte días después, el 30 de abril de 2014, Espejel presidió el tribunal que tenía que conceder o no la extradición de Billy El Niño a Argentina “para ser juzgado por delitos de torturas constitutivas de delito de lesa humanidad”. Se denegó la extradición, para empezar, “al estar prescritos los hechos conforme a la legislación española del delito por el que se le reclama”.
Pero, además, añadía: “No todo delito de tortura es, per se, delito de lesa humanidad, porque tales delitos conllevan necesariamente como presupuesto inexcusable que los mismos ‘se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil’, lo que no se aprecia en el caso”.
Y, finalmente, el tribunal presidido por Espejel ofrecía una singular clasificación de las torturas sobre la que basaba la negativa de extradición del torturador: “Algunas de las denuncias narran detenciones por motivos políticos, por manifestarse las víctimas contra hechos cometidos por la dictadura franquista en cuanto tal, y otras, por el contrario, son víctimas ajenas a la reivindicación política, tratándose de torturas perpetradas tras detenciones verificadas en una manifestación contra la carestía de la vida; otras, finalmente, en relación con personas a las que se consideraba próximas a organizaciones terroristas”. No se indicaba cuál de ellas, si es que había alguna, era considerada delito por el tribunal.
El papel del PSOE
Además de la extradición de los agentes torturadores, la jueza Servini, en el marco de la llamada Querella Argentina, solicitaba a España la de tres ministros franquistas: Alfonso Osorio, Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, acusados de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura de Franco.
En aquel momento, exactamente el 29 de abril de 2015, el PSOE se unió al ministro Rafael Catalá y rechazó la extradición. Entre otros argumentos de difícil defensa, el diputado socialista José Ignacio Sánchez Amor declaró en el Congreso de los Diputados que “en una democracia, los verdugos también tienen derechos, nosotros se los hemos dado”.
La decisión del PSOE no sorprendió a las asociaciones pro derechos humanos ni a las víctimas. Sólo cuatro meses antes, todos los damnificados habían celebrado en el Congreso un acto por los Derechos Humanos para pedir a la Cámara que colaborara con la Querella Argentina. El 10 de diciembre de 2014, ante dicha delegación, el 90% de los diputados decidió no acudir a la Cámara. Exactamente los pertenecientes a PP, PSOE, UPyD y CiU.
Por parte del PSOE sólo acudieron Odón Elorza e Ignacio Sánchez Amor, en calidad de “público”.
LOS TORTURADORES Y ASESINOS DE LA DICTADURA FRANQUISTA JAMÁS HAN SIDO JUZGADOS, YA QUE SE BENEFICIARON DE LA LEY DE AMNISTÍA APROBADA EN ESPAÑA EN 1977
Los torturadores y asesinos de la dictadura franquista jamás han sido juzgados, ya que se beneficiaron de la Ley de Amnistía aprobada en 1977. Dicha estratagema, una ley de punto final encubierta, consiguió dejar impunes todos los delitos del franquismo.
En diciembre de 2016, Podemos presentó una Proposición no de Ley para que se modificara la Ley de Amnistía y se añadiera un artículo estableciendo que no se aplicaría en los casos “de torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o de lesa humanidad”. La coalición morada se amparaba en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que España suscribió en abril de 1977. De hecho, el relator especial de la ONU del Consejo de Derechos Humanos, Pablo De Greiff, ya había instado al Gobierno español a dejar sin efecto la Ley de Amnistía, y denunciado su uso como herramienta política.
El 20 de diciembre de 2016, el PSOE, junto con PP y Ciudadanos, vetaron dicha modificación.
Decenas de denuncias
Esta semana, decenas de víctimas de los suplicios de Billy el Niño acudirán a los tribunales españoles a denunciar al torturador franquista. Consideran que se trata de crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto deben ser juzgados y no prescriben. Además, opinan que, mientras no se condene a los torturadores de la dictadura, no estará completa la Transición.
Teniendo en cuenta la premiada trayectoria política y empresarial de Rodolfo Martín Villa, uno de los reclamados por la jueza Servini por crímenes contra la Humanidad, se hace difícil contemplar la posibilidad de éxito de su empeño. Más, considerando que han pasado solo dos años desde que el PSOE se unió al rechazo de su extradición, algo que al PP se le suponía.
Si además se observa que la presidenta del tribunal que lo dejó en libertad es la misma que acaba de ser nombrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el retrato que arrojan las mayorías políticas de este país es la cara de la cruz de dichas víctimas.
¿Que ocurre en España? Es la pregunta obligada cuando, como sucedió este lunes, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la Fiscalía General del Estado no paran de procesar por rebelión, sedición, terrorismo a ciudadanos catalanes y navarros. Si a estos procesados se suman, además, alrededor de unos cuatrocientos sindicalistas investigados, raperos condenados, artistas censurados, esta primavera de 2018 recuerda la de 1976, en la que el Gobierno de Arias Navarro intentaba continuar el franquismo sin Franco. Llama la atención que en una España en paz, por vez primera en más de medio siglo, se procese ahora sistemáticamente por violencia y actividades terroristas cuando brillan por su ausencia en el escenario político español.
Probablemente, porque contra ETA vivía mejor, la derecha política, judicial y mediática española recrea hoy una realidad virtual donde la sociedad española está acosada por traidores, renegados y criminales. Así, los conflictos territoriales, que rechaza abordar políticamente, o los problemas sociales, que se niega a negociar con los trabajadores, son presentados por la Brunete Mediática como un campo de batalla repleto de enemigos del Estado de Derecho, que es preciso castigar jurídicamente mediante la Brigada Aranzadi. Todavía la Audiencia Nacional no es el TOP, pero sí cabe afirmar que hoy ninguno de estos procesados, como afirmaba uno de ellos, tiene posibilidad alguna de salir por la puerta grande y todas de salir por la enfermería.
Este símil taurino, que refleja como la derecha monta la corrida nacional, es el que explica que en Barcelona y Pamplona se hayan celebrado este fin de semana dos multitudinarias manifestaciones contra la represión política. También que los ayuntamientos de ambas capitales se hayan sumado a esta importante acción de protesta contra la espiral represiva de la Moncloa. Porque puede, quizás, que en alguno de estos sumarios exista alguna actividad delictiva; pero no cabe duda alguna que ninguno de ellos merece los tipos penales que el Fiscal General, Julián García Melgar, el magistrado Pablo Llarena o la jueza Lamela suelen habitualmente aplicar. Con mucha razón, los dos ex-lehendakaris de Euskadi, Garaicochea e Iberretxe, han firmado un manifiesto vasco en defensa de la democracia.
Tras seis meses de 155, España se encuentra bajo un estado de excepción de facto, que a muy poco que se descuiden las fuerzas democráticas desembocará en uno de iure. La secuencia es muy clarificadora: comenzó en Cataluña, llegó a Navarra y amenaza extenderse por Euskadi, si los populares no logran doblar el pulso del PNV para que vote los Presupuestos de Montoro. Sobre todo, si esta dinámica represiva puede acabar en posteriores ilegalizaciones de asociaciones civiles catalanas o navarras, que son las que llevan el peso de las movilizaciones en defensa de las libertades democráticas y que pasa, irreversiblemente, por la rápida derogación del 155, que suspende el Estado de las Autonomías, y del 573 del Código Penal, que permite calificar como terrorista a cualquier demócrata.
La reacción brutal de la derecha carpetovetónica contra UGT y CCOO, que han retomado la bandera de la libertad en el conjunto de España, se explica por la necesidad de Rajoy y Rivera de limitar la protesta social creciente a los territorios catalanes y navarros, con la finalidad de enfrentar a los distintos pueblos del Estado español. Esta dialéctica de España-anti España, tan alentada por el primer Primo de Rivera, padre intelectual del actual Rivera, vuelve a estar presente en la sociedad española mediante la competencia electoral del Partido Popular con Ciudadanos. La inquietud de Rajoy y Rivera es que la actitud valiente de Pepe Alvarez, líder de UGT, y Unai Sordo, dirigente de CCOO, despierte a una izquierda política que vive ensimismada.
No es casual que Ciudadanos empiece la semana proponiendo al Partido Popular que el Senado intervenga TV3. Esta propuesta, controlar una televisión autonómica, es todo un aviso para navegantes de televisiones como EITB, y advierte a las fuerzas de izquierda sobre donde está dispuesta a llegar la derecha en esta gran corrida nacional que torean los espadas Rajoy y Rivera con la ayuda del banderillero Pedro Sánchez. O todas las ganaderías progresistas intentan sacar un miura como alternativa, o el toro ibérico volverá a ser descabezado por largo tiempo. Porque nunca ha sido cierto, hoy lo sería menos que nunca, que contra Franco la izquierda viva mejor.
[17] Los jueces avalan la decisión de la Marea de no financiar corridas de toros con dinero público en A Coruña
Foto de archivo de una corrida de toros en el Coliseum de A Coruña. / EFE
Un juez niega a la concesionaria de la feria taurina la indemnización que reclamaba por su suspensión tras las elecciones municipales del 2015
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña ha avalado la decisión del Ayuntamiento de A Coruña, gobernado por la Marea Atlántica, de poner fin a las corridas de toros suspendiendo la feria taurina de la ciudad y denunciando el contrato con la empresa que la organizaba. Los jueces niegan así la versión de la concesionaria, que recurrió aquella decisión alegando que las administraciones públicas están obligadas a proteger las corridas con políticas activas para su promoción según la Ley para la Regulación de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural, que el PP aprobó en el año 2013.
Durante los gobiernos de PSOE y PP, el Ayuntamiento de A Coruña venía subvencionando la celebración de la feria durante los veranos, un capítulo en el que se invirtieron más de 2,2 millones de euros del presupuesto público municipal entre los años 1994 y 2014. En esos gastos se incluían partidas para la promoción de la tauromaquia como conferencias y debates en las que se incluían gastos y alojamiento de los ponentes con facturas de hotel de hasta 600 euros por invitado, o el pago de miles de euros a personas relacionadas con ese mundo por la redacción y lectura de pregones de exaltación de las corridas.
En julio del 2015, sólo dos meses después de las elecciones locales en las que la Marea Atlántica arrebató el gobierno de la ciudad al Partido Popular, la nueva corporación, presidida por Xulio Ferreiro, decidió suspender la feria prevista para ese verano, para la que se preveía una subvención de 60.000 euros, y canceló el contrato que el Ayuntamiento mantenía a través del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) con una unión temporal de empresas en las que participaban las sociedades Tauro Siglo XXI y Tomás Entero Martín, ambas dedicadas a la organización de ese tipo de actividades.
El Ayuntamiento defendió su decisión alegando entonces razones de “interés público”, como el elevado coste que asumía el IMCE al afrontar gastos de más de 100.000 euros de media por cada feria en los dos últimos decenios, o el escaso interés que las corridas despiertan en la ciudad, como probaba la escasa afluencia que registraban y que iba cayendo año a año. Pero también, y sobre todo, la promesa electoral de no ceder espacios ni presupuesto público para financiar espectáculos que incluyeran el maltrato animal.
Ante la presión del sector protaurino de la ciudad, el alcalde recordó que si bien carecía de competencias para prohibir las corridas, sí las tenía para evitar que se celebraran en un recinto de propiedad municipal. A Coruña no tiene plaza de toros, pero para la feria, que dio inicio en 1991 bajo el mandato del socialista Francisco Vázquez, se utilizaba el Coliseum, un pabellón cerrado y techado destinado a espectáculos musicales y eventos deportivos que no cumple los requisitos necesarios y en el que, además, ya habían ocurrido accidentes graves.
Tras la decisión del verano del 2015, Tauro Siglo XXI y Tomas Entero Martín rechazaron la compensación de 10.000 euros que les ofreció el Ayuntamiento por la cancelación del contrato y recurrieron a la jurisdicción Contencioso-Administrativa. En su demanda, además de alegar supuestos defectos de forma en el procedimiento de suspensión de la feria, argumentaron que el Consistorio había violado la Ley de Regulación de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural, que, en su opinión, obliga a las administraciones públicas a proteger y promocionar las corridas. También reclamaron una indemnización millonaria: más de 300.000 euros por “daño emergente” y otros 61.000 por “lucro cesante”. Es decir, seis veces más de lo que le costaba el contrato al Ayuntamiento.
En su sentencia, fechada el pasado 28 de marzo pero que no fue conocida hasta ayer, el magistrado Enrique García Llovet rechaza el argumentario de la concesionaria y advierte de que atenderlo supondría dotar a la tauromaquia de “una suerte de estatus privilegiado” del que no gozan otras manifestaciones culturales, entre las que cita expresamente a la música, la danza y el teatro. También niega que la ley que aprobó el PP en el 2013 imponga a las administraciones públicas la obligación “de emprender políticas activas de promoción” de las corridas.
El juez admite que existe una relación “entre la cultura y las corridas de toros y espectáculos similares en tanto que fenómeno histórico, artístico y cultural”. Pero niega que el deber de los poderes públicos de garantizar la conservación y promoción del patrimonio cultural suponga que no puedan tener en cuenta otros intereses, derechos y otros “valores culturales a veces contrapuestos”, como los de la defensa animal, “que han de ser también adecuadamente ponderados”.
En cuanto a la indemnización, el juez rechaza también la pretensión de la UTE y limita la compensación a un 10% de la cantidad ingresada por venta de entradas en taquilla en la feria del 2014. Ese año, el último completo de la legislatura del PP, se vendió apenas un 30% del aforo del Coliseum para las corridas que se celebraron en el recinto municipal.
[18] El Supremo confirma que dos exdirectivos de Novacaixagalicia tendrán que devolver 10,4 millones por sus prejubilaciones
Condenada a dos años la cúpula de NCG por cobrar prejubilaciones millonarias EFE
El Alto Tribunal apunta que los exdirectivos de la caja gallega José Luis Pego y Gregorio Gorriarán «consiguieron que, mediante engaño, se les aprobaran unos contratos de prejubilación»
Los magistrados concluyen que la conducta de los acusados consistió en elaborar «unos contratos de alta dirección blindados para una prejubilación de altísimas remuneraciones en plena crisis bancaria»
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado este lunes que los exdirectivos de Novacaixagalicia José Luis Pego y Gregorio Gorriarán deberán pagar 10,4 millones de euros a la entidad financiera sucesora en los derechos y obligaciones de la entidad por el cobro de sus prejubilaciones millonarias, según informa Europa Press.
En concreto, según recoge la sentencia del Tribunal Supremo, José Luis Pego Alonso y Gregorio Gorriarán deberán devolver 6.476.237 y 3.969.349 de euros, respectivamente.
El tribunal concluye que la conducta de los acusados consistió en elaborar «unos contratos de alta dirección blindados para una prejubilación de altísimas remuneraciones en plena crisis bancaria», dado que, recuerda, el FROB tuvo que inyectar una suma de más de 9.000 millones de euros «para reflotar las cajas, unificarlas y bancarizarlas», creando NovaCaixaGalicia Banco.
«Los acusados, a través de los nuevos contratos y a sabiendas de que iban a ser cesados en sus puestos cuando se constituyera el nuevo banco, consiguieron que, mediante engaño, se les aprobaran unos contratos de prejubilación cuya suma supuso para el nuevo banco unas cantidades a devolver, cuando menos, de unos doce millones de euros, a favor de los cuatro altos dirigentes», recoge el fallo.
Este dinero fue cobrado en el año 2011, cuando se llevaba «ya tres años aportando dinero público a las entidades bancarias en crisis», concluye la Sala.
La Sala ha estimado parcialmente los recursos de casación interpuestos por José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de 19 de octubre de 2016, que les declaró responsables civiles solidarios en relación con el delito de apropiación indebida por «gestión desleal». Ha desestimado, por su parte, el recurso de Ricardo Pradas Montilla.
El tribunal recuerda que una sentencia anterior, en la que se confirmaron las responsabilidades penales, devolvió la causa a la Audiencia Nacional para que «corrigiera» algunos aspectos relativos a las responsabilidades civiles, por considerar que se habían resuelto de forma errónea.
En concreto, entendía que había sumado las dos cantidades alternativas de restitución dineraria que había propuesto el fiscal dependiendo de que el delito objeto de condena fuese el de estafa -más de diez millones de euros- o el de apropiación/administración desleal -más de tres millones de euros- en lugar de optar por una de ellas.
En su nueva sentencia, la Audiencia Nacional optó por la primera alternativa, debido a que de ese modo se indemnizaba en mayor cuantía a los perjudicados.
La nueva sentencia del TS afirma que la sala está de acuerdo con ese criterio, dada la naturaleza y contenido de los contratos, que eran «claramente fraudulentos», algo que «resulta inexplicable, puesto que engañaron al Consejo de Administración del Banco, según consta en los hechos probados». «Dado lo cual, y aunque no se entra en profundidad en el tema, resulta patente que estamos ante un delito de estafa y no de apropiación indebida, y así se deja entrever en la sentencia», concluye.
La Sala explica que la razón de la estimación parcial de los recursos reside en que la Audiencia Nacional, al imponer a todos la responsabilidad solidaria en su segunda sentencia, sin que lo hubiera solicitado ninguna acusación, perjudicó a los acusados, que habían sido condenados como responsables directos en la primera sentencia.
Por ese motivo, deja sin efecto la responsabilidad civil solidaria atribuida por la sentencia recurrida a estos tres recurrentes y establece la responsabilidad directa de José Luis Pego Alonso y Gregorio Gorriarán, exonerando a Óscar Rodríguez Estrada de toda responsabilidad civil.
[19] El TC declara inconstitucional la expropiación de viviendas vacías a los bancos contemplada en la ley andaluza antidesahucios
La Ley de la Función Social de la Vivienda de Andalucía fue aprobada en 2013 por el gobierno de coalición entre PSOE e Izquierda Unida
El precepto de aquella norma sobre las casas propiedad de los bancos se anula ahora porque, según el TC, «rompe el carácter coherente de la acción pública»
La polémica ley andaluza antidesahucios, aprobada en 2013 por el entonces Gobierno de coalición PSOE-IU, suspendida hace más de cuatro años, ha visto anulado formalmente uno de sus preceptos. El Tribunal Constitucional, según ha adelantado la Cadena Ser, considera inconstitucional la expropiación temporal de viviendas vacías, propiedad de los bancos, por tres años en caso de desahucios de familias en riesgo de exclusión.
Según el TC, dicha medida, contemplada en la Ley de la Función Social de la Vivienda de Andalucía, «interfiere en el ejercicio legítimo que el Estado hace de sus competencias y menoscaba así la plena efectividad de esa competencia estatal».
El Gobieron central recurrió aquella ley en diciembre de 2013 e impugnó varios apartados relativos a la «declaración de interés social a efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social», la «definición de viviendas deshabitadas», y la «clasificación de infracciones muy graves» para las entidades financieras que no saquen estos inmuebles al mercado del alquiler.
La Ley de la Función Social de la Vivienda había entrado en vigor apenas dos meses antes tras ser aprobada por el Parlamento de Andalucía con los votos de PSOE-A e IU y el rechazo del PP-A, que ya le auguró este fin. La ley derogaba el decreto que en el mismo sentido aprobado por el Gobierno de Andalucía el abril anteior y que también había sido impugnado por el Gobierno de Mariano Rajoy, dejándolo sin efecto. Desde su entrada en vigor se había procedido a dos expropiaciones temporales de viviendas cuyos habitantes pretendían desahuciar entidades financieras.
[20] El juez del 3% cita como imputados al presidente del puerto de Barcelona y al exconcejal de Urbanismo de Trias
El magistrado de El Vendrell decide citar a los investigados mientras espera a que la Audiencia Nacional le diga si se queda con el caso
El juez de El Vendrell que investiga las comisiones ilegales presuntamente cobradas por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha dado un paso relevante a la espera de si la Audiencia Nacional acepta quedarse con el caso. El magistrado Josep Bosch ha citado como imputados –investigados, según la nueva denominación– a tres pesos pesados del entorno convergente: el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra; el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona bajo el mandato de Xavier Trias, Antoni Vives; y el exdirigente y representante legal de Convergència, Francesc Sànchez. El juez les espera para el próximo 3 de mayo a partir de las 9:30h. han informado fuentes judiciales.
El magistrado ha optado por citar a los investigados mientras espera que la Audiencia Nacional resuelva si asume la causa del 3%, que le remitió el pasado mes de febrero a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Asimismo, el magistrado ha citado como investigados a una decena de empresarios supuestamente vinculados al pago de «mordidas» para los días 4, 10 y 11 de mayo próximos
Varias obras mantienen a los tres políticos bajo sospecha. En el caso de Vives, destaca el fiasco de las obras de la plaza de las Glòries: la empresa de obra pública municipal, había adjudicado en febrero de 2015 –a tres meses de las municipales– un contrato por 60 millones con la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Copisa, Rogasa y Benitó Arnó i Fills. La oferta que ganó el concurso fue un 24% más baja que el precio por el que se licitó la obra. Una auditoría municipal reclamada por la CUP descubrió un sobrecoste 12 millones, tras lo que Colau optó por rescindir el contrato y licitar de nuevo el concurso.
En la causa, que tiene puesto el foco en una veintena de obras públicas adjudicadas por la Generalitat o ayuntamientos convergentes, también se investiga la adjudicación por parte del Consorcio de Educación de Barcelona bajo la etapa de Trias de un contrato para el mantenimiento de sus edificios, así como las obras en la Avenida del Paralelo o en el Mirador de las Aguas.
Respecto al Puerto, están bajo sospecha dos de las principales obras efectuadas en el puerto de la capital catalana en los últimos años: el dique este y la ampliación del muelle sur.
En un reciente informe, la Guardia Civil cifró las comisiones que habría recibido CDC en 1,04 millones de euros, cobrados presuntamente entre 2008 y 2013 –ya con Artur Mas en la presidencia del partido y de la Generalitat– a cambio de 24 obras públicas. También se habrían producido dádivas como entradas a partidos de fútbol, viajes, noches de hotel y cacerías.
A criterio de la Fiscalía, podrían haberse cometido varios delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios de concursos, malversación, fraude contra la Administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos en concurso con una supuesta malversación y fraude contra la administración.
El sistema de comisiones, apuntan los investigadores, se articuló a través de donaciones a tres fundaciones vinculadas al partido: la CatDem, la Barcelona Forum y la fundación privada Omnium. Partido y fundaciones funcionaban, añaden, bajo un sistema de «caja única», tesis que avala el juez de El Vendrell antes.
El 3% lo investiga desde hace más de tres años el juzgado de instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona). En total en hay una veintena de imputados, entre personas físicas y jurídicas, como el exconseller de Mas, Germà Gordó, y los extesoreros de CDC Andreu Viloca y Daniel Osàcar (condenado por el caso Palau), así como varios constructores.
[21] El Gobierno teme más complicaciones judiciales del caso de corrupción de la armamentística Defex
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
La SEPI releva a la responsable de la liquidación de la empresa de exportación de armas y sitúa a un abogado del Estado en vísperas de la apertura de juicio oral para la primera pieza del caso
Un fondo reactiva la venta de su participación en Maxam, que era el principal accionista privado de la empresa con un 20%
El Gobierno teme más complicaciones judiciales del caso de corrupción de la armamentística Defex, actualmente en proceso de liquidación tras un escándalo de comisiones irregulares en Angola.
El pasado jueves, el consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) celebró una reunión extraordinaria en la que se acordó cesar a la hasta entonces administradora única de Cofivacasa, la sociedad instrumental del hólding público que administra las liquidaciones de sus empresas, como es el caso de Defex desde octubre.
Así lo confirman fuentes de SEPI, que añaden que el organismo ha decidido sustituir a la hasta ahora responsable de Cofivacasa, la economista Matilde Galván (que se incorpora a la Fundación del hólding público), por un joven abogado del Estado, Francisco Javier Loriente.
Con Loriente convertido a partir de ahora en el encargado de administrar la liquidación ordenada de los activos y pasivos de Defex, fuentes conocedoras del proceso creen que el movimiento ilustra la preocupación del Ejecutivo porque el horizonte judicial de este caso se complique aún más.
SEPI ya tuvo sobre la mesa el nombramiento como liquidador de Defex del anterior secretario del consejo de esta empresa, el también abogado del Estado Jesús Moreno, que se incorporó después del estallido del escándalo en 2014. Sin embargo, la designación de Moreno fue finalmente desechada.
La liquidación de Defex fue definida hace unos meses por el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, como «una especie de pena de muerte de la persona jurídica» que es Defex, como consecuencia de su imputación como tal en la Audiencia Nacional. Puede demorarse durante años, mientras se culminan los contratos que ya tenía suscritos la empresa, que en 2016 presumió de unos resultados « muy satisfactorios«.
El relevo ordenado por SEPI se produce en vísperas de que previsiblemente este verano la Audiencia Nacional dicte la apertura de juicio oral para la primera pieza del caso, el supuesto fraude cometido en un contrato de equipamiento policial a Angola en 2008 por un total de 152,9 millones de euros.
El caso, que ha salpicado incluso a una empresa del Ibex, la Socimi Merlin (su presidente ejecutivo, Ismael Moreno, está imputado por blanqueo de capitales), implica fundamentalmente al que fuera presidente de Defex durante 20 años, José Ignacio Encinas Charro, y al exdirectivo y coronel de infantería de marina retirado, Ángel María Larumbe.
Otras personas clave de la trama son la asesora financiera Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía Francisco Paesa; o Juan Carlos Cueto, de la firma Comercial Cueto, que intermedió en el contrato en Angola. Según la SER, estas dos personas y el propio Encinas Charro conocen la identidad del principal comisionista de la trama, apodado el «kin» o «rey» del entramado, pero se han negado a desvelarlaporque, según declaró Encinas ante el juez, eso son «palabras mayores».
Más operaciones
Las actuaciones judiciales sobre Defex previsiblemente no se quedarán en las actuaciones de la empresa en Angola, ya que se están investigando más operaciones sospechosas en Camerún, Arabia Saudí, Egipto y Brasil. De momento, el proceso judicial no ha afectado a los accionistas privados de Defex, que tienen un 49% de las acciones y entre los que destaca la empresa Maxam con un 21,78% a través de dos sociedades. Según informaba Expansión este lunes, el socio minoritario de Maxam, el fondo británico Advent, ha reactivado la venta de su 45% en la empresa, por el que espera ingresar unos 700 millones de euros.
Maxam tiene varios vínculos con personas muy cercanas al rey Juan Carlos I. El presidente de su filial Expal (dueña de un 10,89% de Defex) y antiguo consejero en Defex es Francisco Torrente, ex jefe del Estado Mayor de la Armada y muy próximo al monarca y presidente de la otra filial. Y en Expal es consejero José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao e íntimo amigo del rey emérito, del que fue abogado personal durante 20 años. Romero Moreno también está vinculado a Maxam como patrono de su fundación.
Otro de los accionistas privados de Defex es Instalaza, a la que estuvo vinculado el exministro de Defensa Pedro Morenés.
A partir de ahora la actividad de Defex va a depender de la Oficina de Apoyo Exterior (Oficaex), dependiente del Ministerio de Defensa y, a diferencia de Defex, sin socios privados. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, fue consejera de Defex entre julio de 2002 y febrero de 2003, cuando era subsecretaria de Administraciones Públicas en el Gobierno de José María Aznar. El caso Defex permitió tirar del hilo que destapó otro escándalo de corrupción en una empresa pública en Angola, Mercasa, en el que está imputado José Herrero de Egaña y López del Hierro, sobrino de Cospedal.
[22] La red corrupta de la armamentística Defex también sacó tajada de una visita del Papa Benedicto XVI a Angola
Joseph Ratzinger saluda al entonces presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, a su llegada al aeropuerto de Luanda el 20 de marzo de 2009. EFE
El juez De la Mata investiga un contrato por el que la UTE Cueto-Defex ganó más de un millón por suministrar apoyo logístico a una visita del pontífice a Luanda
Aplicó lo que denominaba «factor sexy» o «factor mágico» para inflar costes: triplicar los precios cobrados a sus proveedores, como hizo con el contrato de 152 millones en material policial a Angola
En el caso de la «Operación Papal», una sociedad del intermediario Guilherme Taveira, implicado también en Mercasa, se llevó una comisión de cerca del 13% que la Fiscalía cree injustificada
La trama Gürtel en Valencia no fue la única red corrupta con sello español que aprovechó una visita del papa Benedicto XVI para lucrarse. La investigación del ‘caso Defex’ que instruye el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata revela cómo esta extinta empresa pública y su socio privado en Angola, Comercial Cueto 92, lograron un beneficio superior al millón de euros aprovechando la organización de un viaje oficial de Joseph Ratzinger a ese país en 2009.
Según se desprende de la documentación de la causa a la que ha tenido acceso eldiario.es, la unión temporal de empresas (UTE) de Defex y Cueto, objeto de una compleja investigación de la Audiencia Nacional que se prolonga desde hace más de tres años, aprovechó esa visita del papa para ingresar cerca de 2 millones de euros y obtener beneficios superiores al millón con sobrecostes superiores al 200% y contratando no con el Gobierno de Angola ni el Vaticano, sino con Sonadi, sociedad del intermediario portugués Guilherme Taveira, al que a cambio abonó una comisión de 249.312,44 euros.
En marzo de 2009, el máximo responsable de la Iglesia católica desde 2005 hasta su renuncia en 2013 cerró en Luanda, la capital angoleña, su primera minigira apostólica por África. Un viaje durante el cual atacó «el dolor y la violencia, la pobreza y el hambre, la corrupción y el abuso de poder» en el continente y arremetió contra el uso de preservativos que, dijo, no solucionan el Sida y «al contrario, sólo aumentan los problemas». En Angola, Ratzinger festejó cinco siglos de la evangelización de la antigua colonia portuguesa, primer territorio de África austral donde llegaron los misioneros católicos. Defex y Comercial Cueto supieron sacar tajada gracias a sus contactos con las élites de ese país.
Un informe «estrictamente privado y confidencial» encargado por Defex a la auditora PwC sobre las operaciones de la empresa en Angola cifra en 1.952.083 euros el importe facturado por la UTE por lo que internamente esta denominaba el «Contrato Papal». El análisis de PwC, fechado el 28 de diciembre de 2016, deja claro que el contrato estaba «fuera» del objeto original de la UTE, aspecto también destacado por la Guardia Civil y el juez y que en España supone incumplir la normativa de UTEs.
PwC no dirige su análisis a la «Operaçao Papa». Sí destaca que este contrato y otro para suministrar inhibidores a la policía angoleña de cara a las elecciones presidenciales de 2011 refrendan que la UTE «siguió realizando operaciones económicas que nada tienen que ver con el contrato» original que centra el informe de la firma: la distribución y venta en 2008 de material policial y de seguridad para el Comando General de la Policía Nacional de Angola por más de 152,9 millones.
De esa cifra, «unos 100 millones de euros, se cree que se repartieron entre altos funcionarios angoleños corruptos, directivos y empleados de Defex», según destacó el pasado lunes en el Senado el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde.
Como en el contrato principal, los beneficios generados para la UTE con la Operación Papa fueron «muy superiores a lo esperado» gracias a una «sobrevaloración del material» cobrado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifró en mayo de 2015 en más del 267%.
La operación papal, según la UCO, sirvió como «cajón desastre, de donde se satisfacían los pagos imprevistos» por la UTE; «ni la propia empresa tiene claro que fue lo que finalmente cobró» y el contrato se introdujo de «forma subrepticia» en el contrato original de 2008: «Se aprovechan los viajes de aprovisionamiento para la visita papal para hacer envíos de material del contrato de policía». Descontrol total.
Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para la Fiscalía Anticorrupción fechado en abril de 2016 corrobora esa hipótesis de sobrecostes injustificados. «Para casi todos los ítems» de la Operación Papa, «el precio de venta es el resultado de multiplicar por tres el precio de compra» de los artículos que adquirió la UTE a empresas españolas como Indra. Entre esos «ítems» había inhibidores, una fotocopiadora, un camión frigorífico, detectores de metales, prendas de vestir y diverso material informático.
La operación también comprendió aspectos como el transporte de vehículos del pontífice y su séquito desde Roma hasta Luanda y viceversa, «incluido el papa móvil», el traslado del material adquirido desde un avión Antonov, la instalación de los inhibidores o la formación de equipos.
El «factor sexy»
Los sobreprecios superiores al 200% en el contrato papal encajan en el patrón de lo que los miembros de la trama calificaban de «factor mágico» o «factor sexy». Como resume PwC, ese factor esotérico «fundamentalmente significa que para calcular el precio de venta del material a suministrar a Angola, la UTE Cueto-Defex multiplicaba el valor de adquisición del material por un valor que oscilaba entre 2,5 ó 3». Esto les reportaba «un margen medio de entre 250% y 300% sobre el valor de adquisición». En el contrato principal, parte del sobrante se repartió luego a los distintos miembros de la trama a través de sociedades pantalla en paraísos fiscales.
La Fiscalía Anticorrupción calcula que, en el caso de la visita de Benedicto XVI, y teniendo en cuenta todas las partidas (compra de materiales, transporte, comisiones y otros), el coste de ejecutar el contrato fue de 911.854,37 euros, lo que supuso el 46,71% del importe total facturado «y proporcionó a la UTE Cueto-Defex un beneficio de 1.040.228,56 €».
Equivale al 53,29% de lo facturado, un porcentaje muy elevado aunque ligeramente inferior al 61,33% que, según Anticorrupción, obtuvo la UTE con el contrato principal de venta de armas para la policía. En este caso, la partida de «transporte de mercancía», según PwC, «no es razonable económicamente ya que se habría facturado un 77% más del coste real satisfecho a los proveedores de este servicio».
La IGAE destaca el «muy elevado» importe de la comisión de 249.312 euros que la UTE abonó por el contrato papal a la empresa de Guilherme Taveira, el comisionista portugués que conecta esta trama de corrupción con la de otra empresa pública española en Angola, Mercasa, y al que reclaman la Interpol y la Audiencia Nacional. El apoyo logístico a la visita del papa no se contrató a la Unidad de Seguridad Presidencial de la policía de Angola, sino con Sonadi, sin que según la IGAE, se encontrase «ninguna documentación, más allá de las notas de débito/facturas», que «ponga de manifiesto y evidencie los trabajos realizados por esta sociedad, por un importe tan elevado».
156,9 millones
La visita papal y el resto de operaciones de la UTE en Angola permitieron a Defex-Cueto, como destacó el juez en un auto dictado en diciembre de 2016, ingresar un total de 156.931.321,01 euros que cobraron en sendas cuentas de Deutsche Bank y Caixabank en España. Posteriormente, la UTE transfirió «sin razón comercial alguna a Luxemburgo» 41.464.729,48 euros «que la investigación permite considerar como producto de los delitos investigados en este procedimiento». La investigación y la auditoría de PwC relacionan ese pago, en concepto de «Servicios profesionales independientes», exclusivamente con el contrato principal para la policía de Angola.
Ese importe fue transferido desde cuentas en España de Deutsche Bank, BNP Paribas y Caixabank a dos cuentas de Dexia y KBL titularidad de JTL Financial, sociedad luxemburguesa que, según el juez, carecía «de empleados y de actividad comercial alguna» y que «fue utilizada para recibir los fondos dinerarios que luego fueron objeto de una sucesión de transferencias dinerarias internacionales a Hong-Kong, Singapur, Italia, Francia, Suiza, Reino Unido, Islas Caimán y Angola, sin que la totalidad de los destinatarios finales de esos fondos dinerarios se encuentren identificados», según ese auto de diciembre.
Una parte de los fondos regresó luego a España a través de United Patrimonium, sociedad pantalla en Luxemburgo de Juan Carlos Cueto, uno de los principales imputados en la trama. Por medio de su asesora y amiga Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía, Cueto blanqueó presuntamente unos 8 millones procedentes de las operaciones de la UTE en Angola por medio de una operación inmobiliaria por la que ha resultado imputado Ismael Clemente, fundador y consejero delegado de la principal inmobiliaria del Ibex 35, Merlin Properties.
[23] La antigua empresa del consejero canario de Sanidad se lleva un 40% más de intervenciones quirúrgicas
El consejero de Sanidad, José Manuel Baltar. EFE/RAMÓN DE LA ROCHA
Hospitales San Roque, el grupo de donde procede José Manuel Baltar, acaparó el año pasado prácticamente la mitad de las cirugías concertadas en Gran Canaria y una de cada cuatro en el conjunto del Archipiélago
El gasto en intervenciones quirúrgicas derivadas a la privada ascendió a 60,8 millones de euros en 2017, 8,6 millones más que el año anterior, un 16%
El Gobierno regional presume de haber reducido las listas de espera en más de 5.000 pacientes, pero el tiempo de demora ha aumentado en 14 días
El Servicio Canario de Salud (SCS) derivó el año pasado a las clínicas privadas un total de 41.817 intervenciones quirúrgicas, un 16% más que en 2016. El principal beneficiado de este incremento fue, en términos absolutos, Hospitales San Roque, grupo de donde procede el actual consejero de Sanidad del Gobierno regional, José Manuel Baltar, que dejó su cargo de director de Operaciones de esa empresa privada en enero de 2017 para incorporarse al gobierno presidido por Fernando Clavijo (CC) tras la abrupta ruptura del pacto de gobierno con el PSOE y la salida de los cuatro consejeros socialistas, entre ellos Jesús Morera, titular del área sanitaria desde 2015.
La actividad quirúrgica procedente del sector público se incrementó un 51% en la Clínica San Roque de la capital grancanaria, de la que Baltar era gerente, y un 28% en San Roque Maspalomas, centro del mismo grupo ubicado en el sur de la isla. En la primera se realizaron un total de 4.991 operaciones en 2017, 1.686 más que el año precedente, según los datos que constan en las respuestas proporcionadas por el Gobierno regional a preguntas formuladas en el Parlamento regional por los diputados del PSOE Patricia Hernández e Iñaki Lavandera. A San Roque Maspalomas, por su parte, se derivaron 4.014 intervenciones quirúrgicas, 888 más. El cómputo global del grupo asciende a 9.005 operaciones frente a las 6.431 de 2016, lo que en términos porcentuales se traduce en un aumento del 40%.
Los datos facilitados por el Gobierno regional incluyen tanto las intervenciones realizadas en centros concertados con personal propio del Servicio Canario de Salud como las ejecutadas por los profesionales de la clínica a la que se deriva. Las del primer grupo, denominadas de cupo, subieron un 40% en la Clínica San Roque de Las Palmas de Gran Canaria (3.322) y un 61% en la de Maspalomas (879). Las operaciones fuera de cupo, con personal propio de los hospitales privados, aumentaron de manera considerable en el centro de la capital (732, un 78%) y leve en el sur (9, un 0,5%).
La antigua empresa de Baltar acaparó el año pasado prácticamente la mitad de las intervenciones quirúrgicas concertadas en Gran Canaria y una de cada cuatro operaciones derivadas en el conjunto del Archipiélago. En 2016, el peso de Hospitales San Roque era inferior. Los dos centros del grupo copaban el 40% en la isla redonda (sobre un total de ocho centros) y aproximadamente una sexta parte en toda Canarias (con 22 clínicas, de ellas ocho en Tenerife, tres en La Palma y tres en Lanzarote).
Sobre el incremento de concertaciones con las clínicas privadas en Canarias en 2017, cifrado en 5.847 intervenciones, cerca de la mitad, en concreto 2.574 (un 44%), corresponde a los dos hospitales del grupo San Roque. El porcentaje aumenta al 86% si el análisis se ciñe a Gran Canaria, que contabilizó 2,975 operaciones más.
Más de 60 millones de euros
El gasto en intervenciones quirúrgicas derivadas a la privada ascendió a 60,8 millones de euros en 2017, 8,6 millones más que el año anterior, un 16%, aunque aún no figura desglosado por centros.
Además de las mencionadas del grupo San Roque, las clínicas privadas que ampliaron su volumen de negocio procedente del sector público a través de las intervenciones quirúrgicas fueron, en la isla de Gran Canaria, La Paloma (471 operaciones más, un aumento del 52%) y San José (427, un 43%). En Tenerife, el centro médico Salus (187 y 550%), San Juan de Dios (955 y 22%), Hospiten Rambla (43 y 21%), Hospiten Sur (545 y 14%), La Colina (768 y 14%) y Hospiten Bellevue (417 y 9%). En La Palma incrementó el número de las operaciones derivadas Sermeva (194 y 119%) y en Lanzarote, el Perpetuo Socorro (7 y 20%).
En el polo opuesto, con un descenso en la cifra de concertaciones, se sitúan el Hospital Rambla (42 menos, un 35%), el Perpetuo Socorro (313 y 7%), Santa Catalina (129 y 5,72%) y la Clínica Cajal (13 y 1%) en Gran Canaria, además de el Hospital Rambla de La Palma (4 y 44%) y San Vicente (300 y 39%) y Hospiten (10 y 5%) en la isla de Lanzarote.
Por su parte, las clínicas Santa Catalina y Parque, de Tenerife, y La Colina, en La Palma, se mantienen en los mismos valores de 2016, con 69, 71 y 1 operación, respectivamente.
Menos lista de espera, más días de espera
El Gobierno de Canarias presume de haber reducido el año pasado en 5.649 pacientes la lista de espera para someterse a una intervención quirúrgica en alguna de las 28 especialidades médicas del Servicio Canario de Salud, una cifra que se asemeja bastante al incremento de concertaciones con la sanidad privada (5.847). Sin embargo, el tiempo de demora en estas listas se ha incrementado en 14 días, de los 162 que registraba Canarias en 2016, un dato que ya situaba a las Islas a la cola de España, a los 174 registrados el año pasado.
[24] El Ayuntamiento de Carmena, Fomento y BBVA sellan el acuerdo para la nueva Operación Chamartín
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (i), y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (d), tras una reunión la sede del Ministerio. EFE
El nuevo plan propone la construcción de unas 10.510 viviendas: 2.600 al sur de la M-30 y 7.910 al norte, de las cuales 2.100 serán para el Ayuntamiento
El uso mayoritario al sur de la M-30 será el terciario de oficinas con una superficie de 1.220.000 m2
El Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Fomento y Distrito Castellana Norte (formada por BBVA y la constructora San José) han sellado el acuerdo definitivo ‘Madrid Nuevo Norte’, el proyecto impulsado por el Gobierno de Manuela Carmena para la Operación Chamartín. Con este acuerdo, se pone fin a 25 años de bloqueo para el desarrollo urbanístico de la zona septentrional de la capital en los distritos de Chamartín y Fuencarral-El Pardo.
Se trata del aterrizaje del primer preacuerdo alcanzado en julio de 2017, cuando las tres partes aceptaron la muerte del proyecto impulsado por los gobiernos municipales del PP, el último de Ana Botella, con el que se pretendía la construcción de casi 18.500 viviendas y 3.371.000 m2 de superficie edificable. Una vez enterrada la Operación Chamartín, el acuerdo alcanzado, adelantado ya el verano pasado, prevé finalmente la construcción de 10.510 viviendas y una edificabilidad de 2.662.500 m2.
Con este acuerdo también se desecha la apuesta inicial de Ahora Madrid, que se llamó ‘Madrid Puerta Norte’. Este proyecto reducía los más de tres millones de metros cuadrados de suelo sobre el que realizar la operación inmobiliaria a la mitad y limitaba la cifra de viviendas a 4.600, de las que 1.000 serían protegidas.
El nuevo plan propone la construcción de unas 10.510 viviendas: 2.600 al sur de la M-30 y 7.910 al norte de esta vía. De ellas, un 20% serán protegidas, 2.100 aproximadamente, que se destinarán a la políticas públicas del Ayuntamiento, frente al 10% del total que exige la actual Ley del Suelo y que contemplaba el plan del año 2015 impulsado por el gobierno de Ana Botella. A estas se le añadirán otras calificadas como libres, en torno a 1.900, y que podrían destinarse a alquiler social a través de la EMVS. Esto se traduce en que el municipio dispondrá de unas 4.100 viviendas para desarrollar políticas públicas de vivienda. La edificabilidad residencial total en el conjunto de los ámbitos sur y norte de la M-30 se situará en 1.050.700 m2.
El uso mayoritario al sur de la M-30 será el terciario de oficinas (1.220.000 m2), muy vinculado a la propia estación de Chamartín, manteniendo la presencia complementaria de vivienda (260.000 m²). Al norte de la M-30, el uso mayoritario será residencial: 715.030 m² en Fuencarral-Malmea-Tres Olivos (7.150 viviendas) y 75.700 m² en la zona de las Tablas (757 viviendas); pero también contará con presencia localizada de actividad económica, 251.225 m² en la zona de Fuencarral-Malmea-Tres Olivos y 140.610 m² en la zona de Las Tablas.
Mapa Madrid Nuevo Norte
Zonas verdes y trazado de calles
Desde el preacuerdo de julio de 2017 hasta el pacto anunciado este martes han pasado casi nueve meses. En este tiempo se han definido los detalles en lo referente al trazado de calles y zonas verdes, dónde irán las viviendas y dónde las oficinas, y la localización de los diferentes usos globales, como los equipamientos públicos o los espacios lucrativos. Una vez definido esto, será el Ayuntamiento de Ahora Madrid quien comience la vía administrativa y el encargado del planeamiento urbano, que en la Operación Chamartín recaía en el promotor Distrito Castellana Norte. Ahora será la administración pública la encargada de definirlo. Este acuerdo marca el inicio de tramitación de la modificación puntual del Plan General (MPG) y se prevé que llegue a Pleno en julio de este año.
Según ese plan, la Calle Mauricio Legendre se preservará de la circulación privada motorizada convirtiéndose en un eje especializado respecto de los paralelos por el oeste, Castellana, y este, Agustín de Foxá. Su tráfico se reducirá al mínimo posible, configurándose como el inicio de un eje verde que conecte desde la Plaza de Castilla hasta Fuencarral-Tres Olivos-San Roque donde los modos de movilidad alternativa (fundamentalmente bicicleta y a pie) serán los protagonistas, integrando, en su caso, el transporte público.
El parque lineal-Corredor verde sur-norte, que tiene su inicio en la Plaza de Castilla, continuará hacia el norte a través de los nuevos desarrollos conformando un pasillo verde que bordeará el Poblado de Absorción de Fuencarral, el propio casco histórico y Tres Olivos, y servirá de apoyo para el transporte en bicicleta y sendas a pie. Además, se propone la creación de un gran parque lineal equipado con canchas deportivas en la superficie y en contacto con la zona residencial existente en la zona de la calle Bambú. También se ha llegado a un acuerdo propuesta para conectar los barrios del distrito de Chamartín al Sur de M-30 y Fuencarral y Las Tablas al norte de M30, todo ello como soporte sustantivo de la movilidad peatonal y del transporte público.
Se cubrirán las vías en la colonia Virgen de Begoña. De esta manera se ampliará la superficie de vías de ferrocarril a cubrir con respecto a otras propuestas anteriores de tal forma que la zona norte de la colonia Virgen de Begoña se cubra con una losa para eliminar así la fractura que hoy suponen las vías. Se creará un área verde sobre la losa de cubierto y se localizarán espacios para equipamientos en su proximidad. Este espacio tendrá continuidad a través del corredor verde Sur-Norte propuesto.
Dos décadas paralizado
La urbanización del norte de Madrid es un asunto que arrancó hace ya 23 años. El plan consistía en soterrar las vías de tren de de la zona norte de Madrid –los que salen de la estación de Chamartín– y urbanizar esos terrenos con zonas de viviendas, oficinas y una nueva zona financiera con un rascacielos de 70 plantas, que sería el más grande de Europa. Con las plusvalías generadas con los terrenos, estaba previsto pagar gran parte de los gastos de la ampliación del metro, el soterramiento del tren y dos nuevos nudos de tráfico.
[25] Madrid cierra una ‘operación Chamartín’ con 6.500 viviendas menos y un 20% de VPO
Diseño del Ayuntamiento de Madrid para el desarrollo de la zona norte de la capital, conocida como Operación Chamartín. E.P.
El Ayuntamiento de Madrid, ADIF y la promotora Madrid Castellana Norte llegan a un acuerdo definitivo para el gran plan de desarrollo urbanístico para el norte de la ciudad.
El Ayuntamiento de Madrid, ADIF y la promotora Madrid Castellana Norte han alcanzado finalmente un acuerdo sobre la llamada operación Chamartín, el gran plan de desarrollo urbanístico para el norte de la ciudad que estaba pendiente desde hace dos décadas, según ha anunciado este viernes el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
La firma definitiva de la aprobación inicial del proyecto, que contempla una reducción de la edificabilidad a 2,6 millones de metros cuadrados en la zona y 10.510 viviendas (6.500 menos de las 17.000 previstas inicialmente), podría llevarse a cabo el próximo mes de julio en el Pleno municipal, ha precisado el ministro en un desayuno informativo de Europa Press.
Además, un 20% de las viviendas (un total de 2.100) serán de protección oficial, según han señalado fuentes municipales, que han concretado que 2.600 viviendas estarán en el sur de Calle 30 y otras 7.910 al norte. Otro de los cambios es que un total de 1,48 millones de metros cuadrados se dedicarán a la «edificabilidad lucrativa», mientras que la residencial será de 1,05 millones.
Respecto a los cambios con el pacto alcanzado en julio de 2017, De la Serna ha explicado que la edificabilidad, que ya entonces pasó de 3,3 millones de metros cuadrados a 3,6 millones, se reduce ligeramente en 500 viviendas pero sobre todo se «mueve» y se incluyen novedades que «aportan valor» como el uso terciario en la estación ferroviaria de Chamartín.
Entonces, se alcanzaron «parámetros» en un «acuerdo marco» mientras que en la propuesta definitiva registrada ayer se han acordado «multitud de detalles» como la distribución de las construcciones o zonas verdes.
«La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) va a un nivel de detalle tal que permite que, una vez aprobada inicialmente la tramitación, sea muy sencilla», ha explicado el ministro.
De la Serna ha puesto en valor el esfuerzo hecho por el Gobierno municipal madrileño, por Adif (propietaria de los terrenos) y por la promotora inmobiliaria para alcanzar este acuerdo, en el que «se ha buscado un encaje en el que todos estuviéramos suficientemente de acuerdo».
Ha subrayado asimismo que este paso es «muy importante» para el municipio de Madrid y ha añadido que espera que el «respaldo político» obtenido hasta ahora «se mantenga a través de la gestión administrativa».
Además, la mejora de la estación de Chamartín y de la autovía de Burgos (A1) contribuirá a descongestionar el tráfico que se registra en esa zona de Madrid, según el titular de Fomento.
Debido a que para aprobar este desarrollo es necesario hacer una modificación del PGOU, para la aprobación definitiva de la operación es necesario el visto bueno de la Comunidad de Madrid.
La reforma para esta zona del norte de la capital se concibió inicialmente en 1993 y se aprobó en 1997. La alcaldesa Ana Botella (PP) lo reactivó en 2015 en los últimos coletazos de su Gobierno.
Sin embargo, la operación fue rechazada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en mayo de 2016, ya con Ahora Madrid en el Palacio de Cibeles.
Tras el rechazo de Fomento y Distrito Castellana Norte al nuevo plan presentado por el Gobierno de Manuela Carmena, en julio del año pasado se alcanzó un nuevo pacto que ahora se concreta en el inicio de la tramitación administrativa.
[26] Cifuentes culpa al rector de la URJC de las irregularidades y dice que «renuncia» al máster
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha enviado una carta al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, asegurando que «renuncia» a su máster de Derecho Público Autonómico, según ha adelantado este martes OKDiario.
En su misiva la presidenta de la Comunidad de Madrid culpa a la URJC de las «diversas irregularidades» que se han detectado en torno a su máster. Cifuentes asegura contar con el título y tener «todos los certificados acreditativos de pago de tasas y de las calificaciones obtenidas en cada una de las distintas asignaturas». Todo ello, destaca la presidenta, «debidamente sellados y compulsados por la Secretaría de la Universidad».
«No obstante, según se desprende de la información reservada abierta por la Universidad, la obtención de dicho máster se ha visto afectada, al parecer, por diversas irregularidades administrativas, totalmente ajenas a mí, pero que han dado lugar a su cuestionamiento».
Cifuentes destaca que se incorporó al máster como cualquier otro alumno, pero que sus circunstancias se vieron alteradas cuando fue nombrada delegada del Gobierno de Madrid, en enero de 2012. A partir de este nombramiento, y según la propia presidenta, fue la URJC la que consideró que podría proseguir con sus estudios «en unas condiciones flexibles». «A mí se me ofreció una modalidad y unos requisitos que no creo que hayan sido ni mejores ni peores que los que se hayan propuesto a otras personas en mis circunstancias», escribe la presidenta, que destaca: «Si la Universidad no hubiera planteado esta posibilidad, sencillamente no habría cursado el máster». «Sólo digo que los requisitos que me fijaron, los cumplí».
«Manipulación y divulgación de datos»
«Espero también que la Justicia pueda determinar las responsabilidades correspondientes ante una preocupante vulneración de la Ley de Protección de Datos en la Universidad que diriges, que no solo ha podido facilitar el acceso y divulgación de datos personales, sino también de manipulación».
En su carta, la presidenta destaca que «en ningún momento» pretendió «sacar ventaja» del máster porque no le otorgó ninguna titulación de la que no estuviese ya en posesión. «La posesión de este máster no me ha reportado beneficio ni ventaja profesional de ningún tipo».
La presidenta hace en su misiva serias insinuaciones sobre el papel del rector en la aparición del acta falsificada del supuesto Trabajo de Fin de Máster, que nunca apareció y que, según las propias profesoras, jamás fue evaluado. «En el ámbito de esas presuntas irregularidades administrativas, tiene especial relevancia el Acta de Trabajo de Fin de Máster, que como bien sabes, nos fue remitida directamente por la Secretaría del Rector el pasado 21 de marzo a las 17.36, procediéndose por tu parte, un cuarto de hora después a dar instrucciones para abrir una Información Reservada, al existir dudas sobre su contenido».
«Una circunstancia, estimado Rector, que no puede por menos que sorprender, puesto que dicha acta no había sido solicitada por nosotros». La presidenta argumenta que la distribuyeron a los medios de comunicación confiando en la veracidad del documento «dada la fiabilidad que tenía para nosotros el remitente, que era tu propia Secretaría».
De esta manera pone en el centro de las sospechas a Javier Ramos, al tiempo que se despega del origen de ese acta, que el responsable del máster y supuesto tutor de Cifuentes, Enrique Álvarez Conde, reconoció que había sido falsificada, o «reconstruida», según sus propias palabras. La presidenta madrileña destaca que desconoce «por completo el origen tanto de este documento como del referido a las convalidaciones de asignaturas de varios alumnos, que también ha sido puesto en tela de juicio». El 10 de abril eldiario.es publicó un informe pericial caligráfico que demuestra que cinco de las seis las firmas en las actas de convalidación de tres asignaturas de Cristina Cifuentes –y que se elaboraron y utilizaron en 2012– estaban falsificadas.
Cifuentes dice “renunciar” a un título que iba a perder y que recibió de forma fraudulenta. Pues muchas gracias, qué detalle
“La obtención de dicho máster se ha visto afectada, al parecer, por diversas irregularidades administrativas totalmente ajenas a mí”
Falso. No son irregularidades administrativas sino ilegalidades flagrantes, que ya está investigando la Fiscalía. Y tampoco han sido ajenas a la presidenta de Madrid, que ha sido la principal beneficiaria de todos estos presuntos delitos, con papeles oficiales falsificados.
Cifuentes no fue “ajena” a todo lo que pasó en su máster porque no hay nadie tan ingenuo como para pensar que es normal que una Universidad te permita aprobar un título oficial sin ir a clase, sin ir a los exámenes, matriculándote fuera de plazo, con actas falsificadas, con una funcionaria conocida que te cambia las notas y sin presentar el Trabajo de Fin de Máster.
“Tiene especial relevancia el Acta del Trabajo de Fin de Máster, que como sabes, nos fue remitida directamente por la Secretaría del Rector el pasado 21 de marzo a las 17:36. (…) Una circunstancia, estimado Rector, que no puede por menos que sorprender puesto que dicha acta no había sido solicitada por nosotros”
Falso. El equipo de Cristina Cifuentes llevaba todo el día presionando a la Universidad para que le enviasen toda la documentación disponible sobre su máster, todos los papeles que sirvieran para desacreditar la exclusiva de eldiario.es, que ese mismo día publicó que había conseguido un título universitario con notas falsificadas. Esa misma mañana, una amiga personal de Cifuentes y asesora de su Gobierno, Maite Feito, estuvo en el Rectorado como enviada. No fue la única de su Gobierno que habló con la Universidad para pedir papeles con los que desmentir nuestra noticia.
“Debo significar, en todo caso, que desconozco por completo el origen y el contenido de este documento”
Cuando Cifuentes presumía –“Por cierto, saqué notable”– debía saber también que el documento era falso. Si a mí me entregan un acta que dice que soy piloto de la NASA también sabría que es mentira al primer vistazo, sin necesidad de chequear ninguna firma ni encargar un peritaje caligráfico.
Por la misma razón, ella mejor que nadie debía saber ya entonces que ese papel era falso porque nunca defendió ese máster ante ningún tribunal el 2 de julio de 2012, como han confesado ya las profesoras. Cifuentes mintió y lo hizo en reiteradas ocasiones y con todo lujo de detalles, explicando incluso cómo fue su defensa, y que «duró poco, «unos diez o quince minutos». Unas mentiras bien gordas.
“Como alumna de este Máster, soy la primera interesada en esclarecer cualquier anomalía que haya podido existir en el proceso de obtención del mismo”
Falso. El principal interés de Cifuentes no es esclarecer unos hechos que ya están bastante claros, sino intentar sobrevivir políticamente y resistir a cualquier precio en la presidencia de Madrid.
“Con esta finalidad [esclarecer los hechos] he solicitado la práctica de diversas diligencias en la querella criminal ya interpuesta en el juzgado”
Falso. El objetivo de esa “querella criminal” contra dos periodistas de eldiario.es, contra Raquel Ejerique y contra mí, no es tampoco “esclarecer los hechos”. Cifuentes pide cárcel contra nosotros para intentar amedrentarnos y porque no tenía otra respuesta ante nuestras informaciones que esa amenaza, que anunció a través de un plasma.
“Tengo que poner de relieve, por mi parte, que en mi caso concreto me incorporé a este Máster (…) movida únicamente por el deseo de profundizar en el conocimiento de una materia de gran interés personal, como es el Derecho Autonómico”
Falso. Cifuentes se matriculó en ese título porque era imprescindible para presentar después la tesis doctoral y lograr el doctorado. Esa era su intención, que declaraba ella misma en su currículum en 2012, donde aseguraba que estaba “cursando el doctorado” en la URJC. Solo le interesaba ese título porque, si algún día dejaba la política y volvía a la Universidad, como doctora podía aspirar a regresar a una plaza de docente, y no la que tiene ahora que es como funcionaria de administración y servicios. Además, difícilmente iba a “profundizar en el conocimiento” de nada sin ir a una sola clase.
“Y me incorporé al Máster, porque inicialmente me encontraba en condiciones de cursarlo con plena dedicación, circunstancia que se vio alterada por mi nombramiento como delegada del Gobierno en Madrid”
Falso. Las clases eran jueves por la tarde, viernes por la tarde y sábado. Y Cifuentes no podría tampoco haber asistido en ese horario con “plena dedicación” porque los plenos de la Asamblea de Madrid, de la que era vicepresidenta, se celebraban entonces los jueves por la tarde. Además, es dudoso que el 28 de diciembre, cuando Cifuentes pagó su matrícula, no supiera ya que iba a ser nombrada delegada del Gobierno solo unos días más tarde. Ni tampoco es una dedicación muy plena matricularse en un curso cuando el primer trimestre ha terminado.
“Entiendo que haya personas que consideren que los requisitos establecidos no fueron suficientes, según sus propios criterios, y entiendo también que haya quien piense que mi esfuerzo no fue equiparable al suyo”
“A mí se me ofreció una modalidad y unos requisitos que no creo que hayan sido ni mejores ni peores que los que se hayan propuesto a otras personas en mis circunstancias”
Falso. Salvo que las “circunstancias” sean militar en el PP con un cargo importante o ser alguien cercano a Enrique Álvarez Conde. Solo así se podía lograr un título oficial en la URJC con estos inexistentes “requisitos”. Lo único que hizo Cifuentes fue pagar tarde la matrícula. Nada más ha quedado acreditado de su paso por la URJC.
“Hay que tener muy en cuenta, en este sentido, que el máster no me ha otorgado una titulación de la que yo no esté en posesión, y ello por dos razones. En primer lugar, porque mi Licenciatura de Derecho ya se corresponde con el nivel del Máster”
Falso. Cuando Cifuentes se matriculó, en 2011, ese máster era imprescindible para cursar el doctorado. Fue después, en el año 2014, cuando el Ministerio de Educación cambió las normas y permitió a los que ya tenían la vieja licenciatura de cinco años –en lugar del grado de cuatro– saltarse el máster para acceder al doctorado.
“En segundo lugar, yo ya contaba con un título de Máster en Administración Pública, cursado en 1999-2000 en el Instituto Universitario Ortega y Gasset”
Falso. Ese título no es un máster equiparable al que después recibió por la cara. No le valía para el doctorado y por eso Cifuentes tuvo que matricularse en la URJC. Ni siquiera se llama máster, sino “Curso Superior en Administración Pública”. Es de agradecer, al menos, que esta vez no lo llame “Máster en Administración Pública y Dirección de Empresas”, como asegura falsamente el currículum oficialde la presidenta.
“Quiero reiterar que siempre he actuado conforme a la legalidad y dentro del margen académico establecido en mi caso por la Universidad Rey Juan Carlos”
Falso. El único marco en el que se desenvolvió Cifuentes no fue el establecido por la Universidad, sino por los apaños del catedrático Enrique Álvarez Conde. En cuanto a la legalidad, pues ya veremos. Dependerá de cómo evolucione la investigación de la Fiscalía. Además, lo relevante en este caso no es si Cifuentes acaba o no imputada. Es que recibió un trato de favor por ser una política importante, que recibió un máster regalado en una Universidad pública, que mintió cuando eldiario.es descubrió ese abuso, que se defendió usando papeles falsificados y que sigue mintiendo cada día. No debería hacer falta nada más para asumir responsabilidades políticas.
“En ningún momento pretendí sacar ventaja entonces de ese Máster, ni pretendo sacarlo en el presente ni en el futuro, por lo que comunico formalmente mi decisión de renunciar a la utilización de ese título”
De izda a derecha: Figueruelo, Tur, Álvarez Conde, López de los Mozos, Allué y Nuño.
En la evaluación como profesora titular de Alicia López de los Mozos estaban el catedrático Álvarez Conde y compañeras del Instituto de Derecho Público como Rosario Tur o Laura Nuño
La normas de la Universidad Rey Juan Carlos piden que estas comisiones se ajusten a los principios de «imparcialidad» y «profesionalidad»
La profesora ha contado a la policía que fue coaccionada por el catedrático para participar en el engaño y que tiene grabadas las amenazas
Una maraña de relaciones universitarias cruzadas durante años ha sido el caldo de cultivo en el que terminó por germinar un título de máster como el de Cristina Cifuentes y la bola de mentiras que se han descubierto alrededor de este curso.
La fotografía de felicitación publicada el 21 de diciembre de 2017 por el IDP el día en que López de los Mozos superó la prueba es muy significativa: allí está Álvarez Conde quien ha llamado a la profesora una de sus «discípulas». Ahora López de los Mozos ha declarado que el catedrático la coaccionó para falsificar el acta. También se distingue a su pareja Rosario Tur, la catedrática de la Universidad Miguel Hernández de Elche en cuyo tribunal estuvo Álvarez Conde. En un extremo se ve a Laura Nuño quien dejó la subdirección del IDP hace una semana por «crisis de confianza».
Nuestra compañera Alicia López de los Mozos Díaz-Madroñero ha accedido a plaza de Profesora Titular de la @URJC. Felicidades!!!! pic.twitter.com/FylwyGMeKj
Álvarez Conde, Tur, Lopez de los Mozos, Nuño. Estos nombres se entretejen en artículos, publicaciones y grupos de investigación donde comparten puestos de coordinación, firmas y proyectos desde hace muchos años.
Revistas, libros, proyectos comunes
Álvarez Conde, Tur y López de los Mozos coinciden en el grupo de investigación del Instituto de Derecho Públicocentrado en la reforma constitucional y estatutaria y en el que también está la catedrática de Salamanca Ángela Figueruelo. Junto a estos docentes trabajan Cecilia Rosado y Clara Souto, dos de las profesionales cuyas firmas aparecieron en el acta fabricada de presentación del trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes.
López de los Mozos y Tur vuelven a coincidir en el proyecto del IDP centrado en la inmigración. Y el tándem López de los Mozos y Álvarez Conde comparte investigación junto a Nuño en un equipo de trabajo centrado en el derecho a la educación, según informa la web del instituto.
Más aún. Álvarez Conde es el codirector (junto a Tur) de la Revista Europea de Derechos Fundamentalesdel Instituto cuya subdirectora es López de los Mozos. Además, si se revisa la lista de publicaciones del organismo la relación se estrecha: el catedrático y la profesora López de los Mozos son los directores del volumen Estudios sobre la reforma de la ley orgánica del régimen electoral general editado en 2011. En el libro El privilegio jurisdiccional de las normas fiscales vascas (2010), Álvarez Conde figura como director y López de los Mozos como coordinadora.
«Imparcialidad objetiva»
Aunque fuentes jurídicas cuentan a eldiario.es que «hay criterios de jurisprudencia que dicen que no es invalidante que el maestro o director de tesis esté en el tribunal del discípulo», la composición del tribunal de López de los Mozos añade más elementos poco objetivos: «Hay otros dos miembros que tienen relación con la interesada que pueden suscitar dudas». Tres evaluadores pueden quebrar el «principio de imparcialidad objetiva establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, que debe preservarse la confianza del público y si puede verse menoscaba, no intervenir».
Ejemplos hay. Hace poco más de dos años, en enero de 2016, La Universidad del País Vasco dictó una resolución para que dos profesores se abstuvieran de un tribunal como el de López de los Mozos por haber dirigido la tesis y participar en « todas las publicaciones científicas de una de las candidatas» al puesto de profesor. Fueron ellos mismos los que solicitaron que se formara una comisión evaluadora diferente. Esta universidad les dio la razón al considerar que este supuesto suponía una «relevancia de la colaboración».
El plano general de esta fotografía guarda algunos detalles destacables: en el tribunal participaron la catedrática de la Universidad de Salamanca, Ángela Figueruelo y el profesor de la Universidad de Valladolid, Alfredo Allué Buiza.
España dedicó en 2017 más de 1.400 millones de euros a pagar tratamientos hospitalarios contra el cáncer con precios descontrolados y arbitrarios
Un ejemplo de las técnicas de los laboratorios: retirar un fármaco para volver a sacarlo al mercado un año después con un coste 12 veces superior
El cáncer es la encarnación del miedo a la muerte de nuestro tiempo. Las grandes empresas farmacéuticas lo saben y le están sacando beneficio
Imaginemos que hay un medicamento, vamos a llamarle por ahora X, que sirve para tratar la leucemia. Gracias a la investigación científica, se descubre que ese mismo fármaco además sirve para tratar la esclerosis múltiple. ¡Estupendo!, pensaría cualquiera, no solo por bondad sino por razones económicas: si un mismo producto sirve para varias enfermedades, eso evita costes de desarrollo de otro medicamento nuevo porque ya existe este. Además, si hay más pacientes pues la demanda será mayor y por tanto el precio puede bajar. Eso es lo que pensaría cualquiera, menos los gerentes de las grandes farmacéuticas
Digamos ahora que ese medicamento X contra la leucemia existe realmente y se llama MabCampath. Los laboratorios Sanofi tuvieron una idea muy diferente cuando descubrieron en 2012 que podía servir también para pacientes de esclerosis múltiple: retiraron el fármaco del mercado. Dijeron que por «razones comerciales» ( pdf) y decían la verdad.
Un año después, esta empresa volvió a sacar exactamente el mismo fármaco (alemtuzumab) pero con una marca diferente. ¿Por qué? El mercado de los fármacos contra la esclerosis es más caro que el de la leucemia, así que retiraron una marca para para sacar otra, Lemtrada, y catalogarla como medicamento para la esclerosis. Así podían ponerle un precio más alto, como los de otros medicamentos contra enfermedades degenerativas. Desde entonces, el sistema sanitario público paga alrededor de 36.000 dólares al año por paciente tratado con Lemtrada. Esto es 15 veces más que cuando se llamaba de otra forma, siendo el mismo medicamento.
Tres casos más parecidos a este aparecen documentados en un informe de la campaña No es Sano, que reúne a diferentes organizaciones sociales que luchan por un abaratamiento de los principales medicamentos. Son datos especialmente relevantes no solo por el componente ético sino por la repercusión que eso tiene sobre la sostenibilidad del sistema sanitario en países como España.
El sistema público de salud español gastó solo en fármacos y otros tratamientos para uso hospitalario 6.448 millones de euros en 2017. Por comparar: esa cifra de gasto es superior al presupuesto de Defensa para ese mismo año y está por encima de lo que se dedicará al personal del Ejército en 2018. Es mayor que las partidas recién aprobadas para Energía y Turismo y casi equivale a todo el dinero que gestiona el Ministerio del Interior. Mientras el Gobierno y las autonomías argumentan que no queda más remedio que mantener la austeridad en los servicios sanitarios, las farmacéuticas no dejan de facturar cada vez más. Mientras que en 2011 el precio medio de un fármaco era de 290,5 euros, en 2015 se situaba en 593,5 euros, según el informe anual del Ministerio de Sanidad.
Más del 20% de ese gasto hospitalario en tratamientos va a pagarle a estas multinacionales los medicamentos contra el cáncer, lo que sitúa la factura en oncología por encima de los 1.400 millones de euros el año pasado o incluso por encima de los 1.900 millones, según otros estudios. Las previsiones de las consultoras del «mercado sanitario» dicen que los hospitales son ya el mayor cliente de la industria, dejando atrás a la venta a través de farmacias.
Paralelamente, el Gobierno ha incluido mecanismos legales para que los gobiernos autonómicos no puedan recibir ayuda financiera si no firman un convenio que beneficia directamente a los grandes laboratorios. Un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la patronal garantiza un nivel de gasto público anual constante en medicamentos de marca. El mecanismo esconde una perversión: supone una financiación indirecta con fondos de emergencia al negocio de grandes empresas.
En España algunas de las terapias más empleadas para tratar tumores alcanzan los 30.000 euros y algunas llegan a los 100.000 euros al año por paciente. Estas cifras son estimaciones de la decena de organizaciones que participan en No es Sano [desde Médicos del Mundo a la Organización Médica Colegial de España] porque los ciudadanos en realidad no sabemos cuánto estamos destinando de nuestros impuestos a pagar estos tratamientos.
¿Por qué pagamos lo que pagamos?
«¿Esto es un saqueo? No, es el mercado, amigo», dijo Rodrigo Rato para explicar los efectos de la crisis financiera en los ciudadanos. El precio de los medicamentos contra el cáncer también depende única y exclusivamente del mercado y no está regulado de la misma manera que otros servicios como la energía o las telecomunicaciones.
Como explicamos en este especial de eldiario.es, el sistema de fijación de precios de medicamentos en España es opaco y responde a criterios arbitrarios. El precio para la sanidad pública no depende de cuál fuera el coste de producción e investigación del fármaco y tampoco hay un margen de beneficio estipulado para este tipo de tratamientos. Las multinacionales farmacéuticas pueden simplemente negociar cualquier margen de beneficio con los gobiernos, y se hace además en una negociación con una comisión de responsables políticos en varios ministerios. Solo en los últimos meses hemos empezado a conocer algo de las reuniones secretas donde se negocia y decide, lo que deja mucho margen para el lobby farmacéutico y, dicho suavemente, «el conflicto de intereses».
En Estados Unidos, que es donde se fija el precio inicial de los medicamentos que luego servirá para negociar con otros países, los ingresos de las farmacéuticas por tratamientos oncológicos se han duplicado en diez años. Para las autoras del informe de No es Sano, Irene Bernal y Eva Iráizoz, «el sistema incentiva que la industria marque los precios de los nuevos medicamentos protegidos por patente en función de lo que el mercado pueda soportar para obtener el máximo beneficio posible». Esto se hace siempre con el argumento de que, como empresas, son las únicas con capacidad de investigar y que, por tanto, tienen el derecho y la responsabilidad de hacer rentable su negocio y seguir investigando.
Cada vez son más voces expertas las que alertan sobre los mitos de la innovación farmacéutica. Datos de la European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) muestran que solo un 16% del total de los ingresos por venta de fármacos fueron destinados a investigación. El reparto de dividendos de algunas de estas empresas como Roche o Pfizer supera el 23% del presupuesto. Estas grandes farmacéuticas dedican más dinero a repartir beneficios que a invertir en una investigación que, en sí misma, está en discusión porque se centra en hacer pequeñas modificaciones a los medicamentos para volver a patentarlos y blidar su comercialización de nuevo, lo que impide que puedan democratizarse.
En el ejemplo del principio, según los datos de No es Sano, el 70% de los ensayos clínicos con el alemtuzumab fueron financiados por centros de investigación, universidades o fondos públicos. Solo el 13% fue sufragado por la propia empresa comercializadora. Esta participación pública o académica en las fases de investigación no es una excepción en la industria y es especialmente habitual en los fármacos contra el cáncer.
El cáncer es ya la primera causa de muerte entre las personas mayores de 40 años y también entre los niños menores de 14. Ataca de repente y rompe familias; o ataca poco a poco y las somete a una agonía imposible. Cada año se diagnostican unos 250.000 casos en España. El mejor control de otras enfermedades, algunos hábitos nocivos y el alargamiento de la esperanza de vida convierten al cáncer en la encarnación del miedo a la muerte de nuestro tiempo. Las grandes empresas farmacéuticas lo saben y están especulando con ello.
[30] Los guardias civiles de Alsasua hablan de “pelea”, aseguran que temieron por su vida y que nadie les ayudó
El teniente agredido en Alsasua: «Nadie se acercó a ayudarme. Los golpes venían de todas partes. Temí por mi vida» EUROPA PRESS
Los agentes y sus parejas reconocen como agresores a varios de los acusados, que les propinaron “golpes, empujones y tirones”
“Esa sensación de odio no la había sentido nunca”, sostiene el sargento
“Desde aquel día perdí mi vida, mi hogar. Lo perdí todo. Me da miedo volver a Alsasua”, sostiene la pareja del teniente
Los guardias civiles que denunciaron la agresión del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka de Alsasua se han referido este martes a lo que sucedió como a una “pelea” y han asegurado que ante los “golpes, empujones y tirones” que recibieron llegaron a temer por su vida. Así lo han declarado durante la segunda sesión del juicio del caso que ha tenido lugar en la Audiencia Nacional en la que también han declarado sus respectivas parejas.
El teniente ha relatado lo sucedido aquella noche como un “calvario eterno”, y ha refutado las declaraciones que efectuaron ayer los acusados, que negaron haber participado en la agresión. Ha asegurado que entre los agresores sí estuvieron Jokin Unamuno –“de los más activos al empezar la pelea, el que motivó el inicio de la pelea”– y Adur Ramírez, dos de los encausados que están en prisión provisional, Julen Goikoetxea –en libertad provisional– y que Oihan Arnanz –el tercero encarcelado- estaba cerca de él mientras recibía golpes por la espalda.
En su declaración, el agente ha asegurado que, la noche del 14 de octubre de 2016 él y su pareja decidieron salir a cenar con el sargento de la guardia civil y su novia dado que éstos llevaban poco tiempo en Alsasua. Tras cenar en el restaurante de los padres de María José, novia del teniente, decidieron acudir al bar Koxka, un local al que iba “habitualmente” porque tenían un vino que le gustaba especialmente. Ha señalado que el bar “no era del tipo abertzale” y que no acudía allí gente “abertzale”, sino que estaba frecuentado por gente “normal”.
El teniente ha ratificado la versión de la Fiscalía, al señalar que entraron en el Koxka sobre las dos de la madrugada del día 15 de octubre de 2016. Que pidieron varias consumiciones y que él suele beber ginebra con 7 up. Aunque no recuerda exactamente lo que pidió ese día, sí ha asegurado que fue una bebida con alcohol. Ha explicado que había “buen ambiente” en el local, aunque, como en otras ocasiones, sí que vio que había gente que se fijaba en ellos y que incluso los señalaban. Todo estuvo tranquilo hasta que él mismo fue al baño. Al salir, un joven al que ha identificado como Oihan Arnanz le preguntó si era “madero” y otro, que ha señalado que fue Jon Ander Cob, otro de los acusados, le trató de impedir el paso, aunque finalmente lo esquivó. Después les lanzaron varios vasos de chupito de plástico vacíos y no le dieron importancia.
Siempre según su versión, posteriormente entró al bar Jokin Unamuno, que directamente se acercó al grupo de los guardias civiles y se encaró con el sargento. El teniente se interpuso y le dijo que les dejara en paz pero fue entonces cuando “empezó el jaleo” y tanto el propio teniente como su pareja y el sargento y su novia empezaron a recibir “golpes por la espalda” así como patadas “en la cabeza y la espalda”. Recibió, ha insistido, “patadas y golpes de todo tipo”, por lo que decidieron salir del bar. Justo en la puerta, vio a Adur Ramírez y a Julen Goikoetxea –a los que ha identificado “sin ninguna duda”– dándoles puñetazos y, una vez fuera, cayó al suelo. “Estaba muy aturdido pero conseguí hacer un par de llamadas”, ha señalado.
Una vez en el suelo, al teniente le golpearon “constantemente”, aunque “sobre todo en la cabeza”. Y estaba rodeado de “entre 15 y 20 personas. Preguntado por la Fiscalía, el teniente ha asegurado que nadie le ayudó. “Nadie se acercó a mí a ayudarme”, ha recalcado, antes de asegurar que temió por su vida. “Perdí la noción de estar ahí y me estaba yendo. No podía hacer nada y veía que eso no cesaba”, ha apuntado.
Así, y aunque continuamente se ha referido a lo sucedido como una “pelea”, ha asegurado que el único momento en el que se enfrentó a los supuestos agresores fue a las puertas del bar Koxka, pero que su interés no era mantener ningún conflicto sino que lo que quería “era salir de ahí”. No ha considerado que él y sus compañeros “provocaran” a los atacantes, y ha asegurado que no querían causar ningún perjuicio nadie.
También ha indicado estar “seguro” de que todos los atacantes conocían que tanto él como su compañero eran guardias civiles. Y ha descrito el clima que se vivía en Alsasua como de “muy peculiar” para los agentes y sus familias. Ha explicado, por ejemplo, que nada más llegar al pueblo le recomendaron evitar ciertos bares y que, tras la agresión, tuvo que solicitar un traslado ante el riesgo de que cualquier actuación que llevara a cabo fuese interpretada como “una provocación” por los vecinos. Asimismo, ha identificado a varios de los acusados como participantes en actos como el Ospa Eguna –jornada dedicada a pedir la salida de los fuerzo y cuerpos de seguridad del Estado de Navarra– y ha asegurado que Jokin Unamuno figuró como el convocante de uno de esos actos.
El sargento, el otro guardia civil que denunció la agresión, ha relatado la misma versión que su compañero y ha lamentado que de todas las personas que presenciaron el ataque “nadie” les ayudó, e “incluso algunos jaleaban la agresión”. También ha recordado haber escuchado varios insultos de los jóvenes que les rodearon, como “hijo de puta” o “txakurra”, así como que les dijeron “esto lo vais a tener cada vez que salgáis de arriba”, en alusión al cuartel de la Guardia Civil de Alsasua. Además de identificar a varios de los acusados, el sargento ha asegurado que nunca había vivido una situación como la que padeció en la localidad navarra el 15 de octubre de 2016. “Temí por mi vida porque estábamos en inferioridad. Esa sensación de odio no la había sentido nunca”, ha remachado. Del acusado Oihan Arnanz ha añadido, además, que le vio “pegar puñetazos y patadas con una habilidad como si fuera conocedor de artes marciales”. Pero él ha negado haber agredido a nadie: “con toda seguridad le digo que yo no di ningún manotazo a nadie”
Ambos guardias civiles han considerado que el ataque no fue fortuito sino que hubo una premeditación y que al menos hubo una comunicación entre los agresores para planificarla.
“Recuerdo el odio y la saña”
Uno de los testimonios más duros ha sido el de María José, la novia del teniente de la Guardia Civil, que ha refrendado la versión aportada por los agentes y que ha identificado a seis de los acusados como agresores. No obstante, ha situado en el centro de la agresión a Jokin Unamuno: “por él empezó la agresión. Si él no hubiese atacado la agresión no estaríamos aquí”. “Recuerdo el odio y la saña con la que le pegaban a Óscar –su pareja– en la cabeza”, ha rememorado, ante las preguntas de las acusaciones. “Hubo un momento en el que él sangraba y la gente seguía pegándole. Tenía el tobillo roto y la gente seguía pegándole”, ha dicho. También ha confirmado que nadie les auxilió. “La gente jaleaba y aplaudía. No puedo entender cómo puede seguir pasando”, ha señalado.
La joven ha relatado, emocionada, las consecuencias que para ella tuvo el suceso. “Desde aquel día perdí mi vida, mi hogar. Lo perdí todo”, ha asegurado, antes de remarcar que se ha tenido que ir a vivir fuera de Alsasua y que tan solo regresa para ver a sus padres. “Todo el mundo se alejó de mí por miedo. Me aislaron totalmente. Me da miedo volver a Alsasua”. Por ello, ha reiterado que, a partir de lo ocurrido en el bar Koxka su vida y la de sus padres empezó a “ser un infierno”. Empezó entonces a recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico. “Se destrozó mi vida por completo. Me sentía sola, traicionada. Sentí la necesidad de quitarme del medio y tuve ideas suicidas”, ha reconocido
Sin acuerdo pactado entre las Cortes Generales y sin ratificación del mismo en referéndum no hay integración pacífica posible
La «coacción federal» figura en el artículo 155 de la Constitución como forma de imponer una suspensión temporal del derecho a la autonomía ante un ejercicio desviado del mismo por los órganos de gobierno de una Comunidad Autónoma. Se trata de corregir ese ejercicio desviado, para volver lo más pronto posible a la normalidad, es decir, a un ejercicio de tal derecho de conformidad con la Constitución.
Es posible que esa fuera la idea que tenía en la cabeza el presidente del Gobierno cuando decidió activar el 155 de la Constitución. Y estoy seguro de que a una interpretación como ésta fue a la que dio su consentimiento el secretario general del PSOE. Suspensión temporal lo más suave posible de tal manera que se pudiera volver a la vigencia íntegra del «bloque de la constitucionalidad» en Catalunya.
Pero a medida que se prolonga el tiempo de aplicación de las medidas aprobadas por el Senado y avanzan los procesos judiciales, que no forman parte del diseño del 155 de la Constitución, pero que se han convertido en una pieza esencial de la respuesta que se le está dando desde el Estado al «procés» puesto en marcha por el nacionalismo catalán, más difícil (¿tal vez imposible?) parece que se pueda volver a la normalidad y más verosímil parece que la activación del 155 de la Constitución haya sido la certificación de la quiebra definitiva de la Constitución Territorial de 1978.
El pacto territorial constituyente era un acuerdo que partía de la existencia de un derecho a la autonomía que la Constitución «reconocía» (art. 2 de la Constitución). No era el poder constituyente del «pueblo español» el que creaba ex novo el derecho a la autonomía de las «nacionalidades y regiones», sino que el poder constituyente reconocía la existencia de tal derecho y se limitaba a establecer un marco jurídico para el ejercicio del mismo.
Dicho marco jurídico descansaba en dos pilares: el acuerdo entre el Parlamento de la «nacionalidad» y el Parlamento del Estado y la ratificación de dicho acuerdo por el cuerpo electoral de la nacionalidad destinataria del mismo.
Quien repase la Constitución verá que eso y nada más que eso fue lo que previó el constituyente para la integración de las «nacionalidades» en el Estado. El constituyente español únicamente contempló la participación de órganos constitucionales legitimados democráticamente de manera directa. Porque únicamente órganos que disponen de esta legitimidad pueden pactar. Y la integración de las «nacionalidades» en el Estado se contempló como el resultado de un pacto y nada más que de un pacto. Por eso, el constituyente no contempló en ningún momento la participación del Tribunal Constitucional en la definición del pacto de integración de las «nacionalidades» en el Estado.
El Pacto «estatuyente» es complementario del pacto «constituyente». Ambos son pactos exclusivamente políticos, en los que no pueden participar órganos jurisdiccionales, sean de la jurisdicción constitucional o de la jurisdicción ordinaria. Los tribunales no solo pueden, sino que deben intervenir en la interpretación que se haga a posteriori del «bloque de la constitucionalidad» por parte de los órganos constitucionales encargados de dicha interpretación: el Gobierno de la Nación y las Cortes Generales, por un lado, el Gobierno y el Parlamento de la «nacionalidad», por el otro. Los actos de aplicación de la Constitución y del Estatuto de Autonomía sí son controlables por el Tribunal Constitucional o por los tribunales de justicia, dependiendo de que los actos sean leyes o disposiciones o actos sin fuerza de ley.
Este es el diseño constituyente para la integración de las «nacionalidades» en el Estado. La lógica del diseño salta a la vista. La integración no es una operación de «aplicación», sino de «creación» del derecho. De creación del derecho al máximo nivel en que es posible hacerlo en el Estado Constitucional. Por eso se habla de «bloque de la constitucionalidad». Únicamente el Estatuto de Autonomía puede integrarse en dicho bloque. En esa operación de creación del derecho al máximo nivel, que justamente por eso es una operación exclusivamente política, no tienen cabida órganos jurisdiccionales, sean constitucionales u ordinarios.
Cuando se desconoce este diseño, el resultado no puede ser más que la catástrofe. Hemos ido viéndola venir desde que se aprobó la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya en 2006. El centro de gravedad se desplazó de las Cortes Generales y el Parlament al Tribunal Constitucional y desde ese momento nos hemos deslizado inexorablemente hasta donde nos encontramos ahora mismo.
Sin acuerdo pactado entre las Cortes Generales y sin ratificación del mismo en referéndum no hay integración pacífica posible. La integración será el resultado de la coacción, de la fuerza, disfrazada de resoluciones judiciales, pero nada más que disfrazada. En cuanto se rasca un poco, no aparece nada más que la ley del más fuerte.
Esto es lo que ha supuesto la activación del artículo 155 de la Constitución. Le evidencia empírica de que disponemos nos indica que con base en la ley del más fuerte no se suelen encontrar fórmulas de convivencia estables.
[32] Montoro se reafirma tras ser emplazado por el juez Pablo Llarena
El juez Pablo Llarena reclamó este miércoles al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe cuanto antes de en qué datos objetivos basó sus declaraciones en una entrevista a EL MUNDO, en la que dijo tener la certeza de que no se había gastado dinero público en la organización del 1-O. El magistrado del Tribunal Supremo destaca que esa afirmación del ministro contradice las pruebas acumuladas en la investigación, que cifran lo malversado en 1,9 millones.
A última hora de este miércoles, Hacienda emitió un comunicado que no rectifica ni matiza la afirmación del ministro, sino que resalta la «seguridad» que el control de Hacienda ha dado al uso del dinero de la Generalitat. Y de paso, parece reprochar al juez que no haya pedido antes la documentación que lo atestigua.
También a última hora, fuentes personadas en la causa informaron de que el juez ha alzado el secreto que pesaba sobre parte de la investigación de la financiación del 1-O. La decisión saca a la luz que, según la Guardia Civil, la cifra de dinero público presuntamente malversada asciende en realidad a 1,9 millones euros. Hasta ahora, la cantidad que se manejaba -y que se reflejó en el auto de procesamiento del pasado 23 de marzo- era de 1,6 millones. Los nuevos informes de esa parte hasta ahora secreta lo cifran en 1.915.067,22 euros.
El instructor tomó la decisión de dirigirse al ministro después de que repetidamente los procesados que han comparecido ante él a lo largo de la semana hayan citado sus palabras como prueba de que no cometieron un delito de malversación de caudales públicos.
En la providencia dictada este miércoles, el juez acuerda lo siguiente: «Habiéndose objetado por varios de los procesados, en las declaraciones indagatorias […], la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros, y fundado sus alegatos en unas declaraciones del ministro de Hacienda en las que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación […], lo que contradice las fuentes de prueba recogidas en esta instrucción, requiérase al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, D. Cristóbal Ricardo Montoro Romero, a fin de que informe, a la mayor brevedad posible, sobre el concreto soporte objetivo de tales afirmaciones».
El comunicado de Hacienda responde que «aportará al juzgado toda la documentación donde se detalla el control de la ejecución presupuestaria que ha dado seguridad a los ciudadanos catalanes y al resto de españoles». El Ministerio comienza diciendo que «valora positivamente el requerimiento del juzgado, ya que da la oportunidad a este departamento de aportar al Tribunal Supremo todas las actuaciones de control a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña«. Unas actuaciones, precisa, «que hasta ahora no se habían solicitado».
Hacienda explica que en 2015 puso en marcha «diversos controles» sobre las cuentas de la Generalitat, y que esos controles fueron reforzados en julio de 2017. Finalmente, en septiembre del año pasado, se aprobó «la intervención del propio presupuesto de la Generalitat», una situación «que se mantiene en la actualidad».
El comunicado no incluye ninguno de los matices que sí había introducido horas antes la secretaria general de Financiación Autonómica, Belén Navarro. En la Comisión de Presupuestos, afirmó que lo que se puede decir es que no ha habido dinero público del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y de las entregas a cuenta del Estado. «Desde ese punto de vista», la afirmación sería cierta. «Sin embargo», matizó, «tengo que decir que este tema está siendo objeto de estudio por parte de los tribunales por si considerasen que se ha desviado algún dinero que no corresponda a lo que he comentado, o bien que el pago de facturas que está certificado por interventores realmente no correspondiera a tal fin».
Llarena acaba de procesar a los ex miembros del Govern por un delito de rebelión agravado por ese gasto de dinero público, que Llarena cifra provisionalmente en 1.602.001,57 euros. Además, la Fiscalía y el Supremo están centrados en afianzar la imputación por malversación, que podría ser la única por la que Alemania aceptara juzgar al ex presidentCarles Puigdemont. A eso se suma que es previsible que la defensa de Puigdemont también esgrima las palabras de Montoro -y su ratificación de anoche- para pedir al tribunal alemán que tampoco le entregue por malversación.
El reparto que expone el juez es el siguiente:
Los relativos al desarrollo de la campaña de registro de catalanes en el extranjero para la emisión de su voto, por un importe de 224.834,25 euros.
Los relativos a la campaña de publicidad y difusión del referéndum, por importe de 277.804,36 euros.
Los atinentes al suministro de papeletas, al censo electoral y a las citaciones a personas integrantes de las mesas electorales, realizados por Unipost, por un importe total de 979.661,96 euros.
Por la participación de observadores internacionales, la cantidad de 119.700 euros.
[33] Enfrentamiento entre una edil de Ahora Madrid y empleados de centros deportivos municipales que piden saber qué pasará con sus puestos de trabajo
Quieren saber cuanto antes qué va a ser de ellos dentro de cuatro meses, cuando finalice la concesión de los cinco centros deportivos municipales en los que trabajan y el Ayuntamiento asuma, como ya ha avanzado, la gestión directa de las instalaciones. Para intentar obtener una respuesta, parte de los 250 trabajadores que temen quedarse sin empleo fueron este lunes a la Comisión de Cultura, para obtener explicaciones de la alcaldesa, Manuela Carmena, y el martes por la tarde acudieron al Pleno del distrito de Tetuán, donde se ubica uno de los centros afectados, el Antonio Díaz Miguel, para escuchar a la concejala del distrito, Montserrat Galcerán.
Pero ni una ni otra aclararon la cuestión. Si el lunes Carmena se ausentó de la comisión -por otros compromisos- y no compareció para hablar de los centros deportivos municipales, Galcerán tampoco lo hizo, al cancelarse el Pleno en el momento de su comparecencia (último punto del día), cuando PP, PSOE y Cs se fueron porque la presidenta no dejó pasar a los trabajadores afectados.
«Estábamos dentro con pancartas pero a las 19.00 h. salimos para una concentración a las puertas de donde se estaba celebrando la comisión y luego no nos han dejado volver a entrar, nos han dicho que Galcerán había dado la orden de no dejarnos pasar», explica a EL MUNDO un representante del Antonio Díaz Miguel.
Ante esta situación, el grupo Cs, que había pedido la comparecencia de la presidenta del distrito, decidió no seguir en la sala. Para la edil Sofía Miranda no era lógico que Galcerán diera explicaciones si los afectados no podían escucharla. «Era una comparecencia por y para los trabajadores. Si ellos no podían escuchar las respuestas del Gobierno no tenía sentido«, declara. Así que se han levantado, y junto con los concejales del PP y del PSOE, han abandonado el Pleno. «Galcerán votó a favor de la subrogación pero cuando tenía que explicar cómo lo iba a hacer impidió la entrada a los trabajadores afectados», critica Miranda.
Los ánimos siguieron encendidos fuera. Si el lunes, el director general de deportes del Ayuntamiento de Madrid, Francisco Javier Odriozola, dijo en la comisión del ramo que continuarán en los centros «los trabajadores que tengan derecho a subrogación según los convenios», algo que inquietó a los afectados que dieron por hecho que «habrá despidos», ayer, Galcerán afirmó que intentarían subrogar al máximo posible. Además dijo que la concesionaria no podía seguir aunque quisiera porque no tenía «solvencia».
Un día después, Montserrat Galcerán ha matizado sus palabras ante los medios de comunicación al expresar que «se busca subrogar a todos los trabajadores de los centros deportivos» pero hay «situaciones distintas» y no todos tienen el mismo tipo de contrato ni están en plantilla. Además ha aclarado que con la «remunicipalización de los centros se busca ofrecer un mejor servicio», recoge Europa Press.
El representante del centro de Tetuán -los otros centros afectados son de Carabanchel, Ciudad Lineal, Salamanca y Latina- denuncia que desde el Ayuntamiento no les hablen claro «y que nos mientan a la cara». «En privado nos dicen que las competencias no son suyas, del distrito, pero luego parece que sí van a decidir» y, además, «prometieron visitar las instalaciones y aún estamos esperando».
Tras el altercado, un asesor de la Junta de Distrito llamó a los trabajadores para ofrecerles una reunión con la concejala presidenta.
Los 250 afectados, más los 30.000 usuarios que también sufren las consecuencias de esta incertidumbre, no descartan ir a la vía judicial si el Ayuntamiento no les da una solución.
«Está jugando con el futuro de los trabajadores»
El portavoz municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado este miércoles el centro deportivo de Tetuán y ha pedido al equipo de Gobierno que «subrogue a todos los trabajadores» porque «en este momento está jugando con el futuro» de estos empleados.
«¿Es esta la prioridad social del Gobierno de Manuela Carmena, la emergencia social era venir y despedir a trabajadores que cuentan con la plena satisfacción de los usuarios? Creemos que tiene que rectificar», ha indicado Martínez-Almeida. «Lo único que le estamos pidiendo es que no estropee lo que funciona» y que «atienda a los usuarios, a los trabajadores y no únicamente a sus dogmas ideológicos».
Sobre el altercado producido en el Pleno de distrito ha indicado que «el Gobierno de la participación sólo quiere la participación cuando respalda las decisiones que ya tiene tomadas» y ha denunciado que «hemos ido a muchos plenos de distrito en los que se ha expulsado a los vecinos que discrepaban de los concejales del equipo de Gobierno y en esto las especialistas suelen ser Montserrat Galcerán y Rommy Arce».
[34] Una concejal de Carmena califica la ‘operación Chamartín’ de «pelotazo»
La edil de Usera participa junto a otro concejal de Carmena en un acto contra la «especulación»
Que no hay peor cuña que la de la misma madera bien lo sabe la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, cuyos ediles díscolos ponen piedras en el camino cada poco tiempo criticando las políticas del propio gobierno del Ayuntamiento del que forman parte.
Ayer, en un nuevo capítulo, los ediles Rommy Arce y Pablo Carmona participaron en un acto contra «la especulación» y «el desequilibrio» que traerá la operación Chamartín. Un acto auspiciado por la candidatura anticapitalista a las primarias de Podemos en Madrid que suponía, de facto, un disparo en la línea de flotación del Consistorio, que lleva a gala el preacuerdo alcanzado con los promotores BBVA y San José para desarrollar la operación.
En un discurso muy teórico -Carmona es historiador y especialista en ‘pensamiento sobre desarrollo de ciudades’-, el edil de Moratalaz y Salamanca aseguró que la operación Chamartín, tal y como está planteada, supone una «nueva primavera financiera-inmobiliaria, una primaverilla del empleo» que tienen intenciones «extractivas» para favorecer intereses «neoliberales», opuestos a «la lógica del bien común» que deben tener las instituciones públicas.
Para Carmona, hay un «actor» fundamental en la operación, Adif, que mantiene «una deuda de 16.000 millones de euros» y para la que la operacion supone «un balón de oxígeno» que se vende como «una solución a la crisis pero es solo la extensión de la crisis», ya que «al final quien responde de estos desaguisados son las cuentas públicas». «Pagaremos con nuestra Sanidad y Educación».
Carmona considera que el planteamiento urbano «desequilibrará» la región, pero advirtió a los mas de 200 asistentes al acto en el Círculo de Bellas Artes: «Tenemos un marrón encima de la mesa de proporciones épicas, pero estamos a tiempo de pararlo», dijo Carmona, que admitió que Ahora Madrid tiene «parte de responsabilidad» en lo que pueda ocurrir pero «hemos tomado medidas para solucionarlo».
En el acto, en el que participaron integrantes de IU o Ecologistas, se criticó abiertamente que el programa de Ahora Madrid no contemplaba un diseño de la operación como el aprobado y se subrayó la división que «ahondará entre el norte y el sur de la ciudad». Arce les dio la razón: «Todos compartimos un objetivo muy claro, impedir que nuestra ciudad siga siendo un tablero de Monopoly donde siempre gana la banca».
Arce criticó abiertamente al equipo de Gobierno del que forma parte, que al principio consideraba «innecesario» este tipo de operaciones, como recogía el programa y luego cambió de opinión. «Tenéis toda la razón en preguntaros por qué hemos fallado», afirmó la concejala que también arremetió con el exiguo número de viviendas protegifas contempladas en el programa -2.200 de 11.000-. «Este es un proyecto que desequilibra el territorio, huele a pelotazo y vuelve a segregar nuestra ciudad», aseveró la concejal.
[35] Carolina Bescansa filtra un pacto con Íñigo Errejón para desbancar a Pablo Iglesias
Iñigo Errejón y Carolina Bescansa estarían pactando un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones en la Comunidad de Madrid y desbancar a Pablo Iglesias de la dirección de Podemos, según un documento que se ha colado en el canal de Telegram de la diputada. Además, en su acuerdo, dejarían fuera de las listas de Madrid al secretario general de la formación en la región, el senador Ramón Espinar, cercano a Pablo Iglesias y que en los últimos días estaba negociando con Errejón su candidatura para las primarias del partido.
El acuerdo sitúa a Besacansa como número dos de Errejón en las listas de Madrid de las elecciones autonómicas y se mantendría de cara a las primarias del partido previas a las elecciones generales y la próxima elección de la secretaría general del partido. Errejón se comprometería a respaldar a Bescansa en su pugna por las primarias estatales.
“Este acuerdo es vinculante para la formación de la lista para competir en las elecciones primarias de Podemos en la CAM (Comunidad Autónoma de Madrid) y también para la conformación de la lista para competir en las futuras elecciones primarias de Podemos de cara a las elecciones Generales y en el futuro proceso electivo de la secretaría general del partido. En el primer caso, se acuerda el respaldo a la candidatura de Iñigo Errejón a través de la integración de Carolina Bescansa en su lista como número dos. En el segundo y tercer caso, se acuerda el respaldo a la candidatura de Carolina Bescansa como número uno a través del apoyo de los equipos, estructuras y recursos disponibles en el momento en que ambos comicios tengan lugar”, recoge el documento en el segundo punto. El documento señala que no podría haber alteraciones en eventuales negociaciones con otras fuerzas políticas, sin que quepa la alteración de este orden a partir de la formación de confluencias.
Iñigo Errejon
Errejón niega estar jugando a dos barajas con el apoyo de Iglesias a su candidatura mientras le prepara el patíbulo
Íñigo Errejón niega relación alguna con este documento, que parece la prueba de una conspiración interna en Podemos para apartar a Pablo Iglesias, aunque admite que había ofrecido a Bescansa un puesto en su lista. No obstante, el precandidato subraya que en esa lista en la que habría ofrecido un puesto a la diputada gallega, también había sitio para Espinar y Lorena Ruiz-Huerta, actual portavoz parlamentaria de Podemos en la Asamblea de Madrid, y miembro del sector anticapitalista Podemos en Movimiento, corriente que esta noche se reúne para decidir cómo concurre a las primarias madrileñas.
El documento filtrado es muy duro con la actual dirección y línea políticas de Podemos, y no oculta que su objetivo final, en un plan por fases, es apartar a la corriente de Pablo Iglesias, ganadora rotunda del congreso de Vistalegre II –en el que Errejón logró un respetable tercio de los votos, y la candidatura de Bescansa fue ninguneada por las bases–, y a la que se responsabiliza de las actuales modestas espectativas de voto de Podemos. Que paradójicamente son las mismas que en febrero de 2917, en plena batalla entre errejonistas y pablistas: en torno al 18% de los votos.
Desde la dirección de Podemos se guarda silencio, y no habrá una reacción oficial a este documento que insinúa un doble juego de Íñigo Errejón, pactando su candidatura a la Comunidad de Madrid con el sector oficialista de Iglesias y Espinar, a la vez que se estaría negociando con Carolina Bescansa un documento en el que expresamente se habla de utilizar los recursos del grupo parlamentario madrileño para preparar la defenestración del actual secretario general de Podemos en las primarias previas a las generales de 2020.
La naturaleza conspirativa del documento, a pesar de que Errejón diga no conocerlo, y Bescansa le conceda solo categoría de “borrador filtrado por error”, lo constituye en un texto sin precedentes en la política española, un golpe de estado financiado con los recursos obtenidos merced al apoyo político de la víctima. Lo nunca visto.
El PSOE ofrece a Manuela Carmena, la candidata que quiere presentar de nuevo Podemos, encabezar su lista en Madrid
Por si las primarias madrileñas de Podemos no estuvieran bastante calientes, el diario El País ha revelado a primera hora de la tarde de hoy que el PSOE madrileño habría ofrecido a la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, líder de la candidatura ciudadana Ahora Madrid en la que está integrada Podemos, ser número uno de su lista por la alcaldía. Con Carmena fuera de España, la iniciativa socialista parece tratar de aprovechar la compleja –por decirlo suavemente– relación entre las distintas familias que conforman Ahora Madrid, y las dudas que eso suscita en Carmena a la vez que pone de manifiesto que el PSOE renuncia a encontrar un candidato de la suficiente solidez como para derrotar a la actual alcaldesa. La información ha sido confirmada por el portavoz del grupos socialista en la Asamblea, José Franco, que también reconocer que Manuela Carmena no aceptó la oferta.
La operación supone, de hecho, señalar al votante socialista que la opción preferida del PSOE para la alcaldía de Madrid es la candidata de Podemos. Algo nunca visto. Y van dos.
[36] Bescansa filtra por error su plan para liderar Podemos con el apoyo de Errejón
Pablo Iglesias, entre Carolina Bescansa e Íñigo Errejón, en una imagen de archivo.
El documento, publicado fugazmente en su canal de Telegram, recoge que acepta ser la 2 en la lista de la Asamblea de Madrid si le apoyaba a ella como líder del partido
El equipo de Errejón rechaza ninguna negociación: «No sabemos qué es ese documento. No lo habíamos visto y no lo vamos a aceptar»
Carolina Bescansa: «Ese borrador no constituye ningún acuerdo ni ha sido validado por Íñigo Errejón ni por mí»
Carolina Bescansa quiere aunar fuerzas con Íñigo Errejón para lograr el control político y orgánico de Podemos, empezando por la candidatura a la Comunidad de Madrid, después las elecciones generales y, finalmente, la Secretaría General del partido. Así se desprende de un documento [ aquí íntegro] que la diputada ha publicado fugazmente en su canal de Telegram. El equipo de Errejón ha negado a eldiario.es que el diputado forme parte de ningún plan en este sentido. «No vamos a aceptar esa propuesta», han zanjado.
eldiario.es también ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con Carolina Bescansa antes de publicar esta información. A las 17.48 de la tarde, Bescansa ha publicado un mensaje en el mismo canal de Telegram para explicarse: «Hace unos minutos se ha filtrado por error un borrador de documento desde este canal de Telegram del que muchos medios de comunicación se están haciendo eco. A lo largo de la tarde daré explicaciones ante los medios, pero vaya por delante que ese borrador no constituye ningún acuerdo ni ha sido validado ni por Iñigo Errejon ni por mí».
El documento publicado, parece que por error al haber sido borrado casi de forma inmediata, se titula Propuesta-borrador de acuerdos en la negociación conducente a la constitución de una candidatura de unidad en las primarias de Podemos en la CAM.
Según el plan ahí trazado Bescansa sería la número dos de Errejón en las primarias que el partido tiene previsto celebrar en los próximos días en la Comunidad de Madrid para las elecciones de 2019. A cambio, Errejón apoyaría a Bescansa tanto en las futuras primarias para intentar liderar la lista a las elecciones generales previstas en 2020 como en la recuperación del control orgánico del partido en la III Asamblea Ciudadana que debería celebrarse, en principio, con posterioridad.
Fuentes del equipo de Errejón rechazan que haya negociaciones con Bescansa en este sentido. «Íñigo había invitado a Carolina a la lista como su número dos, como también en otros puestos a Ramón [Espinar] y a Lorena [Ruiz-Huerta]. No sabemos qué es ese documento. No lo habíamos visto y no lo vamos a aceptar». Las mismas fuentes afirman que Bescansa les pidió tiempo para pensarlo pero que el documento ha sido la respuesta. Aseguran también que en ningún momento habían hablado de nada para el ámbito nacional.
El propio Errejón ha expresado en Twitter más tarde que su encargo es «ganar Madrid y hacer una lista con los mejores». «He invitado a Ramón, a Lorena y también a Carolina. Aún no he recibido respuesta de ninguno de ellos. Mi condición: acuerdo unitario que garantice ganar Madrid en 2019 y que Pablo sea Presidente en 2020», ha insistido.
He recibido un encargo para ganar Madrid y hacer una lista con los mejores. He invitado a Ramón, a Lorena y también a Carolina. Aún no he recibido respuesta de ninguno de ellos. Mi condición: acuerdo unitario que garantice ganar Madrid en 2019 y que Pablo sea Presidente en 2020
El documento también señala expresamente que el secretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, debería quedar fuera de la candidatura, lo que choca con las declaraciones públicas de Errejón y el propio Espinar en favor de una candidatura unitaria que, ahora, parece más lejos que nunca. El actual secretario general en Madrid ha tuiteado luego que «nadie debería veta a nadie en Podemos. Somos compañer@s. El proyecto está por encima».
Nadie debería veta a nadie en Podemos. Somos compañer@s.
El proyecto está por encima y “debemos ser más grandes que nosotros mismos”.
Tenemos hasta el viernes para construir la unidad y estar a la altura del reto de ganar al PP.
El documento se ha publicado durante apenas unos segundos. El tiempo suficiente para que haya dado tiempo a descargarlo. La propuesta, que desde el equipo de Errejón atribuyen en exclusiva a Bescansa, ha corrido de teléfono móvil en teléfono móvil.
[37] Pablo Iglesias cree que Errejón y Bescansa tramaban un plan para apartarlo en Podemos
«Es un asunto de la máxima gravedad». La dirección nacional de Podemos fue rotunda a la hora de calificar la alarma y la conmoción que sacudieron este miércoles al partido cuando se filtró un documento por el que Carolina Bescansa abría negociaciones con Íñigo Errejón para urdir un plan que desbancara a Pablo Iglesias del liderazgo de Podemos.
Esa descripción manifestada oficialmente por el equipo de Iglesias apuntala la creencia interna de que en ese plan no sólo estaba Bescansa como impulsora -aunque la señalan como la redactora del documento- sino que sospechan que también estaría involucrado Errejón. Un extremo que el diputado madrileño rechazó de plano y del que se desmarcó en público señalando que el texto es «delirante y de todo punto inapropiado»
Sin embargo, fuentes del entorno de Iglesias llaman la atención de que ambos se reunieran este miércoles por la mañana en el Congreso, apenas unas horas antes de la filtración del documento, y que Errejón «no supiera nada» de todo ese plan, que horas después se detallaría de manera pormenorizada en el texto. «Es muy irresponsable que se provoque hablar de Podemos cuando todo el mundo está esperando cambiar al Gobierno de Cifuentes«, se lamentan estas fuentes.
En ese borrador para negociar con Errejón, Bescansa propone que ella iría de número dos a la candidatura de la Comunidad de Madrid en 2019 y que, más adelante, se plantearían disputar las primarias a Pablo Iglesias -o quien le suceda-, tanto en las elecciones generales de 2020 como a la Secretaría General de Podemos. Para tomar las riendas del partido morado ante la «deriva política» actual.
Errejón defendió este miércoles que no tenía ningún conocimiento sobre ese plantamiento, que tachó de «inaceptable», y responsabilizó exclusivamente a Bescansa de su redacción. Así, enmarcó la apertura de conversaciones con ella, incluida la reunión de este miércoles en su despacho, en su ánimo de ficharla como número dos en las listas de Madrid. En calidad de activo electoral para ganar las elecciones y no para entablar ninguna alianza táctica posterior con implicaciones en el derribo de Iglesias.
Por su parte, en declaraciones a los periodistas, Bescansa eludió cualquier responsabilidad en la autoría del documento y responsabilizó a su equipo de haberlo redactado y difundido «por error». «Esos contenidos no han sido aprobados ni por mí ni por Íñigo», dijo, en un afirmación que intentaba exculpar de la trama al ex número dos de Podemos y a ella misma.
De esta manera, Bescansa circunscribió cualquier conversación con Errejón al ámbito madrileño para formar tándem con él, aunque reconozca que tiene «una posición crítica en relación a la forma en la que Podemos se relaciona con las grandes mayorías españolas». Es decir, que está en contra de la actual línea en asuntos claves. Como la crisis de Cataluña, por ejemplo.
Bescansa renuncia a ir en la lista
El terromoto causado llega precisamente en un momento muy delicado. Cuando Iglesias y Errejón tratan de cerrar un acuerdo para que el ex número dos asuma definitivamente ser el cabeza de lista a las elecciones madrileñas. Una circunstancia que ha despertado de nuevo la batalla interna entre familias que ya se dio en el congreso de Vistalegre II, con un pulso entre pablistas y errejonistas por ver quién tiene el control de la lista electoral y de la campaña.
Esa tensión provocó dos cosas: primero el amago de Errejón de no presentarse si no le garantizaban su autonomía y, a continuación, Iglesias recriminándole que no consentiría «ni una tontería».
Los efectos que el documento filtrado pueda tener ahora en esas negociaciones entre Iglesias y Errejón para cerrar una lista conjunta se verán muy pronto. Porque este viernes por la noche acaba el plazo límite para inscribirse a la primarias de Podemos. Por tanto, ahí se verá si Iglesias toma represalias contra cualquier de los dos. Por lo pronto, la cofundadora de Podemos ha hecho a última hora de la noche un comunicado en el que informe de su renuncia a participar en la candidatura de Errejón como número dos.
Ya su participación estaba en el aire después de que Errejón reconociera sus dudas a la hora de integrarla. Aunque su planteamiento inicial era situarla como uno de los reclamos más importantes de su candidatura. Pero eso ya es historia. Ahora ella renuncia.
«Espero que esta decisión sirva para evitar cualquier daño a mis compañeros y compañeras y a mi organización, al tiempo que pruebe la falsedad de las informaciones que han dado como un hecho cierto lo que no era más que un texto de un borrador sin firma y, por supuesto, sin revisión ni respaldo de ninguna de las partes de las personas que protagonizamos esta falsa noticia», incide en su comunicado, que prioriza que no se dañe la imagen de la candidatura de Errejón
Punto de venta de productos con insectos CARREFOUR
Éstos son ricos en proteínas, vitaminas B1, B2 y B3, contienen omega 3 y 6, todos los aminoácidos esenciales y son una fuente importante de minerales
Carrefour ha empezado a comercializar en España una nueva gama de alimentos elaborados con insectos, según ha anunciado este martes el grupo de distribución, que ha resaltado que este lanzamiento tiene como objetivo ofrecer a los consumidores los productos «más innovadores» e incorporar a su surtido alternativas de compra «sostenibles y respetuosas» con el medioambiente.
En total, la compañía lanza diez artículos entre los que se encuentran barritas energéticas, snacks, aperitivos, pasta y granolas.
Estos productos se han elaborado íntegramente en Europa y cuentan, según el grupo de distribución, con los mejores standares de calidad, su procesado es manual y emplean ingredientes procedentes de la agricultura ecológica.
El ‘packaging‘ que acompaña a estos productos es de papel reciclado e incluye información detallada sobre los ingredientes así como los valores nutricionales de los mismos. Además, se ofrecerá a los clientes información acerca de las ventajas que tiene su consumo tanto a nivel nutricional como para el medioambiente.
El consumo de insectos es en la actualidad una tendencia alimentaria en auge. Desde el 1 de enero de 2018 la legislación europea cataloga a los insectos como «nuevo alimento» y según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), son consumidos ya por más de 2.000 millones de personas, por lo que se les considera «el alimento del futuro».
Según este organismo, son ricos en proteínas, vitaminas B1, B2 y B3, contienen omega 3 y 6, todos los aminoácidos esenciales y son una fuente importante de minerales como el hierro.
Respecto a sus beneficios para el medioambiente, su producción implica la emisión de un 99% menos de gases de efecto invernadero y reduce al mínimo la contaminación y el consumo de agua.
[39] Manifiesto: «Hartos de convivir con la corrupción académica»
Por Catedráticos y profesores universitarios españoles
Es necesario romper el cerco de manipulación interesada, de silencio cómplice y de aquiescencia pasiva que mantiene a la comunidad académica bajo un poder oligárquico
Reclamamos la dimisión inmediata de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid, antes y sin tener que esperar a ninguna investigación.
Los miembros de la comunidad académica estamos asistiendo a un escándalo sin precedentes, con la presidenta de la Comunidad de Madrid perseguida por un caso de corrupción que afecta de manera nodular a su condición de cargo institucional, de representante y de figura pública. El futuro de la universidad pública y la ciencia en España estará condicionado por cómo se resuelva esta crisis, que va más allá del caso concreto y el nivel estrictamente gubernativo. No podemos quedarnos esperando que otros lo hagan por nosotros, dejando que una vez más la política se vacíe de contenido y vivamos degradados en la judicialización de nuestra convivencia.
El comportamiento de Cristina Cifuentes es reprobable por motivos sobrados, pero especialmente porque instituye la impunidad. El mensaje que está enviando es que una conducta inmoral, fraudulenta y hasta delictiva tiene réditos y puede eludir las sanciones públicas e incluso las judiciales. Es en definitiva una llamada a la generalización de la corrupción por todo el cuerpo social, y en un asunto vital como la formación para la sociedad del conocimiento.
Al comienzo de la crisis la universidad salió a la calle a protestar por los recortes: lo hizo en masa, como comunidad, y supo mostrar a los destructores de lo público su rechazo colectivo a la austeridad impuesta para fines espurios, denunciando la creciente dificultad de acceso de las capas menos favorecidas a la educación superior. Pero la universidad y los centros públicos de investigación venían arrastrando una serie de conflictos internos de gran calado, que permanecían invisibles, o más bien invisibilizados durante décadas. Al igual que otros sectores, la I+D+i española ha tratado de soportar la crisis como ha podido; pero en este caso, detrás de lo que parecía simplemente ajustarse de forma colectiva a los recortes, se ha producido un reparto muy desigual de los costes y esfuerzos, según criterios tan poco científicos como la jerarquía y la antigüedad, y exacerbando la endogamia heredada.
Las autoridades universitarias y científicas han centrado sus quejas en la falta de financiación, pero en buena medida se han acomodado a relatos autocomplacientes sobre la excelencia. En nuestras plantillas universitarias y científicas seguimos teniendo los salarios más bajos y las peores condiciones laborales de Europa, con una explotación sistemática de los investigadores precarios y profesores bochornosamente mal remunerados (al punto de dejarlos sin paga durante las vacaciones o a cobrar la tercera parte de un profesor funcionario por el mismo trabajo) con la aquiescencia de los rectorados y departamentos; los sindicatos por su parte tampoco han denunciado convenientemente la amortización de las plazas de profesorado jubilado (que aumentan las cargas de trabajo docente y de tareas administrativas en paralelo a la reducción de las plantillas de este tipo de personal). Las movilizaciones de asociados e investigadores precarizados han tenido que hacerse también desde la precariedad de organización y apoyos.
Al estallar -gracias a la prensa vigilante- el “caso Cifuentes”, han tenido que ser los estudiantes, minorizados en la representación, marginados en la gestión universitaria y primeros perjudicados por toda esta pantomima, quienes con su iniciativa han impedido que la universidad en cuestión dé carpetazo rápido al asunto. El problema es el resto de los miembros de la universidad, de la Rey Juan Carlos de Madrid y de todas las demás del Estado. ¿Qué tiene que suceder para que los profesores universitarios y científicos españoles, que dedican su actividad social a señalar los problemas y retos de la sociedad y estudiar las soluciones mejores, admitan que su propio entorno laboral merece al menos la misma atención crítica que los asuntos a los que dedican su actividad profesional?
Las interpretaciones que hasta ahora han circulado no dan en el clavo ni muestran ambición explicativa suficiente. Dejarlo todo en unas cuantas “manzanas podridas” excepcionales es de un eufemismo miope: las prácticas de corrupción y tráfico de influencias que sustentan este caso son bien conocidas por cualquier académico. No son una excepción sino prácticas corrientes. Lo que sucede es que nadie habla de ellas en público y muchos prefieren no admitir su proliferación. No se resolverán además con más financiación: si hoy aumentasen los presupuestos en docencia e investigación, volverían a beneficiar a determinados sectores acomodados, y no lograrían reorientar las tendencias impuestas en la educación superior hacia modelos de gestión privada que además esconden favoritismos injustificados.
Es necesario romper el cerco de manipulación interesada, de silencio cómplice y de aquiescencia pasiva que mantiene a la comunidad académica bajo un poder oligárquico. Y tiene que ser ahora. No hay duda que con el PP se han traspasado algunas de las propias líneas rojas de este modus operandi, y en estos años de su gobierno la corrupción académica ha sido elevada a un sistema institucional de actividades ilegales al servicio del diseño de carreras académicas fraudulentas para futuros cargos de la administración y figuras políticas y de la empresa privada. Pero el formato es muy anterior: ni siquiera arranca del Plan Bolonia instaurado hace una década. Resulta muy socorrido identificar las irregularidades en la gestión de la I+D con la lógica de privatización del neoliberalismo; pero antes de la privatización, estuvo, ha estado y está la patrimonialización de lo público. Es ese aprovechamiento oligárquico y patrimonial de lo público por agentes individuales y colectivos lo que primero degrada los bienes comunes, sirviendo en bandeja los argumentos a favor de la privatización.
Es también el caldo de cultivo de una cultura que acosa a quienes intentan resistirse a su poder de imposición o seducción, y que se hace manifiesta a cada tanto, desde la selección y promoción del profesorado hasta el funcionamiento de las agencias de evaluación (justo en este mismo período la ANECA, agencia de ámbito nacional, ha impuesto un sistema de acreditaciones cada vez más cuestionado a nivel internacional y que aguarda aún una auditoría externa por posibles irregularidades) pasando por los rectorados con sobrerrepresentación de profesorado funcionario y llegando hasta las secretarías de educación de los gobiernos autónomos y ministerios estatales, las cuales han abandonado cualquier perspectiva acerca de los fines colectivos y sociales de la universidad y el CSIC que no comporte su subordinación a medidas arbitrarias de corto plazo o a subrepticios intereses privados.
La universidad se está convirtiendo en el trampolín para todas las “puertas giratorias” futuras de los corruptos. Está en juego impedir que tras el discurso que ensalza el capital humano lo que predomine en nuestra sociedad sea el capital social, las relaciones personales, el mundo de la deferencia hacia el poderoso y las irregularidades, por no hablar de la impunidad que heredamos de la dictadura para tantas otras cuestiones.
No debemos consentir nada de esto. Reclamamos la dimisión inmediata de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid, antes y sin tener que esperar a ninguna investigación. El esclarecimiento de responsabilidades penales seguirá su curso, pero como ciudadanos exigimos responsabilidades políticas máximas ya, y entre ellas también la dimisión del equipo rectoral de la URJC por las dudas que ha sembrado en la gestión de este escándalo.
Pero no podemos aceptar que la solución a esta enorme crisis quede reducida a poner un parche más a un gobierno acorralado por la corrupción. Y como profesionales tampoco nos vamos a dejar tentar por una nueva respuesta corporativa, que en nombre de la defensa de lo público vuelva a postergar durante años los problemas acuciantes que arrastra este sector clave para el futuro pero que en la práctica viene expulsando del país a una generación entera de investigadores y docentes de calidad.
Hay que empezar por admitir que todos hemos convivido con esa cultura del favor, de la relación personal, la jerarquía impuesta de manera arbitraria, de la irregularidad para favorecer a este candidato o perjudicar a aquel, de la lucha banderiza de grupos organizados: una cultura de la endogamia y la corrupción que a menudo se sitúa por encima de adscripciones ideológicas y es reproducida de forma cotidiana por muchos en la universidad, a pesar de la resistencia de tantos otros, que en cambio no suelen contar a su favor con los vínculos exteriores que vienen asegurando y extendiendo su hegemonía.
Pero hemos dicho ¡Basta!
No queremos continuar conviviendo con esas prácticas, no estamos dispuestos a que la mancha de la corrupción, la irregularidad y la ilegalidad campen por sus respetos en las universidades y centros de investigación: es hora de hablar públicamente de los conflictos de calado que atraviesan el espacio académico, cuyo silencio impide el buen uso de los servicios públicos. Estamos hartos del secreto a voces sobre la desigualdad en el trato y el favoritismo, de la corrupción que no deja huella documental, de la falta de transparencia y la imposibilidad de obtener justicia al denunciar abusos y de la represalia como amenaza y respuesta. Estamos hartos de la impunidad y convocamos a todos los profesores e investigadores a expresar repulsa por la situación de la I+D+i, en contra de la corrupción y a favor de la democratización de la gestión del capital humano en nuestras universidades y centros de investigación. Hay muchas maneras de hacer esto: este manifiesto es solo una de ellas, que aspira a dar inicio un ciclo de reflexión crítica y movilización que incluya en primer término los problemas de funcionamiento interno del mundo académico en todo el estado.
Necesitamos abrir una nueva etapa. Apoyar esta lucha es no querer ser cómplice de otro gran fraude en la historia de la universidad pública cuyas secuelas pueden arrastrase durante años, cargando de nuevo sobre los más jóvenes por venir.
Firman lo siguientes profesores universitarios:
Pablo Sánchez León (Universidad del País Vasco), Aránzazu Sarría Buil (Université Bordeaux-Montaigne), Leopoldo A. Moscoso (Sociólogo y politólogo. SPO-Consulting), Ariel Jerez Novara (Universidad Complutense de Madrid), Germán Cano Cuenca (Universidad de Alcalá de Henares), José María Portillo Valdés (Universidad del País Vasco), Luis Martín-Cabrera (University of California, San Diego), Luis Moreno-Caballud (University of Pennsylvania), Francisco Maturana (Universidad Complutense de Madrid), Igor Sádaba (Universidad Complutense de Madrid), José María Imizcoz (Universidad del País Vasco), Juan Carlos Moreno García (CNRS, Université Paris-Sorbonne), Alejandro Pérez-Olivares (Université de Lyon), Alfredo González Ruibal (INCIPIT-CSIC). Brice Chamouleau (Université Paris 8), Pablo Pacheco Ferrer (doctorando, UDIMA), Ramiro Feijóo Martínez (Washington University in St. Louis, España), Marisa González de Oleaga (UNED), Germán Labrador Méndez (Princeton University), Ángel Gordo (Universidad Complutense de Madrid), Jaime Pastor (UNED, profesor colaborador honorífico), Esther Pascua Echegaray (UDIMA), José María Iñurritegui (UNED), Mariana Ruiz de Lobera (Socióloga), Pablo López Calle (Universidad Complutense de Madrid), Julio A. Pardos Martínez (Universidad Autónoma de Madrid) y Alain J. Santos Fuentes (Universidad del País Vasco).
[40] Una empresa pública de Cádiz pagó 42.000 euros al catedrático que dirigió la tesis del portavoz del PP por un informe sobre el mismo tema
Ignacio Romaní, portavoz del PP en el Ayuntamiento gaditano.
Aguas de Cádiz abonó entre 2011 y 2015, una cantidad de 42.000 euros al Observatorio que dirige el profesor Carlos Guillén por un informe
El trabajo de Guillén para la empresa municipal coincide con el tema de la tesis del portavoz del PP, Ignacio Romaní, presentada en 2014 y cuyo tutor fue el propio Guillén
La coincidencia de esta investigación sobre la responsabilidad social empresarial de las empresas públicas de Cádiz es rebatida por ambas partes
La empresa pública Aguas de Cádiz pagó entre 2011 y 2015 la cantidad de 42.000 euros al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa, que dirige el profesor de la Universidad de Cádiz Carlos Guillén, que además es presidente de Carbures. Guillén fue el tutor de la tesis doctoral en Ciencias Sociales y Jurídicas del concejal del PP Ignacio Romaní, que la enfocó en la responsabilidad social de la empresa: un estudio en empresas públicas de Cádiz.
Se da la circunstancia de que Romaní era presidente en ese tiempo de la empresa Aguas de Cádiz, que pagó durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014 cuatro facturas a su director de tesis doctoral, Carlos Guillén, por unos importes de 10.000, 10.000, 10.000 y 12.000 euros por hacer una investigación sobre la responsabilidad social empresarial de las empresas públicas de Cádiz, exactamente el mismo tema sobre lo que versaba su tesis doctoral, defendida en 2013.
En esta información se adjunta la carta enviada por Guillén el 25 de enero de 2011 a Romaní en el se informa del proyecto: « El equipo de investigación oficial de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz que tengo a satisfacción de dirigir tiene entre sus líneas de investigación la habilidad social de la empresa. Esta vertiente de trabajo nos concentra actualmente en un proyecto sobre la evaluación de la responsabilidad social de la empresa a nivel municipal y local, pues nuestra intención se centra en analizar el conocimiento que los profesionales de las empresas municipales disponen sobre este concepto, su aplicación y desarrollo».
En la misiva quedaba claro por parte de Guillén la petición a Romaní: «N uestro proyecto de investigación está presupuestado en 43.000 euros y tiene una duración de un año, por lo que en la medida de lo posible la colaboración de la empresa que dirige será de gran ayuda e impulso para nuestro equipo para poder desarrollar la investigación indicada». El 24 de octubre de 2012 se recordaba en otra carta de Guillén que «en la medida de lo que pueda se aporten recursos para el desarrollo de la investigación».
La factura de 12.000 euros tiene fecha de marzo de 2011, mientras que las de 10.000 fueron giradas en diciembre de 2012 y enero de 2015. Además, el 24 de junio de 2014 el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa informó por escrito de que los gastos derivados de la organización de las VI Jornadas de RSE de Cádiz ascendían a 10.000 euros, lo que podría considerarse el cuarto pago hasta llegar a los 42.000 euros.
No hay constancia del trabajo
Tanto Carlos Guillén como Ignacio Romaní, en declaraciones a Diario de Cádiz, que ha adelantado la noticia, han asegurado que no existe incompatibilidad entre dirigir la tesis del edil y prestar servicios a una empresa municipal. Romaní hace hincapié en que la investigación del Observatorio se centraba en Aguas de Cádiz, mientras que su tesis abarcaba otras empresas municipales de la ciudad. Que el informe realizado por Guillén para el Observatorio coincidiera con el tema de la tesis del edil es rebatido por ambos.
Durante la mañana del miércoles no fue posible tener la versión oficial del Partido Popular del Cádiz, que ha anunciado la emisión de un comunicado en el transcurso del día. Por otra parte, desde la empresa municipal de Aguas de Cádiz aseguran que no hay constancia de ese trabajo por parte del Observatorio, que supuestamente es de 66 páginas según el profesor Carlos Guillén.
Ignacio Romaní es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz desde 1999 y miembro del Comité Ejecutivo Provincial del PP de Cádiz como vicesecretario de Organización. En la actualidad está en la oposición y es el número dos del partido a nivel local, aunque no ha sido elegido como candidato en las próximas elecciones municipales.
[41] El dueño del bar de Alsasua rechaza ante el tribunal la teoría de una agresión organizada: “Para mí no fue algo premeditado»
El dueño del bar de Alsasua y una camarera dicen que no vieron la agresión EFE
“No vi nada. No noté ambiente hostil, fue una noche tranquila y nadie me llamó la atención por su estado de embriaguez”, ha asegurado la camarera del local
Los policías forales que llegaron al lugar de los hechos han señalado que, por lo que vieron, lo que ocurrió fue “claramente una paliza”
Los agentes aseguran que temieron por su vida al verse rodeados y que los jóvenes les pidieron que no se pusieran del lado de los guardias civiles
El fiscal ha reprochado al dueño del Koxka que haya realizado una declaración distinta a la que había hecho en sede policial, aspecto rechazado por el testigo
Tanto el dueño como la camarera del bar Koxka de Alsasua han negado este miércoles que en la madrugada del 15 de octubre de 2016 se produjera ninguna agresión a dos guardias civiles y sus parejas dentro del local, tal y como han denunciado los agentes y sus novias en las declaraciones que efectuaron ayer durante el juicio por el caso que se está celebrando en la Audiencia Nacional. Es más, ambos han asegurado ante el tribunal que esa noche fue “tranquila” y que tan solo se enteraron de que había habido un conflicto cuando salieron fuera del local y vieron al teniente de la Guardia Civil tirado en el suelo.
Josu Muñoa, dueño del Koxka, ha explicado que no vio “ninguna agresión” ni “ningún altercado” en el bar, y que se enteró de que había habido una pelea fuera del local cuando salió del mismo. Preguntó al teniente si necesitaba ayuda y le prestó su chaqueta para cubrirse. Ha señalado, además, que Maria José, novia de este guardia civil que ayer realizó una dura declaración denunciando la agresión, le llamó “hijo de puta dos veces”, y que él cree que fue así porque le confundió con otra persona que pudo haber participado en la trifulca
En la misma línea, Naira Navarro, entonces camarera del Koxka, también ha negado que hubiera ningún conflicto en el bar. “No vi nada. No noté ambiente hostil, fue una noche tranquila y nadie me llamó la atención por su estado de embriaguez”, ha asegurado. Ella se enteró de que había habido un altercado siempre fuera del local porque se lo dijo su jefe, y ha señalado que también se enteró de que “el sargento y alguien más” se habían enzarzado en una pelea “y se cayeron al suelo”. Asimismo, ha recalcado que dentro del Koxka “no entró ningún miembro de ningún cuerpo policial” para realizar pesquisas sobre lo sucedido.
Respecto a los acusados, tanto ella como Muñoa han negado su participación en ningún enfrentamiento, si bien han reconocido conocer a todos ellos y que algunos de ellos son clientes habituales del local. Navarro ha indicado que no vio aquella noche a Adur Ramírez –en prisión provisional– “ni dentro ni fuera del bar”-, que sí estuvo en el local Oihan Arnanz –también en la cárcel– pero que no le vio en ninguna actitud agresiva ni participando en trifulca alguna, al igual que Julen Goikoetxea, al que también vio en el bar aquella noche, sin que participara en pelea alguna. Ha negado, no obstante, haber visto en el bar a Jon Ander Cob, otro de los acusados. Y ha indicado que Iñaki Abad estaba fuera del bar pero “alejado del grupo de tensión”.
También ha asegurado que el teniente de la Guardia Civil y su pareja eran habituales del bar. “Iban prácticamente todos los fines de semana y era una pareja muy educada y respetuosa”, ha remarcado. Muñoa, por su parte, ha negado que, en una declaración ante la policía, asegurara que lo sucedido aquella madrugada fuera algo preparado y organizado previamente. “Para mí no es premeditado”, ha dicho.
El fiscal le había dicho que en una declaración anterior en sede policial dio una versión diferente de lo sucedido esa noche, al señalar que fue la camarera la que le informó a él de que «estaba pegándose una cuadrilla de personas latinoamericanas». Pero Muñoa ha negado que hiciera esas declaraciones y las defensas han hecho ver que esas palabras, contenidas en el sumario como declaración, no estaban firmadas por él.
Muñoa también ha declarado que no vio a Adur Ramírez en toda la noche negando lo que dijeron ayer las víctimas, que lo identificaron como uno de los agresores más violentos. Tampoco vio a Aratz Urriozola ni a Iñaki Abad, otros de los acusados. «Si yo hubiera percibido cualquier cosa rara, soy el primero que salgo a decir algo», ha apuntado.
El dueño del Koxka ha asegurado, asimismo, que ha recibido amenazas a raíz del suceso y que, por ejemplo, le han llamado por teléfono personas que le cantaban el Cara al Sol o han pedido reservas para comer al nombre de Francisco Franco.
Este miércoles también han declarado los policías forales que llegaron al lugar de los hechos nada más producirse la supuesta agresión. El primero de ellos ha asegurado que su presencia se debió a una llamada que les comunicaba que se había producido el ataque “en el bar Koxka” y que, nada más llegar, se encontraron al teniente de la Guardia Civil “tirado en la acera”, con “sangre en la boca” y con “dolor en una pierna”, rodeado por unas 40 personas. Asimismo, constataron que el sargento, quien junto a su novia acompañaban al otro guardia civil y a su pareja, tenía “huellas de patadas en la espalda” y estaba llorando. “Nos comunicaron que habían sido agredidos el teniente y su pareja y el sargento y su pareja”, ha indicado. Al llegar, ha proseguido, los agredidos les dijeron quiénes habían participado en el ataque y se encontraron con “resistencia” a la hora de introducir a Jokin Unamuno, uno de los acusados identificado, en el coche policial al ser detenido. Ante la tensión que había, llamaron a los antidisturbios mientras los jóvenes se burlaban de ellos. Entre quienes se encararon ha identificado a Oihan Arnanz.
El segundo policía foral ha señalado que lo que ocurrió fue “claramente una paliza” y que no se trató de una pelea ya que los únicos que necesitaron asistencia fueron los guardias civiles agredidos. “Cada vez que nos toca actuar allí enseguida empiezan los gritos, los insultos y nos tiran cosas”, ha asegurado. Ambos policías forales han apuntado que todos los que se encontraban allí conocían que los agredidos eran guardias civiles y que los jóvenes les pidieron que no se pusieran “del lado” de los agentes.
También han declarado que temieron por su integridad física. Uno de ellos ha asegurado incluso que un joven al que ha identificado como Oihan Arnanz, se acercó a ellos haciendo un gesto con el puño como con intención de agredirles. «Le grité: Te estoy viendo las intenciones, me estoy quedando con tu cara», ha dicho.
[42] Lluvia de millones para los accionistas privados de Aena y Bankia
Se repartirán esta semana más de 500 millones en concepto de dividendos, que el Estado dejará de recibir por haber vendido parte de su capital.
Los accionistas privados de dos sociedades con mayoría de capital público, Aena y Bankia, se van a embolsar durante esta semana más de 500 millones de euros en concepto dividendos. El Estado, por su parte, recibirá otros 700 millones del gestor aeroportuario y de la entidad financiera, a través de Enaire y del FROB, respectivamente.
Aena tiene un 49% de su capital en manos privadas, desde la oferta pública de venta (OPV) que realizó en febrero de 2015. De ese porcentaje, un 28,35% está en Bolsa y el resto lo tienen en su poder grandes accionistas como el fondo británico TCI, el banco HSBC y Deutsche Bank. La empresa estatal Enaire controla un 51%.
La participación en la OPV fue un auténtico chollo para los inversores que acudieron a ella, pues el valor de las acciones se ha multiplicado casi por tres en el tiempo transcurrido desde entonces. Cuando Aena salió al mercado fue valorada en 8.700 millones de euros (58 por acción) y ahora supera 26.000 millones (173).
Al aumento de la capitalización hay que sumar los dividendos que se han repartido los accionistas durante los últimos tres años. A los privados han ido a parar más de 280 millones en 2016, 200 en 2017 y 480 largos este año. Es decir, cerca de mil millones de euros en total, poco menos de una cuarta parte de los 4.400 que invirtieron en 2015.
La perspectiva es que Aena siga siendo muy rentable, dado que su negocio va como un tiro; sobre todo, curiosamente, desde que se produjo la privatización parcial. El pasado ejercicio ganó 1.232 millones de euros, con una mejora del 70% respecto a 2016.
En el caso de Bankia, el 61% está controlado por Banco Financiero y de Ahorros (BFA), propiedad 100% a su vez del Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Después de las dos ventas de acciones realizadas en 2014 y 2017, un 49% del capital es de inversores privados, entre los que destacan el fondo soberano noruego Norges Bank y el fondo estadounidense Inesco.
Desde su nacionalización en 2012, Bankia ha tenido que recapitalizarse con ayudas públicas, hacer frente a las consecuencias de la anulación de las cláusulas suelo y de la desastrosa salida a Bolsa pilotada por Rodrigo Rato, así como absorber a otro banco bajo control estatal: BMN.
A pesar de ello, la entidad reparte dividendos desde 2015, lo que ha permitido al Estado recuperar por esa vía 534 de los 22.434 millones que costó su rescate. Sólo este año, Bankia distribuirá 340 millones de euros entre sus accionistas, de los que 133 irán al bolsillo de los privados. Su previsión es que los dividendos alcancen los 2.500 millones hasta 2020.
[43] La secretaria general de la URJC, que custodia las actas, denunció el robo de su portátil el día que saltó el escándalo
El hurto se produjo, según la denuncia, el día antes de conocerse la polémica del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la que también se ha visto envuelta la falsificación del acta del TFM.
Según ha adelantado ‘okdiario’, la secretaria de la universidad comunicó a las 8 horas del día 21 de marzo a los servicios de seguridad de la universidad la desaparición de su ordenador en el despacho.
El hurto se produjo, según el aviso dado a los servicios de seguridad de la institución, el día antes (20 de marzo) de conocerse la polémica del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Precisamente una de las polémicas generadas por este caso es el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la presidenta, pues una de las docentes que aparece entre los miembros del tribunal Alicia López de los Mozos aseguró ante la inspección y la Policía que la firma que aparece en este documento no es su rúbrica.
Por otro lado, el catedrático de la URJC y el director del máster, Enrique Álvarez Conde, aludió a que el mencionado acta, que fue uno de los documentos que difundió Cifuentes el día en el que saltó la polémica, era un documento interno para el rector.
Hoy debería comparecer ante el juez Willy Toledo, acusado por injurias a dios y la virgen (nótense las minísculas, como gesto de representación de dos personajes ficticios). No comparecerá. Si quieren que acuda, que lo detengan. Le apoyo; nunca lo he hecho incondicionalmente, bien lo sabe él, pero en cuestiones como ésta siempre estaré a su lado, porque ya está bien de padecer el ridículo tan espantoso al que nos tienen acostumbrados los Abogados Cristianos, consumiendo inútilmente recursos de la malograda Justicia.
Mientras vemos retrasos judiciales en causas esenciales, los Abogados Cristianos continúan haciéndose notar con sus denuncias y querellas más propias de otro tiempo… quizás, porque sus miembros siguen instalados en ese tiempo, tan amig@s que son de, por ejemplo, la cruz de los caídos franquistas instalada en Vall d’Uixó (Castellón).
Una verdadera lástima, porque en una democracia realmente consolidada en un estado verdaderamente aconfesional, los fines de una Asociación de Abogados Cristianos debería ir en línea de acudir junt@s a misamás que a esta persecución contra quienes no comparten sus creencias.
El problema es que, tal y como está configurada la Justicia, un juez o una jueza no puede despachar estas pérdidas de tiempo de un plumazo, y obliga a un proceso en el que la persona, la víctima de la persecución como en este caso es Willy Toledo, ha de perder tiempo y dinero que, posiblemente, no le será reembolsado. Y a eso juegan, tan cristianos ellos.
Yo me pongo del lado de Willy y, como él, reclamo más coños insumisos, y veo en grupúsculos como los Abogados Cristianos vestigios de tiempos pretéritos que, por mucho que anhele el Gobierno actual, no quiero que vuelvan.
Cuando miro a Willy, como cuando escucho a César Strawberry o leo a Pablo Hasel, se aparecen ante mí demócratas comprometidos que, lejos de querer imponer dogmas o fe, defienden la libertad por encima de todo. Los Abogados Cristianos, a mis ojos, son de esa calaña que usa la democracia para imponer sus creencias, y la Justicia para perseguir a los que son piedras en su camino.
Aseguran que entre sus fines se encuentra la defensa jurídica de la libertad religiosa, de la vida, la familia y de todos los ciudadanos que ven lesionados sus derechos y libertades por razón de su fe. Y, en cambio, ellos mismos son los que persiguen e intentan lesionar los derechos y libertades de quienes no comparten el cristianismo, de quienes reniegan y critican la interminable lista de tropelías de la iglesia católica.
Los Abogados Cristianos son tan esperpénticos que ni siquiera se dan cuenta de que defender la ligertad religiosa y, al mismo tiempo, defender en el ámbito jurídico los valores inspirados en el cristianismo son posiciones contradictorias. Lo vemos en la lista de casos desestimados que acumulan, en cómo por sus creencias religiosas quieren privar a las mujeres de su derecho a decidir sobre su propia maternidad… el mismo paternalismo asqueroso, el mismo tufo machista que durante tantos y tantos años han destilado los cursos prematrimoniales de la iglesia que defienden los Abogados Cristianos… esos cursos que dejan perlitas como que la mujer “ha de saber estar presente en los mil y un detalles de la vida de cada día”, aunque trabaje, porque su profesión “seguirá siendo ‘sus labores”.
Así que, amigo Willy, sigue así, íntegro, consecuente y demócrata, plantando cara a quienes dicen defender la cultura de la vida y, en cambio, actúan con la intimidación, la represión y la imposición como su verdadero catecismo, como una suerte de nueva Inquisición.
Es terrible la fuga de empresas de Catalunya por culpa del procés. Huida que pronto fue facilitada por un decreto del Gobierno del PP para empezar la guerra financiera contra el independentismo, dado que no tenía seguro ganar la batalla dialéctica, política ni ética: no porque no tuvieran toda o parte de razón, los del gobierno, sino porque carecen de dialéctica, de política y de ética.
Así que pocos meses después de que el Gobierno del PP aprobara un decreto urgente que permitía a las empresas catalanas un “cambio de sede express” sin las democráticas burocracias de antaño, ese mismo PP prometió en su programa electoral para las elecciones catalanas de diciembre de 2017 incentivos fiscales para que esas empresas regresaran a Catalunya, historia que bien demuestra lo sabiamente que estamos haciendo, todos, las cosas.
Es un gracioso ida y vuelta de empresas en el que siempre ganan los empresarios. Les hacen un decreto ley para que se vayan de Catalunya low cost, y en campaña les prometen rebajas de impuestos para que vuelvan a Catalunya.
A pesar de lo escandaloso de la fuga de empresas a causa del deplorable procés, y de lo atrás relatado, eso me parece nimio cuando me entero de que la mayor y mejor huida de empresas no está centrifugándose en Catalunya, sino en España.
Según un reciente informe del Observatorio de I + D de la Comisión Europea, o sea, de los jefes de verdad, desde el inicio de la crisis España ha sufrido la fuga de casi la mitad “de compañías tecnológicamente innovadoras”. Había en 2008 unas 13.000 empresas con esa categoría. Hoy quedan 7.500. Eso sí que es fuga, o quizá muerte, de empresas.
Nuestros jefes europeos, bajo la batuta de ese luxemburgués rojo, bolivariano y seguramente feminazi llamado Jean-Claude Juncker, advierten a Mariano Rajoy de que la situación de la investigación en España es “dramática”. Y reprochan que países tan castigados como nosotros, cual la social-comunista Portugal, sí han sabido sustentar su porcentaje de PIB dedicado al I+D+I.
Hay que joderse. ¿Cómo se atreven estos europeos a reprocharnos nuestra pereza científica, cuando todo el mundo sabe que todos los españoles queremos ser camareros y todas las españolas añoran servir de kellys?
El problema cuando Rajoy se reúne con la kellys no es que les prometa unos euros más o unos euros menos, sino que no haga nada para que dejen de ser kellys. Que muchas tienen una carrera, hombre, Mariano, y aquí nos estamos gastando el hígado en patentes médicas, industriales, tecnológicas o lúdicas porque no pensamos nada. Porque hay gobiernos que no te dejan pensar, saber, investigar, crear.
Lo vienen a decir, también, los chicos de Juncker. Aunque en más encorbatado. Aprecian con elegancia que, en los presupuestos generales, Mariano incorpore esforzadas partidas destinadas a investigación, con lo que, estadísticamente, quedamos entre los medianos de los menos pequeños.
Pero la Comisión Europea no es tonta, que diría un madero, y sonrojan a España desvelando que de ese presupuesto el gobierno no se gasta ni la mitad. En 2015, el 64% de lo que el Gobierno había presupuestado en investigación se quedó en el bolsillo de Cristóbal Montoro, que se reía. Y nuestros investigadores hacían las maletas.
Si nos vamos al mismo informe de esta comisión del año precedente, estimaban que solo entre 2010 y 2015 nuestro país había dejado escapar al extranjero a 12.000 investigadores altamente cualificados. Y sugerían que ese es un lujo que no nos podemos permitir, llamándonos, veladamente, iletrados y paletos.
–Serrrvidorrr no encontrrrado…
–¡Herr Günter, por dios, que estoy yo aquí, para servirle!
–No, hombrrre, Manolo, que hablaba con el orrrdenadorrr.
–¡Ay, las máquinas!
–Venga, Manolo, no me distrrraigas, trrraeme otrra birrra.
–¿Con aceitunitas, como siempre?
España en Europa: pasado, presente, futuro y ya tal.
[46] Nuestros medios te explican el bombardeo a Siria
Vale la pena hacer un repaso a cómo nos han informado los medios sobre último el ataque de Estados Unidos, Francia y Reino Unido a Siria.
La primera fase ha sido dar por segura la autoría del presidente sirio Al Assad. Cataluña Radio, al igual que muchos medios, sin moverse de la redacción porque desde ahí lo firman, ya señalan que las tropas de Al Assad han provocado 70 muertos lanzando un gas químico contra la población de Douma. En el texto de la noticia se recoge que el presidente sirio lo niega, pero eso no importa, el titular es para echarle la culpa a él sin contrastar la información.
Muchos nos preguntamos cuál es el motivo por el que un gobernante, igual da que sea democrático o dictador, va a bombardear una zona civil de su propio país con gases. La decisión parece totalmente absurda, los dictadores, por lo general, se centrar en matar opositores, pero no atacan con armas químicas a niños de su propio país, muchos menos cuando los países más armados del mundo le amenazan con castigarlo si lo hace.
Así empezó explicándose un general retirado británico cuando era entrevistado en directo por el canal de televisión Sky News el 13 de abril. Sin embargo, poco dura esa reflexión, ya que, al escucharlo la periodista le retira la palabra: “Vale, lo siento mucho, tenemos que dejarlo ahí”. Y cambia de tema. Hemos conocido esas declaraciones gracias a Rusia Today, que difundió la entrevista de Sky News.
Al igual que ha sucedido en otras ocasiones en guerras y ataques en esa región, nunca oímos la reacción de ningún testigo, de ningún ciudadano del país. No recuerdo ni un solo medio español desplazado en Siria recogiendo reacciones de ciudadanos sirios. Sí lo hizo, sin embargo, Rusia Today el 15 de abril; quizás eligiera de forma interesada los entrevistados, no lo sé, pero nuestros medios ni siquiera pensaron que debían recoger los testimonios de algún sirio. La situación me recordó la imagen de nuestros periodistas en Bagdad cuando las tropas estadounidenses entraban en la ciudad y comenzaban a derribar una estatua de Sadam Hussein, todos los enviados comentaban el hecho frente a la cámara, pero ninguno se acercó a preguntarle a un iraquí qué pensaba. Curioso porque en España cuando hace frío nuestros periodistas dedican todo el tiempo del mundo a preguntarle a los viandantes si tienen frío.
Como los medios rusos insisten en que el ataque a Douma es un montaje, los medios españoles reaccionan criticándoles. El 15 de abril el informativo noche de Tele5 afirma lo siguiente: “Adelantándose al dictamen de investigación internacional los medios rusos dicen que el ataque sirio en Duma fue un montaje”. La diferencia con respecto a nuestros medios, que también se adelantan, pero para responsabilizar a Al Assad, es que los rusos están en el lugar de los hechos entrevistando a testigos y médicos. En realidad, quienes más se adelantan al dictamen internacional son Estados Unidos, Reino Unido y Francia que bombardearon instalaciones del gobierno sirio en represalia por un supuesto ataque químico sin ese dictamen.
La literalidad y falta de crítica con la que nuestros medios recogen las justificaciones de los gobernantes atacantes son preocupantes. Primeramente las amenazas de Trump son poco justificadas porque defender a Trump no resulta fácil. Eso sí, a Macron y May hay que ponérselo fácil, son nuestros líderes europeos. La explicación del presidente francés sonaba a burla: “Los bombardeos en Siria son un acto de represalia, no un acto de guerra” (El Mundo, 15 de abril). Espero que mi vecino de abajo no tome ninguna represalia por el ruido de anoche que tuve amigos para cenar. Pero es que un bombardeo a alguien que no te ha atacado previamente solo puede ser un acto de guerra o un acto terrorista. La explicación de Theresa May no es menos pintoresca. Se trata de “un ataque limitado y dirigido que no escale las tensiones en la región y que haga todo lo posible para evitar bajas civiles” (ABC, 14 de abril). Al parecer, lanza bombas para rebajar el conflicto. Y aunque, como he dicho antes, lo de bombardear con gas químico a tus ciudadanos no se le vea lógica alguna, según la primera ministra británica es “un patrón de comportamiento persistente” de Al Assad que “continua empleando desde junio de 2017” (20minutos, 14 de abril).
Y termino con las crónicas de los bombardeos occidentales. Mientras que tras cada ataque de la aviación siria o rusa a campamentos de ISIS nos llegan noticias de decenas de civiles muertos, cuando es Estados Unidos quien bombardea todas las informaciones coinciden en que, tras más de cien misiles, no hay bajas ni daños en la población civil. Incluso en el ataque estadounidense de hace un año, donde dicen que eliminaron el 20% de la fuerza aérea siria, no murió ni un solo soldado sirio (El País, 15 de abril). Ya lo dicen los periódicos, son “bombardeos quirúrgicos”, yo creo que el ejército estadounidense y sus aliados no tienen militares, solo cirujanos.
[47] El líder del PSOE-M sondeó a Carmena de «forma informal» para ser candidata pero Alcaldía niega ninguna oferta
Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, durante un acto.
El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha admitido hoy que tuvo una «charla informal» con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a la que le dijo que sería «buena candidata» para la lista del PSOE en la capital, aunque ha añadido que se trató de un «ofrecimiento informal». Franco salía así al paso de una información de El País, que publicó que el secretario regional y Carmena mantuvieron una reunión «en torno al 20 de diciembre» y que la «alcaldesa se mostró favorable a la propuesta» de los socialistas.
El revuelo ha sido tal que la número dos del Ayuntamiento, Marta Higueras, ha tenido que convocar un encuentro con periodistas de urgencia para aclarar que nunca hubo un ofrecimiento formal. «Ante las informaciones aparecidas tengo que decir que en ningún caso ha habido un ofrecimiento formal a la alcaldesa, por lo que no ha podido ni aceptarlo ni no hacerlo», ha señalado Higueras.
La primera teniente de alcalde también ha expresado que Carmena «en ningún caso» se está planteando liderar «ninguna candidatura diferente a la que nos ha traído al Ayuntamiento de Madrid», es decir, la del partido instrumental Ahora Madrid.
Mientras fuentes del PSOE municipal negaban cualquier ofrecimiento, el propio Franco ha salido a aclarar lo sucedido en otra rueda de prensa improvisada en la sede del PSOE-M, donde ha reiterado que la conversación se produjo de manera «coloquial» y no fue un «ofrecimiento formal», ya que el aspirante lo decidirá la militancia en unas primarias.
«Yo creo que nadie discute que Manuela Carmena sería una buena candidata para cualquier candidatura a la Alcaldia de Madrid, pero eso no es ni muchísimo menos un ofrecimiento formal porque en mi partido los candidatos se deciden en primarias«, ha sostenido en una comparecencia
Franco ha asegurado que siente «admiración» por Carmena, que no dijo «ni sí ni no», sino que respondió «con una sonrisa», aunque no ha podido precisar si seguidamente le dijo «no es factible».
Precisamente, el pasado mes de enero y a raíz de otra información de este mismo diario, Franco afirmó que su formación tiene las «puertas abiertas» a las «fuerzas progresistas» que se quieran sumar a su proyecto, ya que el objetivo del PSOE es «gobernar y mejorar la ciudad de Madrid».
El País destacaba entonces que el PSOE estaría buscando unir en una plataforma a las distintas formaciones de izquierdas para su candidatura al Ayuntamiento de la capital en las próximas elecciones municipales de 2019.
El líder de los socialistas madrileños no aclaraba entonces si estaría dispuesto a promover dicha plataforma como una lista única con miembros afines a Podemos o de Izquierda Unida, todos integrantes a título personal y sin necesidad de renunciar a las siglas de los partidos.
«Tenemos vocación de gobierno, de mejorar la ciudad de Madrid, y si eso pasa, esto lo quiero dejar claro, será dentro siempre del proyecto socialista», especificó.
Respecto a la posibilidad de que esta ‘alianza’ de izquierdas fuera real, Franco aseguró que ahora mismo «el PP en la ciudad de Madrid está en la oposición» y a pesar de que su propuesta es «una hipótesis de trabajo difícil, no la hay que descartar».
[48] Franco ofreció de forma «informal» a Carmena ser candidata por el PSOE
El líder de los socialistas de Madrid, José Manuel Franco, en un desayuno informativo del Fórum Europa. EFE/Paco Campos
El líder madrileño dice que solo le comentó que sería un buen cartel para los socialistas y no le planteó encabezar la lista.
El secretario general del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco, ofreció de forma «informal» a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, encabezar las listas del PSOE al Ayuntamiento en los próximos comicios municipales.
Franco, según explicó a Onda Cero, no se le propuso ni siquiera encabezar la lista, simplemente habló con ella hace unos meses y le comentó que sería una buena candidata para el PSOE. El líder madrileño afirmó que nunca ha habido un ofrecimiento formal, “en absoluto”, precisó.
El dirigente madrileño salía así al paso de una información publicada paro El País en la que se decía que hubo una reunión al más alto nivel, en la que la alcaldesa llegó a reclamar que en la lista se incluyeran nombres cercanos a ella, por lo que no se llegó a un acuerdo.
Fuentes cercanas a Franco minimizan el alcance del encuentro, y todo lo circunscriben a un comentario en una «charla informal», que no llegó a más. De hecho, nunca ha estado encima de la mesa la posibilidad de que Carmena fuera la candidata por el PSOE.
En Ferraz se mostraron sorprendidos por la información, y aseguraron que no tenían conocimiento de este hecho y que jamás Franco les había comentado esta posibilidad. En cualquier caso, derivaron las explicaciones al PSM y aclararon que Franco no puede ir ofreciendo por ahí encabezar listas, «porque, en todo caso, tendría que presentarse a unas primarias».
Esta es la segunda «sorpresa» que depara Franco a Ferraz, tras publicarse hace unos meses que proponía ir a las elecciones en unas listas conjuntas de la izquierda donde no figuraran las siglas del PSOE, una propuesta que desautorizó la dirección del partido de forma tajante.
Antes de la celebración de un acto celebrado en Rivas (Madrid), José Manuel Franco precisó aún más y dijo que la conversación con Manuela Carmena se produjo en un desayuno informativo, y que él se limitó a comentar que sería una buena candidata. «Y ella me respondió con una sonrisa, y no dijo nada más».
Franco aclaró que nunca hizo un ofrecimiento formal y nunca lo hubiera hecho sin consultar con el partido, «y como no hubo ofrecimiento, ni hubo respuesta afirmativa ni negativa, ni se habló más del tema», afirmó.
[49] Un juez suspende el desahucio de una familia que ocupó una casa de un banco tras una petición de la ONU
Paralizan por segunda vez este año un desahucio en Almería
El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha acordado suspender de forma temporal el desalojo de una familia con dos hijos en Madrid
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ordenó la paralización del lanzamiento para evitar «posibles daños irreparables»
El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha acordado suspender de forma temporal el desalojo de una familia con dos hijos de Villaverde hasta que la Administración les provea de una vivienda alternativa tras el apoyo de Naciones Unidas.
Así lo ha dictado el magistrado en una providencia en la que se acuerda la suspensión sin fecha tras el informe favorable de la Fiscalía de Madrid. La abogada ha señalado a Europa Press que la familia está ya en conversaciones tanto con el Ayuntamiento de Madrid como con la Comunidad de Madrid.
La paralización se acuerda a raíz de la medida cautelar solicitada el pasado 8 de marzo por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC).
En una resolución, el Comité reclamó suspender cautelarmente el desalojo de esta familia, que estaba previsto para el pasado 9 de marzo por el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid.
Según el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), una cooperativa de abogados que elevó el caso hasta la ONU, la familia viene ocupando desde hace varios años una vivienda vacía propiedad de un banco y había solicitado en numerosas ocasiones una vivienda social a las Administraciones Públicas de la región, tanto Comunidad de Madrid como Ayuntamiento.
Hasta la fecha, ninguna de ellas habría atendido su petición. Por su parte, aseguran que el banco ha rechazado regularizar su situación mediante la concesión de un alquiler social.
Dictamen contra España
Este mismo Comité dictaminó en julio de 2017 que un desahucio contra una familia madrileña formada por un hombre español y una mujer argelina con hijos menores, de 1 y 3 años, en 2013 constituyó una violación de su derecho a una vivienda adecuada.
De la misma forma, instó al Gobierno a tomar las medidas necesarias para ayudar a esta familia a obtener una vivienda, a otorgarle una compensación económica por la violación de sus derechos y a formular un plan integral para garantizar el acceso a una vivienda adecuada para personas con bajos recursos.
En su dictamen, el Comité determinó que, aunque la orden judicial de desahucio era legal, las autoridades no habían tomado todas las medidas necesarias para proporcionar a la familia una vivienda alternativa.
La pareja dejó de percibir en el año 2012 el subsidio de desempleo y no pudo pagar la renta mensual de alquiler. El 3 de octubre de 2013 fueron desalojados y el Samur Social dio albergue temporal a la familia, donde permanecieron 10 días hasta que las autoridades les invitaron a abandonarlo.
La Comunidad de Madrid ha denunciado este jueves ante la Fiscalía General del Estado las «múltiples irregularidades» cometidas en la gestión de la malograda Ciudad de la Justicia, según ha sabido EL MUNDO. Un dictamen de la Abogacía General encargado por el Gobierno de Cristina Cifuentes sobre el desarrollo del proyecto diseñado por Esperanza Aguirre para concentrar en Valdebebas todos los organismos judiciales ha detectado que se incumplieron de forma «sistemática» las «normas más esenciales» de contratación pública y contabilidad.
Ésta es la conclusión a la que han llegado los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico a partir de un informe elaborado previamente por la Cámara de Cuentas. En él, el organismo apunta al «posible menoscabo» ocasionado a las arcas regionales por «el perjuicio patrimonial» que se produjo y que «ni tan siquiera son susceptibles de cuantificar».
Entre las anomalías detectadas de las que la Comunidad ha dado traslado ahora a la Fiscalía figuran «la preponderancia de criterios discrecionales» en la adjudicación de contratos y «la aplicación de fundamentos desiguales en la valoración de las ofertas». «Incluso se aprecia la existencia de conflictos de intereses, arrojando situaciones de mera apariencia formal de legalidad no compatibles con el desarrollo real de los procesos de contratación», señala el escrito registrado este jueves en la Fiscalía y al que ha tenido acceso EL MUNDO.
Asimismo, se apunta a una «desconexión» entre la actividad de la empresa pública que gestionó la Ciudad de la Justicia desde su creación en 2005 hasta su extinción en 2015 y su volumen de directivos. Según la Cámara de Cuentas, la plantilla la formaron siete jefes y sólo tres administrativos que, de media, llegaron a cobrar 5.000 euros al mes.
Los abogados del Gobierno de la Puerta del Sol también señalan como irregular «la ausencia de documentos contractuales que justifiquen las relaciones de trabajo y cobro». Otras cuestiones que se mencionan por si fueran constitutivas de delito son la «omisión de informes preceptivos» en operaciones de gestión de activos y «la extemporaneidad en la aportación de las cuentas».
«Singularmente, las anomalías detectadas apuntan a un incumplimiento sistemático de los principios y normas más esenciales de la contratación pública y de la llevanza de la contabilidad, suponiendo un quebrantamiento objetivo de la legislación administrativa y mercantil», subrayan los servicios jurídicos de la Comunidad. Por ello, apostillan, estos hechos «han de ser puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal» en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La Cámara de Cuentas señala en su informe que en las obras de construcción de la Ciudad de la Justicia -adjudicadas a Corsan-Corviam- se invirtieron al menos 80 millones de euros. Una cuarta parte de dicho presupuesto fue a parar al Instituto de Medicina Legal, el único edificio que se construyó, con forma de ‘donuts’, que ha quedado como símbolo del fracasado proyecto.
Entre los gastos que se incurrieron en este desarrollo iniciado por Aguirre, mantenido por su sucesor en la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y enterrado definitivamente por una sentencia el año pasado, destacan los 19 millones de euros invertidos en dos inmuebles ‘fantasma’. Éstos son los costes generados entre 2006 y 2010 por las futuras nuevas sedes del Tribunal Superior y de la Audiencia Provincial, cuyo diseño fue encargado al arquitecto Norman Foster, y que, a día de hoy, siguen «sin tener una sola piedra colocada», según el organismo que supervisa el gasto público.
Los tres grupos de la oposición de la Asamblea de Madrid (PSOE, Podemos y Ciudadanos) ya habían presentado en marzo ante Fiscalía otro informe con las «irregularidades» detectadas en la Ciudad de al Justicia por la comisión de estudio de la deuda del Parlamento regional. Según sus estimaciones, este proyecto supuso un «quebranto patrimonial» de más de 130 millones de euros a las arcas públicas y piden que se «depuren responsabilidades».
[51] Rivera se da de baja de UGT tras su apoyo al ‘procés’
Albert Rivera ha enviado en las últimas horas una carta a UGT en la que comunica su baja. El motivo que argumenta el líder de Ciudadanos para desvincularse del sindicato es el apoyo de éste a la manifestación del pasado domingo en Barcelona en la que se pedía la libertad de los presos independentistas y contra la actuación de los jueces.
Así lo han confirmado a este diario tanto desde el gabinete de Rivera como desde el sindicato. Rivera se muestra en desacuerdo con que desde UGT se ponga en cuestión el «sistema judicial» español y el «apoyo» a los que han quebrantado «los valores constitucionalistas», según recoge la misiva a la que ha tenido acceso este diario.
La carta remitda por Albert Rivera a UGT para darse de baja.
El presidente de Cs ha sido muy crítico y contundente con el posicionamiento de UGT y CCOO, que acudieron a la manifestación promovida por los independentistas y en la que los líderes en Cataluña de estos sindicatos se colocaron en la cabecera de la misma. «Me sorprende que sindicatos mayoritarios que deberían estar velando por los trabajadores, por las subidas salariales, estén al lado de los golpistas», dijo Rivera tras conocer que acudirían a la movilización.
Para el líder naranja, su presencia es un «error histórico» y ha repetido en varias ocasiones que esos mismos sindicatos «nunca estuvieron en las manifestaciones de los constitucionalistas, prefieren estar al lado del independentismo y de Puigdemont«.
El líder de Ciudadanos nunca ha ocultado que era afiliado de UGT. De hecho, tenía la cuota domiciliada y ha defendido que él tiene «todo el derecho del mundo a estar o no afiliado a un sindicato». Se afilió cuando empezó a trabajar de asesor jurídico en La Caixa, en 2002, porque, según explicó en su momento, en esta entidad estaba afiliada la mitad de la plantilla, y así contribuía a defender sus derechos laborales. Cuando fue nombrado presidente de Ciudadanos en 2006 dejó esta entidad, pero mantuvo su afiliación.
[52] El Supremo condena al Santander por la venta de productos complejos sin aportar toda la información sobre los riesgos
El Alto Tribunal sentencia que los test de conveniencia para la venta de ‘swaps’ no eximen al banco del cumplimiento de sus deberes de información
El escrito se refiere a un caso de cinco empresas dedicadas a la construcción y explotación de placas fotovoltaicas
Revés judicial a la venta de swaps en las entidades financieras. El Tribunal Supremo ha emitido este jueves una sentencia contra el Banco Popular por la venta de estos productos complejos a cinco empresas de fabricación y explotación de placas fotovoltaicas en Castellón.
La sentencia, que estima el recurso interpuesto por las empresas, entiende que la práctica del test de conveniencia de un producto tiene que ir acompañado por una información previa sobre los riesgos de este tipo de productos. En concreto, el Alto Tribunal argumenta que dichos exámenes «no eximen al banco del cumplimiento de sus deberes de información»
Los test concluyeron en los cinco casos que se trataba de empresas con escasa antigüedad, limitado volumen de negocios y falta de conocimientos, experiencia y servicios relacionados con instrumentos financieros. De este modo, en el contrato se incluyó una cláusula en la que los clientes declaraban que la operación no era «conveniente ni adecuada» y que la entidad les había informado de ello.
El tribunal entiende como hechos probados que la celebración de los contratos había sido propuesta por el banco y que este no había cumplido con los deberes legales de información sobre los riesgos de la operación. Los swaps son un tipo de contrato financiero por el cual dos partes buscan participar de manera conjunta en unos posibles beneficios futuros. Se considera que tienen un alto riesgo y, por tanto, no son válidos para cualquier interesado. En este caso, era un producto ligado a la evolución de los tipos de interés.
Sin embargo, el Supremo concluye en su sentencia que el contenido del contrato no pudo suplir la falta de información, que se omitió la práctica del test de de idoneidad y que el test de conveniencia dejó claro que las empresas no tenían experiencia previa ni conocimientos específicos en productos financieros complejos. De este modo, confirma la sentencia de la primera instancia, que ya había declarado la nulidad de dicho contrato bancario y había condenado a la entidad a reintegrar el saldo de las sumas percibidas durante su ejecución.
El caso al que se refiere la sentencia se remonta a 2008. Entonces, los cinco fabricantes de placas sellaron los respectivos contratos swap con la entidad financiera. En 2009, demandaron ante un juzgado castellonense este acuerdo, recibiendo en 2010 una sentencia favorable en primera instancia. La entidad recurrió y la Audiencia Provincial de Castellón le dio la razón en 2011. Ahora el Supremo anula la sentencia de la Audiencia Provincial y acepta la primera, de 2010.
La sentencia de primera instancia señalaba que, al no poder considerarse un inversor cualificado, las empresas que participaron en estos contratos son minoristas, como sería cualquier otro cliente. De este modo, y estando ya aprobada la primera ley MiFid a nivel comunitario que obliga a una mayor información sobre productos complejos, estas empresas deberían haber recibido más datos sobre los riesgos. De este modo, remarca que no es suficiente con los test de conveniencia, ni con la inclusión de la citada cláusula en el contrato, sino que se debe acompañar con una mejor y más completa información.
[53] La Constitución española no está totalmente ratificada por el pueblo español
Por Miguel Angel Rodriguez-Gironés / Fernando Valladares / Silvia Pérez-Espona / Joaquín Hortal / Luis Santamaría
Algún lector se preguntará a qué viene un post sobre la Constitución en estas fechas y publicado en un blog de ciencia (crítica, de acuerdo, pero ciencia al fin y al cabo). La ciencia nos enseña a ser rigurosos y precisos y nos instruye en una mirada exhaustiva de los detalles. Y con esta mirada hemos revisado un documento clave para nuestro país y hemos encontrado un descuido en apariencia ‘pequeño’ – pero con posibles implicaciones que deberían invitarnos a reflexionar.
En la página web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado cuelga el siguiente archivo. En la primera página del PDF nos informan de que el archivo contiene el texto de la Constitución Española, “aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978”, “ ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978” y “sancionada por S.M. el Rey ante Las Cortes el 27 de diciembre de 1978”. Pero detengámonos un momento y vayamos a las páginas 38 y 39 del documento PDF y leamos el artículo 135. Comienza así:
1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
¿Lo recuerdan? Ese artículo, ¿estaba en la Constitución de 1978? ¿Fue ratificado por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978? Porque nosotros creemos que no, que se introdujo tras una reforma exprés de la Constitución (ese texto casi sagrado, inapelable, inamovible, que nuestros políticos invocan a cada rato para explicar por qué no se puede hacer tal o cual cosa, pero que cambian sin despeinarse cuando les parece) y que no ratificó nadie. A nosotros, desde luego, nadie nos preguntó. En la Constitución “ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978” el artículo 135 decía simplemente:
1. El Gobierno habrá de estar autorizado por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.
2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.
Nuestra primera reacción, claro, es asumir – ¿qué menos? – que en algún lugar del documento, aunque sea medio escondido y en letra pequeña, habría una explicación indicando que el texto que aparece en el documento incluye una modificación de 2011. Pero parece que no: la aclaración, si está, está en una letra tan pequeña que no la hemos conseguido encontrar.
La Constitución se menciona siempre como un texto que no se puede ni se debe modificar. No obstante, y a pesar de que existe ya una fuerte demanda social por actualizar el texto constitucional, los partidos no acaban de dar el paso a pesar de haberlo prometido no solo ante los medios de comunicación sino en su propios programas electorales. Pero la Constitución no se toca. Sin embargo, la Constitución ha sufrido ya dos modificaciones (en 1992 para ajustarla al tratado de Maastrich e incorporar el sufragio pasivo y en 2011 con el controvertido tema de la estabilidad presupuestaria). Para dolor de mas de un demócrata, y a pesar de lo que se lee en el BOE, en ninguno de los dos casos fue en absoluto refrendada la modificación por el pueblo español.
¿ Importa esto? ¿Por qué? Puede ser, claro, una cuestión de deformación profesional. Como científicos estamos acostumbrados a ser meticulosos hasta la obsesión con referencias, notas, apéndices y citas bibliográficas. El rigor en los textos al que estamos acostumbrados desde el primer día de nuestras tesis doctorales es imprescindible para publicar un artículo o un documento científico y aspirar a que sea referencia pública y universal de un descubrimiento, una comprobación de una hipótesis o una base de datos. Nos choca, por tanto, encontrar un desajuste como este en un texto tan importante como es la Constitución Española, y nos sorprende especialmente al tratarse de una publicación de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, que debería saber mejor que nadie lo que está publicando. De hecho, si en lugar de descargar directamente el PDF buscamos el texto de la Constitución en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, encontramos que se trata de un “texto consolidado”, cuya última actualización fue publicada el 27 de septiembre de 2011 – pero también aquí nos dicen “QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN”, y aunque advierten que el artículo 135 que aparece es una modificación de 2011 (igual que el artículo 13 contiene una modificación de 1992), nunca se explica que las modificaciones no han sido ratificadas en referéndum.
Entonces, ¿ lo dejamos así? Un descuido sin importancia por parte de la Agencia, una manía nuestra y asunto concluido. ¿O no? La presentación del texto como “ratificado por el pueblo español” confiere al contenido una legitimidad que en realidad no tiene. La modificación del artículo 135 fue impuesta por presiones y gobiernos extranjeros, y no ha sido ratificada por ningún pueblo – podemos incluso sospechar que no se convocó un referéndum para ratificarla, a pesar de su calado, porque el gobierno asumía que el pueblo español no la ratificaría. Su legitimidad es, por tanto, cuestionable.
Otra deformación profesional de los científicos es formular hipótesis que podemos contrastar y, eventualmente, rechazar. Viendo la importancia que algunos políticos y dirigentes dan a la honestidad en la obtención de los títulos de licenciatura, Master e incluso doctorado (que, desafortunadamente, no se limita a Cristina Cifuentes o Pablo Casado: incluso limitándonos a los casos de plagio, que son aún más graves que aprobar de forma fraudulenta o mentir en el CV, aparecen nombres tan relevantes como el rector de la URJC Fernando Suárez, el presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, el presidente del Comité Olímpico Español Alejandro Blanco, el conseller de la Generalitat Valenciana Manuel Cervera, o el director del Instituto de Estudios Fiscales José Antonio Martínez Álvarez), es casi inevitable formular la hipótesis de que el “descuido” a la hora de referenciar adecuadamente el origen del texto podría ser en realidad debido a una falta de escrúpulos.
Sin embargo, es muy ilustrativo tener en cuenta al menos estos tres tipos de circunstancias. En primer lugar, durante el proceso de modificación del artículo 135 (que tuvo lugar en septiembre de 2011, con el único apoyo del PP y PSOE), el presidente José Luis Rodríguez Zapatero negó cualquier presión procedente del Banco Central o la Unión Europea para, a los pocos meses de retirarse del cargo, incluir en su libro El Dilema: 600 días de vértigo la carta “estrictamente confidencial” que el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, envió a La Moncloa conminándola a aprobar como fuera esa reforma (algo que ocurrió tan solo 20 días después). Sumó así la comercialización privada de este documento público confidencial a la mentira previa en sede parlamentaria. En segundo lugar, hemos tenido de director de informativos de TVE a Julio Somoano, autor de la tesis “Estrategia de comunicación para el triunfo del Partido Popular en las próximas elecciones generales” y que preconizaba que el PP debería politizar el entretenimiento en TVE con fines electorales. En tercer lugar, la página web del Congreso de los Diputados se dedica a blanquear la memoria de la dictadura, evitando referirse a los 40 años de franquismo con ese término (que sí emplea para la de Primo de Rivera). Por todo ello no sería sorprendente que la omisión del “detalle” de la falta de ratificación en referéndum de las modificaciones de la Constitución sea intencionada.
Pequeñas omisiones como ésta van reescribiendo la historia. Otro granito insignificante en la creciente montaña de la postverdad. Del desprecio de los hechos y de “la verdad”. Por eso consideramos importante insistir en llamar a las cosas por su nombre, en puntualizar y en atenernos a los hechos.
[54] El PP recupera la alcaldía de Alicante gracias a una tránsfuga de Podemos
Luis Barcala, del PP, con la vara de mando de alcalde de Alicante. EFE
La concejal expulsada de Guanyar Alacant, Nerea Belmonte, quien pedía un sueldo para darle su voto a la socialista Eva Montesinos, se ha abstenido
Los ocho concejales del PP, partido más votado en las pasadas elecciones, le han dado el gobierno municipal al popular Luis Barcala
Ciudadanos y su tránsfuga Sepulcre se apoyan a sí mismos para evitar respaldar un ejecutivo de izquierdas
Vuelco en Alicante. El hasta ahora portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Luis Barcala, es ya el nuevo alcalde de la capital de provincia gracias a la abstención de la concejal tránsfuga Nerea Belmonte. El PSOE de Eva Montesinos había logrado recabar los apoyos de Compromís y Guanyar Alacant, pero necesitaba de un respaldo más, el regidor número 15, para seguir en el poder. Finalmente la tránsfuga de Guanyar, Nerea Belmonte, ha inclinado la balanza a favor del PP. Su abstención ha permitido al PP volver al poder tres años después de que lo hiciera la última alcaldesa popular, la procesada Sonia Castedo, investigada por amañar el PGOU en favor del empresario Enrique Ortiz.
Belmonte reclamaba disponer de un sueldo como concejal, cuestión que hasta el último momento estaba en el aire pues las tres fuerzas de izquierdas se habían comprometido con ella a modificar el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) para incluir esta demanda a cambio de recibir el apoyo de la exedil de Podemos. Sin embargo, Nerea Belmonte exigía que estuviera por escrito, algo que no había sucedido y ha optado por la abstención.
Por su parte, Ciudadanos ha preferido votar a su portavoz Yaneth Giraldo, la cual ha cosechado cinco votos. De esta forma, el partido naranja se ha desinhibido de dar cobertura al gobierno de derechas que proyectaba el PP, como si hizo en 2015. Por último, el otro concejal tránsfuga salido de las filas de Cs, Fernando Sepulcre, se ha votado también a si mismo pero lo ha hecho «a boli», según ha relatado en el recuento de votos el secretario, quien lo ha declarado «nulo».
Barcala permite al PP recuperar una de sus tradicionales plazas. Alicante había estado gobernada durante los últimos 20 años por distintos gobiernos conservadores. En 2015, el PSOE de Gabriel Echávarri pactó un ejecutivo local con Guanyar y Compromís pero el doble procesamiento del socialista -por presuntamente trocear contratos en el área de Comercio por valor de 190.000 euros; y por posteriormente despedir a una funcionaria interina por represalias contra el PP, como él mismo reconoció, ya que se trataba de la cuñada del líder de grupo municipal popular, Luis Barcala- hizo estallar el tripartito primero, propició la salida de Echávarri el pasado 9 de abril y ahora la vuelta del PP.
Durante estos tres años de inestable gobierno socialista también han visto mermar sus filas los grupos municipales de Guanyar Alacant y de Ciudadanos. El primero se vio obligado a expulsar al grupo de nos los adscritos a su concejala de Acción Social y Vivienda después de que se supiese que había concedido varios contratos menores a la empresa de comunicación de dos compañeros de partido. Cs también abrió un expediente a su concejal Fernando Sepulcre tras detectarse que había intentado pasar facturas de gastos de su vehículo al grupo de la formación naranja en la Diputación de Alicante donde es diputado. En el organismo provincial, ya como tránsfuga, ha venido dando su respaldo al PP de César Sánchez, cuyo voto permite a los ‘populares’ seguir gobernando. Ahora, Sepulcre y Belmonte también han dado vía libre a otro gobierno del PP en la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana.
Tras el nombramiento de Barcala como nuevo alcalde, Echávarri le felicitaba a través de su perfil de Twitter.
Enhorabuena a @luisbarcala nuevo alcalde de Alicante. Tus éxitos serán los de la cuidad. #Alicante
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra
Anticorrupción archiva la denuncia de los populares contra la vicepresidenta valenciana y líder de Compromís por supuesto fraccionamiento de contratos
El Partido Popular de Isabel Bonig se ha estrellado contra la Fiscalía en su intento de que la Justicia imputara a la vicepresidenta valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra, por corrupción. Los populares denunciaron a Oltra por un supuesto fraccionamiento de contratos en la conselleria que ésta dirige, una denuncia que coincidía en el tiempo con el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la supuesta financiación ilegal del PPCV.
Ahora, la Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación abierta por un supuesto fraccionamiento de contratos en servicios de limpieza de centros sociales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, dirigida por Mónica Oltra, y por pagos por la vía de enriquecimiento injusto que sumarían más de 43,7 millones de euros, según ha avanzado Europa Press. El PP pagó 1.200 millones por la misma fórmula por la que denunciaba a la vicepresidenta valenciana.
El ministerio público, tras estudiar la denuncia interpuesta por el PPCV y los expedientes remitidos por la Abogacía de la Generalitat, ha adoptado esta decisión al estimar que no hay infracción penal.
La Fiscalía abrió una investigación el pasado mes de febrero a raíz de la denuncia del PPCV, que consideraba que los hechos podían ser constitutivos de un delito de prevaricación. En concreto, hacía referencia a contratos de la Conselleria de Igualdad en los que apreciaba «fraccionamiento ilegal para eludir el procedimiento legalmente establecido y, en particular, la libre concurrencia de licitadores, así como la fiscalización por los órganos de intervención».
Asimismo, los populares consideraban que existió «recurso sistemático al reconocimiento de deudas por la vía del enriquecimiento injusto para evitar cualquier tipo de contratación administrativa, así como para eludir toda fiscalización por parte de la Intervención».
Por su parte, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas recalcaron en ese momento tras conocerse la investigación que «ninguno de los expedientes puede ser aprobado con informe negativo por la Intervención, dado que sin el informe favorable del órgano fiscalizador de la Generalitat ni se contabiliza, ni se paga». También aseveraron que era «falso que la vía del enriquecimiento injusto eluda la fiscalización porque pasan por la Intervención General».
A la denuncia contra Mónica Oltra, los populares sumaron otras dos contra sendos departamentos dirigidos por representantes de Compromís -Transparencia, con Manuel Alcaraz al frente, y Educación, cuyo conseller es Vicent Marzà-. Las acusaciones, de prevaricación administrativa, estaban relacionadas con las actividades de los ‘Objetivos de desarrollo sostenible’ y la ‘Primavera educativa’.
Oltra se refirió a las tres denuncias presentadas, que aseguró que estaban plagadas de erratas y datos incorrectos. «O no saben sumar los conceptos, o mienten», advirtió entonces, para añadir que estaban «muy tranquilos» y que no tenían «nada que ocultar. Si en el PP tienen la documentación es porque se la hemos dado nosotros».
En la Política hay una cierta flexibilidad a la hora de evaluar las declaraciones que se han hecho en distintos momentos. Pero en el Derecho no la hay
Cristóbal Montoro dijo lo que dijo y lo dijo en el Pleno del Congreso de los Diputados. Sus palabras tienen que figurar en el Diario de Sesiones tal como fueron pronunciadas. No cabe duda de que el abogado de Carles Puigdemont ya habrá solicitado a la Secretaría General copia de las mismas y que, acompañadas de la traducción correspondiente, las pondrá en conocimiento de los tres jueces que van a constituir el Tribunal de Schleswig-Holstein que tendrá que tomar la decisión sobre la extradición por este delito.
En España están pasando cosas que nunca pensamos que llegaríamos a verlas, pero, a pesar de todo lo que hemos visto, pienso que el Congreso de los Diputados no es la Universidad Rey Juan Carlos y no creo que se pueda rectificar fraudulentamente el contenido del Diario de Sesiones como se han rectificado las actas de las asignaturas del Máster de Cristina Cifuentes. En consecuencia, las palabras del Ministro de Hacienda en el Pleno del Congreso de los Diputados acerca de que no se ha gastado ni un euro público en el referéndum del 1-O es la “verdad gubernamental oficial” en la materia. Tanto desde un punto de vista político como administrativo esa es la posición del Gobierno. Debe recordarse, además, que esa misma posición fue mantenida expresamente por el presidente del Gobierno en respuesta a una interpelación de Albert Rivera también en el Pleno del Congreso de los Diputados. Se supone que tanto Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro tenían la información pertinente y la transmitían con veracidad.
¿Pueden transmitir el presidente del Gobierno y el Ministro de Hacienda al Juez Instructor una información distinta a la que transmitieron al Congreso de los Diputados sobre el mismo asunto?
¿Ocultaron información al Congreso de los Diputados o están “reconstruyendo la información” para decirle al Juez Instructor lo que éste quiere que le digan de la misma manera que “se reconstruyeron las actas” para decirle a la presidenta de la Comunidad de Madrid lo que ésta quería oír? ¿Cómo se va a poder justificar ante el Tribunal de Schleswig-Holstein que las palabras que pronunciaron, enfáticamente, además, tanto el presidente del Gobierno como el Ministro de Hacienda en el Pleno del Congreso de los Diputados no se corresponden con las que transmiten al Juez Instructor? Ya no se está poniendo en cuestión la credibilidad del Tribunal Supremo, sino la del Gobierno y, de rebote, la del Parlamento también. ¿A quién va a creer el Tribunal alemán: al presidente del Gobierno y al Ministro de Hacienda cuando hablan ante el Pleno del Congreso o cuando lo hacen ante el Juez Instructor redactor de la euroorden?
En la Política hay una cierta flexibilidad a la hora de evaluar las declaraciones que se han hecho en distintos momentos. Pero en el Derecho no la hay. Piénsese que estamos ante un proceso penal en el que está en juego la libertad de las personas contra las que están dirigidas las querellas de la Fiscalía general del Estado. Y que estamos hablando del valor de la “prueba” con base en la cual se puede destruir la “presunción de inocencia” de un ciudadano. El rigor a la hora de valorar declaraciones contradictorias en el proceso penal es el máximo que se puede exigir en la convivencia humana.
En el mundo del Derecho hay un principio en torno al cual gira el ordenamiento jurídico del Estado Constitucional. Es el principio del paralelismo de las formas. De acuerdo con tal principio, para que una declaración del presidente del Gobierno o del Ministro Hacienda contradictoria con la que ellos hicieron ante el Pleno del Congreso de los Diputados pudiera surtir efecto en un proceso penal, el presidente y el ministro tendrían que acudir al Pleno del Congreso e informar a los Diputados que no fue verdadera la información que les transmitieron en su día, sino que la información verdadera es la que les van a transmitir a continuación. Una vez evacuado este trámite, el ministro de hacienda podría transmitir dicha información al Juez Pablo Llanera. Sin pasar previamente por el Pleno del Congreso de los Diputados el Ministro de Hacienda no le puede decir al Juez Instructor cosa distinta de lo que le dijo a los Diputados. En el caso de que lo hiciera, Carles Puigdemont y todos los querellados podrían impugnar la validez de dicha información. Una prueba alcanzada de esa manera sería nula de pleno derecho. ¿Están dispuestos Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro a acudir al Congreso para rectificar sus declaraciones anteriores?
En cualquier caso, en el supuesto de que Cristóbal Montoro estuviera dispuesto a plegarse a la requisitoria del Juez Instructor y decir algo distinto a lo que dijo en el Pleno del Congreso, deberían los diferentes grupos parlamentarios solicitar la comparecencia urgente del ministro en el Pleno del Congreso para dar las explicaciones por ese cambio de posición.
Hacer política a través de los jueces tiene estas cosas. En la política hay muchos vericuetos, pero en los procesos judiciales también los hay. Los tiempos son distintos. Los actores también. Las estrategias que se ponen en práctica también. La lógica con que se razona y con que se tiene que argumentar tampoco coinciden. La ilusión de que la intervención de los jueces puede resolver un problema que se tiene que resolver haciendo política, es eso, una ilusión. Y el despertar suele ser amargo. Desgraciadamente no solo para el presidente del Gobierno que actúa de esa manera irresponsable, sino para todo el país.
La masa mayoritaria de jueces ha pasado de pensar que el hecho de ser un poder del Estado les concedía un estatus determinado, a darse cuenta de la proletarización a la que han sido sometidos y del ninguneo sistemático por parte del Gobierno y del propio CGPJ
Catalá, el ministro reprobado, ya puede sentirse satisfecho. Ha alcanzado las cotas de su predecesor, el ministro Gallardón
Al Gobierno le estallan las costuras de sus recortes sin fin, de su falta de consideración y de su improvisación perpetua. Superada la crisis de forma satisfactoria, al decir de la propaganda oficial, las víctimas de la misma están comenzando a despertar del letargo. Y no son sólo los pensionistas, muchos de los cuales ya protagonizaron en su vida activa la lucha por los derechos de los trabajadores. En este país en el que los anales dicen que no hay clase obrera, que todos somos clase media, los nuevos proletarios del sistema están comenzando a darse cuenta de cual es su situación actual.
Otras veces les he hablado ya de la chinificación de muchos trabajos, que antes de la hecatombe eran profesiones más o menos prestigiosas. Pregúntenles a los arquitectos que no trabajan si no cogen vuelos internacionales, a los jóvenes ingenieros que han tenido que emigrar como lo hicieron sus mayores -por mucho que ahora le llamen expatriación- y a los miles de licenciados que se tienen que dar con un canto en los dientes si les contratan por salarios inferiores a los denostados mil euros de antaño. Y eso que ellos sí han cursado sus estudios y obtenido debidamente sus títulos.
Tal deterioro de las condiciones de trabajo y de los derechos se han hecho visibles también en las profesiones jurídicas. En un par de décadas, la masa mayoritaria de jueces ha pasado de pensar que el hecho de ser un poder del Estado les concedía un estatus determinado, que hasta impedía la protesta, a darse cuenta de la proletarización a la que han sido sometidos y del ninguneo sistemático por parte del Gobierno y del propio CGPJ. Lo mismo les sucede a los fiscales. Los abogados también han sido sometidos a las consecuencias de la globalización y a la llegada de mano de obra barata y masiva. Sumidos también en la paradoja de ser una de las profesiones liberales por antonomasia y, sin embargo, enfrentarse a problemas y reivindicaciones propios de cualquier colectivo obrero. Los salarios insuficientes, las cargas de trabajo inasumibles, los sistemas informáticos que dificultan el trabajo en lugar de agilizarlo, la imposibilidad de conciliar e incluso la falta de pago por parte de los organismos públicos, se han convertido en el día a día.
Ya veo a algún lector cabeceando y pensando que lo suyo es que cada palo aguante su vela y que todos los sectores tienen problemas. Cierto. No es menos cierto que la Justicia es un negociado que afecta de forma directa a la vida de los ciudadanos y al funcionamiento social. Gripar ese sistema es también gripar nuestros derechos y libertades y eso es lo que se está haciendo sin ningún pudor.
Al fin todas las asociaciones de jueces y fiscales han llegado a un acuerdo para convocar una serie de paros que tendrían que haber comenzado hoy jueves coincidiendo con un paro de abogados. Hoy pararán solos los abogados porque los jueces han tenido un problemilla legal que en el fondo ha venido a darles la razón. La Autoridad Laboral, del Ministerio de Trabajo, les ha comunicado que no han cumplido el plazo legal de comunicación de su paro, que es de diez días, y que por tanto no pueden parar mañana. Es curioso que los jueces no cumplan los plazos, aunque es disculpable puesto que no hay nada más difícil que llevar a un grupo de jueces y fiscales juntos de un punto a otro. Se lo digo por experiencia. En mis tiempos, cuando trabajaba para el CGPJ, hasta subirlos juntos a un autobús era una odisea. No obstante están contentos porque por primera vez, un organismo del Ejecutivo les reconoce el derecho a huelga que otros les hurtaban. Responderles que incumplen el plazo de la Ley de Huelga es tanto como reconocer que tal ley les atañe.
Son los jueces y fiscales de a pie los que no soportan más sus condiciones de trabajo y es, sobre todo, la base de jóvenes que se incorpora la que presiona a las tradicionalmente lentas, polvorientas y poco dispuestas asociaciones judiciales y fiscales a dar este paso.
Los abogados sí se manifestarán hoy jueves. En su caso lo harán convocados por asociaciones independientes de los colegios profesionales que, en algunos casos ya se han pronunciado afirmando que los letrados no tienen derecho a huelga. Lo cierto es que reivindican cosas tan básicas como la posibilidad de las abogadas de tener una baja por parto o para exigir que les paguen el trabajo que hacen en el turno de oficio de una forma digna y a tiempo. Cosas que parecen tan incomprensibles, y que comparten con los jueces y fiscales, como que no se introduzcan avances tecnológicos y digitales tan mal hechos y tan mal implementados que en lugar de agilizar su trabajo lo convierte en un tormento. Mientras, muchos grandes colegios como el de Madrid miran para otro lado. Claro que la colegiación obligatoria convierte a estos en representantes de la patronal, de los empleados y de los autónomos y parece que, de momento, prefieren alinearse con el poder y no con los nuevos proletarios.
Sumen a eso que los funcionarios de Justicia de Galicia llevan tres meses en huelga. Tres meses sin que Feijoó les haga ni puñetero caso y con una avalancha de suspensión de juicios y de paralización del trabajo. Esa es la Justicia del PP, la que no funciona, la que no avanza, la que no da respuesta a las necesidades de una sociedad democrática.
La pena de todo esto es que la efervescencia de la indignación de las profesiones jurídicas se lleve a cabo de forma separada. Por mucho que ellos digan que la acción conjunta es imposible, yo no dejo de mirar con envidia las manifestaciones masivas de los últimos meses de todos los estamentos en Francia bajo el lema “ Justice Morte”. La Justicia muerta, agonizante, tal y como la están dejando los que sólo la quieren sumisa.
Catalá, el ministro reprobado, ya puede sentirse satisfecho. Ha alcanzado las cotas de su predecesor, el ministro Gallardón. Ambos han tenido el dudoso honor de ponerse en contra a todos. Ambos han conseguido que les hagan una huelga. Catalá ya ha matado al padre y, de paso, está asesinando a nuestra Justicia.
Asistimos estos días a lo que algunos llaman ―algo forzadamente― “ruido de togas”, símil poco afortunado del más conocido “ruido de sables”. Las togas son de por sí silenciosas, aunque unas más y otras menos en función de la calidad del paño. También lo son quienes se atavían con ellas, que no tienen por costumbre alzar la voz fuera de la Sala de vistas ―tampoco dentro― e incluso se sienten algo incómodos al hablar de las condiciones en que se desarrolla su trabajo. Por eso no es mala idea prestar algo de atención a lo que vienen exponiendo, con poco éxito, desde hace unos años.
Obviamente, no pretendo erigirme en portavoz de toda la judicatura ni aspiro a representarla. Sólo quiero trasladar al público mi punto de vista sobre una serie de aspectos que simplemente no funcionan como debieran. Al hacerlo, parto de una realidad incuestionable: a la mayoría de la gente le importa un bledo de qué va esto de la justicia. Y un buen número de compatriotas ―sé que no es su caso, querido lector― no sabría distinguir un juez de un fiscal, el penal del civil o un TSJ de un juzgado de paz. Tampoco les quita el sueño. De hecho, no está la justicia entre las diez primeras preocupaciones de los españoles, que encabeza el paro y cierran las pensiones.
Eso sí, cuando a uno le toca ir al juzgado ―y alguna vez sucede―, no entiende que los juicios se demoren tanto, se asombra de que las instalaciones sean tan cutres o se pregunta por qué en el cuarto de baño se apilan todos esos papeles desordenadamente junto a la escobilla del váter. Y eso que no se han internado en el archivo de piezas de convicción. Un lugar solo apto para valientes y para entomólogos.
Y es que hay muchos mitos y leyendas sobre “la justicia”. Por ejemplo, si pedimos a alguien que dibuje a un juez, indefectiblemente pintará a un caballero de edad provecta, a menudo barbado y siempre con cara de pocos amigos. Pero resulta que la mayoría de quienes ejercen la jurisdicción son mujeres, jóvenes y con cara de buen rollito. No obstante, es cierto que si nos asomamos al solemne acto de apertura del año judicial en cualquiera de sus ediciones, aparecerá en todos los medios la imagen que precisamente han compuesto nuestros dibujantes. Bueno, en honor a la verdad, algunos no tienen barba.
Por eso queremos mostrarnos tal y como somos la inmensa mayoría (y como no somos). Tengan claro que no nos pasamos las tardes jugando al golf, ni navegando en nuestro yate. No conozco a ningún compañero que tenga de eso. Tampoco los jueces de a pie compartimos mesa y mantel, ni palco en el fútbol con los políticos, ni con los banqueros o grandes empresarios. Realmente, muchas veces nuestro almuerzo consiste en un bocata engullido rápidamente en el despacho entre declaración y declaración a las tres o cuatro de la tarde si estamos de guardia. Y al llegar a casa tampoco nos pegamos una siesta de aquellas que glosaba Cela, nuestro socarrón premio Nobel, sino que nos sentamos ante el ordenador para poner las sentencias de los juicios celebrados por la mañana, muchas veces tecleando hasta las tantas de la noche, incluyendo en ocasiones los sábados y domingos si la cosa se complica. Y si alguna vez nos han visto tirando de un trolley, no crean que nos vamos rumbo a un balneario. Contiene los expedientes que llevamos a casa para resolver. Porque resulta que hay que sacar adelante todo el trabajo que entra y que en algunos juzgados supera el 250% de la carga teórica (módulo) del órgano judicial. Es tal la sensación, que algunos compañeros han acuñado el término de “gallinas ponedoras” como símil del juez dictando sentencias una tras otra. Incluso hay quien, tristemente, se ha desplomado muerto en su despacho víctima de un infarto fulminante por sobrecarga de trabajo sin que nadie más allá de sus deudos haya alzado mucho la voz. No obstante, a algunos nos ha hecho reflexionar seriamente acerca del sinsentido que supone acometer sin rechistar la brutal carga de trabajo que se cierne sobre nosotros.
Algunos lectores pensarán que esto es una exageración, y están en su derecho de pensarlo. O puede que crean que por lo menos tanto esfuerzo vendrá recompensado con una alta retribución y grandes prebendas. Les diré una cosa: ganamos exactamente la mitad de lo que está Vd. pensando. O menos. Hagan la prueba.
Y ahora que les he contado algo de cómo somos y de lo que hacemos, les contaré aquello con lo que soñamos. Soñamos con un gobierno y con un Consejo General del Poder Judicial que nos respeten y que estén comprometidos con la división de poderes. Con una oficina judicial digna de ese nombre. Con una planta judicial dimensionada a la alta litigiosidad española. Con una estructura judicial racional y cercana al ciudadano. Con unos edificios judiciales que superen cualquier inspección de seguridad e higiene. Con un CGPJ elegido por nosotros, y no por los partidos políticos, que nos ampare en nuestra independencia frente a los ataques que a menudo sufrimos. Con unos nombramientos para cargos judiciales presididos por los principios de mérito y capacidad y a través de un proceso transparente. Con una administración de Justicia moderna. Con unos sistemas de gestión procesal compatibles entre sí, eficaces y que garanticen la protección de datos. Con unas retribuciones acordes a nuestra responsabilidad y dignidad como integrantes de un poder del Estado. Y con muchas otras cosas que no caben en esta página.
Nuestros compañeros, los fiscales, están igual de descontentos, y por eso se ha logrado por primera vez en la historia la unión de todas nuestras asociaciones en apoyo y reivindicación de tan justas demandas. Así que cuando los próximos jueves hasta el 22 de mayo paremos una hora nuestra actividad y ese día ejerzamos nuestro derecho de huelga, recuerde todo lo que acaba de leer y asuma que, como pone en los carteles de las obras, “Estamos trabajando para Vd. Disculpe las molestias. Muchas gracias”.
[59] Coca-Cola admite que vulneró los derechos fundamentales de una delegada de CCOO
Mercedes, vestida de negro, junto a sus compañeras en la puerta del juzgado. (Foto: CCOO Industria)
Mercedes Pérez sufrió “un trato humillante y vejatorio por parte de un directivo de Coca-Cola”, según denuncia CCOO y ha reconocido ante los tribunales la propia empresa.
La empresa ha reconocido que vulneró su libertad de expresión, aunque no tenía intención de ofenderla
Coca-Cola vulneró los derechos fundamentales de Mercedes Pérez, sindicalista de CCOO y trabajadora de Casbega Madrid, según ha reconocido la propia multinacional en el acto de conciliación previo al juicio celebrado este miércoles en los Juzgados de lo Social de Madrid.
Según informa CCOO Industria Mercedes Pérez, espartana de @cocacolaenlucha estuvo ocho meses de baja por los sucesos que ocurrieron el 21 de junio de 2017 en una reunión con directivos de la empresa. “Tras sufrir un trato humillante y vejatorio por parte de un directivo de Coca-Cola”, denuncia el sindicato, esta sindicalista de CCOO tuvo que ser operada y no se incorporó a su puesto de trabajo hasta hace un par de meses.
Al abandonar el juzgado, Mercedes dirigió unas palabras de agradecimiento a los compañeros y compañeras que la quisieron arropar durante toda la mañana. Sindicalistas de CCOO, trabajadores y trabajadoras de Amazon, de Vodafone, pensionistas, feministas y camareras de piso esperaron a la delegada de Coca-Cola hasta primera hora de la tarde a las puertas del juzgado. Políticos de Izquierda Unida e Irene Montero de Podemos también le dieron su apoyo.
La sindicalista agradeció su respaldo y el que ha recibido durante todo este tiempo de las «Espartanas» de Coca-Cola. «No podía estar hoy aquí sin la ayuda de todas mis compañeras, que me han apoyado siempre», dijo. «Me alegra ver a este ramo de mujeres jóvenes luchando y peleando», añadió emocionada.
Mercedes también tuvo unas palabras de elogio para su abogado. Resaltó la «magnífica labor» de Enrique Lillo durante el acto de conciliación. «Es un sabio. Es un fuera de serie», aseguró. «Llevó su intervención de una manera magistral».
[60] El juez imputa a Caixabank por blanquear capitales de la mafia china
El juez Ismael Moreno considera que las oficinas investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente «como canales de blanqueo de dichas organizaciones»
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dirigido procedimiento como investigada contra Caixabank por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de diez de sus sucursales cercanas al polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada, en el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china, investigados en las operaciones contra la mafia china conocidas como Emperador, Chequia, Snake y Pólvora.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 considera que las oficinas investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente «como canales de blanqueo de dichas organizaciones», aún cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban».
En su auto, el magistrado explica que los directores de las sucursales implicados permitieron, entre otras cosas, que los miembros de las tramas usaran testaferros y DNI falsos, hicieran ingresos en efectivo con facturas falsas para eludir a Hacienda y tampoco advirtieron de que sus empresas tenían una actividad sospechosa.
Consultadas por Efe, fuentes de CaixaBank han negado cualquier tipo de colaboración en este supuesto lavado de dinero y han defendido que en la entidad existe una cultura de cumplimiento normativo con empleados formados que tienen la obligación de seguir las normas antiblanqueo.
«CaixaBank niega cualquier tipo de colaboración o participación en delitos de blanqueo de capitales presuntamente cometidos por ciudadanos de nacionalidad china», dijo un portavoz de la entidad en un email enviado a Reuters.
El juez, que ha citado a un representante legal de la entidad el 26 de abril para tomarle declaración, basa su investigación en sendos informes de la UCO y el Sepblac, que describen «una renuente falta de control y de reacción apropiada» por parte del órgano antiblanqueo de CaixaBank en las sucursales cercanas al polígono y también de la zona del Rastro madrileño.
Hay «indicios claros», dice, de que la entidad permitió el lavado a través de «masivas operaciones» que introducían en el circuito bancario «millones de euros en efectivo» que luego se transferían a China y Hong Kong. Esto se hacía con operativas que «ayudaban» a que las transacciones «pasaran desapercibidas» al Banco de España y al Sepblac.
Este órgano de inteligencia financiera cifró en 99,1 millones las transferencias totales enviadas a China y Hong Kong en el periodo investigado, de 2013 a 2015, pero CaixaBank solo comunicó indicios de blanqueo en 2 de los 193 clientes que hicieron estas operaciones. De este dinero, 41,6 millones fueron transferencias ordenadas por personas vinculadas a la trama Emperador liderada por Gao Ping y que investiga también la Audiencia Nacional.
Según el juez, la investigación parte por un lado de la causa contra la filial en España del banco chino ICBC por blanqueo que lleva la Audiencia Nacional y, por otro, de los casos contra tramas chinas como Emperador o Snake. En estas últimas investigaciones, los tribunales requirieron información a CaixaBank y otras entidades en las que los miembros de las redes tenían cuentas.
Fue advertido por el Banco de España
Las sucursales implicadas de Caixabank, que «se prestaron a ser canales de blanqueo de dicha organización y otras que se están identificando», hicieron «caso omiso» a estas peticiones. «Frente a esta pasividad de CaixaBank, 18 entidades financieras ante el mismo comportamiento emitieron las comunicaciones debidas y cancelaron las cuentas», destaca el auto. Tras estas peticiones de la Audiencia Nacional, CaixaBank no realizo «exámenes especiales» ni comunicó nada al Sepblac «respecto a 165 de los 193 clientes, sino que siguieron operando, transfiriendo 31,7 millones de euros», añade el juez.
El incumplimiento de CaixaBank, dice Moreno, fue «contumaz y no episódico», ya que recibió una primera advertencia del Banco de España en 2013 y en 2015 hizo una auditoría interna con recomendaciones «insuficientes» respecto a tres de estas sucursales, un informe que se envió a la «alta dirección del banco» y que apreció indicios de blanqueo en 82 sociedades y 8 personas.
Los órganos antiblanqueo de CaixaBank no estaban dotados, dice el juez, «de personal ni entrenados para ser eficaces», unos fallos «graves» conocidos por «todo el personal directivo» de la entidad, sobre todo por el entonces responsable de cumplimiento normativo.
Como lo de Cifuentes se les quedaba pequeño y eso de esperar sentados a ver pasar el cadáver del adversario no es para hiperactivos, en Podemos han decidido animar el patio con el guión de un golpe de Estado interno mecanografiado a doble espacio y difundirlo discretamente al mundo entero. La conspiración de Telegram ha desconcertado mucho a las bases, que no terminan de explicarse que en el partido de las sonrisas haya quien enseñe los dientes de manera tan descarada. No es fácil pasar de los mundos de Yupi a Alien en un solo episodio, aunque el octavo pasajero tenga la cara archiconocida de Carolina Bescansa.
Los inscritos de Podemos están muy mal acostumbrados o, si se prefiere, han sido negativamente influidos por quienes les aseguraban que la dirigencia del partido estaba formada por serafines como los de Murillo, por eso de que sólo a los ángeles y otros espíritus puros les estaba permitido asaltar los cielos burlando la vigilancia de San Pedro. Podemos, y así lo transmitía Iglesias poco antes de fulminar a su entonces secretario de Organización, Sergio Pascual -contigo, Sergio, empezó todo-, era una marea de voces plurales donde no cabían corrientes ni facciones en competencia por el control del aparato. En ese parnaso donde la política tenía tanto arte se habían erradicado las traiciones y se podía discutir de cualquier tema sin el peligro de que aquellos debates acabarán transformándose en campos de batalla.
En consecuencia, era metafísicamente imposible que se pudiera asistir a una lucha sin cuartel por el poder, algo que sólo ocurría en el resto de los partidos, donde sólo se paraba el fraticidio para tomar el aperitivo y a veces ni eso si los contendientes ya venían comidos de casa. Algo semejante jamás tendría lugar en Podemos, ya que las divisiones estaban proscritas y se había tomado la precaución de encerrar los odios en una lámpara junto al genio de Aladino.
Sobre quien liberó a la bestia hay opiniones, pero lo cierto es que alguien comió del fruto prohibido y el paraíso tuvo que se desalojado a toda prisa. Empezaron entonces los insultos, las disputas y los viajes gratis total a Siberia, que a algún lado habría que enviar a los revoltosos y sus infraestructuras para las deportaciones seguían siendo inmejorables. Los colegas se transformaron en enemigos y por las ventanas de la transparencia se coló un viento frío para el que las rebequitas de los de León se demostraban completamente inservibles.
Aunque se disfrazaron de diferencias políticas, las rencillas eran personales, algo que otras estructuras más experimentadas viene gestionando de antiguo porque entienden que los partidos no son fábricas de amor sino nidos de víboras y no se toman tan a pecho las promesas incumplidas y los cambios de sábanas. En el tránsito de una fuerza divina a otra humana y en la aceptación de sus miserias deberían empeñarse quienes representan a cinco millones de electores. Llegado el caso y por exigencias del guión están obligados a fingir los orgasmos o, por lo menos, a besarse ante las cámaras en la Feria de Abril.
Si se acepta que Podemos puede ser un nuevo-viejo partido, se entiende mejor el borrador para moverle la silla a Iglesias, cuya autoría niega Bescansa y que Errejón tacha de delirante. La lucha por el poder es consustancial a toda organización política pero requiere de sutileza y de las neuronas suficientes para no anunciar a los alemanes el desembarco de Normandía jugando con el móvil. No se puede emular a Bruto subiendo a Instagram las fotos de los conjurados con la daga entre los dientes.
Toda traición requiere del necesario secreto y de un cierto don de la oportunidad que en este caso también ha brillado por su ausencia. ¿Qué necesidad había de planear ahora el magnicidio? ¿Qué se ganaba poniendo por escrito el vigésimo movimiento de una partida de ajedrez que no había pasado de la apertura? ¿Cuánto aborrecimiento hay que acumular para no ser capaz de disfrutar de la caída de Cifuentes y preparar ya el golpe de mano? Con conspiradores tan torpes tiene asegurada Iglesias una larga vida. ¡Vaya tropa!
[62] La Guardia Civil oculta al juez Llarena los datos de Hacienda que demuestran que no hubo malversación el 1-O
Párrafo del informe firmado por la interventora general de Hacienda de la Generalitat en el que se constata que el 1-O no se cometió malversación.
El teniente coronel Baena, quien también informa al Juzgado Nº13 de Barcelona y a la Audiencia Nacional, omite en los informes que envía al Supremo los certificados de Hacienda que figuran en esos sumarios y que demuestran que no se gastó dinero público en el referéndum. El juez Llarena se ha basado en los informes de Baena para dictar la euroorden de detención de políticos soberanistas catalanes, sin solicitar esa información a la Intervención General de la Generalitat.
La presunta malversación de fondos públicos durante el 1-O que intentan acreditar el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y el grupo de la Guardia Civil que encabeza el teniente coronel Daniel Baena –firmante de todos los informes de la investigación sobre el referéndum del 1 de octubre– es el último caballo de batalla del Gobierno de Mariano Rajoy contra los dirigentes independentistas de la Generalitat. Y están tratando de mantenerlo a toda costa, incluso hasta el punto de minar la credibilidad del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en plena campaña de la Renta 2017.
Pero en los informes de la Guardia Civil en los que se basa Llarena para acusar a los políticos catalanes de malversación de fondos públicos se omiten los certificados de la Intervención General de la Generalitat, a los que ha tenido acceso Público en exclusiva, que figuran tanto en el sumario que instruye el Juzgado Nº13 de Barcelona –que investiga la preparación del referéndum del 1 de octubre por una denuncia de VOX después de que el diputado y juez Santi Vidal dijera que el Govern tenía acceso a los datos fiscales de los catalanes– como en el del Juzgado Nº3 de la Audiencia Nacional, cuya titular es la jueza Carmen Lamela.
Y lo grave es que esta omisión no se debe a que los investigadores de la Guardia Civil desconozcan la documentación que hay en ambos sumarios, ya que el equipo que trabaja para los tres jueces es precisamente el del teniente coronel Baena, jefe de la Policial Judicial de Catalunya que se esconde bajo el pseudónimo Tácito en Twitter, como desveló Público. Desde esa identidad oculta, Baena hace comentarios contra los mismos políticos a los que investiga y hasta predice lo que va a ocurrir en el procedimiento poco antes de que ocurra, como sucedió con la acusación de sedición.
Es más, en el informe de apenas 10 páginas que este jueves hizo público el Supremo, la Guardia Civil “adjunta un DVD que contiene todas las diligencias y demás documentos que como Anexos, y oficios, han sido entregadas en el Juzgado de lnstrucción Nº 13 de los de Barcelona, que instruye DP no 11812017, relacionadas con el delito de Malversación de Caudales Públicos con ocasión de la preparación y ejecución del referéndum del 1-O”.
«Lo normal es que el juez hubiera solicitado a la Intervención General de la Generalitat o al Ministerio de Hacienda información acerca de las cuentas de la Generalitat»
“Lo normal -según las fuentes consultadas por Público– es que el juez hubiera solicitado a la Intervención General de la Generalitat o al Ministerio de Hacienda información acerca de las cuentas de la Generalitat, pero no es comprensible jurídicamente que le pida explicaciones al ministro de Hacienda por unas declaraciones en prensa cuando él sabe perfectamente quiénes hacen funciones de peritos en un proceso y qué documentos son pruebas y cuáles no”.
No cabe entender la penúltima crisis de Podemos, una conspiración contra Pablo Iglesias, sin la crisis simultánea del PSOE. Con acierto, el diario El País, que sabe muchísimo más de lo que cuenta sobre las vicisitudes de la formación morada, abría ayer su información sobre las liaisons dangereuses de Iñigo Errejon con Bescansa, con este sintomático antetítulo: movimientos en la izquierda ante las próximas elecciones. Bien titulado, porque los protagonistas de este escándalo de Podemos son, provienen o circulan por la periferia socialista y tienen hoy como altavoz al eco mediático de Prisa, la Ser y El País. Efectivamente, no se sabe donde terminan los problemas de Sánchez y comienzan los de Iglesias.
El recién desvelado guión del proyectado coup d´état en Podemos es inseparable del golpe de estado en el PSOE. Uno lleva al otro en la medida que sus autores intelectuales son los mismos. El PSOE no avanza ni retrocede. Asiste al despegue de Ciudadanos, sin recuperar los votos que ayer se fueron con Rivera, tanto como al estancamiento de Podemos, sin tampoco poder recuperar los votos que se fueron con Iglesias. Seguramente, tras las próximas urnas generales, Sánchez se verá obligado a dimitir, como lo hicieron González, Almunia, Zapatero y Rubalcaba. Más aún. O el PSOE gira a la derecha y se decide a competir con Ciudadanos, dado que huye como de la peste de una mínima alternativa de izquierda, o el bipartidismo PP-PSOE será sustituido por el de PP-Cs.
Se impone, pues, una OPA del PSOE sobre Podemos. OPA hostil con Iglesias, OPA amistosa con Errejón. Justo en la misma cancha de los morados, los socialistas pueden contar hoy con varios cuadros jóvenes frescos, aún no tan enviciados como la casi docena de jóvenes viejos burócratas que habitan en Ferraz. La misma oferta a la alcaldesa Carmena, para que encabece su candidatura al municipio madrileño, evidencia la carencia de banquillo político del Partido Socialista. Casi un cuarto de siglo después de González, el PSOE es un páramo político de cuadros dirigentes, con alguna que otra excepción, como la del veterano Rubalcaba. Como es improbable que la derecha reedite la aventura bélica de Aznar, que regaló el gobierno a Zapatero, al partido socialista no le queda otra opción que la renovación generacional y el giro a la derecha.
Hace veinte años Cristina Almeida recibió una propuesta, que aceptó, similar a la que hoy se hace a Manuela Carmena. Franco no ha hecho más que repetir la jugada que Lissavetzky lanzó en 1998. Del mismo modo, la hoja de ruta golpista, aparecida en telegram, que Carolina Bescansa con lenguaje muy cifuentesco reduce a casi nada, recuerda al llamado Mate Pastor contra Pablo Iglesias, publicado hace dos años, también en Telegram, por otro amigo de Errejón, Sergio Pascual. Quizás sea mera casualidad, pero el intento de un gobierno Rivera-Sánchez fue el telón de fondo político de aquel Mate Pastor, como hoy parece serlo también con el documento conspirativo contra Iglesias. Aquellas experiencias, basadas en la clara injerencia en los asuntos internos de otro partido, son hoy reeditadas, corregidas y aumentadas.
La filtración de la hoja de ruta golpista de Bescansa buscaba la respuesta contundente de Iglesias, como sería lógico en cualquier otro partido, para a continuación machacarle mediaticamente y ahorrarle a Errejón el vía crucis electoral que le espera en Madrid, como consecuencia del escándalo desatado. Sea o no sea un error, es toda una provocación tendente a que los de Podemos abriesen hoy un expediente informativo sobre la conspiración de Carolina Bescansa que incluiría, inevitablemente, a Errejón. El largo silencio de Podemos ha obedecido, probablemente, a la necesidad de no caer en la trampa saducea que le tendían, aún a riesgo de que esta tibia respuesta fuese percibida como debilidad; pero sería más arriesgado para Iglesias responder como el enemigo tenía previsto que iba a responder.
Como diría el general Julio Rodríguez, hoy al frente de Podemos Madrid, se impone en esta formación un firme avance elástico sobre la retaguardia, que es como los estrategas denominan las retiradas. El desenlace de esta OPA socialista no es para hoy sino para mañana. Hasta que se cierren las urnas generales del 2020, pasando por las autonómicas y municipales de mayo de 2019, no se sabrá si Podemos ha sido opado o, lo que es lo mismo, ocupado por el PSOE. Es preciso, pués, paciencia, paciencia y paciencia. Asistimos a una batalla que no ha hecho más que empezar, que se desarrolla, además, sobre la más seria ofensiva de la derecha involucionista en Madrid y en el resto de España. Por lo tanto, como bien decía Winston Churchill, a veces “es un error mirar demasiado lejos. Solo puede manejarse un eslabón de la cadena del destino.”
[64] El juez aprecia falso testimonio de un policía en el altercado de San Lorenzo
El absuelto Juan H.B., junto a otro acusado, Luis Miguel H.P. (a su dcha.), se dirige a los concentrados tras el fallo. – E. M.
Nunca unos vídeos tuvieron tanta importancia para resolver una causa penal… en favor de los acusados. El juez absolvió ayer sobre la marcha a los tres acusados por atentado y lesiones a agentes de la Policía. Yfue aún más allá: recordó a los absueltos que, si lo deseaban, podrían interponer denuncia por falso testimonio.
Las grabaciones de la protesta y carga policial sobre un grupo de 70 personas que protestaban el 2 de febrero de 2014 cerca en la Parrilla de San Lorenzo donde comían altos cargos del PP, no dejaron lugar a dudas: los tres que ayer se sentaron en el banquillo no agredieron a los agentes. Al revés: se aprecia como los antidisturbios dieron patadas, bajo la pancarta, a los manifestantes de primera línea.
Al tener frescas las imágenes, el juez no pasó por alto el testimonio de un agente cuando se descolgó diciendo que ningún agente había propinado patadas. «Usted no puede hablar por todos los policías. Se ve en los vídeos que sí las dan. Yle recuerdo que está bajo juramento», reprendió el magistrado.
Por todo ello, el titular del Juzgado de lo Penal nº 3, Miguel Ángel Martín Maestro, vio que no era necesario escuchar a más testigos en el juicio celebrado ayer por estos hechos –quedaban dos– y caminó hacia la absolución,
Martín Maestro calificó la actuación de la Unidad de Intervención de la Policía (UIP), «fuera del protocolo de disolución de una manifestación» y aseguró que las grabaciones de vídeo –se proyectaron media docena– demuestran de forma «palmaria» y «evidente» que lo recogido por la Policía en sus atestados «responde muy poco a la realidad». La sentencia ‘in voce’ que hizo estallar de júbilo a los familiares y acompañantes, fue el colofón a una sesión de juicio en la que el castillo de naipes que ahormó la denuncia policial –defendida por la Fiscalía– se fue derrumbando paso a paso. Tan mal estaban las pruebas de cargo, que ya casi al final el fiscal reconoció que retiraba la acusación contra dos de los tres acusados y la mantenía solo con uno.
Acusado en rebeldía
Declarado en rebeldía uno de los cuatro acusados, Javier G.B., ayer se sentaron en el banquillo Juan H.B., Javier V.F. y Luis Miguel H.P., para enfrentarse a una posible condena de nueve meses de prisión por delito de atentado y, además, el primero estaba acusado de una falta de lesiones, por la que la Fiscalía le exigía el pago de 400 euros.
Los hechos se remontan al mediodía del 2 de febrero de 2014, al término de una manifestación de Parados en Movimiento que culminó sin incidentes en la Plaza Mayor y tras la cual, siempre según el relato del fiscal, un grupo de entre 60 y 80 personas comenzó a transitar por calles adyacentes con una gran pancarta y coreando consignas del tipo ‘Vuestros sobres son nuestros recortes’.
Fue al llegar a la calle San Lorenzo, ante las puertas de La Parrilla, donde se encontraban comiendo militantes del PP una vez concluida la Convención Nacional de este partido, cuando supuestamente se produjeron los incidentes entre los cuatro imputados y varios agentes de la Policía Nacional que formaban parte del operativo dispuesto a las puertas del restaurante.
La acusación pública atribuyó inicialmente a cada uno de los imputados distintas actitudes, amenazas de muerte y comportamientos violentos en el momento de ser identificados y requeridos por la policía para que depusieran su actitud, a resultas de lo cual tres de los agentes resultaron con diversas lesiones, e incluso imputó a Javier G.B. (el declarado en rebeldía)haber llegado a empuñar la pistola de uno de los policías antes de ser finalmente reducido.
Todas estas acusaciones se vinieron abajo desde que se proyectaron los vídeos realizados en su mayoría por vecinos desde sus ventanas. El testimonio de los acusados arrojó más dudas aún ya que se sentían víctimas y no causantes de ninguna afrenta a la Policía. Es más, recalcaron que ni siquiera estaban en las primeras filas de la protesta. «Cuando estábamos concentrados ante La Parrilla aparecieron agentes, comenzaron a cargar, me quitaron un pañuelo palestino, lo tiraron al suelo, lo cogí, hice por salir, pero me cogieron y me tiraron al suelo», resumió Javier V.F., un joven parado.
En los testículos
El acusado Juan H.B., un viejo conocido por la Policía por ser asiduo de las manifestaciones de Parados en Movimiento, se quejó de la teoría policial según la cual él, con sus 1,56 metros de estatura, hubiese ‘atentado’ con un pisotón al policía que le detuvo, que mide 1,90.
Según declaró, este agente de gran complexión se lo llevó sin más, como se aprecia en los vídeos, tras propinarle varios golpes con una porra por la espalda que le tumbaron al suelo. Yluego, ya en el furgón, le dieron un nuevo golpe con la defensa en los testículos.
El tercer acusado, Luis Miguel H. relató que solo se limitó a pedir el número de placa de una policía, ‘la rubia’ porque a sus pies yacía medio inconsciente una mujer mayor, Encarna A., que estaba muy mal tras recibir un porrazo de la agente. «Me dijeron ‘puto enano de mierda’, ‘revolucionario’, me dieron porrazos y me detuvieron», resumió.
«Denunciaremos a la policía, seguramente»
Los abogados defensores recibieron con alegría la absolución, pero acto seguido no se olvidaron de los tortuosos cuatros años que han pasado desde los hechos , inmersos en un calvario de «cientos de declaraciones», para determinarse ahora que la acusación de los policías «carece de fundamento» como se ha visto de forma «palmaria» en las grabaciones, se quejó Pablo Gerbolés, letrado de Juan H.B. «La absolución tiene que ir más allá y creemos que los mandos policiales deberían ahora decir algo», censuró.
Sobre la posibilidad de que denuncien a la Policía por falso testimonio, como insinuó el juez, Gerbolés indicó que «seguramente se hará, según mi opinión», aunque puntualizó que la decisión se tomará de forma colectiva. «Hay una asamblea de afectados y ésta tomará la decisión que estime oportuna. Pero yo veo que si procede, porque lo ha insinuado el juez», dijo.
En la misma línea, Alberto Blanco, abogado de Javier V.F., el único al que el fiscal mantuvo la acusación, se congratuló de que un juez hubiese podido discrepar del relato policial. «Por desgracia estamos acostumbrados a que todo lo que dice la Policía va a misa y aquí se ha demostrado que los hechos no fueron como sostienen. ¡Menos mal que había unos vídeos!», clamó. Blanco también vio posibilidad para plantear denuncia por falso testimonio. Para ello aseguró que habrá que hacer un trabajo más detallado de lo que revelan las imágenes para desmontar punto por punto las acusaciones falsas que llevaron a juicio a los tres manifestantes.
[65] La Fiscalía denuncia a la mujer de Jesús Posada por fraude fiscal
El expresidente del Congreso Jesús Posada. EFE/Emilio Naranjo
Blanca de la Mata y varios familiares repatriaron a España 5,8 millones de euros de «origen desconocido» a través de una sociedad instrumental con la que simulaban venta de acciones y ampliaciones de capital para eludir al fisco
La Fiscalía de Madrid ha presentado una querella contra Blanca de la Mata, mujer del expresidente del Congreso y hoy diputado por el PP Jesús Posada, según avanza este viernes El Confidencial.
La querella incluye, además, a cuatro familiares de la esposa de Posada. El fiscal acusa a de la Mata y a sus familiares —tres hermanos y una prima— de defraudar más de un millón de euros cada uno, hasta sumar casi seis millones entre todos. La denuncia contra Blanca de la Mata Pobes, José Manuel de la Mata Pobes, Teresa Valeria Martín de la Mata y María Isabel de la Mata Pobes es consecuencia de las diligencias de investigación que inició el Ministerio Público el pasado 12 de marzo tras recibir de la Agencia Tributaria cinco informes-denuncia, uno por cada uno de los querellados.
La Fiscalía encuentra indicios de la comisión de cinco delitos contra la Hacienda pública y apunta que la cuota defraudada en el IRPF de 2012 —año en el que Posada presidía la cámara baja— por cada uno de ellos asciende a 1.000.230,64 euros, para el caso de Pelayo de la Mata; 997.185,40 euros en José Manuel de la Mata; 997.760,57 euros en Blanca de la Mata; 1.016.973,54 euros en Teresa Valeria Martín de la Mata; y 1.001.295,35 euros para Mª Isabel de la Mata. Pide, además, que se declare como responsable civil subsidiaria la empresa de bebidas alcohólicas de la que son socios, Varma S.L., una de las principales distribuidoras de bebidas alcohólicas de España.
La Fiscalía cree que la familia De la Mata repatrió 5,8 millones del extranjero entre 2005 y 2013 a través de una sociedad instrumental en Reino Unido con la que simulaba venta de acciones y ampliaciones de capital para eludir al fisco, explica El Confidencial.
La empresa Varma ya aparecía en los llamados Papeles del paraísopor, según El Confidencial, «mover la sede de su holding offshore (Varma Importaciones y Exportaciones, Viesa) de Panamá a Malta el año que entró en vigor el intercambio de información entre España y Panamá».
[66] Altsasu, el de la masacre, la de las torturas y una luz en Las Vegas
Había una vez un viejo país en el que un día sucedió una pelea. Era ya noche muy entrada en noche cuando un grupo de jóvenes ebrios se enfrentó a un pequeño grupo parece que también ebrio compuesto por dos parejas y le dio de hostias en un pequeño enclave territorialmente fragoso decorado con el título de “muy ilustre villa”. Altsasu. Dicen algunos que les atizaron por pertenecer al grupo de seguridad del Estado llamado Guardia Civil. Dicen otros que sólo por las copas y las multas. El caso es que todo el mundo en aquel viejo país daba por hecho que los que agredieron al pequeño grupo también ebrio lo hicieron por pertenecer al grupo de seguridad del Estado llamado Guardia Civil. O casi todo el mundo. Y lo llamaron agresión.
Lo anteriormente narrado sucedió antes de que amaneciera el sábado 15 de octubre de 2016. Y el domingo día 16 por la mañana se presentó en aquella muy ilustre villa un tipo que un mes después ya no sería el mismo.
El domingo día 16 por la mañana el hombre llamado Arsenio Fernández de Mesa, a la sazón director general de la Guardia Civil, y a solo un mes de dejar de serlo, se presentó en Altsasu.
No quedan detalles del momento.
Pero sí memoria.
Sólo dos años antes de todo esto, el 6 de febrero de 2014, en aquel viejo país había ocurrido algo espantoso. Así lo cuenta la Wikipedia:
La denominada “tragedia del Tarajal” refiere a los acontecimientos que, el 6 de febrero de 2014, condujeron a la muerte de 15 personas en la playa del Tarajal, ahogadas mientras trataban de eludir a nado el dique que separa Marruecos de la ciudad autónoma de Ceuta para entrar en España como inmigrantes irregulares. A causa de estos fallecimientos, la actuación del operativo fronterizo de la Guardia Civil ha sido objeto de controversia, aún cuando el Gobierno de España, entonces presidido por Mariano Rajoy y con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, respaldó la intervención de los agentes.
Las 15 víctimas formaban parte de un grupo de entre 200 y 300 personas que, procedentes del África subsahariana, intentaban alcanzar nadando las costas españolas, cuando un operativo de 56 agentes de la Guardia Civil descargó sobre ellos 145 balas de goma y cinco botes de humo de ocultación, con el objetivo de frustrar la tentativa y dispersarlos. 23 inmigrantes lograron llegar a la playa de Ceuta, pero fueron rechazados y entregados a las autoridades marroquíes, que los reclamaban.
“Condujeron a la muerte de 15 personas”, dice. Quince muertos son 15 historias de 15 valientes para nunca.
El hombre llamado Arsenio Fernández de Mesa, a la sazón director general de la Guardia Civil, estaba al mando y compareció públicamente para negar categóricamente el uso de pelotas de goma. Y tuvo la inhumanidad de definir tal carga –el uso de pelotas de goma– como acto “inhumano”. No solo mintió, sino que demostró su garbancera ignorancia sobre la existencia de documentos gráficos. Una semana después de la masacre, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, compareció ante el Congreso voluntariamente para admitir que sí se habían usado pelotas de goma. So riesgo de desviarnos del tema, merece la pena añadir que el tipo no solo era ministro y superior de Fernández de Mesa, sino un fanático devoto del catolicismo que vio la luz en 1991, durante un viaje oficial a Las Vegas. No la luz de Las Vegas, sino la otra, gracias a la cual presumía de tener un ángel de la guarda llamado Marcelo que le ayudaba “en las pequeñas cosas, como aparcar el coche”.
Total, que el devoto ministro iluminado dejó en pelotas al pájaro llamado Arsenio Fernández de Mesa, pero ahí se quedó, de director general de la Guardia Civil. Por eso el domingo 16 de octubre de 2016 pudo presentarse como tal en la muy ilustre villa de Altsasu. Y con su presencia convirtió la pelea de los ebrios en un asunto de Estado. Así que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó una pena de 50 años de prisión por lesiones a seis de los ocho jóvenes, y para el séptimo acusado, 62 años añadiendo un delito de amenaza terrorista. Etiqueta: Terrorismo.
Y como todo lodo tiene su gusanera, aquel grupo de jóvenes ebrios que se enfrentó a un pequeño grupo parece que también ebrio compuesto por sendos guardias civiles y sus parejas y les dio de hostias cayó en forma de terroristas en la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Mal lugar, vive dios. Su presidenta, Concepción Espejel, está casada con un coronel de la Guardia Civil, posee la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con Distintivo Blanco, sea eso lo que sea, y considera que “no todo delito de tortura es, per se, delito de lesa humanidad”, razón por la cual impidió que se juzgara al brutal torturador franquista Antonio González Pacheco (Aldea del Cano, Cáceres, 1946) alias Billy El Niño.
Torturas, terrorismo y otras minucias aparte, los agresores de Altsasu han ido a caer bajo el criterio de la misma Espejel que condenó a un rapero conocido como Valtònyc, acusado de enaltecimiento del terrorismo, apología al odio ideológico, incitación a la violencia e injurias a la Corona, a tres años y medio de cárcel.
O sea, que al día siguiente de la pelea se presentó en la muy ilustre villa de Altsasu el pájaro al mando de la masacre del Tarajal, el que después mintió. Este a su vez estaba a las órdenes de un tipo que vio la luz en Las Vegas y desde entonces afirma tener un ángel llamado Marcelo que le aparca el coche. Por eso no es de extrañar que, acusados de terrorismo con el resultado de un tobillo roto, hayan caído en manos de la jueza que encarcela a un cantante tras impedir que se juzgue a un torturador.
Había una vez un viejo país en el que un día sucedió una pelea que logró modificar la idea de terrorismo, violencia, justicia y tobillo para siempre jamás amén.
Página del periódico La Voz de Galicia, 21 de marzo de 1976.
Es difícil quedarse con alguno entre los penosos momentos que nos ha infligido nuestra clase dirigente, de uno u otro signo, en los últimos días. De tener que escoger uno, como quien escoge un número del uno al cien, yo optaría por aquel en el que el ministro Íñigo Méndez de Vigo desgranó su play list de melodías inolvidables de ayer y de hoy en el Congreso de los Diputados. El ministro, con esa prestancia y ese tronío que dan a los varones celtíberos una alimentación rica en proteínas desde la cuna y unos apellidos interminables, contestaba así a la pregunta, impertinente y sin garbo alguno, de por qué había entonado –en público– el bonito tema legionario Soy el novio de la muerte, hecha por una diputada de ERC. Solo le faltó terminar la contestación con un “España y yo somos así, señora”. Y no le habría faltado un ápice de razón. Salvo en lo de poder votar antes de obedecer –que era, según Charles Bukoswki, lo que diferenciaba una democracia de una dictadura–, España se ha democratizado más bien poco. E Íñigo Méndez de Vigo tampoco demasiado.
Hace 38 años, por estas fechas, un grupo de 17 alumnos de la Facultad de Derecho de la Complutense se dirigían por carta al ministro de Educación, Carlos Robles Piquer (a todo esto, cuñado de Manuel Fraga), felicitándole por un telegrama que había remitido a los rectores de las universidades “como alumnos que día a día venimos contemplando con repulsa todo lo que ocurre en los recintos universitarios que usted no quiere ver prostituidos ni sometidos a tantas explosiones de barbarie”. Pero no estaban completamente de acuerdo con el ministro, ni mucho menos. Estaban profundamente indignados porque en una declaraciones al diario Ya había afirmado que “la violencia moral está en manos de la extrema izquierda” y que “hay comandos de extrema derecha que utilizan la violencia física”. Los futuros licenciados en Derecho por la Complutense rechazaban lo de “moral” por ambiguo. Por una parte podía hacer entender que la extrema izquierda no ejerciese la violencia física, y por otra porque la palabra “moral” podía inducir erróneamente a que, en los que llamaban “esos pseudouniversitarios pagados por ello” –no sé si en alusión a que tenían becas–, pudiese haber “algún cierto valor de actitud”.
Sin embargo, “la violencia de la impropiamente denominada extrema derecha es el reflejo de su legítima defensa. Mientras la convivencia pacífica no esté debidamente garantizada, la respuesta no puede ser otra por parte de quienes queremos que la autonomía de la Universidad sirva para erradicar de ella la blasfemia intolerable y las soeces injurias para la patria y el Rey”. Estos buenos mozos que empleaban este lenguaje de las porras y las pistolas, que decía el Rivera original, estaban encabezados por quien 38 años después sería el sucesor del destinatario de la carta. Sí, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, IX barón de Claret, el ministro canoro.
Si traigo a colación la carta no es como evidencia del poco presentable pasado ideológico del ministro encargado de velar por la educación y la cultura de este país llamado a recuperar su importancia en Europa, según la parte del programa electoral del PP al que en teoría no ha renunciado. Creo, como Mark Twain, que quien tiene la conciencia tranquila lo que en realidad tiene es mala memoria. Y me parece comprensible que un pollo pera de 20 años, hijo de un ayudante militar de Franco y de una condesa, descendiente de la reina regente María Cristina de Borbón por parte de padre y del Marqués de Esquilache por parte de madre, salga un poquito conservador, por mucho que ese lenguaje fuera ya rancio en 1976, cuando en esa Europa en la queremos volver a ser importantes, el mundo normal, pasaban cosas como que los Sex Pistols grababan discos y se constituían grupos como U2 y The Clash.
El grupete de abajo firmantes ha atravesado los 40 años de democracia sin apearse de los privilegios
Si saco a colación la carta es porque el grupete de abajo firmantes ha atravesado los 40 años de democracia sin apearse de los privilegios. Es decir, Íñigo etc. no fue el único de los firmantes que ha triunfado en la vida. Entre sus compañeros de legítima defensa estaban y están Andrés Sánchez de Apellaniz, ahora secretario general de CONFEMETAL, Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal. Pedro Churruca y Díez de Rivera, IV marqués de Valterra, es directivo de varios grupos inmobiliarios. Javier Gil-Casares Armada, sobrino del general Alfonso Armada, es también abogado y asesor de FCC, entre otras decenas de empresas. Carlos Semprún Bullón –que en la actualidad se llama Carlos Mendoza y Bullón– es un filósofo y profesor de yoga que pleiteó por el título de conde de Montalbán. Ricardo Fortún Esquifino es General de Brigada y Jefe de la Asesoría Jurídica del Cuartel General del Ejército de Tierra. Carlos Balbás Arenaza es un abogado ligado a varias empresas de la construcción y del sector servicios. Fernando Gortázar Rotaeche, de los Gortázar Rotaeche de Neguri de toda la vida, es director ejecutivo de Aon Global Client Network (AGCN) y pertenece al Centro de Estudios Constitucionales. Alfonso de Ceballos-Escalera, III marqués de la Floresta y VIII vizconde de Ayala, es cronista de armas de Castilla y León, profesor de Criminología en la Universidad Camilo José Cela y el CESEDEN, teniente de navío, capitán de la Mercante y otras muchas cosas, pese a lo que le ha dado tiempo a escribir 42 libros. Iván Bernaldo de Quirós (en realidad Iván Bernaldo de Quirós y Álvarez de las Asturias-Bohorques) es el III marqués de Quirós, el XI de Campo Sagrado y el XII conde de Marcel de Peñalba. Ignacio Mora y Narváez es el hijo de Gonzalo de Mora y Aragón, y sobrino por tanto de Fabiola de Bélgica, aunque no parece prodigarse mucho en los negocios de altura. No como Jerónimo Merino Enseñat, uno de los Marino Enseñat que actuaron de intermediarios entre el expresidente de Cepsa, Khadem Al Qubaisi, investigado internacionalmente por blanqueo, y Amancio Ortega en la venta de la Torre Cepsa por más de 400 millones. Dos han fallecido, creo, y de los otros dos, los de los apellidos corrientes y molientes, no he logrado averiguar nada.
Como verán, parece haber una cierta relación entre tener apellidos complicados, defender el orden establecido, a golpes si hace falta, y triunfar en el teórico reino del esfuerzo y el mérito, la empresa. Yo no veo más meritocracia que haber heredado las prebendas o el acceso a los despachos donde se conceden. Algo que tuerce el eje principal del sistema: la libre competencia. Salvo que apliquemos aquella teoría de que los hijos de la clase dirigente están mejor preparados, una que se sacó de la manga Manuel Fraga para justificar que el hijo del eterno presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro, obtuviese la plaza de secretario de la Diputación de Ourense, gobernada por el mismo partido. Debe de ser cierto porque Francisco Cacharro Jr logró, a la vez, ser el más alto funcionario de una administración decimonónica como una diputación y ser designado secretario general del Partido Liberal Español. Y con dos apellidos normales.
Encierro de pacientes de hepatitis C en el hospital 12 de Octubre (Madrid) /PLAFHC
Lo que puede ser mejor para la sociedad no tiene por qué serlo para una empresa… «¿Es curar a los pacientes un modelo de negocio sostenible?», se pregunta un informe de la consultora Goldman Sachs
Un documento recientemente filtrado de Goldman Sachs, uno de los grupos de inversión más importantes del mundo, y que se suponía iba dirigido exclusivamente a sus clientes, ha levantado una gran polémica en todo el mundo. ¿La razón? Decir por escrito y en voz alta una perogrullada que casi todos sabemos pero que pocos se atreven a decir: Las farmacéuticas se centran en la rentabilidad para el desarrollo de medicamentos y, por tanto, hay muchos más recursos puestos en tratamientos crónicos que en tratamientos curativos.
Estos son algunos de los fragmentos más jugosos del controvertido informe con el título «La revolución del genoma»: «¿Es curar a los pacientes un modelo de negocio sostenible? […] El potencial para administrar curas en una sola dosis es uno de los aspectos más atractivos de la terapia génica, la terapia con células modificadas genéticamente y la edición genética. Sin embargo, tales tratamientos ofrecen una perspectiva muy diferente con respecto a los ingresos recurrentes en comparación con las terapias crónicas. Mientras esta propuesta conlleva un increíble valor para los pacientes y la sociedad, podría representar un desafío para los desarrolladores de la medicina genómica que buscan un flujo de dinero mantenido».
También comentan el famoso caso del tratamiento curativo de la hepatitis C de Gilead, Sovaldi. Paradójicamente (o de sentido común, según se mire), la gran eficacia curativa de este tratamiento en los pacientes ha hecho que los beneficios de este medicamento se desplomen conforme se iban curando. Básicamente, este tratamiento está muriendo económicamente por su éxito médico. Es sólo un ejemplo paradigmático más de que lo que puede ser mejor para la sociedad no tiene por qué serlo para una empresa. Y si hay que especular con el cáncer para ganar más dinero, pues se especula. Porque por mucho que las potentes secciones de marketing de las empresas farmacéuticas insistan en vendernos la moto como si fueran hermanitas de la caridad, la realidad es que están ahí para ganar dinero principalmente. Que la humanidad se beneficie más o menos de ello es algo colateral.
Precisamente por estos obvios conflictos de intereses entre las farmacéuticas y la sociedad, por un lado y, por otro, la visión en el horizonte de tratamientos curativos muy prometedores como la herramienta de modificación genética CRISPR, somos cada vez más las voces que defendemos la creación de farmacéuticas públicas, centradas en la sociedad y no en los beneficios, de la misma forma que tenemos una Sanidad pública.
La idea podría sonar extravagante e incluso delirante en un primer vistazo, pero las principales barreras para la creación de farmacéuticas públicas no son de medios sino de voluntad política y apertura de mente. Además, no faltan los datos que respalden esta postura y animen a llevar adelante su creación. Por ejemplo, la amplia mayoría de la investigación de los tratamientos más novedosos comienzan en sus primeras fases en entidades públicas, con fondos públicos (universidades, centros de investigación…). Cuando ya un determinado tratamiento es lo suficientemente prometedor como para llevarlo a ensayos clínicos en humanos es entonces cuando las grandes farmacéuticas se interesan, negociando de diferentes formas para «adquirir» dicho producto, beneficiándose de todo el dinero invertido años atrás.
Hay que tener en cuenta que la investigación básica no suele y no tiene por qué ser rentable. La absoluta mayoría de tratamientos en fases tempranas de investigación se quedan en nada y por ello, precisamente, a las farmacéuticas les resulta poco atractivo este enfoque. Es mucho más sencillo y rentable dejar que las instituciones públicas hagan el trabajo sucio y poco rentable hasta que encuentren algo que merezca la pena y así comprarlo para venderlo posteriormente.
¿Por qué no crear una farmacéutica pública que continúe el trabajo de investigación y venda a precios asequibles lo que ya se ha investigado previamente con dinero público? Los márgenes de beneficio de las farmacéuticas son brutales. El precio de lo que vale producir un medicamento se puede multiplicar cientos o miles de veces para su venta, especialmente durante la etapa de patente (20 años). Una farmacéutica pública no tendría necesidad de vender sus fármacos a precios tan inflados pues no habría ánimo de lucro.
Por otro lado, las farmacéuticas públicas podrían arriesgarse más que las privadas en la búsqueda de tratamientos curativos, para enfermedades raras o enfermedades de países pobres, porque no tendrían a unos inversores a los que rendir cuentas. Y también tratamientos extremadamente caros de desarrollar y probar en pacientes como la terapia celular, que muchas farmacéuticas no quieren tocar ni con un palo por la cantidad de complicaciones que suponen para tener un retorno económico, podrían tener más posibilidades de investigarse en fases más avanzadas.
Como ventaja adicional frente a las farmacéuticas privadas, las farmacéuticas públicas no tendrían interés, en un principio, en maquillar los resultados de los ensayos clínicos (o cometer fraude) para que resulten más atractivos sus medicamentos. ¿Para qué, si no hay beneficio? Serían mucho más trasparentes y los ensayos clínicos tendrían lugar igualmente en hospitales públicos (que las farmacéuticas privadas usan también para sus propios ensayos).
Toda esta idea de crear una farmacéutica pública no es sólo una fantasía. En Estados Unidos, más de 450 hospitales se han unido para crear una compañía farmacéutica sin ánimo de lucro, para producir medicamentos genéricos, como una medida extrema para luchar contra la escasez y altos precios de éstos causados por la industria privada. Si los habitantes del país capitalista líder en el mundo se han dado cuenta de las ventajas de las farmacéuticas públicas (y de los peligros que supone dejar la salud en manos de compañías privadas), ¿por qué no llevarlo adelante en simbiosis con una sanidad pública? De llevarse a cabo, probablemente nos preguntaríamos años después por qué no tomamos la decisión mucho tiempo antes.
[69] UGT responde a Albert Rivera: «Replantee su baja, este país necesita políticos tolerantes para construir puentes»
El sindicato señala que es una organización «profundamente tolerante y democrática, y que respeta el pensamiento de cada uno de sus afiliados y afiliadas y por lo tanto», Rivera «tiene plena cabida»
El secretario de Organización de UGT explica a Rivera que la participación en la manifestación del pasado domingo 15 de abril en Barcelona era para «defender la creación de espacios de diálogo y entendimiento en Catalunya»
«UGT defiende la creación de un gobierno en Catalunya estatutario y constitucional y como sabe perfectamente no apoyamos ningún proceso independentista», le rebate la central sindical
El sindicato UGT ha respondido este jueves a la petición de baja del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, mediante una carta en la que el secretario de Organización de la organización sindical, Rafael Espartero García, le pide que «se replantee su baja, este país necesita políticos, y partidos tolerantes para construir puentes que permitan políticas de consenso en todos los ámbitos».
Rivera había justificado su baja de UGT, sindicato en el que llevaba afiliado desde 2002, por « apoyar a los imputados por delitos graves como rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en el intento de golpe separatista del pasado otoño en Catalunya». En su carta, el secretario de Organización del sindicato reitera que para UGT está por «defender la creación de espacios de diálogo y entendimiento en Catalunya».
Además Espartero justifica la participación del sindicato en la manifestación del pasado domingo 15 de abril celebrada en Barcelona para «reivindicar la modificación de la ley que está permitiendo abusar de la prisión preventiva, reivindicación que se une a otras que estamos realizando como derogación de la ley mordaza o del artículo 315 del Código Penal, por el que han estado o están encausados trescientos sindicalistas (nos hubiera gustado contar con su apoyo como afiliado en estas reivindicaciones) y además, como sabe, existen múltiples casos de ciudadanos, raperos, artistas, etc., que se les ha aplicado de forma abusiva la prisión preventiva».
El responsable de Organización del sindicato termina la misiva a Rivera señalando que «UGT es un sindicato profundamente tolerante y democrático, y que respeta el pensamiento de cada uno de sus afiliados y afiliadas y por lo tanto, tiene plena cabida».
[70] El viudo de la periodista asesinada en Malta asegura que se está protegiendo al cerebro del asesinato
Peter Caruana Galizia, en primera fila a la derecha, rodeado de sus tres hijos durante el funeral de su mujer, Daphne Caruana Galizia el 3 de noviembre de 2017. AP / Jonathan Borg
«Mis hijos y yo no estamos seguros de que el Gobierno quiera que se sepa quién contrató [a los asesinos], ya que esta persona podría pertenecer a su círculo», señala Peter Caruana Galizia
El partido en el Gobierno había instado a los ciudadanos a grabarla y fotografiarla dondequiera que se la encontraran y a subir las imágenes a las redes sociales
La familia de la periodista maltesa asesinada, Daphne Caruana, que a lo largo de su carrera investigó múltiples casos de corrupción, cree que los tres hombres que han sido detenidos y que están a la espera de un juicio solo cumplían las órdenes de un tercero, y han mostrado su temor a que el Gobierno pueda estar protegiendo al autor intelectual del crimen.
En su primera entrevista exhaustiva desde la muerte de su esposa en un atentado con coche bomba hace seis meses, Peter Caruana Galizia afirma que los intereses políticos están obstaculizando la investigación policial y expresa su temor de que el autor intelectual nunca tenga que rendir cuentas ante la justicia.
“Nos resulta evidente que los tres detenidos simplemente trabajaban para un tercero”, indica. “Mis hijos y yo no estamos seguros de que el Gobierno quiera que se sepa quién los contrató, ya que esta persona podría pertenecer a su círculo. Es por este motivo que tal vez nunca sepamos la verdad”.
Los acusados se han declarado inocentes. La policía todavía está presentando pruebas ante el juez de instrucción, que decidirá si desestima el caso o determina que los acusados deben ser juzgados por un juez o jurado.
El Gobierno maltés asegura que la policía está removiendo cielo y tierra. El ministerio de Justicia ha prometido una recompensa de un millón de euros a aquella persona que suministre información que conduzca al autor intelectual del atentado con coche bomba que terminó con la vida de la periodista el 16 de octubre del año pasado.
Caruana Galizia tenía muchos enemigos y detractores. A lo largo de su carrera cuestionó a muchas personas con influencia y poder en el país: mafiosos, empresarios, funcionarios públicos, abogados, el partido laborista en el Gobierno, incluso el actual líder del partido nacionalista, con el que había colaborado codo a codo en el pasado.
El viudo de la periodista habló desde el hogar familiar, situado en la localidad de Bidnija, donde está bajo protección oficial las 24 horas. El hombre, de 62 años, vive solo ya que los expertos en seguridad determinaron que era demasiado peligroso para los tres hijos de la pareja seguir viviendo en la isla donde crecieron.
Con esta entrevista empieza una colaboración de 18 medios de comunicación de 15 países, que se han unido para seguir investigando los casos que Caruana Galizia tenía entre manos cuando fue asesinada. Liderado por el proyecto francés Forbidden Stories [de Reporteros sin Fronteras y la Freedom Voices Network], integran el Proyecto Daphne, entre otros, the Guardian, the New York Times, Süddeutsche Zeitung, Reuters y Le Monde.
A día de hoy, el Proyecto Daphne revela lo siguiente
Detalles exclusivos de la investigación del asesinato, entre ellos, cómo se planificó y ejecutó el atentado, y la sospecha de la policía de que los presuntos terroristas fueron alertados de que los iban a detener.
La investigación se centra ahora en quién pudo haber fabricado la bomba y en los posibles vínculos entre el acusado y el crimen organizado.
Una grabación inédita de la periodista, registrada seis días antes de su muerte, en la que relata de forma escalofriante una campaña para hundirla, que el Gobierno maltés había consentido, y décadas de amenazas contra su vida. Al perro de la familia le cortaron la garganta en 1995, y en 2006 alguien provocó un grave incendio en su casa.
Entrevistas con los hijos de Caruana Galizia. Su hijo Matthew fue uno de los primeros en llegar a la escena momentos después del atentado.
En los próximos días y semanas, el proyecto expondrá el peligro que representa para la ley y el orden europeos la supuesta corrupción política y el deficiente control del blanqueo de dinero en Malta.
Divulgaremos un archivo hasta ahora secreto con 680.000 documentos que alguien filtró a Caruana Galizia meses antes de su muerte.
Peter Caruana Galizia ha accedido a hablar ya que le preocupa el hecho de que la investigación del asesinato parece encontrarse en punto muerto. El FBI ha estado colaborando en la investigación.
Los medios de comunicación malteses coinciden en afirmar que la policía conoce a los tres sospechosos. La familia de Caruana Galizia cree que la oferta del Gobierno de una recompensa de un millón de euros a aquel que proporcione información sobre el autor intelectual de este asesinato solo es una estrategia de lavado de imagen.
Según dos fuentes familiarizadas con la investigación, la policía parte de la base de que el fabricante de la bomba sigue prófugo y que quienquiera que haya ordenado el ataque puede tener vínculos con la delincuencia organizada.
Los detectives creen que alguien alertó a los acusados, los hermanos George y Alfred Degiorgio, y su amigo Vincent Muscat, de que los iban a detener. Los agentes fueron a buscarlos en la zona portuaria de Marsa y las imágenes fueron registradas por un soldado que llevaba una cámara y que luego fueron retransmitidas por televisión. La policía cree que estaban preparados. Supuestamente, tiraron sus teléfonos al agua, y George tenía el número de móvil de su compañero escrito en la mano.
Antes de la publicación de este artículo, se contactó con los tres acusados, que no quisieron hacer ningún comentario.
Peter Caruana Galizia afirma que no ve que «nadie esté firmemente comprometido con la búsqueda de los asesinos” de su mujer.
El blog político de su mujer a menudo atraía más lectores que todos los periódicos de ámbito nacional de Malta juntos y no dudaba en investigar a todo aquel que en su opinión debía rendir cuentas.
Caruana Galizia solía decir, en broma, que si alguien quería silenciarla primero tendría que terminar con el contrato sobre su vida: “Subconscientemente sabía que era la única manera de que la pudieran parar”.
En los últimos cuatro años, el mundo de la periodista más famosa de Malta se había ido reduciendo. El partido en el Gobierno, el Partido Laborista, había instado a los ciudadanos a filmarla o fotografiarla dondequiera que se la encontraran y a subir las imágenes a las redes sociales. La reportera ya no se atrevía a reunirse con sus fuentes en lugares públicos y rara vez salía de casa.
El ministro de Economía la demandó por difamación y le embargaron las cuentas. Cuando murió estaba lidiando con 47 demandas por difamación.
Aquellos que la demandaron ahora se dirigirán contra sus herederos. Estos han heredado las causas abiertas, entre las que se incluyen una del primer ministro, Joseph Muscat, su jefe de gabinete, Keith Schembri, y dos ministros.
En un correo electrónico enviado por su portavoz, Muscat ha indicado que “las acusaciones de que Daphne Caruana Galizia o su familia sufrían acoso o recibieron amenazas son rotundamente falsas”.
“Mi familia y yo estábamos en el centro de los ataques de Daphne Caruana Galizia, que tenían una motivación política, pero siempre optamos por ignorar sus provocaciones, plenamente conscientes de la responsabilidad y el papel que desempeño como primer ministro de Malta y líder del Partido Laborista. Solo he recurrido a la vía legal cuando las circunstancias han sido extremas”.
Muscat indica que la policía es libre de investigar y que, de hecho, este asesinato ha sido investigado exhaustivamente y que la policía ha contado con todos los recursos necesarios.
Schembri ha indicado que en repetidas ocasiones Caruana Galizia hizo acusaciones en su contra que eran producto de una mala información y difamatorias y que, cuando lo consideró pertinente, pidió a sus abogados que “buscaran la forma de que rectificara y reparara el daño”.
La periodista estaba peleada no solo con los laboristas, sino también con una larga lista de funcionarios, empresarios, magistrados y el nuevo líder del partido nacionalista en la oposición, al que había apoyado en el pasado.
“De repente, los dos partidos la tenían en su punto de mira y algo tenía que pasar”, señala su marido. “La situación se había vuelto insostenible”.
“Les costó atacar lo que ella había dicho así que optaron por los ataques personales. Se convirtió en alguien fácilmente reconocible, ya que tenían muchas fotos de ella. Cuanto más investigaba, más la atacaban. Toda una maquinaria contra una sola persona”.
Matthew, el hijo mayor de la pareja, trabaja como periodista en el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación en Washington y ha recibido la advertencia de que corre peligro y no debería regresar a Malta. Los tres hijos viven en el extranjero.
“Se sienten extranjeros en su país”, señala su padre. “Esta ya no es la Malta que conocían. Ha cambiado”.
Traducido por Emma Reverter
[71] PODEMOS Y LA CONSPIRACIÓN. AL FINAL PARIÓ LA ABUELA
Ha estallado la madre de todas las crisis en Podemos dirá probablemente algún avispado periodista ¿La madre de todas las crisis? Seguro que no. El culebrón mediático tendrá muchos más capítulos antes de que la galaxia podemita estalle en mil direcciones distintas al son de los versos “he defraudado a todos/empezando por mí” de “lo niego todo” de Joaquín Sabina, otro progre redimido hacia la derecha, ahora que la serie “Perdidos” vuelve a una de las cien mil televisiones digitales.
El documento de propuesta de acuerdo entre Bescansa y Errejón para derrocar al ya mustio Mesías podemita y repartirse entre ambos los girones de su túnica puede ser un posado robado (me pillaron el documento los malvados periodistas) o un robado posado (haz como que me has pillado y luego hago como que lo niego o matizo). La cuestión es lo de menos, aunque podría variar la intención dentro de la alianza de conspiradores según se tratara de una u otra circunstancia. El lodazal de la política parlamentaria española no debe sorprender ante cualquier posible eventualidad.
Podemos, la “máquina del amor” de la que habló en su día Monedero, ha sido declarada oficialmente gripada el miércoles 18 de Marzo de 2018, 4 años casi exactos (fue fundado el 11 de Marzo de 2014) después de nacer.
Pero Podemos ya nació seriamente tocado en cuanto a su salud. Su primer paso nació de una filtración del periodista Ignacio Escolar y su alusión a la “operación coleta”, filtrada por Izquierda Anticapitalista al diario del que es director.
Luego vino la puñalada a Willy Meyer nacida del interior prepodemita de IU, en concreto de los aledaños de la oficina europarlamentaria de esta formación y del entorno de la familia del ex eurodiputado. Meyer, un socialdemócrata honesto de la socialdemócrata IU, dimitió por la terrible falta moral de tener un plan de pensiones que, de forma automática, otorgaba el Parlamento Europeo a sus diputados, salvo que estos lo rechazasen, cuestión que él dijo desconocer.
Después vendría el enaltecimiento de Iglesias como Cristo resucitado en el logo inicial de la inscripción de Podemos como partido político y en las papeletas para las elecciones del Parlamento Europeo.
No tardarían en emerger los primeros síntomas de lo que sería, a lo largo del tiempo, una crisis larvada de podemos respecto a la cuestión de la democracia interna y de la estructura organizativa del nuevo partido: se enfrentaban, en un partido que se decía heredero del 15M, el asambleismo en bucle antiorganización con la jerarquización vertical de un partido tradicional. Y a la pelea asambleista jugó un partido interno dentro de Podemos, que nunca dejó de ser su fracción trotskista, con lo que ello significa, como Izquierda Anticapitalista. De la pelea del perro de presa Monedero contra ellos y de la respuesta posterior de los anticapis nacería un ten con ten muy inestable entre Iglesias y Urbán. Inestable porque los sucesivos comportamientos con las listas electorales o con intentos de autonomía allí donde estos conspiradores natos tienen peso (Andalucía) han jugado a minar la autoridad del semidiós de la des-organización.
A lo largo de gran parte de este período el poder bonapartista de Iglesias se ha ejercido contra sus críticos tanto externos como internos a través de un comportamiento que sustituía el concepto de militante como librepensador voluntariamente autodisciplinado por el de miembro de una secta. Las respuestas a cualquier crítica hacia Podemos eran acompañadas con anatemas como ser del PP, del PSOE, un fascista, alguien pagado por el IBEX35 o un comunista rancio.
Un partido piramidal y bonapartista en su dirección y tan cerrado a la crítica hacia el exterior, a pesar de que esto último fuera en parte entendible porque fueron encumbrados mediaticamente para ser ridiculizados por esos mismos medios, tenía necesariamente que convertir su crisis latente y, tantas veces, imposible de disimular en una crisis creciente que, si no mantenía sus manipuladas intenciones de voto y las hacía crecer, habría de provocar frustración, abandonos y una enorme tristeza.
Hay algo que no se ha entendido al encuadrar a Podemos como populista, que lo es. El modelo de Podemos no ha sido Melenchón, un ex PSF que ha hecho de Saint-Just (no da para más), ni Tsipras (de ese ya no sabe ni que existe) sino Grillo, el del M5S. Ambos partidos han intentado unir la crítica a las élites, antes que a la dictadura del capital, con un patriotismo peligroso. Podemos haciendo dirigente de Madrid al ex Jefe de la Junta del Estado Mayor del Ejército, Julio Rodríguez. Pero al histérico Grillo le ha sustituido un gestor político, Luigi di Maio. Alguien que, como Errejón, conspira quemando sus naves contra Iglesias, es realista, dado a buscar salidas institucionales y que sabe que oportunismo viene de oportunidad. Que uno u otro logren salir de sus propios, y no reconocidos, laberintos dependen de algo ajeno a ellos. Los actores económicos y políticos que no juegan oficialmente en la liga pero que la dictan.
Y es desde estos parámetros desde los que debemos entender que medios como Público, el de Roures, que ha sido el gran valedor de Podemos tanto en su periódico como en La Sexta, le haya abandonado ahora, después de hacerlo el medio televisivo, distribuyendo el documento enviado por Bescansa a Errejón.
A estas alturas de la película no creo que nadie que conozca mínimamente Podemos pueda creer que Bescansa y Errejón tengan la menor oportunidad interna. Pero lo que se dirime no es en el interior de ese partido sino entre sus votantes, gentes aún menos politizadas que los adheridos al partido.
En cualquier caso, a nadie de Podemos puedo considerarle militante. El militante es otra cosa: alguien políticamente formado, con sentido crítico, capaz de distinguir la fantasía de lo real, capaz de resistir bajo el fuego más allá de la presión porque no necesita validar electoralmente sus convicciones.
Podemos fue creado en un momento en el que se daba un vacío político respecto, no nos engañemos con lo del régimen del 78, en la estabilidad del sistema parlamentario. Era necesario para el capital y su “sistema democrático” encontrar alternativas críticas al mismo que le fueran útiles.
Y lo encontraron:
Con Podemos y su simplificación de que lo que la clase trabajadora soportaba no era una guerra de clases sino un abuso del IBEX35, lo que indica que muchos de sus dirigentes no trabajan por un salario, y que según ellos vivimos no en la pobreza sino en la energética, la infantil, la vegetal, la habitacional y cualquiera otra que niegue que somos pobres porque el capital y sus gobiernos nos han arruinado,
Con Ciudadanos, que era aparentemente muy transparente y partidario de la honestidad pública de los políticos pero siempre ha mercadeado y calculado el momento en el que demostrar que lucha contra la corrupción. Solo que ahora no importan ni sus famosas mochilas (austriacas y otras) sino la oportunidad y el cálculo de lo que han de hacer mediante encuestas.
El momento de Podemos ya pasó. El tapado ha sido, al menos hasta ahora, ya veremos, Ciudadanos. Todo es cambiante, todo muda.
Solo los majaderos pueden creer que es el «régimen del 78» el que está en crisis. Son todo el sistema político y sus actores de representación quienes lo están. Sume usted a los imbéciles que creen que se producirá la independencia de Cataluña y que ello hundirá al Estado español (cómo gozan algunos independentismos). El resultado será cero.
El momento actual es el del poder capitalista. El único poder real. Ese va a marcar la evolución de los partidos del sistema parlamentario y de casi todos los demás, ya que su lógica está en cómo sumar electores y no en cómo viven los sectores más sobreexplotados de la clase trabajadora, aquellos que más necesitan organizarse.
Aún vendrán tiempos en los que quienes levantaron mediáticamente a Podemos, elevarán el atractivo que antes negaron de una IU que fue en gran medida madre del propio Podemos.
Veremos cómo ayer los que eran afiliados y ex afiliados muy ofendidos, se reincorporan, vuelven a las riendas de quien pronto estará mucho ante los focos: Garzón. La nueva vedette que sustituirá a Pablito pero…si levanta las siglas…La política solo la conciben desde su mentalidad de urna.
Y sí, creo que ante tanta broma la clase trabajadora necesita organizarse en torno a ideas, de momento muy básicas: defender los salarios, el derecho al contrato laboral en los sectores de la nueva economía, la defensa de las conquistas sociales, la reconquista del empleo estable, la defensa de unas pensiones que dependan, como la sanidad o la educaión, de los Planes Generales del Estado y el derecho a una vivienda que no sea negada, ni como alquiler ni como propiedad por los fondos buitres
La Policía Nacional española podría haber creado un canal de comunicaciones paralelo para evitar que sus conversaciones durante el referéndum unilateral de autodeterminación quedasen grabadas, según indicaron fuentes judiciales a TV3, la televisión pública catalana.
Las fuentes señalan que podrían haber utilizado celulares particulares y hablan de una posible intencionalidad de los responsables del operativo a la hora de crear un canal paralelo para que sus comunicaciones no quedasen registradas en la radio y pudiesen ser utilizadas así posteriormente como prueba judicial.
La televisión pública catalana informa que en las grabaciones entregadas por la Policía española al juez de Barcelona que investiga las cargas policiales en cinco puntos de votación de la ciudad no hay registros de quién dio las órdenes y únicamente se recogen las conversaciones entre los agentes en los momentos previos a su llegada y a su salida de los puntos de votación, con las urnas ya incautadas.
Las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil para desarticular el referendo dejaron cientos de lesionados y fueron criticadas tanto por el Gobierno catalán como por organizaciones humanitarias; Human Rights Watch (HRW) criticó en su informe anual el «uso excesivo» de fuerza por parte de los cuerpos policiales españoles.
[73] «Salvar a Iñaki Urdangarin significa dañar al Estado», por Estado»
«No sólo no se puede salvar a Iñaki Urdangarin sino que no se debe. No puede ocurrir que se ponga en riesgo el Estado por intentar librarle. Las evidencias son abrumadoras y las instituciones sufrirían un daño irreparable«. Este razonamiento, hasta ahora inédito y al que ha tenido acceso LA OTRA CRÓNICA, fue expuesto y compartido en La Zarzuela en febrero de 2012, cuando las máximas autoridades españolas se reunieron en secreto para abordar el riesgo de la institución como consecuencia del caso Urdangarin y la necesidad de salvar por todos los medios a la Infanta Cristina.
Aquellas palabras fueron cruzadas en presencia, entre otros, del Rey Juan Carlos, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, el ex fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce y el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en una cita que desveló en exclusiva este periódico. Pese al tiempo transcurrido, hace ya seis años de aquello, los argumentos gozan hoy de plena vigencia.
Aquel gabinete de crisis al más alto nivel se puso en marcha al conocerse la petición de Manos Limpias para que Cristina de Borbón declarase como imputada y se abordó la situación de la Infanta, pero también y, en detalle, la del propio Urdangarin. Torres Dulce acudió al encuentro con un informe minucioso del fiscal Pedro Horrach en el que ya por aquel entonces le avanzaba que las pruebas de que se había apropiado irregularmente de fondos públicos eran abrumadoras y que formularía un demoledor escrito de acusación para que fuera a la cárcel.
El ex máximo responsable del Ministerio Público puso sobre la mesa la cuestión, se acordó que no había nada que hacer, y por aquellas fechas se dictó la primera sentencia condenatoria contra el ex duque de Palma sin que él mismo lo supiera.
De ahí que quien fuera presidente del Instituto Nóos aguarde lo que considera un desenlace inevitable asumiendo que el Alto Tribunal le enviará a prisión y confirmará en lo sustancial la sentencia dictada por la Audiencia de Palma. No contempla otro escenario por mucho que su abogado e íntimo amigo Mario Pascual Vives se empeñe en reiterar exactamente lo contrario en sus extravagantes comparecencias públicas.
El borrador del fallo está listo
Mientras tanto los magistrados encargados de dictar la sentencia, Manuel Marchena, Miguel Colmenero, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo, se han juramentado para que no se produzca la más mínima filtración del fallo.
Llegando a calificar el acuerdo de los jueces fuentes próximas a los mismos como «protocolo de especial protección». Sólo han desvelado a su círculo más íntimo que el borrador del fallo está prácticamente listo, queda rematarlo y que será leído por todos y cada uno de ellos en breve.
El ex jugador internacional de balonmano intenta aplacar en Suiza su impotencia ante lo irremediable culpando con dureza entre sus más allegados a la primera institución del Estado de no haber hecho lo suficiente para ahorrarle este trance. Urdangarin sigue convencido, o así lo expresa con rotundidad, pese al reguero de evidencias que dejó tras de sí, que su implicación en el caso Nóos pudo haber tenido y tendría todavía solución si la Jefatura del Estado se hubiera empleado con la misma determinación que lo hizo con su esposa.
Es más, entre sus críticas a la institución se encuentra el recordatorio de que «la Casa Real estaba al tanto de todo» y de que no llevó a cabo ningún movimiento sin que tuviera conocimiento del mismo a través de Carlos García Revenga, entonces secretario personal de las Infantas y tesorero de Nóos.
El ex duque de Palma se encuentra en libertad sin fianza, situación que a pesar de haber sido ampliamente criticada -el último en hacerlo fue Álvaro Pérez, El Bigotes, en prisión tras la primera sentencia de Gürtel-, es la que corresponde a quienes, como él, han acreditado su arraigo y no tienen importantes causas pendientes mientras aguardan el veredicto definitivo. Ahí está el ejemplo del ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, que permanece en libertad a la espera de que el Alto Tribunal resuelva su recurso de casación por el caso de las tarjetas black, en el que fue condenado a cuatro años y medio o debería ocurrir en el inminente caso Gürtel.
Urdangarin nunca entendió la falta de apoyo institucional desde el primer momento y eso explica que nunca quisiera saber nada de la posibilidad de que la Casa Real le pusiera a su disposición a dos de los mejores letrados penalistas de España, Horacio Oliva e Ignacio Ayala. Se echó en manos de su amigo Mario, quien le ha presentado ante el Supremo como un «amigable componedor» sin conocimientos jurídicos al que no se le pueden exigir responsabilidades en materia económica. «Al olmo no se le pueden pedir peras«, llega a afirmar en uno de sus últimos recursos echando mano de su inimitable prosa.
El marido de la Infanta Cristina pregona en el desierto su inocencia mientras comprueba que ya sólo le queda el apoyo de su esposa, que sigue a su lado sin el más mínimo reproche, y que también se suma a la feroz crítica hacia la Casa Real que, cuentan en su entorno, va en aumento a medida que pasan los días y se acerca peligrosamente el día del veredicto.
Rebaja sustancial
Piensa que con algunos mínimos retoques de la sentencia de la Audiencia de Palma, porque así se lo han dicho letrados de su confianza, su panorama podría variar por completo y lograr una rebaja sustancial pero considera muy improbable que el Supremo se preste a ello con una petición de la Fiscalía de que le sea aumentada en diez años la condena y con el foco de la opinión pública escrutando el contenido del fallo.
Se encuentra distanciado también por completo del Rey Felipe, que siempre marcó las distancias con él desde que le pidiera sin éxito ayuda para pagar el palacete de Pedralbes y que fue advertido por uno de sus amigos más próximos de que aquella operación inmobiliaria le acarrearía problemas en el futuro. Pero también de la Reina Letizia, que hace ya años advirtió el afán lucrativo de la entidad que presidía su cuñado y se permitía incluso bromear en este sentido haciendo juegos de palabras.
Le separa asimismo un muro de hielo del Rey Emérito. Don Juan Carlos admite en privado que ayudó a Urdangarin todo lo que pudo, que hizo gestiones para que le recibieran cargos públicos y empresarios, pero que nunca supo, insiste, que su yerno tenía un desmedido afán por enriquecerse. Por eso le pidió expresamente, entre otros, al ex presidente balear Jaume Matas que tratara bien a Iñaki. Y por eso Iñaki consiguió lo que quiso en Mallorca y celebró dos ediciones de sus ciclos de conferencias a razón de más de un millón público cada una. Pero sin tener conocimiento, siempre según la versión de Don Juan Carlos, de que los fondos públicos acabarían íntegramente en sus bolsillos pasando por la sociedad instrumental Aizoon que compartía con su hija.
Por ello culpa a su yerno, y a nadie más que a él, de haberse aprovechado de su posición familiar y de haber arrastrado a su hija al epicentro del mayor escándalo de la historia reciente de la Corona española que acabó desembocando en su abdicación. Si Cristina, por la que siempre ha sentido especial debilidad, hizo algo, fue porque siguió las instrucciones de su marido, al que atribuye la responsabilidad de lo ocurrido.
Neutralizado para siempre parece el arsenal nuclear de Diego Torres, que también aguarda su turno, rebuscando todavía en el servidor de Nóos y encontrando nuevas pruebas del escándalo, fotos íntimas del matrimonio y hasta instantáneas de Doña Sofía echándose la siesta en el sofá envuelta en una manta con su hija y su yerno, estampas añejas de un pasado que nunca volverá.
Topándose en su minuciosa búsqueda con más correos que agravarían todavía más la situación de Urdangarin pero que prefiere, llegados a este punto, que sean pasto del olvido.
Son comunicaciones de aquella época en la que el ex duque de Palma le decía a su otrora íntimo amigo con un tono casi obsesivo que su principal objetivo con la nueva etapa que emprendieron juntos era «no ser otro Jaime de Marichalar». Nada de ser «un mantenido», de cobrar por asistir a consejos de administración. Quería labrarse un camino de éxito profesional propio, de manera independiente, muy diferente al de su cuñado, al que hacía referencia con desdén. Y vaya que si lo consiguió.
[74] El Partido Popular perdería el Gobierno de Madrid en beneficio de Ciudadanos tras el escándalo Cifuentes
Ciudadanos obtendría el 25,7% de los votos y 36 escaños, seguido del PP, con el 24,3% de los votos (34 escaños), y del PSOE con el 23,9% (34 escaños). Podemos baja al 17,6% (25 escaños)
Una amplia mayoría de los madrileños cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, debe dimitir. Entre los votantes del PP hay una masa significativa que también cree que la carrera política de Cifuentes ha llegado a su fin
El escándalo Cifuentes podría llevarse por delante las posiciones electorales del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, después de más de dos décadas en el Gobierno. Así lo señala el barómetro especial elaborado por Celeste-Tel para eldiario.es. El sondeo sitúa a Ciudadanos como fuerza más votada, seguido de PP y PSOE, que obtendrían el mismo número de escaños en la Asamblea madrileña.
Según los datos de la encuesta, Ciudadanos asciende directamente de la cuarta a la primera posición. Obtendría el 25,7% de los votos y 36 escaños en la cámara autonómica. Le sigue el Partido Popular con el 24,3% de los votos y 34 escaños. El PSOE igualaría al PP en número de diputados (34) pero con un porcentaje de voto ligeramente inferior (23,9%).
La caída del PP del poder en Madrid no admite paliativos. La formación que dirige Cristina Cifuentes perdería 9,1 puntos en intención de voto con respecto a las elecciones de 2015. De los 48 escaños que la dirigente popular obtuvo entonces, el PP perdería un total de 14.
En cuanto a Ciudadanos, su crecimiento supera incluso el agujero que le propina a su principal rival parlamentario. La formación que por ahora lidera Ignacio Aguado conseguiría aumentar en 19 diputados su representación en la Asamblea de Madrid y podría elegir con quien gobernar. Los datos de Celeste le permiten sumar mayoría con socialistas o populares.
El PSOE cae tres escaños y Podemos se deja otros dos, con respecto a las últimas elecciones autonómicas. La formación de Pablo Iglesias se haría con el 17,6% de los votos y un total de 25 escaños en el parlamento autonómico. La encuesta no mide la previsible alianza que esta candidatura pueda cerrar con Izquierda Unida, frente a la estrategia de concurrir por separado en las elecciones de 2015.
El estudio de campo elaborado por Celeste-Tel se ha realizado en la tercera semana de abril, coincidiendo con el debate que se ha instalado en el PP sobre la necesidad de librarse de Cifuentes para evitar una moción de censura que les aparte del Gobierno. En esos días también ha explotado la tensión interna en Podemos a cuenta de la guerra abierta para el control de las listas con las que Errejón se enfrentará a su intento de llegar a la presidencia de la Comunidad, una pretensión que Celeste-Tel considera alejada de la realidad.
Cifuentes debe dimitir
Una amplia mayoría de los madrileños cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, debe dimitir. Entre los votantes del PP hay una masa significativa que también cree que la carrera política de Cifuentes ha llegado a su fin. El 58,7% de los encuestados cree la dimisión es la única salida posible, frente a un 32,7% que aseguran que esta no es la solución necesaria.
Entre los votantes del PP, un 25,1% apuestan por la dimisión. El dato es mucho más elevado si se mide en los votantes del resto de formaciones: el 67,9% del electorado de Ciudadanos, el 84,4% del PSOE y el 98,5% de quienes apoyaron a Podemos en las últimas elecciones autonómicas (2015).
Más de la mitad de los consultados (52,8%) creen que Rajoy debería echar a Cifuentes en caso de que ésta no presente su dimisión. También en el PP uno de cada cuatro, atesoran esa idea (25,7%).
La posibilidad de una moción de censura es el otro escenario sobre el que Celeste-Tel ha preguntado a los encuestados. El 45,3% asegura que Ciudadanos debería apoyar la moción de censura impulsada por el PSOE, si se dan las circunstancias de que ni Cifuentes dimite, ni Rajoy le obliga a hacerlo. El 39,3% de los consultados opina que la formación naranja no debería prestar su apoyo a la moción que impulsan los socialistas. Un considerable 15,3% manifiestan su indecisión sobre ese tercer escenario.
FICHA TÉCNICA:
Ámbito: Autonómico
Universo: Ciudadanos y ciudadanas censados y con derecho a voto
Tamaño de la muestra: 600 entrevistas
Trabajo de campo: Entre el 16 y el 19 de abril
Metodología: Telefónica (75% fijos y 25% móviles)
Nivel de confianza y error muestral: Para un nivel de confianza del 95,45% (dos sigmas) y para P=Q, el error para el conjunto de la muestra es del 4,01%
[75] Íñigo Errejón elige a Tania Sánchez como la ‘número dos’ de su lista en las primarias de Podemos Madrid
Íñigo Errejón y Tania Sánchez, en una reunión del Consejo Ciudadano de Madrid en abril de 2017. Fernando Alvarado/EFE
La diputada será la primera mujer de la lista, entre el previsible candidato, que la elige como tándem, y el secretario general autonómico, Ramón Espinar
Este jueves se escenificaba el acuerdo auspiciado por Pablo Iglesias para una lista unitaria a las primarias de Podemos para la Comunidad de Madrid. Y, horas después, en el día en que se cierra el plazo para la inscripción de las listas, Íñigo Errejón ha anunciado quién será su número dos: Tania Sánchez.
Tengo el honor de contar con @Ainhat como número 2 de mi candidatura a la Comunidad de Madrid. Una de las mujeres que mejor conoce la política madrileña. Gracias por asumir este reto y aportar una experiencia imprescindible a este equipo
La diputada nacional, exdiputada de la Asamblea de Madrid, formará tándem con Errejón. El número tres está reservado para el secretario general autonómico, Ramón Espinar. El resto de componentes de la lista es conocerá a lo largo del día.
Tania Sánchez ha tuiteado también tras difundirse la información.
Es un honor para mi acompañar a @ierrejon en su camino a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Seguimos construyendo un proyecto para gobernar la region poniendo en el centro los derechos sociales de nuestro pueblo. Tenemos un año por delante!
La decisión, según fuentes del equipo de Errejón consultadas por eldiario.es, se ha tomado esta misma mañana, en el último día para que se registren las candidaturas a las primarias.
El puesto no estaba destinado a ella. Sánchez suplirá en el puesto a la persona elegida inicialmente por Errejón, la también diputada Carolina Bescansa. La cofundadora de Podemos renunció a las primarias cuando s e publicó en su canal de Telegram un documento que trazaba un plan para tumbar a Pablo Iglesias, con el apoyo de un Errejón que dijo desconocer el contenido.
El futuro candidato también ha esperado a la decisión final de Anticapitalistas, el tercer sector de Podemos en la región. Errejón había dicho que quería contar con la actual portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, y con la diputada Isabel Serra.
Tania Sánchez se alineó con el sector de Íñigo Errejón en el otoño de 2016, durante las primarias autonómicas que llevaron a Ramón Espinar a la dirección de Podemos en Madrid. Antes, había permanecido afín a Pablo Iglesias pero su disconformidad con cómo se estaba preparando el proceso de Madrid, la región que más problemas ha generado a la dirección estatal de Podemos desde su fundación, le llevaron a cambiar de bando.
Desde entonces ha sido una de las personas de confianza de Errejón, tanto en el proceso de Vistalegre 2 como después y en el actual proceso de negociación que se ha llevado a cabo en Podemos para una lista conjunta a las primarias.
Sánchez ha desarrollado toda su carrera política en Madrid. Primero, en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y luego como diputada en la Asamblea regional.
Ambos cargos los ocupó por Izquierda Unida, organización que abandonó en 2015 para fundar Convocatoria por Madrid (CxM). El partido se integró en las elecciones de mayo de ese año en la candidatura de Podemos, aunque sin la presencia de Sánchez y en una negociación de las habituales en el partido: cerrada in extremis. Un año después, CxM se diluyó en Podemos.
En el Congreso también ha tenido la región como principal foco de sus iniciativas. Tanto ella como Errejón retendrán el acta de diputados el máximo tiempo que puedan, según avanzan fuentes de su equipo a eldiario.es.
La idea, apuntan, es utilizar el altavoz mediático que es el Congreso y tener «dos escaños por Madrid dedicados a dos llevar propuestas que luego se llevarán al Gobierno regional cuando gane Íñigo Errejón».
[76] Quién es quién en el embrollo de Podemos en Madrid
Los diferentes líderes de Podemos, enfrentados estos días
Los protagonistas de los líos de familia, intrigas, celos y meteduras de pata en la formación morada en la Comunidad de Madrid
El embrollo monumental que se ha montado en Podemos Madrid en los últimos días, en relación con la elección de la persona que encabece la lista de la formación morada para la Comunidad de Madrid en las elecciones de 2019, tiene nombres propios. Protagonistas que han chocado -aunque el jueves anunciaran los líderes un pacto por Madrid- por partir de diferentes posiciones ideológicas, distintas familias políticas, o también por intrigas, celos o afán de notoriedad. Estos son algunos de ellos.
–Íñigo Errejón: Hace tiempo que el que fuera mano derecha de Pablo Iglesias ha sido señalado como más que probable candidato de Podemos en la Comunidad de Madrid en 2019. La idea es el resultado de un pacto político entre ambos. Y ahora tocaba materializarlo, previa convocatoria de unas primarias para elegirlo de forma oficial y sin saltarse la voluntad de los inscritos e inscritas en la organización, como recoge la filosofía de la formación morada. Pero maniobras de última hora adelantando estas primarias y desligando la selección del candidato de los restantes miembros de su lista alertaron a Errejón, que se plantó y amenazó más o menos veladamente con no presentarse si no le dejaban hacerlo a su manera y con su propio equipo. Un pacto de última hora con Iglesias ha salvado los muebles.
–Ramón Espinar: De él partió hace apenas unas semanas la idea de dividir las primarias en dos fases: una para el cabeza de lista y otra para todas las demás. Además, votó esta propuesta en un Consejo Ciudadano autonómico de Podemos, consiguiendo además –sin ningún voto en contra, aunque sí con 9 abstenciones– que la primera fase se adelantara al mes de mayo. Una urgencia que no entendió Errejón, y contra la que se rebeló. Espinar abrió la caja de los truenos y ahora habrá que ver si el pacto alcanzado en las altas instancias sujeta la tormenta.
–Lorena Ruiz-Huerta. La actual portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid representa a la corriente anticapitalista, y llegó al cargo tras un acuerdo hace aproximadamente un año con Espinar y su equipo. Desbancando para ello, de paso, al anterior portavoz, José Manuel López, hombre de Errejón. Pero si en política los tiempos sin tan relativos como las lealtades, en Podemos esto se multiplica por ciento: un posterior pacto Iglesias-Errejón desplazó a los anticapitalistas de muchos puestos directivos del partido en la región, lo que ha generado un resquemor y un descontento en este grupo que se ha ido incrementando con el paso del tiempo. La maniobra de las primarias por fases y aceleradas tampoco les han convencido. Tanto, que Ruiz-Huerta anunció el miércoles que en su grupo han decidido no presentarse a las mismas ni ir en las listas.
–Carolina Bescansa. La última llegada a esta «melé» de la formación morada es la diputada nacional Carolina Bescansa, que Errejón iba a proponer incluir en su lista electoral, y que se descolgó este miércoles con un documento interno en el que proponía básicamente un pacto a Errejón para desbancar a Iglesias desde el trampolín de la Comunidad de Madrid. Ella ha asegurado que todo había sido un error de su equipo, que filtró ese documento que no estaba ni terminado ni analizado ni votado. Y luego, se «borró» como posible acompañante de la lista de Errejón. No antes de que él rechazara su escrito, que tachó de «delirante».
–Pablo Iglesias. El líder absoluto de la formación morada guardó silencio en público ante lo que desde su entorno consideran «un asunto de máxima gravedad». Si alguien hubiera diseñado una manera de dinamitar desde dentro una candidatura, se habría parecido bastante a la llevada a cabo desde el seno de Podemos. Su reacción se hizo esperar 24 horas, y fue en forma de acuerdo con Errejón y Espinar: una especie de «pipa de la paz» pero sin humo, mirando a las ya muy cercanas elecciones de 2019.
–José Manuel López: el ex portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, guarda un discreto silencio, el mismo que ha mantenido desde que fue apartado del cargo que le correspondía, como candidato que fue en la lista a la Comunidad en 2015, por una decisión política llegada desde arriba. López observa y toma nota. E insiste en resaltar lo que la lógica indica: como señalaba en uno de sus últimos tuits, «la unidad más necesaria que nunca. Madrid lo necesita». Le hicieron caso.
Tengo al PP delante en el Pleno de la Asamblea defendiendo su decadencia. Tenemos proyecto y fuerzas. La unidad más necesaria que nunca. Madrid lo necesita, se lo merece. https://t.co/1WeomYzW0X
El fundador y presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, durante su comparecencia EFE
Cuando era estudiante de Harvard, mis amigos y yo oímos hablar de una nueva web que mejoraría nuestras vidas. Catorce años más tarde, veo lo equivocados que estábamos
La verdad es que el gran valor de Facebook ha nacido de haber logrado que todos nosotros perdiéramos el control
Hace catorce años, dos meses y ocho días, cometí un error. Igual que muchos errores que uno comete siendo muy joven en la universidad, esto tuvo que ver con fiarme de un hombre en quien no debería haber confiado. Y este error me afecta hasta el día de hoy.
No, Mark Zuckerberg no me contagió herpes. Pero tras el escándalo de Cambridge Analytica, he estado reflexionando sobre mi decisión de unirme a thefacebook.com el quinto día de su existencia, y me impresionan las similitudes entre la creación de Zuckerberg y un virus molesto (aunque mayormente benigno). Facebook no me va a matar, pero ha afectado a todas mis relaciones personales, me ha hecho contagiar a otras personas y nunca lograré deshacerme del todo de él.
La semana pasada, Zuckerberg tuvo que asumir ciertas consecuencias. Durante los dos días en que tuvo que responder las preguntas del Congreso, Zuckerberg buscó asegurar a la población que nosotros, y no él, tenemos un «control absoluto» de nuestras relaciones en Facebook. Repitió esta garantía una docena de veces, volviendo una y otra vez a la idea de que los usuarios pueden controlar la información que Facebook tiene sobre ellos.
Sin embargo, el Zuckerberg de 2018 sonaba muy parecido al «Mark E Zuckerberg ’06» que fue entrevistado sobre su nueva web el 9 de febrero de 2004 por el periódico universitario Harvard Crimson. Fue gracias a este artículo que mis amigos y yo decidimos confiar en este extraño detrás del ordenador y darle las claves de nuestra identidad: nombres, fechas de nacimiento, fotografías, correos electrónicos, y mucho más.
«Hay muchas opciones de privacidad», dijo en ese momento al entrevistador. «La gente tiene mucho control sobre quién puede ver su información».
«En Facebook, tienes control sobre todo lo que compartes», dijo al senador Dean Heller justo después de no poder responder con seguridad si Facebook alguna vez registró el contenido de las llamadas telefónicas de sus usuarios. «Tú puedes decir ‘no quiero que esta información esté allí’. Tienes acceso total a comprender todo, cada pequeña información que Facebook tiene sobre ti, y puedes borrarlo todo».
Zuckerberg mintió en aquel momento y miente ahora también. No tenemos «control absoluto» y nunca lo hemos tenido, como lo prueba el hecho de que incluso personas que nunca han tenido una cuenta de Facebook tienen «perfiles en sombra» creados sin su consentimiento.
Hace 14 años, dos meses y ocho días que se sale con la suya con el mismo cuento. Mientras lo miraba desarmarse delante del Congreso, no podía evitar verlo como uno de esos muchachos de Harvard de rostro juvenil que pasaban con gracia de su instituto de la zona de Nueva Inglaterra a las universidades de lujo de la Ivy League y lograban mantener contacto visual con el profesor mientras opinaban sobre libros que no habían leído.
Mark Zuckerberg, fundador y consejero delegado de Facebook
Todavía recuerdo la emoción y la curiosidad por esta nueva web que prometía mejorar y reemplazar los anuarios universitarios que Harvard entregaba a los estudiantes de primer año. Aquellos volúmenes delgados de tapa dura solían ser una fuente de información útil y entretenimiento picante. Solíamos estudiar el anuario en detalle, intentando encontrar el nombre de un chico de la clase o de aquella chica del sábado por la noche, juzgando por las fotos de los estudiantes y generalmente ejerciendo un poco de ciberacoso precibernético: intentando saber cosas de otras personas sin tener que preguntarles directamente.
La web de Zuckerberg lanzó a Facebook a un nivel desconocido. Durante los primeros meses y semanas, fuimos testigos del poder de Facebook para redefinir las relaciones sociales. Con Facebook, erais amigos o no; tenías una relación, eras soltero, o «es complicado»; la popularidad era fácilmente cuantificable; aquellos que decidían no estar en Facebook se definían como abstemios, lo quisieran o no. Todo lo hermoso y doloroso que son las interacciones humanas quedaba reducido a datos en un gráfico social.
Recibimos este reajuste de las relaciones sociales sin pensar en quién o qué estaba detrás. Pasamos de juzgar a las personas por su foto del anuario a juzgar a las personas por su perfil de Facebook y sus hábitos en Facebook. Ahora me avergüenzo de mi decisión, nacida de mi propio sentimiento de ser muy guay, de que sólo aceptaría las solicitudes de amistad de otros pero no pediría amistad yo, como si esto fuese una forma significativa de autodefinirme.
Me gustaría poder decir que me detuve a pensar en las motivaciones del hombre que estaba detrás de la pantalla del ordenador, pero estoy segura de que no fue así. Incluso si hubiera querido asignarle una palabra, o incluso un valor, a la idea de que yo debería tener control sobre la información que otros utilizan para conocerme y juzgarme –creo que a esto llamamos «privacidad»–, seguramente me habría creído las palabras de Zuckerberg en aquella primera entrevista en la que aseguraba que su web era perfectamente segura.
La verdad es que el gran valor de Facebook ha nacido de haber logrado que todos nosotros perdiéramos el control. Sí, podemos decidir qué fotos y actualizaciones de estado y datos biográficos lanzamos a las enormes fauces de Facebook. Pero el verdadero valor está en la información que ni siquiera sabíamos que estábamos entregando.
Facebook sabe lo que leo en internet, dónde me voy de vacaciones, si me quedo despierta hasta tarde por las noches, las publicaciones de quiénes paso por alto y las de quienes me detengo a leer. Sabe que viajé a Montana, Seattle y San Diego, aunque nunca permití que me siguiera el GPS. Sabe el número de móvil de mi padre, aunque él nunca ha aceptado ser parte de la red social, porque yo fui lo bastante tonta como para compartirlo con mis contactos una vez hace varios años.
Sabe todas estas cosas que, en mi opinión, no le incumben en absoluto.
Si algo he aprendido de Mark Zuckerberg es que el conocimiento más valioso sobre otras personas es saber aquellas cosas que no te contarían sobre sí mismas.
Así que esto es lo que yo sé sobre Mark Zuckerberg. Durante esas primeras semanas de la existencia de Facebook, mientras él aseguraba a los estudiantes universitarios que podían confiarle sus identidades, Zuckerberg tuvo una conversación privada por Instant Messenger con un amigo suyo. Esa conversación luego se filtró y fue publicada en el Silicon Valley Insider. Y es la siguiente:
– ZUCK: vale, pues si alguna vez necesitas info de cualquier persona de harvard
– ZUCK: solo pídemela
– ZUCK: tengo más de 4.000 correos, fotos, direcciones, sms
– AMIGO: ¿qué? ¿Cómo lograste eso?
– ZUCK: la gente me la entregó
– ZUCK: no sé por qué
– ZUCK: «confiaron en mí»
– ZUCK: gilipollas
En los años siguientes, supe que Zuckerberg cuida tanto su privacidad que tiene guardias de seguridad que revisan su basura, que compró las cuatro casas que rodeaban su propia casa para no tener vecinos, que demandó a cientos de hawaianos que reclamaban tener derechos sobre pequeñas parcelas de tierra en su gigantesca propiedad en Kauai, y que armó mecanismos secretos para impedir que mensajes privados de su pasado reaparecieran y le trajeran problemas.
Lo que no he visto es que haya cambiado de opinión sobre la inteligencia de sus usuarios. Este es el mundo de Zuckerberg, y todos nosotros somos una banda de gilipollas viviendo en él.
Traducido por Lucía Balducci
[78] Fomento impulsará la modernización de los taxistas tras blindarles frente a Uber y Cabify
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, comparece ayer tras la celebración del Consejo de Ministros. JAVIER BARBANCHO
El Gobierno abrió ayer la reforma del sector del taxi tras blindar al sector frente a la competencia creciente de plataformas de movilidad como Uber y Cabify. El Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que modifica la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre para introducir las restricciones 1/30 y 20/80, dos normas cuya legalidad está siendo analizada en estos momentos por el Tribunal Supremo tras ser recurridas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
Estos dos límites establecen un «equilibrio» de una licencia para el alquiler de vehículos con conductor (VTC) -usadas por estas empresas- por cada 30 de taxis y la obligación de que su titular realice un 20% de sus recorridos en la misma comunidad autónoma donde obtiene el permiso. La figura del real decreto-ley permite al Ministerio de Fomento blindar las normas frente a un hipotético fallo desfavorable por parte del Supremo y aplasta el intento de liberalizar el mercado por parte de Competencia.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, justificó ayer la ley en la necesidad de crear un continente legal de carácter nacional para regular el sector frente al auge de normativas locales y autonómicas que intentan blindar a los taxistas. Para ello, De la Serna apuntó la obligación de cumplir con la Ley General de Unidad de Mercado que lucha contra los desequilibrios regionales. Curiosamente, esta ha sido la Ley que ha utilizado la propia CNMC en el Supremo para defender la apertura del mercado.
El Gobierno va a hacer coincidir el blindaje al sector con la puesta en marcha de una reforma que busca modernizar al taxi y mejorar su competitividad. El propio real decreto-ley incluye la convocatoria de la Conferencia Nacional de Transportes que reúne a Fomento con todos los gobiernos autonómicos -que son quienes tienen cedidas las competencias- para introducir estos cambios con carácter nacional. Esta reforma ha sido exigida por grupos como PSOE o Ciudadanos a cambio de apoyar la convalidación del real decreto-ley en el Congreso.
Algunas de las primeras medidas que se estudiarán en esta conferencia del transporte incluyen la fijación de tarifas máximas para servicios precontratados -similar a las que actualmente ofrecen empresas como Cabify- ofreciendo más transparencia y tranquilidad al usuario; la posibilidad de compartir taxi a través de las aplicaciones informáticas o la supresión de los límites geográficos en una misma comunidad para coger un taxi.
La maniobra del Gobierno fue muy celebrada ayer por los taxistas. La patronal Fedetaxi anunció que la aprobación de un real decreto-ley supone un «triunfo en la batalla frente a Uber» que tranquiliza y devuelve la seguridad jurídica a más de 69.000 taxistas. «Queremos expresar nuestra satisfacción y apoyo a este instrumento legal que representa un gran paso adelante para poder poner fin a la situación de inseguridad jurídica y social en la que se encuentra nuestro sector desde hace años», explicó su presidente, Miguel Ángel Leal. Fedetaxi acogió de buen grado la convocatoria de la mesa del transporte para profundizar en la modernización del sector que permita «mejorar la satisfacción de los clientes» y recuperar su confianza.
Los grandes perdedores de esta batalla son las empresas tecnológicas y la propia CNMC. El grupo norteamericano advirtió de que el Gobierno «pierde la oportunidad de generar miles de empleos» y lograr que el ciudadano deje su coche en casa con su veto a los VTC.
Por su parte, Competencia queda a la espera del fallo del Supremo sobre las restricciones y dar por perdido su pulso contra el Gobierno al no tener posibilidad de recurrir la Ley.
[79] El Tribunal Supremo, «irritado» con Montoro por «negar la malversación»
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha recibido con «irritación» las declaraciones públicas y el comportamiento posterior del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. «No hay justificación» para lo que ha hecho, explican las fuentes judiciales. «No lo entendemos. No se entiende que la semana que el tribunal alemán dice que no hay rebelión y que tiene dudas de la malversación, salga el ministro y diga que no hay malversación».
El malestar se extiende a la Fiscalía. Fuentes del Ministerio Público califican de, «como mínimo, imprudentes» las palabras de Montoro. Las afirmaciones del ministro en EL MUNDO de que no se había gastado dinero público en el 1-O llegaron en plena campaña de la Fiscalía de reforzar los argumentos para que el tribunal alemán reconsidere la negativa sobre la rebelión y acceda a la entrega por malversación.
Fuentes del Alto Tribunal consideran que las palabras de Montoro podrían tener consecuencias más allá de que los procesados las hayan esgrimido ante el juez Pablo Llarena para argumentar que no cometieron malversación. Es previsible que los siguientes escritos de las defensas insistan en ese argumento.
También es posible que soliciten dejar sin efecto la actuación de la Abogacía del Estado, que se personó en la causa del Supremo y en la de Barcelona en nombre de Hacienda a petición del subsecretario del Ministerio. El jefe del subsecretario ha dicho que no ve delito.
Además, está en preparación -aunque no tenga ninguna posibilidad de ser admitida a trámite- la querella del Parlament contra el juez instructor. También allí cabría esgrimir en su contra que mantiene una malversación que el responsable del dinero niega. Forzando el razonamiento, incluso podrían plantearse las defensas una actuación contra los firmantes de los informes de la Guardia Civil, argumentando falso testimonio.
Fuentes próximas al caso añaden que cabe la posibilidad de que el ministro acabe teniendo que prestar declaración como testigo. Momentos antes de conocerse la decisión de Llarena de reclamar datos al Ministerio, los abogados de la acusación popular, que ejerce Vox, afirmaron que lo que había quedado claro con las últimas declaraciones era que Montoro iba a ser «el mejor testigo» de las defensas.
Horas después de que el juez urgiera a Montoro a explicarse, el Ministerio emitió una nota en la que ni rectificaba ni matizaba la tesis de que no se gastó dinero público. Pero es que además incluía dos elementos que molestaron al tribunal. Uno, que daba a entender que Llarena tenía que haber reclamado antes los datos sobre el control del dinero. Y dos, que llamaba «juzgado» al Supremo. Esa rebaja jerárquica podría no pasar de una descortesía si no fuera, explican, porque el máximo rango del tribunal español que reclama a Puigdemont es una baza frente al tribunal regional alemán. Y si fue un despiste, precisan, refleja que el Gobierno no está prestando la debida atención a un asunto que lo merece.
Fuentes judiciales y fiscales consideran que el encontronazo era «innecesario». La comisión del delito de malversación es compatible con el hecho de que se impusieran serios controles desde Hacienda. La clave está -resaltan con ánimo conciliador desde el Supremo- en comprobar si los procesados «engañaron los sistemas de control establecidos». Este argumento va en la línea de la rectificación suave que puso en marcha La Moncloa el pasado jueves, un día después de que Montoro descartara dar un paso en esa dirección. «Se pudo sortear el control de Hacienda», reconoció el Ejecutivo.
Fuentes de la investigación también resaltan que puede haber malversación aunque fuera cierto que no llegara a haber un desembolso efectivo de dinero público. Explican que, según la jurisprudencia, el delito se comete una vez que se coloca al Estado en posición de deudor. Por ejemplo, con el encargo a Unipost de fabricar millones de papeletas y sobres, que realmente se fabricaron. Aunque no se llegaran a pagar, generó una deuda reclamable a la Generalitat. Una deuda por un encargo ilícito, es decir, una malversación.
[80] El juicio contra los jóvenes de Altsasu deja en evidencia varias irregularidades
Miles de personas se han manifestado en Pamplona pidiendo «justicia» para los ocho jóvenes de Alsasua. EFE
Declaraciones de un testigo que en realidad nunca se hicieron, incongruencias sobre la vestimenta que llevaba uno de los acusados… Las sesiones celebradas en la Audiencia Nacional ofrecieron un cúmulo de pruebas que cuestionan las actuaciones realizadas en el procedimiento.
Pocas visitas de hospital han tenido una repercusión tan grande. Tanta, que 18 meses más tarde aún hay tres jóvenes presos de manera preventiva, aguardando que acabe un proceso en el que podrían ser condenados a largas penas de prisión. Ocurrió el 16 de octubre de 2016 en el Complejo Hospitalario de navarra. El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, se presentó allí para visitar al teniente que la madrugada anterior había sufrido una rotura de tobillo tras verse involucrado en una reyerta fuera de un bar de Altsasu. Luego de la visita, el agente optó por presentar una denuncia ante sus compañeros de la Benemérita en lugar de hacerlo en la Policía Foral, encargada del caso.
“Quedamos en que volvería por la tarde al hospital para tomarle la denuncia, pero hubo comunicaciones entre mandos superiores y me dijeron que iba a denunciar en la Guardia Civil”, declaró esta semana en la Audiencia Nacional uno de los policías forales –agentes de ámbito autonómico- que había emprendido averiguaciones en torno a la pelea más famosa y polémica de la historia de Navarra.
¿Qué le dijo Fernández de Mesa al teniente para que cambiara de opinión? La pregunta sigue, y en principio seguirá, sin respuesta. Se trata de uno de los grandes misterios que encierra el proceso judicial contra ocho jóvenes de Altsasu acusados de terrorismo por aquella pelea de bar en octubre de 2016. El juicio que se desarrolla en el tribunal madrileño ha vivido esta semana su primera etapa con la toma de declaraciones de acusados, denunciantes y testigos de ambas partes. De momento, las sombras siguen ganándole a las luces.
En efecto, las madres y padres de los jóvenes acusados han llegado a la conclusión que tanto temían: el procedimiento que ha llevado a sus hijos al banquillo ha estado marcado por varias irregularidades. Una de las más graves quedó puesta sobre la mesa con el testimonio del dueño del bar Koxka, el establecimiento donde se produjo la trifulca. El hostelero comprobó con estupor que su firma no aparece en la declaración realizada ante la Policía Foral y atribuida a su persona, aunque eso no es todo: “aquí hay cosas que yo no dije”, advirtió.
El testigo declaró en la Audiencia que había dicho exactamente lo contrario
Por ejemplo, en el procedimiento se le atribuye al propietario del Koxka haber dicho que los hechos ocurridos en el exterior del bar fueron “premeditados”, lo que valdría precisamente para amparar la acusación de “terrorismo” que pesa contra los imputados. Sin embargo, el testigo declaró en la Audiencia que había dicho exactamente lo contrario. “No podía saber ni si fue premeditado ni si participó gente que sabía pegar porque ni siquiera vi nada”, alegó.
A criterio de Amaia Izko, una de las abogadas defensoras, este hecho constituye “una irregularidad muy grave: un testigo ha ido a declarar ante unos policías y han recogido en el acta cosas que él no ha dicho”. “La consecuencia directa será que esa declaración, que constaba en el procedimiento, no se pueda tener en cuenta a ningún efecto”, apuntó la letrada a Público.
El rojo no es negro
El color de la camiseta de Adur Martínez de Alda, uno de los tres jóvenes que permanece en la cárcel desde noviembre de 2016 y sobre el que pesa una petición de 50 años de cárcel, también ha sido materia de polémica. La novia del teniente de la Guardia Civil identificó a Adur como uno de los agresores, y lo hizo asegurando que llevaba puesta una camiseta roja. Sin embargo, una foto de aquella noche demuestra que el joven llevaba una camiseta negra.
Ese aspecto fue ratificado por un video difundido por el programa “En Jake” de ETB2, en el que se aprecia a Adur con la misma vestimenta de color oscuro. De hecho, tanto él como su madre negaron ante el tribunal que esa noche hubiese estado allí. El video de ETB había sido rechazado por los jueces, pero esta semana, ante una nueva solicitud de la defensa, sí ha sido admitido como prueba.
“¿Va a manifestaciones?”
Su madre, Bel Pozueta, ha sido objeto de preguntas de claro sesgo ideológico durante su declaración. “Se insistió en su ideología y en su participación en manifestaciones”, denunció este viernes el colectivo de Madres y Padres de los Jóvenes de Altsasu (Altsasu Gurasoak).
De hecho, ese mismo tipo de preguntas también fueron formuladas por el abogado del estado, la fiscalía y la acusación (COVITE) a otros testigos propuestos por la defensa. Entre ellos se encontraba el alcalde de esa localidad navarra, Javier Ollo (Geroa Bai), quien incluso ha tenido que aclarar los motivos por los que acudió a la multitudinaria manifestación del pasado sábado en Pamplona. Lo hizo, indicó, porque defiende la “proporcionalidad en el tratamiento de los hechos”.
Fichas fotográficas
Otro aspecto llamativo del procedimiento ha sido la forma en que se realizó el reconocimiento fotográfico de los imputados. Según comprobó la defensa, en cada ficha aparecía la persona acusada junto a otras que tenían claros rasgos de otra etnia. “Con fichas así resulta fácil concluir que hay intención de identificar a ciertas personas en concreto, más allá de los hechos ocurridos”, destacaron desde Altsasu Gurasoak. En tal sentido, destacaron que durante el juicio se ha podido establecer que tales reconocimientos fueron diseñados por el servicio de Información de la Guardia Civil.
Precisamente, el juicio se reanudará el lunes con las declaraciones de los peritos del área de Inteligencia de la Benemérita, quienes estuvieron a cargo del informe entregado a la jueza Carmen Lamela. En aquel documento contradijeron lo establecido en un primer momento por la propia Guardia Civil y pasaron a catalogar estos hechos como “terrorismo”, tal como reclamaba COVITE en su calidad de acusación popular.
La sesión seguirá el martes con la comparecencia de peritos médicos que hablarán sobre las lesiones de los denunciantes, mientras que los días miércoles, jueves y viernes estarán reservados para la presentación de los informes con las conclusiones. Tras la primera semana de juicio, la abogada Izko lo tiene claro: “llevamos cinco días de juicio y no hay ni un elemento que esté cerca de dibujar algo que parezca terrorismo”, subrayó.
[81] Como si la pesadilla vasca no hubiera acabado
La sala de un juzgado siempre tiene algo de teatro dramático. Es un lugar donde resulta fácil perder el hilo ante la cascada de palabras que acusadores y defensores tejen y destejen como arañas en un laberinto. Pero la vista que comenzó el lunes en la Audiencia Nacional (AN) contra ocho jóvenes de Alsasua que supuestamente agredieron a dos agentes en un bar de copas rezuma además un fuerte aroma kafkiano. Buena parte de las pruebas que pretendían aportar los abogados de los imputados fueron desestimadas en el trabajo de instrucción, entre ellas las declaraciones de 18 de los 25 testigos propuestos, varias pruebas periciales y algunos soportes videográficos. No es de extrañar que uno de los letrados cite de carrerilla párrafos de El proceso, la asfixiante novela con la que Franz Kafka relata la desesperada búsqueda de Joseph K. por conocer de qué se le acusaba. A pesar de la evidente distancia entre novela y realidad, la obra emerge cargada de resonancias en este caso.
Los acusados, todos de edades comprendidas entre los 20 y 32 años, se juegan la vida. La fiscalía pide para ellos 375 años de cárcel por varios delitos de terrorismo. Un castigo que para magistrados como José Antonio Martín Pallín o exjueces como Baltasar Garzón es desorbitado y muestra “una sobreactuación judicial que está fuera de la realidad social”. Pero no han sido únicamente los otrora admirables juristas quienes advierten de los excesos que envuelven a este proceso. También los vecinos de Alsasua, nacionalistas y los que no lo son, reclaman un debate sobre el rigor que se aplica en España a conceptos como terrorismo y odio, términos que la justicia sigue empleando como si la pesadilla vasca no hubiera terminado. Al parecer, de eso va este proceso: de dirimir la gran cuestión penal de nuestra época, sus límites, y sobre la que no cabe la más mínima fisura. Teatro político de primera magnitud. “Del veredicto de este juicio puede salir una jurisprudencia que resultará fundamental para el futuro”, recalca un abogado penalista que sigue muy de cerca este proceso.
Lo que pase marcará sobre todo el futuro de estos tres jóvenes:
Oihan Arnanz, 22 años de edad, la fiscalía pide para él 62 años de prisión por 4 delitos de lesiones terroristas y un delito de amenazas terroristas
Jokin Unamuno: 24 años de edad. 50 años de prisión por 4 delitos de lesiones terroristas.
Adur Ramirez de Alda: 23 años. 50 años de prisión por 4 delitos de lesiones terroristas.
Bajo el cielo de cristal que luce estos días sobre Madrid, las voces que se arremolinan frente al aislado palacio de la AN en San Fernando de Henares critican las acusaciones contra los ocho acusados. Pero sus argumentos parecen islas en medio de un mar unánime, el que exige aplastarles como si fueran bacterias y que ponen bajo sospecha a quien se atreva a ponerlo en duda. Es lo que ayer sintieron el diputado navarro de Podemos, Eduardo Santos; la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz; y el parlamentario del PNV de Navarra, Unai Hualde; presentes en la puerta de entrada de la sala de vistas para mostrar su disconformidad por el tratamiento de este caso.
En la sesión inaugural, todos los implicados negaron haber golpeado a los guardias civiles siguiendo directrices planificadas y todos negaron tener relación con campaña de hostigamiento alguna contra las fuerzas de seguridad del Estado ni con movimientos diseñados por ETA antes de su defunción. Una visión que contrasta con el testimonio aportado en la segunda jornada por el teniente y el sargento agredidos, para quienes existen pocas dudas de que aquella lluvia de golpes que sufrieron “fuera un acto espontáneo” porque los guardias civiles de Alsasua, dijeron, “estamos vigilados”. “Estoy acostumbrado a situaciones violentas, de estrés, por mi trabajo, pero esa situación nunca la he vivido. Temí por mi vida porque estábamos en inferioridad y esa sensación de odio y de rencor que tenían no la he sentido nunca”, respondió el teniente a preguntas del fiscal.
A falta de conocer las pruebas periciales de la investigación, la argamasa que permitirá al tribunal reconstruir el relato completo de aquellos hechos, la impresión que queda tras dos días de juicio es que los encausados están más cerca de ser sentenciados por terrorismo que por agresiones a la autoridad. Y la diferencia no es baladí. De ello depende que los tres principales acusados –Jokin Unamuno, Adur Ramírez y Ohian Arnanz– se hagan viejos entre rejas. El motivo de una disparidad de penas tan abrumadora procede, en opinión de uno de los letrados, en que hay noches que la justicia española se pone la máscara de la política. Quizá por eso, la estrategia de la defensa no se esfuerza en disimular la desazón que les ha provocado la instrucción realizada por la magistrada Carmen Lamela, que forma con la ilustre jueza que preside el tribunal, Concepción Espejel, el dúo más dinámico de las profecías autocumplidas. Si Lamela sacó el sumario de la Audiencia de Navarra para reconstruirlo en la Audiencia Nacional acuñando los cargos “de terrorismo y odio”, el más extraordinario eslogan que puede escribirse sobre los escombros de ETA, Espejel no le va a la zaga con sentencias ejemplares en el Caso Bar Chinaski y el Caso Valtònyc, tras haber sido apartada del megaproceso de la Gürtel por sus relaciones afectivas con el PP.
Los familiares de los encausados repiten una y otra vez que falta proporcionalidad al juicio y sobran prejuicios. “Fue una pelea de bar ocurrida el día grande de las fiestas del pueblo a las cinco de la mañana. Si llega a suceder en otro lugar de España no sería lo mismo”, insisten. Y desempolvan casos similares “donde el tratamiento penal ha sido distinto”, dice la madre de uno de los jóvenes imputados. Por ejemplo, el que sucedió el pasado año en la localidad albaceteña de Tobarra cuando un agente recibió una pedrada en una pelea callejera. Y el de una pareja de guardias civiles brutalmente golpeados en las fiestas del municipio de Tinajo, en Lanzarote. También el que ocurrió hace unos meses en Galapagar, Madrid, cuando dos delincuentes reconocieron a un agente que se encontraba fuera de servicio y comenzaron a golpearle con una ferocidad desmedida. ¿Entonces?
“Pues está la carga emocional de la denuncia de Covite, que fue admitida a pies juntillas por la Audiencia Nacional, que pide a la Guardia Civil un informe que avale esa tesis y termina considerándose terrorismo”, explica en un receso Amaia Izko, abogada de uno de los jóvenes imputados. Palabras como ETA o terrorismo vasco mantienen el interruptor del odio encendido. El teniente, que estuvo 18 meses de baja por la fractura de un tobillo, ha asegurado que aquel día temió por su vida. “Me pegaron 15 personas dentro y 20 fuera sin que nadie hiciera nada por ayudarme ni por intentar calmar la situación”, ha testificado. También ha señalado que conocía a los tres principales acusados “de actos organizados por los colectivos Alde Hemendik y Ospa Eguna (‘Día de la Huída’)” contra la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado en Navarra y Euskadi. El sargento, por su parte, ha explicado que cuando le destinaron a Alsasua le avisaron de que tuviera cuidado en su tiempo de ocio, especialmente en “el Casco Viejo, donde hay bares que frecuentan jóvenes radicales abertzales”. Sin embargo, el bar Koxka, el lugar donde se produjo la trifulca, no era peligroso. “Aquí vivimos 7.500 personas y nos conocemos todos. A unos les puede gustar más la presencia de la Guardia Civil y a otros menos, como sucede en cualquier otro pueblo de España, pero aquí nunca se ha educado en el odio”, añade Igone Goikoetxea, madre de Jokin Unamuno, en prisión preventiva desde el 14 de noviembre de 2016.
Difícil tarea la que tiene por delante el tribunal. A un lado de la balanza, un miedo racional. Al otro, una libertad más frágil. Y en medio, la cuestión de cómo reducir el vivero del resentimiento.
Es curioso que el mejor alcalde para Barcelona sea un extranjero que no la conoce, que apenas la ha visitado en los últimos años como turista político o para ver jugar a su equipo de fútbol, pero todo cabe en este mundo de fábula e ilusión en el que se ha convertido la política
El viernes, los mejores amigos de Manuel Valls se cayeron de sus sillas al oír el anuncio de la posibilidad de que el ex primer ministro francés se presente a alcalde de Barcelona. Es lo que tiene ser francés, que aún tienes espacio para la sorpresa. En España, sin embargo, los palmeros del futuro que ya casi está aquí se mostraron inmediatamente aplomados ante la gran jugada política del estadista del momento. Gran jugada. Enorme visión. Magnífica idea. No sólo eso: vendrán más, estamos sólo empezando a sorprenderos. “Sería mucho mejor alcalde que Colau”, había dicho el preclaro Rivera, y mentada la bicha, las alianzas estaban servidas. Curioso que el mejor alcalde para una ciudad sea un extranjero que no la conoce, que apenas la ha visitado en los últimos años como turista político o para ver jugar a su equipo de fútbol, pero todo cabe en este mundo de fábula e ilusión en el que se ha convertido la política.
C’est dingue,quoi!, exclamaron hasta sus más próximos en Francia al saberlo. Traducido: ¡es de locos, es una chaladura! Yo soy muy afrancesada, como saben, y tiendo a verlo como ellos. Es evidente que es una chaladura que les pilla además en la misma semana en la que Valls ha sido protagonista de un nuevo hito del marketing político al anunciar la separación de su mujer y a las doce horas presentar a su nueva novia, una diputada de derechas con la que ya medio vive. La crisis de los cincuenta se dice. No sería sino una anécdota si no fuera porque las malas lenguas francesas ya han hecho un paralelismo entre cada uno de los virajes sentimentales de Valls y sus virajes políticos. Parece complicado ser regidor de una ciudad española mientras forjas tu tórrido amor con una diputada con la que estás haciendo nido en París, pero quizá el sino de los catalanes sean ya los gobiernos a distancia, los exilios, que el cosmopolitismo sea su redención, o quizá lo que ocurra es que también el resto debiéramos empezar a querer a nuestros políticos lo más lejos posible.
Rivera, el prestidigitador. Cuando todavía nos tiene en Madrid pendientes de su manos como un Tamariz -¡la bola de la investidura está aquí o aquí o no está!- nos distrae aún con un nuevo truco de Robert-Houdin y se saca de la chistera a un candidato extranjero mientras seguro prepara, en su circo de tres pistas, algo nuevo que echarnos a la boca para que no veamos sus trucos ni una ni en otra.
Rivera, el que se autoproclamaba sosias de Macron, ha fichado a su antagonista. “Ils se detèstent”, así lo resumen los analistas franceses. Se detestan, no se pueden ver. Su único parecido, además de tener el mismo nombre de pila, es haber sido dentro del mismo partido jóvenes y ambiciosos y haber soñado con llegar a lo más alto. Eso es a todas luces lo que advierte tener en común con ellos el líder de Ciudadanos. Lo más alto. Pero Rivera desde luego no es Macron y si se trae a alguien es a quién éste considera el traidor de la peor estofa: “Si y’a un traître, si y’a quelqu’un qui flingue Hollande, c’est Valls”, dijo sin ambages el actual presidente de la República Francesa. (Si hay un traidor, si hay alguien que ha freído a tiros a Hollande, ese es Valls). No sé yo si son las mejores credenciales para traerse un compañero de filas.
Así que en realidad a quien se parecía Rivera no era a Macron sino a Valls. Valls, que arroja gasolina a los fuegos en lugar de apagarlos. Valls, el que quiere prohibir el salafismo. Valls, que se opuso a la idea conciliadora de Macron de recoger la especificidad de Córcega en la constitución francesa para aplacar los ánimos de un independentismo que acaba de ganar en las urnas de aquella isla. Valls, que no sólo votará en contra de tal cosa, sino que ha manifestado que el idioma corso no debe ser alentado: “El francés es la única lengua de nuestro país” y a continuación “si la batalla cultural estuviera perdida, los que no hablaran corso se irían de la isla y se abriría el camino de la independencia”. Las coincidencias son grandes. No sólo la lucha por la unidad sino la creencia de que la lengua propia de cada territorio es una escuela de independentistas y que no debe ser estimulada, conviven tanto en Valls como en Rivera. Lo que ya no me queda tan claro es si tal jacobina propuesta puede servir para apaciguar algo en Cataluña ni para hacer más habitable Barcelona.
El hombre es un dechado de delicadeza. Enviado en febrero en misión oficial de la Asamblea Francesa a Nueva Caledonia, donde habrá en noviembre un referéndum sobre la independencia de Francia, se mostró abiertamente a favor de la continuidad dentro de la República. “Valls ha cometido una torpeza que viene a complicar aún más la situación”, así se expresó el secretario general de Caledonie Ensemble, un partido de derecha moderada. Un apagafuegos, vamos.
Creanme, no tengo nada en contra de que nos gobiernen los franceses. Hubiera preferido que lo hicieran en el XIX y así no estaríamos donde estamos sino en una república laica sin Borbones. No fue así y nos batimos el cobre para traernos de vuelta al felón. Esa es España. A mí lo que nunca me ha gustado es el ilusionismo. Ni Houdini ni Uri Geller, desde niña salgo huyendo de los magos y de los payasos. Tampoco el circo es mi fuerte. Por eso no me gusta el espectáculo. Demasiados trucos, demasiadas falsas verdades, demasiadas apariencias y mucho polvo de la madre celestina y poca política real y eficiente. Ni en Cataluña ni en Madrid.
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.
Funcional
Siempre activo
El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas.
Preferencias
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para la finalidad legítima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado o usuario.
Estadísticas
El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos.El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte.
Marketing
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web con fines de marketing similares.
Ha estallado la madre de todas las crisis en Podemos dirá probablemente algún avispado periodista ¿La madre de todas las crisis? Seguro que no. El culebrón mediático tendrá muchos más capítulos antes de que la galaxia podemita estalle en mil direcciones distintas al son de los versos “he defraudado a todos/empezando por mí” de “lo niego todo” de Joaquín Sabina, otro progre redimido hacia la derecha, ahora que la serie “Perdidos” vuelve a una de las cien mil televisiones digitales.
Deja tu opinión