{"id":2310018,"date":"2025-07-28T00:05:41","date_gmt":"2025-07-27T22:05:41","guid":{"rendered":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/?p=2310018"},"modified":"2025-07-29T09:19:34","modified_gmt":"2025-07-29T07:19:34","slug":"la-pelicula-del-pangolin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/2025\/07\/28\/la-pelicula-del-pangolin\/","title":{"rendered":"LA PEL\u00cdCULA DEL PANGOL\u00cdN: El Tribunal Supremo obstaculiz\u00f3 la exigencia de responsabilidad al Estado por su actuaci\u00f3n durante la Pandemia del COVID."},"content":{"rendered":"

LA PEL\u00cdCULA DEL PANGOL\u00cdN<\/span><\/p>\n

INDICE POSTS PANDEMIA CORONAVIRUS<\/a><\/span><\/p>\n\n

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La pel\u00edcula del pangol\u00edn<\/span><\/h2>\n<\/blockquote>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n
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No sabemos por qu\u00e9, pero no es lo que usted est\u00e1 pensando<\/em><\/strong><\/span><\/div>\n
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\u00bfTambi\u00e9n se comen los pangolines? Nadie sabe, al menos en Occidente, pero la historia murci\u00e9lago-pangol\u00edn se consolida. M\u00e1s a\u00fan: se hace obligatoria. La versi\u00f3n que se le ocurre inmediatamente a cualquiera, la que cae por su peso, la evidente, es inmediata y universalmente ridiculizada, desmentida por altas autoridades cient\u00edficas. <\/span><\/strong><\/em><\/div>\n
\u201cTrust the Science!\u201d. M\u00e1s: es censurada. Defenderla, desde determinados cargos, supone el despido, la degradaci\u00f3n, la cancelaci\u00f3n, la muerte laboral. En las redes sociales significa autom\u00e1ticamente censura y probable cierre de la cuenta.<\/span><\/strong><\/em><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Por Carlos Esteban<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n
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Ideas<\/a>, 25 de mayo de 2025<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\"La
Pangol\u00edn (Smutsia temminckii)<\/span><\/figcaption><\/figure>
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No conocemos a\u00fan la causa de lo que ha pasado. Pero estamos seguros de que no es la que usted tiene en la cabeza. Ese parece ser el esquema de los mensajes del poder en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

El autor y analista norteamericano Steve Sailer<\/strong> lo llama \u201cthe war on noticing<\/em>\u201d, la guerra contra el darse cuenta. La fase final del control del discurso no es, como en la propaganda de los totalitarismos tradicionales del siglo pasado, darnos una versi\u00f3n falsa de lo que no sabemos, sino convencernos de que no es cierto lo que podemos ver, lo que tenemos delante de los ojos.<\/span><\/p>\n

Es la inversi\u00f3n de la navaja de Occam<\/strong>: la explicaci\u00f3n m\u00e1s probable no es la m\u00e1s sencilla, sino la m\u00e1s retorcida.<\/span><\/p>\n

Noviembre de 2019<\/strong>. Empiezan a llegar a Occidente informaciones alarmantes procedentes de China de una epidemia de naturaleza desconocida que tiene su epicentro en la ciudad de Wuhan<\/em>. En pocas semanas, la misteriosa enfermedad llega a Italia y, como un incendio, surgen casos en un pa\u00eds tras otro, comenzando as\u00ed una pesadilla sin precedentes que se prolonga al menos dos a\u00f1os y que escenifica el fracaso del modelo globalista: en todas partes (con honros\u00edsimas excepciones<\/em>) se aplican las mismas medidas \u2013distanciamientos social, mascarillas, confinamientos\u2013 que se demuestran a la larga in\u00fatiles, cuando no contraproducentes.<\/span><\/p>\n

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El mundo entero vive as\u00ed un experimento social ins\u00f3lito que se ha traducido en empobrecimiento, recortes de libertades y un aumento considerable del control social por parte del poder<\/span><\/strong><\/p>\n

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El mundo entero vive as\u00ed un experimento social ins\u00f3lito que se ha traducido en empobrecimiento, recortes de libertades y un aumento considerable del control social por parte del poder.\u00a0\u00bfY la causa?<\/strong>\u00a0Y aqu\u00ed viene lo divertido. De todos los lugares del mundo en que pod\u00eda surgir un virus nuevo, desconocido hasta la fecha, lo hace en una ciudad china sede de uno de los centros m\u00e1s importantes de experimentaci\u00f3n con virus, en el que colaboran instituciones de Estados Unidos. Verde y con asas: el virus ha salido del laboratorio en cuesti\u00f3n, accidental o deliberadamente, \u00bfno?<\/strong><\/span><\/p>\n

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De todos los lugares del mundo en que pod\u00eda surgir un virus nuevo, desconocido hasta la fecha, lo hace en una ciudad china sede de uno de los centros m\u00e1s importantes de experimentaci\u00f3n con virus, en el que colaboran instituciones de Estados Unidos<\/span><\/strong><\/p>\n

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Pues no. Se ha debido a un rar\u00edsimo caso de zoonosis<\/strong>, es decir, de transmisi\u00f3n de un animal a un humano. Nadie sabe qu\u00e9 animal. Salen art\u00edculos especializados o generalistas que especulan con un murci\u00e9lago que se habr\u00eda comido un chino en el mercado h\u00famero de Wuhan. Otros aventuran que el culpable, en animal responsable de todo el desaguisado, es un\u00a0pangol\u00edn<\/strong>\u00a0(en la foto<\/em>).<\/span><\/p>\n

\u00bfTambi\u00e9n se comen los pangolines?<\/strong> Nadie sabe, al menos en Occidente, pero la historia murci\u00e9lago-pangol\u00edn se consolida. M\u00e1s a\u00fan: se hace obligatoria. La versi\u00f3n que se le ocurre inmediatamente a cualquiera, la que cae por su peso, la evidente, es inmediata y universalmente ridiculizada, desmentida por altas autoridades cient\u00edficas. \u201cTrust the Science!<\/em>\u201d. M\u00e1s: es censurada<\/strong>. Defenderla, desde determinados cargos, supone el despido, la degradaci\u00f3n, la cancelaci\u00f3n, la muerte laboral. En las redes sociales significa autom\u00e1ticamente censura y probable cierre de la cuenta<\/strong>.<\/span><\/p>\n

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La versi\u00f3n que se le ocurre inmediatamente a cualquiera, la que cae por su peso, la evidente, es inmediata y universalmente ridiculizada, desmentida por altas autoridades cient\u00edficas. \u201cTrust the Science!<\/em>\u201d. M\u00e1s: es censurada. Defenderla, desde determinados cargos, supone el despido, la degradaci\u00f3n, la cancelaci\u00f3n, la muerte laboral<\/strong><\/span><\/p>\n

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Poco a poco, casi olvidada ya la peste, se empieza a reconocer que los gobiernos, a trav\u00e9s de sus servicios de inteligencia, conoc\u00edan la verdad desde el principio: con toda probabilidad, el virus misterioso era artificial, una creaci\u00f3n humana, y hab\u00eda surgido del\u00a0laboratorio de Wuhan<\/strong>. Naturalmente. Nadie pide perd\u00f3n, no se dan explicaciones, nadie paga a\u00f1os de censura y mentiras sobre un asunto tan importante y universal.<\/span><\/p>\n

A medio a\u00f1o de iniciarse la pandemia mundial, se anuncia con gozo la salvaci\u00f3n: se ha encontrado una vacuna. Varias, en realidad, la mayor\u00eda con una tecnolog\u00eda nunca probada antes en humanos, de ARN mensajero (ARNm)<\/strong>. Unos pocos, un pu\u00f1adito, apunta t\u00edmidamente que vacunas nuevas contra virus que se conocen desde hace siglos tardan unos diez a\u00f1os en desarrollarse para garantizar que son seguras y efectivas, cu\u00e1nto m\u00e1s si se trata de un pat\u00f3geno completamente desconocido hasta la fecha.<\/span><\/p>\n

Da igual: son eficaces y seguras. \u201cTrust the Science!<\/em>\u201d<\/strong>. Se repite el\u00a0ciclo de intimidaci\u00f3n, saturaci\u00f3n medi\u00e1tica, censura y marginaci\u00f3n activa<\/strong>\u00a0del disidente, un enemigo del pueblo, un asesino de abuelitas. La gente, en consecuencia, se vacuna en masa.<\/span><\/p>\n

Y empiezan a surgir, primero como rumores, como historias anecd\u00f3ticas de personas cercanas, extra\u00f1as reacciones m\u00e9dicas. Al fin los medios informan de un aumento an\u00f3malo de la mortalidad en un pa\u00eds tras otro, coincidiendo con el fin de la campa\u00f1a masiva de vacunaci\u00f3n.\u00a0Se disparan los ictus<\/strong>. La miocarditis, una dolencia rar\u00edsima, se hace extra\u00f1amente com\u00fan entre j\u00f3venes. Se habla de \u2018turboc\u00e1nceres<\/em><\/strong>\u2019.<\/span><\/p>\n

En los art\u00edculos que hacen la cr\u00f3nica de la intrigante mortandad los cient\u00edficos se muestran perplejos en su mayor\u00eda. Se apuntan diversas causas posibles, pero nadie sabe realmente. Los art\u00edculos y los cient\u00edficos consultados solo coinciden en una cosa: las vacunas no han tenido nada que ver, aunque hace tiempo que se dej\u00f3 de defender que fueran cien por ciento seguras y efectivas<\/strong>. Da igual que sea el \u00fanico factor com\u00fan de cierto peso: no es nunca lo que parece.<\/span><\/p>\n

24 de febrero de 2022<\/strong>. El presidente ruso Vladimir Putin<\/strong> anuncia por televisi\u00f3n una \u00aboperaci\u00f3n militar especial\u00bb en las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk;<\/strong> los misiles empezaron a impactar en diversos puntos de Ucrania, mientras las fuerzas terrestres rusas cruzaban la frontera, dando inicio a una guerra que contin\u00faa hasta hoy.<\/span><\/p>\n

Para Europa Occidental y, muy especialmente, para Alemania es un desastre sin precedentes<\/strong>. La pujante industria alemana, locomotora de la econom\u00eda de la Uni\u00f3n Europea, depende del gas barato ruso para subsistir, despu\u00e9s de haberse deshecho de sus centrales nucleares y abrazado con entusiasmo la suicida agenda verde.<\/span><\/p>\n

La tentaci\u00f3n de contemporizar es enorme<\/strong>. La arteria vital de la industria alemana sigue siendo el Nord Stream 2<\/strong>, un gasoducto que pasa bajo las aguas del B\u00e1ltico y que le proporciona el gas que las f\u00e1bricas necesitan para operar de forma competitiva. Y, entonces, el 26 de septiembre de 2022 se produce una explosi\u00f3n submarina que destruye los gasoductos de gas natural Nord Stream 1 y Nord Stream 2<\/strong>.<\/span><\/p>\n

Adi\u00f3s tentaci\u00f3n. El gasoducto era una empresa conjunta rusoalemana, con lo que ambos pa\u00edses pierden. Alemania pierde la energ\u00eda barata, Rusia pierde los ingresos por la venta del gas<\/strong>. No mucho antes, el presidente de Estados Unidos, el dem\u00f3crata Joe Biden<\/strong>, advert\u00eda abiertamente en una alocuci\u00f3n grabada en v\u00eddeo que su pa\u00eds se asegurar\u00eda de la desaparici\u00f3n de ese gasoducto.\u00a0<\/span><\/p>\n

Otro tanto expresaba, con a\u00fan mayor crudeza,\u00a0Victoria Nuland<\/strong>, responsable del Departamento de Estado para Europa y organizadora del golpe de Estado del Maid\u00e1n<\/strong> en Ucrania una d\u00e9cada atr\u00e1s. Unos d\u00edas antes se hab\u00edan organizado unas operaciones de la OTAN en el B\u00e1ltico<\/strong>.\u00a0<\/span>Y el mismo d\u00eda de la noticia del atentado, a pocas horas de conocerse, el exministro polaco de Asuntos Exteriores\u00a0Rados\u0142aw Sikorski<\/strong>\u00a0(y marido de la influyente periodista neocon Anne Applebaum<\/strong><\/em>) publica desde su cuenta en X un tuit con la foto de las consecuencias del ataque y el escueto mensaje: \u201cGracias, Estados Unidos<\/em><\/strong>\u201d. Una vez m\u00e1s, caso cerrado, \u00bfno?<\/span><\/p>\n

No: el culpable era Putin.\u00a0No ten\u00eda el menor sentido, porque Rusia sal\u00eda enormemente perjudicada y el gasoducto era, al menos en parte, suyo<\/strong>. De haber querido dejar a Alemania y a toda Europa sin ese gas, le hubiera bastado con cerrar el grifo. Y, sin embargo, esa fue la versi\u00f3n oficial, la obligatoria. Cuando, al cabo, fue dif\u00edcil sostener una historia tan retorcida de falsa bandera se recurri\u00f3 a otra a\u00fan m\u00e1s incre\u00edble: unos cuantos ucranianos descontrolados que actuaron por su cuenta y riesgo<\/strong>. No s\u00e9 qu\u00e9 es peor.<\/span><\/p>\n

Este a\u00f1o pasado, en noviembre, tuvimos el desastre de la\u00a0gota fr\u00eda<\/strong>\u00a0en Valencia, con centenares de muertos en la contabilidad oficial y da\u00f1os materiales dignos de una guerra de los que a\u00fan no se ha recuperado la zona. Esta vez, los culpables oficiales fueron inmediatamente identificados: el Cambio Clim\u00e1tico como causa del desastre natural, y el presidente valenciano Carlos Maz\u00f3n<\/strong> como responsable de la catastr\u00f3fica respuesta. Eso, aunque\u00a0la gota fr\u00eda sea en la regi\u00f3n un fen\u00f3meno recurrente del que se tienen registros mucho antes<\/strong>\u00a0de que el ser humano pudiera responsabilizarse de cambio clim\u00e1tico alguno, y aunque todo apunta m\u00e1s bien contra las medidas \u2018verdes<\/em>\u2019 del gobierno. Da igual, no es lo que est\u00e1 pensando.<\/span><\/p>\n

Y ahora, el 28 de abril de 2025, hemos tenido el apag\u00f3n nacional m\u00e1s prolongado que recuerdo en m\u00e1s de 60 a\u00f1os de vida. Una vez m\u00e1s, el gobierno, al cierre de este texto, a\u00fan desconoce las causas del desastre tercermundista, ya sean la guerra no provocada de Putin<\/strong>, el cambio clim\u00e1tico o la ultraderecha. Lo \u00fanico que sabemos, lo \u00fanico que se nos asegura con la misma certeza con que se nos dec\u00eda solo unas semanas atr\u00e1s que\u00a0no exist\u00eda riesgo alguno de apag\u00f3n<\/strong>\u00a0(menudo bulo<\/em>), es que no tiene nada que ver con la enloquecida pol\u00edtica energ\u00e9tica de volar centrales t\u00e9rmicas y nucleares y presas en obediencia a la agenda verde. Como cualquiera hubiera podido \u2013equivocadamente, claro\u2013 suponer.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n

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El mercado de mariscos de Huanan en Wuhan, que ha sido vinculado al coronavirus que causa la COVID-19 Credit…Noel Celis\/Agence France-Presse \u2014 Getty Images<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

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El Tribunal Supremo restringe la responsabilidad del Estado legislador por los da\u00f1os derivados de los reales decretos de alarma<\/span><\/h2>\n
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Se resumen y analizan los criterios aplicados por la sentencia del Tribunal Supremo que resuelve y desestima el primer recurso en el que se demandaba responsabilidad patrimonial por da\u00f1os sufridos como consecuencia de las medidas adoptadas para combatir la pandemia de COVID-19.<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

La conclusi\u00f3n a la que se llega tras el an\u00e1lisis de esta sentencia es que, aunque no lo diga expresamente, est\u00e1 reconociendo un r\u00e9gimen espec\u00edfico de responsabilidad del Estado legislador por los da\u00f1os causados por las medidas contenidas en los reales decretos de alarma que restringe al m\u00e1ximo el principio de indemnidad del art\u00edculo 33 de la Constituci\u00f3n<\/a>. <\/span><\/strong><\/em><\/p>\n

M\u00e1s margen parece existir para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento, normal o anormal, de los servicios p\u00fablicos, en particular los sanitarios, aunque tambi\u00e9n con limitaciones derivadas de las circunstancias f\u00e1cticas excepcionales de una situaci\u00f3n de pandemia.<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<\/div>\n

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Por <\/a>Blanca <\/a>Lozano Cutanda<\/a><\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Diario La Ley<\/a>, 13\/11\/2023<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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La\u00a0STS n\u00fam. 1360\/2023, de 31 de octubre <\/a><\/strong>(ponente: Carlos Lesmes Serrano<\/strong><\/em>), resuelve y desestima el primer recurso que demandaba responsabilidad patrimonial por los da\u00f1os sufridos por una empresa hostelera como consecuencia de las medidas aprobadas para combatir la pandemia. A este pronunciamiento van a seguir otros (sobre casos seleccionados<\/em>) que determinar\u00e1n la resoluci\u00f3n de los m\u00e1s de siete mil recursos relativos a reclamaciones de responsabilidad por da\u00f1os derivados de la pandemia del COVID-19 que penden ante el Tribunal Supremo.<\/span><\/p>\n

La conclusi\u00f3n a la que se llega tras el an\u00e1lisis de esta sentencia es que, aunque no lo diga expresamente, est\u00e1 reconociendo un r\u00e9gimen espec\u00edfico de responsabilidad del Estado legislador por los da\u00f1os causados por las medidas contenidas en los reales decretos de alarma que restringe al m\u00e1ximo el principio de indemnidad<\/strong> del\u00a0art\u00edculo 33 de la Constituci\u00f3n<\/strong><\/a>. <\/span><\/p>\n

M\u00e1s margen parece existir para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento, normal o anormal, de los servicios p\u00fablicos, en particular los sanitarios<\/strong>, aunque tambi\u00e9n con limitaciones derivadas de las circunstancias f\u00e1cticas excepcionales<\/strong> de una situaci\u00f3n de pandemia.<\/span><\/p>\n

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C\u00e9sar Tolosa Tribi\u00f1o<\/strong> (1957), actual Magistrado del Tribunal Constitucional (2023), a propuesta del Consejo General del Poder Judicial por el \u00abCupo\u00bb del PP. Ha sido Magistrado del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Sexta, donde su funci\u00f3n era la de enjuiciar Resoluciones que afectan a la Responsabilidad Disciplinaria de Jueces y Magistrados (NOTA de Punto Cr\u00edtico: Es un decir; en realidad, consolidar la Impunidad de los Jueces denunciados ante el CGPJ, pues en la aberrante generalidad de los casos, la Defensa de los Jueces y Magistrados all\u00ed denunciados por los ciudadanos afectados gravemente en sus Derechos Fundamentales;\u00a0 Defensa de los Jueces Denunciados, oculta bajo la falaz denominaci\u00f3n \u00abPromotor de la Acci\u00f3n Disciplinaria\u00bb, que siempre ha promovido la impunidad de los jueces denunciados, a menudo como presuntos autores de muy graves hechos contra los ciudadanos denunciantes que se estrellan una y otra vez con el muro de la Impunidad. LA IMPUNIDAD DEL PODEROSO\u00a0 ES EL SISTEMA<\/em>) .<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

 <\/p>\n

Interesa se\u00f1alar que, sobre las cuestiones que aborda esta sentencia, se hab\u00eda pronunciado como ponente en un seminario virtual, organizado por Oriol Mir<\/strong> durante la pandemia, el magistrado del Tribunal Supremo (actual magistrado del Tribunal Constitucional<\/em>) C\u00e9sar Tolosa<\/strong>, cuyos argumentos jur\u00eddicos resultan en algunos puntos coincidentes con los del fallo y, en otros, sirven para completar sus razonamientos<\/span>.<\/span><\/p>\n

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El magistrado del Tribunal Supremo (actual magistrado del Tribunal Constitucional<\/em>) C\u00e9sar Tolosa, se hab\u00eda pronunciado como ponente en un seminario virtual durante la pandemia: sus argumentos jur\u00eddicos resultan en algunos puntos coincidentes con los del fallo y, en otros, sirven para completar sus razonamientos<\/span><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n

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\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

I.\u00a0<\/b>La sentencia declara que la reclamaci\u00f3n de la recurrente por los da\u00f1os derivados de los reales decretos de alarma ha de hacerse por la v\u00eda de la responsabilidad del Estado legislador<\/em><\/span><\/h3>\n

Antes de abordar las alegaciones de las partes, la sentencia hace una precisi\u00f3n previa<\/strong>: los da\u00f1os patrimoniales sufridos por la recurrente resultan fundamentalmente de las normas que impusieron restricciones y medidas de contenci\u00f3n relativas a actividades determinadas, tanto del sector p\u00fablico como del sector privado, en particular <\/span><\/p>\n

\n

\u00aben los reales decretos que declararon el estado de alarma y se aplicaron a sus destinatarios sin necesidad del dictado de actos administrativos de ejecuci\u00f3n de su contenido<\/em>\u00bb.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Se considera, por ello, que el da\u00f1o se imputa a una disposici\u00f3n general y no a actos de la Administraci\u00f3n<\/strong>. En particular, se trata de un supuesto de responsabilidad del Estado legislador<\/strong> atendiendo al hecho de que \u00ablos reales decretos de declaraci\u00f3n de estado de alarma\u00a0463\/2020\u00a0y 926\/2020, y sus correspondientes pr\u00f3rrogas, ostentan la naturaleza jur\u00eddica de disposiciones con valor de ley<\/em>\u00bb, seg\u00fan ha reconocido tanto el\u00a0Tribunal Constitucional (sentencias n\u00fams. 83\/2016 <\/a>\u00a0y\u00a0183\/2021<\/a>)<\/strong> como el Tribunal Supremo (Auto de\u00a010\u00a0de junio del\u00a02020)<\/strong>.<\/span><\/p>\n

Estos reales decretos de declaraci\u00f3n de estado de alarma se consideran, de esta forma, \u00ableyes autoaplicativas<\/em>\u00bb respecto de las cuales se puede reclamar responsabilidad sin necesidad de cumplir el requisito del recurso previo del acto de aplicaci\u00f3n<\/strong> establecido en el\u00a0art\u00edculo 32.4 de la Ley 39\/2015<\/a><\/strong>. <\/span><\/p>\n

Aunque la sentencia no lo dice, se sigue con ello la doctrina establecida en la<\/strong>\u00a0STS n\u00fam. 1404\/2020, de 27 de octubre<\/strong>\u00a0(ponente:<\/em> Wenceslao Olea Godoy<\/em><\/strong>), en la que se afirma que\u00a0<\/span><\/p>\n

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\u00abcuando el da\u00f1o sea imputable a una norma con rango de ley autoaplicativa, es de imposible cumplimiento la exigencia de su previa impugnaci\u00f3n y obtenci\u00f3n de sentencia desestimatoria, en cuyo proceso debiera invocarse previamente la inconstitucionalidad, como exige el art\u00edculo 32.4.\u00ba<\/em>\u00bb.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

II.\u00a0<\/b>La sentencia afirma que esta responsabilidad del Estado legislador se rige por el r\u00e9gimen general previsto en la Ley\u00a040\/2015, pero consagra, en realidad, un r\u00e9gimen especial<\/em><\/span><\/h3>\n

El Tribunal Supremo declara que la regulaci\u00f3n aplicable para dilucidar la responsabilidad<\/strong> es la contenida en el art\u00edculo\u00a032.2\u00a0de la Ley\u00a040\/2015, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico<\/a><\/strong>.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\n

La sentencia no acepta la alegaci\u00f3n del\u00a0 recurrente de que el art\u00edculo 3.2 de la Ley Org\u00e1nica 4\/1981<\/a>, de los Estados de Alarma, Excepci\u00f3n y Sitio, establece un r\u00e9gimen especial de responsabilidad patrimonial durante la vigencia de estos estados en el que no ser\u00eda aplicable la fuerza mayor como causa de exoneraci\u00f3n de la responsabilidad ni tampoco la existencia de antijuricidad del da\u00f1o como elemento determinante del concepto de lesi\u00f3n<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

La sentencia no acepta, en este punto, la alegaci\u00f3n del recurrente de que el\u00a0art\u00edculo 3.2 de la Ley Org\u00e1nica 4\/1981<\/a>, de los Estados de Alarma, Excepci\u00f3n y Sitio<\/strong>, establece un r\u00e9gimen especial de responsabilidad patrimonial durante la vigencia de estos estados en el que no ser\u00eda aplicable la fuerza mayor como causa de exoneraci\u00f3n de la responsabilidad ni tampoco la existencia de antijuricidad del da\u00f1o como elemento determinante del concepto de lesi\u00f3n; se tratar\u00eda, en suma, de un \u00abnuevo y singular sistema de responsabilidad patrimonial de naturaleza objetiva<\/em>\u00bb<\/strong>.<\/span><\/p>\n

Conforme al precepto citado, <\/span><\/p>\n

\n

\u00abquienes como consecuencia de la aplicaci\u00f3n de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, da\u00f1os y perjuicios por actos que no les sean imputables, tendr\u00e1n derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto por las leyes<\/em>\u00bb.<\/span><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

La interpretaci\u00f3n invocada por la recurrente se descarta por la sentencia atendiendo, fundamentalmente, a dos razones<\/strong>:<\/span><\/p>\n

Lo cierto, sin embargo, es que, como hemos adelantado, la sentencia s\u00ed crea un r\u00e9gimen espec\u00edfico de responsabilidad del Estado legislador por los da\u00f1os causados por los reales decretos de alarma<\/strong>, aun sin decirlo expresamente, apoy\u00e1ndose, en especial, en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. <\/span><\/p>\n

Pero este r\u00e9gimen no se caracteriza en absoluto por su car\u00e1cter objetivo, sino, antes bien, por excepcionar o restringir al m\u00e1ximo el principio de indemnidad<\/strong> que impone el\u00a0art\u00edculo 33 de la Constituci\u00f3n<\/a><\/strong>, al establecer una <\/span>\u00abpresunci\u00f3n reforzada<\/em>\u00bb de que las privaciones o restricciones de los bienes y derechos patrimoniales leg\u00edtimos \u00abfueron necesarias, id\u00f3neas y proporcionales<\/em>\u00bb para responder a la situaci\u00f3n de emergencia sanitaria.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\n

Pero este r\u00e9gimen se caracteriza por excepcionar o restringir al m\u00e1ximo el principio de indemnidad que impone el\u00a0art\u00edculo 33 de la Constituci\u00f3n<\/a>, al establecer una <\/span>\u00abpresunci\u00f3n reforzada<\/em>\u00bb de que las privaciones o restricciones de los bienes y derechos patrimoniales leg\u00edtimos \u00abfueron necesarias, id\u00f3neas y proporcionales<\/em>\u00bb para responder a la situaci\u00f3n de emergencia sanitaria.<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

III.\u00a0<\/b>La sentencia \u00fanicamente admite dos supuestos de responsabilidad del Estado legislador y omite el m\u00e1s evidente: los reales decretos de alarma son \u00abactos legislativos expropiatorios\u00bb<\/em><\/span><\/h3>\n

Conforme a la sentencia, la regulaci\u00f3n aplicable para dilucidar la responsabilidad es, por tanto, la contenida en el art\u00edculo\u00a032.2\u00a0de la Ley\u00a040\/2015, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico<\/a><\/strong>, en virtud del cual, como expone en su fundamento jur\u00eddico sexto:<\/span><\/p>\n

Al citar y analizar \u00fanicamente estos dos supuestos, la sentencia obvia la posibilidad de que pueda reclamarse responsabilidad patrimonial como consecuencia de\u00a0leyes materialmente expropiatorias<\/i>\u00a0que priven a los particulares de derechos adquiridos o de intereses patrimoniales leg\u00edtimos sin que prevean indemnizaci\u00f3n o en las que la indemnizaci\u00f3n fijada no guarde un proporcional equilibrio con los derechos o intereses patrimoniales afectados.<\/span><\/p>\n

Parece evidente, sin embargo, que los reales decretos de alarma fueron actos legislativos expropiatorios que, adem\u00e1s de suspender el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de circulaci\u00f3n y de elecci\u00f3n de residencia durante el primer estado de alarma \u2014seg\u00fan la interpretaci\u00f3n de la\u00a0Sentencia del Tribunal Constitucional n\u00fam. 148\/2021<\/a><\/strong>\u2014 y de restringirlos despu\u00e9s, privaron o menoscabaron derechos e intereses leg\u00edtimos de car\u00e1cter patrimonial de muchos ciudadanos en aras de la preservaci\u00f3n de la vida (art. 15 CE)<\/a>\u00a0y de la salud p\u00fablica (art. 43.2 CE<\/a>).<\/span><\/p>\n

No es cierta, en este sentido, la afirmaci\u00f3n contenida en la sentencia de que \u00ablas restricciones y limitaciones contenidas en los reales decretos tuvieron car\u00e1cter general<\/em>\u00bb. Ello fue as\u00ed, ciertamente, para algunas limitaciones de libre circulaci\u00f3n impuestas a todos los ciudadanos, pero en absoluto para las que afectaron a determinadas actividades econ\u00f3micas, como la restauraci\u00f3n o la hosteler\u00eda, que se vieron abocadas a cierres y suspensiones de actividad, mientras que otros sectores econ\u00f3micos permanec\u00edan inc\u00f3lumes o incluso se beneficiaban de la situaci\u00f3n (pi\u00e9nsese en la venta minorista de alimentos, en la ense\u00f1anza en l\u00ednea o en la fabricaci\u00f3n de material sanitario<\/em>). De hecho, la propia sentencia precisa a continuaci\u00f3n que fueron \u00abnumerosos<\/em>\u00bb \u2014pero no todos\u2014 los sectores afectados.<\/span><\/p>\n

Existe una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional sobre las leyes expropiatorias \u2014desde sus pronunciamientos sobre la Ley de Aguas <\/strong>y la Ley de Costas<\/strong>\u2014 que reconoce el car\u00e1cter de leyes expropiatorias a aquellas que, por causa justificada de utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s social, cercenan o limitan no s\u00f3lo la propiedad, sino cualesquiera derechos patrimoniales leg\u00edtimos. En palabras del Tribunal Constitucional<\/strong>: <\/span><\/p>\n

\n

\u00abEste tribunal se ha referido ya en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n [\u2026] al concepto de\u00a0expropiaci\u00f3n<\/i>\u00a0o\u00a0privaci\u00f3n forzosa<\/i>\u00a0que se halla impl\u00edcito en el\u00a0art\u00edculo 33.3 de la Constituci\u00f3n<\/a>, declarando en sustancia, y por lo que aqu\u00ed interesa, que debe entenderse por tal la privaci\u00f3n singular de la propiedad privada o de derechos o intereses particulares leg\u00edtimos acordada imperativamente por los poderes p\u00fablicos, por causa de utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s social\u00bb (STC 227\/1988).<\/span><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

El car\u00e1cter general o abstracto de las medidas no impide que revistan car\u00e1cter expropiatorio. Como puso de relieve E. Garc\u00eda de Enterr\u00eda<\/strong> (1996)<\/span>, <\/span><\/p>\n

\n

\u00ablas sentencias constitucionales ya citadas n\u00fams. 227\/1988 y 149\/1991 aceptaron de plano que las dos leyes enjuiciadas, de aguas y de costas, respectivamente, ten\u00edan un contenido expropiatorio, en efecto, no obstante su car\u00e1cter de ordenaci\u00f3n general y abstracta. Ha sido una calificaci\u00f3n de extraordinaria trascendencia de principio. <\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

En virtud de ella ha quedado claro en Derecho espa\u00f1ol que, en sus relaciones con los bienes, el legislador no dispone de un poder absoluto; en concreto, que en tales regulaciones est\u00e1 obligado a preservar el \u00abcontenido esencial\u00bb del derecho de propiedad y que de afectar al mismo deber\u00e1n articularse como leyes expropiatorias si no quieren incurrir en inconstitucionalidad<\/strong><\/span>\u00bb.<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

De haber reconocido la sentencia la \u2014a nuestro juicio, evidente\u2014 naturaleza de los reales decretos como \u00abactos legislativos expropiatorios<\/em>\u00bb, hubiera podido adoptar dos tipos de pronunciamientos:<\/span><\/p>\n

Esta segunda v\u00eda le hubiera permitido al Tribunal Supremo establecer, de forma clara, los par\u00e1metros aplicables para reconocer, aunque fuera en casos extremos, el derecho a compensaci\u00f3n por los da\u00f1os derivados de las medidas adoptadas.<\/span><\/p>\n

Ambas soluciones son admitidas por el Tribunal Supremo, que sigue dos l\u00edneas jurisprudenciales distintas:<\/span><\/p>\n

Un buen resumen de esta doctrina se contiene en la STS de 12 de abril del 2002 (rec. n\u00fam. 218\/1998)<\/strong>. Como explica esta sentencia, no se considera que la falta de previsi\u00f3n de indemnizaci\u00f3n adecuada por la ley sea causa de inconstitucionalidad (y que deba articularse, por consiguiente, por la v\u00eda de la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad<\/em>), bas\u00e1ndose, para ello, en la propia doctrina del Tribunal Constitucional y, en concreto, <\/span><\/p>\n

\n

\u00aben la Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero de 1997 (RTC 1997\\28), en la que se afirma que el hecho de que en la ley se disponga expresamente un cauce reparador para compensar las prohibiciones y limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad que se derivan de la misma, no puede ser considerado como una exclusi\u00f3n vulneradora de lo dispuesto en el art\u00edculo 33.3 de la Constituci\u00f3n<\/a>, sino que\u00a0ha de entenderse que ese extremo quedar\u00e1 sometido a la normativa general del ordenamiento jur\u00eddico sobre la responsabilidad patrimonial<\/i>\u00bb (el \u00e9nfasis es nuestro).<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

La sentencia no reconoce, como decimos, que los reales decretos leyes sean actos legislativos expropiatorios<\/strong>, por lo que \u00abse escabulle<\/em>\u00bb de la necesidad de adoptar una de estas dos soluciones y lleva su argumentaci\u00f3n jur\u00eddica por la v\u00eda de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador prevista en el\u00a0art\u00edculo 32.2 de la Ley 40\/2015<\/strong>.<\/a><\/span><\/p>\n

Es posible que esta alegaci\u00f3n concreta no constara en la demanda, pero la recurrente hab\u00eda invocado la responsabilidad del Estado legislador \u2014en la que cabe incluir, seg\u00fan lo expuesto, la derivada de actos legislativos expropiatorios\u2014 y hab\u00eda invocado tambi\u00e9n que el especial da\u00f1o padecido por los sectores de la hosteler\u00eda, restauraci\u00f3n, turismo y viajes inscrib\u00eda la pretensi\u00f3n en la l\u00f3gica expropiatoria (y, en todo caso, habr\u00eda podido plantearse la tesis seg\u00fan lo previsto en el\u00a0art\u00edculo 65.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-Administrativa<\/a><\/strong><\/em>).<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

IV.\u00a0<\/b>La sentencia construye, en realidad, un \u00absistema especial de responsabilidad patrimonial del Estado legislador\u00bb para situaciones de emergencia sanitaria<\/em><\/span><\/h3>\n

Tras exponer en su fundamento de derecho sexto los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, la sentencia analiza su posible concurrencia en el caso planteado y la niega por entender que falta el elemento de la antijuricidad.<\/span><\/p>\n

La sentencia comienza as\u00ed por afirmar que \u00ablos art\u00edculos.\u00a032.1\u00a0y\u00a034.1\u00a0de la\u00a0Ley de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico<\/a>\u00a0excluyen la posibilidad de indemnizaci\u00f3n cuando el particular tenga el deber jur\u00eddico de soportar el da\u00f1o de acuerdo con la ley<\/em>\u00bb y, a continuaci\u00f3n, tres razones por las que considera que, en el caso de las medidas de alarma, s\u00ed existe, en principio, el deber jur\u00eddico de soportar los da\u00f1os. Pasamos a resumirlas<\/strong>:<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

V.\u00a0<\/b>Cabe reclamar responsabilidad patrimonial por los da\u00f1os derivados del funcionamiento de los servicios p\u00fablicos. antes y durante la declaraci\u00f3n del estado de alarma<\/em><\/span><\/h3>\n

El recurrente invocaba tambi\u00e9n, como primer argumento de su demanda, la omisi\u00f3n o demora de la Administraci\u00f3n en la respuesta a la pandemia como t\u00edtulos generadores de responsabilidad, pero la sentencia no aborda esta alegaci\u00f3n por considerar que no se argument\u00f3 y prob\u00f3 de manera suficiente la relaci\u00f3n de causalidad existente entre el da\u00f1o y el retraso en la adopci\u00f3n de medidas o el incumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, la sentencia precisa que los da\u00f1os derivados de una omisi\u00f3n o demora de la Administraci\u00f3n en la adopci\u00f3n de medidas antes de la declaraci\u00f3n del primer estado de alarma por el Real Decreto 436\/2020<\/strong> podr\u00edan conformar, en su caso, un supuesto de \u00abresponsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de los servicios p\u00fablicos a la hora de afrontar la pandemia<\/em>\u00bb.<\/span><\/p>\n

Aunque esta cuesti\u00f3n no se aborda, la exposici\u00f3n de los hitos de la pandemia contenida en los antecedentes parece apuntar hacia una posible actuaci\u00f3n irregular, por tard\u00eda, en la adopci\u00f3n de las medidas recomendadas por los organismos internacionales. As\u00ed, tras enunciar las recomendaciones que emitieron los principales organismos responsables en materia de salud y seguridad en los primeros d\u00edas de marzo del\u00a02020, la sentencia dice que \u00ab[n]o obstante estas advertencias, en nuestro pa\u00eds se producen coet\u00e1neamente diversas concentraciones de personas<\/em>\u00bb, y las expone detalladamente.<\/span><\/p>\n

Este retraso en la respuesta a la pandemia podr\u00eda, en su caso, servir para fundar futuras reclamaciones de responsabilidad por funcionamiento anormal de los poderes p\u00fablicos, siempre que se logre demostrar debidamente la existencia de una relaci\u00f3n de causalidad entre el da\u00f1o y el retraso o incumplimiento de las recomendaciones. Ello se ve reforzado por el hecho de que la sentencia califica los hechos que relata en su fundamento de derecho segundo como \u00abnotorios por haber sido publicados en numerosos medios de comunicaci\u00f3n nacionales e internacionales o en boletines oficiales, sin que se hayan cuestionado en ning\u00fan momento<\/em>\u00bb.<\/span><\/p>\n

La sentencia tambi\u00e9n admite la posibilidad de reclamar responsabilidad patrimonial por los da\u00f1os antijur\u00eddicos que haya podido ocasionar, ya bajo la vigencia de los reales decretos de alarma, \u00abel funcionamiento de los servicios p\u00fablicos, especialmente los sanitarios<\/em><\/strong>\u00bb.<\/span><\/p>\n

Esta reclamaci\u00f3n es posible a pesar de que se reconoce que la pandemia producida por el COVID-19 se ajusta a la definici\u00f3n de\u00a0fuerza mayor<\/i><\/strong>\u00a0(que extrae del\u00a0art\u00edculo 1.105 del C\u00f3digo Civil<\/a><\/strong><\/em>) y de considerar que act\u00faa tambi\u00e9n como causa eximente de la responsabilidad en los estados de alarma, excepci\u00f3n y sitio; lo contrario, dice, \u00abcontravendr\u00eda directamente los art\u00edculos\u00a0116.1\u00a0y\u00a0106.2\u00a0de la Constituci\u00f3n<\/em>\u00bb.<\/span><\/p>\n

Ello es as\u00ed porque, seg\u00fan precisa el Tribunal Supremo, los da\u00f1os que se pueden reclamar son los que \u00abno se imputan a la pandemia, aunque \u00e9sta sea la causa remota de ellos, sino a las medidas adoptadas por los poderes p\u00fablicos para tratar de frenar su desarrollo<\/em>\u00bb. En estos casos, <\/span><\/p>\n

\n

\u00abno habr\u00e1 ruptura del nexo causal y nacer\u00e1 la responsabilidad patrimonial cuando los da\u00f1os no fueren directamente imputables a la enfermedad sino a las medidas adoptadas para hacerla frente, medidas que pueden ser juzgadas desde la perspectiva de la responsabilidad por su razonabilidad, grado de intensidad, proporcionalidad o duraci\u00f3n<\/em>\u00bb, en particular, cuando su adopci\u00f3n \u00abpuede haber coadyuvado a agravar los da\u00f1os, o no los ha minorado o eliminado pudiendo hacerlo<\/em>\u00bb.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Ahora bien, la prueba de la antijuricidad de los da\u00f1os causados por el funcionamiento, normal o anormal de los servicios p\u00fablicos va a resultar m\u00e1s dif\u00edcil que en circunstancias ordinarias porque, para valorar el funcionamiento de los servicios p\u00fablicos y, en particular, la determinaci\u00f3n de la\u00a0lex artis<\/i><\/strong>\u00a0en los servicios sanitarios, la sentencia considera que \u00ablas circunstancias excepcionales de una situaci\u00f3n de emergencia<\/em>\u00bb podr\u00edan <\/strong><\/span><\/p>\n

\n

\u00abser tenidas en cuenta al determinar la concurrencia de los requisitos de la responsabilidad, en especial al establecer el est\u00e1ndar de funcionamiento de la Administraci\u00f3n, que puede diferir del exigible en situaciones de normalidad<\/em>\u00bb.<\/span><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

La ponencia del magistrado C\u00e9sar Tolosa<\/strong> parece completar, en lo relativo a la determinaci\u00f3n de la\u00a0lex artis<\/i>, esta escueta afirmaci\u00f3n de la sentencia, por lo que consideramos interesante reproducirla:<\/span><\/p>\n

\n

En materia sanitaria, la determinaci\u00f3n de la\u00a0lex artis<\/i>\u00a0vendr\u00e1 dada a menudo por los protocolos m\u00e9dicos existentes. Cabe exigir a la Administraci\u00f3n que acredite su cumplimiento en el caso concreto, sobre la base de la historia cl\u00ednica que obra en su poder. De haberse incumplido los protocolos, la Administraci\u00f3n deber\u00e1 justificar que su cumplimiento era materialmente imposible a la vista de los medios disponibles y razonablemente exigibles en un contexto de emergencia y saturaci\u00f3n de los centros sanitarios como el vivido durante el primer estado de\u00a0alarma. Tales circunstancias f\u00e1cticas excepcionales deber\u00edan tener un peso menor durante el segundo estado de alarma declarado por el\u00a0Real Decreto 926\/2020, de 25 de octubre<\/a>, habida cuenta de la experiencia acumulada en los primeros meses de la pandemia y de la previsibilidad de la segunda ola de contagios del oto\u00f1o del\u00a02020.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

En el caso sensible de los triajes en las unidades de cuidados intensivos cabe exigir tambi\u00e9n que la Administraci\u00f3n acredite que tales triajes fueron inevitables y que se realizaron de acuerdo con los criterios m\u00e9dicos y bio\u00e9ticos preestablecidos o com\u00fanmente aceptados por los intensivistas.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

En la valoraci\u00f3n de un posible funcionamiento anormal por la falta de suficientes equipos de protecci\u00f3n individual (EPI) del personal sanitario durante el primer estado de alarma deber\u00eda tenerse en cuenta la STS (Sala 3.\u00aa) de 8 de octubre del 2020, que ha declarado la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales como consecuencia de dicha falta de equipos, aunque esta sentencia no prejuzgue posibles responsabilidades. Tambi\u00e9n habr\u00eda que considerar aspectos tales como el coste, la complejidad y el tiempo de fabricaci\u00f3n de EPI, las normas y recomendaciones internacionales de almacenamiento de EPI en previsi\u00f3n de posibles pandemias, la relevancia de la protecci\u00f3n del personal sanitario para la lucha eficaz contra una pandemia y el volumen del personal sanitario existente en Espa\u00f1a.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

La sentencia hace referencia tambi\u00e9n a la denominada \u00abcl\u00e1usula del progreso o de exclusi\u00f3n de los riesgos del desarrollo<\/em>\u00bb contenida en el\u00a0art\u00edculo 34.1 de la Ley 39\/2015<\/a><\/strong>, pero la cita \u00fanicamente en relaci\u00f3n con algunas de las medidas previstas en los reales decretos de alarma para contener la pandemia que eran objeto de enjuiciamiento, en particular, \u00ablas medidas de distanciamiento social, el confinamiento domiciliario y la limitaci\u00f3n extrema de los contactos y actividades grupales<\/em>\u00bb.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\n

A decir del magistrado C\u00e9sar Tolosa, en materia de responsabilidad por el funcionamiento de los servicios sanitarios, esta cl\u00e1usula del progreso \u00abtendr\u00e1 una aplicaci\u00f3n limitada en materia de COVID1-9\u00bb<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

A decir del magistrado C\u00e9sar Tolosa<\/strong>, en materia de responsabilidad por el funcionamiento de los servicios sanitarios, esta cl\u00e1usula del progreso \u00abtendr\u00e1 una aplicaci\u00f3n limitada en materia de COVID1-9<\/em>\u00bb. Ello es as\u00ed porque, seg\u00fan explica, <\/span><\/p>\n

\n

\u00aba diferencia de lo que sucedi\u00f3 con el contagio transfusional del virus del sida y de la hepatitis C, la ciencia ha identificado con mucha celeridad (semanas antes de la primera declaraci\u00f3n del estado de alarma<\/em>) al virus que lo causa, sus v\u00edas de transmisi\u00f3n y medios eficaces y econ\u00f3micos de prevenci\u00f3n del contagio (sobre todo distancia social, limpieza de manos y uso de mascarilla<\/em>), desarrollando incluso\u00a0test<\/i>\u00a0para su detecci\u00f3n e indicando tratamientos que, pese a no asegurar en absoluto la curaci\u00f3n de la enfermedad, reducen significativamente el riesgo de muerte o de sufrir secuelas graves (respiradores, tratamientos antivirales, etc.<\/em>). El conocimiento cient\u00edfico de las v\u00edas de transmisi\u00f3n del virus y de su tratamiento m\u00e9dico ha seguido increment\u00e1ndose desde entonces\u00bb.<\/span><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/a>
COVID: LA TRAMPA MORTAL DE LAS RESIDENCIAS (1): DICTAMEN 183\/2024, DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA LA MANCHA: Desinformaci\u00f3n y abogac\u00eda<\/span><\/a><\/figcaption><\/figure>\n

 <\/p>\n

VI.\u00a0<\/b>La indemnizaci\u00f3n por la v\u00eda del art\u00edculo\u00a012\u00a0de la Ley sobre Expropiaci\u00f3n Forzosa<\/em><\/span><\/h3>\n

Por \u00faltimo, en el fundamento de derecho noveno, la sentencia reconoce la posibilidad de reclamar indemnizaci\u00f3n por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo\u00a0120\u00a0de la Ley sobre Expropiaci\u00f3n Forzosa (LEF)<\/strong>, que se refiere expresamente a las medidas adoptadas \u00abpor consecuencias de graves razones de orden o seguridad p\u00fablicos, epidemias, inundaciones u otras calamidades<\/em>\u00bb.<\/span><\/p>\n

El Tribunal Supremo niega, sin embargo, que en este caso el precepto pueda servir de fundamento a la pretensi\u00f3n de la recurrente, por entender que su aplicaci\u00f3n se circunscribe a \u00abmedidas concretas adoptadas por autoridades civiles, pero no a la aprobaci\u00f3n de medidas legislativas de general aplicaci\u00f3n<\/em>\u00bb, y que es necesario, adem\u00e1s, que se trate de \u00abla\u00a0destrucci\u00f3n, detrimento efectivo o requisas de bienes o derechos de particulares, sin que ninguna de estas circunstancias se d\u00e9 en el caso que juzgamos<\/em>\u00bb (el \u00e9nfasis es de la sentencia<\/em>).<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/div>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

*******<\/span><\/strong><\/p>\n

RELACIONADOS:\u00a0<\/span><\/strong><\/h2>\n

COVID Y RESIDENCIAS (3): MUERTOS Y CANCELADOS, por Fernando Moreno Pe\u00f1a<\/a><\/p><\/blockquote>\n