La Caoba
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LA CAOBA
(Andresa Villón Domínguez)
Muy sonado fue el caso de la amante de Primo de Rivera conocida por La Caoba por su color de piel.
Se trataba de una cabaretera andaluza, prostituta, cocainómana y traficante de narcóticos, que después de ser denunciada fue detenida y recurrió por ello al dictador para ser puesta en libertad.
No lo consideró oportuno el juez José Prendes Pando, ni tampoco el presidente del Tribunal Supremo, por lo que Primo trasladó al primero de juzgado y obligó a jubilarse antes de tiempo al segundo para así acceder a la petición de su amante.
El caso lo dieron a conocer en febrero de 1924 Miguel de Unamuno y Rodrigo Soriano -cuenta Paul Preston-, con quien Primo se había enfrentado en un duelo a espada, por lo que ambos fueron desterrados a la isla de Fuerteventura.
El motivo oficial alegado fue que el vicerrector y catedrático de griego de la Universidad de Salamanca había escrito una carta en la que tildaba a la monarquía de podrida.
El general, por su parte, hizo crecer aún más el escándalo con una nota pública a las que era muy aficionado en la que decía:
«El presidente del Directorio no se siente molestado por la persistencia de la insidiosa campaña fundada en su intervención, para que se hiciese justicia a una mujer, a su parecer injustificadamente detenida. Así volverá a proceder cuando la ocasión se presente, teniendo a gala de su carácter haberse inclinado toda la vida a ser amable y benévolo con las mujeres».
La Caoba es el apodo con el que se conocía a una prostituta andaluza de Madrid adicta a la cocaína en los años veinte. Se hizo públicamente conocida cuando fue detenida en 1924 por tráfico de drogas para luego ser puesta en libertad por orden directa del dictador Miguel Primo de Rivera, con el que mantenía relaciones.
El escándalo
A comienzos de los años veinte, se desató en España una gran campaña mediática y política destinada a acabar con el consumo de cocaína y morfina, asociado al mundo nocturno de los cabarets y music halls que proliferaban en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia.
Cuando La Caoba fue detenida, Primo de Rivera se entrevistó con el juez que la procesaba (el magistrado Prendes Pando) para exigir su puesta en libertad, a lo cual Pando se negó alegando cumplimiento del deber; el asunto se saldó con la destitución del juez Pando y del presidente del Tribunal Supremo, Buenaventura Muñoz Rodríguez, cuando intentó proteger a su compañero de profesión.
El conocimiento de estos hechos por parte de la ciudadanía desató una gran polémica sobre el dictador, criticado por los círculos intelectuales de la capital de los que cabe destacar personajes como Miguel de Unamuno y Rodrigo Soriano, miembros notables del Ateneo de Madrid.
Poco después Unamuno y Soriano serían enviados al exilio en Fuerteventura y el Ateneo, considerado ya un centro disidente, sería clausurado.
Posteriormente y en relación con el suceso, en 1925 Unamuno escribiría el poemario «De Fuerteventura a París: diario íntimo de confinamiento y destierro» donde menciona brevemente este escándalo:
«Famoso se hizo el caso de la ramera, vendedora de drogas prohibidas por la ley y conocida por La Caoba, a la que un juez de Madrid hizo detener para registrar su casa y el Dictador le obligó a que la soltase y renunciara a procesarla por salir fiador de ella.
Cuando el caso se hizo público y el Rey, según parece, le llamó sobre ello la atención, se le revolvió la ingénita botaratería, perdió los estribos — no la cabeza, que no la tiene — y procedió contra el juez tratando de defenderse en unas notas en que se declaraba protector de las jóvenes alegres.
Aquellas notas han sido uno de los baldones más bochornosos que se han echado sobre España, a la que el Dictador ha tratado como a otra ramera de las que ha conocido en los burdeles. Se ha complacido en mostrar sus vergüenzas y en sobárselas delante de ella.»
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La sombra de la Caoba sedujo al dictador
En pleno directorio militar, Primo de Rivera echó a dos jueces para que quedara en libertad una prostituta a la que frecuentaba
Por Santiago Tarín
La Vanguardia, 15 JULIO 2019

Los medios de comunicación nos hablan periódicamente sobre narcopisos, bandas de traficantes o redes de prostitución. En realidad no hemos inventado nada. Al principio de los años veinte del pasado siglo, hubo en España una gran campaña política y mediática para controlar el tráfico de cocaína que ocurría en los cabarets de ciudades como Madrid, Barcelona o València.
Sexo y drogas ayer y hoy; una combinación a la que no supo sustraerse ni Miguel Primo de Rivera al liderar la dictadura, cuando hizo destituir a un juez que detuvo a una prostituta que él frecuentaba y que trapicheaba con narcóticos..
A pesar de que esto ocurrió en 1924, en el primer periodo de la dictadura de Primo de Rivera, el conocido como directorio militar, hubo quien lo criticó, aunque de forma realmente ingeniosa: el Heraldo de Madrid contó la peripecia, aunque a fin de sortear problemas explicó que había ocurrido en Bulgaria y atribuyó el comportamiento del dictador al primer ministro de este país.
Otros no fueron tan crípticos: Miguel de Unamuno alzó su voz contra el régimen y censuró el episodio, por lo que fue desterrado a Fuerteventura. El día antes de marchar a las Canarias, la tradición oral reza que concluyó su clase en la Universidad de Salamanca de esta guisa:
“Para el día próximo, lección siguiente”.
Miguel Primo de Rivera escogió la carrera de las armas y sirvió en Marruecos, Cuba y Filipinas. Se casó con Casilda Sáenz de Heredia, pero su matrimonio no duró mucho: ella murió seis años después de la boda, en 1909, no sin antes dar a luz a seis hijos; de hecho murió de parto. Entre ellos está José Antonio, fundador de Falange.
Miguel de Unamuno, desde su destierro en Canarias, escribió unos versos sobre el escándalo
Parece que la viudez transformó al general, pues desde entonces, según cuentan las crónicas, comenzó a visitar los cabarets y los music halls, además de tener diversos romances, como por ejemplo con una joven llamada Niní Castellanos o con la celebérrima Raquel Meller. Entre estas mujeres con las que trataba don Miguel estaba una prostituta de Madrid, que frecuentaba un tablao flamenco, y que además traficaba en cocaína.
Respondía al apodo de la Caoba. La familia de otro de sus asiduos denunció que tenía prácticamente abducido a uno de los suyos, que había perdido su voluntad por el efecto de los narcóticos y que vivía secuestrado y sometido a los designios de la meretriz.
El caso fue a parar al juzgado de instrucción de Congreso, cuyo titular, José Prendes Pando, la detuvo. Y es ahí donde aparece el dictador, para indicarle al magistrado que la deje libre. Como quiera que este no hizo ni caso, Primo de Rivera le envió una nota, respondiendo el jurista que no tenía inconveniente en unirla al sumario.
El militar no se lo tomó a broma y no cejó hasta que en abril el juez fue enviado a Albacete, y además el presidente del Tribunal Supremo, Buenaventura Muñoz, que respaldó al magistrado, jubilado anticipadamente.
En su destierro insular, Unamuno escribió unos versos sobre el escándalo:
“Famoso se hizo el caso de la ramera, vendedora de drogas prohibidas por ley y conocida por la Caoba, a la que un juez de Madrid hizo detener para registrar su casa y el dictador le obligó a que la soltara y renunciara a procesarla por salir fiador de ella”.
Ahora, que somos tan modernos, vemos que antes también pasaba de todo y que en algunos temas, como el sexo y las drogas, está casi todo inventado.

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EL FASCIO ESPAÑOL

Primo de Rivera: ‘La Caoba’ liberada y Unamuno desterrado
EN 1924, EL GENERAL PRIMO DE RIVERA ARREMETIÓ CONTRA LOS JUECES POR HABER PROCESADO A UNA COCAINÓMANA AMIGA SUYA Y ENVIÓ A UNAMUNO AL DESTIERRO
Como un libro, 18 ENERO 2024

‘LA CAOBA’, ENTRE LA ALTA SOCIEDAD Y LOS BAJOS FONDOS
Era conocida como Maruja La Caoba, una sevillana que comenzó a hacer la calle en Madrid y fue subiendo peldaños hasta adentrarse en la Corte y llegar al mismísimo presidente del gobierno, el general Primo de Rivera, con quien tuvo una íntima amistad. Poco más se sabe de ella.
El historiador Miguel Muñoz de San Pedro, Conde de Canilleros nos ofrece una ligera descripción:
“Maruja no era ninguna belleza extraordinaria. Pero resultaba un conjunto interesante, con una acusada personalidad. Esbelta, distinguida, elegante, con tez morena.
Tomó del color de su pelo, sin duda artificialmente preparado, el sobrenombre de La Caoba.
¡Cuánto se habló de ella, de la categoría de sus amistades, de la destitución de un juez que quiso procesarla por tráfico de drogas!
La conocí en el salón de juego del Gran Kursaal de San Sebastián en agosto de 1923…”.

Maruja actuaba como tonadillera y bailaora en varios tablaos flamencos de Madrid con reservados, como Los Gabrieles, así se llamaba en cheli a los garbanzos del cocidito madrileño, situado en la calle Echegaray 17, a escasos metros de la plaza de Santa Ana.
Aquel era un lugar de noches interminables, sin horario, donde bailaba La Niña de los Peines y, entre otros, se daban cita Manolete, Juan Belmonte, Primo de Rivera y el rey Alfonso XIII, que entraba por una puerta trasera y pasaba las veladas en el sótano.
Pero, principalmente, acudía al Villa Rosa, en el Barrio de las Letras, que aún se conserva en la calle Núñez de Arce 17, esquina al Callejón del Gato, también junto a la Plaza de Santa Ana. En los años de la dictadura primorriverista el propietario era Antonio Pajares, anterior camarero del cercano Mesón del Gato.
En su establecimiento contaba con el cantaor jerezano Antonio Chacón, el guitarrista madrileño Ramón Montoya Salazar, que creó escuela, y un cuadro de bailaoras, lo más selecto del flamenco en la capital.
Adaptó los interiores como si fuera una pequeña Alhambra con un patio andaluz y, a causa de la gripe, introdujo un moderno sistema de lavabo, secado y esterilización de toda la vajilla.
Organizaba fiestas flamencas para la aristocracia, políticos, toreros y artistas con Francisco de Asís, Conde de los Andes, que fue diputado por el Partido Conservador y ministro con Primo de Rivera.
En el local existía un subterráneo con reservados, pequeñas habitaciones en las que cualquier cliente podía pedir que alguna artista le cantara tonadillas a él solo.
El visitante más ilustre del Villa Rosa fue Alfonso XIII, que acudía a la zona privada de la planta inferior a través de una media puerta oculta que aún existe. En aquel punto confluían tres pasadizos de una compleja red del subsuelo de Madrid, actualmente cegados. El otro insigne cliente era el general Primo de Rivera, jefe del gobierno, que allí se encontraba con La Caoba.
Esta seudo bailaora, aparte de su particular belleza, arrastraba un bagaje de conflictos con la policía a causa de su afición a los estupefacientes de la época, como la cocaína o la morfina, hasta que un día subió un peldaño más en su carrera.
La familia de un empresario teatral la denunció por tráfico de drogas y la acusó de tenerle sometido a su voluntad a causa de la adicción a las sustancias que le suministraba, lo que le condujo a la pérdida de su hacienda y de su voluntad.

EL GENERAL PRIMO DE RIVERA, DEFENSOR DE ‘LA CAOBA’
El general Primo de Rivera, jefe del gobierno por aquel año de 1924, se daba al alterne para olvidarse del desconsuelo de haberse quedado viudo de su esposa Casilda Sáez de Heredia, con la que tuvo seis hijos en los seis años de matrimonio.
Se rodeó de un “grupo de amigas que le tuteaban por las noches en los burdeles de Madrid”, según relataba Blasco Ibáñez, siendo Maruja, “cierta trotadora de aceras apodada La Caoba”, quien le proporcionaba el mayor aliento.
La denuncia siguió su curso y llegó al juzgado de instrucción del distrito del Congreso, que se hallaba en la Casa de los Canónigos, en la calle General Castaños 1, actual sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Su titular era el gijonés José Prendes Pando, que de inmediato inició el procesamiento de La Caoba. Ordenó el registro de su casa y la envió a prisión.
Al verse entre barrotes, la detenida solicitó la ayuda del General, su amigo íntimo a precio ajustado, que no dudó en darle cuanta necesitara para que la dejaran libre.
Primo de Rivera se puso en contacto con el juez Prendes, indicándole que la liberara y dejara de molestarla, a lo que hizo caso omiso y continuó adelante con el expediente.
El interpelante lo intentó por segunda vez a través de una carta intimidatoria. El instructor volvió a negarse, comunicando al General que su misiva quedaba unida a la causa.
A partir de ese momento, toda la documentación quedó abierta para los letrados de la defensa y la acusación y el caso se hizo público.
El suceso se difundió con rapidez y el Rey se vio en la tesitura de llamarle a Palacio para reprenderle por falta de simulado recato, llevándole a descargar toda su cólera contra el juez.

REPRESALIAS CONTRA EL PODER JUDICIAL
El dictador apeló al presidente del Tribunal Supremo, el toledano Buenaventura Muñoz Rodríguez, para que sancionase al juez Prendes. Pero no viendo motivo para ello, rechazó el velado mandato aduciendo la rectitud del instructor en el desempeño de su trabajo.
A partir de entonces, Primo de Rivera emprendió una feroz persecución contra ambos, “por dar gusto a sus amigas matriculadas en el Gobierno Civil de Madrid”, en palabras de Blasco Ibáñez.
Llamó a Ernesto Jiménez Sánchez, Subsecretario de Gracia y Justicia, para que procediera contra el juez y recuperara la carta que le había enviado.
Jiménez envió el asunto a la Junta Inspectora del Personal Judicial, que se acababa de constituir en el Senado para revisar las actuaciones judiciales de los últimos cinco años.
Dicha Junta estaba compuesta por tres vocales magistrados del Tribunal Supremo, Francisco García Goyena, Edelmiro Trillo Señorans y Juan González Tamayo, actuando como secretario con voz sin voto Galo Ponte Escartín, fiscal de dicho tribunal.
La Junta no tuvo tanto en cuenta las alegaciones del juez como las notas oficiosas publicadas por Primo de Rivera en las que se declaraba “protector de las jóvenes alegres”, o en la que literalmente decía:
“El presidente del Directorio no se siente molestado por la persistencia de la insidiosa campaña fundada en su intervención, para que se hiciese justicia a una mujer, a su parecer injustificadamente detenida. Así volverá a proceder cuando la ocasión se presente, teniendo a gala de su carácter haberse inclinado toda la vida a ser amable y benévolo con las mujeres”.
En consecuencia, el procedimiento contra La Caoba fue archivado y puesta en libertad, mientras que el juez Prendes era enviado con carácter forzoso a la Audiencia Provincial de Albacete. Su estancia en esa ciudad manchega resultó breve porque actuó de forma diligente.
Pidió la excedencia voluntaria para, a continuación, solicitar el reingreso en una plaza de magistrado de la Audiencia Provincial de Oviedo, que había quedado vacante. Allí fue nombrado presidente de dicho órgano judicial y permaneció hasta la jubilación. Posteriormente, se dedicó a la pintura y la caricatura, su afición de juventud.
En cuanto al magistrado Buenaventura Muñoz Rodríguez, el Rey firmó el 7 de febrero de 1924 un Real Decreto que le obligaba jubilarse anticipadamente, siendo sustituido por Andrés Tornos y Alonso. Muñoz era un profesional de gran prestigio que terminó su amplia carrera ominosamente por orden del dictador.
Al igual que Miguel de Unamuno, la muerte civil le causó la muerte natural a los pocos meses. Y como Unamuno, su figura recibió el reconocimiento póstumo, este caso, la República le rindió un merecido homenaje en 1931 a iniciativa de Fernando de los Ríos, ministro de Justicia.

MIGUEL DE UNAMUNO ENVIADO AL DESTIERRO
El escándalo alcanzó grandes dimensiones. Con nombres supuestos, el periodista Gabriel Maura relató con meridiana claridad lo sucedido en El Heraldo de Madrid, en su edición del día 5 de enero de 1924, acerca del “paraíso artificial a que convidaban las inyecciones de aquellas sustancias medicamentosas”. El Directorio sancionó al periódico suspendiendo la edición durante dos días.
Miguel de Unamuno, entonces vicerrector de la Universidad de Salamanca y el exdiputado republicano Rodrigo Soriano, ambos miembros del Ateneo de Madrid, atacaron a Primo de Rivera en la prensa con gran virulencia.
Por su parte, el presidente del Ateneo, Armando Palacio Valdés, dimitió como consecuencia de la exaltada intervención que el 19 de febrero tuvo Soriano con palabras gruesas en la sala de conferencias contra Primo de Rivera, con quien ya años atrás se había batido en duelo, lo que provocó el cierre de la institución por el gobierno.
El malestar se iba extendiendo por amplios sectores de la sociedad, entre ellos, el Colegio de Abogados de Madrid, cuya junta general emitió un enérgico comunicado de protesta.
Pero también hubo silencios elocuentes. No levantaron su voz los miembros de la magistratura, ni el Partido Socialista, ni la Unión General de Trabajadores. Menos aún el líder Largo Caballero, que había sido nombrado Consejero de Estado por el dictador.
Incluso, Julián Besteiro pretendió crear un sistema bipartidista formado por el Partido Socialista y la Unión Patriótica creada por Primo de Rivera como partido único.
Miguel de Unamuno recibe en Salamanca la orden gubernamental de destierro para Fuerteventura, emitida el 20 de febrero, adonde iría acompañado por Soriano. Ignora su duración y el motivo exacto de tal resolución. Incluso cree que se debía a un discurso dado días atrás en la sociedad cultural El Sitio de Bilbao.
Pero las causas fueron múltiples. Las críticas contra el Rey habían sido constantes durante diez años, desde que fue cesado como Rector. No podía imaginar que no regresaría hasta pasados seis largos años.
Y en el confinamiento, Unamuno siguió emprendiéndola contra el monarca y el General. Escribía:
“Famoso se hizo el caso de la ramera, vendedora de drogas prohibidas por la ley y conocida por La Caoba, a la que un juez de Madrid hizo detener para registrar su casa y el dictador le obligó a que la soltase y renunciara a procesarla por salir fiador de ella.
Cuando el caso se hizo público y el rey, según parece, le llamó sobre ello la atención, se le revolvió la ingénita botaratería, perdió los estribos, no la cabeza, que no la tiene, y procedió contra el juez tratando de defenderse en unas notas en que se declaraba protector de las jóvenes alegres”.

LAS NOTAS OFICIOSAS DEL GENERAL PRIMO DE RIVERA
Los amigos de Unamuno reclamaron inútilmente a Primo de Rivera que revocara la orden de destierro. Gregorio Marañón se lo pide en El Liberal en una carta abierta. El dictador responde con notas en la prensa diciendo que “contra Unamuno no cabe indulgencia alguna” y aprovecha para minusvalorar su inteligencia y su conducta.
El desprecio hacia don Miguel fue una constante. El 21 de marzo reunió a la prensa para proporcionarle una nota verbal:
“Es preciso que nos demos cuenta de quién es el señor Unamuno. Yo creo que un poco de cultura helénica no da derecho a meterse en todo lo humano y lo divino y a desbarrar sobre todas las demás cuestiones…
Si vuelve a escurrirse, lo meteremos en cintura y nada más, sin temor a esa protesta que se habló cuando impusimos al señor Unamuno el castigo que merecía… Para mí, Unamuno no es ni sabio ni nada que se le parezca”.
Mientras tanto, Primo de Rivera continuaba velando por los intereses nacionales ejerciendo el paternalismo con sus notas oficiosas en la prensa, aconsejando a los ciudadanos hacer gimnasia, la cría de aves de corral, conejos, abejas y “especialmente, la del gusano de seda y aprovechamiento del capullo como base de una importante industria nacional”.
Y trata de regular una vida ordenada, hasta el extremo de indicarles a la hora en que deben hacer la comida, prácticamente, una al día. El 9 de octubre de 1929 escribía en La Vanguardia:
“El plan de vida en España de las clases medias y pudientes es disparatado.
La comida o el almuerzo, que no se sabe bien lo que es ni cómo llamarla, de las dos y media a tres de la tarde, y la comida o cena de las nueve y media o diez de la noche, son un absurdo y un derroche y una esclavitud de la servidumbre doméstica, obligada a trabajar casi hasta las doce de la noche, hora en que se apagan los fogones y se levantan los manteles.
Bastaría sólo una comida formal, familiar, a manteles, entre cinco y media y siete y media de la tarde y después, los no trasnochadores, nada; los que lo sean, un refrigerio”.

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El surgimiento del Fascismo en España
100 años del golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera
Por Alejandro Quiroga Fernández de Soto
The Conversation, 12 SEPT 2023

La dictadura de Miguel Primo de Rivera en España tiene que entenderse como parte de un tiempo histórico marcado por el terremoto sociopolítico que siguió a la Primera Guerra Mundial en toda Europa. Como Benito Mussolini, Miguel Primo de Rivera, marqués de Estella, supo beneficiarse de ese contexto de crisis profunda.
Su llegada al poder con el golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923 y el apoyo que recibió inicialmente de distintos grupos conservadores solo pueden explicarse en este marco de grandes dificultades para el sistema político de la Restauración.
Al igual que el dictador italiano, Primo de Rivera se presentó como la alternativa regeneracionista que iba a acabar con un sistema corrupto controlado por una oligarquía de caciques y políticos profesionales. Primo se vendió como un hombre providencial, un mesías destinado a salvar a la nación de su desaparición, y un líder que luchaba contra unas élites inmorales que ahogaban al pueblo virtuoso.
Pero, a diferencia de Mussolini, al llegar al poder el marqués de Estella impuso un régimen castrense.

El inicio de la dictadura
Como presidente del Directorio Militar (1923-1925), Primo cesó a todos los gobernadores civiles. Los cambió por militares de alto rango y creó la figura de los delegados gubernativos. Estos eran oficiales del Ejército asignados a cada uno de los partidos judiciales del país con el fin de controlar la política municipal y destruir las redes caciquiles.
El ministerio de Gobernación pasó a manos del general Severiano Martínez Anido, buen amigo de Primo de Rivera. La suya fue una figura clave en la organización de asesinatos de sindicalistas en Barcelona. Se instauró el estado de guerra de un modo permanente, la censura se hizo omnipresente y el sistema judicial se vio claramente sometido al Ejecutivo. Esto quedó especialmente patente después de que Primo ordenara la puesta en libertad de La Caoba, una conocida madame amiga suya detenida por tráfico de drogas.
La dictadura combinó censura y propaganda para silenciar a los opositores. Mientras tanto, fomentaba un discurso nacionalista, populista y regeneracionista que logró buena acogida en amplios sectores de la sociedad española. Todo esto tuvo lugar bajo un extenso sistema represivo montado por Primo de Rivera y Martínez Anido, con miles de detenidos, cientos de desterrados y decenas de ejecutados.
Además, la guerra en el Protectorado español en Marruecos fue una de las principales preocupaciones del dictador. El conflicto, que alcanzó unas elevadas cotas de brutalidad por ambas partes, empezó a decantarse del lado español tras el desembarco de Alhucemas en septiembre de 1925.
Una vez encauzada la guerra en África, Primo de Rivera decidió perpetuarse en el poder creando un Directorio Civil. Apostaba así por la construcción de un nuevo Estado autoritario.

Directorio Civil
Con el Directorio Civil (diciembre 1925-enero 1930), Primo de Rivera intentó crear una nueva España moderna y profundamente contrarrevolucionaria.
La continuidad de la censura y la represión de los críticos con el régimen; la convocatoria de un “plebiscito” sobre la figura del marqués de Estella (que fue en realidad una recogida de firmas); la creación de la Asamblea Nacional, la primera cámara corporativa en la Europa del siglo XX; la implantación de un modelo corporativo, influido por el fascista italiano, para solucionar los conflictos laborales; y el proyecto de una nueva constitución, que reforzaba el poder del Ejecutivo, fueron algunos de los factores con los que Primo de Rivera fue formulando un nuevo Estado antiliberal.
La construcción del nuevo régimen primorriverista también conllevó una inversión sin precedentes en obra pública. Se formaron monopolios estatales de teléfonos, petróleo, tabaco y transportes, generalmente gestionados por grandes empresas privadas, y se generó una ingente deuda pública. Además, la expansión estatal, la codicia de los primorriveristas, la falta de controles y el despotismo con el que el marqués de Estella ejercía el poder convirtieron la Dictadura en un régimen profundamente corrupto.
Las políticas del Directorio Civil llevaron a la paulatina pérdida de apoyo de la dictadura por parte de grupos sociales que, en septiembre de 1923, se habían mostrado a favor del golpe de Estado. La jerarquía de la Iglesia católica y sus grupos políticos afines –catalanistas conservadores, amplios sectores de las clases altas urbanas y rurales, así como funcionarios y profesionales de clases medias– fueron abandonando al dictador.
La pérdida de apoyo social de la dictadura primorriverista es, claro está, una de las claves para entender la caída del marqués de Estella. Pero fueron las tensiones entre Primo de Rivera y Alfonso XIII, la pérdida de apoyo entre algunas secciones del Ejército, como sectores de Infantería, y la abierta oposición de otros, como el arma de Artillería en su conjunto, las que, en último término, obligaron a dimitir al dictador el 28 de enero de 1930.
Aun así, Primo pronto intentó retomar el poder y comenzó a organizar otro golpe de Estado, esta vez con abiertas connotaciones republicanas. Sin embargo, sus planes por volver a liderar el país fueron inmediatamente rechazados por sus antiguos colaboradores.
A principios de febrero, Primo, enfermo de diabetes y dolido por lo que consideraba una traición de sus compañeros de armas, se mudó a París. Allí moriría de una embolia el 16 de marzo de 1930.
El gobierno del general Dámaso Berenguer desmanteló rápidamente la dictadura primorriverista. Pese a ello, su legado en el ámbito ideológico y la continuidad en el personal político serían determinantes para todo el espectro de la extrema derecha durante la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura franquista.




