“En efecto, tan erróneo es apreciar bondad como malevolencia naturales donde solo hay ignoracia y un albur de sucesos que producen emociones comunes, y al menos esta fragilidad de todos sirve para rechazar cualquier etnocentrismo y nacionalismo. Spinoza da a entender que los perseguidos judíos –a ellos se refiere- discriminan también a los gentiles por considerarse elegidos y en cierto modo mejores que los demás. Parece, en fin, que los grupos humanos suelen practicar alguna diferenciación excluyente y que es muy fácil convertirse en perseguidor”
(texto de Luciano Espinosa Rubio, integrado en la obra colectiva "Spinoza: De la física a la historia")
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Desde Europa
Bruselas, 18 de septiembre de 2017.
Estimados Señoras y Señores,
Soy docente en Francia y estoy preparando un dossier sobre la actual situación catalana que tengo previsto publicar en este blog. He tenido oportunidad de leer el comunicado que ustedes han difundido el 14 de septiembre de este año[1] y me permito escribirles para formularles algunas observaciones a las que tal vez tendrán ustedes a bien contestar. De ser así, incluiría su respuesta en el dossier.
Escriben ustedes en su comunicado:
Fuera de la Constitución y de los cauces que prevé no hay legalidad ni Estado de Derecho.
Esta afirmación no situada temporalmente contiene una ambigüedad. Resulta claro que el respeto del ordenamiento jurídico español por las autoridades que lo conforman es una condición indispensable para que pueda afirmarse que en España se respeta el Estado de Derecho. Se trata, en realidad, de un enunciado próximo de la tautología. Sin embargo, la desaparición del régimen actual y de la España tal como la conocemos no tendría por efecto mecánico el desterrar el concepto de Estado de Derecho del suelo español: si el día de mañana el pueblo catalán, instituyéndose en entidad soberana, se independizase de España, el que la República catalana fuere calificada o no de Estado de Derecho dependería no de las circunstancias de su surgimiento, sino de las instituciones con que se dotare y del funcionamiento de las mismas[2]. La mácula inicial que podría suponer el que dicho surgimiento supusiera la extinción de un ordenamiento constitucional legítimo sería, por lo tanto, irrelevante, al no constituir un obstáculo para que se verifique la calidad de Estado de Derecho del nuevo régimen. De manera incidente, puede observarse que el subsumir a los orígenes de un Estado su adscripción a la clase de los Estados de Derecho tiene por efecto reforzar la posición de algunos independentistas catalanes que, tomando apoyo en la continuidad institucional entre el régimen actual y el régimen franquista, ven a la democracia española como un mero apéndice del régimen anterior que, nos recuerdan, surgió ilegalmente de la destrucción violenta del orden republicano legítimo. "La Constitución", como escriben ustedes, es decir, la constitución del 78, no es más que una constitución entre otras muchas posibles, y podría ser reemplazada por otra u otras no menos respetuosas del Estado de Derecho y, acaso, de mayor y más homogénea aceptación entre los ciudadanos los territorios que componen lo que hoy conocemos como España. Es cierto, por lo tanto, que la incapacidad que manifiesta el Estado español de sancionar eficazmente y en conformidad con su legislación lo que está pasando en Cataluña indica un debilitamiento de la afirmación según la cual España es un Estado de derecho. Pero es falso que el respeto o no del Estado de derecho en la entidad o las entidades que existan en el futuro requiera que el o los futuros regímenes hubieran surgido en conformidad con "la Constitución", es decir, la constitución del 78.
Llama también la atención uno de los párrafos finales de su comunicado:
Una autoridad que conscientemente se rebela contra la norma constitucional que la legitima, pierde el carácter de autoridad y no tiene que ser obedecida.
El problema aquí, de nuevo, es que ustedes no precisen el nivel en el que si sitúan.
Si le damos un valor general, su enunciado es falso o incompleto, ya que la desobediencia es legítima en ciertas circunstancias, como ustedes mismos, por otro lado lo reconocen.
Si se trata de aplicar el enunciado a las autoridades catalanas, lo general del mismo es problemático, ya que lo que ustedes afirman, entonces, no es la legitimidad de la desobediencia a unas leyes precisas, sino la destrucción del carácter de autoridad de las autoridades catalanas. Por supuesto, la idea de que toda rebeldía hace perder mecánicamente a una autoridad su carácter de autoridad es respetable. Ahora bien, en el momento de difundir ustedes su comunicado y en el caso de Cataluña, dicha idea no es una realidad jurídica, ya que ningún órgano habilitado para ello ha tomado la decisión de retirar el carácter de autoridad a las autoridades catalanas.
El que ustedes, jueces constituidos en colectivo, declaren y difundan que las autoridades catalanes han perdido su calidad de autoridad, podría ser constitutivo de sedición en el sentido del artículo 544 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, sobre todo si tenemos en cuenta la interpretación que hace del mismo la Fiscalía de la Audiencia Nacional:
«La Fiscalía de la Audiencia Nacional se remonta a analizar el origen de este delito para concluir que los actos constitutivos de sedición «tendrían encaje penal como delitos contra la forma de Gobierno» a pesar de que no se emplee fuerza o violencia, cuando tengan como objetivo «impedir la aplicación de las leyes y el normal funcionamiento de las instituciones al margen de la Constitución y las leyes»[3],
Por otro lado, me pregunto también si, con su comunicado, no conculcan ustedes la ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en particular su artículo 418, párrafo 3, que estipula que es falta grave para un magistrado dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición. Veo dos maneras de defender la inexistencia de la infracción: demostrar que las autoridades catalanas han dejado de ser autoridades y 2, demostrar que su comunicado, no lo "dirigen" ustedes a las autoridades catalanas. La primera demostración requiere responder a las consideraciones efectuadas más arriba y la segunda puede fundarse en que su comunicado no indica de manera específica que se dirija a las autoridades catalanas. Sin embargo, el carácter de proclama de su comunicado hace difícil sostener que las autoridades catalanas no figuraran entre sus destinatarios, que estos destinatarios parecen venir a ser uno solo, la Nación entera a la que ustedes entienden recordar lo básico, como rezan las palabras liminares de su texto. Se trataría quizás de demostrar que el artículo 418 requiere que la censura se dirija específicamente a la autoridad en cuestión y no a través de su inclusión de la misma en una proclama que abarca a toda la Nación.
Su comunicado me ha traído a la memoria aquel episodio[3] reciente en que los jueces decanos aprobaron a la unanimidad e hicieron pública una posición que criticaba la ley hipotecaria. Si bien era difícil no sentir simpatía por la inusual posición de unos magistrados que se resistían a aplicar una ley que, por tan desequilibrada y favorable a los bancos que resultaba, habría de ser, más tarde, declarada ilegal y abusiva por el TJUE[4], era también imposible no percibir que la posición de los jueces debilitaba el Estado de Derecho. La misma constituyó, en efecto, una especie de insurrección judicial generalizada que el poder ejecutivo se ha mostrado incapaz de sancionar. No tengo yo constancia de que, en aquella época, juzgaran ustedes oportuno movilizarse colectivamente para recordar lo básico, como lo hacen en las circunstancias presentes, lo que lleva a pensar que, acaso, el perímetro de lo básico, tal como lo entienden ustedes, varíe tanto como la oportunidad o no de recordarlo.
A continuación, les propongo una lista de lo básico algo diferente de la suya.
- Los jueces no pueden invocar colectivamente su condición de jueces para negar a una autoridad constitucionalmente instituida su condición de autoridad.
- Uno de los atributos esenciales del Estado es el poder de hacer respetar su legislación y de ejercer su autoridad. La desobediencia masiva, institucionalizada y durable a dicha autoridad puede llevar a que se constate la extinción de un Estado.
- La existencia del Estado requiere un consenso general entre los ciudadanos sobre la necesidad de respetar sus instituciones. Este consenso reposa en la legitimidad del Estado que, en las sociedades modernas, resultaría aniquilada o fuertemente disminuida si la autoridad del Estado se restableciese con un baño de sangre o de manera excesivamente brutal.
- La credibilidad de la autoridad del Estado español en Cataluña parece, hoy, comprometida[5]. La cuestión de quién es responsable de esta situación es irrelevante: es posible, por supuesto, que demostrar esta incapacidad sea el objetivo de los independentistas y que, con dicho objetivo, éstos infrinjan la ley voluntaria y conscientemente, buscando, por lo tanto, liquidar la constitución del 78. Pero, aun cuando así fuere, el Estado español cesaría de existir en Cataluña de mostrarse incapaz de hacer respetar su autoridad en dicho espacio geográfico. Se trataría de un hecho objetivo independiente de cualesquiera hubieran podido ser las causas y motivos de su advenimiento, en el sentido en que dichas causas y motivos carecerían de eficacia para anular su realidad. La reprobación moral es, a los mencionados efectos, igualmente ineficaz. Lo básico puede ser también, por consiguiente, no conferir a la causalidad histórica y a las posturas morales efectos de los que carecen en derecho.
- La desaparición de un ordenamiento jurídico respetuoso del Estado de Derecho en un territorio dado no implica la desaparición del concepto o de la posibilidad de su realización en el territorio en que ejerciera su poder el Estado fenecido.
Estimados señoras y señores jueces, su comunicado, por su brevedad, riqueza y audacia, permite abordar, en el tiempo limitado de una clase, diferentes problemáticas de interés no solo para entender lo que pasa en estos momentos en España, sino también temas que atañen a nuestra misión de formación cívica de los ciudadanos de mañana. Con el objetivo de promover el diálogo y los intercambios entre alumnos alumnos españoles y franceses sobre estas problemáticas, propondré el dossier que preparo a compañeros españoles.
Yo considero como una obligación deontológica someterles las consideraciones que acabo de efectuar y, por supuesto, también lo es el incluir en el dossier pedagógico que preparo la respuesta que ustedes, tal vez, tengan a bien transmitirme.
Los saluda atentamente,
Sebastián Nowenstein,
professeur agrégé.
http://sebastiannowenstein.blog.lemonde.fr/
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[1]http://www.ajfv.es/wp-content/uploads/2017/09/Comunicado-AAJJ-sobre-situaci%C3%B3n-en-Catalu%C3%B1a-14sep2017.pdf
[2]Del mismo modo, el que el pueblo español se dotare de una nueva constitución a través de un nuevo proceso constituyente, como lo sugiere el profesor Pérez Royo (ver Javier Péres Royo, 2015, La reforma constitucional inviable, Madrid, Catarata), no sería óbice para que el nuevo régimen fuese respetuoso del Estado de Derecho. Hay infinitas Constituciones posibles; la del 78 no es más que una de ellas. El empleo del artículo definido en su enunciado Fuera de la Constitución y de los cauces que prevé no hay legalidad ni Estado de Derecho no tiene por efecto sacralizarla o excluir la posibilidad de que surjan otros órdenes constitucionales respetuosos del Estado de Derecho.
[3]http://sebastiannowenstein.blog.lemonde.fr/2017/09/16/que-situacion-nace-de-la-critica-de-la-legislacion-hipotecaria-por-los-jueces-decanos-en-sus-xxii-jornadas-nacionales-organizadas-por-cgpj/
[4] Ver por ejemplo: https://www.elconfidencial.com/vivienda/2017-04-27/hipotecas-normativa-europea-creditos-tjue-bruselas_1374011/
[5] No parece, por ejemplo, que las amenazas y advertencias del Fiscal General del Estado José Manuel Maza tengan un efecto acorde con su tono y gravedad: nadie cree que el Estado español disponga de la autoridad necesaria para encarcelar durante ocho años a más de setecientos alcaldes catalanes si así lo exigieran los hechos y su calificación penal (Ver las advertencias del fiscal general del estado, José Manuel Maza: http://www.lavanguardia.com/politica/20170913/431259507599/fiscalia-investigar-detener-alcaldes-referendum-1-o.html , consultado el 17 de septiembre de 2017.). Tampoco parece que el Estado pueda sancionar la blandura de esos Mossos que no ejecutan las órdenes de la Fiscalía con todo el peso de la ley. (Ver: https://elpais.com/ccaa/2017/09/19/catalunya/1505838014_951079.html?rel=mas )
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El descarrilamiento del ‘procés’
Eduardo Mendoza es escritor y Premio Cervantes 2016
Fuente: https://elpais.com/elpais/2017/09/26/opinion/1506446793_326471.html, publicado el 27 de septiembre de 2017 en elpais.com por Eduardo Mendoza
Los que invocan el nacionalismo lo hacen en vano. El amor a la comunidad a la que uno pertenece y el cuidado de los intereses materiales y culturales de esa comunidad no se articulan hoy en día por medio del nacionalismo
Hace unos días me pasaron a la firma un manifiesto sobre el referéndum catalán. Los firmantes eran personas que respeto y con muchas de las cuales tengo una buena amistad y el contenido del manifiesto era inocuo, a pesar de lo cual no quise sumarme a la lista de firmantes por varias razones de forma y de estrategia: en primer lugar, todos los firmantes tienen, sin ánimo de ofender, una cierta edad, con lo cual su opinión encarna la sabiduría y la experiencia, pero no representa el ímpetu y la esperanza de una población más joven. Al margen de esto, en el momento presente, un manifiesto publicado en un determinado órgano de expresión sería tomado como una declaración de guerra dijera lo que dijera. Y así ocurrió. Sin embargo, de poco sirvió mi exquisita prudencia y mi nombre ha sido incorporado a la lista de los firmantes a la hora de repartir denuestos. Qué le vamos a hacer.
Seguramente esta adhesión virtual se debe a unas declaraciones recientes, expresadas en el curso de una entrevista, en las que dije que el procés había descarrilado. Con eso quise decir que el planteamiento de la cuestión y su desarrollo posterior habían sido erróneos y seguían un camino equivocado, no tanto por su contenido, discutible en algunos puntos, pero merecedor de un serio debate, sino el espíritu que lo había alimentado y del que se seguía nutriendo. Con esta frase tan retorcida me refería, como añadí, al nacionalismo.
En la entrevista a que me refiero dije que el nacionalismo era un concepto anacrónico. Pervive, sin duda, en el ánimo de muchas personas, pero ha cambiado de sentido. Lo mismo ocurre con otros conceptos. Por ejemplo, el romanticismo. Si hoy digo que soy un romántico, nadie interpretará que pienso como Schiller o como Lord Byron, sino que me gustan las canciones melódicas y las películas ñoñas que acaban bien. Otros conceptos sufren hoy el mismo desgaste: democracia, por ejemplo; o socialismo. Pero no nos alejemos del tema. Lo que quería decir es que los que invocan el nacionalismo lo hacen en vano. El amor a la comunidad a la que uno pertenece y el cuidado de los intereses materiales y culturales de esa comunidad no se articulan hoy en día por medio del nacionalismo ni son, en rigor, nacionalismo. El nacionalismo tuvo su momento y pasó. Ahora es un conjuro que permite al que lo usa creer que representa los intereses de la comunidad y descalificar al que no comparte su postura. Por suerte o por desgracia, hoy en día los problemas son otros y añadir el elemento emocional a las cuestiones prácticas lo enreda todo. Pero también es cierto que las emociones existen y son importantes para quien las siente y rechazarlas con la altanería de quien está de vuelta de todo es contraproducente y está mal.
Las emociones existen y son importantes para quien las siente; está mal rechazarlas con altanería
Cataluña no es un país de ideas. Las relaciones humanas, el pragmatismo y la creatividad artística son sus principales virtudes. En uno y otro terreno subyace un elemento infantil que hace a Cataluña especialmente atractiva, como se demuestra por un turismo que la desborda. Y los visitantes acuden en masa a ver la obra de Gaudí y la de Dalí, dos artistas que apelan a lo que algunos llaman “el niño que todos llevamos dentro” y esta cualidad le ha permitido pasar rápidamente y con éxito de una economía industrial en decadencia a una economía de servicios y a Barcelona en la capital europea del desmadre. Nadie escapa a este influjo. Lo mismo se aplica las grandes manifestaciones públicas. Comparadas con las broncas de cualquier otro país, las manifestaciones que tienen lugar en Barcelona, sea para protestar o para exigir, son una fiesta escolar. La gente se ríe, se abraza, canta y su comportamiento, en todo momento ejemplar, hace que la manifestación parezca un juego. Los corresponsales extranjeros, que del niño ven la inocencia y no la rabieta, flipan y se apuntan a una causa tan guai. Del mismo modo, las actitudes desafiantes de los dirigentes, los insultos y las descalificaciones les salen del alma, pero vistas objetivamente, son de tebeo.
A esto el Gobierno español, tanto el actual, como todos los gobiernos que le han precedido a lo largo de una historia que dura más de cien años, no sabe cómo responder. En el caso del Gobierno actual la cosa se agrava porque sus recursos intelectuales son, por decirlo de algún modo, limitados. Regaña, llama al orden y amenaza, todo lo cual da el resultado contrario al que busca, si es que busca resolver el conflicto y no encrespar los ánimos con fines electorales. El recurso a la legalidad difícilmente surte efecto cuando ni este Gobierno ni ninguno ha demostrado mucha preocupación por las leyes a la hora de manejar los dineros propios y ajenos. Y la amenaza de poco sirve frente a la irresponsabilidad.
¿Qué hay que hacer? No tengo ni idea. Lo preocupante es que tampoco parece haber nadie que tenga alguna, salvo la de continuar la batalla de slogans y llegado el momento salir a la calle y liarse a mamporros. Mientras tanto, el papel de las personas como yo, apartadas de la cosa pública por inclinación, pero metidos en ella por las circunstancias, sólo puede ser el de intentar aclarar las ideas y reconducir las cosas a un terreno más serio. Y en cumplimiento de esta noble función hago dos apuntes de orden lingüístico e histórico.
Los recursos intelectuales del Gobierno actual son limitados. Regaña, llama al orden y amenaza
El primero es de uso interno: La Historia nos enseña que no se grita por las calles que no hay democracia cuando realmente no hay democracia; si te dejan salir a gritar lo que te da la gana es que las cosas no están tan mal. El segundo se refiere a la Guardia Civil. Los medios de información extranjeros califican a la Guardia Civil de “paramilitares”, lo cual es una falsedad, primero porque la Guardia Civil es una rama más de la policía estatal y segundo porque este término remite al lector a otros países y otras actividades que por fortuna no tienen nada que ver con lo que ahora pasa en Cataluña. Y quienes en Cataluña invocan la Historia reciente bien saben que el levantamiento militar de 1936 no triunfó en Barcelona gracias a la lealtad de la Guardia Civil a la República. Es verdad que luego fue un instrumento del franquismo, pero no más que los curas que ahora declaran su apoyo al referéndum.
Los medios de información cumplen una labor necesaria. Algunos son tendenciosos e incluso sectarios, pero en conjunto son la salvaguardia de las libertades o, al menos, una defensa contra el abuso de poder, en la medida en que son una tribuna abierta donde cabe la disidencia y la denuncia. Pero no son infalibles y, por la propia naturaleza de su función, son fragmentarios y precipitados. Alguien dijo que la guerra es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los militares. Lo mismo se puede decir de la opinión pública: algo demasiado importante para dejarlo exclusivamente en manos de los medios de información. Y esto va también para el periódico en el que aparece este artículo. En medio de la vorágine, alguien tiene que pararse y ponerse a pensar un poco más a fondo.
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