{"id":963,"date":"2017-02-08T01:00:53","date_gmt":"2017-02-08T00:00:53","guid":{"rendered":"http:\/\/puntocritico.com\/?p=963"},"modified":"2018-03-06T20:03:06","modified_gmt":"2018-03-06T19:03:06","slug":"historia-de-la-regulacion-del-sector-electrico-en-espana-parte-ii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/2017\/02\/08\/historia-de-la-regulacion-del-sector-electrico-en-espana-parte-ii\/","title":{"rendered":"HISTORIA DEL SISTEMA EL\u00c9CTRICO ESPA\u00d1OL. (PARTE II)"},"content":{"rendered":"
HISTORIA DEL SISTEMA EL\u00c9CTRICO ESPA\u00d1OL. (PARTE I)<\/a><\/span><\/div>\n
HISTORIA DEL SISTEMA EL\u00c9CTRICO ESPA\u00d1OL. (PARTE III)<\/a><\/span>
\n HISTORIA DEL SISTEMA EL\u00c9CTRICO ESPA\u00d1OL. (PARTE IV)<\/a><\/span><\/div>\n
HISTORIA DEL SISTEMA EL\u00c9CTRICO ESPA\u00d1OL. (PARTE V)<\/a><\/span><\/div>\n
\u00a0<\/div>\n

HISTORIA DE LA REGULACI\u00d3N DEL SECTOR EL\u00c9CTRICO EN ESPA\u00d1A<\/span><\/h1>\n

CONFIGURACI\u00d3N HISTORICA DEL SECTOR EL\u00c9CTRICO ESPA\u00d1OL<\/u><\/span><\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Por Jes\u00fas D\u00edaz Formoso<\/p>\n

 <\/p>\n

El an\u00e1lisis hist\u00f3rico del nacimiento del Sector El\u00e9ctrico, su creciente importancia y la necesidad de intervenci\u00f3n administrativa, que se ir\u00eda intensificando en las actividades econ\u00f3micas relacionadas con la energ\u00eda el\u00e9ctrica, nos permitir\u00e1 una mayor comprensi\u00f3n de la configuraci\u00f3n actual del sector para hacer un diagn\u00f3stico\/pron\u00f3stico del presente y del futuro inmediato.<\/span><\/p>\n

Vamos a seguir fundamentalmente la magn\u00edfica exposici\u00f3n de D. Jes\u00fas Trillo-Figueroa y D. Francisco L\u00f3pez-Jurado, efectuada en \u00abLa regulaci\u00f3n del sector el\u00e9ctrico\u00bb, Madrid 1996.<\/span><\/p>\n

Partiendo del \u00abPrincipio de Libertad de Industria\u00bb recogido por las Cortes de C\u00e1diz (Decreto de 8 de Junio de 1813), se limita el ejercicio de industria s\u00f3lo por la sujeci\u00f3n a las reglas de polic\u00eda adoptadas para la salubridad p\u00fablica. Pese a este principio, que exclu\u00eda la necesidad de obtener licencia ni permiso alguno para el establecimiento de f\u00e1bricas o artefactos, pronto van a surgir limitaciones (en base a t\u00edtulos de intervenci\u00f3n administrativa variados) para el desarrollo del sector el\u00e9ctrico, que fundamentar\u00e1n la posterior declaraci\u00f3n del suministro de electricidad como servicio p\u00fablico, efectuada por el Real Decreto-Ley de 12 de Abril de 1924.<\/span><\/p>\n

En ese primer momento, podemos enumerar las t\u00e9cnicas jur\u00eddicas utilizadas para justificar la intervenci\u00f3n del legislador y de la Administraci\u00f3n en el sector el\u00e9ctrico:<\/span><\/p>\n

1.- La seguridad de las personas y bienes.<\/span><\/p>\n

2.- Necesidad de imponer servidumbres forzosas de paso de l\u00edneas el\u00e9ctricas sobre inmuebles ajenos.<\/span><\/p>\n

3.- Verificaci\u00f3n de contadores para proteger a los usuarios.<\/span><\/p>\n

4.- Uso de terrenos de dominio p\u00fablico para el tendido de redes el\u00e9ctricas, junto al mantenimiento del orden p\u00fablico. Este punto implica unas potestades importantes relativas a la obligaci\u00f3n de suministrar, la igualdad de los usuarios, el control sobre las tarifas y las condiciones en que se presta el servicio, etc.<\/span><\/p>\n

5.- El car\u00e1cter de dominio p\u00fablico de las aguas de los r\u00edos exige concesi\u00f3n para su aprovechamiento hidroel\u00e9ctrico.<\/span><\/p>\n

6.- El hecho de que la competencia sobre el suministro de energ\u00eda para el alumbrado p\u00fablico sea municipal da a esta administraci\u00f3n un papel importante, al menos inicialmente.<\/span><\/p>\n

7.- Otros t\u00edtulos de car\u00e1cter contractual, como el contrato para suministro de alumbrado p\u00fablico de una poblaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

En especial, el car\u00e1cter de dominio p\u00fablico de las v\u00edas por las que, generalmente, deben discurrir las redes el\u00e9ctricas fundamenta que la actividad desarrollada sobre terrenos de dominio p\u00fablico se vea atra\u00edda hacia el concepto de servicio p\u00fablico (que en esos momentos carec\u00eda de una definici\u00f3n sustantiva), por medio de la caracterizaci\u00f3n como \u00abobra p\u00fablica\u00bb de la canalizaci\u00f3n y tendido el\u00e9ctrico. La necesidad de utilizar la v\u00eda p\u00fablica m\u00e1s intensamente de lo que es un uso general y com\u00fan, permitir\u00e1 a la Administraci\u00f3n consolidar potestades de intervenci\u00f3n sobre una actividad en principio libre e incondicionada.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

CONCESIONES PARA EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD<\/u> <\/strong>(Concesi\u00f3n de dominio y Concesi\u00f3n de servicio).<\/span><\/p>\n

La progresiva intervenci\u00f3n administrativa en el sector el\u00e9ctrico supon\u00eda la necesidad de una habilitaci\u00f3n administrativa para actuar.<\/span><\/p>\n

La Concesi\u00f3n supone ceder al particular una esfera de actuaci\u00f3n originariamente administrativa y en lo relativo a la electricidad esa esfera no estaba en esos momentos precisada.<\/span><\/p>\n

En las Concesiones de Dominio el inter\u00e9s p\u00fablico es indirecto, referido a la generalidad de los ciudadanos. Sin embargo, en las Concesiones de Servicio la eficacia es externa, frente al p\u00fablico, a cada usuario singularmente.<\/span><\/p>\n

A la Concesi\u00f3n de Servicio P\u00fablico para el suministro de electricidad se llega a trav\u00e9s de los contratos para Alumbrado de las Poblaciones, en los que se recoge la Concesi\u00f3n de canalizar la v\u00eda p\u00fablica para el suministro a los particulares, junto a la desnaturalizaci\u00f3n de la Concesi\u00f3n de Dominio P\u00fablico. Sin embargo, la ausencia del elemento subjetivo (esfera de actuaci\u00f3n originariamente administrativa) hace que no se pueda identificar estrictamente la habilitaci\u00f3n para suministrar electricidad con la Concesi\u00f3n de Servicio P\u00fablico.<\/span><\/p>\n

Inicialmente, el Servicio P\u00fablico se defini\u00f3 como la actividad de inter\u00e9s general que la administraci\u00f3n toma a su cargo. Es un concepto extensivo: toda la actividad administrativa constituye un servicio p\u00fablico y s\u00f3lo la actividad administrativa puede constituir servicio p\u00fablico.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, al constatarse que la Administraci\u00f3n puede desarrollar actividades cuya realizaci\u00f3n no conlleva la satisfacci\u00f3n del inter\u00e9s general y que personas privadas pueden llevar a cabo actividades consideradas como servicio p\u00fablico, se restringir\u00e1 el concepto inicial.<\/span><\/p>\n

Por otra parte, tambi\u00e9n existen actividades econ\u00f3micas de trascendencia p\u00fablica que requieren una prestaci\u00f3n ininterrumpida, universal y a precios razonables que justifican una especial intervenci\u00f3n de la Administraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

En palabras de Villar Palas\u00ed: \u00abCalificar de servicio p\u00fablico una actividad implica la potestad administrativa para la direcci\u00f3n de la misma, para el mantenimiento de la continuidad en la prestaci\u00f3n, para el manejo de las tarifas, la modalizaci\u00f3n del servicio, el mantenimiento del principio de igualdad de los usuarios y su mutabilidad<\/em>\u00ab. A estos elementos (objetivos) se debe a\u00f1adir el subjetivo de la asunci\u00f3n de la titularidad de la actividad por parte del Estado, sin perjuicio de que la gesti\u00f3n pueda ser encomendada a los particulares, como Concesionarios. Sin embargo, la falta de un concepto claro de Servicio P\u00fablico en esos momentos, impone la relativizaci\u00f3n del significado de las declaraciones formales de diferentes actividades como Servicio P\u00fablico.<\/span><\/p>\n

En este per\u00edodo inicial, Servicio P\u00fablico equivaldr\u00eda a inter\u00e9s p\u00fablico, a uso general, a servicios o atribuciones de los distintos ramos de la Administraci\u00f3n p\u00fablica.<\/span><\/p>\n

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EL ALUMBRADO P\u00daBLICO<\/u>.<\/span><\/strong><\/p>\n

\"\"<\/a>La Administraci\u00f3n Municipal ser\u00e1 la primera en intervenir la, en principio, libre actividad industrial y ello en base a la exclusividad de su competencia respecto a la prestaci\u00f3n del servicio de alumbrado y en base a su dominio sobre las v\u00edas p\u00fablicas, tanto para todo lo relativo al alumbrado como para otras actividades desarrolladas en ellas (Leyes Municipales de 1870 y 1877).<\/span><\/p>\n

En el momento en que comienza la explotaci\u00f3n industrial de la electricidad (la primera empresa el\u00e9ctrica del pa\u00eds -Sociedad Espa\u00f1ola de Electricidad- no se constituye hasta 1881), el alumbrado de las poblaciones depend\u00eda del gas. Al imponerse el alumbrado el\u00e9ctrico, los Ayuntamientos regularon ciertos aspectos del alumbrado p\u00fablico y del suministro el\u00e9ctrico a particulares mediante las concesiones del servicio de alumbrado p\u00fablico y mediante Ordenanzas Municipales relativas a la utilizaci\u00f3n de la v\u00eda p\u00fablica. La intervenci\u00f3n en el suministro a particulares es indirecta, consecuencia de la intervenci\u00f3n principal sobre el alumbrado p\u00fablico y se basaba en dos t\u00edtulos; a saber, la Polic\u00eda Industrial (en orden al establecimiento de \u00abf\u00e1bricas de electricidad\u00bb) y el car\u00e1cter de Dominio P\u00fablico de las v\u00edas urbanas a trav\u00e9s de las cuales se deb\u00eda realizar tendido -a\u00e9reo o subterr\u00e1neo- el\u00e9ctrico.<\/span><\/p>\n

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La \u00abquerella del gas y la electricidad\u00bb.<\/u><\/span><\/strong><\/p>\n

As\u00ed se denominaron los litigios ocasionados por la \u00abcl\u00e1usula de exclusiva\u00bb, frecuente en los contratos de alumbrado, consistente en el privilegio exclusivo para canalizar la v\u00eda p\u00fablica otorgado al contratista.<\/span><\/p>\n

Dicho privilegio era ilegal, pues establec\u00eda monopolios, en contra de la \u00ablibertad de industria\u00bb. Los Tribunales apreciaron tal ilegalidad, posibilitando el desarrollo de la t\u00e9cnica y la implantaci\u00f3n del nuevo alumbrado el\u00e9ctrico (adem\u00e1s entend\u00edan esas \u00abexclusivas\u00bb referidas al gas, no extensivas a la electricidad).<\/span><\/p>\n

Sin embargo, van a resurgir las \u00abCl\u00e1usulas de Exclusiva\u00bb al amparo de la invocaci\u00f3n a la seguridad, a la prohibici\u00f3n de ir contra actos propios, de la fuerza de los contratos para obligar a las partes a su cumplimiento o a la polic\u00eda urbana. Mediante su configuraci\u00f3n como discrecional (con el significado de no fiscalizable por los Tribunales que en aquel momento hist\u00f3rico ten\u00eda la discrecionalidad administrativa) las autorizaciones para el tendido de cables hacen resurgir las \u00abcl\u00e1usulas de exclusiva\u00bb para impedir que distintas empresas el\u00e9ctricas puedan tener sus l\u00edneas superpuestas.<\/span><\/p>\n

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EL VACIAMIENTO DE LA COMPETENCIA MUNICIPAL.<\/u><\/span><\/strong><\/p>\n

La creciente importancia de la energ\u00eda el\u00e9ctrica dar\u00e1 lugar a un paulatino incremento del intervencionismo estatal en todo lo relacionado con ella, ampar\u00e1ndose en una serie de normas espec\u00edficas. Ello supondr\u00e1 la p\u00e9rdida de importancia de la intervenci\u00f3n municipal en cuanto al \u00absuministro a particulares\u00bb. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de Junio de 1920 establece que las atribuciones que pudieran corresponder a los Ayuntamientos en cuanto a alumbrado han quedado limitadas, por lo que se refiere a la concesi\u00f3n de instalaciones de energ\u00eda el\u00e9ctrica al interior de las poblaciones, a consecuencia de la atribuci\u00f3n a la Administraci\u00f3n Estatal de la facultad de otorgar servidumbre forzosa de paso de corriente el\u00e9ctrica, conforme a la Ley de 23 de Marzo de 1900 y su Reglamento de 7 de Octubre de 1904.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/a>Se va a producir una pugna Estado-Municipio, en la cual el Municipio mantendr\u00e1 s\u00f3lo la concesi\u00f3n de servidumbres de paso de electricidad en el interior de las poblaciones y el poder de condicionar las autorizaciones de instalaci\u00f3n el\u00e9ctrica. En especial, su competencia se mantiene en orden a la determinaci\u00f3n del car\u00e1cter -subterr\u00e1neo o a\u00e9reo- del tendido el\u00e9ctrico.<\/span><\/p>\n

La inicial intervenci\u00f3n de la Administraci\u00f3n Municipal en el \u00e1mbito del suministro de energ\u00eda el\u00e9ctrica (fundamentalmente encarnada en los contratos de alumbrado) se ver\u00e1, pues, progresivamente limitada mediante la promulgaci\u00f3n de diversa normativa estatal relativa a las actividades relacionadas con la electricidad, que atribuir\u00e1 competencias a \u00f3rganos estatales, de manera gradual, regulando sectores puntuales que paulatinamente fueron vaciando la competencia gen\u00e9rica municipal.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, se vuelve a imponer la tesis seg\u00fan la cual la competencia municipal sobre alumbrado p\u00fablico no incluye atribuciones relativas al suministro de electricidad en general.<\/span><\/p>\n

Quiz\u00e1 ser\u00e1 la realidad de la creciente importancia del sector el\u00e9ctrico para la econom\u00eda nacional, as\u00ed como la superaci\u00f3n del marco local por parte de las empresas suministradoras, junto a la exigencia de continuidad en el suministro, la paulatina interconexi\u00f3n del tendido el\u00e9ctrico y las cuantiosas inversiones econ\u00f3micas, lo que determina la atribuci\u00f3n de competencias a instancias centrales, estatales.<\/span><\/p>\n

El Real Decreto-ley de 12 de Abril de 1924, que declara formalmente Servicio P\u00fablico el suministro de agua, gas y electricidad, atribuye al Gobierno la reglamentaci\u00f3n de estos servicios y el Reglamento de verificaciones el\u00e9ctricas y regularidad en el suministro de fluido el\u00e9ctrico, de 5 de Diciembre de 1933, suprime toda referencia a la intervenci\u00f3n Municipal en la reglamentaci\u00f3n del servicio p\u00fablico del suministro de energ\u00eda el\u00e9ctrica.<\/span><\/p>\n

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DE LA SERVIDUMBRE DE PASO A LA AUTORIZACI\u00d3N DE INSTALACIONES<\/u>.<\/span><\/strong><\/p>\n

La Ley de 23 de Marzo de 1900, sobre Servidumbre forzosa de paso de corriente el\u00e9ctrica, va a permitir gravar inmuebles ajenos con esta servidumbre para la instalaci\u00f3n de l\u00edneas, a\u00e9reas o subterr\u00e1neas, de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, as\u00ed como para la conservaci\u00f3n constante de las mismas, previa la correspondiente indemnizaci\u00f3n. Su otorgamiento es competencia de instancias estatales, centrales (Ministro de Fomento) o descentralizadas (Gobernador de la Provincia). En el interior de las poblaciones la servidumbre est\u00e1 sujeta a las Ordenanzas generales y locales.<\/span><\/p>\n

Las normas de desarrollo de esta Ley superan el \u00e1mbito de la servidumbre para establecer una regulaci\u00f3n general de las Autorizaciones industriales de cualesquiera instalaciones el\u00e9ctricas. Son especialmente importantes los Reglamentos de 1904 y de 1919, que lo sustituye. Mediante ellos, la Administraci\u00f3n no s\u00f3lo sienta las bases de la intervenci\u00f3n en el transporte de electricidad mediante la t\u00e9cnica autorizatoria, sino que tambi\u00e9n fija las reglas a que habr\u00e1n de sujetarse todas las instalaciones el\u00e9ctricas: centrales de generaci\u00f3n, l\u00edneas de transporte y redes de distribuci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

El Reglamento de 1904 establece la distinci\u00f3n entre la Concesi\u00f3n de servidumbre de paso sobre fundo ajeno, que requiere declaraci\u00f3n de utilidad p\u00fablica y su hecho antecedente, la Autorizaci\u00f3n de instalaciones el\u00e9ctricas, para la comprobaci\u00f3n de la conformidad de las mismas a las disposiciones sobre seguridad e instalaciones.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/a>El Reglamento de 1919 a\u00f1ade la necesidad de informe de Verificador de contadores oficial para la autorizaci\u00f3n de instalaciones el\u00e9ctricas. La normativa sobre Verificaciones de contadores, iniciada por el Real Decreto de 26 de Abril de 1901, desemboca en una normativa sobre Tarifas y Regularidad en el suministro, el Reglamento de Verificaciones el\u00e9ctricas y de regularidad en el suministro de energ\u00eda, de 5 de Diciembre de 1933, y en su sucesor de 1954 (que continu\u00f3 vigente transitoriamente, en tanto no se desarroll\u00f3 la LOSEN -Ley 40\/1994).<\/span><\/p>\n

La Ley 10\/1966, de 18 de Marzo, de expropiaci\u00f3n forzosa y sanciones en materia de instalaciones el\u00e9ctricas y sus Reglamentos de 20 de Octubre de 1966 ambos, los Decretos 2617\/1966 (expropiaci\u00f3n forzosa y sanciones) y 2619\/1966 (autorizaci\u00f3n de instalaciones el\u00e9ctricas), contienen la regulaci\u00f3n actual de esta materia, aunque est\u00e1n derogados por la Disposici\u00f3n Derogatoria de la Ley 40\/1994, de Ordenaci\u00f3n del Sistema El\u00e9ctrico Nacional, pero en tanto no fueron desarrollados sus preceptos relativos a esta materia, se continuar\u00edan aplicando la Ley 10\/1966 y sus Reglamentos en cuanto no se opusieren a la citada Ley 40\/1994.<\/span><\/p>\n

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LA OBLIGACI\u00d3N DE SUMINISTRO (continuidad y regularidad<\/u>).<\/span><\/strong><\/p>\n

La satisfacci\u00f3n de una necesidad p\u00fablica que requiere una prestaci\u00f3n ininterrumpida, unida al mantenimiento del Orden P\u00fablico, fundamentan la obligaci\u00f3n de llevar a cabo el suministro de forma continuada y regular. Ser\u00e1, no obstante, la normativa dictada en desarrollo de las Leyes de Subsistencias (en la \u00e9poca de la Primera Guerra Mundial), la que generalice la exigencia de continuidad y regularidad en el suministro.<\/span><\/p>\n

La obligaci\u00f3n de mantener la continuidad del suministro para el Alumbrado de Poblaciones, a\u00fan mediando incumplimiento por parte del Ayuntamiento (falta de pago), se basaba en la idea de inter\u00e9s p\u00fablico y de mantenimiento del orden p\u00fablico. Las \u00abInstrucciones para la contrataci\u00f3n de servicios municipales\u00bb impon\u00edan ciertas reglas a la interrupci\u00f3n del suministro. Las \u00abInstrucciones para el servicio de verificaci\u00f3n de contadores\u00bb prohib\u00edan el corte del suministro a particulares mientras se encuentre pendiente reclamaci\u00f3n por irregularidades del contador, o una vez resuelta, si el consumidor se encontraba al corriente en el pago de sus recibos (en similares t\u00e9rminos se pronuncia la legislaci\u00f3n posterior).<\/span><\/p>\n

Pero, dec\u00edamos, la normativa de Subsistencias (1915-1916) y sus desarrollos Reglamentarios ser\u00e1 la que abra el camino de la obligaci\u00f3n de suministrar, m\u00e1s all\u00e1 de los dos supuestos vistos. Con esta normativa se produce un cambio en el punto de vista de la actividad administrativa: la Administraci\u00f3n va a contemplar la situaci\u00f3n econ\u00f3mica en su totalidad y al producirse un desequilibrio actuar\u00e1 como fuerza correctora del mercado, m\u00e1s all\u00e1 de la actuaci\u00f3n anterior, como garante del abastecimiento de los productos escasos.<\/span><\/p>\n

El mantenimiento del orden p\u00fablico funcionar\u00e1 como justificante de la obligaci\u00f3n de suministro, independientemente de la existencia o no de utilizaci\u00f3n del dominio p\u00fablico para el tendido de l\u00edneas u otro tipo de habilitaci\u00f3n administrativa.<\/span><\/p>\n

Ser\u00e1 la Real Orden de 14 de Agosto de 1920, que desarrolla la Ley de Subsistencias de 1916, la que formule la obligaci\u00f3n de suministro, la igualdad en el suministro y la continuidad en el mismo, con dos condiciones: que el cliente est\u00e9 al corriente en el pago y que la empresa tenga medios t\u00e9cnicos para efectuar el suministro. La vigencia de esta Real Orden no finaliza con la aprobaci\u00f3n del Real Decreto-ley de 12 de Abril de 1924, que declara servicio p\u00fablico el suministro por parte de las empresas de distribuci\u00f3n, pues pese al car\u00e1cter temporal de la normativa de subsistencias, el Real Decreto-ley citado recibe esta normativa, integr\u00e1ndola en su seno, con independencia a las vicisitudes que posteriormente sufra.<\/span><\/p>\n

Es el Real Decreto de 23 de Diciembre de 1923 el primero que trata de forma sistem\u00e1tica y completa la regularidad en el suministro. Adopta medidas para garantizar a los abonados de las empresas el\u00e9ctricas las caracter\u00edsticas necesarias para el buen funcionamiento t\u00e9cnico y econ\u00f3mico de sus instalaciones. Esta norma se impone a los contratos celebrados entre empresas de suministro el\u00e9ctrico y consumidores, sin acudir al uso del dominio p\u00fablico ni a la servidumbre forzosa y ni siquiera al orden p\u00fablico.<\/span><\/p>\n

Todo esto nos demuestra c\u00f3mo, ya antes de 1924, existen datos que apuntan hacia una creciente regulaci\u00f3n administrativa de la actividad de suministro de energ\u00eda el\u00e9ctrica, concretamente en cuanto a continuidad y regularidad del suministro.<\/span><\/p>\n

El Real Decreto-ley de 12 de Abril de 1924 establece una serie de obligaciones de las empresas de distribuci\u00f3n, aunque sin suponer una novedad significativa. Incluso vuelve a basarse en t\u00edtulos procedentes de la utilizaci\u00f3n del dominio p\u00fablico para justificar la intervenci\u00f3n administrativa.<\/span><\/p>\n

El Tribunal Supremo (Sentencia de 31 de Octubre de 1930), aplicar\u00e1 la obligaci\u00f3n de suministrar en el sentido de obligaci\u00f3n de formalizar los contratos conforme a los precios fijados en las Tarifas aprobadas.<\/span><\/p>\n

Fue el Reglamento de Verificaciones el\u00e9ctricas y regularidad en el suministro de energ\u00eda, de 5 de Diciembre de 1933, siguiendo el camino abierto por el Reglamento Provisional de 19 de Marzo de 1931, el que regul\u00f3 de manera conjunta y sistem\u00e1tica la obligaci\u00f3n de suministro, la regularidad y la continuidad en su prestaci\u00f3n. Entre otros aspectos a\u00f1ade, respecto a la obligaci\u00f3n de las empresas distribuidoras en orden a efectuar el suministro a todo peticionario en tanto tengan medios t\u00e9cnicos para ello, que si comprobada por la Jefatura de Industria la falta de fundamento t\u00e9cnico de la negativa y desatendida la orden de enganche, cabe ejecutar la obra a expensas de la empresa.<\/span><\/p>\n

Pero existe otro instrumento de control de las negativas a suministrar alegando carencia de medios t\u00e9cnicos: la prohibici\u00f3n de admitir ning\u00fan nuevo abonado, con la salvedad de que la dificultad radique en la situaci\u00f3n del suministro con relaci\u00f3n a la red o en la importancia del mismo.<\/span><\/p>\n

El Texto Unificado del Reglamento de verificaciones y regularidad (Decreto de 12 de Marzo de 1954), mantiene en lo sustancial lo establecido por el Reglamento de 1933 e impone la obligaci\u00f3n (art. 87), a cargo de las entidades distribuidoras que tengan establecidas redes en alta o baja tensi\u00f3n, de efectuar las ampliaciones necesarias para atender las exigencias del mercado el\u00e9ctrico en las zonas que est\u00e9n servidas por dichas entidades.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

DEL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD A LA TARIFA EL\u00c9CTRICA<\/u>.<\/span><\/strong><\/p>\n

A principios de Siglo no exist\u00eda un concepto preciso de \u00abtarifa\u00bb, como tampoco lo era el de \u00abservicio p\u00fablico\u00bb. Se conceb\u00eda como la relaci\u00f3n econ\u00f3mica o de precios correspondiente a las prestaciones en dinero que deb\u00eda abonar quien solicite la prestaci\u00f3n individual de un servicio.<\/span><\/p>\n

Hoy en d\u00eda se define como el precio del servicio p\u00fablico fijado por el titular del mismo en virtud de su potestad tarifaria. El titular ha de ser una administraci\u00f3n p\u00fablica, que adquiere dicha titularidad en virtud de la previa declaraci\u00f3n, hecha por Ley, de servicio p\u00fablico.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, en la etapa que ahora estudiamos, son las compa\u00f1\u00edas el\u00e9ctricas las que fijan en el contrato de suministro el precio que los abonados deben satisfacer por la electricidad que consumen. La Administraci\u00f3n, de manera gradual, ir\u00e1 interviniendo en la fijaci\u00f3n de esos precios vali\u00e9ndose, no de la declaraci\u00f3n formal de servicio p\u00fablico y consiguiente atribuci\u00f3n de la titularidad del mismo (ni siquiera cuando \u00e9sta se produce), sino de una \u00abpluralidad de t\u00edtulos\u00bb, conforme a los cuales intervendr\u00e1 autorizando las tarifas mismas, su elevaci\u00f3n o fijando en algunos casos unas tarifas tope.<\/span><\/p>\n

En palabras de J. SALAS, (\u00abR\u00e9gimen jur\u00eddico administrativo de la energ\u00eda el\u00e9ctrica\u00bb, Bolonia 1977) \u00aben todos aquellos casos en que la energ\u00eda producida o transportada se destinaba al consumo por particulares, la administraci\u00f3n -estatal o local, seg\u00fan los casos- se reservaba la facultad de aprobar o modificar las tarifas correspondientes. \u00c9stas figuraban, normalmente, en las concesiones hidroel\u00e9ctricas, en las concesiones del servicio de alumbrado p\u00fablico con autorizaci\u00f3n de suministro a particulares y en las autorizaciones de l\u00edneas de transporte de energ\u00eda, cuya instalaci\u00f3n se declaraba de utilidad p\u00fablica a efectos de la imposici\u00f3n de la correspondiente servidumbre de paso. De una u otra manera, la potestad tarifaria se reconduc\u00eda a la titularidad demanial, o a la potestad expropiatoria. He aqu\u00ed porqu\u00e9 antes de que apareciera formalmente el t\u00edtulo de servicio p\u00fablico, la Administraci\u00f3n ten\u00eda atribuida la potestad de aprobar y modificar las tarifas aplicables a los consumidores de electricidad<\/em>\u00ab.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/a>Las concesiones hidroel\u00e9ctricas permit\u00edan fijar, como pacto contractual, determinaciones sobre el precio a aplicar. Ser\u00e1 al regular los \u00abaprovechamientos integrales de cuencas\u00bb cuando se establecer\u00e1n previsiones sobre tarifas, con fundamento en el t\u00edtulo demanial (dominio p\u00fablico).<\/span><\/p>\n

Los Reglamentos de instalaciones el\u00e9ctricas y servidumbre forzosa de paso, de 7 de Octubre de 1904 y de 27 de Marzo de 1919, contienen algunas referencias a las tarifas, al igual que la Ley de obras p\u00fablicas de 13 de Abril de 1877. Sin embargo, no existe todav\u00eda una potestad tarifaria ligada a la actividad econ\u00f3mica relacionada con la electricidad, sino que la intervenci\u00f3n se basaba en la concesi\u00f3n de ocupaci\u00f3n de dominio p\u00fablico. La concesi\u00f3n se conceb\u00eda como un sistema de ocupaci\u00f3n de dominio p\u00fablico sobre el cual se conecta la t\u00e9cnica de retribuci\u00f3n al concesionario por la explotaci\u00f3n ulterior mediante el sistema de tarifas.<\/span><\/p>\n

De existir una potestad tarifaria con anterioridad a 1920, \u00e9sta se fundaba en la titularidad demanial de la administraci\u00f3n sobre v\u00edas p\u00fablicas o sobre r\u00edos, o en la necesidad de beneficiarse de la servidumbre forzosa de paso para el tendido de l\u00edneas el\u00e9ctricas. Esto es importante, pues muestra que es posible hablar de una potestad tarifaria desgajada de la calificaci\u00f3n de servicio p\u00fablico: tarifas y asunci\u00f3n de titularidad de la actividad por parte de la Administraci\u00f3n se separan; la existencia de una potestad tarifaria no implica necesariamente que la Administraci\u00f3n haya asumido la titularidad de una determinada actividad.<\/span><\/p>\n

Hasta la aprobaci\u00f3n de las Leyes de Subsistencias de 1915 y sobre todo de 1916, en cuyo desarrollo se dict\u00f3 la Real Orden de 14 de Agosto de 1920, la tarifa no es m\u00e1s que un elemento contractualizado, pactado. En ese momento hist\u00f3rico, el suministro de electricidad es una actividad privada reglamentada, no un servicio p\u00fablico.<\/span><\/p>\n

    \n
  1. ARI\u00d1O,(\u00abLas tarifas de los servicios p\u00fablicos\u00bb, Sevilla 1976) respecto a la situaci\u00f3n anterior a 1920, hace las siguientes afirmaciones: \u00abLa producci\u00f3n y suministro de energ\u00eda sigue siendo una actividad esencialmente libre sobre la que pesan, ciertamente, determinadas cargas (polic\u00eda de seguridad, inspecciones, declaraci\u00f3n de tarifas y una autorizaci\u00f3n reglamentada, etc.) y beneficios (declaraci\u00f3n de utilidad p\u00fablica que le otorga servidumbre forzosa de paso, ocupaci\u00f3n de zonas de dominio p\u00fablico, etc.). Que estamos aqu\u00ed ante una pura actividad policial se desprende del art\u00edculo 4 del Decreto de 27 de Marzo de 1919, cuyo tenor literal era el siguiente: \u201cNo necesitar\u00e1n autorizaci\u00f3n administrativa las l\u00edneas e instalaciones anexas de uso particular que s\u00f3lo graven la propiedad del que las quiera establecer o cuyos due\u00f1os le hubieran autorizado debidamente<\/em>\u201d. Este planteamiento es impensable en una actividad de servicio p\u00fablico.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Como dec\u00edamos, ser\u00e1 la guerra mundial, con el encarecimiento de los precios de los productos de primera necesidad y la normativa \u00abde subsistencias\u00bb dictada entonces, la que fundamentar\u00e1 una intervenci\u00f3n del Estado en los mercados de distintos productos. Esta legislaci\u00f3n trata de superar el car\u00e1cter exclusivamente contractual reconocido hasta entonces a la potestad tarifaria.<\/span><\/p>\n

    En desarrollo de la legislaci\u00f3n de subsistencias de 1916, se dictar\u00e1 la Real Orden de 14 de Agosto de 1920, que pese a su provisionalidad, fue largamente aplicada al reenviar a ella el Real Decreto-Ley de 12 de Abril de 1924, que como veremos, contiene la Declaraci\u00f3n formal de servicio p\u00fablico. Esta Real Orden atribuye un cierto poder tarifario a la Administraci\u00f3n, en el que el car\u00e1cter p\u00fablico de la actividad va pesando m\u00e1s que el t\u00edtulo demanial. Implanta en el \u00e1mbito de la electricidad lo que se ha denominado el doble principio en que se basa hoy el r\u00e9gimen de tarifas: principio de cobertura suficiente y principio de beneficio controlado. Su art\u00edculo 1 establece la obligaci\u00f3n de suministro y se refiere a toda empresa de producci\u00f3n o distribuci\u00f3n de electricidad que haya exigido concesi\u00f3n o autorizaci\u00f3n<\/strong> administrativa del Estado, Provincias o Municipios (aprovechamientos hidr\u00e1ulicos, servidumbre forzosa o autorizaci\u00f3n de instalaciones) o que haga uso para el tendido de sus l\u00edneas de v\u00edas o terrenos de dominio p\u00fablico<\/strong>. La Real Orden faculta a la administraci\u00f3n para controlar las tarifas, somete a autorizaci\u00f3n su elevaci\u00f3n y unifica la regulaci\u00f3n de tarifas el\u00e9ctricas. La autoridad de control es la Administraci\u00f3n Central, la cual puede condicionar la autorizaci\u00f3n para elevar las tarifas a la mejora de la calidad del suministro o incluso al aumento de potencia instalada para atender a nuevos abonados.<\/span><\/p>\n

    Todo esto nos permite afirmar, con Trillo-Figueroa y L\u00f3pez-Jurado, \u00abla existencia de una potestad tarifaria en manos de la Administraci\u00f3n que se configura como tal poco antes de la declaraci\u00f3n formal del suministro de electricidad como servicio p\u00fablico y, por tanto, sin asunci\u00f3n por la Administraci\u00f3n de la titularidad de la actividad<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n

    El Real Decreto-Ley de 12 de Abril de 1924 contiene una regulaci\u00f3n detallada del r\u00e9gimen tarifario de los suministros de agua, gas y electricidad. Introduce como novedad la atribuci\u00f3n de competencia a los Ayuntamientos para autorizar las tarifas de las empresas de suministros que s\u00f3lo afecten a su t\u00e9rmino municipal, adaptando las previsiones del reci\u00e9n aprobado \u00abEstatuto Municipal\u00bb al campo de los suministros, que dicho Estatuto considera servicios p\u00fablicos de competencia municipal.<\/span><\/p>\n

    Esto reafirma el car\u00e1cter instrumental de la Declaraci\u00f3n de Servicio P\u00fablico del Suministro de Agua, Gas y Electricidad. El R.D.Ley de 1924 reitera lo que ya estaba previsto en disposiciones anteriores, uniendo a ello la Declaraci\u00f3n de Servicio P\u00fablico con la que se refuerzan las imposiciones de las normas previas. No contiene un concepto preciso de Servicio P\u00fablico (pues estaba a\u00fan en formaci\u00f3n). Tampoco supone transferencia alguna de titularidad a la Administraci\u00f3n. En palabras de J.SALAS, \u00abLas cosas quedaban como estaban: ni la Administraci\u00f3n asum\u00eda formalmente la titularidad de la actividad, ni las empresas privadas dejaban de realizarla. Lo que realmente le interesaba a la Administraci\u00f3n no era hacerse con la titularidad del servicio, sino ejercer un mayor control sobre el mismo y \u00e9ste se consegu\u00eda con la puesta en pr\u00e1ctica de disposiciones concretas<\/em>\u00ab…\u00bbse trata, sobre todo, de formalizar una intervenci\u00f3n administrativa de cierta intensidad, que ya ven\u00eda realiz\u00e1ndose desde hac\u00eda una serie de a\u00f1os<\/em>\u00ab.<\/span><\/p>\n

    En este momento hist\u00f3rico, la potestad tarifaria incluye la autorizaci\u00f3n del alza de tarifas, no su rebaja (que requerir\u00eda ejercitar el Recurso Contencioso Administrativo, previa Declaraci\u00f3n de Lesividad). Hemos de tener en cuenta que el sistema de tarifas tope unificadas no se introduce hasta el Decreto de 12 de Enero de 1951 y a\u00fan entonces se ofrece s\u00f3lo como opci\u00f3n a las compa\u00f1\u00edas el\u00e9ctricas, aunque ser\u00e1 mayoritaria su elecci\u00f3n, como veremos. Hasta ese momento, las alzas en las tarifas se autorizaban singularmente y exist\u00eda diversidad tarifaria que, aunque en regresi\u00f3n, perdurar\u00e1 tras esa fecha. Por ello, el Tribunal Supremo considerar\u00e1 en 1936 la autorizaci\u00f3n de tarifas como acto y s\u00f3lo despu\u00e9s del establecimiento del sistema de tarifas tope unificadas cambiar\u00e1 de postura, abandonando la invocaci\u00f3n al ir contra sus propios actos y la necesidad de declaraci\u00f3n de lesividad (Sent. de 20 de Marzo de 1959, Arzd.2739).<\/span><\/p>\n

    Antes, sin embargo, se dicta el Real Decreto de 5 de Diciembre de 1933, el cual regula conjuntamente la verificaci\u00f3n de contadores y diversos aspectos relacionados con el suministro de electricidad a consumidores finales, entre los que se encuentra lo relativo a tarifas, pero sin introducir modificaciones significativas respecto al sistema anterior.<\/span><\/p>\n

     <\/p>\n

    LA DECLARACI\u00d3N DE SERVICIO PUBLICO.<\/u><\/span><\/strong><\/p>\n

    El Real Decreto-ley de 12 de Abril de 1924: se trata de una norma de la Dictadura de Primo de Rivera en la que el dato formal del rango normativo debe ser relativizado.<\/span><\/p>\n

    En ese momento, todav\u00eda se est\u00e1 produciendo en Espa\u00f1a la depuraci\u00f3n doctrinal del concepto de Servicio P\u00fablico, por lo que la legislaci\u00f3n de la \u00e9poca no pod\u00eda utilizar ese concepto con precisi\u00f3n. Teniendo esto en cuenta, analizaremos el alcance de las potestades de intervenci\u00f3n y el impacto de la nueva norma sobre el marco regulador previo.<\/span><\/p>\n

    Declara Servicio P\u00fablico el suministro de electricidad a los abonados de las empresas de distribuci\u00f3n, dando a entender que se refiere a la \u00faltima de las fases del ciclo relacionado con la electricidad. Hubo quien estim\u00f3 tal declaraci\u00f3n aplicable tambi\u00e9n a la producci\u00f3n y a la distribuci\u00f3n, aunque no es esa la opini\u00f3n mayoritaria. Al respecto, la cita de J.SALAS: \u00abLa soluci\u00f3n al problema de si la Declaraci\u00f3n de servicio p\u00fablico alude exclusivamente a la fase de suministro o comprende tambi\u00e9n las dem\u00e1s es irrelevante, teniendo en cuenta el grado de intervenci\u00f3n administrativa existente en todas las fases<\/em>\u00ab.<\/span><\/p>\n

    Declarar el suministro servicio p\u00fablico supone principalmente la creaci\u00f3n de un t\u00edtulo de intervenci\u00f3n sobre actividades privadas con el fin de controlarlas (VILLAR PALAS\u00cd; \u00abLa intervenci\u00f3n administrativa en la industria\u00bb, Madrid 1964). Desde este punto de vista hay que advertir que la intervenci\u00f3n sobre la producci\u00f3n y el transporte de electricidad se encontraba entonces cubierta por otros t\u00edtulos (como el demanial, las servidumbres forzosas, la seguridad,…), que justificaban potestades de tipo policial. Era el suministro la fase menos intervenida del ciclo el\u00e9ctrico y a \u00e9l se refieren las disposiciones del R.D-Ley.<\/span><\/p>\n

    Su fundamento aparece todav\u00eda vinculado a t\u00edtulos de intervenci\u00f3n propios de la actividad de polic\u00eda (como la reglamentaci\u00f3n de tales servicios para garant\u00eda de la seguridad e intereses p\u00fablicos), desvelando el car\u00e1cter instrumental de la Declaraci\u00f3n de Servicio P\u00fablico. Este R.D-Ley de 1924 supuso fundamentalmente la aplicaci\u00f3n a los suministros de agua y gas de normas que ya reg\u00edan para el suministro de electricidad.<\/span><\/p>\n

    \"\"<\/a>Esta declaraci\u00f3n de servicio p\u00fablico \u00absui generis\u00bb no lleva consigo traslado de titularidad de la actividad. La entrada en vigor de este R.D-Ley no supone la necesidad de obtener una Concesi\u00f3n como t\u00edtulo independiente para suministrar electricidad. Siguiendo a Trillo-Figueroa y L\u00f3pez-Jurado, \u00abLa actividad relacionada con la producci\u00f3n, transporte y suministro de energ\u00eda el\u00e9ctrica sigue, tras la norma de 1924, estando regulada. Siguen siendo necesarias las concretas habilitaciones anteriores, sin que la entrada en vigor de aqu\u00e9lla suponga ni un cambio sustancial de la intensidad de la intervenci\u00f3n, ni la necesidad de obtener una nueva habilitaci\u00f3n espec\u00edfica para llevar a cabo la actividad<\/em>\u00ab. \u00abLos contratos de alumbrado establecidos por los Municipios se ir\u00e1n transformando en concesiones de servicio p\u00fablico, pero al ver \u00e9stos limitadas sus competencias, la t\u00e9cnica concesional acabar\u00e1 limitada a los supuestos de alumbrado p\u00fablico. Normalmente pues, la habilitaci\u00f3n para llevar a cabo el suministro se configura formalmente como autorizaci\u00f3n, aunque la situaci\u00f3n material de la empresa sea, durante mucho tiempo antes de las declaraciones de servicio p\u00fablico contenidas en las Leyes de Explotaci\u00f3n Unificada de 1984 y de Ordenaci\u00f3n del Sistema El\u00e9ctrico de 1994, parecida en algunos extremos a la de un concesionario<\/em>\u00ab.<\/span><\/p>\n

    Posteriormente se suceder\u00e1n las Declaraciones de Servicio P\u00fablico del suministro de electricidad, mediante disposiciones reglamentarias: Decreto de 5 de Diciembre de 1933; Texto Unificado del Reglamento de Verificaciones El\u00e9ctricas, Decreto de 12 de Marzo de 1954. Las Declaraciones formales del suministro de electricidad como servicio p\u00fablico, posteriores a 1924, deben ser relativizadas atendiendo a la subsistencia de la normativa espec\u00edfica sobre Expropiaci\u00f3n Forzosa y Sanciones en materia de Instalaciones El\u00e9ctricas. Dicha normativa se conten\u00eda en la Ley 10\/1966 de 18 de Marzo (de la que son antecedentes la Ley de 23 de Marzo de 1900 y el Decreto de 27 de Marzo de 1919, sobre servidumbre de paso e instalaciones el\u00e9ctricas), en desarrollo de la ley 10\/1966 se dicta, junto al Reglamento sobre Expropiaci\u00f3n Forzosa y Sanciones (Decreto 2619\/1966, de 20 de Octubre), el Reglamento sobre Autorizaci\u00f3n de Instalaciones El\u00e9ctricas (Decreto 2617\/1966, tambi\u00e9n de 20 de Octubre), del cual se desprende la ausencia de relaci\u00f3n formalmente concesional, sino que se requiere simplemente autorizaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

    En definitiva, la norma de 1924, referida al suministro de energ\u00eda el\u00e9ctrica que declara servicio p\u00fablico supone, de hecho, que ya no habr\u00e1 que acudir a otros t\u00edtulos de intervenci\u00f3n para justificar el control sobre los contratos de suministro de electricidad a particulares o para entender que existe una potestad administrativa sobre la prestaci\u00f3n de la actividad o para la fijaci\u00f3n del precio de la misma.<\/span><\/p>\n

     <\/p>\n

    *******<\/p>\n

    Art\u00edculo publicado en Punto Cr\u00edtico en Febrero de 1997.<\/span><\/p>\n

    Descargar art\u00edculo completo (Punto Cr\u00edtico n\u00ba 8)<\/span><\/a><\/p>\n

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    HISTORIA DEL SISTEMA EL\u00c9CTRICO ESPA\u00d1OL. (PARTE I) HISTORIA DEL SISTEMA EL\u00c9CTRICO ESPA\u00d1OL. (PARTE III) HISTORIA DEL SISTEMA EL\u00c9CTRICO ESPA\u00d1OL. (PARTE IV) HISTORIA DEL SISTEMA EL\u00c9CTRICO ESPA\u00d1OL. (PARTE V) \u00a0 HISTORIA DE LA REGULACI\u00d3N DEL SECTOR […]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":3,"featured_media":968,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[6,10],"tags":[],"class_list":{"0":"post-963","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-justicia","8":"category-miscelanea"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/963","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=963"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/963\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/media\/968"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=963"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=963"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=963"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}