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GRANDE MARLASCA, «UN JUEZ DE EXCEPCIÓN»: LAS 6 CONDENAS DEL TEDH A ESPAÑA POR EL ENCUBRIMIENTO DE TORTURADORES por parte del Juez Marlaska, hoy Ministro de Interior de la Dictadura Judicial Española

GRANDE MARLASKA

LAS SEIS CONDENAS DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS A ESPAÑA, POR  EL ENCUBRIMIENTO DE GRAVES CASOS DE TORTURAS  POR GRANDE MARLASCA

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El Supremo reprocha a la AN que no investigue denuncias por torturas

El Tribunal Supremo califica de "preocupantes" las denuncias contra España por malos tratos y exige aplicar medidas de vigilancia para evitar que los detenidos sean torturados.

eitb.eus, 2016

Iñigo Zapirain denunció haber sido torturado por la Guardia Civil

 

El Tribunal Supremo ha reprochado a la Audiencia Nacional que no aceptara investigar las denuncias de malos tratos al miembro de ETA Iñigo Zapirain -condenado a 15 años de prisión junto con otros dos miembros del 'comando Otazua'- asegurando que se trata de una prueba "pertinente y necesaria" y le recuerda que, en situaciones en las que el detenido está incomunicado, hay que garantizar que no se produzca abuso policial.

Así lo recoge la Sala de lo Penal del alto tribunal en una sentencia en la que obliga a la Audiencia Nacional a anular su resolución y repetir el juicio contra Zapirain, Beatriz Etxebarria y Saioa Sánchez, después de que la representación procesal de esta última recurriera ante el alto tribunal que no se efectuaron las pruebas periciales solicitadas por su defendida a Zapirain, quien, durante el juicio, se desdijo de las declaraciones incriminatorias que prestó ante la Guardia Civil, afirmando que fueron hechas bajo torturas durante el periodo de incomunicación.

El Supremo destaca que la única prueba de cargo contra Saioa Sánchez fue la declaración de Zapirain, el cual, en un primer momento afirmó que fue ella la que les propuso integrarse en ETA. Por ello considera que el rechazo por parte de la Audiencia Nacional a la prueba pericial demandada -que calificó de inútil e innecesaria por extemporánea- supone un quebranto del derecho a la práctica.

Además destaca en su resolución "la preocupante reiteración de sentencias condenatorias dictadas contra España" por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al "no haber efectuado una investigación exhaustiva" de las denuncias hechas de malos tratos.

En ese sentido añade que no realizarlas supone una deslegitimación del propio sistema de justicia penal, puesto que proteger la integridad física de los detenidos "constituye el primer deber de todo cuerpo policial que tenga bajo su custodia a una persona detenida".

Así, se refiere a la que dictó el TEDH en octubre de 2009 sobre este caso aseverando que "la situación de particular vulnerabilidad de las personas detenidas en régimen de incomunicación exige que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevea medidas de vigilancia adecuadas y que éstas se apliquen de forma rigurosa con el fin de evitar los abusos y de proteger la integridad física de los detenidos".

La defensa de la condenada pidió además una segunda prueba pericial que también fue rechazada por la Audiencia Nacional y que, en este caso, el alto tribunal, estima acertada.

En concreto reclamaba una valoración de los daños derivados de la explosión de la mochila-bomba que el comando colocó en una oficina del INEM el 29 de enero de 2006, hecho por el cual fueron condenados a 15 años de prisión.

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LA ATERRADORA NORMALIDAD DE LA TORTURA EN ESPAÑA

"El sistema más robusto caerá fácilmente si se TORTURA al emisor o al receptor hasta que desvelen el contenido del mensaje"

Público

Grande Marlaska
UNAI ROMANO - El hoy Ministro de Interior, Malaska, encubrió a sus torturadores y el TEDH condenó por ello a España, que suma ya seis condenas por los encubrimientos de Marlaska a torturadores

 

"Sin embargo, en la criptografía, como en cualquier aspecto de la seguridad, informática o no, no se debe olvidar un factor muy importante: las personas", apunta, tras lo cual subraya que "el sistema más robusto caerá fácilmente si se tortura al emisor o al receptor hasta que desvelen el contenido del mensaje, o si se le ofrece a uno de ellos una gran cantidad de dinero; este tipo de ataques (sobornos, amenazas, extorsión, TORTURA ...) se consideran siempre los más efectivos". 

SANZ ROLDÁN, Centro Criptológico Nacional, Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Prólogo a la "Guía/Norma de Seguridad de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)" editado por el CNI, y puesto "a disposición de las distintas administraciones públicas".

 

Violencia policial -habitual ya- asociada al ejercicio del Derecho Fundamental de Manifestación

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena por décima vez a España por no investigar torturas

El Tribunal de Estrasburgo ha condenado una vez más a España por no investigar torturas de la policía a presos, considerando por unanimidad que se violó el art. 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe la tortura. Se trata de la décima ocasión desde 2004 en que el TEDH condena a España por esta razón. En 7 de ellas el juez instructor era el actual Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Sin duda en España sale barato torturar: esta vez el Estado deberá indemnizar a Íñigo González Etayo con 20.000 euros. A pesar de la gravedad de los hechos, no se esperan dimisiones. 

EULIXE, 2021
GRANDE MARLASKA
El actual Ministro de Interior Grande-Marlaska en un acto en Madrid (foto: Ayuntamiento de Madrid - Wikimedia Commons) y Unai Romano, quien en 2001 denunció un brutal caso de torturas en su detención y puesta a disposición judicial en la Audiencia Nacional.

 

Enero de 2011. El entonces juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska (actualmente Ministro de Interior) ordena el arresto de Iñigo González, quien pasa cinco días incomunicado en manos de la Guardia Civil. Posteriormente, González denunció golpes, asfixia con una bolsa y hasta simulaciones de violación. A pesar de las denuncias, no se investigaron los hechos. Ahora Estrasburgo ha vuelto a condenar a España por no investigar esas denuncias de torturas, y es ya la décima ocasión desde 2004. En 7 de ellas se repite un mismo acusado, Grande-Marlaska. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha fallado en favor de Iñigo González, condenando al Estado español a indemnizar con 20.000 euros al barañaindarra por no haber investigado de forma «exhaustiva y eficaz» su denuncia de torturas.

González fue detenido por orden del entonces juez de la Audiencia Nacional y actual ministro de Interior Grande Marlaska que a pesar de escuchar su testimonio de torturas no hizo nada y lo envió a prisión.

La sentencia del TEDH considera vulnerado el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que concluye que «nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes», en su vertiente procesal.

 

 

González Etayo fue detenido en enero de 2011 por la Guardia Civil junto a otros jóvenes navarros, todos ellos acusados de pertenecer a Ekin. Todos ellos refirieron haber sufrido torturas durante su detención e incomunicación. Uno de ellos, Patxi Arratibel, firmó su declaración policial con la palabra «Aztnugal», ayuda en euskara, escrito al revés, por lo que el caso pasó a conocerse con ese nombre. Esta es la tercera vez que Estrasburgo condena al Estado español por aquella redada, los anteriores casos fueron el de Patxi Arratibel, en 2015, y el de Xabier Beortegi, en 2016.

El Tribunal afirma en su sentencia que González Etayo describió «de manera precisa y circunstancial los malos tratos de los que afirmó haber sido víctima durante su incomunicación cuando presentó una denuncia sobre los mismos ante el juez de guardia de Pamplona así como ante el juez central de instrucción a la Audiencia Nacional».

«La gravedad de los delitos objeto de la denuncia del demandante merecía, por tanto, una investigación exhaustiva por parte del Estado, capaz de conducir al esclarecimiento de los hechos, a la identificación y, en su caso, de ser así, al castigo de los responsables» Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Sobre las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades judiciales españolas ante las denuncias de maltrato, el Tribunal sostiene que «el juez de instrucción central número 3 no respondió a las solicitudes de los miembros de la familia del demandante relativas a las medidas de investigación y protección del solicitante mientras se encontraba bajo custodia policial», ni tampoco «ordenó ninguna medida de investigación a raíz de las declaraciones del demandante ni remitió el expediente a ningún otro juez competente».

El TEDH sostiene que «cuando existen motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura, corresponde a las autoridades estatales competentes realizar una investigación imparcial de oficio y sin demora». En este caso, afirma que «aunque el Tribunal tomó nota del interés de la Audiencia Provincial de Madrid por despejar cualquier duda sobre los malos tratos presuntamente sufridos por el demandante, advierte, sin embargo, que la nulidad en dos ocasiones en recurso de apelación de las órdenes de sobreseimiento dictadas por el juez de instrucción no fue suficiente en el presente caso para considerar la investigación suficientemente minuciosa y eficaz».

 

Grande Marlaska

 

Por ello, insiste en que «una investigación efectiva es tanto más necesaria cuando, como en el presente caso, el demandante se encontró, durante el período durante el cual se cometieron los presuntos malos tratos, en una situación de total falta de comunicación con el exterior, tal contexto requirió de un mayor esfuerzo por parte de las autoridades para establecer los hechos denunciados».

Para el TEDH, «corresponde a los jueces con jurisdicción sobre la custodia en régimen de incomunicación adoptar un enfoque más proactivo de las facultades de vigilancia de que disponen».

En su sentencia, el Tribunal de Estrasburgo reitera «la importancia de adoptar las medidas recomendadas» por el Comité para la Prevención de la Tortura europeo «para mejorar la calidad de los exámenes forenses de las personas en detención incomunicada» e indica que las autoridades españolas «deben establecer un código de conducta claro sobre el procedimiento a seguir en la realización de interrogatorios por parte de las personas responsables de la vigilancia de los detenidos en régimen de incomunicación y garantizar su integridad física».

 

Grande Marlaska

 

TESTIMONIO COMPLETO DE IÑIGO GONZÁLEZ ETAYO

"A mi casa llegaron sobre las 4:00 de la mañana, yo me encontraba dormido, me desperté y les abrí la puerta. Ellos, unos 5 Guardias Civiles, me esposaron y me pusieron de cara a la pared en el rellano del portal. Acto seguido registraron todas las habitaciones de la casa y sacaron a mis compañeros de piso, 4 en total. Una vez que estábamos todos los del piso en el rellano, me comunicaron que estaba detenido e incomunicado. Yo, que todavía me encontraba en calzoncillos fui dirigido a mi cuarto para que me vistiera y les diera mi DNI y mi tarjeta de la seguridad social. Una vez vestido, comenzó el registro de la casa. El registro comenzó en el hall de la casa, a mí me tenían en el rellano del portal mirando hacia adentro. Luego fue registrado un baño pequeño y acto seguido la cocina.

En todos ellos el trato fue correcto y yo era capaz de ver todo lo que hacían. Cuando acabaron con la cocina empezaban los registros de las habitaciones. Mis compañeros que se encontraban en los sofás del salón fueron llamados uno a uno para registrar sus respectivas habitaciones, mientras tanto yo permanecía en el pasillo observando los registros. Para entonces ya me habían quitado las esposas y estaba tranquilo. Una vez finalizado el registro de mi habitación me pidieron que cogiese ropa ya que me iban a trasladar. Cogí ropa y me despedí de mis amigos dándoles un beso a cada uno.

Volvieron a esposarme y me dijeron que no hiciera tonterías ya que debajo de casa se encontraban medios de comunicación. Me esposaron por delante y me pusieron la capucha del jersey, dos Guardias Civiles uniformados me escoltaron hasta el ascensor y después hasta el patrol. Dentro del patrol todo fue en silencio. Me condujeron hasta la Audiencia de Iruñea. Allí me tomaron las huellas dactilares y me preguntaron si quería realizar la prueba de ADN, a lo que contesté que no. Me introdujeron en un calabozo de espaldas contra la pared al rededor de una hora, para después entregarme a 4 Guardias Civiles encapuchados que conducían un Renault Megane. Me quitaron las esposas y me pusieron una cuerda en las manos a modo de esposa atadas a la espalda, también me colocaron un antifaz y me quitaron las gafas. A mí me sentaron en medio de la parte de atrás de coche con un Guardia Civil a cada lado. Estos dos Guardias Civiles serían con los que conviviera el resto de mi detención.

Nada más echar a andar el coche empezó la agonía. Me preguntaban constantemente sobre cosas que no sabía contestar y mientras me daban golpes en la cabeza y golpes fuertes en el pecho con la mano abierta. Debido a la postura me dolían muchísimo la espalda y la muñecas. Las preguntas y los golpes fueron constantes hasta que el coche paró a mitad de camino más o menos. Cuando paramos salieron tres del coche y yo me quedé con uno dentro, “el poli bueno”, me dejó estirar la espalda un poco y también los pies, poco después él salió y entro el “poli malo” y otro, se sentaron uno a cada lado mío.

Empezaron a darme collejas y golpes en el pecho mientras me hacían preguntas, en un momento se enfadaron y me bajaron a medias los pantalones mientras el “poli malo” hacía sonar unas canicas o dados de cristal, él los llamaba dados. Mientras me forcejeaban para intentar abrirme las piernas me gritaban fuerte al oído “¡lo estás haciendo muy difícil!”, yo me resistí todo lo que pude para que no me abrieran las piernas y para que no me dieran la vuelta. Entonces el “poli malo” dijo que estaba sacando una navaja, aunque yo veía por debajo del antifaz que se trataba de un boli. Me hurgaba con el boli por el muslo interior cerca del escroto mientras el otro me sujetaba con una mano y me intentaba abrir las piernas con la otra. Pararon y me dijeron que luego seguiríamos, que teníamos mucho tiempo, que se me acababa el tiempo. El de mi derecha salió de la parte de atrás y se puso de copiloto, el “poli bueno” entró y se puso a mi derecha otra vez, el conductor entró y arrancó el coche. El resto del viaje siguieron haciéndome preguntas y dándome golpes en el pecho de vez en cuando.

Cuando, me imagino, llegamos a Madrid empezaron a sonar sirenas, ellos me decían que delante iba otro coche con otro detenido, entonces aceleraron muchísimo y fuimos muy rápido durante unos minutos con giros muy bruscos como para adelantar. Al poco tiempo llegamos a la comisaría de la Guardia Civil. Me bajaron del coche y me metieron en un edificio por una puerta doble, bajamos unas escaleras y tras pasar un pasillo me metieron en un calabozo y me quitaron el antifaz. Dentro del calabozo pasó mucho tiempo. Era un cuarto de unos 10m2 con un bloque de cemento con un colchón sin funda encima y una manta. Calculé que sería el mediodía ya que salimos de la Audiencia de Iruñea entre las 7h y las 8h. Conseguí dormir un poco hasta que se abrió una ventanilla metálica de la puerta, un Guardia Civil encapuchado detrás de ella me dijo que me levantara y que me pusiera de espaldas contra la pared. Cuando lo hice él abrió la puerta y me puso el antifaz, me cogió del brazo y pasamos el mismo pasillo de antes, subimos las mismas escaleras y cuando llegamos al último rellano de las escaleras paramos.

Me quitó el antifaz y me condujo hasta la puerta doble por donde había entrado, a la izquierda había una puerta, también se encontraban unos 4 Guardias Civiles muy mayores con carpetas en la mano. El último de ellos me cogió y me metió en la puerta. En la habitación había una silla, una mesa con un aparato para medir la tensión y una persona que me dijo que era el médico forense, me enseñó su carnet. Me preguntó qué tal estaba, yo le dije que bien. Me tomó la tensión y me dijo que estaba un poco baja pero bien. Yo le dije que era hipoglucémico, él me dijo que si tomaba algún tipo de medicación para ellos, yo le dije que no, pero que tenía que controlar un poco la ingesta de azúcar. Le pregunté la hora y me dijo que eran las 19h40. Tocó la puerta, entró el último Guardia Civil que me había cogido, de unos 50-60 años, canoso y con barba. Éste me llevó hasta un Guardia Civil encapuchado en la entrada de las escaleras de antes, volvió a ponerme el antifaz y me llevó hasta el mismo calabozo de antes.

Yo me tumbé e intenté dormir otro poco. Fui oyendo cómo abrían otras celdas y se llevaban a más detenidos que estaban en celdas contiguas. Llegué a contar 6 aperturas de celdas, a uno le escuché referirse al mía como la “2”. Antes de que consiguiera dormir volvió a abrirse la trampilla de la puerta y me ordenaron lo mismo, de espaldas contra la pared. Me cogió, me puso el antifaz y me llevó hasta que me cogió el “poli malo” justo al salir de donde los calabozos. Me condujo agarrado por el brazo hasta una habitación que creo que está en el pasillo que conducía a las escaleras, allí me metió en una sala de la parte izquierda. En la habitación había una mesa con unos papeles, el “poli bueno” otros dos. Me pusieron de cara a la pared, el “poli bueno” a la izquierda y el “malo” a la derecha. Entonces volvieron a hacerme preguntas que no sabía contestar.

El “malo” me dijo “lo estás haciendo difícil, hay dos manera de hacerlo, por las buenas o por las malas”, entonces sacaron una bolsa y me la pusieron en la cabeza, me agarraron cada uno de un brazo y me empezaron a obligar a hacer “sentadillas”, me bajaban y me subían mientras yo hacía la fuerza en sentido contrario para resistirme. Mientras me gritaban muy fuerte al oído “¡se te acaba el tiempo gilipollas!”. La bolsa me empezaba a ahogar y cuando se me despegaba mucho de la cara el “poli malo” tiraba de ella para que se apretase un poco. Al poco rato me dolían mucho las piernas y empezaba a sentir una horrible sensación de asfixia. Volvieron a dejarme de pie y seguían haciéndome preguntas que no sabía contestar. Entonces apretaron mucho la bolsa, hasta el punto que sólo conseguía respirar un poco por la nariz mientras uno de ellos me daba golpes en la tripa con el dedo, muy punzantes, en dirección hacia el pecho, como intentando evitar la caja torácica. Estos golpes me hacían expulsar el poco aire que tenía y me ahogaba más. Pararon y me siguieron haciendo preguntas, tampoco contesté, entonces empezaron a apretar más la bolsa hasta el punto que me ahogaba del todo y me daban arcadas. Cuando sucedía eso me decían “no vomites que te lo vas a comer”. Repitieron esos ahogamientos unas 5 veces y volvieron a parar. Más preguntas.

Entonces el “poli malo” dijo que se estaba cabreando que “los estaba poniendo muy difícil”. Volvieron a hacerme la bolsa con el mismo método de los golpes punzantes en la tripa, conseguí romperla con los dientes, pero le dieron la vuelta y siguieron, repitieron unas 3 veces más hasta que conseguí soltarme un brazo y romper la bolsa con el dedo, le volvieron a dar la vuelta. Eso les cabreó y me pusieron las manos en la espalda inmovilizándome más, siguieron con la bolsa, me dijeron que seguirían hasta que yo quisiera hablar y para ello tenía que levantar la pierna izquierda 2 veces. Las siguientes 2 veces pararon cuando levantaba el pie pero yo no decía nada, entonces las 4-5 siguientes aunque levantara el pie me decían “venga txino, aguanta más que tú puedes” y seguía unos 30 segundos más hasta que me subía los calores a la cabeza y me entraban arcadas. En un momento me empecé a marear mucho, las piernas no me sujetaban y la cabeza se me iba, me sentaron en una silla pero uno me sujetaba porque me caía redondo. Tengo falta de azúcar y ellos lo sabían ya que uno me metió un azucarillo a la boca y un poco de agua y me lo hizo tragar. Yo me asusté mucho, pensaba que me desmayaba, ellos también parecían asustados al verme y decidieron parar y llevarme al calabozo.

Al poco rato volvieron a sonar los golpes metálicos de las puertas “¡de pie y contra la pared!”, me volvieron a entregar al “poli malo”, “¿Estás bien?”, me preguntó, yo casi no podía andar por el dolor en las piernas por las sentadillas, estaba aterrorizado, aún y todo contesté que sí. Me llevó al mismo sitio de antes con las mismas personas, “¿vas a hablar?”. Yo contesté que no sabía nada y seguidamente me pusieron la bolsa. Esta vez me ahogaban hasta la extenuación directamente, el “poli malo” me tapaba la nariz y la boca con la mano mientras tenía la bolsa puesta, enseguida me ahogaba y me daban arcadas. Yo les pedía que parasen pero me decían que aguantaba muy bien. Entonces mientras me hacían la bolsa el “poli malo” me dio un enchufe y me lo izo agarrar, “se te acaba el tiempo gilipollas”, “esto no merece la pena”. Yo lo soltaba pero me lo volvía a poner y me ahogaban más fuertemente tirándome la cabeza hacia atrás. Entonces sacó los dados del viaje y los hacía sonar, me bajaron los pantalones hasta las rodillas, también los calzoncillos, “te va a gustar, ya lo verás”, pero no sufría ni calambres ni llegaron a meterme nada. Esto todo habría durado entre 1 y 2 horas. De vez en cuando paraban para que escuchase los gritos de otro detenido, “nos lo estamos pasando de puta madre”. Acabé destrozado y suplicando, al final pararon y me dijeron que pensase en actos de kale borroka para autoinculparme. Me condujeron de nuevo a la celda. Volvieron a abrir la celda a las horas. Me vuelven a poner el antifaz, yo estaba temblando de miedo.

Esta vez me volvieron a subir al forense. El forense me preguntó que si me habían maltratado, contesté que no. Le dije que me tomara la tensión, me la tomó pero estaba bien, también me dijo que era miércoles por la mañana. La misma operación, me coge el viejo canoso, me entrega a un Guardia Civil encapuchado, éste me pone el antifaz, bajamos las escaleras, pasamos el pasillo y llegamos a la celda. Comí un poco del bocadillo que me habían dado el día anterior. Al poco tiempo volvieron a cogerme, me pusieron el antifaz y me entregaron al “poli malo”, “¿has pensado en lo que hemos hablado?”, “no lo sé” contesté, “ya verás cómo sí” dijo él. Otra vez a la misma habitación. Yo no hablé hasta que me hicieron coger la bolsa con la mano. Me cosieron a preguntas para inculparme y para culpar a otras personas. Cuando contestaba algo que no les gustaba “el jefe” decía que no y me ponían la bolsa hasta que decía lo que ellos querían.

Yo física y psicológicamente estaba destrozado, no aguantaba más, entonces me hablaron de la declaración policial. Yo les dije que sólo iba a declarar delante del juez. Entonces me agarraron muy violentamente y me volvieron a hacer la bolsa unas 3 o 4 veces hasta que accedí. Había traicionado a mi persona, me sentía como la basura, me habían anulado. Los siguientes interrogatorios siempre  después de ver al forense, fueron miércoles noche, jueves por la mañana y por la noche y viernes por la mañana. Me prepararon la declaración policial, unas 4 o 5 veces por interrogatorio, hasta que la aprendía de memoria. En el último interrogatorio del viernes a la mañana me dijeron que la declaración policial la haría en dos partes porque no se fiaban. Declararía en una primera sesión, bajaría con ellos y volvería a bajar con ellos para ver qué había dicho. Así fue. Subí y declaré todo lo que me dijeron. Pero mi abogado supongo que atónito por ver cómo me autoinculpaba e inculpaba a otras personas, dijo que quería hacer dos preguntas: a ver si yo estaba declarando libremente y a ver si me estaban tratando correctamente. Evidentemente rodeado de Guardias y sabiendo que tenía que bajar otra vez con mis torturadores contesté que sí.

Me bajaron al calabozo y al rato me volvieron a entregar al “poli malo”, “lo has hecho muy bien txino”. Me llevaron a otra salita, me sentaron y repasaron la segunda parte de la declaración. Yo temblaba de miedo, volví a la celda y al poco rato me volvieron a subir a la declaración donde solté todo lo que me dijeron. Me bajaron al calabozo, yo ya pensaba que me dejarían en paz y conseguí dormir, bajé del todo la guardia. Entonces volvió a sonar el cerrojo, me volvían a entregar al “poli malo”, me sentaron en una silla y me dijeron que si contaba algo, me cogerían otra vez porque iba a salir libre bajo fianza. Me tenía que ratificar aten el juez y no denunciar torturas. Todo eso me hundió mucho aunque ya tenía decidido denunciar todo ante el juez. Psicológicamente fue la más dura, pensar que se había acabado y volver a empezar. Rápidamente me llevaron a la celda. A las horas me sacaron de la celda y me llevaron a un autobús de la Guardia Civil, nos llevaron a la Audiencia Nacional. Allí por fin pude hablar con alguien conocido, la abogada. Antes de eso solicité la visita del forense al cual conté toda esta horrible historia, él la apuntó. Delante del juez negué todo lo declarado en comisaría y denuncié graves torturas mientras Marlaska miraba al techo y yo lloraba sin parar. Mi abogada dudó del trato recibido en comisaría pero la sentencia ya viene marcada, cárcel. Justo al bajar vi a la abogada al levantarme la incomunicación. Nos gritamos de celda a celda para darnos ánimos el uno al otro, entonces supe a quién habían detenido".

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Captura de vídeo de los malos tratos infringidos por mossos d'esquada en la comisaría de Les Corts en Barcelona, el 31 de marzo de 2007.

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Jueces nombrados a dedo por el poder

A la justicia se llega por una dura oposición. A la cúpula de la justicia, no. España es el único país europeo donde los jueces del Supremo y otros tribunales importantes son nombrados sin un verdadero concurso de méritos, por decisión casi directa del poder político

Por Ignacio Escolar

elDiario.es, 12-11-2018

 

A la justicia se llega por una dura oposición. A la cúpula de la justicia, no. España es el único país europeo donde los jueces del Supremo y otros tribunales importantes son nombrados así: por decisión casi directa de este consejo político, sin un verdadero concurso de méritos. A dedo, por los vocales nombrados a dedo por los políticos.

Allí, en el Supremo y el CGPJ, hay excelentes juristas también. Jueces que actúan con honradez, independencia y profesionalidad. Pero el problema no es el quién sino el cómo: en las palancas de poder que tienen los políticos para mandar sobre la justicia, premiar a los jueces afines y castigar a los díscolos. Unas herramientas muy poderosas para el secuestro de la justicia, se usen o no.

Este control de la política sobre la justicia es, sin duda, el talón de Aquiles de la separación de poderes en España y la razón que explica la enorme falta de confianza en la independencia judicial por parte de la ciudadanía española –de las más bajas de Europa, según varias encuestas–. Lamentablemente, esa desconfianza de la sociedad española en la justicia está justificada. Si se conocieran los detalles, el descrédito sería aún mayor.

En teoría, el presidente del Supremo y el Poder Judicial, la primera autoridad de la justicia española, es elegido por el pleno del CGPJ en su primera reunión, en una sesión que se celebra entre tres y siete días más tarde de la renovación del consejo, por votación entre estos vocales “independientes” y por mayoría de tres quintos.

En la práctica, nunca es así. Hoy ya sabemos con total seguridad que el nuevo presidente del Supremo y del CGPJ será Manuel Marchena y eso que aún no se conocen siquiera todos los nombres de los vocales del CGPJ que se supone que lo elegirán según su propio criterio e independencia. No están ni nombrados. Y esta burla a la separación de poderes ni siquiera es novedad. Es lo mismo que antes pasó con Carlos Lesmes, con Carlos Dívar o con la práctica totalidad de los presidentes del Supremo en España.

Los partidos ni se molestan en disimular que son ellos, y no los vocales del Consejo, quienes realmente mandan en el Poder Judicial. Pueden hacerlo porque son ellos quienes directamente nombran a todos los vocales del CGPJ tras el habitual reparto de sillones entre PP y PSOE, con el papel secundario de algunos otros partidos en esa negociación –antes los nacionalistas catalanes y vascos, hoy Unidos Podemos–.

Se suponía que no iba a ser así. No fue este el plan inicial. El diseño del Poder Judicial en la Constitución española está copiado del modelo italiano; del Consiglio Superiore della Magistratura, el equivalente al CGPJ español. Está formado por 27 miembros. Tres son miembros de pleno derecho –el presidente de la República, el primer ministro y el procurador general–. Ocho los escoge el Parlamento y el resto, más de la mitad, 16 vocales, son nombrados por los propios jueces.

De esta forma se garantiza en Italia un poder judicial independiente, gracias a la separación de poderes. Por eso la justicia italiana ha sido tan fuerte, incluso frente a la corrupción política o la mafia.

En España el Poder Judicial lo componen 20 vocales más el presidente. La Constitución (artículo 122) dice que ocho vocales los escogen las Cortes por mayoría de tres quintos –cuatro el Congreso y cuatro el Senado– y los otros doce “entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica”.

El espíritu de la Constitución era bastante claro: la mayoría del CGPJ español, al igual que el italiano, lo iban a nombrar los propios jueces. Luego llegaron “los términos de la ley orgánica” y, con ellos, la letra pequeña. Y dijo que esos doce vocales elegidos “entre jueces y magistrados” también los nombraría el Congreso y el Senado. Fue una reforma que, en su momento, hizo el PSOE para contrarrestar el excesivo peso conservador en la carrera judicial; aquella justicia había sido promocionada, tutelada y convenientemente purgada por el franquismo. Fue un parche del PSOE que después resultó tremendamente útil para el PP, que es quien desde hace años controla el poder judicial y ha copado con jueces afines los puestos clave.

En la ley orgánica del PSOE de 1985, las asociaciones de jueces proponían a 36 candidatos que luego votaba el Parlamento. En la reforma que hizo el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, no hacía siquiera falta el respaldo de las asociaciones judiciales y cualquier juez puede presentarse con el apoyo de 25 avales –que te pone el partido si hace falta–. Cada reforma que se ha hecho del CGPJ ha ido en una única dirección: dar más poder a los políticos y menos a los jueces.

Hace años que el Consejo de Europa pide a España que al menos la mitad de los vocales del CGPJ sean nombrados directamente por los jueces y no por los políticos. Es dudoso que esta reforma se vaya a dar porque quienes tendrían que afrontarla son los mismos partidos que hoy se benefician de ese poder. Un poder inédito en Europa al que se suma otra anomalía muy española: el inmenso número de aforados.

Los políticos nombran a los que nombran a los jueces que, como aforados, se encontrarán en el Supremo si un día tienen un problema judicial. Un ejemplo reciente: el mismo Manuel Marchena que hoy Pablo Casado elogia como “uno de los mejores juristas de España”, el mismo que el PP y el PSOE han pactado como presidente del CGPJ, es quien hace mes y medio, junto con otros jueces del Supremo –también una juez progresista–, rechazó investigar el máster de Pablo Casado en la URJC.

Cuatro de los cinco jueces que archivaron aquella investigación contra el presidente del PP llegaron al Supremo con los votos de los vocales nombrados por el PP. Dos de ellos incluso han participado en charlas de la FAES.

Y hay argumentos jurídicos para defender que Casado no tenía una responsabilidad penal en ese máster regalado porque estaba prescrita –otra cosa es la responsabilidad política–. El problema es otro: la apariencia de imparcialidad. Que la justicia no solo debe ser independiente sino parecerlo. Algo que en España no se da.

 

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¿QUIEN ES FERNANDO GRANDE MARLASKA?

El "arribista" Grande-Marlaska: ascendió gracias al PP y se convirtió en ministro con el PSOE

Excompañeros de Grande-Marlaska cuentan a LD cómo se acercó al PP para ascender judicialmente y posteriormente, se pasó al PSOE para ser ministro.

Por Miguel Ángel Pérez

Libertad Digital, 2-5-21

 

"Fernando Grande-Marlaska es un arribista, ascendió en la carrera judicial gracias al PP y luego se convirtió en ministro del Interior con el PSOE". Esta frase lapidaria resuena en las paredes de la Audiencia Nacional desde que Grande-Marlaska en un ejercicio de equilibrismo sin red decidiera en junio de 2018 cruzar desde la orilla popular a la socialista.

Muchos excompañeros suyos cuentan a Libertad Digital que de Grande-Marlaska "su buena fama como juez es inmerecida". "Siempre fue un bluf, limitado jurídicamente, pero inexplicablemente los medios de comunicación le subieron a los altares como un magistrado valiente y ejemplar", añaden. Todo ello, tras intervenir en causas judiciales muy mediáticas como el caso Faisán o el encarcelamiento de Arnaldo Otegi.

Fernando Grande-Marlaska nació en Bilbao en 1962 y se licenció en Derecho Económico por la Universidad de Deusto. Ingresó en la carrera judicial en 1988 y hasta el año 1989 prestó servicio en el Juzgado de Primera Instancia de Santoña (Cantabria). En 1990, se incorporó al Juzgado de Instrucción nº 2 de Bilbao donde ejerció como magistrado y presidente de la Sección Sexta de lo Penal de la Audiencia Provincial de Vizcaya.

En 2003 se traslada a Madrid como titular del Juzgado de Instrucción nº 36, y en 2004 llega a la Audiencia Nacional donde presta servicios en distintos Juzgados Centrales de Instrucción, siendo titular del nº 3 entre 2007 y 2012, año en el que es elegido presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Finalmente, en noviembre de 2013 es elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial CGPJ.

En la actualidad, Grande-Marlaska es magistrado en servicios especiales de la Audiencia Nacional y por tanto, podrá volver a ocupar su plaza cuando deje de ser ministro en el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez si así lo desea. Mientras tanto, incluso sin estar ejerciendo como juez, sigue computando su antigüedad en la Sala Penal de la Audiencia Nacional.

¿Cómo ascendió con el PP y luego se pasó al PSOE?

Fuentes de su entorno cuentan a este diario cómo el magistrado consiguió convertirse en vocal del CGPJ gracias a los populares, antes de abrazarse a los socialistas.

"Grande-Marlaska tenía un vínculo afectivo con el catedrático de Derecho Civil y vocal del CGPJ, Vicente Guitarte, porque su esposa fue compañera suya de promoción. Guitarte era abogado del Colegio de Registradores y eso propició el encuentro entre Grande-Marlaska y los hermanos de Mariano Rajoy, Enrique y Mercedes. Precisamente con Mercedes Rajoy, ya fallecida, Grande-Marlaska trabó una gran amistad y ella consiguió que el PP le propusiera como vocal del Gobierno de los jueces", recuerdan.

Las mismas fuentes recuerdan que Grande-Marlaska "siempre defendió su propio proyecto personal de poder y pese a que contó con la ayuda del PP, nunca fue una persona de derechas". En este contexto, apuntan que sus resoluciones cuando ejercía como juez en la Sala de Gobierno del País Vasco "nunca dejaban de tener un tinte cercano a la izquierda nacionalista".

"En realidad, Grande-Marlaska nunca encajó con el PP porque compartía las ideas del PSOE", afirman. No obstante, esto no impidió que el actual ministro del Interior se acercara a los populares para escalar en su carrera judicial. "Se postuló para ser ministro de Justicia o fiscal general del Estado con el PP. De hecho, pedía a sus allegados que tenían vínculos con Rajoy que le hablaran bien de él con el objetivo de ser elegido para uno de estos puestos", aseguran.

A pesar de ello, Grande-Marlaska no consiguió saciar su ansia de poder y jamás fue propuesto para ser ministro de Justicia o fiscal general aunque aparecía en numerosas quinielas siempre que alguno de estos cargos estaba vacante. Precisamente, mientras se encontraba desarrollando su labor en el CGPJ un tanto asqueado, anhelando más acción, fue cuando le ofrecieron ser ministro de Interior con el PSOE.

De su etapa en el Poder Judicial, algunas fuentes consultadas la describen como "decepcionante". "La gente se esperaba otra cosa de él, no tenía principios, ni valores. Además, cometía muchos errores sintácticos en sus escritos. Eran incomprensibles y un gran ejemplo es el libro que publicó "Ni pena ni miedo" del año 2016.

En una vuelta de tuerca del destino casi surrealista, Grande-Marlaska no dudó en llamar hace unos días "banda criminal" al PP durante un acto de campaña del PSOE, aunque luego matizaba sus palabras. ¿El partido con el que ascendió judicialmente era una banda criminal? Sin duda, una afirmación para hacer reflexionar hasta al propio magistrado.

 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

 

El ministro de los escándalos

Fernando Grande-Marlaska no ha cumplido ni 3 años en el cargo de ministro del Interior con el PSOE y muchos consideran que "está abrasado por todos los escándalosque ha protagonizado en este breve periodo de tiempo.

El último escándalo se conocía este mismo sábado cuando trascendía a los medios de comunicación que Grande-Marlaska conocía que dos empleados de seguridad de Podemos fueron detenidos el pasado 15 de abril tras agredir a Policías en el mitin de Vox en Vallecas y sin embargo, se ocultó dicha información.

Quizá el más sonado haya sido el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, por no querer filtrar información a sus superiores sobre la investigación que efectuaba un Juzgado de Madrid por el 8-M. Tal y como publicó LD, después de que el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de la Audiencia Nacional diera la razón a Pérez de los Cobos, los juristas consultados sostiene que dicha sentencia "exige una investigación penal al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por al menos 2 delitos de prevaricación".

En las últimas semanas, Grande-Marlaska se situaba nuevamente en el ojo del huracán al justificar la 'patada en la puerta' de varios agentes de la Policía Nacional para irrumpir en un piso de la calle Lagasca de Madrid con un ariete y detener a 9 personas que celebraban una fiesta ilegal. Este incidente se viralizó en las redes sociales y abrió un debate en la opinión pública.

Especialmente dolorosa e indignante ha sido la política de Grande-Marlaska de acercamiento de presos etarras sanguinarios semanalmente. Por estos hechos, PP o VOX han solicitado en reiteradas ocasiones su dimisión inmediata. "Todo lo que sabía sobre el estado de Derecho se le olvidó cuando abrazó las siglas del PSOE", afirmaba la diputada popular Ana Vázquez.

Por su parte, la diputada de Vox, Macarena Olona, recordaba recientemente en una entrevista en Es la mañana de Federico en Esradio otro episodio polémica del ministro: "La indignidad de Marlaska comienza el 1 de agosto de 2018, cuando destituye al coronel Sánchez Corbí por advertir del agotamiento de los fondos reservados, en una maniobra ya organizada por el comisario Lenin".

Tampoco hay que olvidarse del escandaloso informe de la Jefatura Superior de Policía de Madrid filtrado a la prensa que contradecía la versión ofrecida por Ciudadanos sobre los incidentes registrados durante la manifestación del Orgullo en Madrid en 2019 y que negaba que se hubieran registrado "agresiones físicas", en contra de lo que sostenía la formación naranja.

A juzgar por los hechos, y nunca mejor dicho, parece que aliarse con el PSOE no le ha dado mucha suerte a Fernando Grande-Marlaska, por lo menos, por el momento.

 

GRANDE MARLASKA

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LAS SEIS CONDENAS DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS A ESPAÑA, POR  NO INVESTIGAR GRAVES CASOS DE TORTURAS, SIENDO EL RESPONSABLE EL JUEZ COMPETENTE, QUE ERA EN TODOS ESTOS CASOS EL ACTUAL  MINISTRO DE INTERIOR ESPAÑOL, FERNANDO GRANDE MARLASKA

 

GRANDE MARLASKA

 
 
 
Los demandantes alegan malos tratos sufridos en el momento de su captura y al principio de su detención incomunicada en 2008 por agentes de la Guardia Civil. Los demandantes fueron procesados y condenados en 2010 como autores del atentado en la Terminal 4 del Aeropuerto Madrid-Barajas del 30 de diciembre de 2006.
 
El TEDH entiende que las lesiones descritas en los informes médicos presentados por los demandantes habían sido causadas durante su custodia por la Guardia Civil. El Tribunal consideró que ni las autoridades nacionales ni el Gobierno habían explicado o justificado de forma creíble o convincente la existencia de dichas lesiones, que constituían trato inhumano y degradante. 
 
Es la primera vez que el TEDH dictamina que ha existido una violación del art. 3 en su vertiente material: el Estado es responsable de las lesiones sufridas.
 
Además, el TEDH determinó que el Tribunal Supremo se había limitado a desestimar las pretensiones de los demandantes sin tener en cuenta si el uso de fuerza física por los agentes en el momento de la detención había sido estrictamente necesario y proporcional; o, si las lesiones más graves de uno de los demandantes eran atribuibles a los agentes responsables de su detención y custodia. Estas omisiones, en la opinión del TEDH, habían impedido a los tribunales españoles establecer los hechos y las circunstancias de las alegaciones de malos tratos de forma adecuada. Así, el TEDH entendió que el Estado vulneró la prohibición de la tortura en su vertiente sustantiva por los malos tratos infligidos a los demandantes y procesal por la falta de una investigación efectiva.
 
 
 
 
 
 
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En el origen del caso se encuentran una demanda (nº 33/44/13) interpuesta ante el TEDH contra el Reino de España por un nacional de este Estado, el Sr. Oihan Unai Ataun Rojo (“el demandante”) el día 10 de enero de 2013, en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (“el Convenio”). Invocando el artículo 3 del Convenio, el demandante alega en particular una ausencia de investigación efectiva por parte de las jurisdicciones internas respecto de los malos tratos que denunció haber sufrido mientras se encontraba bajo custodia policial incomunicada.
 
El día 10 de noviembre de 2008, alrededor de las 21,00 horas, el demandante fue detenido por dos agentes de la policía nacional en el marco de una investigación judicial en relación con unos presuntos delitos de pertenencia a la organización llamada SEGI, una rama de ETA. Fue trasladado a la comisaría de Chinchilla de Pamplona, donde fue examinado por un médico forense, y después a la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, donde permaneció cuatro días en régimen de detención incomunicada.  En su traslado a Madrid y en el transcurso de la detención incomunicada, el demandante habría sido, según dice, sometido a malos tratos en forma de amenazas y violencias físicas y psíquicas, advertidas en los reconocimientos médicos.
 
El informe del día 25 de marzo de 2011, relativo a la visita efectuada por el CPT a España del 19 de septiembre al 1 de octubre de 2007 indica, en relación con las personas en régimen de detención preventiva y sometidas a la prohibición de comunicación, cuya duración máxima es de cinco días (pudiéndose prorrogar hasta un máximo de trece días en algunos casos), que en este espacio de tiempo, el detenido no puede informar de su detención a ninguna persona de su elección ni comunicarle el lugar de la misma, no puede ser asistido por un abogado elegido libremente ni entrevistarse en privado con el abogado designado de oficio. 
 
En el presente caso, el TEDH señala que el demandante fue puesto en detención incomunicada durante cuatro días, sin poder informar de su detención a ninguna persona de su elección, ni comunicarle el lugar de detención y no le pudo asistir ningún abogado libremente elegido por él, ni entrevistarse en privado con el abogado que le había sido asignado de oficio. El interesado se quejó de manera precisa y circunstanciada, de haber sido objeto de malos tratos durante su detención preventiva: el 14 de noviembre de 2008 cuando compareció ante el Juez central de Instrucción de la Audiencia Nacional; y una segunda vez, el día 6 de abril de 2009 cuando presentó denuncia ante el Juez de Instrucción nº 4 de Pamplona (por escrito presentado ante el Juez de guardia). El TEDH estima entonces, que el demandante tenía una queja que se podía fundamentar al amparo del artículo 3 del Convenio. Recuerda que en este caso, la noción de recurso efectivo implica, por parte del Estado, investigaciones en profundidad y efectivas cuyo fin sea llegar a la identificación y al castigo de los responsables.
 
 
 
 
 
El caso tiene su origen en una demanda (nº 58488/13) interpuesta ante el TEDH contra el Reino de España por un nacional de este Estado, el Sr. Jon Patxi Arratibel Garciandia (“el demandante”), el día 6 de septiembre de 2013, en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (“el Convenio”).
 
El demandante fue detenido en su domicilio en la noche del día 18 de enero de 2011 hacia las 3 de la mañana, por agentes de la Guardia Civil, en el marco de una investigación judicial acerca de un presunto delito de pertenencia a la organización EKIN, organización que forma parte del grupo terrorista ETA. Otras cinco personas fueron igualmente detenidas el mismo día. Un agente de la Guardia Civil que llevaba puesto un pasamontañas informó al demandante de sus derechos, a presencia del secretario judicial, indicándole que estaba detenido en régimen de incomunicación. Se procedió al registro de su domicilio así como al del bar donde trabajaba. La detención fue comunicada por el Ministerio del Interior y difundida por los medios de comunicación social en el mismo día.
 
Mientras estaba detenido, el demandante fue interrogado en varias ocasiones y afirma haber sido objeto de amenazas e insultos. El demandante sostiene que sus piernas y brazos fueron envueltos en goma espuma, atado a una silla y sometido a seis o siete episodios de asfixia con una bolsa de plástico que le cubría la cabeza. Dice haber recibido golpes en los testículos y haber sido envuelto en una manta ajustada al cuerpo con cinta adhesiva y arrojado sobre un colchón. Indica haber sido de nuevo sometido a unos episodios de asfixia con una bolsa de plástico cubriéndole la cabeza durante horas.
 
El día 22 de enero de 2011, aún en situación de detención en régimen de incomunicación, el demandante compareció ante el Juez Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional. Prestó declaración en presencia del mismo abogado designado de oficio que le asistió cuando declaró cuando estaba detenido. Sostiene que informó al Juez de los malos tratos a los que había sido sometido. El Juez Central de Instrucción ordenó su puesta en detención preventiva. Fue puesto en libertad bajo fianza el día 26 de julio de 2012.
 
El TEDH estima que ha habido violación del artículo 3 del Convenio en su aspecto procesal.
 
 
 
 
 
El caso tiene su origen en una demanda (nº 36286/14) interpuesta ante el TEDH contra el Reino de España por un nacional de este Estado, el Sr. Xabier Beortegui Martínez, (“el demandante”), el día 7 de mayo de 2014, en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (“el Convenio”).
 
El demandante fue detenido en su domicilio el día 18 enero de 2011, hacia las dos de la madrugada, por agentes de la Guardia Civil, en el marco de una investigación judicial sobre un presunto delito de pertenencia a la organización EKIN, la cual forma parte del grupo terrorista ETA.  En el trayecto en coche a Madrid, el demandante, que estaba esposado, habría, según su relato, sufrido amenazas e insultos, y recibido golpes en la cabeza, en los testículos y en las costillas por parte de los cuatro agentes de la Guardia Civil que le acompañaban. Mantiene que le colocaron un arma entre las manos para obtener sus huellas. Al llegar a Madrid, fue conducido a las dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil. Desde su puesta en detención preventiva incomunicada, de acuerdo con el régimen aplicable al caso conforme al artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, le habrían puesto una máscara en los ojos, habría sido sometido a sesiones de asfixia por medio de una bolsa de plástico en la cabeza tras obligarle a realizar flexiones, habría sido objeto de tocamientos y habría sido amenazado con la colocación de unos electrodos y la introducción de un palo por el ano. 
 
El TEDH recuerda que, cuando un individuo afirma de manera argumentada haber sido sometido a malos tratos contrarios al artículo 3, de manos de la policía o de otros servicios equiparables del Estado, esta disposición, combinada con el deber general impuesto al Estado por el artículo 1 del Convenio de “reconocer a toda persona bajo su jurisdicción, los derechos y libertades definidos (...) [en el] Convenio”, requiere, implícitamente, que haya una investigación oficial efectiva. Esta investigación, a semejanza de la que resulta del artículo 2, debe poder conducir a la identificación y, en su caso, al castigo de los responsables (ver, en lo que respecta al artículo 2 del Convenio, las sentencias McCann y otros c. Reino Unido, 27 de septiembre de 1995, § 161, serie A nº 324, y para asuntos similares respecto del artículo 3, Beristain Ukar, anteriormente citada, § 28, Otamendi Egiguren, anteriormente citada § 38, Etxebarria Caballero, anteriormente citada, § 43 y Ataun Rojo, anteriormente citada, § 34 o, por último, Arratibel Garciandia, anteriormente citada, § 35). Si no fuera así, no obstante su importancia fundamental, la prohibición general legal de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes sería ineficaz en la práctica y sería posible, en ciertos casos, que los agentes del Estado, gozando de una cuasi impunidad, pisotearan los derechos de aquellos sujetos a su jurisdicción (Assenov y otros c. Bulgaria, 28 de octubre de 1998, § 102, Compendio de sentencias y decisiones 1998-VIII).
 
En este caso, el TEDH apunta que el 21 de enero de 2011, el demandante compareció ante el Juez Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, al que habría expuesto los malos tratos presuntamente sufridos durante, y tras su traslado a Madrid. Esto hubiera sido por cierto corroborado, según el demandante, por el abogado de oficio que indicaba tener la convicción de que el demandante había realizado su declaración bajo coacción. El Juez Central de Instrucción no ordenó, sin embargo, ninguna diligencia de investigación, y tampoco envió el expediente a cualquier otro Juez competente.
El TEDH reconoce, a semejanza del Comité contra la tortura de las Naciones Unidas que las consecuencias psicológicas de los malos tratos inferidos por agentes del Estado pueden también ir en perjuicio de la capacidad de las víctimas de quejarse de los tratos padecidos, y constituir, de esta manera, un obstáculo mayor al ejercicio del derecho a reparación de las víctimas de torturas y de otros malos tratos. Este tipo de factores puede tener también como efecto hacer que la víctima sea incapaz de iniciar los trámites necesarios para emprender, sin dilación, acciones contra el autor de los hechos.
 
El TEDH estima que se ha producido violación del artículo 3 del Convenio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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