Sumario:

[1] La puja involucionista, por Fernando López Agudín

[2] Costumbres débiles y hábitos serviles, por Javier Pérez Royo

[3] El CIS lleva ya 33 meses consecutivos sin preguntar por el rey, por Arsenio Escolar

[4]La OCDE avisa de que las pensiones se desplomarán con la reforma del Gobierno, por Laura Olías

[5] Ni ignorancia, ni ñoñería: asentimiento y complicidad, Por Suso de Toro

[6] RT: EEUU: Se desploman los mercados: El índice Dow Jones sufre la peor caída de su historia (VIDEO)

[7] EE.UU. NO DESCARTA «NUEVOS ATAQUES NUCLEARES COMO LOS DE HIROSHIMA Y NAGASAKI», por Fermín Domínguez

[8]  NUEVO EMBATE DE RAJOY CONTRA LAS PENSIONES PÚBLICAS A FAVOR DE LOS FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES, por REDACCIÓN CS  

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[1] La puja involucionista

Por Fernando López Agudín

La última encuesta del CIS refleja la puja involucionista en el mayoritario bloque social de la derecha española. El Partido Popular se mantiene aún como primera fuerza, pero Ciudadanos se sitúa como tercera. En tan solo medio año, Rivera recoge los siete puntos perdidos por Rajoy. Nada las separa, todo les une, salvo el factor generacional. Los más jóvenes intentan sustituir a los más viejos para hacer lo mismo e incluso mucho más de lo mismo. Sobre el telón de fondo del neoliberalismo que comparten, su diferencia de hoy radica en el timingde la recentralización del Estado que preconizan ambos. Uno y otro, compiten por recuperar lo que AP y UCD se vieron obligados a ceder a PSOE, PCE, CiU y PNV en los lejanos tiempos de la transición. Nacionalistas e izquierda, es el análisis que subyace en esta estrategia, no eran y no son más que tigres de papel.

La subasta catalana, en la que pujan abiertamente, les confirma su apuesta. La de Rivera en Cataluña, desde Lerroux nadie había sacado tanto partido de la pluralidad social catalana; la de Rajoy en España, desde el Movimiento Nacional ninguna fuerza como el PP había rentabilizado tanto el españolismo. Va ganando Ciudadanos, pero los subasteros del Partido Popular elevan la oferta. Controlan el 155, el ministerio de Justicia y la Fiscalía General, que tiene la penúltima palabra en la Causa General que la Moncloa está montando en Madrid para el próximo otoño. Ahí va como aperitivo el 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la que se va a descabezar, el verbo favorito de la todavía vicepresidenta Soraya Santamaría, a toda la cúpula del soberanismo catalán. Es sólo Rajoy quien puede ejecutar el castigo que pide a gritos Rivera.

El mercadillo de la miseria, la prisión permanente revisable, redobla la apuesta por la Ley y el Orden. No hay más que presenciar los tres virajes de Ciudadanos sobre la propuesta presentada por el PNV, contra lo que denominan con razón como “cadena perpetua encubierta”, para ver como el Partido Popular les ha cogido con los pies cambiados. De pactar su derogación en el gobierno abortado de Rivera con Sánchez, pasó a la abstención en la admisión a trámite del proyecto del PNV, para acabar ahora  mismo presentando una enmienda para endurecerla al grito de “quien la hace la paga”, como escribió Albert Rivera en twitter. La pugna no puede ser más rastrera. Ambos buscan instrumentalizar el dolor de unos padres o madres ante el brutal asesinato de sus hijos, con clara ventaja para Rajoy que denuncia la revisión permanente de los principios de Ciudadanos.

Es en la almoneda de la Zarzuela donde triplican su apuesta. ¿Quien de los dos va a ser borboneado? Rivera intentó con aquel gobierno non nato Cs-PSOE borbonear a Rajoy, pero ahora la Moncloa persigue borbonearle a través de la inaudita exaltación de la Monarquía con motivo del cincuenta aniversario del Jefe de Estado. Es la madre de todas las batallas porque desde el pasado 3 de octubre, el toque de queda sobre la rebelión catalana, Felipe VI es mucho más que un Rey constitucional. Si Rajoy goza del apoyo de los altos funcionarios del Estado, Rivera dispone del sostén de los altos ejecutivos del Ibex-35. Falta por ver si ahora en 2018 la Moncloa reedita su triunfo del 2016, cuando obligó a convocar las últimas elecciones generales de junio del mismo año. Para Rajoy la hegemonía política debe continuar en el Estado, para Rivera en el mercado.

¿Puede extenderse esta puja involucionista a Euskadi ? No es intención de Rajoy, pero podría serlo de Rivera. Salvo el ataque de Ciudadanos al Cupo vasco, no hay de momento ningún indicio. Pero cuando Rajoy no secunda la iniciativa de Macron sobre los presos etarras, aproximándolos a prisiones vascas, algo intuye. Sobre todo, además, cuando no desautoriza las declaraciones del coronel Manuel Sánchez Corbí, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en la que denuncia a “los malos, etarras, batasunos, peneuvistas e Iglesia vasca”, a la vez que sostiene que entonces “la mayoría de los españoles no desaprobaba matar a un terrorista”. No parece ser la forma más adecuada de ganarse el vital apoyo del grupo parlamentario del PNV a los Presupuestos del Estado.

El 155 más el 135 es igual a Partido Popular más Ciudadanos. Este común denominador de la derecha española, que marca la soberanía limitada de las clases sociales y pueblos que conviven en el Estado español, bien sumado a la creciente involución preconstitucional en curso, encorseta el escenario político. Es justo el cuadro institucional que la mitad de UCD y la totalidad de AP buscaban imponer tras la II Restauración de los Borbones en 1975. Vuelven hoy a intentarlo con otras siglas porque estiman, retrospectivamente, que se equivocaron mucho al evaluar entonces la correlación de fuerzas dada, según palabras de Aznar, la profunda “debilidad de los nacionalistas e izquierda”. De ahí la potente ofensiva desacomplejada del PP y Cs. De ahí, también, la muy intensa pugna de Rajoy con Rivera por rentabilizar el previsible triunfo electoral de la derecha.

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[2] Costumbres débiles y hábitos serviles

Por Javier Pérez Royo

 

El papel lo soporta todo, pero nadie que no sea un hooligan del 155 puede compartir la argumentación del juez en la prisión provisional a los «Jordis»

Cuando un juez tergiversa la realidad para justificar su decisión, hay que prepararse para lo peor. Una vez que inicia el deslizamiento por esa pendiente, ya no tiene forma de parar

 

La violencia es un elemento definitorio tanto del tipo de sedición como del de rebelión, que son los delitos en los que el Fiscal General del Estado consideró que encajaban las conductas de los miembros del Govern y de los presidentes de la Asamblea Nacional de Catalunya (ANC) y de Òmnium. La calificación del Fiscal General fue hecha suya por la Audiencia Nacional primero y por el Tribunal Supremo después. En la gravedad de dicha calificación jurídica ha descansado  la adopción de la medida cautelar más gravosa de todas las previstas: la prisión incondicional.

En este elemento definitorio de la rebelión y la sedición ha justificado el juez Pablo Llanera la prolongación de la prisión provisional no eludible mediante fianza, aunque limitada a dos miembros del Govern y a los dos «Jordis», a los que considera principales protagonistas de los actos de violencia constitutivos de los delitos mencionados.

Todos los miembros del Govern cometieron el delito, pero Oriol Junqueras y Joaquim Forn y los dos «Jordis» tuvieron un papel más destacado que los demás, en la medida en que puede considerárseles los organizadores y líderes de los «actos tumultuarios» destinados a «impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o impedir el cumplimiento de las resoluciones judiciales». De ahí que sea para ellos solos para los que se dicta la prolongación de la prisión incondicional. Prolongación que se ha reiterado con posterioridad en autos mediante los que se han resuelto los recursos contra el auto inicial.

El papel lo soporta todo, pero nadie que no sea un hooligandel 155 puede compartir la argumentación del juez. De la movilización de los ciudadanos de Catalunya ha estado ausente la violencia de una manera completa. Por eso la inmensa mayoría de los profesores de Derecho Penal consideran que no ha habido delito de rebelión ni de sedición. Falta el elemento esencial del tipo penal de estos delitos. El propio juez instructor tiene que reconocerlo: «(…) resulta evidente que el civismo acompañó a las decenas de miles de ciudadanos que se movilizaron ante los numerosos llamamientos públicos que recibieron». Pero «se constató la infiltración de numerosos comportamientos violentos y agresivos, que reflejaban el violento germen que arriesgaba expandirse». De «impulsar y capitanear» a estos «comportamientos» es de lo que el juez considera responsables a los cuatro políticos catalanes para los que dispone la prolongación de la prisión. Pues «en estos investigados el riesgo de reiteración delictiva refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad».

Únicamente renunciando públicamente a la ideología independentista o soberanista podrían los dos consejeros y los «Jordis» conjurar el riesgo de reiteración delictiva y conseguir, en consecuencia, que el Juez Instructor revisara su decisión, ya que, como dice en su último auto, la perseverancia en el «ideario soberanista, que resulta legítima constitucionalmente, imposibilita el convencimiento de imposible reiteración delictiva que se tendría de quien profese la ideología contraria». Deje de ser nacionalista, si quiere recuperar la libertad.

Cuando un juez tergiversa la realidad para justificar su decisión, hay que prepararse para lo peor. Una vez que inicia el deslizamiento por esa pendiente, el juez ya no tiene forma de parar. Está preso de su propia imaginación o fábula. ¿Cómo se puede demostrar que no hubo «infiltración de numerosos comportamientos agresivos»? ¿Se conoce alguna forma de detectar dicha infiltración? ¿Puede ser alguien considerado penalmente responsable de una tal infiltración? Obviamente el juez no llega a atribuir ninguno de esos «comportamientos agresivos» a ninguno de los cuatro políticos que envió y mantiene en prisión, pero los hace responsables de todos ellos. Y con dicha base tan sólida proclama que hay riesgo de reiteración delictiva. Y así hasta que abjuren de su fe independentista.

El 17 de agosto de 1789, en el momento inicial del proceso constituyente del Estado en la Europa continental, Nicolas Bergasse, en su Rapport sur l’organisation du pouvoir judiciaire, escribiría lo siguiente: «La influencia del poder judicial es de todos los días, de todos los instantes. De todas las pasiones humanas no hay ninguna que corrompa tanto como el temor, ninguna que desnaturalice más los caracteres, que impida más eficazmente el desarrollo de todas las facultades. Ahora bien, si las formas del poder judicial, de este poder que actúa sin cesar, fueran tales que no inspiraran más que temor, por este solo hecho, impediría todos los efectos naturales de la Constitución. El poder judicial serviría para daros costumbres débiles y hábitos serviles».

Exactamente eso es lo que persigue el presidente del Gobierno al transferir la política territorial al Tribunal Constitucional primero y al Tribunal Supremo después. El nacionalismo catalán es el destinatario de la operación. Pero lo acabaremos siendo todos. La suerte del nacionalismo catalán en este envite es la suerte de la democracia española.

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[3] El CIS lleva ya 33 meses consecutivos sin preguntar por el rey

 

Por Arsenio Escolar

 

Desde el franquismo hasta ahora, el organismo público de opinión pública investiga muy de tarde en tarde y con mucha cautela sobre el modelo de Estado. El término “república”, ahora tabú, no lo era en los estudios sociológicos del final de la dictadura

 

El Barómetro del CIS es quizás el estudio demoscópico más completo de cuantos se hacen de manera periódica en España. Tiene ya muchas décadas de vida y es mensual. Se basa en unas 2.500 encuestas en las que se les pregunta a los entrevistados sobre muchos aspectos de la vida y del debate público, desde la situación económica y política del país y los principales problemas a que se enfrenta hasta la valoración del Gobierno y de la oposición, pasando por el posicionamiento ideológico de cada entrevistado, si tiene empleo y miedo a perderlo o si se siente feliz… Cuatro veces al año, en las encuestas de enero, abril, julio y octubre, que se publican a comienzos del mes siguiente, el Barómetro pregunta además a sus entrevistados a qué partido votaría si hubiera elecciones. Y de vez en cuando, con un criterio que el CIS nunca aclara, pregunta también sobre el grado de confianza que los ciudadanos tienen en las principales instituciones del Estado, entre ellas la Monarquía.

Este mes de enero,  en el Barómetro que se acaba de conocer hace pocas horas, el CIS no ha preguntado por la Monarquía. Ya lleva 33 meses consecutivos sin hacerlo.

La penúltima vez que preguntó, en abril de 2014 y con Juan Carlos I aún en el trono, la institución sacó un suspenso clamoroso: una nota de 3,73, en una escala del 0 al 10. La calificación era la segunda peor de toda la historia demoscópica de Don Juan Carlos en el organismo sociológico oficial, tras la anterior, en abril de 2013, en la que sacó un 3,68. No hubo una relación directa entre esas dos pésimas notas seguidas y la abdicación del monarca, que se produjo pocas semanas después de conocerse la segunda de ellas. Pero ambas cosas –las malas notas y la renuncia al trono de Don Juan Carlos- eran consecuencia de los graves problemas de reputación que el rey experimentó en sus últimos años en el trono por sucesivos escándalos en que se vio envuelto. Entre ellos, el caso Nóos –con su yerno, Iñaki Urdangarín, implicado, y la infanta Cristina salpicada-, las sospechas de otras corruptelas económicas en su entorno o la cacería de elefantes en 2012 en Botsuana tras la que, al romperse el rey la cadera y tener que ser traído a España de urgencia, se destapó para el común de los ciudadanos que el jefe del Estado llevaba una vida en ocasiones poco ejemplar: había acudido en uno de los momentos más duros de la crisis económica a un carísimo viaje casi clandestino, invitado por empresarios de dudosa reputación y con objetivos poco claros, y en compañía de una aristócrata alemana, Corinna Larsen,  con la que el monarca mantenía una relación estable. Los españoles se enteraron, de propina, de que los reyes Juan Carlos y Sofía vivían prácticamente separados. 

En abril de 2015, un año después de la última mala nota del CIS a Juan Carlos I, y con Felipe VI ya en el trono, el organismo público de investigación sociológica incluyó de nuevo en su Barómetro la pregunta de confianza de los ciudadanos en las instituciones. La nota de la Monarquía mejoró, y bastante, pero no llegó al aprobado. Obtuvo un 4,34. Fue la última vez que se preguntó. Han pasado 33 meses desde entonces, 33 Barómetros del CIS.

¿Ha seguido subiendo, se ha mantenido  ha descendido la confianza de los españoles en la Monarquía durante estos ya casi cuatro años de reinado de Felipe VI? ¿Cómo han impactado en la valoración y la confianza que los ciudadanos depositan en la institución que el rey representa asuntos tan diversos como la mayor transparencia en las cuentas económicas de la Casa del Rey, la sentencia del caso Urdangarin, el desempeño del monarca en la legislatura fallida tras las elecciones de diciembre de 2015, su papel en el conflicto catalán, especialmente con su discurso del 3 de octubre pasado, o la reciente concesión del Toisón de Oro a la Princesa Leonor? Se ignora, al menos por encuestas oficiales.

¿El CIS sólo pregunta de tarde en tarde por el rey o pregunta mucho más a menudo, pero no siempre hace públicos los resultados? Buenos conocedores del centro demoscópico aseguran que desde una reforma normativa de principios de los años noventa se hacen públicas todas las encuestas que se realizan, y en su integridad. ¿Y quién decide que en una encuesta concreta hay que meter la pregunta sobre la Monarquía? ¿Los técnicos? ¿El presidente del CIS? ¿El Ministerio de Presidencia y la Vicepresidencia del Gobierno, que es de donde depende el CIS? ¿El presidente del Ejecutivo? Algunos testimonios apuntan que muchas veces es en la propia casa, en el CIS, donde «se autocensuran para no meterse en líos” y que otras veces es más arriba en el escalafón de mando, “en Moncloa”, donde se desaconsejan o se vetan algunas encuestas y algunas preguntas. En el organigrama oficial, el CIS es una dirección general del Ministerio de Presidencia, y el presidente del organismo sociológico tiene que comunicar todas sus encuestas y los cuestionarios correspondientes a sus superiores en el Ministerio. “El rey es un tema incómodo para todos los gobiernos”, comenta un buen conocedor de los vericuetos internos de las encuestas oficiales.

En efecto. Desde el franquismo más temprano hasta ahora, el organismo público de opinión pública investiga muy de tarde en tarde y con mucha cautela sobre el modelo de Estado. Al principio, cuando preguntaba, no siempre daba a conocer los resultados. Hace ya más de seis décadas, el 4 de enero de 1956, el diario estadounidense The New York Times publicaba en la primera página de su edición internacional una información de su corresponsal en España en la que se reseñaba una encuesta oficial hecha “por el Instituto de Opinión Pública [el antecedente del CIS] del Ministerio de Información” entre los universitarios de una docena de facultades de la Universidad de Madrid en la que se mostraban unas durísimas críticas al régimen franquista. El 82% de los encuestados, decía la información, “declara sin reservas que no confía” en las autoridades políticas, y el 60% de estos estudiantes muy críticos “están divididos a partes iguales entre monárquicos y republicanos”. Los resultados de la encuesta, añadía el corresponsal del diario estadounidense en la misma información, no se habían hecho públicos en España y habían sido solo “distribuidos en círculos oficiales y diplomáticos”.

Algunas encuestas privadas tampoco eran divulgadas durante el franquismo. En 1970, un año después de que Juan Carlos fuera designado por Franco como su sucesor a título de rey, la Fundación Foessa realizó una encuesta en las que entre otros muchos temas se preguntó sobre el sistema preferido por los españoles para “después de Franco”. Solo el 20,8% de los encuestados apostaba por una monarquía. El 29,8%, por un sistema como “el actual”, es decir por la continuidad del franquismo. Y el 49,4%, por una república. El Informe sociológico sobre la situación social en España, 1970, al que estaba destinado la encuesta, no recogió todos esos datos, que se hicieron públicos mucho tiempo después.

Unos años más tarde, en 1977, ya con el rey Juan Carlos en la Jefatura del Estado y el Gobierno de Adolfo Suárez elaborando la Ley de la Reforma Política que abriría el periodo democrático, las preferencias de los españoles sobre el sistema de Estado parece que no habían cambiado mucho. Lo confesaba a la periodista Victoria Prego, en una entrevista conocida hace apenas dos años pero hecha en 1995, el propio Suárez, en aquel momento ya expresidente: “Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república… hacíamos encuestas y perdíamos”. La solución que se adoptó fue, en palabras de Suárez, introducir «la palabra rey y la palabra monarquía” en la ley. De ese modo “dije que había sido sometido a referéndum”, añadía el expresidente en la entrevista.

La aceptación de la sociedad española de la monarquía y la alta valoración del rey llegó unos años más tarde. El CIS preguntó expresamente por primera vez en noviembre de 1994, pero no en un Barómetro sino en una encuesta titulada Constitución e instituciones. La monarquía obtenía una buena nota, 6,54, muy por encima del Gobierno (4,20), el Parlamento (4,48), el Defensor del Pueblo (5,28) o el Consejo General del Poder Judicial (4,23).

Los noventa fueron unos años demoscópicos favorables para Don Juan Carlos. En el Barómetro de diciembre de 1995, en una pregunta sobre la contribución de diferentes instituciones, sectores y personas al éxito de la transición, “el Rey” (así lo mencionaba en esa ocasión el CIS en su cuestionario), lograba una nota de 8,30, en una escala del 0 al 10. En ese mismo Barómetro, en la pregunta sobre confianza, “la Monarquía” alcanzaba también su nota récord: 7,48. Tres años después, en una nueva encuesta sobre Constitución e Instituciones, los encuestados consideraban que el rey había contribuido mucho (el 34,2%) o “bastante” (el 46,7%) a la estabilidad de la democracia. En esa misma encuesta, se preguntaba por el entonces Príncipe Felipe. El 23,8% de los encuestados tenían “muy buena” opinión de él; y el 55,1%, “buena”.

Ya en el siglo XXI, primero llegó un lento declive de la confianza de los españoles en el rey Juan Carlos, y en la actual década el desplome: 5,54 de nota en noviembre de 2008, 5,36 en noviembre de 2010, 4,89 –el primer suspenso- en octubre de 2011 y los ya antes mencionados 3,68 en abril de 2013 y 3,73 en abril de 2014.

Pese a las sucesivas caídas, el CIS preguntó cuatro veces por la Monarquía en los últimos cinco años de reinado de Juan Carlos I. En los casi primeros cuatro años de Felipe VI, solo lo ha hecho una vez. 

-El rey es un tema incómodo en las encuestas para todos los gobiernos… -insiste el experto antes citado- por si no sale como se espera. 

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[4] La OCDE avisa de que las pensiones se desplomarán con la reforma del Gobierno

Por Laura Olías

 

En su último informe, la OCDE sitúa la tasa de sustitución en España para 2061 en el 82%: es la pensión que cobra un jubilado respecto al salario medio

La estimación del organismo para «casos extremos», fruto de la aplicación del índice de revalorización aprobado por el Gobierno, reduce dicha tasa al 46%

La institución recomienda avanzar hacia el «envejecimiento activo»: alargar la vida laboral más allá de la edad de jubilación

 

Las reformas de las pensiones que aprobó el Gobierno en 2013 tendrán un efecto a la baja en las retribuciones que reciban en un futuro los jubilados en España, según los cálculos de la OCDE. La tasa de sustitución, es decir, la pensión que cobra un jubilado respecto al salario medio, puede caer en el futuro hasta el 46% en «casos extremos» debido a la aplicación del índice de revalorización. La institución internacional sitúa este porcentaje en el 82% del sueldo en España para 2061.

Es uno de los datos que los expertos de la entidad han mencionado este lunes en Madrid, en la presentación del informe ‘Pensions at a Glance 2017’. Hervé Boulhol, responsable de Pensiones en la División de Trabajo y Política Social de la OCDE, y Pablo Antolín, jefe de la unidad de pensiones privadas de la entidad, ha desgranado el estudio, que señala a España por la alta tasa de sustitución en comparación con el resto de países de la OCDE.

Sin embargo, esta cifra se reducirá en los próximos años con la aplicación de los cambios aprobados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, según las estimaciones del organismo. Hervé Boulhol ha mencionado algunas cifras de la rebaja en ese porcentaje del sueldo que cobrarán en un futuro los jubilados. Solo gracias al factor de sostenibilidad –que entrará en vigor el 1 de enero de 2019 para vincular las pensiones iniciales a la esperanza de vida–, la tasa bruta pasará «del 82% al 72%», ha afirmado el experto. La organización hace sus cálculos tomando como supuesto la entrada al mercado laboral en 2016  de un trabajador a la edad de 20 años, lo que le permitiría jubilarse con la pensión completa a los 65 años en 2061, ha explicado el especialista a este medio.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, respondió la semana pasada que aún no sabe cómo afectará este factor. En la Comisión del Pacto de Toledo, y a preguntas de la oposición, la ministra defendió que aún necesita los datos oficiales de defunciones de 2017 para saber cómo incidirá en el cálculo de las pensiones.

Además, Boulhol ha reconocido que en el informe publicado por la OCDE no hacen la proyección del índice de revalorización –la otra medida estrella de la reforma de 2013– por su complejidad. Este índice desindexó las prestaciones por jubilación del IPC y estableció por ley una subida mínima del 0,25%, dependiendo de la situación de las cuentas de la Seguridad Social. La nueva fórmula de revalorización marca, además del mínimo de 0,25%, un máximo: el IPC más un 0,50%. Ante la situación de déficit de las cuentas de la Seguridad Social, las pensiones han subido el mínimo en los últimos cinco años.

Aunque no los incluya el informe oficial, Boulhol ha dado algunos datos sobre la posible incidencia del índice de revalorización. Entre ellos, destaca que teniendo en cuenta las reformas acometidas este índice podría desplomar la tasa bruta de sustitución del «72% a los 65 años al 46% a los 80 años», ha afirmado. Sería así en el peor de los supuestos, es decir, en el que las subidas por año fueran las mínimas (0,25%).

Los cálculos de UGT no andan lejos. Según el sindicato, la aplicación en España de ambos factores (el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad) hará que la tasa de reemplazo se reduzca «hasta un 48% en 2060».

Alargar la vida laboral más allá de la jubilación

El organismo también ha destacado que España afronta una de las perspectivas de envejecimiento de la población «más acelerados». La ratio de dependencia de las personas mayores –es decir, el porcentaje de personas mayores de 65 años con respecto a las que están en edad de trabajar– será la segunda más alta de la OCDE en los próximos 35 años, solo por detrás de Japón. Según las proyecciones de la ONU utilizadas en el estudio, habrá 77 personas mayores de 65 respecto a 100 en edad de trabajar. Eurostat rebaja ese número a 69 sobre 100, aunque los especialistas han destacado que «el panorama global no cambia».

La organización alerta de que España está por debajo de la media en la edad de salida del mercado laboral. Mientras que el promedio de la OCDE es de 64,3 años, en España dejamos de trabajar a los 62 años. «La gente deja el trabajo dos años antes que la media de la OCDE y viven más que el resto», apunta Boulhol, lo que supone que «España está entre los países con periodos de jubilación más largos».

Ante este escenario, el organismo subraya la necesidad de apoyar el «envejecimiento activo», el eufemismo para resumir que las personas mantengan carreras laborales más largas. La entidad destaca que «en España solo un 5% de personas de más de 65 siguen trabajando», lo que significa que «hay una capacidad de trabajo que no se aprovecha», en opinión de la institución.

La OCDE anima a apoyar las fórmulas que permiten continuar trabajando más allá de la edad de jubilación cobrando la pensión. En este sentido, considera un impedimento que en España haya «un límite» en ese sentido: de manera general, los trabajadores que continúan trabajando cobran el 50% de la prestación y no el 100% como en otros estados. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, sí pueden cobrar la totalidad de la prestación gracias a la nueva ley de autónomos.

Además, el organismo sugiere que el incentivo para continuar trabajando a edades avanzadas podría ser mayor: en España, la bonificación en la pensión es de en torno a un «4%» por cada año de más trabajado, mientras que la media de la OCDE «está cerca del 8%».

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[5] Ni ignorancia, ni ñoñería: asentimiento y complicidad

Por Suso de Toro

Se puede comprender el silencio de las personas que no saben acceder a la información de medios internacionales, pero cuando también callan los intelectuales, es decir todo un país el que asume lo que hace su estado sobre la población de un territorio, entonces la ruptura entre España y Catalunya es definitiva

 

Cada vez me cuesta más escribir algo que no sea un gran reproche. Escribir algo que no exprese un gran enfado, pero no con este Gobierno, al que no puedo reconocer sino como el fruto de un delirio, algo monstruoso y absurdo, no con la Casa Real y todos los poderes del estado y económicos, dueños de la práctica totalidad de los medios de comunicación; sino con personas concretas, con todas esas personas que camparon de progresistas estos años pasados. Es evidente que ser progre no tiene relación directa con ser demócrata.

Es un enfado no con entes, instituciones o categorías sociales, sino con personas. Y es un enfado y no una discrepancia política, discrepar y aun enfrentarse por posiciones políticas no implica necesariamente que uno se enfade con el contrario, pero cuando la discrepancia tiene carácter moral y el reproche es por la ética entonces sí hay enfado.

Sin hacer recuento de lo vivido dentro de este estado llamado Reino de España en los últimos meses, en cosa de días hemos visto: un parlamento rodeado de policías y sobrevolado por helicópteros militares; a la ministra del Ejército confirmando un plan para ocupar militarmente el territorio catalán y sus instituciones; la visita de la Guardia Civil de noche a la casa de un miembro de la mesa del parlamento catalán la víspera de una votación; la amenaza del portavoz del partido del gobierno al presidente de ese parlamento con sus hijos; el juicio en la Audiencia Nacional a un cantante de rap por sus letras cuando hay otros catorce citados a declarar; a un miembro de una célula yihadista declarando en un juzgado que la Policía Nacional delató a un “mosso” que se les había infiltrado; el reconocimiento del CNI de que el imán de Ripoll efectivamente era un confidente suyo y, por ir acabando, una nueva sentencia del Tribunal Supremo sobre un político catalán preso, Forn, que se basa, como en otras anteriores, para quitarle su libertad en su posición política independentista, así como en un juicio de intenciones sobre las posibles actuaciones futuras del reo, para quitarle su libertad.

Es decir, vivimos bajo un estado que decide de modo arbitrario sobre nuestras vidas en función de nuestras ideas. ¿Hay otra definición de un estado autoritario? Entre Kafka y El informe de la minoría, de Philip K. Dick.

No puedo aceptar que sólo algunos creamos lo que denuncian los medios de comunicación de otros países, la falta de libertades y de democracia del sistema político español. Hace unos meses un numeroso grupo de intelectuales y artistas firmaron un manifiesto promovido por una empresa de comunicación exigiendo garantías a aquel referéndum celebrado contra todo tipo de impedimentos, cuando los votantes fueron reprimidos por el estado con total violencia callaron, es decir asintieron. Ahora callan nuevamente ante una sucesión pública de atropellos a personas.

Hace dos días la pasada ceremonia de los Goya, de la que el ministro portavoz del Gobierno pareció el anfitrión y garantizó la protección del estado sobre una cineasta protagonista (“Y no os van a echar, Isabel, no.”), pareció la de un país alegre y desenfadado. Un país donde no hay gente presa arbitrariamente por el estado. En aquella gala no resonaron los golpes de las cargas contra personas indefensas ni la soledad de la cárcel, todo lo contrario, fue la negación de esa realidad. Fue una ceremonia de otro país distinto del que otros vemos y sentimos. La aparente frivolidad y ñoñería no fue tal, fue asentimiento y complicidad.

Resulta evidente que los breves periodos republicanos españoles no dejaron restos significativos, el destrozo que hizo Franco modeló esta sociedad, y no hay cultura cívica, pero sobre todo es abrumador el triunfo de la ideología autoritaria. Es evidente que la vida pública española, sobre todo sus intelectuales y artistas, han encajado y aceptado un 155 ideológico. Han aceptado que es normal que haya conciudadanos presos por sus ideas y por practicar la libertad de expresión.

Se puede comprender el silencio de las personas que no saben acceder a la información de medios internacionales, pero cuando también callan los intelectuales, es decir todo un país el que asume lo que hace su estado sobre la población de un territorio, entonces la ruptura entre España y Catalunya es definitiva. ¿Queda tiempo para que los intelectuales y artistas españoles les digan a los catalanes que no todos los españoles asumen lo que hace su estado? No lo creo.

¿Vale de algo decir y escribir esto? ¿De qué vale cuando estas personas por fuerza tienen que saber lo que ocurre, no pueden alegar ignorancia, y asumen esta política autoritaria? ¿Vale la pena señalarse uno? Creo que no.

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[6] RT: EEUU: Se desploman los mercados: El índice Dow Jones sufre la peor caída de su historia (VIDEO)

Por Redacción CS

El índice Dow Jones ha perdido más de 1.500 puntos este lunes luego del pánico generado por los datos del empleo en EE.UU.; es el desplome más significativo de su historia. Wall Street arrancó este lunes con una caída que da continuidad a los números rojos del pasado viernes, luego que los datos del empleo en EE.UU. despertaran los temores en los inversores.

Según AP, el desplome del índice es el mayor de todos los tiempos, aunque no en términos porcentuales porque la caída de 5,6% no supera la magnitud del retroceso de 7% experimentado en la crisis financiera.

Durante la jornada las pérdidas oscilaron entre 800 y 1.000 puntos, un récord que está por encima del desplome de 777.68 puntos que experimentó el mercado en septiembre de 2008 y que borró las ganancias logradas desde inicios de este año, recoge Chicago Tribune.

Los salarios en EE.UU. registraron la mayor subida de 2009, por lo que los inversionistas especulan que habrámayor inflación y que el aumento de las tasas de interés impida la recuperación del récord de mercado. Después del cierre de sesión, el índice Dow Jones perdió más de 1500 puntos enteros; mientras el Nasdaq cede 2,8% y el S&P se ubica en 3,5%.

El aumento de los salarios provocó que los inversionistas empezaran a salir en bloque de los bonos soberanos. Las caídas más dramáticas del Dow Jones fueron las de la petrolera ExxonMobil (-4,28%), Johnson & Johnson (2,59%) y la farmacéutica Pfizer (-2,09%).

Un reporte de Reuters precisa que los 30 componentes del Dow Jones Industrial tuvieron un desempeño negativo esta jornada, con retrocesos de al menos 3%. Los sectores más afectados por el desplome fueron energía, finanzas y salud.

Otro de los perdedores fue Wells Fargo, con un descenso de 8% luego que la Reserva Federal aplicara sanciones por el escándalo de la apertura de millones de cuentas falsas.

 

 

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La nueva doctrina nuclear del Pentágono

[7] EE.UU. NO DESCARTA «NUEVOS ATAQUES NUCLEARES COMO LOS DE HIROSHIMA Y NAGASAKI»

 

Por FERMÍN DOMÍNGUEZ

 

No toda la propaganda y el discurso belicoso del imperialismo tienen por objetivo infundir el miedo a la guerra en la sociedad. En muchas ocasiones han sido anuncios reales de guerra.  

A este último aspecto podría referirse el contenido de la nueva  Doctrina Nuclear de EE.UU., que  no descarta que se repita Hiroshima y Nagasaki«.

De acuerdo con unos pocos medios de prensa que se han hecho eco de esta noticia, el gobierno de Estados Unidos hizó pública esta orientación  el 2 de febrero pasado.

En el anuncio de su “nueva doctrina nuclear”, la Casa Blanca amenazó con desplegar por todo el mundo sus aviones de combate capaces de llevar cargas nucleares a cualquier parte. Por supuesto, tambiénhizo referencia a sus posibles blancos, entre ellos Rusia, China, Irán y Corea del Norte.

Al respecto, el senador ruso Frants Klintsévich,  destacó que la nueva doctrina nuclear de Washington es muy peligrosa,  pues hace hincapié en la confrontación en lugar de la cooperación con Rusia en el ámbito del desarme.

En este sentido -recalcó- esta «no era la primera vez en la historia en que EEUU apuesta por romper el equilibrio estratégico en el mundo, una apuesta peligrosa que no tiene perspectivas reales».

Como se recordará, en agosto de 1945 EE.UU. lanzó por primera vez en el mundo una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima donde murieron  140.000 de los 350.000 habitantes de la ciudad. Días después fue lanzada una segunda bomba nuclear que segó la vida en Nagasaki a 74.000 personas, en su gran mayoría civiles.

La guerra nuclear es un hecho inimaginable para quienes  ignoren la verdadera naturaleza destructiva del sistema capitalista que impera en el mundo y la historia de su hegemonía. De esa manera, se vive con una falsa  “sensación de seguridad”  que anula por completo la “percepción de peligro”  que debiera prevalecer ante riesgos como este.

Como adelantara el brillante filósofo y militante comunista español Manuel Sacristán Luzón, este es “el caso en el que estamos”. Cuando  “un sistema naturalmente inclinado a producir peligros reales de guerra en los momentos en los cuales la crisis cíclica coincide con otros ciclos más largos, […], y no es una crisis corriente sino una crisis de particular profundidad”.

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Un decreto para potenciar los fondos privados de pensiones

[8] NUEVO EMBATE DE RAJOY CONTRA LAS PENSIONES PÚBLICAS A FAVOR DE LOS FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES

 

Por REDACCIÓN CS  

 

No se puede negar que el Ejecutivo de Mariano Rajoy es perseverante yleal. Muestras de su contumacia las ha dado a través de las diferentes maniobras para lograr la privatización  muchas de las areas de la Sanidad o la Enseñanza públicas . Ahora trata de hacer lo correspondiente con las pensiones públicas  utilizando los fondos de pensiones privadas  utilizando para ello el apoyo estatal.  Y en lo que se refiere a su lealtad, esta sido siempre muy explícita  a favor con los intereses de las grandes empresas financieras.   

En sintonía con toda su biografía política, Rajoy anunció este jueves,  que en el próximo Consejo de ministros dará a conocer un real decreto cuyo objetivo será el de implementar medidas «flexibilizadoras» para que los ahorradores puedan invertir  en fondos de pensiones privados, y  posteriormente recuperar el dinero invertido  sin esperar a la llegada de la jubilación.

«Permitirá –aseguró– a las personas que ahorran en planes y fondos de pensiones recuperar todo o parte de lo ahorrado a partir de los 10 años de la aportación».

En esa misma línea indicó que

«se rebajarán muy sensiblemente las comisiones que los ahorradores pagan a las entidades gestoras».

Según el presidente del Gobierno, estas medidas podrían afectar a unos ocho millones de españoles que tendrían un ahorro acumulado de 106.000 millones de euros» .

En una de sus acostumbradas cabriolas paradójicas,  el presidente del gobierno manifestó que el sistema de pensiones público «está garantizado por el Estado».  No obstante, y negando implícitamente su afirmación anterior,  «es importante, no obstante, ser previsores».

Esta iniciativa gubernamental será dada a conocer este viernes al Consejo de Ministros, pues según el presidente, «ahora que las cosas empiezan a ir bien».

Con un tono paternal que no se corresponde con la dureza  con la que ha hostigado  a los sectores sociales más pobres durante todos estos años, Rajoyindicó que

«Desde los poderes públicos debemos incentivar que el ahorro piense en el largo plazo. Un ahorro con un horizonte temporal prolongado, que sirva como complemento de la pensión pública pero también para otros planes vitales, como la educación de los hijos, un proyecto personal o superar cualquier revés que nos pueda traer la vida. Una inversión para el futuro, a la que se pueda recurrir cuando sea necesario».

Una vez que se conozca el detalle del real decreto, se podrá  conocer cuáles son realmente sus objetivos no manifiestos de esta última operación.