{"id":6251,"date":"2017-10-30T01:00:24","date_gmt":"2017-10-30T00:00:24","guid":{"rendered":"http:\/\/puntocritico.com\/?p=6251"},"modified":"2018-03-06T20:02:53","modified_gmt":"2018-03-06T19:02:53","slug":"una-aplicacion-inconstitucional-del-articulo-155","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/2017\/10\/30\/una-aplicacion-inconstitucional-del-articulo-155\/","title":{"rendered":"Una aplicaci\u00f3n inconstitucional del art\u00edculo 155, por Joaqu\u00edn Ur\u00edas y Legitimidad en entredicho en el peor momento, por Javier Per\u00e9z Royo"},"content":{"rendered":"
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\u201cLos intereses de la clase trabajadora y de su lucha contra el capitalismo exigen la solidaridad completa y la mayor unidad de los trabajadores de todas las naciones; exigen resistencia a la pol\u00edtica nacionalista de la burgues\u00eda de cada nacionalidad. Por lo tanto la Socialdemocracia se estar\u00eda desviando de la pol\u00edtica proletaria y estar\u00eda subordinando a los trabajadores a la pol\u00edtica de la burgues\u00eda si repudiara el derecho de las naciones a la autodeterminaci\u00f3n, esto es, el derecho de una naci\u00f3n oprimida a separarse, o si apoyara todas las demandas nacionales de la burgues\u00eda de las naciones oprimidas. No hace ninguna diferencia a un trabajador contratado si es explotado principalmente por la burgues\u00eda gran rusa y no por la burgues\u00eda no rusa, o por la burgues\u00eda polaca y no por la burgues\u00eda jud\u00eda, etc\u00e9tera. El trabajador contratado que ha entendido sus intereses de clase es igualmente indiferente a los privilegios estatales de los capitalistas gran rusos y a las promesas de los capitalistas polacos o ucranianos de establecer un para\u00edso terrenal cuando obtienen privilegios estatales. El capitalismo se est\u00e1 desarrollando y continuar\u00e1 haci\u00e9ndolo, de todas maneras, tanto en Estados integrales con poblaci\u00f3n mixta y en Estados nacionales separados. En cualquier caso el trabajador ser\u00e1 un objeto de explotaci\u00f3n. La lucha exitosa contra la explotaci\u00f3n requiere que el proletariado est\u00e9 libre del nacionalismo y sea absolutamente neutral, por as\u00ed decirlo, en la lucha por la supremac\u00eda que se est\u00e1 desarrollando entre las burgues\u00edas de varias naciones. Si el proletariado de cualquier naci\u00f3n otorga el menor apoyo a los privilegios de sus \u201cpropia\u201d burgues\u00eda nacional, esto inevitablemente despertar\u00e1 desconfianza en el proletariado de otra naci\u00f3n; eso debilitar\u00e1 la solidaridad de clase internacional de los trabajadores y los dividir\u00e1, para deleite de la burgues\u00eda. El repudio del derecho de la autodeterminaci\u00f3n o a la secesi\u00f3n significa, inevitablemente, en la pr\u00e1ctica, el apoyo a los privilegios de la naci\u00f3n dominante\u201d<\/em><\/span><\/p>\n

\u201cEl marxismo y la cuesti\u00f3n nacional\u201d<\/em>\u00a0(Lenin, Collected Works, volumen 20, pp. 395-454,\u00a0https:\/\/www.marxists.org\/archive\/lenin\/works\/cw\/pdf\/lenin-cw-vol-20.pdf<\/a>)<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

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Una aplicaci\u00f3n inconstitucional del art\u00edculo 155<\/h1>\n
Por Joaqu\u00edn Ur\u00edas\u00a0<\/span><\/div>\n
Profesor de Derecho Constitucional y ex-letrado del Tribunal Constitucional<\/span><\/div>\n
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Art\u00edculo publicado el 22 de octubre de 2017 en eldiario.es:<\/span><\/span><\/div>\n
http:\/\/www.eldiario.es\/tribunaabierta\/aplicacion-inconstitucional-articulo_6_699990004.html<\/span><\/a><\/span><\/div>\n
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Da la impresi\u00f3n de que el Presidente Rajoy ha tomado la posibilidad excepcional del art\u00edculo 155 por lo que no es: una carta blanca para usurpar las competencias de cualquier comunidad aut\u00f3noma con la que discrep<\/em>e<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

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Mariano Rajoy durante la reuni\u00f3n del Consejo de Ministros de este s\u00e1bado. EFE<\/strong><\/span><\/figcaption><\/figure>\n

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La Constituci\u00f3n reconoce en su art\u00edculo segundo el derecho al autogobierno de las nacionalidades que integran Espa\u00f1a. Tambi\u00e9n establece una estructura b\u00e1sica de divisi\u00f3n de poderes para las comunidades aut\u00f3nomas, que tendr\u00e1n un Gobierno, un Presidente, un Parlamento y un Tribunal Superior de Justicia.<\/span><\/p>\n

\u00c9se es el r\u00e9gimen constitucional de distribuci\u00f3n territorial del poder. La manera en que normalmente debe funcionar el Estado espa\u00f1ol. Junto a ello, y s\u00f3lo para el caso de circunstancias muy an\u00f3malas, el art\u00edculo 155 CE prev\u00e9 una posibilidad tremendamente excepcional: la suspensi\u00f3n temporal y extraordinaria del derecho al autogobierno y del r\u00e9gimen constitucional auton\u00f3mico. No es \u00e9ste el \u00fanico ejemplo de suspensi\u00f3n temporal de los principios y derechos constitucionales. La Constituci\u00f3n tambi\u00e9n prev\u00e9 en otros art\u00edculos la posibilidad de suspender la vigencia de sus normas. As\u00ed sucede en tiempo de guerra o cat\u00e1strofe, cuando el art. 116 CE permite que se suspendan determinadas garant\u00edas y derechos. Otras suspensiones tienen menor entidad: por ejemplo, el secreto de las comunicaciones pierde eficacia cuando de manera temporal y motivada un juez autoriza su interceptaci\u00f3n para la investigaci\u00f3n de un delito.<\/span><\/p>\n

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Todas estas suspensiones tienen en com\u00fan su temporalidad, y el hecho de que la Constituci\u00f3n establece la \u00fanica finalidad leg\u00edtima con que se pueden adoptar. Si no fueran provisionales perder\u00edan su car\u00e1cter excepcional y ser\u00edan, en verdad, una derogaci\u00f3n de la propia Constituci\u00f3n. Por la misma raz\u00f3n, todas deben ser interpretadas de manera restrictiva: los casos en que se apliquen estas excepciones tienen que limitarse al m\u00ednimo. En todos estos casos, adem\u00e1s, es imperativo controlar de manera estricta que las suspensiones constitucionales se usen nada m\u00e1s que para las finalidades previstas en la Constituci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Todo esto es aplicable tambi\u00e9n a las medidas coercitivas hacia las comunidades aut\u00f3nomas previstas en el art\u00edculo 155 CE. Y debe ser el criterio para juzgar la constitucionalidad de las medidas de ejecuci\u00f3n de este art\u00edculo que acaba de desvelar el Gobierno.<\/span><\/p>\n

Desde el punto de vista constitucional esta propuesta tiene un primer l\u00edmite. El requerimiento previo al Gobierno auton\u00f3mico para que cese en su desobediencia que exige el art. 155 sirve para delimitar cu\u00e1l es la desobediencia concreta que se est\u00e1 produciendo. En este caso, la Carta del Presidente del Gobierno espa\u00f1ol a su hom\u00f3logo de la Generalitat se refer\u00eda al cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional que suspendieron, y luego anularon las leyes de refer\u00e9ndum y, a trav\u00e9s suya, de transitoriedad. El art\u00edculo 155 CE faculta, pues, al Gobierno de la naci\u00f3n para tomar las medidas provisionales necesarias para que se cumplan estas leyes. Nada menos, y nada m\u00e1s.<\/span><\/p>\n

El art\u00edculo 155 CE no puede utilizarse para que el Gobierno central sustituya, con fines partidistas, al catal\u00e1n en su potestad de convocar elecciones. Si el Gobierno de Madrid discrepa pol\u00edticamente del catal\u00e1n, no puede quitarle sin m\u00e1s esa competencia y asumirla para s\u00ed mismo. Ser\u00eda una violaci\u00f3n evidente de la Constituci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Con esta perspectiva, resulta evidente que las medidas anunciadas tras el Consejo de Ministros extraordinario y que se van a someter a la aprobaci\u00f3n del Senado incurren en un claro exceso respecto a lo que prev\u00e9 la Constituci\u00f3n. El cese de todos los miembros del Govern, aunque pol\u00edticamente pudiera calificarse de excesivo, resulta conforme con la Constituci\u00f3n en la medida en que sea temporal. Lo justificar\u00eda el hecho de que todas las consejer\u00edas catalanas colaboran de un modo u otro en la aplicaci\u00f3n de la ley de refer\u00e9ndum\u2026 si es que aceptamos que esa ley ha sido efectivamente aplicada pese a su suspensi\u00f3n por el Tribunal Constitucional. Lo mismo puede decirse, desde el punto de vista estrictamente t\u00e9cnico, del veto gubernamental impuesto a la potestad legislativa del Parlament. Sin embargo, la manera en que aparece formulada esta medida suscita dos grandes dudas de constitucionalidad.<\/span><\/p>\n

De una parte, el Gobierno pide autorizaci\u00f3n al Senado para una serie de medidas que aparecen redactadas de forma abierta y sin concretar. Se quiere que el Senado le d\u00e9 una carta blanca al Gobierno para decidir de qu\u00e9 manera asume el control de la administraci\u00f3n catalana. Esta falta de concreci\u00f3n es, en realidad, una manera de diluir el control que realiza el Senado. Un aut\u00e9ntico fraude de Constituci\u00f3n, puesto que el Senado no tiene claro qu\u00e9 es lo que est\u00e1 autorizando. Lo que debe ser aut\u00e9ntico control sobre el gobierno, se convierte en dejaci\u00f3n de poderes a favor suya. El texto actual permite que el Gobierno, sin control del Senado, decida si le conviene cesar al mayor de los Mossos o al Director de la radiotelevisi\u00f3n catalana, entre otros. Toda una serie de medidas que la Constituci\u00f3n exige que se hagan con permiso del Senado, pero que ahora se posponen a lo que decida libremente el Gobierno.<\/span><\/p>\n

La segunda causa de inconstitucionalidad es la asunci\u00f3n por el Presidente del Gobierno espa\u00f1ol de las facultades de disoluci\u00f3n del Parlament y para convocar elecciones auton\u00f3micas. Es algo que s\u00f3lo puede calificarse de disparate constitucional. De una parte, convierte las medidas del art\u00edculo 155 en una suspensi\u00f3n definitiva. Cesa al Govern de una vez y para siempre, sin atisbo de temporalidad. Ya no se trata de que el Estado asuma temporalmente las competencias del Gobierno catal\u00e1n, sino de disolver de manera definitiva este Gobierno que ya no es provisional, sino definitiva.<\/span><\/p>\n

De otra parte, y eso es lo m\u00e1s importante, el Gobierno central asume competencias pol\u00edticas del Presidente de la Generalitat que no tienen ninguna relaci\u00f3n con la finalidad perseguida por el art. 155 CE. Decidir el momento en que pol\u00edticamente conviene a o no disolver el Parlament y convocar elecciones anticipadas es una cuesti\u00f3n de oportunidad. La Constituci\u00f3n exige que eso lo decida libremente el Presidente de la Generalitat, mandatado para ello por la ciudadan\u00eda de Catalu\u00f1a. Pol\u00edticamente puede ser que la convocatoria anticipada de elecciones en Catalu\u00f1a sea la soluci\u00f3n m\u00e1s adecuada para la crisis actual. Sin embargo, no hay manera l\u00f3gica de conectar la decisi\u00f3n acerca del momento de estas elecciones con razones de inter\u00e9s general ni con la obediencia a las Sentencias del Tribunal Constitucional que suspendieron y anularon la ley de refer\u00e9ndum.<\/span><\/p>\n

El art\u00edculo 155 CE no define cu\u00e1les son las medidas que puede adoptar el Gobierno central. Se remite a lo que sea necesario. Sin embargo, s\u00ed exige que se haga con control del Senado y que se demuestre que las medidas adoptadas son necesarias para el fin leg\u00edtimo que se quiera perseguir.<\/span><\/p>\n

Nada de eso pasa ahora. Constitucionalmente, da la impresi\u00f3n de que el Presidente Rajoy ha tomado la posibilidad excepcional del art. 155 CE por lo que no es: una carta blanca para usurpar las competencias de cualquier comunidad aut\u00f3noma con la que discrepe. Eso es un riesgo terrible para todo el sistema constitucional de distribuci\u00f3n del poder.<\/span><\/p>\n

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Legitimidad en entredicho en el peor momento<\/h1>\n

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Por Javier Per\u00e9z Royo<\/span><\/div>\n

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Art\u00edculo publicado el 24 de octubre de 2017 en eldiario.es<\/span><\/div>\n
http:\/\/www.eldiario.es\/zonacritica\/Legitimidad-entredicho-peor-momento_6_700689958.html<\/a><\/span><\/div>\n
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Un ministro reprobado o un fiscal general reprobado, son personas que con su conducta se han hecho indignos de ocupar el puesto para el que hab\u00edan sido designados<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Los dos ministros (Hacienda y Justicia) y el fiscal general del Estado van a ser piezas decisivas en la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 155 CE. Si los tres han hecho un uso desviado del poder en el pasado \u00bfc\u00f3mo se puede confiar en que no lo har\u00e1n en el futuro?<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n<\/address>\n

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Rafael Catal\u00e1 y Jos\u00e9 Manuel Maza. EFE<\/strong><\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n
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La reprobaci\u00f3n por el Congreso de los Diputados es el equivalente de la sentencia firme en el proceso penal. La primera destruye la presunci\u00f3n de legitimidad. La segunda la presunci\u00f3n de inocencia. La primera es dictada por el \u00fanico \u00f3rgano del Estado que tiene legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica directa y, por ello, es portador en r\u00e9gimen de monopolio de la soberan\u00eda nacional\/popular. La segunda por el poder judicial que administra justicia con base en el principio de exclusividad. Ambas exigen un proceso p\u00fablico y contradictorio en el que se ejerce el derecho a la defensa con todas las garant\u00edas constitucionales. En la primera a trav\u00e9s de dicho proceso se acredita que el titular del poder p\u00fablico lo ha ejercido de manera desviada, inhabilit\u00e1ndose con su conducta para seguir ejerci\u00e9ndolo. En la segunda se acredita que el ciudadano ha sido protagonista de una conducta tipificada como delito y es condenado, en consecuencia, con el castigo previsto en el C\u00f3digo Penal.<\/span><\/p>\n

A diferencia de lo que ocurre en el proceso penal, en el que no puede haber condena firme sin que hayan intervenido dos instancias, en la reprobaci\u00f3n parlamentaria todo se produce en una sola instancia. La raz\u00f3n de que as\u00ed sea es muy sencilla. El poder judicial se ejerce a t\u00edtulo individual, incluso cuando se forma parte de un \u00f3rgano colegiado y, en todo caso, en un proceso penal el n\u00famero de jueces que intervienen es una fracci\u00f3n min\u00fascula de todos los jueces y magistrados que integran el PODER Judicial. Dado que cada juez es independiente en la interpretaci\u00f3n de la ley, resulta inexcusable que el justiciable tenga derecho a una segunda instancia, a fin de no quedar al albur de la individualidad del juez que haya conocido de su conducta en primera instancia. Sin segunda instancia no hay derecho a la tutela judicial efectiva en el proceso penal.<\/span><\/p>\n

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Los diputados que integran el Congreso no son titulares de poder alguno a t\u00edtulo individual. El poder del Congreso de los Diputados en el ejercicio de todas las funciones parlamentarias, legislativa, presupuestaria y de control de la acci\u00f3n de gobierno, que es en la que se encaja el instituto de la reprobaci\u00f3n, se ejerce siempre de manera colegiada. Participan en cada una de ellas todos los parlamentarios que integran el \u00f3rgano. Y adem\u00e1s de manera simult\u00e1nea. Su decisi\u00f3n es, por tanto, global, \u00fanica e inapelable.<\/span><\/p>\n

La decisi\u00f3n del Congreso de los Diputados es la m\u00e1xima expresi\u00f3n de la legitimidad democr\u00e1tica que cabe en el Estado Constitucional. Su autoridad es superior incluso a la del poder judicial, dada su proximidad al principio de legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica. En consecuencia, la reprobaci\u00f3n de un Ministro o de un Fiscal General del Estado aprobada por el Congreso de los Diputados tiene que ser ejecutada de manera inmediata.<\/span><\/p>\n

Una vez que el Congreso de los Diputados ha acordado que un ministro o un fiscal general, que inici\u00f3 su mandato con la legitimidad de origen que le transmiti\u00f3 el presidente del Gobierno, que a su vez la recibi\u00f3 del Congreso de los Diputados a trav\u00e9s de la investidura, ha perdido dicha legitimidad como consecuencia de un uso desviado del poder, ni el ministro ni el fiscal pueden permanecer ni un minuto en su puesto. Es una exigencia del principio de legitimidad democr\u00e1tica, que no admite excepci\u00f3n de ning\u00fan tipo.<\/span><\/p>\n

Un ministro reprobado o un fiscal general reprobado son delincuentes pol\u00edticos, son personas que con su conducta se han hecho indignos de ocupar el puesto para el que hab\u00edan sido designados. Una vez que ha sido acordado por el Congreso de los Diputados, no hay nada que discutir. Se ejecuta la decisi\u00f3n y punto.<\/span><\/p>\n

Esta es la raz\u00f3n por la que en los gobiernos de las democracias no hay ministros ni fiscales generales reprobados. Como dijo el Tribunal Constitucional en la STC 6\/1981, el principio de legitimidad democr\u00e1tica \u201ces la base de TODA nuestra ordenaci\u00f3n jur\u00eddico-pol\u00edtica\u201d. No hay ninguna manifestaci\u00f3n de ejercicio del poder p\u00fablico que pueda escapar la vigencia de este principio.<\/span><\/p>\n

En Espa\u00f1a, por el contrario s\u00ed los hay. Los ministros de Justicia y Hacienda y el fiscal general del Estado han sido reprobados por el Congreso de los Diputados y, adem\u00e1s, lo han sido por mayor\u00edas aplastantes, lo que, jur\u00eddicamente no es relevante, pero pol\u00edticamente s\u00ed. El hecho de que fueran diputados de diversos grupos parlamentarios los que integraran dicha mayor\u00eda no es irrelevante.<\/span><\/p>\n

La confirmaci\u00f3n por el presidente del Gobierno de los ministros y del fiscal reprobados supone un desprecio al principio de soberan\u00eda nacional\/popular. Se trata de un desprecio grave y m\u00e1s en el momento que estamos viviendo. \u00bfCon qu\u00e9 credibilidad puede argumentar Mariano Rajoy que no se puede pactar la celebraci\u00f3n de un refer\u00e9ndum en Catalu\u00f1a porque afecta a la soberan\u00eda nacional, cuando \u00e9l mantiene a dos ministros y a un fiscal general que han sido reprobados por el \u00f3rgano portador de dicha soberan\u00eda nacional?<\/span><\/p>\n

Los dos ministros y el fiscal general del Estado van a ser piezas decisivas en la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 155 CE. Si los tres han hecho un uso desviado del poder en el pasado y en circunstancias menos dif\u00edciles, \u00bfc\u00f3mo se puede confiar en que no lo har\u00e1n en el futuro en circunstancias mucho m\u00e1s complicadas?<\/span><\/p>\n

Es la propia legitimidad de presidente del Gobierno la que est\u00e1 en entredicho por la confirmaci\u00f3n de personas reprobadas. En el momento en que es necesario que no existan dudas acerca de la legitimidad del Gobierno de la Naci\u00f3n, la presencia de esos tres delincuentes pol\u00edticos no hace m\u00e1s que acrecentarlas.<\/span><\/p>\n

En el caso de los se\u00f1ores Catal\u00e1 y Maza hay algo m\u00e1s que decir. Su presencia al frente del Ministerio de Justicia y de la Fiscal\u00eda General contamina el proceso de administraci\u00f3n de justicia en todo lo relativo al contencioso catal\u00e1n. La apariencia de justicia es un elemento constitutivo del derecho a la tutela judicial efectiva. La justicia no solamente tiene que hacerse, sino que tiene adem\u00e1s que parecer que se hace. Esta apariencia se resiente inevitablemente con la presencia de estos se\u00f1ores. Sin dicha presencia es dif\u00edcil explicar las actuaciones que han conducido al ingreso en prisi\u00f3n de los presidentes de ANC y \u00d2mnium. La falta de apariencia de justicia ha sido clamorosa.<\/span><\/p>\n

Esto no los convierte en \u201cpresos pol\u00edticos\u201d, pero deja en muy mal lugar a Espa\u00f1a como Estado de Derecho.<\/span><\/p>\n

Es, adem\u00e1s, un muy mal indicador para los tiempos tan dif\u00edciles que se avecinan.<\/span><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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