{"id":2314868,"date":"2026-01-08T00:05:58","date_gmt":"2026-01-07T23:05:58","guid":{"rendered":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/?p=2314868"},"modified":"2026-04-13T12:48:43","modified_gmt":"2026-04-13T10:48:43","slug":"regimen-juridico-de-la-recogida-y-tratamiento-de-los-rsu-diaz-formoso-1994-parte-7","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/2026\/01\/08\/regimen-juridico-de-la-recogida-y-tratamiento-de-los-rsu-diaz-formoso-1994-parte-7\/","title":{"rendered":"R\u00c9GIMEN JUR\u00cdDICO DE LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LOS RSU EN EL ORDENAMIENTO ESPA\u00d1OL (\u00abResiduos S\u00f3lidos Urbanos: Historia de su Regulaci\u00f3n en Espa\u00f1a\u00bb, por Jes\u00fas D\u00edaz Formoso, 1994), PARTE 7"},"content":{"rendered":"

R\u00c9GIMEN JUR\u00cdDICO DE LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LOS RSU<\/span><\/p>\n

RSU (RESIDUOS S\u00d3LIDOS URBANOS), Parte 1<\/span><\/a><\/p>\n

RSU (RESIDUOS S\u00d3LIDOS URBANOS), Parte 2<\/span><\/a><\/p>\n

RSU (RESIDUOS S\u00d3LIDOS URBANOS), Parte 3<\/span><\/a><\/span><\/p>\n

RSU (RESIDUOS S\u00d3LIDOS URBANOS) Parte 4<\/span><\/a><\/p>\n

RSU <\/span>(RESIDUOS S\u00d3LIDOS URBANOS) Parte 5<\/span><\/a><\/p>\n

RSU <\/span>(RESIDUOS S\u00d3LIDOS URBANOS) Parte 6<\/span><\/a><\/p>\n

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En las anteriores entradas de esta serie, tratamos los sistemas de <\/span><\/strong>tratamiento de residuos s\u00f3lidos urbanos (RSU):<\/span><\/b><\/span><\/span> VERTIDO CONTROLADO e INCINERACI\u00d3N, el RECICLAJE y el \u00a0COMPOSTAJE. En una anterior entrada (Parte 5) tratamos de la RECUPERACION SELECTIVA; en la Parte 6, abordamos el caso espec\u00edfico y paradigm\u00e1tico de la Recuperaci\u00f3n Selectiva de Papel y Cart\u00f3n.<\/span><\/strong><\/p>\n

En esta entrada nos referiremos al R\u00e9gimen Jur\u00eddico de la Recogida y Tratamiento de los RSU existente en el Ordenamiento Jur\u00eddico Espa\u00f1ol, en el a\u00f1o 1994. Previamente haremos menci\u00f3n a las modificaciones legislativas m\u00e1s relevantes, posteriores al ensayo ahora publicado (que es del a\u00f1o 1994).<\/span><\/strong><\/p>\n

El tiempo trascurrido, m\u00e1s de 30 a\u00f1os, lo hace m\u00e1s interesante, a la vista de la \u00ab<\/span><\/strong>evoluci\u00f3n<\/span><\/b><\/em>\u00bb de este sector del ordenamiento, marcada por las ocurrencias y no por la planificaci\u00f3n rigurosa, como era la norma en los a\u00f1os 90 del siglo XX, en que finalmente, con grandes esfuerzos y sin ninguna facilidad, construimos los cimientos del Derecho Ambiental, un edificio que hoy se tambalea, asolado por Pol\u00edticos populistas y Financieros corruptos, pese a que nunca hemos sido m\u00e1s conscientes de su importancia.<\/span><\/strong><\/p>\n

A finales del siglo XX, los que dedicamos nuestros esfuerzos al Derecho Ambiental \u00e9ramos pocos; pocos y muy preparados, con amplia experiencia y muy activos. <\/strong><\/span><\/p>\n

Nuestra Cancelaci\u00f3n fue masiva. El resto lo hizo la edad. Las consecuencias son ruinosas. Afectan a lo m\u00e1s complejo, a lo que siempre hab\u00eda sido propio de t\u00e9cnicos de alta cualificaci\u00f3n integrados en equipos multidisciplinares. <\/span><\/strong><\/p>\n

El cuidado del Medio ambiente -o lo que es lo mismo, la subsistencia de la Humanidad-, hoy, a cargo de demagogos, narcisistas y corruptos, no es m\u00e1s que un cap\u00edtulo del libretillo tragic\u00f3mico en que se ha convertido la sociedad, una falsa realidad, novelada e ilusoria, que arruina nuestra convivencia. Un emotivo guion para consumo de ignorantes, orgullosos de su mezquindad.<\/span><\/strong><\/p>\n

El Medio Ambiente aparece claramente hoy, como entonces no pudimos imaginar: como medio al servicio de las m\u00e1s mezquinas ambiciones y no como objeto de una com\u00fan responsabilidad.\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

Porque estos reflejos de la Naturaleza como casa com\u00fan, no son ya m\u00e1s que restos de la luz capturada por el caleidoscopio de la desinformaci\u00f3n y la pol\u00edtica del espect\u00e1culo; son la \u00fanica parte de la realidad que -todav\u00eda- no se ha podido ocultar. Quiz\u00e1s ya no sea necesario. Lo real ya no existe, todo es emoci\u00f3n. Las Ilusiones como fuente del derecho.<\/span><\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

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LAS CONSECUENCIAS<\/strong><\/span><\/p>\n

Las estamos viviendo: Ya las vimos en un asunto muy cercano al Derecho de Medioambiente por su car\u00e1cter t\u00e9cnico, cient\u00edfico y jur\u00eddico, como fue el caso de los fallecimientos en las Residencias de la tercera edad durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19.<\/strong><\/span><\/p>\n

De los m\u00e1s de 30.000 ancianos fallecidos en Residencias, a los que les fue il\u00edcitamente negada la atenci\u00f3n hospitalaria, durante los primeros meses de la Pandemia de COVID, solo uno obtuvo justicia. El \u00fanico que representamos y defendimos en AUSAJ<\/a>. Por supuesto, se ha ocultado.\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

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De los m\u00e1s de 30.000 ancianos fallecidos en Residencias, a los que les fue il\u00edcitamente negada la atenci\u00f3n hospitalaria, durante los primeros meses de la Pandemia de COVID, solo uno obtuvo justicia. El \u00fanico que representamos y defendimos en AUSAJ. <\/span><\/a><\/figcaption><\/figure><\/blockquote>\n
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Fueron los Nuevos Partidos Psicop\u00e1ticos, que ya abarcan todo el espectro de colores, los que impidieron la Justicia. Lo que no pueden pervertir, s\u00ed lo pueden destrozar. Hablamos de las vidas de nuestros padres y madres. Que pronto ser\u00e1n las nuestras.<\/strong><\/span><\/p>\n

Ahora el caso que opaca \u2013o deber\u00eda- a todos los dem\u00e1s, es el de la DANA de Valencia<\/a>, que va por el mismo camino, sin que esta vez, en AUSAJ, hayamos querido participar en la org\u00eda de falsedades y barbarie en que se ha convertido -en la que la han convertido entre todos los intervinientes, p\u00fablicos y privados- la investigaci\u00f3n judicial de la DANA (ni nosotros nos ofrecimos, ni nadie nos lo solicit\u00f3<\/em>). Es todo demasiado triste y perverso.<\/strong><\/span><\/p>\n

A\u00fan as\u00ed, hemos aportado -y publicado en Punto Cr\u00edtico- los mimbres necesarios para afrontar su judicializaci\u00f3n<\/a>, pero no parece haber ya nadie capacitado para comprenderlos. <\/strong><\/span><\/p>\n

No es cierto que haya sido el resultado de un desastre natural. Son otras las causas profundas -no evidentes, pero determinantes- de la pesadilla causada por la DANA, que quedan al margen de toda investigaci\u00f3n.\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

En mi -fundada- opini\u00f3n nos encontramos ante actos que deber\u00eda haber sido encuadrados -e investigados- como Terrorismo de Estado (Falsa Bandera). <\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Para fundamentar esta afirmaci\u00f3n, es necesario conocer aspectos t\u00e9cnicos relativos a materias como la Ingenier\u00eda o la Hidrogeolog\u00eda y, una vez comprendidos, se estar\u00e1 en condiciones de ponerlos en relaci\u00f3n con las Normas Jur\u00eddicas aplicables seg\u00fan las materias y las competencias administrativas concurrentes. <\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Mi especialidad durante m\u00e1s de 30 a\u00f1os. Cancelado.\u00a0<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

El Derecho del Medio Ambiente se caracteriza por su car\u00e1cter multidisciplinario. En mis m\u00e1s de 35 a\u00f1os de dedicaci\u00f3n al Derecho Ambiental, he adquirido los conocimientos, fruto no solo del estudio -que tambi\u00e9n- sino, en especial, de la experiencia (recuerdo <\/em><\/strong>el primer asunto que gan\u00e9 sobre Presas e instalaciones hidroel\u00e9ctricas; fue en el siglo pasado<\/strong><\/em>). <\/strong><\/span><\/p>\n

Estos conocimientos son absolutamente ajenos a los Jueces de Instrucci\u00f3n. Son el objeto de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa; y, dentro de ella, de las m\u00e1s altas instancias, (TSJ\u00b4s y TS) por ser las competentes para este tipo de asuntos, que generalmente involucran Actos o Resoluciones del Estado o las CC.AA.<\/strong><\/span><\/p>\n

La Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa -que era una jurisdicci\u00f3n especializada, y que hemos convertido en un instrumento del saqueo al que nos someten los due\u00f1os del Estado, a quienes no elegimos-, ha sufrido las consecuencias de la ca\u00edda del conocimiento. <\/strong><\/span><\/p>\n

Lo que se investiga en el Juzgado de Catarroja est\u00e1 muy por encima de la capacidad t\u00e9cnico-jur\u00eddica de los \u00f3rganos judiciales encargados (<\/strong>Juzgados de Instrucci\u00f3n y Audiencias Provinciales<\/strong><\/em>), absolutamente ajenos a la legislaci\u00f3n ambiental, muy compleja incluso para los Tribunales del Orden Contencioso Administrativo, y siempre necesitados del apoyo de equipos multidisciplinares de alta cualificaci\u00f3n, periciales y jur\u00eddicos especializados (<\/strong>tanto los abogados como los Jueces suelen carecer de formaci\u00f3n en materias como Ingenier\u00eda, Biolog\u00eda, Geolog\u00eda, Edafolog\u00eda, Matem\u00e1ticas o F\u00edsica; hace falta mucho m\u00e1s que estudios de derecho, necesarios pero no suficientes<\/strong><\/em>).<\/strong><\/span><\/p>\n

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Cancelados y desaparecidos quienes ten\u00edamos la experiencia y los conocimientos necesarios para afrontar estos asuntos, quedan en manos de demagogos, corruptos y est\u00fapidos. La consecuencia, en el caso de la DANA, es la destrucci\u00f3n de un enorme territorio y de muchos de sus habitantes, quienes, casi con certeza, no ser\u00e1n resarcidos de sus da\u00f1os y perjuicios (cabe que reciban alguna especie de caridad, pero no una verdadera indemnizaci\u00f3n, no en la cuant\u00eda que deber\u00eda resultar procedente<\/em>), pues se est\u00e1n definiendo -torticeramente- como desastre natural, y por tanto no indemnizables. <\/strong><\/span><\/p>\n

Cuando la realidad, oculta por los ruidos de los meg\u00e1fonos al servicio de la corrupci\u00f3n pol\u00edtico-financiera, que nos destruye y asesina sin piedad, es bien distinta. <\/strong><\/span><\/p>\n

No fue Fuerza mayor. Los da\u00f1os son indemnizables. Pero no parece haber ya nadie capaz de argumentarlo en derecho.\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

Podr\u00edamos explicar lo que es ya absolutamente evidente. Pero en el clima social por el que atravesamos, no ser\u00eda una nueva v\u00eda de investigaci\u00f3n, que abrir\u00eda una adecuada l\u00ednea de investigaci\u00f3n, hasta ahora totalmente cegada (<\/strong>pese a ser consecuencia directa de las leyes vigentes<\/strong><\/em>), y capaz de dar cumplida explicaci\u00f3n a la realidad de lo que ha ocasionado la tragedia. <\/strong><\/span><\/p>\n

Ser\u00eda una invitaci\u00f3n al linchamiento de los presuntos responsables de los hechos desencadenantes de la tragedia, que probablemente no habr\u00edan sido ejecutados intencionalmente, sino por una serie de graves negligencias.<\/strong><\/span><\/p>\n

Como se\u00f1alamos, a finales del siglo XX, los que dedicamos nuestros esfuerzos al Derecho Ambiental \u00e9ramos pocos, pocos y muy preparados, con experiencia y muy activos.\u00a0<\/strong><\/span>Nuestra Cancelaci\u00f3n fue masiva. El resto lo hizo la edad. Las consecuencias son ruinosas. Afectan a lo m\u00e1s complejo, a lo que siempre hab\u00eda sido propio de t\u00e9cnicos de alta cualificaci\u00f3n integrados en equipos multidisciplinares.<\/strong><\/span><\/p>\n

No es que no haya nadie con experiencia y especializaci\u00f3n en derecho ambiental. Es que los que hay, cobran de las Administraciones P\u00fablicas o de sus empresas concesionarias. Son los contrarios.<\/strong><\/span><\/p>\n

No puedo hablar por otros, pero es que han desaparecido casi todos. Y es que, en el caso de la DANA, es dif\u00edcil obviar la falta de experiencia y especializaci\u00f3n que se aprecia a simple vista, sin necesidad de especiales conocimientos. El resultado es terrible. Y, lo que es peor, era previsible.<\/strong><\/span><\/p>\n

En realidad, es todav\u00eda mucho peor. Sabemos que la pr\u00f3xima tragedia -que puede suceder en cualquier momento-, como las anteriores, seguir\u00e1 el mismo camino hacia el ocultamiento de la verdad y la impunidad de los delitos con responsables pol\u00edticos, que comienzan a ser casi todos.<\/strong><\/span><\/p>\n

De tragedia en tragedia hasta el fondo del precipicio.<\/strong><\/span><\/p>\n

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NOTA<\/span>: Ya han declarado en el Juzgado de Catarroja quienes podr\u00edan haber aclarado los hechos. Pero NADIE supo qu\u00e9 preguntarles.\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

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Jes\u00fas D\u00edaz Formoso \u2013 Presidente de AUSAJ<\/span><\/a><\/h3>\n

Abogado\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

Especializado en Derecho del Medio Ambiente, Derecho de Aguas y Urbanismo<\/span><\/strong><\/p>\n

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BREVE Y SINT\u00c9TICA ACTUALIZACI\u00d3N LEGISLATIVA (1994-2025)<\/span><\/h2>\n

Por Fernando Moreno Pe\u00f1a<\/a><\/span><\/p>\n

Abogado <\/span><\/p>\n

Punto Cr\u00edtico Abogados<\/span><\/p>\n

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La estructura territorial del Estado espa\u00f1ol ha dado lugar a un sistema complejo en el que el Estado, las Comunidades Aut\u00f3nomas y los municipios desempe\u00f1an funciones diferenciadas pero que se interrelacionan. M\u00e1s a\u00fan en la materia multidisciplinar por excelencia, el Derecho Ambiental.<\/span><\/p>\n

La Constituci\u00f3n sienta las bases de este reparto en sus art\u00edculos 148 y 149<\/strong>. Por un lado, el art\u00edculo 149.1.23\u00aa atribuye al Estado la competencia exclusiva en la legislaci\u00f3n b\u00e1sica sobre protecci\u00f3n del medio ambiente<\/strong>, lo que incluye la fijaci\u00f3n de los principios y criterios comunes aplicables en todo el territorio espa\u00f1ol. <\/span><\/p>\n

Por otra parte, el art\u00edculo 148<\/strong> permite a las Comunidades Aut\u00f3nomas<\/strong> asumir competencias en ordenaci\u00f3n del territorio, gesti\u00f3n ambiental y elaboraci\u00f3n de normas adicionales de protecci\u00f3n<\/strong>, lo que ha propiciado una amplia diversificaci\u00f3n normativa entre territorios.\u00a0<\/span><\/p>\n

Tras la publicaci\u00f3n del texto original en 1992, la normativa estatal ha sufrido una continua evoluci\u00f3n que culmina en la actual Ley 7\/2022, de residuos y suelos contaminados \u00a0para una econom\u00eda circular<\/strong><\/a>, que sustituye a las antiguas leyes de residuos y adapta el ordenamiento espa\u00f1ol a los objetivos de la Uni\u00f3n Europea. <\/span><\/p>\n

Esta ley introduce nuevas obligaciones de responsabilidad ampliada del productor y establece restricciones progresivas al vertido. Con ello, el Estado<\/strong> mantiene su papel de garante de la cohesi\u00f3n normativa, asegurando que las pol\u00edticas de gesti\u00f3n de residuos avancen al un\u00edsono en todo el territorio nacional, al mismo tiempo que se da margen suficiente a las Comunidades Aut\u00f3nomas<\/strong> para desarrollar modelos propios acordes con sus necesidades territoriales.\u00a0<\/span><\/p>\n

Las Comunidades Aut\u00f3nomas<\/strong> han ido aumentando su protagonismo. Hoy todas cuentan con legislaci\u00f3n espec\u00edfica y planes auton\u00f3micos de gesti\u00f3n de residuos que refleja un desarrollo auton\u00f3mico s\u00f3lido y adaptado a la realidad de cada una de las autonom\u00edas. Esta diversidad obliga a reforzar los mecanismos de coordinaci\u00f3n, especialmente en el seno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente<\/strong>, un \u00f3rgano clave para armonizar pol\u00edticas y asegurar la coherencia t\u00e9cnica y jur\u00eddica del sistema.\u00a0<\/span><\/p>\n

En este contexto, la administraci\u00f3n local<\/strong> sigue siendo un pilar fundamental del sistema. Los municipios<\/strong> son los responsables directos de la recogida de residuos urbanos, la limpieza viaria y la implantaci\u00f3n de ordenanzas ambientales. <\/span><\/p>\n

Esta competencia, ya presente en 1992, se mantiene hoy como uno de los servicios p\u00fablicos esenciales reconocidos por la Ley de Bases del R\u00e9gimen Local<\/strong>.\u00a0<\/span><\/p>\n

La legislaci\u00f3n destinada a la lucha contra el cambio clim\u00e1tico, la adaptaci\u00f3n a fen\u00f3menos extremos, la reducci\u00f3n de pl\u00e1sticos de un solo uso y la gesti\u00f3n de residuos no existentes a la fecha de redacci\u00f3n de la obra publicada en esta serie de entradas (como los electr\u00f3nicos o los procedentes de nuevas tecnolog\u00edas<\/em>), exigen respuestas que solo pueden lograrse mediante una delimitaci\u00f3n de funciones y una cooperaci\u00f3n real entre todos los niveles de gobierno<\/strong> reconocidos por la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola.\u00a0<\/span><\/p>\n

Un an\u00e1lisis del cap\u00edtulo que hoy publicamos revela una queja constante: la legislaci\u00f3n era \u00abfragmentaria, inadecuada y sanitarista<\/em>\u00ab. No se gestionaban recursos, se \u00abretiraban basuras<\/em>\u00bb para que no molestaran. <\/span><\/p>\n

Hoy, m\u00e1s de treinta a\u00f1os despu\u00e9s, el panorama ha cambiado mucho<\/strong>. Analizamos ahora, sint\u00e9ticamente, c\u00f3mo han evolucionado las normas que definieron una \u00e9poca y qu\u00e9 las ha sustituido en la era de la econom\u00eda circular.<\/span><\/p>\n

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A principios de los 90, la gesti\u00f3n de residuos se basaba en la Ley 42\/1975<\/strong><\/a>, una norma preconstitucional<\/em> preocupada casi exclusivamente por la higiene y el orden p\u00fablico. Aunque se intent\u00f3 modernizar con el Real Decreto Legislativo 1163\/1986<\/strong><\/a> para cumplir con Europa, el sistema segu\u00eda viendo el residuo como algo a eliminar.<\/span><\/p>\n

Este modelo colaps\u00f3 con la llegada de la Ley 10\/1998<\/strong><\/a>, la primera ley moderna de residuos de la democracia, hasta llegar al presente, en el que tras el paso intermedio de la Ley 22\/2011<\/strong><\/a>, hoy nos regimos por la Ley 7\/2022, de residuos y suelos contaminados para una econom\u00eda circular<\/strong><\/a>. <\/span><\/p>\n

El residuo ya no es un desecho, es un recurso. La nueva ley ha impuesto un impuesto nacional al vertido para forzar el reciclaje, algo impensable bajo la ley vigente a fecha de publicarse este cap\u00edtulo.<\/span><\/p>\n

En 1992, los residuos industriales<\/strong> se reg\u00edan por una ley separada, la Ley 20\/1986 de Residuos T\u00f3xicos y Peligrosos<\/strong><\/a>. Esto creaba una distinci\u00f3n entre \u00abbasura urbana<\/em>\u00bb y \u00abresiduo t\u00f3xico<\/em>\u00ab.<\/span><\/p>\n

Hoy en d\u00eda, esta distinci\u00f3n se ha modernizado. La Ley 7\/2022<\/strong> y el reciente Real Decreto 553\/2020 sobre traslado de residuos<\/strong><\/a>, han digitalizado<\/em> el control, que se ejerce a trav\u00e9s de plataformas electr\u00f3nicas (eSIR), cerrando la trazabilidad<\/strong>, algo impensable en la d\u00e9cada de los a\u00f1os 1990.<\/span><\/p>\n

El documento publicado en esta serie de entradas, de 1994, citaba el Real Decreto 319\/1991<\/strong><\/a>, una norma que intentaba regular los envases de l\u00edquidos alimentarios sin imponer obligaciones fuertes a los ciudadanos. <\/span><\/p>\n

Posteriormente, se aprob\u00f3 la Ley 11\/1997 de Envases<\/strong><\/a>. Esta ley trajo a Espa\u00f1a el contenedor amarillo y el sistema de \u00abPunto Verde<\/em>\u00bb (Ecoembes<\/strong><\/em>), transfiriendo el coste de la gesti\u00f3n del ayuntamiento a los envasadores.<\/span><\/p>\n

En el presente, rige el Real Decreto 1055\/2022<\/strong><\/a>. Esta norma es mucho m\u00e1s agresiva: extiende la responsabilidad a los envases comerciales e industriales y obliga a los comerciantes a fomentar el uso de envases reutilizables.<\/span><\/p>\n

Durante d\u00e9cadas, cualquier actividad en Espa\u00f1a, se abr\u00eda bajo el paraguas del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP) de 1961<\/strong><\/a>. En 1994, \u00e9sta era la herramienta principal de control municipal.<\/span><\/p>\n

El RAMINP fue derogado formalmente por la Ley 34\/2007 de calidad del aire<\/a><\/strong>. Sin embargo, tuvo una \u00abmuerte en vida<\/em>\u00ab, aplic\u00e1ndose supletoriamente en comunidades aut\u00f3nomas que no hab\u00edan legislado a tiempo. Ahora, las grandes instalaciones se rigen por la Autorizaci\u00f3n Ambiental Integrada (AAI)<\/strong> y las peque\u00f1as por declaraciones responsables, agilizando la burocracia pero exigiendo controles ambientales m\u00e1s controlados.<\/span><\/p>\n

En cuanto a la existencia de un Plan Nacional de Residuos<\/strong>, que a\u00fan no exist\u00eda en 1994, la cuesti\u00f3n evolucion\u00f3, aunque tuvimos que esperar al a\u00f1o 2000 para el primer Plan Nacional de Residuos Urbanos<\/strong>. Luego vinieron el PNIR (2008-2015)<\/strong> y el PEMAR (2016-2022)<\/strong>. <\/span><\/p>\n

En el presente a\u00f1o de 2025, se acaba de estrenar el PEMAR 2024-2035<\/strong>, aprobado definitivamente en enero de 2025. A diferencia del vac\u00edo de los 90, este plan es detallista<\/strong>: exige la recogida separada<\/strong> de textiles, aceites de cocina y biorresiduos, con objetivos vinculantes<\/strong> que penalizan a los municipios incumplidores.<\/span><\/p>\n

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Competencias de saneamiento de los Municipios (MITECO)<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

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La transformaci\u00f3n no habr\u00eda sido posible sin la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en dos fallos hist\u00f3ricos: la STC 227\/1988<\/a> <\/strong>(Recursos acumulados contra la Ley 29\/1985, de Aguas<\/a>, el Real Decreto 849\/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del dominio p\u00fablico hidr\u00e1ulico<\/a> en desarrollo de la Ley 29\/85, de Aguas; la Orden de 23 de diciembre de 1986, del Ministerio de Obras P\u00fablicas y Urbanismo<\/a>, por la que se dictan normas complementarias sobre autorizaciones de vertidos de aguas residuales, y el Real Decreto 650\/1987, de 8 de mayo<\/a>, por el que se definen los \u00e1mbitos territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes hidrol\u00f3gicos<\/em>) y la STC 149\/1991<\/a> <\/strong>(Recursos acumulados contra diversos preceptos de la Ley 22\/1988, de Costas<\/a><\/em>). <\/span><\/p>\n

Estas sentencias pusieron fin a la \u00abguerra de competencias<\/em>\u00bb definiendo que, en materia de medio ambiente, el Estado<\/strong> tiene la potestad de fijar un \u00absuelo verde<\/em>\u00bb obligatorio y detallado que ninguna autonom\u00eda puede rebajar, garantizando as\u00ed que la protecci\u00f3n ecol\u00f3gica no dependa del c\u00f3digo postal.<\/span><\/p>\n

La transformaci\u00f3n no habr\u00eda sido posible sin la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en dos fallos hist\u00f3ricos: la STC 227\/1988<\/strong><\/a> (sobre la Ley de Aguas<\/strong><\/em>) y la STC 149\/1991<\/strong><\/a> (sobre la Ley de Costas<\/strong><\/em>). Estas sentencias pusieron fin a la \u00abguerra de territorios<\/em>\u00bb definiendo que, en materia de medio ambiente, el Estado tiene la potestad de fijar un \u00absuelo verde<\/em>\u00bb obligatorio.<\/span><\/p>\n

El Tribunal Constitucional fue contundente al definir qu\u00e9 significa \u00ablegislaci\u00f3n b\u00e1sica<\/em><\/strong>\u00bb en materia ambiental, estableciendo una doctrina que hoy sigue vigente y que permite al Estado imponer normas estrictas a todas las Comunidades Aut\u00f3nomas<\/strong>. <\/span><\/p>\n

En la STC 227\/1988<\/strong>, el Tribunal dej\u00f3 claro que lo b\u00e1sico no es solo un principio vago, sino que consiste en el com\u00fan denominador normativo para todos en un sector determinado. Es por esta sentencia por la que hoy el Gobierno puede prohibir pl\u00e1sticos de un solo uso o imponer impuestos al vertido en toda Espa\u00f1a sin que ninguna autonom\u00eda pueda alegar que se invade su terreno; el Estado pone el \u00abm\u00ednimo<\/em>\u00bb (que puede ser muy alto<\/em>) y las regiones solo pueden mejorarlo, nunca rebajarlo<\/strong>.<\/span><\/p>\n

De igual modo, la STC 149\/1991<\/strong> resolvi\u00f3 la tensi\u00f3n entre proteger la naturaleza (competencia estatal<\/em>) y el urbanismo (competencia auton\u00f3mica\/local<\/em>). El Constitucional dictamin\u00f3 que la protecci\u00f3n ambiental es un t\u00edtulo prevalente, permitiendo al Estado limitar el crecimiento urban\u00edstico o industrial si es para proteger el entorno<\/strong>. As\u00ed, la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola ha pasado de limpiar las calles a intentar salvar el planeta, pasando de una gesti\u00f3n reactiva e improvisada a una estrategia nacional unificada y blindada constitucionalmente.<\/span><\/p>\n

En 1994, la regulaci\u00f3n de los envases era bastante limitada<\/strong>. La norma de referencia era el <\/span>Real Decreto 319\/1991<\/strong>, que se limitaba a regular los envases de \u00ab<\/span>alimentos l\u00edquidos<\/em>\u00bb con el objetivo de reducir su peso y volumen, pero carec\u00eda de mecanismos coercitivos eficaces para la industria y los ciudadanos. Aquel marco, centrado en evitar que las botellas se convirtieran en basura sin m\u00e1s, dio paso en 1997 a la Ley de Envases y al conocido sistema de \u00ab<\/span>Punto Verde<\/em>\u00bb para envases dom\u00e9sticos.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, el verdadero cambio de paradigma ha llegado con el actual Real Decreto 1055\/2022<\/strong>. A diferencia de la norma de los 90, este texto despliega una Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), universal<\/strong>. <\/span><\/p>\n

Con el marco legal actual, las empresas deben financiar la gesti\u00f3n de los envases comerciales e industriales (no se limitan a los envases, como antiguamente, tambi\u00e9n se incluyen palets, bidones, cajas de agrupaci\u00f3n<\/em>) que ponen en el mercado. Adem\u00e1s, la norma actual impone objetivos de reutilizaci\u00f3n obligatorios para el canal HORECA y el comercio minorista, tratando de acabar con la cultura del \u201cusar y tirar<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\"R\u00c9GIMEN<\/p>\n<\/blockquote>\n

\n

 <\/p>\n

En cuanto a la protecci\u00f3n del aire, en los a\u00f1os 90 se reg\u00eda por la Ley 38\/1972 de Protecci\u00f3n del Ambiente Atmosf\u00e9rico<\/strong>, una norma dise\u00f1ada para una Espa\u00f1a en plena industrializaci\u00f3n, preocupada principalmente por las emisiones visibles de las chimeneas industriales que trataba de corregir situaciones de contaminaci\u00f3n atmosf\u00e9rica. <\/span><\/p>\n

Los controles se centraban en par\u00e1metros b\u00e1sicos como el di\u00f3xido de azufre<\/em> y las part\u00edculas en suspensi\u00f3n<\/em>, que se regularon por decretos como el 833\/1975<\/strong> o el 1613\/1985<\/strong>. Hoy, ese enfoque ha sido superado por la Ley 34\/2007 de calidad del aire y protecci\u00f3n de la atm\u00f3sfera<\/a><\/strong>, que invierte la l\u00f3gica: Se trata de prevenir la contaminaci\u00f3n, en lugar de corregir la ya existente y vigilarla para proteger la salud humana antes de que se produzca el da\u00f1o<\/strong>. <\/span><\/p>\n

El marco actual incorpora contaminantes que ni se med\u00edan en 1994 (como las part\u00edculas finas -PM 2.5- o el ozono troposf\u00e9rico<\/em>), obliga a las grandes ciudades a tener Planes de Mejora de Calidad del Aire<\/strong> y establece un sistema de informaci\u00f3n al p\u00fablico transparente y en tiempo real<\/strong>, algo impensable bajo la ley vigente a fecha de publicaci\u00f3n de este cap\u00edtulo, donde la informaci\u00f3n ambiental era muy escasa.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

\u00c1rea \/ Materia<\/b><\/p>\n<\/th>\n

\n

Situaci\u00f3n en 1992<\/b><\/p>\n<\/th>\n

\n

Hitos de Transici\u00f3n (1998-2011)<\/b><\/p>\n<\/th>\n

\n

Situaci\u00f3n Vigente (2025)<\/b><\/p>\n<\/th>\n

\n

Principales Cambios del Modelo<\/b><\/p>\n<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n

\n

Residuos (Marco B\u00e1sico)<\/b><\/p>\n<\/td>\n

\n

Ley 42\/1975<\/b> (Desechos y RSU)<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Enfoque higienista: retirar basura de la calle.<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Ley 10\/1998<\/b> (1\u00aa Ley de Residuos)<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Ley 22\/2011<\/b> (Introduce jerarqu\u00eda de residuos)<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Ley 7\/2022<\/b> (Residuos y Suelos Contaminados para una Econom\u00eda Circular)<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

El residuo pasa de ser \u00abbasura\u00bb a \u00abrecurso\u00bb. Se introducen impuestos al vertido e incineraci\u00f3n para penalizar la eliminaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Residuos Peligrosos<\/b><\/p>\n<\/td>\n

\n

Ley 20\/1986<\/b> (Residuos T\u00f3xicos y Peligrosos)<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Normativa separada de la urbana.<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Ley 10\/1998<\/b> (Unifica reg\u00edmenes)<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

<\/span><\/p>\n

RD 952\/1997<\/b> (Adapta lista CER)<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Ley 7\/2022<\/b> + <\/span>RD 553\/2020<\/b> (Traslados)<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Plataforma electr\u00f3nica <\/span>eSIR<\/b>.<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Fin de la dicotom\u00eda legal \u00abt\u00f3xico\/urbano\u00bb. Control total mediante trazabilidad digital (sin papeles).<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Envases<\/b><\/p>\n<\/td>\n

\n

RD 319\/1991<\/b><\/p>\n

<\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Regulaba solo l\u00edquidos alimentarios. Poco eficaz.<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Ley 11\/1997<\/b><\/p>\n

<\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Crea el sistema de Punto Verde (Ecoembes\/Vidrio).<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Real Decreto 1055\/2022<\/b><\/p>\n

<\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Extiende la responsabilidad a envases comerciales e industriales.<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) universal. Objetivos obligatorios de reutilizaci\u00f3n y venta a granel.<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Licencias de Actividad<\/b><\/p>\n<\/td>\n

\n

RAMINP (1961)<\/b><\/p>\n

<\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Ley 16\/2002<\/b> (IPPC)<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Ley 34\/2007<\/b> (Deroga el RAMINP)<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

RDL 1\/2016<\/b> (Texto refundido IPPC)<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Ley 21\/2013<\/b> (Evaluaci\u00f3n Ambiental)<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Paso del control municipal de molestias (ruidos\/humos) a la Autorizaci\u00f3n Ambiental Integrada para grandes industrias.<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Calidad del Aire<\/b><\/p>\n<\/td>\n

\n

Ley 38\/1972<\/b><\/p>\n

<\/p>\n

<\/span><\/p>\n

RD 1613\/1985<\/b><\/p>\n

<\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Centrado en emisiones industriales visibles y SO2.<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Directivas UE<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

<\/span><\/p>\n

RD 1073\/2002<\/b><\/p>\n<\/td>\n

\n

Ley 34\/2007<\/b><\/p>\n

<\/p>\n

<\/span><\/p>\n

RD 102\/2011<\/b> (Calidad del aire)<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Enfoque en salud p\u00fablica (inmisi\u00f3n). Control de part\u00edculas finas (PM2.5), ozono y planes de mejora obligatorios.<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Planificaci\u00f3n Estatal<\/b><\/p>\n<\/td>\n

\n

Inexistente<\/b><\/p>\n

<\/p>\n

<\/span><\/p>\n

(Se menciona que se est\u00e1n dando \u00abprimeros pasos\u00bb).<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

I Plan Nacional RSU (2000)<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

<\/span><\/p>\n

PNIR (2008-2015)<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

<\/span><\/p>\n

PEMAR (2016-2022)<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

PEMAR 2024-2035<\/b><\/p>\n

<\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Plan Estatal Marco de Gesti\u00f3n de Residuos.<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Existencia de una hoja de ruta vinculante con objetivos de recogida separada (textil, biorresiduo, aceite).<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Financiaci\u00f3n Local<\/b><\/p>\n<\/td>\n

\n

Ley 7\/1985 (LBRL)<\/b><\/p>\n

<\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Tasas municipales que no cubr\u00edan costes.<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Ley 27\/2013<\/b> (Racionalizaci\u00f3n y Sostenibilidad)<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Ley 7\/2022 (Art. 11)<\/b><\/p>\n

<\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Obligaci\u00f3n de tasa no deficitaria.<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Las tasas de basura deben cubrir el 100% del coste real del servicio. Prohibici\u00f3n de d\u00e9ficit en este servicio.<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Fuente: Elaboraci\u00f3n propia<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/p>\n

*******<\/span><\/strong><\/p>\n

CAP\u00cdTULO 4<\/span><\/strong><\/p>\n

R\u00c9GIMEN JUR\u00cdDICO DE LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LOS RSU EN EL ORDENAMIENTO ESPA\u00d1OL<\/span><\/h2>\n
\n

CAPITULO 4: REGIMEN JURIDICO DE LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LOS RSU EN EL ORDENAMIENTO ESPANOL<\/strong>. 4.1.<\/strong>– EL DISPOSITIVO ADMINISTRATIVO<\/strong>: 4.1.1.-<\/strong> ESTADO. 4.1.2.-<\/strong> COMUNIDADES AUTONOMAS. 4.1.3.-<\/strong> ADMINISTRACION AMBIENTAL MUNICIPAL: 4.2.-<\/strong> EL SERVICIO PUBLICO DE RECOGIDA DE RSU<\/strong>: 4.2.1.-<\/strong> REGLA GENERAL: MONOPOLIO MUNICIPAL. 4.2.2.-<\/strong> OBLIGATORIEDAD DE LA ENTREGA. 4.2.3.-<\/strong> OBLIGATORIEDAD DE LA RECEPCION.<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

4.1.- EL DISPOSITIVO ADMINISTRATIVO<\/span><\/h3>\n

La estructura de la Administraci\u00f3n ambiental espa\u00f1ola est\u00e1 dividida entre la Administraci\u00f3n estatal, la auton\u00f3mica y la local.<\/span><\/p>\n

Falta legislaci\u00f3n y un organismo \u00fanico sobre residuos:<\/strong> La legislaci\u00f3n existente est\u00e1 elaborada, b\u00e1sicamente, con la finalidad de evitar contaminaciones. <\/span><\/p>\n

Es una legislaci\u00f3n fragmentaria<\/strong>, aplicable por diferentes organismos sin coordinaci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

Es parcial<\/strong>, ya que no considera el residuo como algo en s\u00ed, definido y clasificado seg\u00fan su composici\u00f3n, sino seg\u00fan su origen (Ley de Residuos S\u00f3lidos Urbanos<\/strong>, Ley de Residuos Radioactivos<\/strong>, Ley de Residuos T\u00f3xicos y Peligrosos<\/strong><\/em>).<\/span><\/p>\n

Es inadecuada y poco ecol\u00f3gica<\/strong> ya que, salvo las nuevas disposiciones legales para adaptar las Directivas Comunitarias (R.D. Legislativo 1163\/1.986 <\/strong>que modifica la anticuada ley 42\/1.975 sobre desechos y R.S.U. <\/strong>y R.D. 319\/1.991 de 8 de marzo<\/strong><\/em>), en general no considera el residuo como algo a recuperar y menos a\u00fan como algo que debe desaparecer<\/strong> dentro de una nueva concepci\u00f3n productiva sin desechos, tendencia ya admitida y propuesta en la futura legislaci\u00f3n de la CEE. <\/span><\/p>\n

Como consecuencia del poco o nulo valor asignado hacia los residuos por las \u00abprimitivas<\/em>\u00bb fuerzas econ\u00f3micas y pol\u00edticas de nuestro pa\u00eds, no existe un organismo oficial que considere de forma unificada la gesti\u00f3n de los residuos<\/strong>.<\/span><\/p>\n

Los residuos no son de nadie, parece decirnos nuestro sistema burocr\u00e1tico-administrativo, para el que la Naturaleza es tambi\u00e9n del que primero la pilla<\/strong>. As\u00ed, los residuos, parte de la Naturaleza degradada y reciclable son, en muchas ocasiones todav\u00eda y a pesar de las nuevas disposiciones legales, arrojados sin m\u00e1s all\u00ed donde mejor convenga o los afectados aguanten, sin otras limitaciones que las derivadas del consabido \u00abque no se vean, huelan o molesten demasiado<\/em>\u00ab.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\"\"
Nimby: \u00abNot in my back yard\u00bb (en mi patio no)<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

 <\/p>\n

4.1.1. ESTADO<\/span><\/h4>\n

El dispositivo administrativo ambiental Estatal espa\u00f1ol responde al modelo de dispersi\u00f3n<\/strong>, en el que por inercia administrativa se produce un fraccionamiento competencial<\/strong>, cuya coordinaci\u00f3n solo se produce por la unificaci\u00f3n de estrategias en virtud de un mayor peso de algunos Ministerios<\/strong>, en nuestro caso, el de Obras P\u00fablicas Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA)<\/strong>, cuyas competencias ejecutivas, al margen de la Evaluaci\u00f3n de Impacto Ambiental (E.I.A.), en general, solo recaen sobre aguas y residuos, y con restricciones, habiendo competencias dispersas por casi todos los Ministerios<\/strong> (Industria, Agricultura, Sanidad…<\/em>), lo que implica una ausencia de capacidad real para establecer una pol\u00edtica coordinada y planificada<\/strong>. <\/span><\/p>\n

En especial, cabe citar por su gravedad, la incoherencia que supone el que el MOPTMA sea encargado a la vez de las grandes obras p\u00fablicas, y de su Estudio de Impacto Ambiental<\/strong>, lo que indudablemente hace aparecer graves conflictos de intereses, que siempre ceden a favor del inter\u00e9s econ\u00f3mico o pol\u00edtico, en perjuicio del medio ambiente<\/strong>.<\/span><\/p>\n

Se echa de menos alg\u00fan dispositivo que permita la coordinaci\u00f3n<\/strong> en una situaci\u00f3n en la que el desarrollo legislativo, la adopci\u00f3n de medidas especiales de protecci\u00f3n y la ejecuci\u00f3n, incumben a las Comunidades Aut\u00f3nomas, y en menor escala a los Municipios, pese a la existencia de la Conferencia Sectorial<\/strong> correspondiente prevista por la Ley del Proceso Auton\u00f3mico<\/strong>, que es insuficiente.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\n

Se echa de menos alg\u00fan dispositivo que permita la coordinaci\u00f3n en una situaci\u00f3n en la que el desarrollo legislativo, la adopci\u00f3n de medidas especiales de protecci\u00f3n y la ejecuci\u00f3n, incumben a las Comunidades Aut\u00f3nomas, y en menor escala a los Municipios, pese a la existencia de la Conferencia Sectorial correspondiente prevista por la Ley del Proceso Auton\u00f3mico, que es insuficiente.<\/strong> <\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Se plantean problemas de coordinaci\u00f3n entre las administraciones concurrentes<\/strong>, pues frente a las responsabilidades de los entes territoriales inferiores, la problem\u00e1tica ambiental tiene efectos extraterritoriales<\/strong>, e implica a agentes de alcance estatal o supraestatal.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

En cuanto a la Recogida y Tratamiento de RSU<\/strong>: Incumbe al Estado la promulgaci\u00f3n de la Legislaci\u00f3n b\u00e1sica, consider\u00e1ndose como tal la Ley 42\/1.975 de 19 de Nov., sobre desechos y residuos s\u00f3lidos urbanos<\/strong><\/a> y el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de Noviembre de 1.961<\/strong><\/a>. <\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n tienen ese car\u00e1cter las normas que aplican Directivas comunitarias<\/strong>, como el Real Decreto legislativo 1163\/1.986 de 13 de Junio <\/strong><\/a>(que traspone la Directiva 75\/442<\/strong><\/a><\/em>), por el que se modifica la Ley 42\/1.975<\/strong>, y el Real Decreto 319\/1.991 de 8 de Marzo<\/strong><\/a>, (referido a la Directiva 85\/339 sobre envases para alimentos l\u00edquidos<\/strong><\/a><\/em>), por el que se establecen acciones sobre la producci\u00f3n, comercializaci\u00f3n, empleo, reciclado y relleno de los envases para alimentos l\u00edquidos.<\/span><\/p>\n

De acuerdo con el R.D. legislativo 1163\/1.986<\/strong>, la Administraci\u00f3n central habr\u00e1 de elaborar un Plan Nacional de Gesti\u00f3n de Residuos S\u00f3lidos Urbanos<\/strong>. <\/span><\/p>\n

En 1.992 se han finalizado los trabajos de \u00abComposici\u00f3n y caracterizaci\u00f3n de RSU en Espa\u00f1a<\/em>\u00bb en varias CC.AA., entre ellas Galicia<\/strong>, lo que supone que en 1.992 se disponga del an\u00e1lisis de los RSU de once CC.AA..<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Asimismo, seg\u00fan el MOPTMA, se han dado los primeros pasos para la redacci\u00f3n del Documento base que ha de servir para la elaboraci\u00f3n de dicho Plan Nacional<\/strong>.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n ha de mencionarse, en lo que a instalaci\u00f3n de Incineradoras<\/em> se refiere, el Plan de Energ\u00edas Renovables de 1.986<\/strong>, en el que se contemplan \u00e9stas. <\/span><\/p>\n

Sin embargo, en Septiembre de 1.994, en la Conferencia Sectorial sobre medio ambiente<\/strong> celebrada en Guadalupe, C\u00e1ceres, la Secretaria de Estado de Medio Ambiente<\/strong> insisti\u00f3 en que, en funci\u00f3n de datos publicados recientemente en un Estudio de la Agencia Federal de protecci\u00f3n del Medio Ambiente (EPA)<\/strong> de los EE.UU., en los que se declara que las emisiones de dioxinas aumentan las posibilidades de contraer determinados tipos de c\u00e1ncer<\/strong>, siendo responsables de al menos el 10% de los tumores, el gobierno espa\u00f1ol no apoyar\u00e1 la construcci\u00f3n de incineradoras. <\/span><\/p>\n

Esto se refiere a las incineradoras de residuos t\u00f3xicos<\/strong>, pero no cabe desconocer que las incineradoras de RSU tambi\u00e9n emiten Dioxinas y Furanos<\/strong>.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

4.1.2. COMUNIDADES AUT\u00d3NOMAS<\/span><\/h4>\n

En Espa\u00f1a, con la introducci\u00f3n por la Constituci\u00f3n de 1.978<\/strong> del Estado de las Autonom\u00edas<\/strong>, se produce un fen\u00f3meno de dispersi\u00f3n de competencias<\/strong>, y con nuestra entrada en la Comunidad Econ\u00f3mica Europea<\/strong>, vamos a dise\u00f1ar una nueva distribuci\u00f3n competencial<\/strong>.<\/span><\/p>\n

El Art\u00edculo 148-1\u00ba de la Constituci\u00f3n<\/strong>, permite a las CC.AA.<\/strong> asumir competencias en materia de \u00abOrdenaci\u00f3n del territorio<\/em>\u00bb (n\u00ba 3<\/strong>), as\u00ed como en \u00abGesti\u00f3n en materia de protecci\u00f3n del medio ambiente<\/em>\u00bb (n\u00ba 9<\/strong>). <\/span><\/p>\n

Por otra parte, su Art\u00edculo 149-1\u00ba<\/strong>, dispone la competencia exclusiva del Estado<\/strong> en la \u00abLegislaci\u00f3n b\u00e1sica sobre protecci\u00f3n del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las CC.AA. de establecer normas adicionales de protecci\u00f3n, …<\/em>\u00bb (n\u00ba 23<\/strong>). <\/span><\/p>\n

Del juego de ambos preceptos, se deduce que tanto la Administraci\u00f3n Central del Estado, como la de las CC.AA., tienen competencias relacionadas con el medio ambiente<\/strong>, que han de ser delimitadas con mayor precisi\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\n

1) RESERVA COMPETENCIAL ESTATAL<\/span>: En general, corresponden al Estado las competencias b\u00e1sicas en la materia, de acuerdo con los principios de Solidaridad, Igualdad y Unidad de mercado. <\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Pero la regulaci\u00f3n no la hace s\u00f3lo por medio de normas con rango de Ley, sino que tambi\u00e9n se ha efectuado por medio de normas reglamentarias (en especial el Real Decreto 1613\/1.985 de 1 de Agosto), que rigen en todo el territorio nacional, con modulaciones en funci\u00f3n de las circunstancias concretas. <\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Es aqu\u00ed donde ha incidido fundamentalmente el recorte de atribuciones que se ha producido por nuestra incorporaci\u00f3n a la CEE, que veremos en el siguiente Cap\u00edtulo, aunque tambi\u00e9n las CC.AA. deber\u00e1n adaptar su gesti\u00f3n a las instrucciones comunitarias, en relaci\u00f3n con la EIA, entre otras materias. <\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n hay competencias concurrentes relacionadas con la ordenaci\u00f3n del territorio, obras p\u00fablicas de inter\u00e9s general, entre otras.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

2) COMPETENCIAS DE LAS CC.AA.<\/span> Hemos de distinguir entre las siete CC.AA. de Autonom\u00eda plena, con competencias m\u00e1s amplias, de las dem\u00e1s, con Autonom\u00eda gradual, que no han llegado al techo competencial constitucional. <\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

La atribuci\u00f3n espec\u00edfica de competencias a las CC.AA., se producen como consecuencia de las determinaciones de sus respectivos Estatutos, y de los Decretos de traspaso de funciones y servicios, que materializan la precisi\u00f3n normativa y la atribuci\u00f3n de medios personales y materiales, deslindando las respectivas competencias seg\u00fan la Constituci\u00f3n y los Estatutos, aunque se reserva una zona de concurrencia inevitable (Pol\u00edtica ambiental, Planificaci\u00f3n, Educaci\u00f3n, Informaci\u00f3n, o Asignaci\u00f3n de subvenciones<\/em>).<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

Los Estatutos de las CC.AA. de Autonom\u00eda plena<\/strong>, entre las que se encuentra Galicia<\/strong><\/em>, encomiendan el desarrollo legislativo y la ejecuci\u00f3n de la protecci\u00f3n del medio ambiente en el marco de la legislaci\u00f3n b\u00e1sica del Estado<\/strong>.\u00a0<\/span>La mayor\u00eda de ellos incluyen el establecimiento de normas adicionales de protecci\u00f3n<\/strong>. <\/span><\/p>\n

Las restantes CC.AA. solo tienen funciones de ejecuci\u00f3n de la normativa estatal<\/strong>, aunque Madrid<\/em> y Baleares<\/em> han incluido el desarrollo legislativo para el establecimiento de normas adicionales de protecci\u00f3n (L.O. 9\/1992, de 23 de diciembre<\/strong>).<\/span><\/p>\n

La mayor parte de las competencias de desarrollo legislativo y de ejecuci\u00f3n ambiental, que no sean municipales, deben de corresponder a las CC.AA. de autonom\u00eda plena<\/strong> (al resto tambi\u00e9n, pero en menor medida<\/em>). Sin embargo, en la pr\u00e1ctica faltan transferencias por realizar.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

LA ORGANIZACI\u00d3N ADMINISTRATIVA<\/strong>, sigue en general el modelo estatal<\/strong>, asignando competencias ambientales a una Consejer\u00eda<\/em><\/strong>, con funciones relacionadas con la tutela del medio, y a la vez con competencias sobre obras p\u00fablicas y urbanismo. <\/span><\/p>\n

Hay una tendencia a la creaci\u00f3n de Agencias ambientales desconcentradas<\/strong>, iniciada en Andaluc\u00eda<\/em> en 1.984. En Catalu\u00f1a<\/em> existe una Consejer\u00eda de Medio Ambiente<\/strong> desde 1.991. <\/span><\/p>\n

En Galicia<\/em>, la Conseller\u00eda de Pol\u00edtica territorial, obras p\u00fablicas e vivienda<\/strong> concentra la estructura auton\u00f3mica org\u00e1nica b\u00e1sica, y ya en sede de Residuos, se ha creado una Sociedad de econom\u00eda mixta, Sociedad Gallega de Medio Ambiente (<\/strong>SOGAMA)<\/strong>, entre la Xunta de Galicia (51%) y la compa\u00f1\u00eda el\u00e9ctrica Uni\u00f3n Fenosa (49%).<\/span><\/p>\n

En cuanto a la Recogida y Tratamiento de RSU<\/strong>: Han de ejecutar la legislaci\u00f3n estatal, con los l\u00edmites que implican las competencias Municipales. A este respecto, habr\u00e1n de elaborar Planes de Gesti\u00f3n de Residuos<\/strong> en su \u00e1mbito territorial, de acuerdo con el Plan Nacional<\/strong>, pero como \u00e9ste a\u00fan no existe, las disponibilidades auton\u00f3micas son plenas. <\/span><\/p>\n

Las CC.AA. de Autonom\u00eda Plena<\/strong> tienen tambi\u00e9n competencias de Desarrollo legislativo y ejecuci\u00f3n de sus disposiciones al respecto<\/strong>. <\/span><\/p>\n

Por ello Catalu\u00f1a<\/em> ha promulgado una normativa (D. 64\/1.882), que subordina la concesi\u00f3n de una Licencia Municipal<\/strong> para una actividad que vaya a producir residuos a la acreditaci\u00f3n de la id\u00f3nea soluci\u00f3n prevista para su eliminaci\u00f3n<\/strong>.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

4.1.3.- ADMINISTRACI\u00d3N AMBIENTAL MUNICIPAL<\/span><\/h4>\n

Los problemas ambientales, si bien en su mayor parte son universales, suelen tener su soluci\u00f3n en t\u00e9rminos locales, cayendo bajo la \u00f3rbita de los Municipios<\/strong>. Por ello la estrategia de base municipal para la tutela del ambiente, pese a las dificultades de coordinaci\u00f3n con otras administraciones, es muy importante.<\/span><\/p>\n

En cuanto a las concretas competencias, hay que mencionar una serie de actuaciones sometidas a las normas, estatales o auton\u00f3micas, llevadas a cabo directamente por la propia Administraci\u00f3n Municipal: <\/span><\/p>\n

\n

Agua Potable, Tratamiento de efluentes, Ruido, Vigilancia Atmosf\u00e9rica, y Residuos S\u00f3lidos en sus diversas modalidades y presentaciones, lo que supone su recogida, transporte y disposici\u00f3n final en condiciones de seguridad y salubridad.<\/span><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

Las competencias municipales ambientales est\u00e1n apoyadas en la Ley 7\/1.985 de 2 de Abril, Reguladora de las bases del R\u00e9gimen Loca<\/a>l<\/strong>, en especial Art\u00edculos 25<\/strong>, 26 <\/strong>y 28<\/strong>. <\/span><\/p>\n

El Art. 25-2\u00ba, f)<\/strong> dispone que <\/span><\/p>\n

\n

los Municipios ejercer\u00e1n competencias en los t\u00e9rminos de la legislaci\u00f3n estatal y auton\u00f3mica, sobre protecci\u00f3n del medio ambiente.<\/span><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Tambi\u00e9n se pueden fundamentar en la Ley General de Sanidad de 1.986<\/strong><\/a>, art\u00edculo 42<\/strong>, en especial, relativo al cumplimiento y control de las normas y Planes Sanitarios<\/strong>.<\/span><\/p>\n

La mayor\u00eda de sus atribuciones son competencias<\/strong> en sentido propio, de ejercicio obligatorio<\/strong>, lo que es el caso para todos los municipios, por s\u00ed o asociados, de la recogida de residuos<\/strong>. <\/span><\/p>\n

En los Municipios de m\u00e1s de 5.000 habitantes<\/strong>, deber\u00e1 proveerse adem\u00e1s, el tratamiento de los residuos, y en los que tengan m\u00e1s de 50.000<\/strong>, se atender\u00e1 gen\u00e9ricamente a la protecci\u00f3n del medio ambiente (de modo obligatorio)<\/em>.<\/span><\/p>\n

Los Municipios espa\u00f1oles han promulgado su propia normativa ambiental incorporada a Ordenanzas<\/strong> espec\u00edficas, algunas de ellas muy completas y de superior factura a las de elaboraci\u00f3n auton\u00f3mica y estatal, como es el caso de Madrid, Barcelona o M\u00e1laga.<\/span><\/p>\n

En cuanto a la Recogida y Tratamiento de RSU<\/strong>: su gesti\u00f3n corresponde a los Ayuntamientos<\/strong>, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 42\/1.975<\/strong>, y lo ratifica la Ley de Bases del R\u00e9gimen Local de 1.985<\/strong>, al calificar como servicio m\u00ednimo de todos los Municipios <\/strong><\/span><\/p>\n

\n

la recogida de Residuos, siendo el tratamiento obligatorio para aqu\u00e9llos con m\u00e1s de 5.000 habitantes.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Todos los Municipios tienen aprobadas ordenanzas<\/strong> sobre ello, y algunos las han incorporado a las Ordenanzas de protecci\u00f3n del medio ambiente.<\/span><\/p>\n

Las caracter\u00edsticas actuales del problema han determinado la entrada de las Administraciones Nacionales animando a soluciones organizatorias de base supramunicipal<\/strong>. <\/span><\/p>\n

A esta l\u00ednea responde la Ley 42\/1.975<\/strong> que estimula la creaci\u00f3n de Consorcios<\/strong> <\/em>y Mancomunidades<\/strong> <\/em>para la recogida y tratamiento de desechos, ordenando a las Diputaciones Provinciales<\/em><\/strong> que fomenten la instalaci\u00f3n de \u00e9stos entes, imponiendo su subrogaci\u00f3n en las competencias de los Ayuntamientos<\/em>, cuando \u00e9stos no puedan prestar el servicio por razones de car\u00e1cter econ\u00f3mico u organizativo y no se mancomunen o consorcien<\/strong>.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

4.2.- EL SERVICIO P\u00daBLICO DE RECOGIDA DE RSU<\/span><\/h3>\n

Todo el ciclo de los RSU, desde que aparecen potencialmente, hasta el momento de su eliminaci\u00f3n o reutilizaci\u00f3n, est\u00e1 mediatizado por el Derecho<\/strong>.<\/span><\/p>\n

En primer lugar, mediante la PLANIFICACI\u00d3N integral de las distintas etapas<\/strong> que afectan a los RSU, pues todas ellas est\u00e1n interrelacionadas<\/strong>. <\/span><\/p>\n

Las primeras etapas (prerecogida y recogida<\/em>) son municipales, pero las ulteriores implican la utilizaci\u00f3n de plantas o instalaciones<\/strong>, que salvo en el caso de las grandes ciudades, no son rentables m\u00e1s que a partir de ciertas magnitudes, por lo que deben intervenir administraciones territoriales superiores<\/strong>. <\/span><\/p>\n

Por ello la Directiva 91\/689 de la CEE<\/strong> dispone (Art. 6<\/strong>) que las autoridades competentes tendr\u00e1n la obligaci\u00f3n de establecer uno o varios Planes de Gesti\u00f3n de Residuos del art. 7 de la Directiva 75\/442<\/strong>, que se referir\u00e1n a tipos, cantidades y origen de los residuos; prescripciones t\u00e9cnicas generales; disposiciones relativas a residuos particulares y lugares o instalaciones adecuadas para la eliminaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

En cuanto a la PRESENTACI\u00d3N, se obliga a los productores de RSU a entregarlos con arreglo a modalidades predeterminadas que faciliten la recogida o hagan posible su valorizaci\u00f3n<\/strong>.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

4.2.1. REGLA GENERAL: MONOPOLIO MUNICIPAL<\/span><\/h4>\n

La Ley de Bases del R\u00e9gimen Local de 1.985<\/strong> incluye la recogida y tratamiento de Residuos entre los servicios de la competencia municipal<\/strong>, en los t\u00e9rminos ya vistos. <\/span><\/p>\n

No se suele discutir esto, pues se trata de un servicio no rentable<\/strong> (aunque s\u00ed puede serlo en t\u00e9rminos pol\u00edticos<\/em>), que solo se puede excepcionar en el caso de Residuos industriales susceptibles de cierto aprovechamiento<\/strong> econ\u00f3mico. Se prev\u00e9 la posibilidad de que, previa autorizaci\u00f3n, puedan los generadores de residuos trasmitirlos a terceros<\/strong>.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

4.2.2. OBLIGATORIEDAD DE LA ENTREGA<\/span><\/h4>\n

La regla general es el deber por parte de los vecinos de ceder sus RSU a los servicios de recogida<\/strong> prestados o autorizados por las administraciones locales (Art.8 Directiva CEE 91\/156<\/a><\/strong>).<\/span><\/p>\n

Sin embargo ese deber puede tener modulaciones o excepciones<\/strong>, como en el caso de la colaboraci\u00f3n de empresarios que adquieran papel o cart\u00f3n usado, en que se consiguen mejor los prop\u00f3sitos de valorizaci\u00f3n de los RSU. <\/span><\/p>\n

Estos intermediarios han de estar autorizados<\/strong> para garantizar que realizan tales operaciones de valorizaci\u00f3n y eliminaci\u00f3n en condiciones sanitaria y ambientalmente admisibles, no bastando el permiso de los particulares (Sentencia del TJCEE de 12 de Mayo de 1.987<\/strong>). <\/span><\/p>\n

Pueden ser dispensados de \u00e9sta exigencia<\/strong>, pero siguen estando sometidas a registro previo<\/strong>, y deben dejar constancia m\u00ednima de las operaciones que realicen, que han de efectuarse conforme a las condiciones exigidas por la autoridad competente.<\/span><\/p>\n

Con arreglo a la Ley de RSU<\/strong>, <\/span><\/p>\n

\n

los productores o poseedores de los mismos deber\u00e1n, salvo excepciones, ponerlos a disposici\u00f3n del Ayuntamiento en las condiciones que determinen las Ordenanzas Municipales (Art.3-22), que pueden imponer cargas a los ciudadanos, como la utilizaci\u00f3n de bolsas o contenedores, o su traslado a puntos de recogida.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

La Ley dispone que los Ayuntamientos adquieren la propiedad de los residuos desde la entrega y la recogida<\/strong>. Es una cesi\u00f3n forzosa, pero sin relaci\u00f3n con la Expropiaci\u00f3n Forzosa<\/strong>, pues se refiere a residuos sin valor econ\u00f3mico que supongan una amenaza potencial para el entorno urbano. <\/span><\/p>\n

Si los particulares se niegan sin justa causa a poner los residuos a disposici\u00f3n del Ayuntamiento, o incumplen las condiciones de entrega, cabe que se les impongan multas y sanciones<\/strong>. <\/span><\/p>\n

Sin embargo, se prev\u00e9 la posibilidad de que los residuos puedan conservarse por sus productores o ser cedidos a terceros, en caso de que tengan contenido econ\u00f3mico<\/strong>, si bien ha de concederse autorizaci\u00f3n municipal.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

4.2.3. OBLIGATORIEDAD DE LA RECEPCI\u00d3N<\/span><\/h4>\n

A la obligatoriedad de la entrega, se corresponde la obligatoriedad por parte de la administraci\u00f3n municipal de hacerse cargo de los residuos<\/strong>.<\/span><\/p>\n

Cuando se trata de Residuos S\u00f3lidos T\u00f3xicos o Peligrosos<\/strong>, pueden los Ayuntamientos exigir de los productores que eliminen o reduzcan en lo posible dichas caracter\u00edsticas<\/strong>. <\/span><\/p>\n

Han de proporcionarse, en caso de residuos especiales que puedan producir trastornos en el transporte o tratamiento<\/strong>, informaciones sobre su origen, cantidad y caracter\u00edsticas. <\/span><\/p>\n

Si se trata de residuos que por su volumen o configuraci\u00f3n no puedan ser recogidos por los servicios normales<\/strong>, el ayuntamiento puede exigir su reducci\u00f3n o bonificaci\u00f3n, debiendo serle abonados los gastos suplementarios que su recogida produzca. <\/span><\/p>\n

En estos casos trat\u00e1ndose de residuos s\u00f3lidos e industriales o de construcci\u00f3n, los ayuntamientos pueden imponer la obligaci\u00f3n de construir dep\u00f3sitos o vertederos propios<\/strong>, neg\u00e1ndoles el acceso a sus servicios de recogida.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

LA ELIMINACI\u00d3N Y EL APROVECHAMIENTO<\/strong>: Una vez recogidos y transportados los RSU habr\u00e1 de procederse a su disposici\u00f3n, bien por medio de su eliminaci\u00f3n, o mediante su valorizaci\u00f3n<\/strong>. <\/span><\/p>\n

Estas operaciones deber\u00e1n llevarse a cabo evitando toda influencia perjudicial<\/strong> para el suelo, vegetaci\u00f3n y fauna, la degradaci\u00f3n del paisaje, la contaminaci\u00f3n del aire y de las aguas.<\/span><\/p>\n

Aunque la eliminaci\u00f3n<\/strong> se puede realizar por otros medios, \u00fanicamente se contempla por la ley la formaci\u00f3n de \u00abdep\u00f3sitos o vertederos controlados<\/em>\u00ab<\/strong>. Estos pueden ser municipales o privados<\/strong>. <\/span><\/p>\n

Para los municipales<\/strong> se exige que el proyecto sea autorizado<\/strong> \u00abpor la Comisi\u00f3n Provincial de Servicios T\u00e9cnicos u organismo equivalente de la administraci\u00f3n competente<\/em>\u00ab. <\/span><\/p>\n

Para los privados<\/strong>, la t\u00e9cnica de control se basa en la licencia Municipal<\/strong> concedida a trav\u00e9s del procedimiento que regula el Reglamento de Actividades de 1.961<\/strong>, interviniendo el Instituto Tecnol\u00f3gico y Geominero<\/strong><\/a> ante una posible contaminaci\u00f3n de los recursos del subsuelo. <\/span><\/p>\n

Las Licencias pueden ser indefinidas<\/strong> (extingui\u00e9ndose al agotarse la capacidad del vertedero<\/em>), temporales o eventuales<\/strong> (con una duraci\u00f3n m\u00e1xima de seis meses prorrogables por otros seis<\/em>). <\/span><\/p>\n

Los dep\u00f3sitos o vertederos no autorizados se consideran clandestinos<\/strong>, procedi\u00e9ndose a su inmediata clausura<\/strong> y a la imposici\u00f3n de multas<\/strong> de hasta un mill\u00f3n de pesetas.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

En cuanto al APROVECHAMIENTO<\/strong>, la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola est\u00e1 pensando en empresas particulares para la realizaci\u00f3n de estas operaciones<\/strong>, pues en ning\u00fan momento alude a iniciativas municipales. <\/span><\/p>\n

Estas iniciativas han de ser autorizadas municipalmente<\/strong>, por los cauces del Reglamento de Actividades de 1.961<\/strong>, exigi\u00e9ndose paralelamente autorizaci\u00f3n del Ministerio de Industria<\/strong>. <\/span><\/p>\n

El solicitante si no fuera propietario de los residuos ha de acreditar su derecho a la disponibilidad de ellos<\/strong> de la forma que reglamentariamente se establezca.<\/span><\/p>\n

El impulso de estas operaciones puede realizarse instando a los titulares de las instalaciones a ampliarlas o modificarlas para un mejor aprovechamiento<\/strong>, concedi\u00e9ndose ayudas econ\u00f3micas<\/strong>, pudi\u00e9ndose expropiarlas<\/strong> de no ser realizadas dichas modificaciones. <\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n podr\u00eda declararse obligatorio el aprovechamiento de residuos<\/strong> en caso de recursos cuya producci\u00f3n nacional sea insuficiente. <\/span><\/p>\n

Otra estimulaci\u00f3n indirecta del aprovechamiento, puede ser la exigencia de que los desechos y residuos de los productos que se fabriquen o importen sean susceptibles de normal tratamiento<\/strong>; tambi\u00e9n fomentando la utilizaci\u00f3n de recursos recuperados<\/strong> en la fabricaci\u00f3n de ciertos productos elaborados.\u00a0<\/span>El cumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a indemnizaci\u00f3n o al abono de las ayudas econ\u00f3micas y t\u00e9cnicas<\/strong> que se determinen. <\/span><\/p>\n

El otorgamiento de la autorizaci\u00f3n de aprovechamiento lleva impl\u00edcito la declaraci\u00f3n de utilidad p\u00fablica de estas actividades<\/strong> y el acceso de sus titulares a los beneficios que concede la Ley de Expropiaci\u00f3n Forzosa<\/strong>.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

En cuanto a los ENVASES DE L\u00cdQUIDOS ALIMENTARIOS<\/strong>, y al margen de lo que en el cap\u00edtulo siguiente se dir\u00e1 respecto a los envases y embalajes en general, la CEE hab\u00eda promocionado desde su Directiva 85\/339<\/strong><\/a>, una pol\u00edtica de envases de bebidas y otros alimentos l\u00edquidos, que facilitase su reutilizaci\u00f3n y reciclado<\/strong>.<\/span><\/p>\n

Espa\u00f1a, tras recibir en 1.987 un aviso de la Comisi\u00f3n CEE, ha promulgado el Real Decreto 319\/1.991 de 8 de Marzo<\/strong><\/a>,<\/span><\/p>\n

\n

\u00abpor el que se establecen acciones sobre la producci\u00f3n, comercializaci\u00f3n, empleo, reciclado y relleno de los envases para alimentos l\u00edquidos<\/em>\u00ab.<\/span><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Esta norma, no imperativa para los ciudadanos<\/strong>, se limita a ordenar a la Administraci\u00f3n del Estado y a las Comunidades Aut\u00f3nomas, elaborar programas tendentes a reducir el peso y el volumen de los envases que deban ser eliminados, y al retorno y reciclaje de los restantes. <\/strong><\/span><\/p>\n

Alude a actuaciones estimuladoras<\/strong> como campa\u00f1as de publicidad, facilitaci\u00f3n de los retornos, promoci\u00f3n de recogidas selectivas, etc. <\/span><\/p>\n

S<\/span>\u00f3lo se establecen normas directamente aplicables por los particulares para los casos de aceptaci\u00f3n voluntaria del retorno o dep\u00f3sito por los expendedores<\/strong>, lo que deber\u00e1 expresarse en el envase.<\/span><\/p>\n

Pudiera contemplarse en que el Estado imponga que ciertos envases sean de obligatoria aceptaci\u00f3n en r\u00e9gimen de dep\u00f3sito por los expedidores<\/strong>, aunque es dudoso el que pueda establecer que determinados productos, por ejemplo<\/em> la leche, sea obligatoriamente comercializada en envases reutilizables, lo que quiz\u00e1 ir\u00eda en contra de la libre circulaci\u00f3n de mercanc\u00edas<\/strong> al primarse las marcas locales.<\/span><\/p>\n

A este respecto es muy interesante la Sentencia de Tribunal de Justicia Europeo, de 20 de septiembre de 1.988, asunto 302\/86<\/strong><\/a>. Dictada en el caso de las botellas danesas<\/strong>, relativo a la legislaci\u00f3n danesa que impuso la reutilizaci\u00f3n obligatoria de los envases de bebidas refrescantes y cervezas, requerida al considerarse por algunos exportadores contraria a la libertad de comercio, ya que supon\u00eda para \u00e9stos contar con una red propia de establecimientos para el sistema de dep\u00f3sitos. <\/span><\/p>\n

El TJE respald\u00f3 la ley danesa en su mayor parte<\/strong>. Tambi\u00e9n veremos m\u00e1s adelante el caso Alem\u00e1n o el Franc\u00e9s, entre otros.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/a>
ANFEVI (Asociaci\u00f3n Nacional de Fabricantes de Envases de Vidrio)<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

 <\/p>\n

En cuanto a la FINANCIACI\u00d3N MUNICIPAL<\/strong>, <\/span><\/p>\n

\n

se realiza, al menos parcialmente, por medio de TASAS como contraprestaci\u00f3n a la facilitaci\u00f3n del servicio, si bien la Base Imponible<\/em> puede configurarse en funci\u00f3n de la categor\u00eda de la calle, o del tipo de uso (industrial, domiciliario, o comercial<\/em>), incluso se conecta en alg\u00fan caso con el l\u00edquido imponible de la finca.<\/span><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

El abono de estas tasas es obligatorio, aunque no se utilice el servicio<\/strong>.\u00a0<\/span>El Importe de estas Tasas generalmente no cubre las necesidades del servicio<\/strong>, y tampoco las modalidades de su percepci\u00f3n atienden a intereses ambientales.<\/span><\/p>\n

La legislaci\u00f3n espa\u00f1ola, prev\u00e9 tambi\u00e9n una FINANCIACI\u00d3N NACIONAL<\/strong>, por medio de un programa de Subvenciones<\/strong>, <\/span><\/p>\n

\n

ayudas pensadas para apoyar operaciones de gran escala, realizadas por Asociaciones de Entes Locales, pero de las que pueden beneficiarse ayuntamientos aislados, e incluso particulares (si se les impone modificar instalaciones de aprovechamientos, o en el supuesto de medidas indirectas para facilitar la recuperaci\u00f3n<\/em>).<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

La Administraci\u00f3n Central tambi\u00e9n puede emprender y financiar investigaciones tecnol\u00f3gicas para la mejora de los sistemas de aprovechamiento<\/strong>.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

*******<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

RELACIONADOS:<\/span><\/h2>\n

HIDROGEOLOG\u00cdA de la DANA (PARTE 1): EL DESEMBALSE DE LA PRESA DE FORATA: \u00bfUn desprop\u00f3sito tras otro o un Cataclismo Clim\u00e1tico de Falsa Bandera?<\/a><\/p><\/blockquote>\n