Lawfare. La judicialización de la política en América Latina; por Cándido Marquesán Millán

Involución en América Latina

Por GERMÁN GORRAIZ LÓPEZ

Analista

 

El Trienio 2018-2020 supondrá la irrupción en el escenario geopolítico de América Latina de una nueva ola negra involucionista que consistirá en la implementación de “golpes de mano blandos“ con el objetivo inequívoco de sustituir a los regímenes insensibles a los dictados de Washington (Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Bolivia) por regímenes autocráticos tutelados por EEUU.

¿Es la Alianza del Pacífico el caballo de Troya de EEUU en América Latina?

Tras la fachada neoliberal de la Alianza del Pacífico se escondería un refinado proyecto de ingeniería geopolítica cuya finalidad última sería dinamitar el proyecto político-integracionista representado por la UNASUR e intensificar la política de aislamiento de los Gobiernos progresista-populista de la región,en especial de Venezuela tras quedar huérfana del alma mater de la Revolución Bolivariana (Chávez) así como finiquitar el proyecto integrador económico del MERCOSUR, proceso de de integración económico creado en en 1991 tras la firma del Tratado de Asunción entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay al que posteriormente se habría incorporado Venezuela como Estado parte, quedando Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador,Chile, Surinam y Guyana como “Estados asociados”.

Dicha estrategia fagocitadora tendría como objetivos a medio plazo aglutinar el Arco del Pacífico para integrar además a Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá e incorporar por último al Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) , siguiendo la teoría kentiana del “palo y la zanahoria “ expuesta por Sherman Kent en su libro “Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Norteamericana” (1949). En dicho libro, Kent afirma que “ la guerra no siempre es convencional: en efecto, una gran parte de la guerra, de las remotas y las más próximas, ha sido siempre realizada con armas no convencionales: […] armas […] políticas y económicas. La clase de guerra en que se emplean […] (son la) guerra política y la guerra económica.”

Los fines de estos tipos de guerra fueron descritos por este autor de la siguiente manera: “en estas guerras no convencionales se trata de hacer dos cosas:debilitar la voluntad y la capacidad de resistencia del enemigo y fortalecer la propia voluntad y capacidad para vencer” y más adelante añade que los instrumentos de la guerra económica “consisten en la zanahoria y el garrote”: “el bloqueo, la congelación de fondos,el ‘boicot’, el embargo y la lista negra por un lado; los subsidios, los empréstitos, los tratados bilaterales, el trueque y los convenios comerciales por otro”.

El incierto futuro de la democracia en México

La revista Foreign Policy, ( edición de enero-febrero, 2012), publicó un análisis de Brzezinski titulado “After America” (”Después de América”), donde analiza la tesis de la decadencia de los EEUU debido a la irrupción en la escena global de nuevos actores geopolíticos (China y Rusia) y de sus posibles efectos colaterales en las relaciones internacionales. Respecto a México, Brzezinski afirma que “el empeoramiento de las relaciones entre una América (EEUU) en declinación y un México con problemas internos podría alcanzar niveles de escenarios amenazantes”. Así, debido al “caos constructivo” exportado por EEUU y plasmado en la guerra contra los cárteles del narco iniciada en el 2.006, México sería un Estado fallido del que sería paradigma la ciudad de Juárez, (la ciudad más insegura del mundo con una cifra de muertes violentas superior al total de Afganistán en el 2009), por lo que para evitar el previsible auge de movimientos revolucionarios antiestadounidenses se procederá a la intensificación de la inestabilidad interna de México hasta completar su total balcanización y sumisión a los dictados de EEUU.

Así, la política anti-inmigración de Trump aunado con el proteccionismo económico ( finiquito del NAFTA) e implementación de aranceles a los productos mexicanos, conllevará una severa constricción de las exportaciones de productos mexicanos a EEUU así como de la entrada de remesas de dólares en México, lo que podría suponer una debacle económica y social y terminar por desencadenar frecuentes estallidos de conflictividad social, siendo previsible una clara regresión de las libertades democráticas y un posterior regreso a escenarios ya superados de intervención del Ejército ”como “garante del orden constitucional”.

¿Nueva Crisis de los Misiles en Cuba?

Moscú es actualmente el noveno socio comercial de la Habana y como prólogo a la visita de Putin a la Isla, la Duma rusa habría ratificado la condonación de la deuda de Cuba con la URSS estimada en 35.200 millones $ y el resto (3.520 millones $ será abonado por Cuba en diez años y reinvertido por Rusia en la economía cubana. Putin se reunió con Raúl y Fidel Castro para abordar temas concernientes a la cooperación técnico-militar entre Moscú y La Habana y tratar asimismo temas como la cooperación energética, transporte, aviación, espacio y salud además de firmar varios acuerdos.

Respecto al acercamiento de EEUU a Cuba, Donald Trump habría adoptado como leit motiv de su Presidencia eliminar todo vestigio del legado obamaniano. Así, tras el intento de finiquitar el Obamacare, el anuncio de revisión del Tratado NAFTA y la retirada de EEUU del Acuerdo de París contra el Cambio Climático,( medidas cosméticas fruto de la paranoia personal de Trump que no verán su plasmación en la legislacion estadounidense por la rotunda oposición de amplios sectores de la sociedad civil y de la división de la clase política republicana), el siguiente paso será intentar deshacer los avances diplomáticos y comerciales alcanzados con Cuba bajo el mandato de Barack Obama.

Los cambios propuestos por la administración Trump tienen como intención aumentar las regulaciones y la supervisión para dificultar a las empresas estadounidenses rubricar acuerdos con Cuba así como para que los estadounidenses continúen viajando al país y serían fruto de la extenuante presión de los destacados representantes cubano-americanos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart, ambos republicanos. Finalmente, la renovación automática por parte de EEUU por un año más del embargo comercial a la isla podría suponer para Cuba pérdidas estimadas en cerca de 70.000 millones de $ por lo que la miopía geopolítica de la Administración Trump podría provocar la firma de un nuevo tratado de colaboración militar de Cuba con la Rusia (rememorando el Pacto Secreto firmado en 1.960 en Moscú entre Raúl Castro Y Jruschov) que incluiría la instalación de una base de Radares en la abandonada base militar de Lourdes para escuchar cómodamente los susurros de Washington amén de misiles Iskander , pudiendo reeditarse la Crisis de los Misiles (octubre 1962).

¿Hacia el final de Petrocaribe?

Petrocaribe fue creado en 2005 por iniciativa de Venezuela con el objetivo de suministrar combustibles a los países miembros en condiciones ventajosas de pago, como créditos blandos y bajas tasas de interés y estaría integrado por 18 países (incluidos Honduras, Guatemala, Cuba, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Belice y una decena de islas del Caribe) y según las autoridades venezolanas, el país exporta 100.000 barriles diarios a los países del bloque que generaban una factura de 4.000 millones de dólares, de la cual una parte se paga en “efectivo” y el resto estaría subsidiado. La nueva estrategia de EEUU sería estrechar lazos comerciales y militares con los países de Petrocaribe ante el peligro de contagio mimético de los ideales revolucionarios chavistas al depender en exclusiva de la venezolana Petrocaribe para su abastecimiento energético, empezando por el presidente dominicano Danilo Medina y en este contexto, la Administración Obama celebró una Cumbre de Seguridad Energética en el Caribe en la que instó a los países de la región a diversificar sus fuentes de energía, confiar más en las inversiones privadas y reducir así su dependencia de Petrocaribe.

¿Nicaragua en el punto de mira del Pentágono?

Petrocaribe fue creado en 2005 por iniciativa de Venezuela con el objetivo de suministrar combustibles a los países miembros en condiciones ventajosas de pago, como créditos blandos y bajas tasas de interés y estaría integrado por 18 países (incluidos Honduras, Guatemala, Cuba, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Belice y una decena de islas del Caribe) y según las autoridades venezolanas, el país exporta 100.000 barriles diarios a los países del bloque que generaban una factura de 4.000 millones de dólares, de la cual una parte se paga en “efectivo” y el resto estaría subsidiado. La nueva estrategia de EEUU sería estrechar lazos comerciales y militares con los países de Petrocaribe ante el peligro de contagio mimético de los ideales revolucionarios chavistas al depender en exclusiva de la venezolana Petrocaribe para su abastecimiento energético, empezando por el presidente dominicano Danilo Medina.

China habría asumido el reto de construir un nuevo canal en Nicaragua (Gran Canal Interoceánico) similar al canal del istmo de Kra que tiene proyectado entre Tailandia y Birmania para sortear el estrecho de Malaca, convertido “de facto” en una vía marítima saturada y afectada por ataques de piratas e inauguró en el 2010 el gasoducto que une a China con Turkmenistán y que rodea a Rusia para evitar su total rusodependencia energética al tiempo que diversifica sus compras, por lo EEUU procederá a desestabilizar el gobierno de Daniel Ortega dentro de su estrategia geopolítica global de secar las fuentes energéticas chinas.

Por otra parte, la instalación el pasado abril de una estación satelital rusa en Managua (laguna de Nejapa) para “controlar el narcotráfico y estudiar los fenómenos naturales” habría provocado el nerviosismo del Pentágono que acusa a Rusia de “estar usando Nicaragua para crear una esfera de espionaje militar” mediante el Sistema Global de Navegación por Satélites (Glonass), el equivalente al GPS de EEUU. En consecuencia, la Administración Trump recurrirá a la doctrina kentiana, expuesta por Sherman Kent en su libro “Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Norteamericana” (1949). Así, hemos asistido a la aprobación por el Congreso y el Senado de EE.UU del proyecto de ley conocido como Nica Act (Nicaraguan Investment Conditionality Act of 2017), que siguiendo la estrategia kentiana busca congelar los préstamos internacionales de instituciones satélites de EEUU (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo). a Nicaragua con el objetivo confeso de provocar su inanición financiera y posterior asfixia económica. Finalmente, se estaría gestando una Revolución Multicolor teledirigida por EEUU que fuerce a las élites dominantes a la celebración de nuevas elecciones generales con el objetivo confeso de finiquitar la herencia sandinista y conseguir que Nicaragua vuelva a la senda de las democracias tuteladas por EEUU.

¿Venezuela delenda est?

En Venezuela, la decisión de Maduro de confiscar la planta de General Motors, será vista por la Administración Trump como un atentado contra los intereses de las multinacionales estadounidenses, escenario que será aprovechado por el Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, antiguo Presidente y Consejero Delegado de Exxon Mobil cuando fue nacionalizada en el 2007 por Hugo Chávez, para intentar un golpe de mano contra Maduro. Exxon Mobil formaría parte de la Cuarta Rama del Gobierno de EEUU, verdadero Poder en la sombra que toma las decisiones en política exterior y a instancias de Tillerson, la revolución chavista ya fue declarada “enemiga peligrosa de EE.UU”. Además, el acuerdo chino-venezolano por el que la empresa petro-química estatal china Sinopec invertirá 14.000 millones de dólares para lograr una producción diaria de petróleo en 200.000 barriles diarios de crudo en la Faja Petrolífera del Orinoco, (considerado el yacimiento petrolero más abundante del mundo), sería un misil en la línea de flotación de la geopolítica global de EEUU (cuyo objetivo inequívoco sería secar las fuentes energéticas de China). En consecuencia, tras una sistemática e intensa campaña desestabilizadora basada en el desabastecimiento selectivos de artículos de primera necesidad, la amplificación en los medios de la creciente inseguridad ciudadana, la toma de las calles por la oposición y la aplicación de sanciones al crudo venezolano para provocar el default o cese de pagos asistiremos a la posterior petición al Ejército para que se erija en “salvador de la Patria”, plan diseñado por la CIA y que contando con la inestimable ayuda logística de Colombia, convertida en el portaaviones continental de EEUU, intentará dar un “golpe de mano” para finiquitar el legado chavista en Venezuela en el 2018.

¿Será Brasil el nuevo gendarme neoliberal de Sudamérica?

Brasil forma parte de los llamados países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y aunque se descarta que dichos países forman una alianza política como la UE o la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), dichos países tienen el potencial de formar un bloque económico con un estatus mayor que del actual G-8 (se estima que en el horizonte del 2050 tendrán más del 40% de la población mundial y un PIB combinado de 34.951 Billones de $) .

El objetivo confeso de EEUU es neutralizar la influencia rusa en el cono sur americano y lograr que Brasil asuma el papel de “gendarme de los neoliberales” en Sudamérica, pues Brasil juega un rol fundamental en el nuevo tablero geopolítico diseñado por EEUU para América Latina ya que le considera como un potencial aliado en la escena global al que podría apoyar para su ingreso en el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro permanente, con el consiguiente aumento del peso específico de Brasil en la Geopolítica Mundial.

Recordar que la decisión de la presidenta brasileña Dilma Rousseff de posponer su visita de Estado a Washington (decisión avalada por los principales asesores de Rousseff, entre ellos su antecesor y mentor Lula da Silva), entrañó el riesgo de una peligrosa confrontación entre las dos grandes potencias del continente americano, pues según Lula “los americanos no soportan el hecho de que Brasil se haya convertido en un actor global y en el fondo, lo máximo que ellos aceptan es que Brasilia sea subalterno, como ya lo fue”.

Así, Rousseff tras afirmar que “el espionaje ilegal representa una violación de soberanía incompatible con la convivencia democrática entre países amigos”, exigió a Estados Unidos explicaciones convincentes de las razones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) para presuntamente violar las redes de computadoras de la petrolera estatal Petrobras y tras su enérgico discurso en la apertura de la 68 Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), se habría granjeado la enemistad de la Administración USA que procedió a la implementación del “caos constructivo” en Brasil para desestabilizar su mandato presidencial (impeachement), no siendo descartable un golpe de mano militar para implementar un Estado Militar-Presidencialista en un futuro mediato.

Macri y el final de la soberanía económica argentina

Respecto a Argentina, en el encuentro privado que mantuvieron en Cannes CFK y Obama en el marco del G-20, la mandataria argentina no habría sido sensible a las tesis de Obama y no habría aceptado la reanudación de ejercicios militares conjuntos con EE.UU en territorio argentino coordinados por EEUU,( pues de facto habría significado la ruptura de la nueva doctrina militar diseñada para la región por los gobiernos que suscribieron la UNASUR, cuyo primer Secretario General fue precisamente Néstor Kirchner) por lo que CFK se habría convertido en un elemento incómodo para la estrategia fagocitadora de EEUU. Así, la aceptación por Macri de los postulados del FMI supondrá hipotecar la soberanía económica de Argentina para la próxima década, tras lo que asistiremos al ingreso de Argentina en la Alianza del Pacífico, quedando tan sólo Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia como países díscolos a las tesis de una EEUU que procederá a implementar la política del Big Stick o “Gran Garrote”, (cuya autoría cabe atribuir al presidente de Estados Unidos Theodoro Roosevelt), sistema que desde principios del siglo XX ha regido la política hegemónica de Estados Unidos sobre América Latina, siguiendo la Doctrina Monroe ,“América para los Americanos”.

 

Lawfare. La judicialización de la política en América Latina

 
Por Cándido Marquesán Millán
Profesor de Secundaria. Zaragoza
 
Artículo publicado el 10 de agosto de 2018 en
 

El Lawfare es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político

En un artículo del periodista polaco Maciek Wisniewski, titulado Las (in) justicias pude leer lo siguiente.Imagínense a dos mandatarios. El mandatario X acusado de recibir supuestamente de una empresa a cambio de contratos gubernamentales un lujoso departamento amueblado al gusto de su (fallecida ya) esposa –que al final no es tan lujoso, tan amueblado, ni, desde luego, tan suyo- fue condenado a 12 años de cárcel por corrupción en una verdadera “Bliztkriegjurídica” y ya lleva cuatro meses tras las rejas. ¿Las pruebas? Inexistentes. Bastaron las palabras. Unas (¡Yo se lo di!) de un empresario corrupto, que a cambio gozó –por supuesto– de una generosa reducción de su propia sentencia Y otra –¡Culpable!– de la boca de un juez justiciero que, si alguien se tomara en serio el significado de la justicia, debería cambiar inmediatamente su toga por el uniforme carcelario.

Por otro lado está el mandatario Y, quien desde hace años está siendo investigado –junto con su esposa– por fraude al Estado y prácticas incompatibles con la función pública, o sea –cortesía del traductor de Google– la más descarada y desvergonzada corrupción común y corriente. El mandatario Y, se trata de Benjamín Netanyahu. Por supuesto está libre y sigue al frente del gobierno de Israel. Pero no es de este ínclito personaje del que quiero hablar. Lo haré de Lula.

El profesor de la Universidad Federal de Río Grande del Norte en Porta Alegre, Andrés Ferrari Hainestiene un artículo muy clarificador sobre el apresamiento de Lula, titulado Un proceso judicial falso. “En su acusación contra Lula, el juez Moro escribió: “Los costos de la reforma llegaron a 1.104.702,00 reales e incluyeron la instalación de ascensor privado, cocina, armarios, readecuación de dormitorios, ampliación del deck, y, hasta, electrodomésticos”. En la grabación de la audiencia frente al juez se ve que Lula le retruca con una foto de la escalera de su casa, en la que reside desde hace casi veinte años manifestándole que para subirla su fallecida esposa Marisa debía tomar medicación: “Le parece que si no puse ascensor en dónde resido desde hace casi veinte años lo voy a poner en un departamento que ni es mío”.

Si se le hubiese permitido a Lula y a sus abogados inspeccionar el triplex por el cual se lo sentenció a prisión, Lula podría haber respondido con un simple: “No hay ascensor privado en el triplex”. Y también, no hay reforma ni electrodomésticos. Una farsa que no sólo denuncia a parte importante del Poder Judicial brasileño, al menos, pero también a grandes medios de comunicación. ¿Cómo se explica si no que la revista Veja o el sitio R7 del canal de Televisión Record hayan publicado antes “imágenes del lujoso triplex de Guarujá” – que ahora rápidamente han retirado de internet? También O Globo informó que “el departamento pasó reformas –que incluyeron la instalación de un ascensor privado y un área gourmet– que también las pagó la constructora”, aclarando que no sucedió lo mismo con otros inmuebles del mismo edificio. 

El MST (Movimiento de los Trabajadores sin Tierra) argumentó –antes de difundir imágenes del departamento– que la invasión obligaría a saber quién era el verdadero dueño del triplex. Veja respondió que “la sentencia no condenó a Lula por poseer formalmente el inmueble, considerando que, a pesar de que el mismo está a nombre de la constructora, le fue prometido al petista y reformado a su gusto, para posible transferencia posterior”. Es decir, como destaca el sitio 247, el medio argumenta que Moro condenó a Lula por un crimen que sería cometido en el futuro. Ya el Estado de San Pablo había expresado, tras describir las fastuosas reformas, que “oficialmente el inmueble está en nombre de OAS (la constructora), pero la Fiscalía ve indicios de que pertenece al expresidente y su mujer”. 

Sólo así se entiende el uso de la expresión “convicción” que se utilizó al verificar la culpabilidad de Lula. De hecho, Moro hizo uso de la reforma para afirmar, con convicción, que constituía prueba de que el triplex era de Lula. El sustento de la reforma fue la confesión –como supuesto responsable en aplicar la reforma– de Léo Pinheiro quien luego de su declaración inicial en la cual no apuntó a Lula, Moro lo sentenció a 16 años y 4 meses de prisión –luego aumentados a 26 años–. Al cambiar su declaración e incriminar a Lula, esta condena se reduce a 2 años y medios.

Del mismo Andrés Ferrari Haines es otro artículo Por eso está preso. “Circula por los medios sociales, dado que no existe prueba alguna de corrupción salvo “convicción” e “indicios”, la lista de crímenes de Lula que obligaron a la Justicia brasileña a condenarlo a prisión que, por alguna razón, los principales medios informativos del país no mencionan. Se trata de una larga lista de programas y políticas sociales y económicas, de inversión pública y de igualdad racial, social y regional que han dislocado la trayectoria historia secular de Brasil. Un reciente estudio de FLACSO-Brasil y CLACSO, Faces da desigualdade no Brasil presenta datos inapelables de los delitos cometidos durante el período 2002-2015 bajo los gobierno del PT. En ese período, pasó de 10,7 a 39% los jóvenes más pobres, que ingresaban a la escuela secundaria a la edad correcta (aumento del 264%. Casi 4 veces más jóvenes de 15 a 17 años, entre el 5% más pobre de la población, estaban en la enseñanza media o posterior en 2015, si se compara a 2002. Mientras que el acceso a la enseñanza superior en general casi se duplicó, para el 20% más pobre se multiplicó 23 veces. En 2002, menos del 7% de los más pobres concluían la primaria; en 2015, 30,3%. La mortalidad infantil (en niños menores de 1 año) cayó, de 2002 a 2015, de 23,4 por mil nacidos vivos a 12,9 (45%). La cobertura en atención básica de salud aumentó del 31,8% al 63,2%. El crecimiento del ingreso real en la población fue 38%, pero para el 20% más pobre fue casi 4 veces más rápido que para el 20% más rico, beneficiado con aumento real de 25,6% por encima del promedio de la población. El salario mínimo aumentó más del 70% por encima de la inflación y se generaron 20 millones de empleos formales para todos los niveles de calificación. En suma, el Gobierno Lula redujo la extrema pobreza en Brasil al 3%, el menor índice de la historia. La inmaculada gestión Temer está corrigiendo las consecuencias de estos delitos. Así, este año 326.000 familias en situación de extrema pobreza perdieron acceso al programa de ayuda que se había creado (Bolsa Familia). El aumento del salario mínimo (45 millones de personas) para este año fue 1,81% –el  menor en 24 años– llegando a R$ 954, bien inferior a los R$ 3.7600 que el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos considera actualmente mínimo necesario. En el último, casi 1,5 millón de brasileños cayeron en la pobreza extrema, sumando ahora casi 15 millones en total. El desempleo que tuvo su pico inferior (6,8%) en 2014 se encuentra en 12,7%. Son más de 13 millones de personas en esta situación, casi el doble.

Mas, todo lo ocurrido con Lula lo podemos entender en el artículo publicado por  El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)  titulado Lawfare. La judicialización de la política en América Latina. 

El Lawfare es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción. El término “describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar” y es utilizado con este sentido en Unrestricted Warfare, un libro de 1999 sobre estrategia militar. En 2001 el concepto comienza a ser manejado en ámbitos diferentes a las Fuerzas Armadas Estadounidenses, tras la publicación de un artículo escrito por el General de Fuerza Aérea, Charles Dunlap, de la Duke Law School. Estados Unidos (por medio de la USAID) es uno de los principales proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos en América Latina y el Departamento de Justicia estadounidense ha estrechado en los últimos años los vínculos con los aparatos judiciales de la región en la lucha anticorrupción. 

Los aspectos fundamentales del Lawfare son: 

1) El rol del Poder Judicial: El PJ se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde desplegar, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio republicano del equilibrio de poderes. Es el único que no deriva de la voluntad popular sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumado a privilegios que los demás poderes no tienen. Esto le permite operar políticamente bajo un completo manto de institucionalidad. Se persiguen objetivos similares a los que otrora buscaban las Fuerzas Armadas: deslegitimar y perseguir figuras políticas populares opuestas a sus intereses. Lo hacen a través de “expertos”, que manejan un lenguaje técnico objetivo (el lenguaje jurídico), que se jacta de no estar “contaminado” por la política.  

2) Ajuste estructural y lucha anti-corrupción: El proceso de recorte del Estado y lo público impulsado por las Instituciones Financieras Internacionales y organismos bilaterales estadounidenses desde principios de los ’80 en América Latina, incluyó la reforma jurídica como parte de la batalla contra la “ineficiencia del Estado”. Se sostiene que la corrupción en el Estado debe ser extirpada apelando a las “buenas prácticas” del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la “lógica” de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de “los políticos” (léase: militantes, gente con trayectoria en partidos políticos), apostando a la formación de técnicos (apolíticos). La persecución judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobiernos donde el Estado recuperó su protagonismo en materia económico-social, agrandando al Estado y revalorizando lo público. A su vez, la corrupción va ocupando los primeros puestos entre las principales preocupaciones de los latinoamericanos, igualando a los problemas económicos.

Además tampoco debemos olvidar la presión militar, de triste recuerdo en Brasil. Como señala Stella Calloni. “¿Puede un Supremo Tribunal Federal en un país funcionar como si nada hubiera sucedido, después de que al menos tres generales, uno de ellos el actual jefe del ejército, advirtieran públicamente que si el ex presidente Lula no iba preso, se verían obligados a dar un golpe militar?” 

Que el neoliberalismo se ha expandido e impuesto por todo el mundo y que solo en algunos países sudamericanos se le ha hecho frente en los tiempos recientes es un hecho claro. En Grecia Tsipras sucumbió.  Me estoy refiriendo a la Venezuela de Chaves; el Brasil de Lula y de Dilma Rousseff; el Ecuador de Daniel Correa; la Bolivia de Evo Morales y Avaro García Linera; la Argentina de Cristina Kischner. Evidentemente que han cometido errores, pero lo que sí han hecho políticas dirigidas a combatir la desigualdad, basadas en los principios de la justicia social. Otra cosa es que los grandes medios de comunicación las hayan ocultado. Por ello, me parece oportuno recordar algunas actuaciones políticas de Evo Morales de un artículo propio de diciembre de 2009 titulado La nueva Bolivia de Evo Morales, publicado en El Periódico de Aragón. Ahí va: 

“Todo lo que está ocurriendo en la Bolivia de Evo Moraleses muy interesante. Llegó al poder en el 2006 con el 53,7 % del electorado y, desde entonces, el país andino vive una ilusionante transición política. Pretende refundar Bolivia con criterios de soberanía nacional, desarrollo solidario y justicia social. Su Nueva Bolivia se fundamenta en varios ejes: una nueva Constitución, que entró en vigor en febrero pasado; el control de los recursos naturales bolivianos en manos de empresas extranjeras, una reforma agraria, acabar con el secesionismo y el monopolio del poder político de la oligarquía conservadora que siempre ha dominado el país, así como una política exterior opuesta al imperialismo de los EE.UU. Hasta estos momentos estos objetivos parece que se van cumpliendo. 

Acaba de producirse un nuevo triunfo electoral de Evo en la más estricta legalidad democrática. La misiones de observadores enviadas a Bolivia por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) acaban de señalar que las elecciones generales del país, como “muy positivas”. Los resultados para Evo no pudieron ser más favorables: una cómoda reelección con un 62% de los sufragios y la mayoría en ambas cámaras de su partido político, Movimiento al Socialismo (MAS). Por otra parte, la oposición regional a Morales quedó debilitada. Esta apabullante victoria cabe entenderla como un incuestionable mensaje de apoyo a las reformas económicas y sociales prometidas por Morales. El pueblo ha dejado bien claro que apuesta por una Nueva Bolivia y ha dicho “no” a aquellos que durante décadas sumieron al país en la pobreza. Como también ha aprobado la gestión realizada hasta ahora, caracterizada por el desarrollo de programas sociales y económicos a favor de los más pobres, olvidados durante décadas, financiados con los recursos naturales de los hidrocarburos. Con el Bono Juancito Pinto, se beneficia a los escolares de Primaria dándoles 200 bolivianos, para que compren útiles escolares y puedan invertirlo en su educación, y así combatir el absentismo escolar. Con el Plan Nacional de Alfabetización, se pretendía que “La educación convirtiera a esas mayorías excluidas en ciudadanos, con todos los derechos que esto implica”. En la madrugada del día 20 de diciembre de 2008, Bolivia vivió una jornada histórica: el país fue declarado “territorio libre de analfabetismo” y se convirtió en la tercera nación latinoamericana que se proclamaba libre de analfabetos, después de Cuba –en 1961– y de Venezuela –en 2005–. Era el gran sueño de Evo. “Quiero ser presidente para acabar con el analfabetismo en Bolivia”,le dijo a un periodista, cuando aún era candidato a la presidencia. La madre de Evo fue analfabeta. Su padre, semianalfabeto, y varios de sus familiares no sabían leer ni escribir cuando llegó al poder. Evo dijo que se ha tenido que esperar “casi doscientos años de la vida republicana” para acabar con el analfabetismo. “Yo he leído libros, en los que se cuenta que a los primeros aymaras que aprendieron a leer les sacaron los ojos y a los que empezaron a escribir les cortaron la mano”. “Esto ha terminado”, sentenció Morales. La Renta Dignidad, un beneficio universal y vitalicio que entró en vigor en enero de 2008 y que ha supuesto el pago de 2.400 bolivianos anuales a todos los mayores de 60 años que no reciban una renta mensual y 1.800 bolivianos a aquellos que sí tengan un ingreso. En mayo pasado se instauró el Bono Juana Azurduy de Padilla, con la finalidad de bajar los niveles de mortalidad y que cubrirá al 74% de las familias que no tienen acceso a la seguridad social a corto plazo. El objetivo central es resolver las complicaciones derivadas del embarazo y el parto, evitar la mortalidad infantil, mortalidad materna y desnutrición. Las mujeres gestantes recibirán 50 bolivianos por cada control prenatal de los previstos y 120 bolivianos si reciben asistencia de los centros de salud del Estado en el parto. Las mujeres percibirán también un pago de 125 bolivianos por cada control bimestral al que presenten a sus bebés hasta los 2 años. 

Todas estas medidas realizadas son muy claras de las preocupaciones sociales del Gobierno de Evo. 

Y en otro artículo del mismo periódico de 5 de enero de 2013 titulado El expolio de Evo Morales destaco lo siguiente:

“Ha sido noticia que el presidente boliviano Evo Morales ha nacionalizado cuatro filiales de Iberdrola, en concreto dos de las principales distribuidoras de electricidad en La Paz, ‘Electropaz’, y en Oruro, ‘Elfeo’, además de una empresa de servicios y una gestora de inversiones. Como no podía ser de otra manera ha sido fuertemente criticado por el gobierno de Rajoyy por la gran mayoría de los medios de comunicación españoles. Lo que callan, y no por desconocimiento, es que en La Paz, la tarifa eléctrica urbana en promedio era de 0,63 bolivianos (0,09 dólares) por kilovatios/hora, mientras que en el área rural era de 1,59 bolivianos (0,23 dólares). Según el mismo Evo “Habían hablado con la empresa para que igualase la factura a todos, que asumiera su responsabilidad social llevando el tendido eléctrico a todos los lugares. “Cuatro meses de negociación sin resultado”, “Y como no han querido buscar esta equidad, igualdad en el consumo de energía eléctrica, obligados hemos tenido que nacionalizar”. Señaló que se decidió expropiar porque la constitución promulgada en 2009 señala que los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones “son un derecho humano” y su provisión debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social, y un derecho humano no puede ser negocio privado”. “Esta nacionalización está orientada justamente para buscar la igualdad y acabar con la extrema pobreza”. Por ende, tal decisión es además de ética, impecable desde el punto de vista jurídico. No hace otra cosa que exigir el cumplimiento constitucional”. Produce sonrojo esto con el expolio al que nos están sometiendo las Eléctricas en España.

Me parece claro que las políticas de Evo Morales, como también las  Chaves, Correa, Lula son antineoliberales. Para evitar la expansión de esta resistencia antineoliberal hacia otros países desde los poderes hegemónicos políticos, económicos, mediáticos y académicos se emprendió una campaña brutal. Si no se puede por la vía electoral, como en Argentina o Ecuador, se recurre al ámbito de la justicia, como acabo de mostrar y explicar en las líneas precedentes. Lo que supone una auténtica perversión de la democracia.

Como conclusión a todo lo expuesto resulta muy interesante la lectura del libro, publicado por CELAG y descargable en red.  Las Vías abiertas en América Latina. Siete ensayos en busca de una respuesta. ¿Fin de ciclo o repliegue temporal? Es un análisis crítico sobre la situación actual, así como una reflexión sobre estrategias cara el futuro desde planteamientos progresistas, que ya dan por finiquitados los grandes medios de comunicación, al servicio de los poderes económicos. El coordinador de la obra es Emir Sader, y participan 8 pensadores, entre los cuales está el vicepresidente de la Bolivia, Álvaro García Linera.

 

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