{"id":2309927,"date":"2025-07-29T00:05:22","date_gmt":"2025-07-28T22:05:22","guid":{"rendered":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/?p=2309927"},"modified":"2025-07-29T09:18:07","modified_gmt":"2025-07-29T07:18:07","slug":"muertos-y-cancelados-covid-y-residencias-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/2025\/07\/29\/muertos-y-cancelados-covid-y-residencias-3\/","title":{"rendered":"COVID Y RESIDENCIAS (3): MUERTOS Y CANCELADOS, por Fernando Moreno Pe\u00f1a"},"content":{"rendered":"

MUERTOS Y CANCELADOS<\/span><\/p>\n

INDICE POST PANDEMIA CORONAVIRUS<\/a><\/span><\/p>\n\n

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\u201cLuego vinieron a por m\u00ed, pero para entonces ya no quedaba nadie a quien pedir ayuda\u201d<\/strong><\/span><\/h2>\n

El profesor, un hombre de aspecto petulante y desagradable, entra en clase. Hay unos veinte alumnos, todos j\u00f3venes. Lo primero que hace el tipo es preguntarle su nombre a una muchacha que est\u00e1 all\u00ed sentada sin decir nada, como los dem\u00e1s. Ella contesta e inmediatamente el profesor la echa de clase. Le exige que no vuelva nunca m\u00e1s. Ella, at\u00f3nita, obedece. Ninguno de los compa\u00f1eros abre la boca. Solo miran.<\/span><\/p>\n

Despu\u00e9s el profesor hace un par de preguntas ret\u00f3ricas sobre qu\u00e9 es la ley; consigue que uno de los alumnos diga que la ley sirve para defender la justicia. Ah\u00ed el hombre sonr\u00ede y pregunta: \u201c\u00bfOs pareci\u00f3 injusto lo que acabo de hacer con vuestra compa\u00f1era?\u201d Los chicos asienten t\u00edmidamente, como si tuviesen miedo de contestar. Y el profesor les pregunta: \u201c\u00bfY por qu\u00e9 ninguno de vosotros ha dicho una sola palabra? \u00bfPor qu\u00e9 ninguno trat\u00f3 de impedirlo, de detenerme?<\/strong>\u201d<\/span><\/p>\n

Los muchachos siguen callados. Y el profe remata: \u201cPorque los afectados no erais vosotros. Era ella. Le estaba pasando a ella, no a vosotros.\u00a0Cuando uno no dice nada, cuando se calla, est\u00e1 tomando partido, se est\u00e1 agregando a un bando.<\/strong>\u00a0En este caso, al de la injusticia. Y no os dais cuenta de que, si hac\u00e9is eso, un d\u00eda los agredidos ser\u00e9is vosotros. Y, si todos actuamos como lo hab\u00e9is hecho hace un momento, no habr\u00e1 nadie para defenderos\u201d.<\/span><\/p>\n

Lu\u00eds Algorri<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

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El Roto<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

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TRIBUNALES ESPA\u00d1OLES: FUNCI\u00d3N DE REVICTIMIZAR A LAS V\u00cdCTIMAS<\/span><\/strong><\/p>\n

Hemos contado cientos de art\u00edculos publicados desincentivando las acciones, administrativas y judiciales,\u00a0 en leg\u00edtima exigencia de Responsabilidad del Estado por las muertes -evitables- en las Residencias de Ancianos durante la Pandemia de COVID.<\/span><\/p>\n

Incluso el Tribunal Supremo, y hasta el mismo Tribunal Constitucional, desincentivaron la exigencia de Responsabilidad al Estado por su actuaci\u00f3n causante de decenas de miles de muertes en las Residencias de Ancianos. Amenazando con condenar -en Costas- a quienes lo intentasen.<\/span><\/p>\n

Solo un medio, local, public\u00f3 el \u00e9xito de AUSAJ en la Exigencia de Responsabilidad por estas terribles muertes. Esta es la \u00fanica noticia que se ha publicado. La \u00fanica. <\/span><\/p>\n

Es la tragedia de la Cancelaci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

LA DESINFORMACI\u00d3N HA ALCANZADO DE LLENO AL PODER JUDICIAL; que no es v\u00edctima, sino C\u00f3mplice. Las v\u00edctimas, SUS v\u00edctimas, somos todos.\u00a0<\/span><\/p>\n

AUSAJ<\/span><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n

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LA PEL\u00cdCULA DEL PANGOL\u00cdN: El Tribunal Supremo obstaculiz\u00f3 la exigencia de responsabilidad al Estado por su actuaci\u00f3n durante la Pandemia del COVID. <\/span><\/a><\/figcaption><\/figure>\n

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EL SESCAM RECONOCE MALA PRAXIS EN UNA MUERTE POR POSIBLE COVID<\/span><\/h2>\n

Una resoluci\u00f3n del secretario general del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha admite que no se actu\u00f3 de manera correcta al no permitir a un anciano su traslado al hospital, tras lo cual falleci\u00f3<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

Por Josechu Guillam\u00f3n <\/span><\/p>\n

La Tribuna de Albacete<\/a>, 23 de junio de 2025 (Edici\u00f3n en papel)<\/span><\/p>\n

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El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)<\/strong> tendr\u00e1 que indemnizar a dos hermanos por mala praxis en el tratamiento de su padre, un anciano de 80 a\u00f1os de edad, posible paciente de COVID, al que se le deneg\u00f3 su traslado al hospital para recibir tratamiento, en plena pandemia.<\/span><\/p>\n

Aunque el caso se sigue en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n\u00famero 1 de Albacete, los abogados que representan a la familia, Jes\u00fas Diaz Formoso<\/strong> y Bel\u00e9n Luj\u00e1n<\/strong>, han logrado que el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha reconozca la mala praxis realizada por el SESCAM y establezca que indemnice a los dos hijos del fallecido con 34.000 euros<\/strong>. De hecho una resoluci\u00f3n del secretario general del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha<\/strong> admite que no se actu\u00f3 correctamente al no permitir al anciano su traslado al hospital.<\/span><\/p>\n

En este sentido, dicha resoluci\u00f3n reproduce el Dictamen del Consejo Consultivo<\/strong><\/a>. \u00abEfectivamente se ha producido una p\u00e9rdida de oportunidad, al no haberse desplegado toda la diligencia exigible en el caso concreto, produci\u00e9ndose un incorrecto funcionamiento del servicio sanitario, por lo que procede el reconocimiento de responsabilidad patrimonial de la Administraci\u00f3n\u00bb<\/em>.<\/span><\/p>\n

EL CASO<\/strong>. La historia del caso se remonta a 2020, en plena pandemia, cuando el anciano se encontraba ingresado en la residencia de Salobre. Aunque se encontraba bien de salud, con el paso de los d\u00edas, empez\u00f3 a enfermar y a tener problemas respiratorios, lo que provoc\u00f3 que fuera trasladado a la residencia medicalizada de Vianos.<\/span><\/p>\n

Ante la insistencia de la familia, la m\u00e9dico de atenci\u00f3n primaria intent\u00f3 el ingreso hospitalario del anciano, en varias ocasiones. Para ello se la puso en contacto con el hospital, donde un interlocutor que el SESCAM asegura que no ha podido localizar, deniega el ingreso, como se\u00f1ala Jes\u00fas Diaz Formoso<\/strong>. \u00abNo sabemos si es un m\u00e9dico o alguien que pasaba por all\u00ed. La administraci\u00f3n no ha cumplido los requerimientos del juzgado y el juzgado tampoco se quiso meter en ello. cuando hay multas coercitivas y otros medios\u00bb.<\/em><\/span><\/p>\n

Para la denegaci\u00f3n del ingreso tambi\u00e9n influy\u00f3 que el paciente hab\u00eda recibido morfina<\/strong> por indicaci\u00f3n de otro m\u00e9dico, sin autorizaci\u00f3n de sus hijos, lo que afectaba a su respiraci\u00f3n. Tras denegarle el ingreso en el hospital, el 2 de abril de 2020, el paciente es encontrado muerto a la ma\u00f1ana siguiente por un enfermero, pero no se sabe exactamente cuando muri\u00f3, ya que al parecer no hab\u00eda ning\u00fan enfermero por la noche en esa Residencia medicalizada.<\/span><\/p>\n

Esta situaci\u00f3n, llev\u00f3 a los hijos del fallecido a pedir justicia, como se\u00f1ala su letrado, Jes\u00fas D\u00edaz Formoso<\/strong>. \u00abEl objetivo era pedir justicia penal, pero los clientes entendieron que no iba a ser posible conseguirlo. Por eso optamos por la reclamaci\u00f3n patrimonial, aunque no era el dinero lo que se buscaba\u00bb<\/em>.<\/span><\/p>\n

En este sentido, hay que recordar la multitud de denuncias que se presentaron ante los juzgados o la Fiscal\u00eda por fallecimientos por COVID, que no prosperaron.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, la reclamaci\u00f3n patrimonial ha progresado y se ha dado al letrado y a sus representados la raz\u00f3n, aunque s\u00f3lo de manera parcial. \u00abQueda limitada la mala praxis a una omisi\u00f3n de medios, en este caso, la no derivaci\u00f3n al hospital, teniendo en cuenta su edad (80 a\u00f1os), las posibilidades de supervivencia en el caso de haberse empleado los mejores medios de un 80%, seg\u00fan fundamenta la inspectora m\u00e9dica: y, por \u00faltimo, no pudiendo precisarse si, habi\u00e9ndose actuado de manera adecuada a lo que el caso demandaba conforme a una correcta pr\u00e1ctica m\u00e9dica. se hubiese evitado el fat\u00eddico resultado, dice la resoluci\u00f3n\u00bb<\/em>.<\/span><\/p>\n

Por esta raz\u00f3n, la indemnizaci\u00f3n es de 34.081 euros y no de 300.000, tal y como reclama el letrado Jes\u00fas D\u00edaz Formoso<\/strong>, que ahora seguir\u00e1 luchando el caso en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo num 1 de Albacete. Estiman que ese hecho de no admitirlo no causa la muerte, sino que causa la posibilidad de la muerte, pero no se sabe, porque ni siquiera se sabe si ten\u00eda COVID. <\/span><\/p>\n

E<\/span>l Consejo dice que ha habido una infracci\u00f3n de los protocolos escritos, de la Lex Artis y <\/span>adem\u00e1s que no se ha dado el consentimiento para darle morfina al cliente. Ahora en el Juzgado de lo Contencioso los letrados pueden aportar nueva prueba. <\/span><\/p>\n

\u00abLa prueba que m\u00e1s me interesa es la prueba personal, volver a tomar declaraci\u00f3n a los testigos y peritos porque hay cosas que no sab\u00edamos y por tanto no les pudimos preguntar<\/em>\u00bb. \u00abYo, lo que estoy defendiendo es que la p\u00e9rdida de oportunidad tiene que ser real. Cuando impides el acceso, hay una p\u00e9rdida de oportunidad, que te condena a morir. No hay PCB. no hay tejidos del fallecido, no hay autopsia. Esto no es una iglesia donde creamos y tengamos fe, es un juzgado en base a pruebas objetivas. Y no las tienes. Con lo cual lo que queda es que hay una p\u00e9rdida de oportunidad total, hay una denegaci\u00f3n absoluta de la asistencia que conlleva la muerte del padre de mis clientes\u00bb<\/em>.<\/span><\/p>\n

Por eso siguen adelante con la causa en los juzgados. \u00abNosotros lo que queremos es que esto no vuelva a pasar. Ya tenemos un dictamen que le va a dar un quebranto econ\u00f3mico a la administraci\u00f3n, pero no es suficiente. No creemos que con 34.000 euros se desincentive para que no se vuelva a repetir ese comportamiento, pero creemos que con 300.000 euros si. No por la cantidad, sino por la percepci\u00f3n de la cantidad de la ciudadan\u00eda. Si la ciudadan\u00eda sabe que si le pasa eso pueden pedir la cantidad, sabemos que muchos la pedir\u00edan y eso no lo puede soportar el sistema\u00bb<\/em>.<\/span><\/p>\n

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Por Andr\u00e9s R\u00e1bago, El Roto<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

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COVID Y RESIDENCIAS (3): MUERTOS Y CANCELADOS<\/h2>\n

Primero los dejaron morir, y despu\u00e9s los cancelaron<\/span><\/strong><\/p>\n

Por Fernando Moreno Pe\u00f1a<\/span><\/p>\n

Abogado <\/span><\/p>\n

Punto Cr\u00edtico Abogados<\/span><\/p>\n

\"COVID<\/a><\/p>\n

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Esta es la historia de un emigrante espa\u00f1ol jubilado, de un hombre que, tras retornar a su tierra, viv\u00eda tranquilo en su pueblo natal. Hab\u00eda decidido, con plena conciencia y buen estado de salud, regresar a la tierra donde naci\u00f3. No era un hombre dependiente. Se val\u00eda por s\u00ed mismo, caminaba con soltura, hablaba con lucidez, y manten\u00eda el v\u00ednculo estrecho con sus hijos, que lo visitaban con regularidad. A mediados de 2019, hab\u00eda ingresado -voluntariamente- en una residencia para mayores, confiando en que all\u00ed podr\u00eda disfrutar de sus \u00faltimos a\u00f1os con serenidad, rodeado de profesionales y con la tranquilidad de tener una asistencia sanitaria cercana, si alg\u00fan d\u00eda la necesitaba. <\/span><\/p>\n

Pero ese d\u00eda lleg\u00f3 m\u00e1s pronto de lo que nadie hubiera imaginado. Los primeros meses del a\u00f1o 2020 trajeron consigo una amenaza invisible que parec\u00eda lejana al principio. Comenzaron a surgir noticias sobre un virus en China que fueron tratadas como una broma, hasta que el asunto estuvo tan cerca que empez\u00f3 a dar miedo. <\/span><\/p>\n

Los responsables sanitarios en Espa\u00f1a<\/em> insist\u00edan en que no era necesario alarmarse, que habr\u00eda \u201ccomo mucho, alg\u00fan caso aislado<\/em>\u201d. Las televisiones mostraban a Italia<\/em> sumida en el caos hospitalario, pero aqu\u00ed todo continuaba como si nada. A pesar de las se\u00f1ales de alarma, el pa\u00eds segu\u00eda celebrando grandes eventos: m\u00edtines, actos deportivos, y la manifestaci\u00f3n multitudinaria del 8 de marzo, alentada desde todas las instituciones p\u00fablicas del Gobierno. <\/span><\/p>\n

Apenas unos d\u00edas despu\u00e9s de aquello, el sistema sanitario colaps\u00f3 en cuesti\u00f3n de semanas. Las residencias, en especial, se convirtieron en el foco del desastre. Se encontraron en una situaci\u00f3n de aislamiento, saturaci\u00f3n y abandono. En muchos casos, sin personal m\u00e9dico ni de enfermer\u00eda durante la noche. <\/span><\/p>\n

En ese escenario comenz\u00f3 a empeorar el estado de salud de este anciano. Fiebre, desorientaci\u00f3n, ca\u00eddas. Se sospech\u00f3 de COVID, aunque nunca se confirm\u00f3. Ni una PCR, ni un test, ni una radiograf\u00eda. Solo un diagn\u00f3stico: \u201cposible COVID<\/em><\/strong>\u201d. <\/span><\/p>\n

Sus hijos, alertados, se movilizaron de inmediato. Intentaron que fuera trasladado a un hospital, hablaron con m\u00e9dicos, se ofrecieron incluso a llevarlo en su propio veh\u00edculo. Pero la respuesta fue siempre la misma: no se pod\u00eda, no era posible. Una m\u00e9dico de atenci\u00f3n primaria solicit\u00f3 el traslado. Se deneg\u00f3. Se administr\u00f3 morfina<\/em> sin consentimiento informado<\/strong>.\u00a0<\/span>La burocracia impidi\u00f3 actuar a la familia. <\/span><\/p>\n

El \u00fanico traslado que se produjo fue a otra residencia cercana y que se present\u00f3 como \u201cmedicalizada<\/em>\u201d. Los hechos contradijeron esta etiqueta: por las noches no hab\u00eda ni m\u00e9dicos ni enfermeras, y el anciano muri\u00f3 solo, en la madrugada del 4 de abril<\/strong>. Lo encontraron ya sin vida por la ma\u00f1ana, cuando entr\u00f3 la primera enfermera del turno diurno. Nadie pudo saber con certeza cu\u00e1ndo y de qu\u00e9 muri\u00f3. Nadie pudo estar con \u00e9l. Nadie le dio una oportunidad. <\/span><\/p>\n

Pasado el tiempo, sus hijos hicieron lo que muy pocos han hecho en este pa\u00eds y ninguno en la Comunidad Aut\u00f3noma de Castilla-La Mancha<\/strong>: reclamar justicia por la v\u00eda administrativa. Recurrieron al procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administraci\u00f3n<\/strong>. Lo hicieron, confiando en nuestro Despacho, aportando documentaci\u00f3n, informes m\u00e9dicos, testimonios y un relato detallado de todo lo ocurrido. <\/span><\/p>\n

Tuvieron que esperar a\u00f1os para que la Administraci\u00f3n respondiera <\/strong>(lo har\u00eda a\u00f1os despu\u00e9s de iniciada la v\u00eda judicial). Y cuando lo hizo, fue mediante un informe jur\u00eddico del SESCAM<\/strong> (el Servicio de Salud auton\u00f3mico, es decir, un Informe emitido por la propia Administraci\u00f3n Demandada<\/em>), que negaba sistem\u00e1ticamente cualquier irregularidad, minimizando los hechos, y justificando la actuaci\u00f3n de la residencia y del sistema sanitario en base a la supuesta situaci\u00f3n de colapso generalizado. <\/span><\/p>\n

Este punto de vista se vio contradicho por el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha<\/strong>, al que fue finalmente remitido el expediente. El Consejo reconoci\u00f3 que el paciente reun\u00eda criterios cl\u00ednicos para haber sido trasladado a un hospital conforme a los propios protocolos vigentes del Ministerio de Sanidad y del SESCAM<\/strong>. Afirm\u00f3 que la atenci\u00f3n sanitaria prestada fue, como m\u00ednimo, insuficiente, y que hubo una p\u00e9rdida de oportunidad terap\u00e9utica<\/strong> que deb\u00eda ser tenida en cuenta. <\/span><\/p>\n

Ese dictamen<\/strong>, sin embargo, tambi\u00e9n mostr\u00f3 los l\u00edmites del sistema: de las m\u00e1s de 2.100 personas fallecidas en residencias en Castilla-La Mancha durante la pandemia, solo este caso ha sido valorado por el Consejo Consultivo<\/strong>. No consta ning\u00fan otro. Ning\u00fan otro expediente. Ninguna otra reclamaci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

Es a partir de esta situaci\u00f3n cuando comienza un an\u00e1lisis jur\u00eddico que resulta inevitable y que trataremos de analizar siguiendo estos puntos:<\/span><\/p>\n

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\"\"<\/a>
El TC inadmite las reclamaciones patrimoniales por las restricciones en pandemia. El TC ha acordado inadmitir una treintena de recursos de amparo formulados por hosteleros, hoteleros y locales comerciales por las restricciones acordadas durante la pandemia de coronavirus al considerar que no se ha acreditado que hubiera lesi\u00f3n alguna a sus derechos, seg\u00fan fuentes jur\u00eddicas consultadas por Europa Press. Los magistrados han estudiado una treintena de recursos de amparo contra las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo (TS) que fueron rechazando que el Estado indemnizara a los negocios que tuvieron que cerrar por las restricciones acordadas durante la pandemia al concluir que fueron necesarias y proporcionales. En su sentencia del 14 de julio de 2021, donde declar\u00f3 inconstitucional el confinamiento) decretado por el Gobierno durante el primer estado de alarma, el TC dej\u00f3 abierta la puerta a este tipo de reclamaciones. Estableci\u00f3 que, \u00abal tratarse de medidas que los ciudadanos ten\u00edan el deber jur\u00eddico de soportar, la inconstitucionalidad apreciada en esta sentencia no ser\u00e1 por s\u00ed misma t\u00edtulo para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las administraciones p\u00fablicas\u00bb, pero a\u00f1adi\u00f3 una coletilla: \u00abSin perjuicio de lo dispuesto en el art\u00edculo 3.2 de la Ley Org\u00e1nica 4\/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma\u00bb. Y dicho precepto determina que \u00abquienes como consecuencia de la aplicaci\u00f3n de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa o en su persona, derechos o bienes, da\u00f1os o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendr\u00e1n derecho a ser indemnizados, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes\u00bb. Ya en 2023, el Supremo estudi\u00f3 el asunto a ra\u00edz de una serie de reclamaciones del sector de la hosteler\u00eda y descart\u00f3 que la Administraci\u00f3n General del Estado tuviera que indemnizarlos por los da\u00f1os sufridos a causa del cierre de locales ordenado por la pandemia. Fuentes de la corte de garant\u00edas explicaron a esta agencia de noticias que, despu\u00e9s de que el TS fijara posici\u00f3n, llegaron numerosos recursos de amparo cuyas ponencias recayeron en distintos magistrados, por lo que, para evitar decisiones dispares, se decidi\u00f3 examinarlos juntos y unificar criterio. Finalmente, los magistrados han optado este martes por avalar el criterio fijado por el Supremo, al descartar la lesi\u00f3n de derechos alegada por los distintos recurrentes, de acuerdo con las citadas fuentes.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

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La responsabilidad patrimonial de la Administraci\u00f3n<\/strong>. <\/span><\/p>\n

La responsabilidad patrimonial de la Administraci\u00f3n se encuentra regulada por el art\u00edculo 32 y siguientes de la Ley 40\/2015, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico<\/strong>. Establece que cualquier persona que sufra un da\u00f1o efectivo, evaluable econ\u00f3micamente e individualizado como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios p\u00fablicos, tiene derecho a ser indemnizada. Este r\u00e9gimen es objetivo, es decir, no exige acreditar culpa, sino \u00fanicamente que el da\u00f1o sea real, antijur\u00eddico (que no haya obligaci\u00f3n de soportarlo<\/em>) y atribuible a una actuaci\u00f3n p\u00fablica. <\/span><\/p>\n

Ahora bien, el ejercicio de este derecho est\u00e1 sometido a l\u00edmites temporales concretos. El plazo para presentar una reclamaci\u00f3n es de un a\u00f1o a contar desde que se produce el hecho causante del da\u00f1o o desde que se manifiestan sus secuelas, tal y como establece el art\u00edculo 67.1 de la Ley 39\/2015, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan<\/strong>. En el caso que nos ocupa, los hijos del fallecido actuaron dentro de este plazo, presentando la reclamaci\u00f3n en marzo de 2021, menos de un a\u00f1o despu\u00e9s del fallecimiento. En el caso que nos ocupa.<\/span><\/p>\n

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\"\"<\/a><\/p>\n

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Plazo de resoluci\u00f3n y silencio administrativo<\/strong> <\/span><\/p>\n

Una vez presentada la reclamaci\u00f3n, la Administraci\u00f3n tiene un plazo legal de seis meses para resolver expresamente, conforme al art\u00edculo 91 de la Ley 39\/2015. Si no lo hace, se produce lo que se denomina \u201csilencio administrativo<\/strong><\/em>\u201d, que en este caso es negativo. Es decir, si transcurren seis meses sin que la Administraci\u00f3n se pronuncie, se entender\u00e1 desestimada la reclamaci\u00f3n, lo que habilita al ciudadano para acudir a la v\u00eda contencioso-administrativa. <\/span><\/p>\n

En este caso, la falta de respuesta por parte del SESCAM y la Consejer\u00eda de Sanidad provoc\u00f3 precisamente esa desestimaci\u00f3n por silencio, lo que motiv\u00f3 la interposici\u00f3n de la primera demanda judicial. No fue hasta despu\u00e9s de iniciarse este proceso judicial cuando la Administraci\u00f3n emiti\u00f3 una propuesta de resoluci\u00f3n, casi a\u00f1os m\u00e1s tarde, lo que pone de manifiesto la voluntad claramente dilatoria de la misma.<\/span><\/p>\n

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\"\"<\/a><\/p>\n

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Caducidad y mora<\/strong> <\/span><\/p>\n

Otro concepto esencial es el de la caducidad del procedimiento, recogido en el art\u00edculo 25 de la Ley 39\/2015. Si una Administraci\u00f3n inicia un procedimiento y, por su propia inactividad, lo mantiene paralizado durante m\u00e1s de seis meses sin causa justificada, el expediente debe declararse caducado. Esta caducidad no impide que el ciudadano vuelva a iniciar una nueva reclamaci\u00f3n, pero tampoco obliga autom\u00e1ticamente a la Administraci\u00f3n a archivar el expediente sin resoluci\u00f3n, ya que debe tramitar formalmente la declaraci\u00f3n de caducidad y notificarla al interesado. <\/span><\/p>\n

En el caso que nos ocupa, existieron per\u00edodos de inactividad de m\u00e1s de un a\u00f1o por parte del SESCAM, sin que se comunicaran avances, ni se remitiera la documentaci\u00f3n esencial. Sin embargo, nunca se declar\u00f3 la caducidad formalmente. En cuanto a la mora administrativa se refiere al retraso injustificado de la Administraci\u00f3n en cumplir con los plazos establecidos por la ley. Conforme al art\u00edculo 29.1 de la Ley 29\/1998, reguladora de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso- Administrativa, el interesado puede acudir a los tribunales si la Administraci\u00f3n no resuelve en el plazo legal. Para ello, debe esperar a que se produzca el silencio administrativo y, una vez producido, cuenta con un plazo de seis meses para interponer el recurso contencioso-administrativo (art. 46.1 LJCA). <\/span><\/p>\n

No obstante, si no act\u00faa dentro de ese plazo, no se consolida el silencio negativo en sentido estricto, sino que se pierde el derecho a impugnar por esta v\u00eda judicial concreta, sin que ello afecte a otros posibles derechos o reclamaciones que no hayan prescrito. <\/span><\/p>\n

La situaci\u00f3n de los fallecidos en residencias en Castilla-La Mancha Seg\u00fan los datos publicados por el IMSERSO en su \u201cInforme sobre personas mayores fallecidas en residencias durante la pandemia de COVID-19\u201d, de fecha 29 de enero de 2024, al menos 2.120 ancianos fallecieron en residencias de Castilla-La Mancha desde el inicio de la pandemia hasta el 29 de enero de 2023. La cifra estremece. Pero lo m\u00e1s desconcertante es que, de todos esos casos, solo uno -el que tratamos en el presente art\u00edculo- ha dado lugar a una reclamaci\u00f3n de responsabilidad patrimonial ante la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica. <\/span><\/p>\n

As\u00ed lo refleja el propio Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, fechado el 15 de octubre de 2024 y que publicaremos en posteriores fechas, en el que, m\u00e1s de 4 a\u00f1os y medio despu\u00e9s de que sucedieran los hechos no consta precedente de ninguna otra reclamaci\u00f3n similar. Este dato, confirmado por un \u00f3rgano cuyo dictamen es preceptivo en una reclamaci\u00f3n de este tipo, coloca en una posici\u00f3n absolutamente excepcional la demanda interpuesta por sus hijos. De las m\u00e1s de dos mil muertes en residencias en esta Comunidad Aut\u00f3noma, solo una familia ha logrado que su caso sea formalmente admitido a tr\u00e1mite, valorado jur\u00eddicamente, y, al menos en parte (hasta el momento), reconocido por la Administraci\u00f3n, que se ha allanado parcialmente por un importe de 34.081 euros, aceptando su propia responsabilidad, aunque de forma limitada. <\/span><\/p>\n

La pregunta es inevitable: \u00bfc\u00f3mo es posible que, tras una tragedia de tales dimensiones, s\u00f3lo una familia haya conseguido llegar hasta aqu\u00ed?<\/span><\/p>\n

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La experiencia de esta familia revela hasta qu\u00e9 punto la Administraci\u00f3n ha puesto obst\u00e1culos constantes: dilaciones, ocultaci\u00f3n de documentos clave, entrega fragmentada e incompleta del expediente, negativa a identificar a los responsables sanitarios que denegaron traslados… El sistema ha actuado en esta ocasi\u00f3n para, de facto, agotar al ciudadano perjudicado por el fallecimiento de un familiar. <\/span><\/p>\n

Es especialmente llamativo el papel de las asociaciones de v\u00edctimas del COVID, al menos en el plano jur\u00eddico. Su acci\u00f3n concreta ante los tribunales ha sido pr\u00e1cticamente nula. Aunque nacieron (en teor\u00eda) con una loable intenci\u00f3n de canalizar el dolor colectivo, la mayor\u00eda han terminado ejerciendo un papel m\u00e1s pol\u00edtico que jur\u00eddico, siendo su utilidad pr\u00e1ctica para los afectados pr\u00e1cticamente nula y actuando bajo la agenda del inter\u00e9s pol\u00edtico.<\/span><\/p>\n

Incluso entre los propios abogados, se echa en falta una implicaci\u00f3n m\u00e1s eficiente. Resulta parad\u00f3jico que, ante miles de muertes producidas bajo la tutela de organizaciones p\u00fablicas, solo se haya tramitado con firmeza un \u00fanico expediente de responsabilidad. Quiz\u00e1s no sea el momento de repartir culpas, pero s\u00ed de reconocer que este caso es el \u00fanico que avanza porque \u2014sencillamente\u2014 nadie m\u00e1s ha sabido llegar a este punto. O se podr\u00eda decir, teniendo en cuenta la actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n demandada, que nadie ha aguantado tanto. Vale la pena redundar en el siguiente dato, el cual es demoledor.<\/span><\/p>\n

El propio Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de fecha 20 de septiembre de 2024<\/strong><\/a>, lo confirma al examinar \u2014y limitarse a\u2014 el expediente de este caso. No se hace referencia a ninguna otra reclamaci\u00f3n similar, ni consta que se hayan solicitado otros informes por hechos parecidos. Es decir, de m\u00e1s de dos mil muertes, solo una ha merecido revisi\u00f3n institucional en v\u00eda consultiva auton\u00f3mica. Y lo m\u00e1s grave no es solo la cifra. Lo es tambi\u00e9n el contexto en el que murieron estas personas: residencias \u201cmedicalizadas<\/em>\u201d sin m\u00e9dicos ni enfermeras, con personal reducido al m\u00ednimo, sin protocolos de traslado, ni consentimiento informado, ni monitorizaci\u00f3n de s\u00edntomas. <\/span><\/p>\n

El protagonista de esta historia falleci\u00f3 en soledad, en una de estas residencias, sin asistencia m\u00e9dica real, con un diagn\u00f3stico cambiado de \u201cposible COVID<\/em>\u201d a \u201cCOVID<\/em>\u201d, sin prueba diagn\u00f3stica adecuada, sin PCR, ni autopsia, en claro incumplimiento de los propios protocolos escritos del SESCAM y del Ministerio de Sanidad y en clara vulneraci\u00f3n de la lex artis<\/strong><\/em> m\u00e9dica.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan el gr\u00e1fico incluido en el informe del IMSERSO, el caso que les hemos presentado es el \u00fanico entre los al menos 2120 fallecidos en residencias de Castilla-La Mancha durante ese per\u00edodo que fue objeto de alg\u00fan tipo de revisi\u00f3n administrativa en clave de responsabilidad patrimonial<\/strong>. <\/span><\/p>\n

Una cifra absolutamente incompatible con cualquier l\u00f3gica de control institucional o protecci\u00f3n efectiva de los derechos fundamentales. Y m\u00e1s a\u00fan cuando muchos de los fallecidos \u2014como reconoce la propia fuente\u2014 ni siquiera ten\u00edan confirmaci\u00f3n diagn\u00f3stica de COVID-19<\/strong>.<\/span><\/p>\n

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Contagios semanales de coronavirus en residencias de mayores de Castilla-La Mancha, desde abril de 2021 (fuente IMSERSO). No hay datos anteriores.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

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Hemos de a\u00f1adir tambi\u00e9n una cuesti\u00f3n fundamental: El <\/span>Tribunal Supremo<\/b>, mediante la sentencia n.\u00ba\u202f1360\/2023, de 31 de octubre<\/a><\/strong>, trat\u00f3 de asestar un golpe decisivo a las reclamaciones por da\u00f1os patrimoniales derivados de los reales decretos del estado de alarma. Aunque aprob\u00f3 un recurso contra una empresa hostelera, su fallo marca un precedente claro: la v\u00eda de la responsabilidad patrimonial del <\/span>Estado-legislador<\/b> queda pr\u00e1cticamente clausurada.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Aunque la sentencia se pronuncia sobre un caso espec\u00edfico empresa espec\u00edfico, trata de que su\u00a0 alcance vaya mucho m\u00e1s all\u00e1. El Supremo reinterpreta la doctrina vigente sobre responsabilidad del Estado por actos legislativos con valor de ley, y lo hace para dejar constancia de que las medidas adoptadas bajo estado de alarma fueron \u201cnecesarias, id\u00f3neas y proporcionales<\/em>\u201d, siguiendo la tesis del Tribunal Constitucional<\/strong>. De esta manera, la Sala destaca que el deber jur\u00eddico de soportar los efectos de las medidas restrictivas no da derecho a indemnizaci\u00f3n, ni siquiera cuando parte de esas normas han resultado inconstitucionales.<\/span><\/p>\n

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La Sala destaca que el deber jur\u00eddico de soportar los efectos de las medidas restrictivas no da derecho a indemnizaci\u00f3n, ni siquiera cuando parte de esas normas han resultado inconstitucionales<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

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Sobre el papel, la Ley Org\u00e1nica\u202f4\/1981 (art.\u202f3.2)<\/strong> abr\u00eda la puerta a la responsabilidad por da\u00f1os derivados del estado de alarma. No obstante, el Supremo rechaza que esta norma creara un r\u00e9gimen especial de responsabilidad objetiva. Al contrario, considera que remite al r\u00e9gimen general de la Ley 40\/2015<\/strong>, con todas sus condiciones y limitaciones Este enfoque judicial restringe dr\u00e1sticamente el acceso a la reclamaci\u00f3n, pues los ciudadanos deben asumir que las decisiones legislativas de emergencia tienen presunci\u00f3n de legitimidad. Basta que el Estado pruebe que actu\u00f3 dentro de las pautas constitucionales.<\/span><\/p>\n

La sentencia reconoce expresamente que la pandemia constituye una <\/span>causa de fuerza mayor<\/b>, amparada en el art\u00edculo 1.105 del C\u00f3digo Civil<\/strong>. No obstante, hace una distinci\u00f3n cr\u00edtica: aunque la pandemia sea la causa remota de muchos da\u00f1os, la responsabilidad s\u00f3lo ser\u00eda exigible si el perjuicio se debi\u00f3 directamente a las medidas adoptadas, y no al virus en s\u00ed.<\/span><\/span><\/p>\n

El fallo se\u00f1ala una v\u00eda m\u00ednima para los afectados: los da\u00f1os operativos, derivados de un funcionamiento deficiente de los servicios p\u00fablicos (principalmente sanitarios<\/em>), podr\u00edan a\u00fan evaluarse con otros criterios. Eso s\u00ed, exigir esos da\u00f1os ser\u00e1 tarea ardua: habr\u00e1 que demostrar que incumplieron deberes espec\u00edficos por negligencia, y no simplemente porque se impusieron restricciones legales\u00a0<\/span><\/p>\n

Aunque el Supremo habla de un caso individual, el mensaje es que se trata de lanzar es claro e inequ\u00edvoco: la l\u00ednea marcada hoy se aplicar\u00e1 en escenarios similares. Las herramientas para reclamar quedan disponibles, pero se pretende que su efectividad ser\u00e1 extremadamente limitada<\/span>.<\/span><\/p>\n

Ahora, esta deslucida tesis viene a ser desmentida por el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de fecha 20 de septiembre de 2024<\/strong><\/a>, al que nos venimos refiriendo.<\/span><\/p>\n

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Aunque el Supremo habla de un caso individual, el mensaje es que se trata de lanzar es claro e inequ\u00edvoco: la l\u00ednea marcada hoy se aplicar\u00e1 en escenarios similares<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n

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Andr\u00e9s Mart\u00ednez Arrieta, Magistrado -y actual Presidente- de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Cuando se licenci\u00f3 en la carrera de Derecho, no exist\u00eda la Constituci\u00f3n de 1978, que de hecho se aprob\u00f3 a pocos meses de entrar en la Carrera Judicial. Hijo de juez franquista, tambi\u00e9n Magistrado del Supremo, a lo largo de este \u00faltimo medio siglo, ha sido uno de los responsables m\u00e1ximos del penoso estado de degradaci\u00f3n que padece el Poder Judicial espa\u00f1ol, que nunca se ha podido\/querido desvincular de su pasado franquista.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

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RELACIONADOS:\u00a0<\/span><\/strong><\/h2>\n
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LA PEL\u00cdCULA DEL PANGOL\u00cdN: El Tribunal Supremo obstaculiz\u00f3 la exigencia de responsabilidad al Estado por su actuaci\u00f3n durante la Pandemia del COVID. <\/span><\/a><\/figcaption><\/figure>\n

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA TRAGEDIA DE LA DANA DE VALENCIA (2024). ANTECEDENTES (III): LAS VIAS JURISDICCIONALES: La Sentencia 455\/1997 del Tribunal Supremo, Sala Tercera (derrumbamiento de la presa de Tous, 1982): Antecedentes de Hecho<\/a><\/p><\/blockquote>\n