Sumario:

[1] Así funcionan los enchufes y el nepotismo del PP para manipular la Sanidad gallega, por Juan Oliver
[2] «Que me den un diagnóstico. Están jugando con mi vida», por Juan Oliver
[3] Néstor Varela: ocho meses esperando para que el Sergas le diga si su cáncer tiene metástasis, por Juan Oliver
[4] Luisa Iglesias: un año esperando a saber el origen de su tumor en las cuerdas vocales, por Juan Oliver
[5] El Tribunal de Cuentas gallego no investigará las facturas millonarias irregulares abonadas a las subcontratas del hospital de Pontevedra, por Juan Oliver
[6] Galicia vuelve a la calle contra la reforma sanitaria de Feijóo que pretende hacer “un negocio” de la sanidad pública, por Juan Oliver
[7] Así maquilla la Xunta de Feijóo las listas de espera de la sanidad gallega, por Juan Oliver
[8] Así purga Feijóo a los médicos que defienden la sanidad pública, por Juan Oliver
[9] Pacientes en los pasillos, camillas prestadas y ambulancias paradas en el hospital que dirige la prima de Feijóo, por Juan Oliver
[10] Feijóo aprueba en pleno puente la reforma de la Sanidad que traerá más recortes y desigualdad, por Juan Oliver
[11] La Xunta oculta un acuerdo para que un fabricante de equipos cardiológicos organice el área del corazón de tres hospitales gallegos, por Juan Oliver
[12] La Xunta de Galicia permitió desviar enfermos a hospitales privados en los que les cobraban por operarlos, por Juan Oliver
[13] El tribunal de cuentas gallego halló irregularidades en la licitación de dos de las subcontratas del Sergas, por Juan Oliver
[14] Reclaman a la Xunta que investigue a 76 médicos que trabajan a la vez en centros públicos, privados y concertados, por Juan Oliver
[15] Absuelto el presidente de Batas Blancas de Galicia sancionado por denunciar prácticas médicas irregulares, por Juan Oliver
[16] Imputados cuatro altos cargos de la Sanidad madrileña por presunta prevaricación en el concurso de ambulancias del SUMMA, por Juan Oliver

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[1] Así funcionan los enchufes y el nepotismo del PP para manipular la Sanidad gallega

Por JUAN OLIVER

Un estudio de Batas Blancas constata cómo la Xunta utiliza las jefaturas de Servicio de los hospitales para colocar a dedo a de galenos próximos a sus políticas de recortes.

El proceso de privatizaciones y depauperación que padece la sanidad gallegatiene en contra a buena parte del estamento médico de la comunidad. Pero esa estrategia, que el Gobierno de Alberto Núñez empezó a ejecutar pocas semanas después de acceder a la Xunta en abril del 2009, no podría haberse llevado a cabo sin el concurso de los profesionales. Por eso uno de los pilares de la política sanitaria de del PP ha sido laminar a los mandos médicos que se oponían a ella, para situar, aun contraviniendo la ley, a galenos afines al PP dispuestos a aceptar y a facilitar los recortes presupuestarios, a camuflar las listas de espera, a justificar y alentar las privatizaciones, y a arrimarse al poder y abanderar sus argumentos frente a la contestación social a esas medidas.

Así lo asegura un informe de la Asociación Batas Blancas, que detalla las irregularidades en los nombramientos de los jefes de Servicio del Servicio Galego de Saúde (Sergas) y que concluye que han logrado que la sanidad gallega esté hoy bajo un “absoluto control político de la gestión en todos sus niveles, incluido el clínico, asistencial y docente”. Un control que en ocasiones se ejerce también mediante enchufismos de amigos y familiares de altos cargos, incluidos los de los conselleiros de Sanidade de Feijóo y hasta de los parientes del propio presidente de la Xunta.

El estudio se centra en el área sanitaria de Pontevedra, que cubre a una treintena de municipios de esa provincia y de A Coruña que suman a una población conjunta de 315.000 personas, y para cuya gestión Feijóo nombró gerente a José Manuel González Álvarez, exconselleiro de Sanidade y autor del decreto que modificó el sistema de designación de los jefes de Servicio del Sergas en el 2005.

Todos los directivos de la sanidad gallega, incluidas las gerencias de las once áreas de gestión, son nombrados a dedo

Ese decreto, recuerda Batas Blancas, instauró los nombramientos a dedo de todos los puestos directivos de la sanidad gallega, incluidas las gerencias de las once áreas de gestión sanitaria de Galicia –entre ellas la del propio González Álvarez, una de las más importantes-, así como de la mayoría de jefaturas de personal sanitario. Se eliminó la obligación de que sus nombramientos estuvieran sujetos a los criterios de mérito, formación específica o experiencia, y, para los jefes de Servicio de los hospitales, se estableció que los candidatos fueran evaluados por tribunales cuyos miembros, al 100%, son elegidos por el Sergas. Es decir por el mismo órgano convocante y sin participación alguna de las organizaciones profesionales, los sindicatos o las asociaciones de pacientes.

Además, se facultó a esos tribunales para que, si lo consideran, no otorguen más puntos a los médicos que tengan “dedicación profesional prioritaria o exclusiva a la institución”. Es decir que un candidato adscrito durante toda su carrera profesional a la medicina pública puede no obtener más puntos en la valoración de su currículum que uno que haya trabajado toda su vida para la privada.

González Álvarez ya ocupó la gerencia de varios hospitales en la Xunta de Fraga, y llegó a ser acusado de negligencia por las familias de los fallecidos por un brote de aspergillus en el Meixoeiro de Vigo, aunque entonces el fiscal no le imputó ningún delito. En el 2005, Esperanza Aguirre lo nombró director de la Fundación Hospital de Alcorcón, hasta que Feijóo lo designó gerente del área sanitaria de Pontevedra, donde se mantuvo hasta febrero del año pasado.

En ese período, según el estudio de Batas Blancas, el exconselleiro relevó a 25 de los 35 jefes de Servicio a su cargo. De los diez restantes, al menos siete siguen en sus puestos provisional e irregularmente dado que ya ha transcurrido con creces el periodo legal establecido para cubrirlas mediante el pertinente concurso-oposición o para reevaluar a los candidatos cada cuatro años que fijaba su decreto. Además, de las plazas que sí sacó a concurso, en casi en el 100% de los casos el ganador fue el aspirante designado previamente por la Xunta para ocuparla con carácter provisional.

“De estos 35 jefes de especialidad que hay en el área sanitaria, sólo nueve están en situación legal, es decir que cumplen los requisitos reseñados en el decreto mencionado, tanto en el sistema de acceso como de reevaluación”, afirman los autores del estudio. “Esto nos lleva a que, en la actualidad, el 74% de los jefes de Servicio están provisionales y sin cumplir la legislación vigente”.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha dictaminado que media docena de oposiciones estuvieron amañadas para adjudicar las plazas arbitrariamente

Ese modo de actuar ha obligado a la justicia a actuar en varias ocasiones, con sentencias que han constatado que hubo un purga en toda regla de los jefes de Servicio del Sergas toda vez que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado que al menos media docena de oposiciones –todas las recurridas- estuvieron amañadas para adjudicar las plazas “de forma arbitraria, con ausencia de imparcialidad, desvío de poder y sin garantizar los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad, afirmando que no se perseguía la elección del candidato más idóneo sino el más afín”, tal y como recuerda Batas Blancas.

Aunque al Sergas no parece preocuparle, porque ni siquiera se aviene a obedecer las decisiones firmes de los jueces. El último caso es el de Víctor Pedreira, ex jefe de Psiquiatría en Pontevedra, quien lleva cinco meses esperando a que la gerencia del hospital ejecute la sentencia del TSXG de octubre del 2017 que declaró nula, por amañada en su contra, la oposición que le arrebató la plaza que ocupaba desde 1986.

“La jefatura de un servicio es el grado máximo de promoción profesional a la que puede aspirar un médico del Sergas”, recuerdan fuentes de Batas Blancas, que aunque reconocen que la situación en el área sanitaria de Pontevedra es muy delicada, en el resto de áreas sanitarias de Galicia “ha pasado lo mismo o más grave”. Y ponen dos ejemplos.

Uno, la jefatura del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), que fue adjudicada al marido de la exconselleira de Sanidade Rocío Mosquera en detrimento del médico que la ocupaba, Evaristo Varo. Varo fue uno de los galenos que denunció la negativa de la Consellería de Mosquera a proporcionar a sus pacientes de hepatitis C el tratamiento que precisaban, caso por el que están procesados dos altos cargos del Sergas a quienes el fiscal acusa de homicidio.

El segundo ejemplo es el de Eloína Núñez, prima carnal de Feijóo y desde hace unos meses gerente del área sanitaria de Santiago, donde fue designado jefe de Medicina Interna Antonio Domingo Pose Reino, “una persona totalmente afín a ella”, asegura Batas Blancas, en detrimento de Arturo González Quintela, catedrático de Medicina Interna en la Universidade de Santiago, quien desempeñaba la plaza desde hacía años y a quien, sorprendentemente, el tribunal designado por la prima de Feijóo valoró menos que a quien había sido su adjunto y aprendiz.

Eloína Núñez ya había sido gerente del área sanitaria de Ourense, cargo para el que fue nombrada apenas un mes después de que su primo ganara las elecciones autonómicas del 2009. Y allí también protagonizó otro sonado caso de nepotismo, cuando creó la plaza de coordinador del Servicio de Urgencias para colocar en ella a su marido.

”Tenemos a toda la organización hospitalaria secuestrada por jefes en situación precaria»

“El impacto que tiene esta situación es de enorme repercusión para la asistencia sanitaria de los pacientes”, explica Batas Blancas. ”Tenemos a toda la organización hospitalaria secuestrada por jefes en situación precaria, que dependen absolutamente de la dirección y con un sometimiento a las instrucciones que emanan de los poderes políticos, es decir de la gerencia y la Consellería”.

Las mismas fuentes alertan de que contar con jefes de Servicio supeditados al poder permite a la Xunta engañar a los pacientes y camuflar las consecuencias de los recortes en sanidad, como el elevado aumento de las listas de espera. Aunque algunos jefes de Servicio no se someten a esas directrices. El último ejemplo es el de Pedro Corsino Fernández Vila, jefe de Oftalmología en Pontevedra, quien dimitió tras negarse a seguir aplicando el método ideado por el Sergas para camuflar las elevadas espera de sus pacientes, que tardaban años en ser operados a pesar de que la Xunta presumía oficialmente de que no tenían que esperar más de treinta días.

“Para revertir el deterioro actual del sistema sanitario gallego es imprescindible derogar este decreto y establecer un sistema de provisión de las plazas de jefes de servicio y sección, así como el resto de puestos de responsabilidad dentro del organigrama de los centros sanitarios, que garanticen absolutamente el que puedan ser elegidas las personas más idóneas para el puesto convocado, con respeto absoluto a los principios de igualdad, mérito y capacidad”, concluye Batas Blancas.

“Y esto es lo que se pretende hacer en varias comunidades autónomas, como la de Madrid, con la Ley de buen gobierno y profesionalización de la gestión sanitaria, que están cambiando los procedimientos para conseguir despolitizar y profesionalizar la gestión de los hospitales y de los servicios clínicos”.

[2] «Que me den un diagnóstico. Están jugando con mi vida»

Por JUAN OLIVER

 

Un padre de familia de Burela, en Lugo, lleva más de un año esperando por una prueba cardiológica para la que la Xunta presume de una lista de espera de sólo treinta días

 Carlos López Riopedre lo ingresaron en Urgencias con la primera taquicardia el 13 de agosto del 2016. Llevaban varios meses atiborrándolo de antibióticos para combatir una infección de orina que le ocasionaba fuertes cólicos y que le obligaba a ir cada dos por tres al hospital, donde los médicos habían tardado bastante en dar con el medicamento que parecía empezar a aliviarle el problema. En los prospectos de esas medicinas se alerta de que pueden causar taquicardias. Y Carlos pensó que se moría cuando el corazón se le puso a mil por hora y tuvo que llamar a una ambulancia. Iba con más de 180 pulsaciones por minuto, cuando su pulso normal es de 60 ó 65, como mucho.

En el Hospital da Costa, en Burela, en la Mariña lucense, le recetaron ansiolíticos, pero las taquicardias siguieron. Una y otra vez, sin avisar, obligándolo en ocho o nueve ocasiones a repetir ambulancia e ingreso en Urgencias. Pasaron semanas y meses hasta que le hicieron un electrocardiograma y un registro de su actividad cardíaca que no aclaraba nada, lo que llevó al cardiólogo a ordenar que le hicieran una prueba de esfuerzo que, según le dijo, no debía tardar, como mucho, más de seis meses. Eso fue en marzo del año pasado. Lleva esperando desde entonces.

«Alguien tiene que ponerle cara a lo que están haciendo con la sanidad en Galicia»

«Que me den un diagnóstico. Lo necesito. Están jugando con mi vida», dice Carlos. La taquicardia es un aumento anormal del ritmo cardiaco, que provoca que el corazón lata en reposo mucho más rápido de lo normal. Provoca palpitaciones, mareos, malestar generalizado, angustia, ansiedad y nauseas, y si no se trata puede provocar complicaciones muy graves, como una insuficiencia cardiaca, un accidente cerebrovascular o incluso un paro repentino y la muerte. 

Carlos interpuso el jueves pasado una queja ante el servicio de atención al paciente del Servicio Galego de Saúde (sergas) en la que advierte de que no le quedará otro remedio que acudir a los tribunales para que éstos obliguen a la administración sanitaria a que le hagan la prueba de esfuerzo. El Sergas no puede facilitar datos sobre el paciente porque se lo prohíbe la ley, pero fuentes de ese organismo contradicen la versión de Carlos. «Las pruebas de esfuerzo y los electrocardiogramas son por indicación del especialista. El tiempo medio de espera son treinta días en el Hospital da Costa, eso para las consultas, porque es el especialista el que hace las pruebas”, insisten, aclarando que en realidad lo que se le dio a Carlos es una cita del especialista para una revisión a la que debe llevar los resultados de la prueba de esfuerzo, que le realizarán días antes de esa cita. Pero él no está de acuerdo. «No lo es. Es una prueba diagnóstica, no una revisión».

Carlos tiene 43 años y dos hijos, un pequeño de tres años y una niña de siete. Vive en Burela, pero trabaja de soldador desde hace tres años en un astillero de Figueras, cerca de Castropol, en Asturias, a unos cincuenta kilómetros. Sus padres murieron cuando apenas había superado la veintena y el suyo es el único sueldo que entra en casa. Así que aunque las taquicardias siguen asaltándole repentinamente, siempre lleva ansiolíticos encima y asegura que ha conseguido de algún modo acomodar su mente para poder convivir con ellas. Porque no puede permitirse coger bajas.

«Esto es un astillero, si hay barco, hay trabajo, si no, no. Y si la empresa ve que empiezas a faltar, que no puedes afrontar un problema de salud o que éste se prolonga, tal vez piensen que es mejor no llamarte. Y mi sueldo es lo único que tienen mi mujer y mis hijos. No tenemos abuelos que apoyen el sostenimiento de la familia, ni ayudas de otro tipo. No puedo faltar», expone.

«Ahora que necesito Sanidad Pública, ¿me dejan tirado?»

Carlos se muestra muy duro con la Xunta, con los recortes aplicados por el Gobierno de Feijóo y con la privatización del sistema público de salud. «De mis 43 años he cotizado 25. Nunca estuve enfermo, nunca he tenido que operarme de nada, nunca pasé una noche ingresado en un hospital. Me descuentan un 17% de mi nómina y parte de ese dinero va a la Seguridad Social. Y por supuesto que me parece bien, porque creo en la sanidad pública y me gusta financiarla. Pero ahora que la necesito, ¿me dejan tirado?», se lamenta.

También explica que su caso no es el único, y que sabe de otra persona con dos microinfartos que lleva más de un año esperando por una prueba similar a la suya. «Lo que pretenden es que me vaya a un hospital privado y me gaste mil euros en pagarme yo la prueba, pero no pienso hacerlo. Tengo ese dinero, pero no pienso hacerlo», subraya. No duda un segundo en contestar cuando se le pregunta si no ha pensado en sus hijos: «Claro que sí, es precisamente por eso. No sería un ejemplo para ellos si lo hiciera».

Carlos dice que sabe de lo que habla. Que hace quince años a su mujer le detectaron un tumor benigno en el pecho que crecía casi un centímetro cada mes, y que el cirujano que lo atendió en el hospital Arquitecto Marcide de Ferrol les insinuó varias veces que las listas de espera eran muy largas. Un día, tras una consulta, les dejó una nota con su móvil para que pidieran cita en su consulta de tarde en una clínica privada. «Éramos unos críos», recuerda. A la semana a ella ya la habían operado. Carlos guarda pruebas de todo eso. «Salvo de la factura, claro, porque la clínica no nos la quiso dar». 

Hace una semana, el jefe de Oftalmología del hospital de Pontevedra dimitió alegando que no estaba dispuesto a seguir aceptando que el Sergas camufle las listas de de cataratas retirando a pecientes de la misma para evitar que se sepa que la espera quirúrgica supera el año. Usuarios de ese mismo centro también han denunciado que se los engaña para ser operados de varices en una clínica privada por cirujanos no especialistas que emplean técnicas más cruentas que los del centro público, que sí son especialistas en cirugía vascular. El Sergas niega ambas denuncias. 

Para la Plataforma pola Defensa Pública de A Mariña, que ha ayudado a Carlos a interponer su reclamación, la actuación de la Xunta resulta «intolerable». A Víctor Vila, su portavoz, le parece que está ninguneando a los pacientes y provocando que padezcan sufrimientos innecesarios. «Cifrar en quince o treinta días el tiempo de espera medio para estudios cardiológicos cuando la gente está esperando en realidad un año o más es una desfachatez», añade. Y alerta de que los tiempos de espera de los que presume la Xunta son sencillamente «falsos». 

Carlos, por su parte, repite que él no es el único ejemplo de personas a quienes están haciendo esperar sin motivo para un diagnóstico, que conoce a otras en el mismo hospital que llevan meses sufriendo sin saber cuándo van a recibir el tratamiento que necesitan, y a otras que se han avenido a contratar un seguro privado o a dejarse enredar en esa trama clientelar de amigos, regalos y chanchullos que acaban abriendo las puertas de una consulta o de un quirófano que parecían cerradas a cal y canto. También sostiene que no teme las represalias que puedan ejercer con él: «Alguien tiene que contarlo. Alguien tiene que ponerle cara a lo que están haciendo con la sanidad en Galicia».

[3] Néstor Varela: ocho meses esperando para que el Sergas le diga si su cáncer tiene metástasis

 

Debe someterse a revisiones cada tres meses, pero la administración sanitaria de la Xunta anuló la que tenía en septiembre y no ha contestado a las dos reclamaciones que interpuso

A Néstor Varela García lo operaron casi de urgencia a finales de abril del 2015 en A Coruña por un tumor en la próstata. Tenía entonces 58 años, y los médicos le dijeron que tendría que someterse a revisiones periódicas de por vida porque su cáncer era muy agresivo y el riesgo de metástasis en los huesos y en varios órganos vitales, muy elevado. Néstor vive en Viveiro, en Lugo, y trabajaba de soldador en la factoría de alúmina de Alcoa en San Ciprián. Tuvo que dejarlo, y ahora está jubilado y con una invalidez del 33% a raíz de su enfermedad.

En septiembre pasado, el Servicio Galego de Saúde (Sergas) le llamó para decirle que habían anulado la cita que tenía para someterse a la revisión y que debería haber tenido lugar el 29 de septiembre. Le aseguraron que volverían a contactar con él para darle una fecha nueva. Cinco meses después, sigue sin revisión. 

«El cerebro no deja de darle vueltas. Psicológicamente se lleva muy mal, porque sabes que el cáncer puede volver en cualquier momento», asegura. 

A las pocas semanas de que cancelaran su cita, Néstor fue a su centro médico, el Hospital da Costa, en Burela, a unos 25 kilómetros de Viveiro. Le dijeron que el problema era que no había suficiente personal y que tenían problemas para cuadrar la agenda de citas. «Lo entiendo, pero no creo que eso pueda servir de excusa», declara. «En cualquier empresa, pública o privada, los responsables de la gestión de los recursos humanos están para eso, para resolver problemas, no para aplazarlos”. 

Aquel día quiso poner una reclamación, pero la persona que le atendió sólo le dio un pequeño papel, que no sabe identificar porque no tiene que ver con la hoja de calco amarilla que se quedan los usuarios del Sergas que presentan quejas en el servicio de atención al paciente. «Era un papelito pequeño como esos que te dan cuando pides un justificante para el trabajo», narra. Al salir coincidió con una concentración organizada a las puertas del hospital por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de A Mariña. Uno de los concentrados le dijo que aquel papel no era el justificante normal de las reclamaciones, y que no le serviría de nada. 

«La gente tiene miedo a demandar y que luego no los atiendan, o los atiendan mal».

Pasaban los días y seguían sin llamarlo y sin responder a su queja. «Yo creo que la tiraron a la basura», dice. Pasadas las navidades, decidió volver a contactar con la Plataforma, que lo ayudó a presentar una nueva reclamación, esta vez sellada por el registro, que presentaron el pasado 11 de enero, pidiendo que le dieran cita de inmediato y advirtiendo de que, si no lo hacían, demandaría al hospital y al Sergas. 

Néstor dice que conoce a varios vecinos de su pueblo que atraviesan circunstancias similares. «Otro compañero, prejubilado de banca, lleva nueve meses esperando a que le den cita. Pero tiene miedo a demandar. La gente, en general, tiene miedo a hacerlo y a que luego no los atiendan, o los atiendan mal. Pero a mí no me han dejado otro remedio que decirles que iría a la justicia”. Como Néstor, también Carlos López Riopedre decidió exponer su caso en Público después de casi un año sin noticias de la prueba cardiológica que su médico le había indicado, y que deberían haberle hecho hace seis meses. 

Después de mes y medio de esperar sin que ni la gerencia del hospital ni el Sergas contestaran a su reclamación ni le dieran nueva fecha para su revisión, Néstor volvió a contactar con la Plataforma para que contara su caso a los medios. Al día siguiente de enviar la nota de prensa, a las nueve y cuarto de la mañana, el Sergas se puso en contacto con él para decirle que tiene cita en el hospital para el próximo martes. Tiene que hacérselas cada tres meses porque su vida corre peligro si le detectan metástasis, pero desde la última visita al médico habrán pasado entonces más de ocho meses. 

Pacientes y profesionales sanitarios cuestionan los mecanismos de elaboración de listas de espera

Para Montserrat Porteiro, de la Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de A Mariña, «resulta insultante que se juegue de esta forma con la salud de los pacientes y que se falseen los datos de espera media». Asegura que el hospital cifra en 38 días la demora media en las consultas de especialidades, «cuando la realidad es que tenemos un montón de quejas de pacientes con meses y meses esperando infructuosamente a que los llamen para ser vistos por los especialistas». 

Cada vez son más los pacientes y profesionales sanitarios que cuestionan los mecanismos con los que elabora sus listas de espera la administración sanitaria de la Xunta. Por ese motivo dimitió el mes pasado el jefe de Oftalmología del hospital de Pontevedra, quien llevaba años alertando de que el sistema de citas promovido por la gerencia del centro hacía que los enfermos de cataratas padecieran esperas de más de un año antes de ser operados y que además no se los incluía en ellas. La semana pasada, pacientes de ese mismo centro alertaron de que la administración sanitaria los engañaba para derivarlos a un hospital privado, donde fueron operados de varices por cirujanos que no eran especialistas en cirugía vascular y que empleaban una técnica quirúrgica más rudimentaria y agresiva de la que se usa en el hospital público.

[4] Luisa Iglesias: un año esperando a saber el origen de su tumor en las cuerdas vocales

Por Juan Oliver

Una paciente de Santiago lleva un año esperando a que le realicen tres pruebas diagnósticas ordenadas por su médico, sin que el Sergas la haya incluido en sus listas de espera ni se digne siquiera a responder a sus reclamaciones. “Quiero que me traten en la sanidad pública. Es mi derecho”, dice.

Luisa Iglesias Álvarez empezó a tener molestias y dolores agudos en la garganta cuando aún daba clases en un instituto de Formación Profesional de Compostela. Fue hace ocho años y los médicos le detectaron una pequeña masa en las cuerdas vocales, que le fue extirpado. Una biopsia demostró que afortunadamente, el pequeño tumor no era cancerígeno. Pero a los cuatro meses la hiperqueratosis de su cuerda vocal izquierda se reprodujo y tuvo que operarse de nuevo.

Los otorrinolaringólogos que la atendieron creyeron que la irritación permanente en sus cuerdas podía estar causada por un reflujo esofágico. Y le advirtieron de que, con el tiempo, y si se mantenía, podía ocurrir que los tumores se malignizaran y le ocasionaran un problema más grave. Su médica de cabecera la derivó al servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). En el año 2013 le dijeron que tenía que someterse a tres pruebas diagnósticas: una pH-metría para detectar si tenía un exceso de acidez en su sistema digestivo, una manometría esofágica para estudiar los movimientos de su estómago y su esófago, y una impedanciometría para comprobar su resistencia al paso de los alimentos. Le hicieron las dos primeras, que descartaron la presencia de reflujo, pero la tercera, fundamental para confirmar si los resultados de las anteriores eran concluyentes, quedó pendiente. Esperó y esperó, pero nunca llegaron a hacérsela.

El año pasado, el tumor, benigno, se reprodujo, y volvieron a derivarla al departamento de Digestivo, donde le dijeron que tenían que repetirle las pruebas del 2013, incluida la que no habían llegado a hacerle. El 20 de marzo del 2017 presentó en el hospital la solicitud firmada por el médico para que le sometieran a esos test diagnósticos. Desde entonces sigue esperando a que la llamen.

Luisa tiene dolores y una desagradable sensación de quemazón casi permanente, y, aunque asegura que ha perdido tono de voz, también admite que sus molestias son soportables. “Lo malo no es eso, lo malo es pensar que hay algo que puede estar causándome un problema grave, que pasa el tiempo y no me dicen nada”, esgrime.

El servicio de Digestivo del CHUS es el que tiene las listas más numerosas

El pasado 15 de enero, presentó una reclamación ante la gerencia del hospital reclamando que le den fecha para las pruebas y que la incluyan ya en las listas de espera estructurales. Porque como no la tiene, ni siquiera figura en ellas. De esa forma, el Servicio Galego de Saúde (Sergas) puede presumir de que las esperas para esa especialidad son mucho más cortas de lo que lo son en la realidad. Según la Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS, el servicio de Digestivo del centro es el que tiene las listas más numerosas, “con decenas de personas pendientes de que las llamen para darles cita además de las que ya la tienen fijada”.

La Asociación lleva años denunciando la caótico situación del CHUS, desde los colapsos en Urgencias con enfermos graves esperando horas y días en camillas y sillas de ruedas en los pasillos, hasta las demoras de meses e incluso años para algunos tratamientos e intervenciones quirúrgicas, pasando por la muerte de enfermos de hepatitis C a los que no se les suministraron los fármacos que sus médicos les prescribieron por culpa de los recortes ordenados por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Por ese caso, aún pendiente de juicio, la Fiscalía pide penas de cárcel para dos altos cargos del Sergas. El propio Feijóo los ha respaldado personalmente en el Parlamento gallego, y ambos siguen ocupando cargos de relevancia en el Sergas.

Luisa pedía en su reclamación que le dieran cita a la mayor brevedad posible. Y recordaba a la administración sanitaria que tiene que hacerlo no porque ella lo diga, sino porque está legalmente obligada. Entre otras normas, por la Carta Europea de Derechos del Paciente, que en su artículo 7 recoge que “toda persona tiene el derecho a recibir tratamiento en un tiempo predeterminado y rápido”, y por la Ley General de Sanidad, que reconoce la obligación de la Administración a garantizar que todos los ciudadanos pueden acceder a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad, sin que pueda existir ningún tipo de discriminación debido a sus recursos financieros, lugar de residencia o tipo de enfermedad, ni tampoco por el tiempo de acceso a esos servicios.

«Está afectando negativamente a mi salud y demorando injustificadamente el tratamiento que preciso»

En su queja, Luisa advertía al Sergas de que sus derechos están siendo vulnerados, porque la decisión del Sergas de no darle cita para no incluirla en las listas de espera estructurales es discriminatoria, ya que hay pacientes que sí la tiene, y porque, sobre todo, la deja en una situación de indefensión “no definida legalmente y falta de toda protección”. Además, advierte de que esa actuación le está provocando daños físicos y morales. “Está afectando negativamente a mi salud y demorando injustificadamente el tratamiento que preciso, ya que además de los dolores en la garganta que padezco periódicamente, existe el riesgo de que la permanente exposición al ácido del estómago provoque daños irreparables en las cuerdas vocales”.

Ha pasado mes y medio desde que Luisa le contó todo esto a la Consellería de Sanidade de Feijóo, que dirige el conselleiro Jesús Vázquez Almuiña. Pero el Sergas ni siquiera se ha dignado a contestar. Así que ha enviado un requerimiento a la Valedora do Pobo (la Defensora del Pueblo de Galicia en asuntos de competencia autonómica), que sí ha acusado recibo de su petición asegurando que investigará su caso.

Luisa dice que podría permitirse costear un médico privado y hacerse las pruebas que necesita pagándolas de su bolsillo, porque otras veces ha recurrido a la medicina privada. Pero ahora no quiere hacerlo. Afirma que cree en la sanidad pública, que trabajó durante decenios cediendo parte de sus ingresos para financiar a la Seguridad Social y que no piensa dejarse llevar por esa corriente que parece pretender que los hospitales públicos funcionen rematadamente mal para que los pacientes opten por recurrir a los privados cuando aquéllos no resuelvan sus problemas. “Quiero que me traten en la sanidad pública. Es mi derecho. Y no voy a parar hasta que lo consiga”

[5] El Tribunal de Cuentas gallego no investigará las facturas millonarias irregulares abonadas a las subcontratas del hospital de Pontevedra

Por Juan Oliver

El Consello de Contas admite que podrían violar la ley de contratos públicos, pero alega que fiscalizarlas no figura entre en el plan de trabajo que acordó con el Parlamento de Galicia.

[6] Galicia vuelve a la calle contra la reforma sanitaria de Feijóo que pretende hacer “un negocio” de la sanidad pública

Por Juan Oliver

Las plataformas que convocaron concentraciones el pasado miércoles, y una gran manifestación en Santiago el 4 de febrero, advierten de que la nueva ley reforzará las privatizaciones, reducirá la calidad asistencial y provocará más caos en Urgencias

Las asociaciones en defensa de la sanidad pública en Galicia arrancaron el pasado miércoles en varias ciudades de la comunidad su campaña de movilizaciones contra la reforma sanitaria del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Miles de personas secundaron las concentraciones en el centro de las villas o frente a los centros de salud para exigir la retirada de una norma que, a su juicio, ahonda en el proceso de privatizaciones iniciado por la Xunta contribuyendo a deteriorar aún más la complicada situación de la atención sanitaria. Las citadas organizaciones preparan una gran manifestación en Santiago el próximo 4 de febrero.

En medio de un repunte de la epidemia de gripe que según los médicos no ha hecho más que empezar, las últimas semanas han puesto de manifiesto las críticas consecuencias de los recortes aplicados por Feijóo al sistema de salud, con la misma escena repitiéndose cíclicamente en varios hospitales: enfermos graves encamados durante horas en camillas o sillas de ruedas plantadas en los pasillos, con el personal sanitario saltándolas literalmente para poder desplazarse por el servicio.

En plenas fiestas de navidad, la junta de personal del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña llegó a denunciar a la gerencia del centro ante el juzgado de guardia por su inacción ante el colapso. Frente una situación similar en Santiago, la Xunta dijo que no existía tal colapso si al enfermo se le podía encamar, aunque los médicos tuvieran que explorarlo en medio de un corredor y aunque se violaran las normas más básicas de salvaguarda de su intimidad. El pasado 9 de enero, la familia de una octogenaria que sufría un cólico intestinal denunció que la mujer se pasó cinco horas en el Hospital da Costa, en Burela, en el litoral lucense, esperando a ser atendida. Tuvo episodios tan agudos que la hacían gritar de dolor, pero sus familiares afirman que el personal estaba desbordado. La familia mostró su respeto por el trabajo y dedicación de médicos y enfermeras, pero la situación que atravesó la mujer les parece inhumana. Dos días después, la gerente del hospital dijo que la situación en Urgencias era de absoluta normalidad.

Las asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios acusan a Feijóo de haber emprendido un proceso encubierto de privatización que ha derivado en un considerable descenso de la calidad asistencial en todos los ámbitos. Ese proceso, del que se benefician un puñado de hospitales y clínicas privadas instaladas en la comunidad, incluyó también la purga de médicos y su sustitución por otros más afines a los intereses del PP. Ahora, esas plataformas temen que la reforma de la Lei de Saúde, que la Xunta aprobó de tapadillo en el puente del pasado diciembre y que está falta de su aprobación parlamentaria en una cámara donde Feijóo cuenta con mayoría absoluta, constituya el comienzo de una nueva oleada privatizadora.

La reforma generalizará “los chiringuitos de gestión privada” y permitirá seleccionar al personal “por criterios de afinidad o finalidad política”

“El Consello da Xunta pretende reformar la Lei de Saúde para desmontar el sistema sanitario público, desmantelando la red de hospitales comarcales con la finalidad de reducir el gasto pero alejando a la población rural de los recursos hospitalarios”, asegura Manuel Martín, portavoz de la plataforma SOS Sanidade, quien sostiene que la reforma generalizará “los chiringuitos de gestión privada” y permitirá seleccionar al personal “por criterios de afinidad o finalidad política”. A su juicio, también “blindará la privatización de la I+D+i y y la formación de personal por medio de una Agencia Galega para la Gestión del Conocimiento y la Salud, que está parasitada por laboratorios y fondos de inversión y que favorecerá los negocios privados de las empresas con recursos del sistema público”.

Con su primera acusación, Martín se refiere a la reorganización territorial de la red de hospitales, en la que los centros comarcales pasarán a depender de los hospitales urbanos. En los últimos años los centros pequeños ya han ido perdiendo especialidades, cuyos usuarios tienen que acudir a los hospitales de las ciudades. Estos ya están saturados, en muchos casos porque los recortes han obligado a cerrar o a mantener en precario algunos servicios, por lo que derivan enfermos a las clínicas privadas.

Vila desgrana cómo se las ingenia la Xunta para cerrar las especialidades más comunes “y que dé la impresión de que no son necesarios”. “Hace año y medio todos los embarazos con nacimiento previsiblemente prematuro se derivan también a Lugo. ¿El resultado? Las estadísticas dicen que aquí no nacen prematuros, por lo que será fácil decir que no es necesario un servicio específico. Y se olvida que un nacimiento prematuro obliga a la madre a hacer constantes viajes a Lugo, y que cuando el niño nace queda ingresado, por lo que su madre debe hospedarse en un hotel. Esos gastos corren a su cargo. Y eso sin contar los desplazamientos del padre y del resto de familiares”, desgrana Vila, quien recuerda que Galicia se ha convertido en “una golosina” para las grandes empresas que mantienen convenios para tratar en sus hospitales a pacientes de la sanidad pública. Como Vithas, con centros en Pontevedra, Marín, Vigo, Sanxenxo y A Estrada; Povisa, que gestiona en Vigo el mayor hospital privado de España; Hospitales de Madrid (HM), con dos centros en A Coruña, dos en Santiago, uno en Vigo y otro en Pontevedra; o como Quirón, con hospitales y centros en Pontevedra y A Coruña.

“La Xunta dice que la nueva norma no va a cambiar nada. ¿A quién quieren engañar? ¿Desde cuándo se reforma una ley para que no cambie nada?”, se pregunta. Y se contesta: “La reforma está pensada para darle negocio más negocio a la sanidad privada”.

Desde el inicio de su carrera política, Feijóo ha estado siempre relacionado con los procesos de privatización de servicios públicos, empezando por la atención sanitaria. Era secretario xeral de la Consellería de Sanidade cuando su titular, el ex ministro de Aznar José Manuel Romay Beccaría, ideó la red de fundaciones con las que intentó entregar al sector privado la gestión de los servicios de algunos centros, como el Área del Corazón del hospital de A Coruña, e incluso de hospitales enteros, como el de Verín. Fue presidente del Instituto Nacional de la Salud en plena oleada privatizadora de los gobiernos de Aznar, y antes de convertirse en delfín de Fraga, director general de Correos y Telégrafos, donde pilotó la transición de esa empresa pública desde el monopolio hasta el mercado libre. Una de sus primeras decisiones tras acceder a la Presidencia de la Xunta fue modificar el proyecto del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que cubre un área sanitaria de más de 600.000 personas, para abrirlo al sector privado asignándolo, según Manuel Martín, “a una concesionaria integrada por bancos rescatados con dinero público y constructoras en quiebra” y con un modelo de financiación cuestionado por la Comisión Europea.

[7] Así maquilla la Xunta de Feijóo las listas de espera de la sanidad gallega

Por Juan Oliver

El jefe de Oftalmología del hospital de Pontevedra dimite de su cargo tras meses denunciando la depauperación de su servicio y los métodos del Servicio Galego de Saúde para camuflar el número de enfermos y derivar pacientes a hospitales privados

El método es sencillo: a un paciente se le diagnostican cataratas y el oftalmólogo le dice que para curarlas tiene que operarse. Pero en vez de incluirlo de inmediato en las listas de espera quirúrgica, la administración hospitalaria lo deriva a otra consulta posterior con otro especialista. La cita puede ser para dentro de un año, o más, pero el enfermo no figurará en las listas de espera para cirugía oftalmológica, las más largas de la sanidad gallega. Y así, la Xunta puede presumir de que los plazos de atención siguen siendo razonables y el conselleiro de Sanidade de turno, en este caso el ex alcalde de Baiona Jesús Vázquez Almuíña, miembro del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo desde el 2015, loar las bondades de su gestión y presumir ante la oposición de que con menos dinero lo hace más y mejor que sus antecesores.

El método quizá sea sencillo, pero supone jugar con la salud y con la calidad de vida de las personas para obtener ventajas políticas. Y los médicos de ese hospital llevan años denunciando que la situación es muy grave, advirtiendo de que se trata de un problema político y de administración de recursos y proponiendo a los responsables políticos del Servicio Galego de Saúde (Sergas) soluciones a su alcance para poder operar cuanto antes a sus pacientes, aun a costa de hacerlo a base de peonadas, para evitar que se deriven pacientes a hospitales privados. La respuesta de la Xunta es el silencio, y algunos de esos galenos, sencillamente, ya no pueden más.

Le ha sucedido al jefe del Sericio de Oftalmología del Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP), el doctor Pedro Corsino Fernández Vila, quien presentó su dimisión hace diez días con un duro escrito al que ha tenido acceso Público, en el que describe el grave deterioro de la situación en su departamento. “Yo me veo incapaz de dirigir y liderar (va a exigir altas cualidades morales) este proyecto”, afirma. Fernández Vila ha anunciado a sus colaboradores que, además, deja la sanidad pública y se pasa a la privada.

El desencanto tiene su origen hace más de un año, cuando empezó a dirigirse a la gerencia del hospital de forma verbal y por carta para denunciar que las listas de espera quirúrgica que la Xunta presentaba triunfalmente no se adecuaban a la realidad ni mucho menos a la percepción social de las mismas. En una misiva enviada el 25 de abril del 2017 a la que también ha accedido Público, Fernández Vila explicaba así el truco de las citas consecutivas antes de la inclusión en las listas de cirugía, así como las consecuencias sobre los enfermos: “El tiempo medio de espera en cirugía de cataratas en el CHOP es, según el cuadro de mandos, de aproximadamente 30 días (…) Sin embargo, esas cifras contrastan vívidamente con las percibidas por el paciente y su familia, ya que una vez que el paciente ha sido diagnosticado de cataratas (…) ha de esperar un largo tiempo, que a algunos de ellos, por su nivel de visión y progresión, se les hace eterno”.

La incertidumbre desde que el médico diagnostica cataratas hasta que el hospital les opera les podía durar más de un año

Las cataratas provocan una notable disminución de la capacidad visual y, dado que privan al enfermo de la posibilidad de realizar numerosas tareas cotidianas, suponen también un notable deterioro de su calidad de vida. La cirugía devuelve la visión o la mejora en un 90% de los casos, y la mayoría de expertos son partidarios de operar cuanto antes, por esas razones y también porque el progresivo daño en el cristalino del ojo puede provocar que las intervenciones en estadíos más avanzados resulten más difíciles y con postoperatarios más complicados.

A los pacientes del CHOP, la incertidumbre desde que el médico se las diagnostica hasta que el hospital les opera les podía durar más de un año. Porque según aseguraba Fernández Vila en su carta del 25 de abril del año pasado, la deriva a una nueva consulta multiplicaba por más de diez el plazo del que presume el Sergas: “Las [segundas] citas se están dando para el verano del 2018”. “Las consultas de catarata en el hospital, por su carácter de citas consecutivas, no salen aparentemente en letras y números rojos en los cuadernos del cuadro de mandos”, añadía el galeno. “Pero las cifras y sus consecuencias sociales siguen estando ahí presentes, vivas y produciendo un zumbido sordo, pero de alta frecuencia, que aturde nuestros oídos y cerebros”, subrayaba.

Fernández Vila llevaba años alertando de graves problemas en su servicio, como la creciente ausencia de anestesistas en los quirófanos, que impedían hacer operaciones de cirugía mayor al ritmo que exigía la llegada de pacientes. O la exagerada deriva de pacientes al Hospital Miguel Domínguez de Pontevedra, propiedad del grupo privado Quirón, al que llegaron a derivarse entre 600 y 700 operaciones al año. El médico también proponía soluciones, como la realización de peonadas para hacer cirugías extraordinarias por las tardes –los recortes de Feijóo acabaron con ellas, pues el Sergas debe abonarlas aparte al personal sanitario-, o si la Xunta lo consideraba más rentable, la contratación de un oftalmólogo para sacarlas adelante.

Nadie le hizo caso. “La respuesta fue el silencio”, afirma el médico, que en diciembre pasado volvió a exponer el problema a la gerencia del centro advirtiendo de que si no se presentaba una solución de manera inmediata, dimitiría. La propuesta que le hizo el Sergas, a su juicio, era de imposible cumplimiento, pues pasaba por hacer más intervenciones sin contar con más medios ni con más oftalmólogos. Otro truco. Así que dimitió, porque no veía otra solución. “Aunque… Puedo no estar en lo cierto y sí puede haber una solución”, admite en su misiva. “Derivar a los pacientes a la medicina privada. Pero ahí no estoy dispuesto a llegar, al considerar que no se estaría haciendo una buena administración de los recursos públicos”.

Público no ha pudo obtener la versión del Sergas sobre la dimisión de Fernández Vila ni sobre el modelo de elaboración de las listas de espera oftalmológica antes de la publicación de la primera versión de este artículo. Pero con posterioridad sí recibió una nota de prensa de la gerencia del CHOP, en la que asegura que “respeta” la decisión del médico de dimitir y en la que puntualiza varios aspectos de su carta, aunque sin explicar el fondo del asunto.

El hospital asegura que la solución presentada por el jefe de Servicio para disminuir las listas de espera “contemplaba exclusivamente la vía de programar actividad quirúrgica extraordinaria de forma estable” por las tardes, pero sin plantear “medidas de mejora en la gestión y en la organización de las consultas para poder dar respuesta” al problema en la jornada de mañana “tal y como se le propuso. La gerencia también asegura que se ha adherido al protocolo pactado con el Sergas con el resto de jefes de Oftalmología del resto de hospitales para la elaboración de las listas de espera de cirugía de cataratas. También desmiente que en los últimos años se enviaran pacientes a la sanidad privada, como aseguraba Fernández Vila en su escrito, ni que esa posibilidad “estuviera sobre la mesa” durante las conversaciones mantenidas con él.

Por su parte, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) asegura que la denuncia del factultativo pone de manifiesto “que las listas de espera de la Xunta se maquillan para satisfacer criterios políticos”, tal y como apuntan sus responsables en Galicia. Los portavoces de la Asociación Batas Blancas también relacionan la dimisión del oftalmólogo con “las presiones políticas que sufren los jefes de servicio de los hospitales gallegos”, y recuerdan que varios de ellos han sido purgados y apartados de sus cargos, sustituidos por otros médicos afines al poder mediante oposiciones amañadas anuladas posteriormente por los tribunales.

[8] Así purga Feijóo a los médicos que defienden la sanidad pública

Por Juan Oliver

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha declarado nulos los procedimientos que permitieron sustituir por facultativos afines al PP a media docena de jefes de servicio de varios hospitales mediante ceses ilegales y oposiciones amañadas.

El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo ha realizado una auténtica purga en la clase médica gallega despojando de sus cargos a media docena de jefes de Servicio de varios hospitales que podían resultar incómodos para ejecutar sus planes de recortes y privatizaciones en la sanidad pública. Desde que el PP llegó al poder en el 2009, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado los procedimientos por los que se les sustituyó, declarando ilegales sus ceses u obligando a realizar de nuevo las oposiciones amañadas que permitieron colocar en su lugar a personas afines a esa formación.

La última sentencia es del pasado 26 de octubre, y anula el concurso que arrebató su plaza a Víctor Pedreira, jefe de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP) desde 1982 y quien fue destituido el mismo día en que cesó como subdirector general de Salud y Drogas de la Xunta que presidía el socialista Emilio Pérez Touriño. Tanto la jueza de primera instancia como el TSXG han fallado que aquella oposición estaba viciada con un evidente “desvío de poder” destinado a entregar el puesto al doctor Isauro Gómez Tato. Consideran probado que el tribunal no era imparcial, sino hostil a Pedreira, y que la nueva gerencia del CHOP modificó y ocultó los baremos de evaluación para que el primero obtuviera una puntuación superior.

La purga en el CHOP empezó a las pocas semanas de que Feijóo ganara las elecciones autonómicas de abril del 2009 y empezara a aplicar una drástica reducción del presupuesto sanitario. A Pedreira le llegó la notificación de su cese el 22 de mayo, muy poco después de que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) nombrara gerente del hospital a José Manuel González, quien había sido el último consejero de Sanidad de la Xunta de Manuel Fraga.

Pedreira no fue su única víctima. Ese mismo mes, veinte días antes, González había destituido a Enrique Vázquez Astray, jefe del Servicio de Digestivo, y poco después, también en mayo, a Enrique Temes, jefe de Neumología. En octubre del 2012, el TSXG anuló la destitución de Vázquez Astray, declarándola contraria a Derecho y acusando a la Xunta de haber actuado con “mala fe” y de haber cuestionado injustamente “su honor y prestigio profesional”. Un año después, el mismo tribunal devolvió su plaza a Temes y anuló la oposición que se le había regalado al doctor Antonio Pena, al entender que también fue amañada para perjudicar al primero.

El proceso no se limitó al CHOP. En el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) la purga también desplazó a José María Borro, jefe de Cirugía Torácica, quien fue destituido por denunciar ante la gerencia del hospital que otros médicos de su departamento estaban derivando pacientes a clínicas privadas donde los operaban de cáncer cargándoles la factura a sus seguros privados. La Justicia también revocó su cese. Como revocó el de Evaristo Varo, jefe de Cirugía Digestiva del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, quien fue cesado en aquel mes de mayo del 2011 en otra oposición que el TSXG consideró manipulada y que entregó la plaza a Manuel Bustamante, el marido de Rocío Mosquera, la primera gerente del Sergas de Feijóo y que sería nombrada consejera de Sanidad pocos meses después.

Bajo su mandato estalló el escándalo por la negativa del Sergas a proporcionar el tratamiento que necesitaban varios enfermos de hepatitis C, en un asunto motivado por los recortes, aún pendiente de resolución judicial y por el que la Fiscalía acusa de homicidio imprudente a dos altos cargos de la Consejería de Mosquera. Feijóo se ha negado a destituirlos e incluso ha afirmado en el Parlamento de Galicia que el proceso contra ellos es “indigno”.

Todos los casos de médicos purgados tienen las mismas pautas. Se trata de facultativos veteranos, con un elevado nivel de reconocimiento entre sus compañeros de profesión y que contribuyeron a poner en marcha la sanidad pública en Galicia en los años ochenta y noventa, cuando algunos de los departamentos que gestionaban ni siquiera existían. Algunos incluso fueron fichados por los gobiernos de Manuel Fraga para que empezaran a aplicar en Galicia técnicas pioneras que estaban aplicando con éxito en otros hospitales de España. Era la época en la que el exministro y extesorero del PP José Manuel Romay Beccaría ocupaba la Consejería de Sanidad. Y Feijóo era su mano derecha y secretario general.

Tal vez porque conocía a personalmente a muchos de ellos, y porque sabía que su prestigio los situaba en una posición de relevancia social entre pacientes y profesionales sanitarios, cuando Feijóo llegó al poder en abril del 2009 ya intuía que podían resultar muy molestos a la hora de aplicar los recortes que planeaba.

“Un buen jefe de servicio en un hospital es el que exige medios, el que reclama más personal, el que te pide mejorar las cosas, porque esa es la forma de aumentar la calidad asistencial”, explica Pedro Soler, exgerente de Primaria en Mallorca y también, por este orden, de los hospitales de Burgos, Pontevedra, Ourense y O Salnés (Vilagarcía). Llegó a Galicia en el año 1994, justo tras la transferencia a la Xunta de las competencias de sanidad. Lo ficharon Romay y Feijóo y se mantuvo al frente del hospital de O Salnés durante el Gobierno bipartito del PSOE y el BNG hasta que el Sergas lo destituyó, también, en mayo del 2009.

Conoce bien al presidente de la Xunta, quien, asegura, “no cree en la Administración pública. Piensa que el sector privado es más eficaz y funciona mejor”. Y recuerda que tener “comisarios políticos” en las gerencias de los hospitales y en las jefaturas de Servicio facilita también hacer un uso incontrolado del presupuesto sanitario. Soler es delegado en Galicia de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y fundador con varios de los galenos purgados de la Asociación Batas Blancas, que acaba de denunciar ante el Consello de Contas de Galicia que el CHOP sigue pagando facturas millonarias a firmas privadas por valor muy superior al coste real y cuya concesión ya ha expirado.

En el año 2009, el presupuesto de la sanidad gallega era de 3.766 millones de euros. Feijóo lo redujo en el 2010 a 3.728 millones, excluyendo la inversión en prevención en materia de drogadicciones que la Xunta incluyó entonces como inversión sanitaria para camuflar los recortes, que continuaron en los años siguientes y que no se han recuperado desde entonces (en el 2017 el Sergas contó con 3.558 millones de euros).

Víctor Pedreira llevaba al frente de la unidad de Psiquiatría del CHOP desde 1982. Él la fundó, y fue la primera de Galicia que empezó a registrar ingresos hospitalarios de pacientes afectados por patologías psiquiátricas. Hasta entonces, se los estigmatizaba, y con ellos a la psiquiatría como ciencia médica, enviándolos directamente al manicomio sin tener en cuenta que algunas enfermedades podían ser síntomas de una dolencia física, como un tumor cerebral, o que ambas podían revelarse simultáneamente.

Pedreira se muestra muy sorprendido por el hecho de que a pesar de que el TSXG haya anulado la oposición que le despojó de su plaza, la Xunta no haya cesado al médico que la ocupa. Él ya está jubilado, pero asegura que peleará para incorporarse de nuevo, no sólo para hacer efectiva la “reparación moral” que la Justicia le ha reportado cinco años después, sino también como acto de “reparación social”, porque sus compañeros le aseguran que su sustituto ha echado por tierra el trabajo de años: “Se ha vuelto a estigmatizar a los pacientes obligándolos a vestir pijama, cuando no es necesario, se les quitan sus pertenencias y se les aplican medidas de contención física con mucha más frecuencia”.

Como Pedreira, José María Borro, el exjefe de Cirugía Torácica del CHUAC, se muestra dolido por el trato recibido. La Xunta de Fraga lo fichó en 1998 para que empezara a aplicar en A Coruña las técnicas que empleaba con pacientes de cáncer de pulmón en Valencia. Tras quince años de trabajo, y por denunciar que otros médicos se estaban lucrando enviando pacientes del Sergas a su clínica privada, el Colegio de Médicos llegó a sancionarlo con una multa de 2.000 euros y suspensión de colegiación, una medida que fue revocada el año pasado por los tribunales en una sentencia que asegura que aquel castigo fue injusto y carente de fundamento, ya que Borro se limitó a cumplir su obligación. “Es un funcionamiento mafioso. Al que no se amolda, le cortan la cabeza, como castigo y como advertencia al resto”, sostiene Borro, hoy presidente de Batas Blancas.

También fue un fichaje Evaristo Varo, jefe de Cirugía Digestiva en Santiago y quien llegó a Galicia en 1994 desde el hospital Reina Sofía de Córdoba, con Romay y Feijóo en la Consejería de Sanidad, para poner en marcha los programas de trasplante de hígado, riñón y páncreas de la capital gallega. Varo también es profesor de la Universidad de Santiago, pero ni eso ni su experiencia profesional impidieron que fuera cesado para que su cargo lo ocupara un adjunto al que había formado y que estaba casado con la gerente del Sergas de Feijóo. El TSXG anuló la oposición que le arrebató la plaza porque el tribunal no era imparcial y tenía el “designio” de “postergar a un candidato y primar al otro”.

Varo atiende al teléfono el sábado por la mañana, después de una noche entera en el quirófano para un doble trasplante de hígado, y asegura que la Xunta del PP quiere en los hospitales “personas que puedan manejar, que no sean críticos”. Y lamenta lo que les ha ocurrido a él y a los otros médicos purgados, a los que han intentado “arruinar sus últimos años de carrera profesional” y a los que se sigue persiguiendo. A él llegaron a abrirle expediente por operar a una paciente de nacionalidad portuguesa, un supuesto más que habitual en Galicia.

Esa persecución también la sufrió Enrique Vázquez Astray, el jefe de Digestivo del CHOP cesado por el ex consejero José Manuel González. Cree que el gerente del CHOP la emprendió con él porque le advirtió de que no se plegaría a las medidas que quería imponer para cumplir con los objetivos económicos tras los recortes presupuestarios, y por cuyo cumplimiento obtenía un plus económico. “Era lo único que le importaba y todo lo supeditaba a eso”, señala.

Mientras tanto, a quienes colaboran en la escabechina se les sigue premiando, como al sustituto de Vázquez Astray, el doctor Juan Turnes Vázquez, quien acaba de ser nombrado miembro del Consello Asesor del Sistema Público de Saúde de Galicia, o a José Manuel González, quien se mantuvo al frente del CHOP hasta febrero de este año, cuando la presión de sindicatos, colegio de médicos y asociaciones de pacientes y de profesionales sanitarios obligó a la Xunta a destituirlo. Según Batas Blancas, sigue cobrando su sueldo pese a que no se ha sometido al preceptivo período de reciclaje para volver a la práctica médica después de años dedicado a una gestión hospitalaria completamente politizada.

Más ejemplos: el primer gerente del CHUAC nombrado por Feijóo fue Alfredo García Iglesias, coordinador del programa electoral del PP en materia sanitaria y quien figuraba en las listas de esa formación en las últimas municipales. Quien hoy le sustituye, Luis Verde, forma parte de la ejecutiva del PP de Pontevedra. Y la gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) es Eloína Núñez, prima carnal del presidente de la Xunta y quien ocupaba hasta febrero pasado la gerencia del complejo hospitalario de Ourense.

La purga que se llevó por delante a algunos de los médicos más prestigiosos de Galicia empezó hace años, cuando Feijóo llegó al poder, pero se mantiene con él a pesar de que la Justicia ha fallado una y otra vez en contra de la Xunta, y de que serán los contribuyentes gallegos los que asuman el pago de las costas judiciales y de las indemnizaciones que puedan derivarse. El proceso no ha terminado. Hace tres semanas, el catedrático Arturo González Quintela fue apartado de la jefatura de Medicina Interna del CHUS, y su plaza, asignada a un médico con mucha menos experiencia, méritos y prestigio profesional. Su única opción ha sido recurrir a los tribunales. Su ventaja, quizá, que éstos ya han dejado sobrada jurisprudencia al respecto.

[9] Pacientes en los pasillos, camillas prestadas y ambulancias paradas en el hospital que dirige la prima de Feijóo

Por Juan Oliver

Los pacientes de Urgencias del área sanitaria de Compostela, cuya gerente Eloína Núñez es pariente del presidente de la Xunta, denuncian que la falta de medios materiales y humanos del centro provoca serios colapsos y la desatención de los enfermos.

El servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), cuya gerente es la prima del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sigue padeciendo severos déficits de atención a los pacientes a pesar de que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) se comprometió hace escasas semanas a resolver los colapsos que padeció el departamento durante los episodios más críticos de la epidemia de gripe desatada a principios del invierno.

Según la Asociación de Pacientes e Usuarios del centro, la semana pasada ocurrieron numerosos incidentes debido a la escasez y deterioro de los medios materiales y técnicos del hospital Clínico, uno de los centros adscritos al área sanitaria de Compostela junto al Hospital Gil Casares y al Hospital de Conxo, y que dirige Eloína Núñez.

El fin de semana dejaron de funcionar los equipos de rayos X, lo que obligó a derivar a los pacientes a otras plantas. No los arreglaron hasta el lunes, pero el miércoles volvieron a estropearse, por lo que varios enfermos que necesitaban esas pruebas tuvieron que que darse sin ellas dado que durante los días laborables el departamento de Radiología tiene toda su agenda completa. A los que ya se les habían realizado con los equipos estropeados, hubo que someterlos a nuevas exposiciones de rayos con el consiguiente riesgo añadido para su salud.

Los colapsos en Urgencias del Clínico son habituales desde hace meses, y obligan al personal médico a atender a los pacientes, incluso a los diagnosticados con dolencias graves, en camillas o sillas de ruedas ubicadas en los pasillos del departamento. Pero durante varios días de la semana pasada hasta se agotaron las camillas, por lo que los sanitarios se las tuvieron que pedir prestadas a los trabajadores de la subcontrata del servicio de ambulancias. Varios vehículos de emergencia quedaron inutilizados al no disponer de un elemento fundamental para el traslado de los enfermos, pero como ni siquiera esas camillas fueron suficientes, también hubo que pedírselas en préstamo al punto de atención continuada situado enfrente del hospital. Según la Asociación de Usuarios e Pacientes del CHUS, algunas de esas camillas no cumplían los requisitos técnicos requeridos para los pacientes de Urgencias.

Por si fuera poco, el miércoles también se agotaron las botellas de oxígeno con las que cuenta el servicio y que se utilizan para trasladar de servicio en servicio y de planta a planta a los enfermos que necesitan esa ayuda respiratoria. De nuevo hubo que recurrir al préstamo desde otras áreas asistenciales para poder atenderlos, dado que no fueron repuestas a tiempo.

“El grado de deterioro de las Urgencias está alcanzando límites alarmantes”, señalan fuentes de la asociación, que aluden al “racionamiento de las camas, la obsolescencia de los equipos y la falta de personal” como causa de que se haya generado “una situación insostenible y de imposible manejo” para médicos y enfermeras y que tiene “graves consecuencias para la salud de los pacientes y la calidad asistencial”. “Todo eso redunda en una violación de nuestra integridad moral y física”, añaden.

En cuanto a los médicos, el plan de Núñez pasaba por elevar a cinco el número de equipos de guardia, frente a los seis que reclamaban los propios galenos, pero manteniendo también la misma nómina de facultativos que los profesionales consideran insuficiente: doce por las mañanas y las tardes y seis por las noches en los días laborables, y ocho en los turnos de mañana y tarde y seis en el de la noche en los fines de semana.

La junta de personal del CHUS lleva varios meses denunciando la situación del servicio de Urgencias y reclamando no sólo que se incremente la dotación de personal necesario para atenderlo, sino también la provisión de elementos materiales tan esenciales para su funcionamiento como las camillas, las sillas de ruedas y las bombonas de oxígeno.

[10] Feijóo aprueba en pleno puente la reforma de la Sanidad que traerá más recortes y desigualdad

Por Juan Oliver

La oposición y las asociaciones de defensa de la sanidad pública advierten de que la nueva ley, contra la que se han manifestado miles de gallegos, discriminará a los pacientes de las áreas rurales y promoverá el negocio de la medicina privada

El Consello de la Xunta ha aprobado este jueves, en pleno puente de la Constitución, la polémica reforma sanitaria de Alberto Núñez Feijóo. Según la oposición al Partido Popular y los colectivos de defensa de la sanidad pública, que se han manifestado reiteradamente contra la reforma, la nueva normativa discriminará a los pacientes de las áreas rurales y más despobladas de la comunidad, cuyos hospitales pasarán en la práctica a tener una “menor categoría” que los de las grandes ciudades. También creen que rebajará la calidad asistencial, que permitirá asestar nuevos recortes a la inversión en salud y que promoverá y facilitará el proceso de privatizaciones.

Una de las principales novedades de la reforma de la ley de Salud es que se modifica el mapa de la administración sanitaria, que hasta ahora estaba diseñado en torno a las llamadas estructuras organizativas de gestión sanitaria (EOXI, en sus siglas en gallego) que agrupaban a las áreas sanitarias, distribuidas en torno a los hospitales urbanos y comarcales.

Cuando la ley sea aprobada por el Parlamento de Galicia, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, se crearán catorce distritos sanitarios, donde la gestión de los hospitales comarcales dependerá de los centros ubicados en las grandes ciudades.

Según denuncia En Marea, en hospitales como el de O Salnés, en Vilagarcía de Arousa, ya se han eliminado especialidades tan relevantes como la Cardiología y la Neurología, y se derivan pacientes a centros privados como el Quirón de Pontevedra mientras se mantiene cerrada seis meses al año una planta entera del centro público. En Burela, en el norte de Lugo, ya no se operan cataratas.

Y en muchos centros ni siquiera se cubren no ya las bajas por jubilaciones o traslados de profesionales sanitarios, sino también las causadas por enfermedad o incluso por libranzas y vacaciones, lo que obliga, de nuevo, a derivar enfermos a la medicina privada.

Según Luis Villares, portavoz de En Marea en el Parlamento gallego, la reforma agravará esa situación porque, literalmente, hace que la sanidad pública sea la responsable de “prestar atención a las necesidades sociales” para centrarse en exclusiva “en la gestión de los recursos disponibles”.

Para la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, además, la reforma persigue otros objetivos: de un lado, “quitar poder e influencia a las comarcas y a sus hospitales de referencia para centrar todo el poder en determinados hospitales”, donde sus responsables lo serían también de la adjudicación de subcontratas.

Y en ese punto cabe recordar el proceso de purga en varias jefaturas de servicio de diversos hospitales que ha emprendido el Gobierno de Feijóo para ubicar en ellas a personas afines, y cuyos nombramientos han sido tumbados en los tribunales. O los informes del Consello de Contas de Galicia y las denuncias de Batas Blancas en torno a las irregularidades en las adjudicaciones y subcontratas del hospital de Pontevedra.

De otro lado, se trata de “poner los servicios más relevantes y con mayor capacidad de gasto de los grandes hospitales al servicio de la industria” farmacéutica, ya que la nueva ley les faculta para financiar la investigación de nuevas patentes con fondos públicos y en centros públicos, para luego registrarlas a nombre de esas empresas mediante la figura legal de la compra pública innovadora: “La Xunta compra con dinero público una innovación aún inexistente que las empresas se comprometen a intentar llevar a cabo. SI la operación no sale se reparten las pérdidas, pero si sale, la patente es para la industria”.

La asociación considera que la reforma “consolida el negocio de la industria privada con fondos sanitarios públicos mediante las nuevas figuras de contratación” y permite que las universidades y sus profesionales “estén al servicio de las multinacionales” de la industria farmacéutica.

La Xunta, sin embargo, niega la mayor y asegura que los ciudadanos no notarán cambios con la nueva distribución asistencial. De hecho, el propio Feijóo aseguró el jueves que su reforma “blinda” la prestación de servicios en todos los hospitales, así como su existencia, dado que “ningún Gobierno podrá disminuir o eliminar un hospital comarcal en Galicia si no es por ley y por autorización” del Parlamento.
Además, insistió en que la normativa beneficia a los profesionales sanitarios porque “por primera vez se autorizan concursos de traslados abiertos y permanentes” y se “facilita una mayor movilidad dentro de las áreas” asistenciales.

En los últimos meses, miles de personas han protestado en toda Galicia contra la nueva regulación sanitaria, con manifestaciones multitudinarias en la mayoría de hospitales comarcales. Consciente de los rechazos que suscita, la Xunta la ajustado a un calendario en el que los pasos más importantes se han dado coincidiendo con las vacaciones. El PP la presentó en verano, y tuvo que ampliar el período de exposición pública ante las protestas del sector y las acusaciones de opacidad. Ahora, a falta del trámite parlamentario, la ha aprobado en medio del puente festivo más largo del año.

[11] La Xunta oculta un acuerdo para que un fabricante de equipos cardiológicos organice el área del corazón de tres hospitales gallegos

Por Juan Oliver

El convenio que el Gobierno de Feijóo se niega a hacer público contempla que empleados de la multinacional estadounidense Medtronic trabajen “in situ” en los centros aplicando criterios empresariales, probando las máquinas que venden y evaluando los costes de la atención a los pacientes del Sergas. 

La Xunta de Galicia ha firmado tres convenios con la multinacional estadounidense Medtronic, fabricante de equipos médicos para cardiología, que permitirán a la compañía reorganizar el área del corazón de tres hospitales públicos y empotrar a sus empleados en esos servicios.

Eso les permitirá participar en su gestión mediante la aplicación de criterios y principios empresariales y de negocio, testar el funcionamiento de las máquinas que comercializa la firma con pacientes de la sanidad pública, y evaluar tanto las necesidades como los costes de la atención médica que presta el Servicio Galego de Saúde (Sergas). El objetivo, en su caso, es extender ese modelo a otras unidades hospitalarias.

La Asociación de Pacientes e Usuarios do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) ha denunciado que el Sergas le ha negado el acceso a esa documentación, argumentando que “contienen datos que pueden afectar al secreto profesional y/o a la propiedad intelectual o industrial”.

La empresa estadounidense contará con una notable ventaja comparativa sobre su competencia directa

Público sí ha podido obtenerla y constatar que refleja la voluntad del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo de poner a disposición de Medtronic los recursos públicos humanos y materiales necesarios para que la compañía pueda participar en el rediseño de la gestión de los servicios de Cardiología, promover la implantación de la tecnología que fabrica y recabar información sobre enfermedades, pacientes, tratamientos y protocolos de asistencia.

Medtronic, fundada en el Estado de Minneapolis (Minnesota) a mediados del siglo pasado, fue una de las compañías pioneras en la producción y fabricación de marcapasos. Hoy es una de las mayores comercializadoras de equipos médicos especializados en enfermedades cardiovasculares, incluidos los de seguimiento remoto de enfermos del corazón.

Además, está desarrollando un departamento específico de soluciones para la gestión sanitaria. Opera en más de 155 países, emplea a más de 85.000 personas y tiene una capitalización bursátil que ayer rondaba los 93.500 millones de euros. En Estados Unidos, un país con un sistema público de salud muy frágil y donde los operadores privados copan la atención sanitaria, Medtronic gestiona parte de los programas estatales Medicaid y Medicare para personas mayores, con discapacidad y con recursos limitados.

En agosto del año pasado, el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almunia, firmó con los responsables de Medtronic Ibérica, la filial española de la multinacional, un convenio marco por el que se ambas partes se comprometían a colaborar durante cuatro años, prorrogables indefinidamente, para “generar innovación” y “mejorar los resultados en la atención sanitaria a los pacientes del sistema de salud de Galicia”.

El acuerdo contemplaba acciones concretas que se implantarían mediante acuerdos específicos, que Vázquez Almunia firmó tres meses después y que en la práctica abren a Medtronic las puertas de los servicios de Cardiología del CHUS, y también del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) y del Hospital Universitario Lucus Augusti, de Lugo.

Feijóo acaba de aprobar una reforma de la ley de sanidad que promueve las privatizaciones

En los anexos que la Xunta oculta al público y a los que ha tenido acceso este diario no hay ningún dato concreto que no figure ya en la web o en otra documentación corporativa de Medtronic. Tampoco información que revele secretos industriales de ningún tipo. Ni contrapartidas económicas. Pero sí la constatación de que esa empresa contará con una notable ventaja comparativa sobre su competencia directa cuando, como parece pretender, haga negocio con la administración gallega.

No sólo tendrá contacto directo y personal con los profesionales sanitarios y con la gerencia médica, sino que dispondrá además de una información privilegiada y de primera mano sobre el funcionamiento de los servicios de Cardiología, en cuya organización estará participando de forma directa y con su tecnología funcionando ya en ellos.

Un acuerdo de cuatro años prorrogables

En el acuerdo referido al hospital de Santiago, que tiene una vigencia de cuatro años prorrogables otros cuatro, la multinacional no esconde que su intención es mejorar su posición competitiva y prepararse para, en el futuro, prestar servicios de pago al Sergas: “Este acuerdo fortalecerá su posición para ofertar actuaciones de transformación integral a las unidades clínicas (…) Medtronic ambiciona conocer en profundidad las necesidades de todas las tipologías de centros para desarrollar un portfolio de servicios y soluciones completo, que pueda en un futuro ser de interés para todo el espectro de hospitales”.

El texto expone que la reorganización del área del corazón de Santiago, que presta atención especializada a una población de unas 800.000 personas, se estructurará “en torno a los principios Lean-Sigma”, dos metodologías de gestión empresarial -Six Sigma y Lean Manufacturing- que persiguen la reducción de costes y la mejora de la eficiencia en los procedimientos con criterios de rentabilidad de negocio.

Para aplicarlos, Medtronic dispondrá de un trabajador contratado a su cargo “que tendrá como lugar de trabajo el área cardiovascular del hospital”, tal y como reza el texto, que se encargará de coordinar el proceso con el Sergas. Éste, a su vez “prestará colaboración a través de la cooperación de sus profesionales, su estructura física y sus instalaciones”.

La intención de la multinacional es mejorar su posición competitiva y prepararse para, en el futuro, prestar servicios de pago al Sergas

La Administración gallega también se compromete “a potenciar el área de diagnóstico por imagen” del servicio de Cardiología, es decir mediante la tecnología que fabrica Medtronic, que a cambio cede al hospital “el derecho de uso” de un equipo para tomografía axial computerizada (TAC) y de otro para resonancias magnéticas.

Esas máquinas se emplearán “exclusivamente” para servir a los objetivos del acuerdo y sus gastos de instalación correrán a cargo de la compañía, que incluso se reserva el derecho a decidir incluso sobre “los acabados finales, mobiliario e iluminación, etcétera, que configuren la imagen y el look and feel” de los espacios en los que se ubiquen.

Además de esas herramientas diagnósticas, el personal de Medtronic implantará en el hospital la tecnología que permite el seguimiento a distancia de los pacientes crónicos de insuficiencia cardiaca, mediante “la puesta en marcha de un centro de soporte al seguimiento remoto” que será operado por un equipo que integrarán “profesionales de Medtronic y profesionales del Sergas”.

La empresa tiene notable interés en desarrollar esta área de negocio, ya que, tal y como describe el acuerdo, lleva diez años desarrollando programas de investigación al respecto y recientemente ha adquirido Cardiocom, otra compañía que gestiona la teleasistencia de 80.000 pacientes adscritos a los programas Medicaid y Medicare de Estados Unidos.

Finalmente, la multinacional instaurará “un sistema de trazabilidad de costes” que le permitirá elaborar un estudio que recoja “el coste operativo total de la atención cardiológica que presta el hospital” y que permita también estimar “el coste diferencial” de aplicar su modelo de gestión. Es decir una buena plataforma para estimar lo que podría cobrarle al Sergas si la administración gallega pusiera en sus manos la gestión del servicio de Cardiología.

¿Una hipótesis descabellada? No, si se tiene en cuenta que un 25% de la atención sanitaria especializada del servicio público de Galicia ya se presta en hospitales y centros privados, y que el Ejecutivo de Feijóo acaba de aprobar una reforma de la ley de sanidad que promueve las privatizaciones y que facilita que la industria haga negocio con los fondos y recursos públicos destinados a investigación.

La Asociación de Pacientes e Usuarios del CHUS consideró ayer “intolerable” que el Sergas firme acuerdos “que ponen a disposición de una multinacional especializada en el diseño y fabricación de dispositivos cardiovasculares (…) los medios materiales, técnicos y humanos de los hospitales de tres áreas sanitarias”.

La Xunta y la multinacional se compromen a colaborar durante cuatro años, prorrogables indefinidamente

En una nota que firma su presidente, Fernando Abraldes, la organización también critica que la Xunta les haya negado acceso al contenido de un convenio cuyas cláusulas “afectan al funcionamiento de servicios sanitarios específicos sobre los cuales hay un derecho general de información reconocido a todos los pacientes y usuarios”.

“Queremos saber si el convenio garantiza que la empresa no va a tener acceso al tratamiento de nuestros datos personales y sanitarios; qué tipo de medidas organizativas se van a implantar en los servicios afectados y qué grado de participación va a tener la empresa en el seguimiento y control de los procesos asistenciales; qué medios técnicos y humanos disponibles en los hospitales públicos se van a poner a su alcance para posibilitar su estrategia empresarial; y qué beneficios va a comportar para los pacientes la ejecución del convenio”, afirma la nota.

Y añade aún más preguntas: “Queremos conocer qué tipo de producto se va a obtener de los trabajos que la empresa realice; cuál va a ser el régimen de propiedad y uso que se le va a dar a la resonancia magnética y al TAC (…) y si estos dispositivos van a estar a disposición de los servicios centrales de radiodiagnóstico para atender al conjunto de la demanda hospitalaria, y si existen entregas similares de equipos en los hospitales de A Coruña y Lugo”.

[12] La Xunta de Galicia permitió desviar enfermos a hospitales privados en los que les cobraban por operarlos

Por Juan Oliver

El fiscal ve indicios de delito en la actuación de los médicos que convencían a los enfermos de que así evitarían las listas de espera cuando, con frecuencia, ni siquiera los incluían en ellas. El Sergas permite que los tres sigan trabajando en la medicina pública.

A CORUÑA.— El Servicio Galego de Saúde (Sergas) de la Xunta de Galicia sabía desde el año 2011 que se estaban derivando irregularmente a clínicas privadas a pacientes de la sanidad pública tratados en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Se trataba de afectados de cáncer a quienes se instaba a someterse a intervenciones quirúrgicas de pago. 

Así se deduce de las diligencias de investigación penal incoadas por la Fiscalía de A Coruña contra tres médicos de ese hospital, que crearon una empresa privada para operar a los enfermos y a quienes el fiscal considera autores de tres delitos de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secreto, de negociaciones prohibidas a funcionarios, y de abuso en el ejercicio de su función. El Sergas no abrió expediente a los facultativos hasta cuatro años después, pero destituyó de su cargo al médico que los denunció y, hasta la fecha, permite que los tres sigan ejerciendo en los mismos hospitales.

Se trataba de afectados de cáncer a quienes se instaba a someterse a intervenciones quirúrgicas de pago

Según consta en el escrito del fiscal, de más de 500 páginas, en noviembre del año 2010 los tres galenos investigados constituyeron una sociedad mercantil, Unidad de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva SLP, en la que utilizaban una técnica supuestamente pionera que permitía operar tumores de pulmón con una sola incisión, y no con dos o tres, como se venía realizando en el CHUAC. Ejercían así la medicina privada a pesar de que ni siquiera habían solicitado al Sergas el permiso necesario para compatibilizarla con su actividad en la sanidad pública, como era su obligación legal.

Apenas siete meses después, el entonces jefe del Servicio de Cirugía Torácica del hospital, José María Borro, actual presidente de la Asociación Batas Blancas de Galicia, envió un escrito a la gerencia del centro en el que advertía de numerosas irregularidades en la actuación de sus colegas. Entre ellas, un paciente le había comunicado que “tras ser visto en la consulta externa del hospital por un nódulo pulmonar solitario, había recibido diversas llamadas” de uno de los médicos denunciados

Ejercían la medicina privada a pesar de que ni siquiera habían solicitado al Sergas el permiso necesario para compatibilizarla con su actividad en la sanidad pública

Al revisar el historial de otro enfermo, Borro comprobó que no se le había puesto en lista de espera para ser operado en el hospital público. Cuando se puso en contacto con el paciente, este le informó de que el mismo médico “le había comentado que había una larga lista de espera, y que si quería lo podía operar en la consulta privada esa misma semana”.

Desde aquella carta Borro elevó numerosos escritos de advertencia durante varios años, tanto a la dirección médica y la gerencia del CHUAC como a los servicios técnicos, la gerencia y la Inspección del Sergas. La respuesta del ente, dependiente de la Consellería de Sanidade de la Xunta, fue destituirlo de su puesto.

Al menos doce casos de derivación irregular a centros privados

Cuando finalmente Batas Blancas denunció ante la Fiscalía en abril de 2015 que tenía constancia de al menos doce casos de derivación irregular de pacientes a centros privados, y los medios de comunicación recogieron la noticia, el Colegio de Médicos de A Coruña procedió a abrir expediente a su presidente y a sancionarlo con dos meses de suspensión de colegiación, condena de la que acaba de ser absuelto.

Batas Blancas denunció ante la Fiscalía en abril de 2015 que tenía constancia de al menos doce casos de derivación irregular de pacientes a centros privados

La persecución incluyó también al propio Borro que le abrió una investigación que se resolvió sin acusación alguna. Tampoco se le renovó como profesor asociado de Cirugía en la Universidade da Coruña, porque el Sergas y la Consellería de Sanidade lo consideraron “una persona conflictiva”. Borro tuvo que presentarse de nuevo a la convocatoria para recuperar su plaza.

Todo eso sucedió a pesar de que en marzo del 2015, la jefa del servicio de Inspección de Servicios Sanitarios del Sergas validó un informe de la instructora del caso que pedía que se abriera expediente disciplinario a los tres médicos investigados, al haber hallado evidencias de la veracidad de la denuncia en al menos once casos: “De las actuaciones practicadas y de la documentación obrante en el expediente, se puede constatar que se trata de pacientes estudiados y atendidos en el Servicio Galego de Saúde durante todo el proceso asistencial,que salen única y exclusivamente para ser intervenidos en la medicina privada por los mismos facultativos que deberían operarlos en la sanidad pública, para posteriormente continuar con los controles periódicos del Sergas”.

“Estos tres facultativos”, continúa el escrito, “utilizan la información clínica y las pruebas complementarias realizadas en el Servicio Público de Salud tanto para programar la cirugía como para valorar la evolución del paciente tras la intervención, dando la impresión de que la intervención privada es un paso más dentro del proceso asistencial del Sergas”.

Intervenciones quirúrgicas de hasta 30.000 euros

Fuentes de Batas Blancas aseguran que algunas de esas intervenciones podían tener un coste de hasta 30.000 euros, que en la mayoría de los casos sufragaban los seguros médicos de los pacientes. “Los tres cirujanos denunciados (…) llevaron a cabo las intervenciones quirúrgicas de los once pacientes (…) en los centros médicos privados a cargo de las compañías con las que los pacientes tenían concertado un seguro médico, utilizando las costosas pruebas de diagnóstico, preoperatorio y postoperatorio realizadas a cargo del Sergas, apropiándose de documentación de los expedientes públicos comprensivos de las historias clínicas, o de datos contenidos en las copias que imprimían para incorporar a los centros privados”, dice el fiscal.

Cuando los tres médicos se hicieron con el mando del servicio de Cirugía Torácica, la deriva de pacientes a su empresa se convirtió en práctica habitual

Según sus consideraciones, cuando los tres médicos se hicieron con el mando del servicio de Cirugía Torácica, la deriva de pacientes a su empresa y a los centros privados con los que mantenían conciertos se convirtió en práctica habitual: “El hecho de que de los once pacientes que figuran en el informe [de la Inspección del Sergas], tan solo tres llegaran a estar en lista de espera para la intervención quirúrgica sugiere una relativa generalización de la práctica denunciada”.

La acusación pública también incide en que esas derivaciones afectaban a pacientes con dolencias graves, a los que se obligaba a ser tratados en varios centros distintos “con el consiguiente riesgo en su tratamiento”. Y no sólo eso: se trata de “la aplicación de medios públicos en beneficio de las propias aseguradoras, e implican que estos profesionales ejercen una actividad privada en supuestos en los que han intervenido en la actividad pública (…) defraudando la confianza puesta en ellos por la Administración y sus usuarios y proporcionándose ellos directamente un beneficio económico e indirectamente a las aseguradoras, al no costear pruebas médicas que serían de su cargo”.

[13] El tribunal de cuentas gallego halló irregularidades en la licitación de dos de las subcontratas del Sergas

Por Juan Oliver

El organismo ante el que Batas Blancas denunció que se siguen pagando cantidades millonarias a tres empresas concesionarias con el contrato caducado advirtió en el 2014 de fallos graves en su tramitación

El Consello de Contas de Galicia ha hallado varias irregularidades en la licitación de dos de los tres contratos del Servicio Galego de Saúde (Sergas) con empresas proveedoras del complejo hospitalario de Pontevedra (CHOP), que según la Asociación Batas Blancas (ABB) siguen prestando sus servicios a pesar de que los plazos del contrato expiraron hace años, y de que las condiciones y costes del suministro han variado sustancialmente.

Batas Blancas dirigió hace dos semanas un escrito al Consello de Contas en el que relataba que, a pesar de esas modificaciones y de la prescripción de los plazos legales, se seguían abonando “pagos millonarios” a tres firmas. En primer lugar, a la catalana Izasa, a la que el Sergas subcontrató en el 2011 y por dos años la adquisición de materiales y equipo de analíticas para el laboratorio del CHOP, con un contrato de 10,7 millones de euros. En segundo, a la orensana Cogesa, a la que se encargó en la misma fecha y durante el mismo período el transporte, distribución y organización de almacenes, historias clínicas y productos sanitarios por más de 610.000 euros. Y en tercer lugar, a la empresa también catalana Comertel, que ganó el concurso para explotar la cafetería del hospital Montecelo, adscrito al CHOP, y cubrir la alimentación de su personal durante cuatro años. Todo por un total de 766.300 euros.

Lo cierto es que el Consello de Contas, el organismo encargado de velar por la legalidad del gasto público de las instituciones gallegas, ya halló numerosas irregularidades en la licitación de los dos primeros contratos. Figuran en su Informe de fiscalización sobre las contrataciones del Sergas en los ejercicios 2012-2014, publicado en el último de esos años. Para su elaboración, los auditores del Sergas escogieron una muestra de contratos para someterlos a estudio. Y en ella figuraban los dos primeros que ha denunciado Batas Blancas.

En el caso del concurso que ganó Izasa, uno de los de mayor cuantía de los adjudicados por la gerencia del CHOP, los auditores advierten un grueso cúmulo de fallos. Entre ellos, “cláusulas contradictorias en los plazos de presentación de la documentación por parte del adjudicatario” ; “falta de motivación suficiente en los informes técnicos que evalúan los aspectos no objetivables” de las ofertas ( es decir, de aquellos baremos que dependen de la valoración técnica); “no identificación del responsable de los informes” (es decir, de la persona que evalúa esos criterios no objetivos); “se asignan puntuaciones sin explicar la motivación de las mismas”; “falta de certificación del registro de las ofertas presentadas”; “falta de formalización del contrato derivado del acuerdo marco”…

En el caso del contrato adjudicado a Comertel, la lista de irregularidades que cita el Consello de Contas también es abundante: “Incorrecta aplicación de la fórmula de cálculo” de la oferta económica; “Falta de desglose en subcriterios”; “definición muy genérica y poco concreta” de los criterios no objetivables; “indefinición previa de la fórmula de ponderación de los informes emitidos por diferentes servicios”; “establecimiento de un umbral de saciedad (…) que desincentiva la presentación de ofertas económicas por debajo del umbral prefijado”…

«Es una casualidad muy sospechosa el que precisamente sean estos dos contratos los que se hayan seguido pagando irregularmente y sin ningún tipo de aval público»

Para Batas Blancas es “una casualidad muy sospechosa el que precisamente sean estos dos contratos los que se hayan seguido pagando irregularmente y sin ningún tipo de aval público para beneficio de, al menos, los adjudicatarios, y con grave perjuicio para el Sergas, incumpliendo la ley de contratos de las administraciones públicas y la ley de transparencia y buenas prácticas de las mismas”.

Además, ABB recuerda que la adjudicación del primero de los concursos, el referido a la equipamiento del laboratorio del CHOP, fue objeto de una investigación de la Fiscalía de Pontevedra que, según el propio fiscal, fue archivada “ya que se encontró con el escollo de la ausencia de colaboración y cooperación” por parte de la gerencia del CHOP y de los jefes de servicio cuyos informes técnicos, que el Consello de Contas ha cuestionado, dieron lugar a las adjudicaciones. “Es lo que la ABB viene denunciando hace años sobre la cobertura de las plazas de jefes de servicio, adjudicándolas a los más serviles y afines y no a los mejores y más capacitados objetivamente”, añaden portavoces de la asociación, que reclaman al Consello que proceda a “depurar responsabilidades administrativas y judiciales”.
Las empresas adjudicatarias no respondieron a Público cuando este diario se dirigió a ellas para obtener su versión. En cuanto al Sergas, afirmó que los contratos se adjudicaron “sin incidencias”. 

Por Juan Oliver

La asociación Batas Blancas asegura que son sólo “una muestra” de las numerosas violaciones de la ley de incompatibilidades en la sanidad gallega

A CORUÑA.- La Asociación Batas Blancas de Galicia ha requerido al Servicio Galego de Saúde (Sergas) para que investigue la situación de al menos 76 médicos de los que tiene constancia de que trabajan simultáneamente en hospitales públicos y en centros privados sin haber solicitado el preceptivo permiso de compatibilidad, o incumpliendo la ley si les ha sido denegado. En algunos casos son médicos de la sanidad pública que ejercen una actividad privada en centros concertados con el Sergas, una actuación estrictamente vetada por la normativa estatal de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado.

Entre los denunciados hay médicos de prácticamente todas las especialidades y de todos los rangos: jefes de departamento, de servicio, de sección y hasta residentes. “Un residente no puede trabajar en la medicina privada porque no tiene el título”, recuerda José María Borro, presidente de Batas Blancas en la comunidad, quien afirma tener constancia de que hay colegas que podrían estar poniendo en peligro la salud de sus pacientes: “Sabemos de algunos que salen de guardia en un centro público y se van a operar a otro privado sin apenas tiempo de descanso, y de otros que abandonan su puesto en el hospital público en una ciudad para atender una urgencia en una clínica privada, dejando en el servicio a un residente”.

En su demanda, dirigida al conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña, y a la subdirectora xeral de Inspección de Servicios Sanitarios, Mercedes Lanza Gánzara, la asociación asegura que los 76 ejemplos que ha recogido son “solamente una muestra” de una práctica que podría tener muchos más galenos implicados, por lo que reclama que se investiguen “todos los casos de actividad privada en el ámbito del Sergas” y, en su caso, “que se haga cumplir la legalidad vigente” y se sancionen los casos de incumplimiento.

Además, Borro resalta que los recortes en personal sanitario –alrededor de 1.500 profesionales menos durante el mandato de Alberto Núñez Feijóo– y el elevado índice de paro convierte en “una injusticia” el que haya médicos ocupando dos empleos. “Y lo peor es que algunos llegan a decirte que de donde sacan dinero es de la medicina privada, y que su trabajo en la pública sólo les interesa para darse buena imagen y atraerse pacientes”.

Las incompatibilidades denunciadas afectan a trece galenos del Centro Hospitalario Universitario de A Coruña y del Hospital Abente y Lago, que trabajarían también en los centros concertados de A Coruña Hospital Modelo, Clínica Quirón y Hospital San Rafael; de otros tres del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que lo harían también en el San Rafael coruñés y en el hospital vigués Vithas-Nuestra Señora de Fátima. También hay siete profesionales implicados del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), que tendrían otro empleo en el hospital privado Polusa y en el Sanatorio Nuestra Señora de los Ojos Grandes de Lugo; y ocho del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago y del Laboratorio Gallego de Patología, que compaginarían su labor con la Clínica La Rosaleda y con el Sanatorio Nuestra Señora de la Esperanza. 

En el Complejo Hospitalario de Pontevedra, Batas Blancas ha constatado doce casos de incompatibilidades; y otros treinta y tres en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, que afectan a médicos que también trabajarían irregularmente en la Clínica Santa Teresa-Cooperativa Sanitaria de Galicia (COSAGA). Este último es el ejemplo más sangrante, dado que, según Batas Blancas, en ese hospital privado, concertado con el Sergas, “más del 90% del cuadro médico está en situación de presunta incompatibilidad”.
En julio pasado, tal y como informó Público, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Murcia abrió expediente a 33 médicos que ejercían prácticas similares.

[15] Absuelto el presidente de Batas Blancas de Galicia sancionado por denunciar prácticas médicas irregulares

Por Juan Oliver

El Colegio de Médicos le suspendió de colegiación y le multó con 2.000 euros por advertir de que a una paciente se le había extirpado innecesariamente parte de un pulmón

A CORUÑA.- El juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de A Coruña ha absuelto al cirujano José María Borro, ex jefe del departamento de cirugía torácica del Complexo Hospitalario Universitario (CHUAC) de la ciudad y presidente de la Asociación Batas Blancas de Galicia, quien fue sancionado por el Colegio de Médicos coruñés por denunciar la realización de prácticas médicas irregulares en el centro que afectaron a la salud de una paciente.

En mayo del 2015, el órgano rector de los galenos coruñeses suspendió a Borro de colegiación durante dos meses y le impuso una multa de 2.000 euros después de que se hiciera pública la carta que el cirujano envió a sus superiores del Servicio Galego de Saúde (Sergas), advirtiendo de que a una mujer se le había practicado una técnica quirúrgica novedosa y supuestamente eficaz, que en esa ocasión resultó ser un fiasco. Durante un simposium avalado por el Sergas, los médicos ensayaron con ella una técnica de extirpación de tumores que se realiza con una única incisión (lo habitual son dos y hasta tres), y procedieron a seccionarle parte de un pulmón sin comprobar, como sí permiten las técnicas convencionales, la gravedad de la patología que la afectaba. Cuando la muestra fue biopsiada, se demostró que la paciente no padecía cáncer, como habían pensado, sino tuberculosis, una enfermedad de la que podría haber sido tratada sin necesidad de cirugía.

“La instrucción del caso fue demencial, una verdadera persecución», ha asegurado José María Borro

“La instrucción del caso fue demencial, una verdadera persecución», asegura Borro, a quien el Colegio de Médicos consideró “colaborador necesario” (sic) para que su denuncia trascendiera a los medios de comunicación, a pesar de que la periodista que la hizo pública reconoció en el juicio que no fue el cirujano quien se la hizo llegar, y que Borro se limitó a confirmar la existencia de la misma negándose a comentarla. “Yo no filtré la carta, y lo curioso es que en vez de investigar a quienes realizaron aquella imprudencia, el Colegio de Médicos y el Sergas se empeñaron en perseguir al mensajero”.

La sentencia, que firma el magistrado Enrique García Llovet y contra la que no cabe recurso, acusa a la Administración sanitaria de incoar contra Borro un procedimiento injusto y de imponerle un castigo carente de fundamento, toda vez que su denuncia no debía ser “objeto de sanción pues se encuadra entre las facultades e incluso obligaciones que les asistían como Jefe de servicio”. El juez considera “sorprendente” que durante la tramitación de su expediente sancionador ni siquiera se recabara la versión de la periodista que sacó la carta a la luz.

La Fiscalía acusa ahora a tres médicos de un delito de revelación de secretos e incumplimiento del deber de custodia de documentos

Sucede, además, que parte del equipo de cirujanos que practicó aquella fallida intervención está siendo investigado por derivar a una decena de pacientes de la sanidad pública gallega a clínicas privadas, donde se les cobraba por las intervenciones que los médicos preparaban, además, tomando como base las pruebas, ensayos y datos clínicos que obtenían en el CHUAC, donde trabajaban. La Fiscalía admitió a trámite la denuncia de Batas Blancas, y acusa ahora a tres médicos de un delito de revelación de secretos e incumplimiento del deber de custodia de documentos, y de otro de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. El fiscal, cuyo escrito, de más de 400 páginas, se basa en un informe de la Inspección Médica del Sergas realizado en febrero del 2015 y del que la Xunta hizo caso omiso, advierte de la probabilidad de que durante la investigación aparezcan nuevos indicios de otras actividades delictivas.

[16] Imputados cuatro altos cargos de la Sanidad madrileña por presunta prevaricación en el concurso de ambulancias del SUMMA

Por Juan Oliver

El viceconsejero, Manuel Molina, declarará ante el juez tras una querella interpuesta por la licitadora Ambulancias Alerta

El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha citado a varios cargos de la Consejería de Sanidad para que declaren como querellados en el proceso abierto sobre un delito de prevaricación administrativa en el concurso sobre el transporte de ambulancias del SUMMA.

En una providencia fechada el 21 de febrero se cita para el próximo 2 de abril en calidad de investigados al actual viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, al director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Consejería, César Pascual, al secretario técnico de la Mesa de Contratación del Concurso, Luis Javier Fernández, y al director de Gestión del SUMMA, Santiago Cortes.

A su vez, el juzgado también se cita en calidad de testigos a cinco integrantes de la mesa de contratación de los expedientes administrativos. También se solicita al querellante que aporte más detalle de la mora en el pago de las facturas por transporte de enfermos programados, para además dar traslado de las actuaciones a la Fiscalía por si estima oportuno practicar alguna diligencia de investigación.

El pasado 8 de enero el juzgado admitió a trámite la querella presentada por una de las licitadoras al concurso para el traslado de pacientes en ambulancia, al entender que había presunta prevaricación en la actuación de la Consejería, que se decantó por otra empresa para este servicio.

El viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, explicó recientemente en la Comisión de Vigilancia de la Contratación de la Asamblea de Madrid que el juzgado remitió a la Consejería un auto en el que informaba de que la querella interpuesta por Ambulancias Alerta se había admitido a trámite porque reunía los requisitos «formales» para ello, solicitando a su vez que se remitiera documentación sobre el proceso.

Molina recalcó que en ese auto no estaba determinada ni «la naturaleza ni la circunstancias de los hechos requeridos en la querella» e informa de que abre diligencias previas, algo que es el «procedimiento que se sigue habitualmente en estos casos».

Al respecto, Sanidad remitió al juzgado los expedientes correspondientes del contrato para el traslado de pacientes urgentes y programado. También relató que esta empresa, que anteriormente prestaba el servicio, presentó varios recursos contenciosos-administrativo con el objetivo de «paralizar» que se iniciara ese contrato al entender que presuntamente se incurría en un «ilícito penal», lo que a su juicio supone «prejudicializar» este proceso.

Al respecto, el viceconsejero argumentó que presentaron dos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó dos solicitudes de nulidad del proceso de contratación y que tras esa negativa se interpuso la querella contra la Consejería.

En enero, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz, explicó que el servicio había sido adjudicado a la empresa Ferroser, en un proceso en el que también concurrió Ambulancias Alerta.

A su vez, el diputado socialista Ángel Chamorro llevó esta cuestión a la comisión y trasladó su preocupación por la querella interpuesta por Ambulancias Alerta pues cree que esta situación muestra que los pliegos para el contrato de traslado de pacientes en ambulancia implicaba problemas. «Nos preocupa y lo veíamos venir», indicó el parlamentario para advertir sobre la elaboración de pliegos que primen las ofertas económicas «a la baja». Por ello, reclamó «más celo» en la elaboración de este tipo de pliegos técnico-económicos.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Sanidad indican que la providencia en el marco de las diligencias previas abiertas y reiteran que los procedimientos de los concursos del transporte urgente como programado de ambulancias se hicieron en estricto cumplimiento de la normativa. Al respecto, Sanidad indica que se colaborará con la Justicia en cualquier aspecto que solicite.

Recientemente entró en funcionamiento el nuevo contrato para el traslado programado no urgente de pacientes que supone incrementar en casi un 10% el número de ambulancias, con la previsión de que se transporten 1,3 millones de pacientes durante el primer año.

Según indicó la Consejería de Sanidad en un comunicado, el contrato incluye un total de 360 vehículos de nueva adquisición, que amplían en casi un 10 por ciento el número de ambulancias en la calle a disposición de los pacientes para la realización de este tipo de traslados.

Estas nuevas ambulancias, de distinta tipología según las necesidades propias de cada traslado (individuales y colectivas) incluyen mejoras tanto en la confortabilidad de los pacientes, con espacios más amplios, así como en el acceso de los mismos, al ser vehículos adaptados mediante rampas de acceso para pacientes en traslados con sillas de ruedas, y diferentes tipologías de camillas según la necesidad propia del traslado y del tipo del paciente.

De las nuevas 360 ambulancias, 229 son para traslados individuales y 131 de traslados colectivos, lo que «amplía» el número de traslados individuales frente a los colectivos respecto a los servicios prestados hasta ahora. La nueva flota cuenta también con ambulancias bariátricas, vehículos adaptados para el traslado de pacientes con obesidad mórbida, expone la Consejería en un comunicado.