{"id":2296035,"date":"2024-04-03T00:05:20","date_gmt":"2024-04-02T22:05:20","guid":{"rendered":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/?p=2296035"},"modified":"2024-04-01T13:34:38","modified_gmt":"2024-04-01T11:34:38","slug":"residencias-geriatricas-durante-la-pandemia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/2024\/04\/03\/residencias-geriatricas-durante-la-pandemia\/","title":{"rendered":"DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DISCRIMINACI\u00d3N EN LAS RESIDENCIAS GERI\u00c1TRICAS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19, por Fernando Flores Gim\u00e9nez"},"content":{"rendered":"

RESIDENCIAS GERI\u00c1TRICAS DURANTE LA PANDEMIA<\/span><\/p>\n

INDICE PANDEMIA CORONAVIRUS<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n\n

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DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DISCRIMINACI\u00d3N EN LAS RESIDENCIAS GERI\u00c1TRICAS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19<\/span><\/h2>\n
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Como en muchos otros pa\u00edses, la crisis sanitaria que irrumpi\u00f3 a principios de 2020 provoc\u00f3 en Espa\u00f1a miles de muertes entre las personas mayores. Muchas de ellas tuvieron lugar en residencias geri\u00e1tricas. Numerosos estudios e informes han consignado una serie de acciones y omisiones que podr\u00edan haber contribuido, cuando no provocado directamente, la grave vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales de los ancianos residentes. El derecho a la vida, el no sometimiento a tratos inhumanos o degradantes, la libertad de circulaci\u00f3n, el derecho a la intimidad personal y familiar, el trato igual con el resto de la ciudadan\u00eda, y otros derechos que, si bien no pueden ser considerados fundamentales desde la perspectiva jur\u00eddico-constitucional, s\u00ed lo son por configuraci\u00f3n legal, entre ellos el derecho a la salud o aquellos derivados de la Ley de Dependencia. Con apoyo en los informes del Defensor del Pueblo y de la Fiscal\u00eda, as\u00ed como en investigaciones realizadas por organizaciones civiles y periodistas de investigaci\u00f3n, este art\u00edculo aborda las discriminaciones y abusos m\u00e1s relevantes que durante la crisis sanitaria se han producido en la debida provisi\u00f3n de cuidados a las personas mayores en las residencias.<\/span><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n

Por Fernando Flores Gim\u00e9nez, 14 de febrero de 2023<\/span><\/p>\n

Profesor Titular de Derecho constitucional<\/span><\/p>\n

Universitat de Val\u00e8ncia<\/span><\/p>\n

Teor\u00eda y Derecho (Tirant)<\/span><\/a><\/p>\n

\"RESIDENCIAS<\/p>\n

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Sumario<\/strong>: 1.<\/strong> Personas mayores y residencias durante la pandemia de COVID-19: vulneraci\u00f3n de derechos o fuerza mayor. 2.<\/strong> Los hechos y los datos. 3.<\/strong> Los factores y las causas. 4.<\/strong> La discriminaci\u00f3n de las personas mayores residentes en el marco de la pandemia. 4.1. El criterio de la edad y la dependencia como base para establecer prioridades en la atenci\u00f3n sanitaria. 4.2. Decisiones ejecutivas limitadoras de derechos relacionados con los cuidados y vinculadas a la decisi\u00f3n del confinamiento nacional. 5.<\/strong> El derecho a la verdad y la tutela judicial de las v\u00edctimas. 5.1. Una investigaci\u00f3n rigurosa de los hechos. 5.2. La tutela judicial de las v\u00edctimas. 6.<\/strong> Conclusi\u00f3n<\/strong>: son necesarias nuevas normas jur\u00eddicas, pol\u00edticas p\u00fablicas con enfoque de derechos y un cambio social, cultural y pol\u00edtico profundo. Bibliograf\u00eda<\/strong>.<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

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Fernando Flores<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

PERSONAS MAYORES Y RESIDENCIAS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19: VULNERACI\u00d3N DE DERECHOS O CAUSA MAYOR<\/span><\/h3>\n

Han pasado dos a\u00f1os y medio desde que la crisis sanitaria asol\u00f3 las residencias geri\u00e1tricas en Espa\u00f1a provocando miles de muertes entre las personas mayores. Numerosos estudios e informes elaborados por instancias especializadas de la Administraci\u00f3n y la sociedad\u00a0<\/span>civil, que desde los primeros meses hicieron un seguimiento del modo en que estos centros abordaron la situaci\u00f3n (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2020; Amnist\u00eda, 2020; HelpAge, 2021<\/em>), han denunciado una serie de decisiones, acciones y omisiones que habr\u00edan contribuido a (cuando no provocado directamente<\/em>) la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales de los ancianos residentes (la vida, el no sometimiento a tratos inhumanos o degradantes, la libre circulaci\u00f3n, la intimidad personal y familiar, el trato igual con el resto de la ciudadan\u00eda<\/em>) y de otros derechos que, si bien no pueden ser considerados fundamentales desde la perspectiva jur\u00eddico-constitucional, s\u00ed lo son por configuraci\u00f3n legal, entre ellos el derecho a la salud o los derivados de la Ley de Dependencia. <\/span><\/p>\n

Sin embargo, al terminar de redactar este texto (finales de 2022<\/em>) no existen consecuencias jur\u00eddicas por la presunta vulneraci\u00f3n de estos derechos<\/strong>. La mayor\u00eda de las denuncias se han archivado o directamente no se han admitido a tr\u00e1mite. Amparadas en la excepcionalidad de la pandemia y en respuestas formales de comportamientos intachables de sus gerentes, las residencias han esquivado las acusaciones. Por su parte, la responsabilidad de la Administraci\u00f3n, que legalmente tiene la obligaci\u00f3n de fiscalizar el buen funcionamiento de aquellas, se ha diluido en la petici\u00f3n de comisiones parlamentarias de investigaci\u00f3n que no han visto la luz o en inocuos grupos de trabajo (S\u00e1nchez Castrillo, 2021<\/em>) m\u00e1s \u00fatiles para acallar reivindicaciones que para conocer lo que realmente ha sucedido.<\/span><\/p>\n

De hecho, esta falta de consecuencias lleva a plantear que, en realidad, no hubo decisiones (por acci\u00f3n o por omisi\u00f3n<\/em>) de las instancias p\u00fablicas y privadas que impactaron de forma il\u00edcita en los derechos de las personas mayores residentes en los centros de forma generaliza o sistem\u00e1tica. Podr\u00eda decirse, en esta l\u00ednea, que, con car\u00e1cter general, dada la situaci\u00f3n de excepcionalidad vivida, se actu\u00f3 dentro del marco que establece el ordenamiento jur\u00eddico. Como tantas veces sucede, la carga emotiva y ciertos enfoques informativos de lo sucedido habr\u00edan provocado en algunos sectores la \u00abilusi\u00f3n \u00f3ptica<\/em>\u00bb de creer que los imprevisibles y tr\u00e1gicos designios de la naturaleza enmarcados en unas estructuras residenciales lamentablemente no preparadas para la situaci\u00f3n excepcional que se vivi\u00f3 eran vulneraciones de derechos. La otra opci\u00f3n es que, m\u00e1s all\u00e1 del desbordamiento de la capacidad asistencial de las residencias, s\u00ed hubo decisiones il\u00edcitas, s\u00ed se vulneraron de forma sistem\u00e1tica (y quiz\u00e1s sist\u00e9mica<\/em>) los derechos de miles de personas mayores, pero, por diversas circunstancias, las instituciones competentes, los instrumentos jur\u00eddicos, las garant\u00edas de protecci\u00f3n de los derechos existentes se han mostrado inoperantes para reclamar de forma eficaz la exigibilidad de aquellos y las reparaciones consecuentes. <\/span><\/p>\n

Este art\u00edculo se pregunta sobre esta disyuntiva: o bien que muchos residentes en centros para mayores vieron coartados ilegalmente sus derechos durante la pandemia, o bien que, dada la situaci\u00f3n de emergencia, no fue tal el caso<\/strong>. A tal efecto, se expondr\u00e1n los factores que determinaron el contexto de la crisis en los centros, las medidas adoptadas (por los poderes p\u00fablicos y por las empresas que gestionan las residencias<\/em>) que pudieron impactar en los derechos de los residentes y se comprobar\u00e1 si encajan en su capacidad de limitar los derechos de las personas a la vista de la finalidad, la cobertura legal, la necesidad y el juicio de proporcionalidad. La conclusi\u00f3n de este trabajo es que los derechos de las personas <\/strong><\/span>mayores internas en residencias fueron restringidos, en muchos casos de forma discriminatoria y desproporcionada, es decir, de forma ilegal<\/strong>. Como ha sido se\u00f1alado ya por algunos autores, para las personas mayores la pandemia ha funcionado como una puerta hacia la visibilidad, como catalizador de la atenci\u00f3n p\u00fablica y, en realidad, como una evidencia del edadismo de nuestra sociedad (Ribera, 2020). Y ha puesto de manifiesto sin medias tintas el grado de vulnerabilidad de las personas de edad avanzada y la desatenci\u00f3n de la sociedad (y del Derecho, en lo que aqu\u00ed interesa<\/em>) al mundo de los cuidados a ellas debidos al menos desde la perspectiva moral y, al parecer no tan claramente (se ha descubierto<\/em>), jur\u00eddica (Flores, 2022).<\/span><\/p>\n

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LOS DATOS Y LOS HECHOS<\/span><\/h3>\n

Antes de abordar este punto, debe consignarse que existe una carencia cr\u00f3nica de datos fiables cuando estos se refieren a las personas mayores. La experta independiente de Naciones Unidas ha llamado reiteradamente la atenci\u00f3n sobre ello, advirtiendo que \u00ab[…] la exclusi\u00f3n de las personas de edad de las encuestas y los censos nacionales afecta a la capacidad de comprender la medida en que son capaces de participar en la sociedad y disfrutar de sus derechos en pie de igualdad con los dem\u00e1s. Debido a la falta de unos datos y estad\u00edsticas representativos, las desigualdades a las que se enfrentan las personas de edad suelen permanecer invisibles<\/em>\u00bb (Naciones Unidas, 2020a).<\/span><\/p>\n

Otros informes dirigidos espec\u00edficamente a obtener informaci\u00f3n sobre centros residenciales de ancianos han llegado a conclusiones similares, advirtiendo que la transparencia requerida \u00ab[…] no se limita a la visi\u00f3n minimalista de hacer p\u00fablico el n\u00famero de plazas (ocupadas y disponibles) de estos centros, sino que abarca medidas de mayor calado en las pol\u00edticas de atenci\u00f3n de mayores […]<\/em>\u00bb (P\u00e9rez-Dur\u00e1n, 2020).<\/span><\/p>\n

Y si se hace referencia a la b\u00fasqueda de informaci\u00f3n \u2014datos objetivos\u2014 sobre lo sucedido en las residencias durante la pandemia, puede observarse la dificultad para obtenerla<\/strong> tanto por parte quienes elaboraron informes relevantes (Grupo de Trabajo Multidisciplinar \u2014GTM\u2014, 2020: 9<\/em>), como por parte de los medios de comunicaci\u00f3n, algunos de los cuales han tenido que activar los procedimientos legales administrativos ante los consejos de transparencia o ante los defensores auton\u00f3micos e incluso reclamar (y lograr<\/em>) el acceso a los mismos en los tribunales (Rico, 2022).<\/span><\/p>\n

Los datos m\u00e1s generales y relevantes sobre el envejecimiento y las personas mayores en Espa\u00f1a y Europa pueden consultarse en diversos documentos (por ejemplo, Eurostat, 2021<\/em>), as\u00ed que la informaci\u00f3n que sigue se ce\u00f1ir\u00e1 a los servicios sociales integrados en las comunidades aut\u00f3nomas dirigidos a las personas mayores. <\/span><\/p>\n

Estos servicios pueden clasificarse en cuatro grandes categor\u00edas:<\/span><\/p>\n

\u2013 atenci\u00f3n domiciliaria (es el que cuenta con un n\u00famero m\u00e1s elevado de personas usuarias \u2014942.446 personas\u2014, el 10,41 % de las personas mayores<\/em>);<\/span><\/p>\n

\u2013 ayuda a domicilio, que da respuesta a las necesidades b\u00e1sicas de la vida diaria de las personas mayores en su casa (atiende al 5 % de las personas de 65 y m\u00e1s a\u00f1os, de las cuales el 69 % supera los 80 a\u00f1os<\/em>);<\/span><\/p>\n

\u2013 servicios de atenci\u00f3n diurna orientados a la atenci\u00f3n psicosocial de personas mayores en situaci\u00f3n de dependencia (a 31 de diciembre de 2018, atend\u00eda al 1,1 % de las personas mayores en 96.500 plazas distribuidas en 3.603 centros<\/em>); y<\/span><\/p>\n

\u2013 servicios de atenci\u00f3n residencial, que alojan y mantienen a los mayores de forma permanente o temporal (el 4,32 % de la poblaci\u00f3n mayor de 65 a\u00f1os hace uso de ellos; al comenzar la pandemia, en Espa\u00f1a hab\u00eda 4,2 plazas de residencia por cada 100 personas mayores, rondando en total 381.158 plazas<\/em>)<\/span><\/p>\n

(CESIC, 2021; y Marb\u00e1n et al., 2021).<\/span><\/p>\n

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Este art\u00edculo se centrar\u00e1 en lo sucedido durante la pandemia en los servicios de atenci\u00f3n residencial<\/strong>.<\/span><\/p>\n

La titularidad y la gesti\u00f3n de estos centros se distribuye del siguiente modo: la titularidad p\u00fablica de centros regionales y municipales representa en torno al 30 % del total de residencias en Espa\u00f1a, mientras que los centros privados acreditados (mercantiles y sin fin de lucro<\/em>) subvencionados por el sector p\u00fablico suponen alrededor del 70 % de las residencias. En abril de 2019, en Espa\u00f1a hab\u00eda 372.985 plazas en los 5417 centros residenciales. El 72,8 % eran de titularidad privada (271.579), incluidas las privadas sin \u00e1nimo de lucro (49.832). El resto eran plazas residenciales de titularidad p\u00fablica (101.406), que incluyen p\u00fablicas locales, provinciales, auton\u00f3micas y estatales, clasificadas de esta forma seg\u00fan la Administraci\u00f3n p\u00fablica responsable. Ahora bien, el 84,8 % de todas estas plazas residenciales est\u00e1 gestionado por empresas privadas, peque\u00f1as o grandes empresas de servicios, asociadas o independientes de la propiedad\/titularidad que prestan servicios a la Administraci\u00f3n p\u00fablica tras concurso, o entidades y organizaciones sin \u00e1nimo de lucro. Y un dato m\u00e1s: en los \u00faltimos a\u00f1os la gesti\u00f3n privada sin fines de lucro est\u00e1 siendo desplazada de manera creciente por el sector mercantil, en el que predomina el capital de fondos de riesgo (Abell\u00e1n y Aceituno, 2020 y Marb\u00e1n et al., 2021: 162<\/em>).<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s de regirse por la legislaci\u00f3n de servicios sociales de su propia comunidad aut\u00f3noma, es importante subrayar que, salvo excepciones, los centros residenciales no son centros medicalizados, por lo que desde ellos las personas mayores acceden (o debieran acceder<\/em>) al Sistema Nacional de Salud en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. <\/span><\/p>\n

En este escenario \u2014los factores m\u00e1s relevantes que lo acompa\u00f1an se ver\u00e1n enseguida\u2014 se presenta y estalla la pandemia, dando lugar a una crisis humanitaria y de cuidados sin precedentes en las residencias, reflejada en los datos que siguen. Aparte de la necesidad urgente de mejorar la recopilaci\u00f3n de datos cuando afectan a las personas mayores, la heterogeneidad de las fuentes de informaci\u00f3n a nivel territorial y el hecho de que en las primeras fases de la pandemia no pudieron realizarse pruebas diagn\u00f3sticas masivas dificultaron la determinaci\u00f3n de esos datos. Despu\u00e9s de la segunda ola (hasta finales de 2020<\/em>), en todo el mundo se hab\u00edan contagiado m\u00e1s de 45 millones de personas, de las cuales 1,2\u00a0<\/span>millones perdieron la vida; en Espa\u00f1a, la cifra exacta de contagiados y fallecidos por la pandemia de COVID-19 se desconoce, pero se estima que las personas contagiadas rondaron el mill\u00f3n y medio y las fallecidas fueron alrededor de 50.000. En octubre de 2022 el n\u00famero de fallecidos en nuestro pa\u00eds sobrepasaba los 114.000<\/strong> (Ministerio de Sanidad, 2022<\/em>).<\/span><\/p>\n

Los datos oficiales indican que durante la primera ola murieron en Espa\u00f1a m\u00e1s de 20.000 personas que viv\u00edan en residencias. La cifra real, que puede deducirse a partir de las estad\u00edsticas sobre exceso de fallecimientos, supera ampliamente los 30.000. En el Informe del GTM<\/strong> (para el Ministerio de Ciencia e Innovaci\u00f3n<\/em>) sobre el impacto de la COVID-19 en las personas mayores, con especial \u00e9nfasis en las que viven en residencias se consigna (a finales de mayo de 2020<\/em>) el n\u00famero de 237.906 infectados por COVID-19 en Espa\u00f1a y 27.119 fallecidos por esta enfermedad. Las personas mayores de 70 a\u00f1os representan un 37 % de los infectados, un 48 % de todas las personas hospitalizadas, un 33 % de las atendidas en UCI y un 86 % de los fallecidos. Los fallecidos en residencias geri\u00e1tricas habr\u00edan sido 19.194 (incluyendo tanto las personas con diagn\u00f3stico confirmado como las que fueron identificadas por s\u00edntomas sospechosos<\/em>), lo que representar\u00eda un 70 % de los fallecidos en Espa\u00f1a<\/strong> (GTM, 2020: 9).<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan un informe del Comit\u00e9 Europeo de las Regiones<\/strong>, entre las diez regiones europeas con mayor exceso de mortalidad en 2020 figuran (junto a las del norte de Italia<\/em>) cuatro espa\u00f1olas, con Madrid a la cabeza (un 44 % de exceso de mortalidad<\/em>), seguida por Castilla-La Mancha (+34 %), Castilla y Le\u00f3n (+29 %) y Catalu\u00f1a (+27 %) (European Comittee of the Regions, 2021<\/em>).<\/span><\/p>\n

Los datos de la pandemia y su impacto han ido actualiz\u00e1ndose, y los hechos y decisiones sucedidos en y en torno a las residencias todav\u00eda se est\u00e1n discutiendo en algunos casos, aunque hay informes como el del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030<\/strong> (2020: 11 ss.) que los describen con rigor. Lo cierto es que desde el inicio de la pandemia se sab\u00eda que las personas mayores de 70 a\u00f1os, en especial las que viv\u00edan en centros residenciales, ten\u00edan un riesgo muy elevado de morir en caso de infecci\u00f3n generalizada<\/strong>. Como se\u00f1ala Zunzunegui<\/strong> (2022: 3), \u00ab[…] el objetivo sanitario deber\u00eda haber sido proteger la vida de las personas mayores y evitar a toda costa que el virus entrara en las residencias. En Europa y en Norteam\u00e9rica no se consigui\u00f3 este objetivo, quiz\u00e1s simplemente porque las autoridades sanitarias no lo priorizaron. En la escena internacional, la mortalidad por COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores durante los primeros meses vari\u00f3 entre el 24 % y el 82 %, lo que puede indicar diferencias en la calidad de los servicios residenciales y en la gesti\u00f3n de la pandemia<\/em>\u00bb. As\u00ed, un informe de la Fundaci\u00f3 Rafael Campalans<\/strong> (Le\u00f3n, 2022) compara lo sucedido en las residencias de Alemania y Dinamarca en las de Espa\u00f1a, Inglaterra e Italia, advirtiendo grandes diferencias: \u00abMientras que en Dinamarca y Alemania fueron capaces de ofrecer una respuesta coordinada, en Espa\u00f1a, Inglaterra e Italia la intervenci\u00f3n en residencias estuvo sistem\u00e1ticamente retardada en comparaci\u00f3n con la actuaci\u00f3n en hospitales<\/em><\/strong>\u00bb, pues en estos tres pa\u00edses no existi\u00f3 un protocolo de prevenci\u00f3n antes de la aprobaci\u00f3n del estado de alarma, como s\u00ed lo hubo en los hospitales.<\/span><\/p>\n

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LOS FACTORES Y LAS CAUSAS<\/span><\/h3>\n

El impacto desproporcionadamente grave de la pandemia en las personas internadas en residencias (espacios cerrados en el que personas de edad avanzada tienen un alto grado de contacto social<\/em>) se debe a causas y factores diversos, de distinta naturaleza, algunos estructurales (y, aunque esperables, imposibles de cambiar en poco tiempo<\/em>), y otros coyunturales (sobre los que hab\u00eda una parcial, o incluso total, capacidad de decisi\u00f3n<\/em>). Por eso, no puede valorarse del mismo modo (al menos desde la perspectiva de la responsabilidad jur\u00eddica y la vulneraci\u00f3n de derechos<\/em>) la falta generalizada de adecuaci\u00f3n de los centros residenciales para hacer frente a una crisis sanitaria como la sufrida (con el desbordamiento consecuente<\/em>) y las decisiones concretas por parte de algunos gobiernos auton\u00f3micos de llevar a cabo un \u00abtriaje adverso<\/strong>\u00bb de personas mayores, bloqueando su acceso al sistema hospitalario<\/strong>.<\/span><\/p>\n

Los factores estructurales<\/strong> \u00ab[…] se han manifestado en toda su dimensi\u00f3n y constituyen gran parte de la explicaci\u00f3n de la crisis del sector residencial en la primavera de 2020<\/em>\u00bb (Marb\u00e1n et al., 2021: 162). En primero de ellos fue el factor demogr\u00e1fico, la concentraci\u00f3n en esos espacios cerrados de \u00abvidas prolongadas<\/em>\u00bb con un alto grado de morbilidad. Casi el 80 % de las personas que viven en residencias superan los 80 a\u00f1os<\/strong>, un sobre envejecimiento que, junto a la alta ocupaci\u00f3n (un 86 % del total de plazas existentes en las residencias estar\u00edan ocupadas<\/em>), las convierte en espacios altamente vulnerables, sobre todo ante situaciones de crisis sanitaria (Abell\u00e1n, 2020a) y especialmente por el hecho de que esas residencias sean mayoritariamente de gran tama\u00f1o (el 50 % de las plazas se concentra en centros con m\u00e1s de 100 residentes y el 29 % en centros entre 50 y 100 residentes<\/em>) y con ratios de trabajadores muy reducidas. Como indica el Defensor del Pueblo (2020)<\/strong>, el alto nivel de ocupaci\u00f3n se debe en parte a la insuficiencia de plazas p\u00fablicas y concertadas de atenci\u00f3n residencial, y la precariedad del sistema trae causa de la mercantilizaci\u00f3n del modelo y de los recortes cr\u00f3nicos acentuados a partir de la crisis econ\u00f3mica de 2008.<\/span><\/p>\n

En segundo lugar se encuentran los factores vinculados a la regulaci\u00f3n y gesti\u00f3n de las residencias<\/strong>. Adem\u00e1s de basarse en un modelo centrado en aspectos de eficiencia y de organizaci\u00f3n que dejan en segundo t\u00e9rmino las preferencias y deseos de los residentes, el Defensor del Pueblo (2020)<\/strong> ha se\u00f1alado la falta de un m\u00ednimo sistema de control sobre la calidad de los centros. As\u00ed, este ha insistido en la necesidad de que las comunidades aut\u00f3nomas creen o incrementen los servicios de inspecci\u00f3n, con personal correctamente formado, para que puedan llevar a cabo su funci\u00f3n de vigilancia de forma eficaz, y para que los centros mantengan los requisitos normativos exigidos para su correcto funcionamiento y unos niveles adecuados de calidad en la prestaci\u00f3n del servicio de atenci\u00f3n residencial de mayores (HelpAge, 2021). La falta de inspecciones ha supuesto la ausencia de una supervisi\u00f3n adecuada de la calidad asistencial<\/strong>, d\u00e9ficit que ha agravado la situaci\u00f3n de aquellas personas mayores que presentaban carencias nutricionales cuando ha llegado la pandemia (Marb\u00e1n et al., 2021). A ello debe a\u00f1adirse el hecho de que la mayor parte de los centros residenciales carecen de atenci\u00f3n sanitaria, m\u00e9dica y de enfermer\u00eda<\/strong>.<\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, es preciso hacer referencia a las condiciones de empleo en las residencias<\/strong>.\u00a0<\/span>En mayo de este a\u00f1o, el Colegio de Enfermer\u00eda de Val\u00e8ncia<\/strong> alertaba de \u00ab[…] la falta de personal para las residencias de mayores \u201cpor las p\u00e9simas condiciones laborales\u201d<\/em>\u00bb (Bonillo, 2022). Se trata de una m\u00e1s de las llamadas de atenci\u00f3n sobre el problema. El Defensor del Pueblo (2020)<\/strong> ha consignado en sus informes que no existe un n\u00famero suficiente de personal en los centros residenciales, hecho que afecta directamente a la calidad de los cuidados, y ha propuesto, en consecuencia, una profunda revisi\u00f3n al alza de las ratios de personal de atenci\u00f3n directa, pues han quedado manifiestamente desfasadas. Adem\u00e1s, ha reclamado una mejora de la cualificaci\u00f3n del personal que presta sus servicios en el sistema residencial. La falta de personal interfiere directamente en la calidad asistencial de los cuidados, dado que \u00ab[…] si no hay personal no hay cuidados, si no hay cuidados no hay calidad, y estos cuidados son esenciales para la calidad de vida, pero en muchas ocasiones solo para poder subsistir<\/em>\u00bb (Salado, 2022). Lo cierto es que esa falta de personal se explica en buena medida por \u00ablas p\u00e9simas condiciones laborales<\/strong><\/em>\u00bb, reflejadas tanto en los tipos de contratos como en las retribuciones salariales. Solo un dato: el 80 % de los empleos de los centros residenciales est\u00e1n encuadrados en las categor\u00edas profesionales m\u00e1s bajas<\/strong> (auxiliares administrativos, oficiales, subalternos y peones y asimilados<\/em>) (Marb\u00e1n et al., 2021:163).<\/span><\/p>\n

A la escasa disponibilidad de recursos humanos y la progresiva mercantilizaci\u00f3n, factores de car\u00e1cter crecientemente estructural, se a\u00f1adieron otros factores coyunturales<\/strong>. Estos son aquellos que, de una u otra forma, fueron objeto de alg\u00fan tipo de decisi\u00f3n por parte de los responsables de la Administraci\u00f3n y de los propios centros. Con car\u00e1cter general, y como se\u00f1ala Le\u00f3n<\/strong> (2022) la decisi\u00f3n de \u00abidentificar a las residencias como espacios prioritarios de actuaci\u00f3n<\/em>\u00bb resultaba clave. Dado que no se hizo y que la pandemia fue abordada como una emergencia fundamentalmente sanitaria, priorizando e invirtiendo esfuerzos en los hospitales, \u00ab[…] la respuesta fue tard\u00eda, lenta, insuficiente e ineficaz y el precio fue una mortalidad que todav\u00eda hoy nos cuesta trabajo asimilar (en Alemania y Dinamarca las residencias fueron consideradas prioritarias desde el inicio y su gesti\u00f3n fue mucho m\u00e1s aceptable que las de Inglaterra, Italia y Espa\u00f1a)<\/em>\u00bb.<\/span><\/p>\n

De hecho, la decisi\u00f3n de priorizar el abastecimiento de los hospitales en detrimento de las residencias determin\u00f3 la escasez de suministros para realizar las pruebas diagn\u00f3sticas (este punto es importante, sobre todo a la luz de las informaciones sobre la capacidad de contagio de personas y residentes asintom\u00e1ticos, as\u00ed como de la presentaci\u00f3n at\u00edpica de los s\u00edntomas en los mayores<\/em>), la limitada disponibilidad de material de protecci\u00f3n, la falta de asistencia m\u00e9dica en ellas y la tr\u00e1gica decisi\u00f3n, en algunas comunidades aut\u00f3nomas, de no derivar a los hospitales a las personas contagiadas de las residencias<\/strong>.<\/span><\/p>\n

Esta realidad discriminatoria fue en parte causada por el inaceptable estigma que aqueja las personas que viven en residencias, que a menudo son consideradas socialmente como lugares a los que las personas van a morir (GTM, 2020:14), y es la consecuencia de la suma de un edadismo estructural, organizativo, a un edadismo coyuntural, funcional y concreto<\/strong>. Como se\u00f1ala Ribera<\/strong> (2020: 305), \u00ab[…] el problema se magnifica cuando surge un estr\u00e9s social como el COVID-19. Unos recursos limitados y la lucha por acceder a ellos\u00a0<\/em><\/span>facilitan rechazos y conductas poco solidarias. Las personas mayores est\u00e1n en desventaja cuando el planteamiento se establece en t\u00e9rminos competitivos […] quiz\u00e1s es en el tema de las residencias donde se haya expresado mejor que en ning\u00fan otro el fen\u00f3meno de la discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de edad<\/em>\u00bb.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/p>\n

LA DISCRIMINACI\u00d3N DE LAS PERSONAS MAYORES RESIDENTES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA<\/span><\/h3>\n

En una declaraci\u00f3n publicada a los pocos meses del comienzo de la pandemia, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores<\/strong> afirmaba que \u00ab[…] la atenci\u00f3n a las personas mayores durante la crisis ha sido un claro ejemplo de la realidad actual en la que viven, donde su situaci\u00f3n, los recursos destinados a su bienestar y su dignidad son obviados de manera cotidiana […] La pandemia ha puesto en evidencia la crisis en los derechos y en los cuidados, iniciada hace a\u00f1os y que hunde sus ra\u00edces en causas m\u00e1s profundas<\/em>\u00bb. Para Amnist\u00eda Internacional (2020)<\/strong>, las conclusiones de su Informe sobre las residencias en pandemia<\/strong> son claras y rotundas: se vulneraron \u00ab[…] los derechos a la vida, a la salud, a no ser discriminadas, a la vida privada y familiar, y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, incluyendo el derecho a morir dignamente<\/em>\u00bb<\/strong>.<\/span><\/p>\n

Ciertamente, cuando se trata de analizar los derechos de las personas que viven en centros geri\u00e1tricos, se parte del hecho de que en la residencia muchos de los \u00e1mbitos vitales del residente est\u00e1n dirigidos y programados por la direcci\u00f3n mediante un plan racional al que se somete al interno; y de que incluso la persona mayor que goza de buena salud ve limitada la posibilidad de organizar por su cuenta su vida cotidiana<\/strong> (Rodr\u00edguez de Santiago, 2012: 118). Se trata de una realidad que, sin duda, extrema su rigor cuando el contexto en el que se desenvuelve es una crisis sanitaria. Sin embargo, esas limitaciones y ese rigor ni pueden ser absolutos ni pueden tener desposeer de derechos a las personas que viven en las residencias.<\/span><\/p>\n

Por eso, cuando se ve de forma tan clara el trato desigual y discriminatorio que el colectivo de las personas mayores ha recibido durante la pandemia<\/strong> (y que es una prolongaci\u00f3n de ese mismo trato en circunstancias no excepcionales<\/em>), cuesta aceptar que dicha condici\u00f3n \u2014la edad avanzada\u2014 sea considerada por la doctrina y la jurisprudencia como una categor\u00eda \u00abd\u00e9bilmente sospechosa<\/em>\u00bb como factor diferenciador expresamente prohibido por el ordenamiento jur\u00eddico. Pues de la realidad vivida, y de sus antecedentes, se deduce que deber\u00eda ser lo contrario.<\/span><\/p>\n

Como destaca Gim\u00e9nez Gluck<\/strong> (2022), el rasgo edad se ha consolidado en la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola con la aprobaci\u00f3n de la Ley 155\/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminaci\u00f3n<\/strong>. La Ley, adem\u00e1s de incluir, de manera general, la no discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de edad en el \u00e1mbito subjetivo de la misma, reconoce, entre otros, el derecho de las v\u00edctimas de discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de edad a informaci\u00f3n y asesoramiento, y el derecho a la igualdad de trato y no discriminaci\u00f3n en la atenci\u00f3n sanitaria<\/strong>.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, obliga al fiscal contra los delitos de odio y discriminaci\u00f3n<\/strong> a practicar diligencias en procesos penales de especial trascendencia apreciada por la Fiscal\u00eda General del Estado<\/strong> cuando la v\u00edctima pertenezca a un grupo determinado por la edad. \u00abNo queda ninguna duda<\/em> (concluye Gim\u00e9nez Gluck<\/strong><\/em>) sobre la intenci\u00f3n del constituyente y del legislador europeo y nacional de considerar el rasgo edad como uno de los que pueden dar lugar a una cl\u00e1usula espec\u00edfica de no discriminaci\u00f3n. Sin embargo, este reconocimiento, que en teor\u00eda deber\u00eda suponer juicio estricto de las diferenciaciones normativas basadas en la edad, no ha derivado en un nivel de exigencia constitucional parangonable al que tienen las diferenciaciones basadas en otro tipo de rasgos<\/em>\u00bb. <\/span><\/p>\n

Esta falta de consideraci\u00f3n (del Tribunal Constitucional y de la sociedad en general<\/em>) explica la \u00abnaturalidad<\/em>\u00bb con la que se han adoptado decisiones discriminatorias para las personas mayores.<\/span><\/p>\n

ADOPTAR EL CRITERIO DE LA EDAD Y LA DEPENDENCIA COMO BASE PARA ESTABLECER PRIORIDADES EN LA ATENCI\u00d3N SANITARIA HA SIDO DISCRIMINATORIO<\/span><\/h4>\n

El Tribunal Constitucional<\/strong> espa\u00f1ol estableci\u00f3 en 1991 (STC 69\/1991<\/strong>) que la edad<\/strong> es una \u00abcircunstancia<\/em> personal<\/em>\u00bb de las recogidas en el art\u00edculo 14 CE<\/strong> y que, como tal, no puede ser la raz\u00f3n de ning\u00fan tipo de discriminaci\u00f3n<\/strong>. M\u00e1s recientemente, el art\u00edculo 21<\/strong> de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE<\/strong> ha incorporado esta circunstancia de manera expresa como excluyente de diferente trato, y el TJUE<\/strong> ha declarado el principio de no discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de edad<\/strong> como principio general de Derecho<\/strong> comunitario<\/strong> (asunto Mangold c. Helm, de 22 de noviembre de 2005<\/em>).<\/span><\/p>\n

Por su parte, la Ley 33\/2011, General de Salud P\u00fablica<\/strong>, prev\u00e9 que todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de salud p\u00fablica se realicen en condiciones de igualdad, sin que pueda producirse discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de edad… Dicho de otro modo, que las posibles diferenciaciones solo pueden ser las que se deriven del propio proceso de tratamiento o de limitaciones de car\u00e1cter objetivo<\/strong>.<\/span><\/p>\n

Y ya en el marco de la crisis sanitaria, el Real Decreto 463\/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti\u00f3n de la situaci\u00f3n de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19<\/strong>, establece en el segundo p\u00e1rrafo de su art. 4.3<\/strong>: \u00abLos actos, disposiciones y medidas […] deber\u00e1n prestar atenci\u00f3n a las personas vulnerables. Para ello, no ser\u00e1 precisa la tramitaci\u00f3n de procedimiento administrativo alguno<\/em>\u00bb. Como se\u00f1ala Presno (2022), entre esas personas vulnerables se encontraban, sin duda, las personas mayores con determinadas patolog\u00edas previas, sobre las que la incidencia del virus se demostr\u00f3 enseguida especialmente agresiva (vid. HelpAge, 2022: 120<\/em>).<\/span><\/p>\n

Con posterioridad a la crisis sanitaria, la Ley 15\/2022, de Igualdad<\/strong>, ha reconocido expresamente (art. 15) el derecho a la igualdad de trato y no discriminaci\u00f3n en la atenci\u00f3n sanitaria, estableciendo que las administraciones sanitarias, en el \u00e1mbito de sus competencias, garantizar\u00e1n la ausencia de cualquier forma de discriminaci\u00f3n en el acceso a los servicios y en las prestaciones sanitarias por raz\u00f3n, entre otras causas, de la edad, a\u00f1adiendo en\u00a0<\/span>su inciso 2)<\/strong> la siguiente previsi\u00f3n: \u00abNadie podr\u00e1 ser excluido de un tratamiento sanitario o protocolo de actuaci\u00f3n sanitaria por la concurrencia de una discapacidad […] por la edad […] salvo que razones m\u00e9dicas debidamente acreditadas as\u00ed lo justifiquen<\/em>\u00bb.<\/span><\/p>\n

A pesar del car\u00e1cter claramente antidiscriminatorio y proactivo de toda esta normativa, la pandemia ha supuesto un grave cuestionamiento de los principios de dignidad y de igualdad material en la base del principio del cuidado, la garant\u00eda del derecho a la salud. Este cuestionamiento se habr\u00eda materializado en la decisi\u00f3n protocolizada por parte de algunos gobiernos auton\u00f3micos (especialmente, los de Madrid y Catalu\u00f1a<\/em>) de no derivar a los hospitales a personas mayores o en diferentes situaciones de discapacidad contagiadas en las residencias. Atendiendo al caso m\u00e1s grave, concretamente, entre el 25 y el 30 de marzo fallecieron 1364 residentes en Madrid, de los que solo el 13 % hab\u00eda sido trasladado previamente a un hospital. Un porcentaje indeterminado de los que murieron sin asistencia sanitaria fue v\u00edctima de una serie de protocolos aprobados por el gobierno auton\u00f3mico de esa comunidad en los que se restring\u00eda al m\u00e1ximo la posibilidad de trasladar enfermos desde los geri\u00e1tricos a los hospitales. Entre los criterios utilizados para decidir qui\u00e9n pod\u00eda ir al hospital y qui\u00e9n era obligado a permanecer en la residencia figuraban los que med\u00edan el nivel de dependencia o la discapacidad intelectual del mayor (en profundidad, Rico, 2020; y Dalli, 2022<\/em>).<\/span><\/p>\n

En aplicaci\u00f3n del criterio del valor social de las personas (prejuicio capacitista, que grad\u00faa la consideraci\u00f3n hacia la persona en funci\u00f3n de las capacidades que posea en cada momento<\/em>), se determin\u00f3 que las personas de cierta edad y con discapacidades quedaban autom\u00e1ticamente excluidas de la asistencia (De Montalvo y Bellver, 2020: 319<\/em>). Y mediante resoluciones que no cumplir\u00edan el m\u00ednimo nivel de jerarqu\u00eda normativa exigible para determinar la limitaci\u00f3n de derechos fundamentales, se les excluy\u00f3 de la titularidad del derecho a la salud reconocido en la Constituci\u00f3n y en las leyes (HelpAge, 2021: 119-120<\/em>).<\/span><\/p>\n

Esta pr\u00e1ctica discriminatoria habr\u00eda seguido el criterio de la Sociedad Espa\u00f1ola de Medicina Intensiva, Cr\u00edtica y Unidades Coronarias<\/strong>, que en su documento \u00abRecomendaciones \u00e9ticas para la toma de decisiones en la situaci\u00f3n excepcional de crisis por pandemia COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos<\/strong><\/em>\u00bb establec\u00eda criterios como este: \u00abEn personas mayores se debe tener en cuenta la supervivencia libre de discapacidad por encima de la supervivencia aislada<\/em>\u00bb, con lo que \u00ab[…] cualquier paciente con deterioro cognitivo, por demencia u otras enfermedades degenerativas, no ser\u00edan subsidiarios de ventilaci\u00f3n mec\u00e1nica invasiva<\/em>\u00bb. Pero habr\u00eda dado la espalda al ordenamiento jur\u00eddico (constitucional, legal, reglamentario, convencional<\/em>) citado m\u00e1s arriba, a las (entre otras<\/em>) Recomendaciones<\/strong> de la Sociedad Espa\u00f1ola de Geriatr\u00eda y Gerontolog\u00eda (SEGG)<\/strong> sobre decisiones \u00e9ticas e ingreso en UCI en situaci\u00f3n de crisis COVID-19<\/em>, y a un doble compromiso del Ministerio de Sanidad<\/strong>: por una parte que \u00ab[…] las medidas que se adopten estar\u00e1n presididas por los principios de equidad, no discriminaci\u00f3n, solidaridad, justicia, proporcionalidad y transparencia, entre otros<\/em>\u00bb; y por otra, que si la escasez de recursos, temporal o duradera, exigiera el establecimiento de criterios de priorizaci\u00f3n<\/strong> de acceso a los mismos, ello se har\u00eda con base en criterios objetivos, generalizables, transparentes, p\u00fablicos y consensuados (vid.\u00a0<\/em><\/span>Dalli, 2022; Ministerio de Sanidad, 2020; y Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2020<\/em>).<\/span><\/p>\n

A pesar de las dificultades para confirmar dicha pr\u00e1ctica -dada la densidad de las cortinas de humo desplegadas por las autoridades responsables, han sido las investigaciones period\u00edsticas independientes las que han puesto luz sobre los hechos (en concreto, Rico, 2022<\/em>)-, lo cierto es que la pandemia ha tenido un impacto sanitario diferencial en las personas mayores con multipatolog\u00edas, tanto las que viven en residencias como en sus domicilios<\/strong>. Ello ha sido as\u00ed por la pr\u00e1ctica (no generalizada, pero s\u00ed implementada en algunos sitios<\/em>) de un triaje o selecci\u00f3n adversa<\/strong> de las personas mayores que, hasta la llegada abrupta de la pandemia, acced\u00edan normalmente al sistema hospitalario. El bloqueo en el acceso al sistema hospitalario, unido a la limitada capacidad de atenci\u00f3n sanitaria en las residencias, ha supuesto una sobremortalidad del colectivo que vive en este tipo de establecimientos<\/strong> (Marb\u00e1n et al., 2021: 164<\/em>).<\/span><\/p>\n

La conclusi\u00f3n de todo lo expuesto hasta aqu\u00ed es que, m\u00e1s all\u00e1 de los factores estructurales que impidieron atender como se deb\u00eda a los y las residentes en centros geri\u00e1tricos, se tomaron decisiones de exclusi\u00f3n por raz\u00f3n de edad y discapacidad discriminatorias e ilegales que atentaron gravemente contra el derecho a la salud, contra la integridad f\u00edsica y ps\u00edquica, y contra el derecho a la vida de muchas personas mayores<\/strong>.<\/span><\/p>\n

ALGUNAS DECISIONES EJECUTIVAS LIMITADORAS DE DERECHOS RELACIONADOS CON LOS CUIDADOS Y VINCULADAS A LA DECISI\u00d3N DEL CONFINAMIENTO NACIONAL HAN SIDO DISCRIMINATORIAS<\/span><\/h4>\n

La experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos por las personas de edad afirmaba en su Informe sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en los derechos de las personas mayores (ONU, 2020b<\/em>)<\/strong> que ha quedado demostrado que durante la crisis sanitaria no se ha dado prioridad a los centros asistenciales en las distintas estrategias de seguridad y prevenci\u00f3n desarrolladas, a pesar de que la mayor proporci\u00f3n de muertes atribuidas a la COVID-19 se produjo entre las personas de edades avanzadas<\/strong><\/em>.<\/span><\/p>\n

M\u00e1s bien al contrario<\/strong>: m\u00e1s all\u00e1 de las que impactaron sobre el derecho a la salud (los triajes<\/strong> mencionados en el ep\u00edgrafe anterior<\/em>), algunas de las decisiones adoptadas pueden tacharse de discriminatorias por carecer de un fundamento adecuado. As\u00ed, por ejemplo, entre las restricciones espec\u00edficas de la libertad personal y de circulaci\u00f3n para las personas mayores, as\u00ed como otras que afectaban a la intimidad familiar, resulta discutible que las personas mayores de 70 a\u00f1os dispusieran de menos tiempo que otros grupos de edad para hacer ejercicio, o que se impusieran restricciones indiscriminadas a los visitantes<\/strong> (normalmente familiares<\/em>) a los hogares de cuidado (HelpAge, 2021: 121).<\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n con la primera restricci\u00f3n, la Orden SND\/380\/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad f\u00edsica no profesional al aire libre durante la situaci\u00f3n de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19<\/strong>, estableci\u00f3 los horarios en que los mayores de 70 a\u00f1os pod\u00edan practicar deporte y pasear. En concreto, les asign\u00f3 3\u00a0<\/span>horas al d\u00eda (desde las 10:00 hasta las 12:00 a. m. y desde las 19:00 hasta las 20:00 p. m.<\/em>), mientras que para los menores de esa edad el n\u00famero de horas era de 7 (desde las 6:00 hasta las 10:00 a. m. y desde las 20:00 hasta las 23 p. m.<\/em>).<\/span><\/p>\n

En este punto, Presno Linera (2020)<\/strong> llama la atenci\u00f3n sobre el hecho de que unos d\u00edas antes se hab\u00eda publicado la Orden SND\/370\/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la poblaci\u00f3n infantil durante la situaci\u00f3n de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19<\/strong>. Y que, en ella, justificadamente, se recogieran las recomendaciones del Comit\u00e9 de los Derechos del Ni\u00f1o de las Naciones Unidas para evitar los efectos negativos, f\u00edsicos, psicol\u00f3gicos y emocionales en la infancia a consecuencia de la pandemia<\/em><\/strong>, dando lugar a que el n\u00famero de horas de desplazamiento alcanzara a la de los adultos menores de 70 a\u00f1os (7 horas<\/em>). Habida cuenta del demostrado impacto negativo que produce la falta de movimiento sobre la salud f\u00edsica y mental de las personas mayores durante el aislamiento (Ministerio de Derechos Sociales, 2020<\/strong><\/em>), es l\u00edcito pensar que la asignaci\u00f3n de 4 horas menos al d\u00eda para pasear no se sosten\u00eda en ning\u00fan argumento que no fuera edadista,<\/em><\/strong> discriminatorio y contrario al art\u00edculo 14 CE.<\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n con las prohibiciones de salir de los centros y a las restricciones en los horarios de visita, la Orden SND\/380\/2020<\/strong>, ya citada, consideraba en su pre\u00e1mbulo<\/strong> la importancia de la actividad f\u00edsica de las personas mayores \u00abpara mantener una adecuada funcionalidad<\/em>\u00bb. Sin embargo, a\u00f1ad\u00eda poco despu\u00e9s que \u00ab[…] en esta fase no se contempla la pr\u00e1ctica de la actividad f\u00edsica prevista en esta orden \u2014que considero ya de por s\u00ed discriminatoria para los mayores de 70 a\u00f1os\u2014 por parte de los residentes en los centros sociosanitarios de mayores<\/em>\u00bb. De modo que, en este punto, la normativa estableci\u00f3 una prohibici\u00f3n absoluta de realizar actividad f\u00edsica, y de circular libremente, que afect\u00f3 sin excepci\u00f3n a todos los residentes, tuvieran o no diagnosticado el COVID-19<\/strong>. El argumento gen\u00e9rico que fundamentaba la restricci\u00f3n general (la protecci\u00f3n de un grupo vulnerable<\/em>) no puede compensar la grave intromisi\u00f3n en el principio de autonom\u00eda y la libertad de circulaci\u00f3n de las personas, y contradice el principio seg\u00fan el cual la aplicaci\u00f3n de me-didas de aislamiento, confinamiento, p\u00e9rdida de rutinas, de actividad f\u00edsica, etc., cuando son de inevitable aplicaci\u00f3n, deben mantenerse solo por el tiempo que sea estrictamente necesario (Ministerio de Derechos Sociales, 2020<\/em><\/strong>). Por todo ello, nos encontramos ante una prohibici\u00f3n que debe considerarse desproporcionada<\/strong> (Presno, 2020<\/strong>) y, por tanto, contraria a la Constituci\u00f3n<\/strong>.<\/span><\/p>\n

En fin, por lo que se refiere al r\u00e9gimen de las visitas<\/strong>, la Orden SND\/414\/2020, de 16 de mayo, para la flexibilizaci\u00f3n de determinadas restricciones de \u00e1mbito nacional<\/strong>, determin\u00f3 la competencia de las comunidades y ciudades aut\u00f3nomas sobre la realizaci\u00f3n de visitas a viviendas tuteladas y centros residenciales de personas con discapacidad y de personas mayores, subrayando el car\u00e1cter excepcional (supuestos del final de la vida<\/em>) para este \u00faltimo caso<\/strong>. Adem\u00e1s, las visitas se sujetaron a un protocolo estricto (cita previa, un visitante por residente, uso de equipos de protecci\u00f3n adecuados..<\/em>.) y quedaron excluidas en todo caso las visitas a los \u00ab[…] centros residenciales de personas mayores en los que haya casos confirmados de COVID-19, o en los que alg\u00fan residente se encuentre en per\u00edodo de cuarentena\u00a0<\/em><\/span>por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con s\u00edntomas o diagnosticada de COVID-19<\/em>\u00bb.<\/span><\/p>\n

A partir de esta base, las comunidades aut\u00f3nomas establecieron diferentes reg\u00edmenes<\/strong>, desde los m\u00e1s \u00ababiertos<\/em>\u00bb de Andaluc\u00eda<\/strong><\/em>, Arag\u00f3n<\/strong><\/em> y Galicia<\/em><\/strong> (apertura en Fase II a visitas y paseos, con regulaci\u00f3n estricta<\/em>), hasta los m\u00e1s estrictos de Asturias<\/em><\/strong>, Castilla-La Mancha<\/em><\/strong>, Murcia <\/em><\/strong>o Pa\u00eds Vasco<\/em><\/strong>, en las que no se permitieron visitas ni paseos durante el primer per\u00edodo de alarma<\/strong> (del 14 de marzo al 20 de junio, 98 d\u00edas<\/em>).<\/span><\/p>\n

Sin embargo, la experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos por las personas de edad recomend\u00f3 que, en lugar de prohibir todas las visitas, se establecieran medidas para mantener la seguridad de los residentes y del personal. En la misma direcci\u00f3n, organizaciones de mayores y especialistas sanitarios argumentaron que las visitas no deber\u00edan limitarse en aquellas residencias en las que casi la totalidad de los mayores y de los cuidadores est\u00e1n vacunados. \u00abSi los familiares acreditan estarlo tambi\u00e9n, no deber\u00eda haber problemas para las visitas<\/em>\u00bb, se argumentaba, pues entre los vacunados la probabilidad de infecci\u00f3n y de contagio es muy baja, como demuestra que los brotes en residencias tras la vacunaci\u00f3n fueron excepcionales. De hecho, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarios de Residencias<\/strong> emiti\u00f3 un comunicado en el que exig\u00eda a los gobiernos auton\u00f3micos que habilitasen la entrada de los familiares en las residencias<\/em><\/strong> \u00ab[…] sin las limitaciones salvajes, inhumanas e ilegales que vienen soportando<\/em>\u00bb (El Pa\u00eds, 2021).<\/span><\/p>\n

Los mismos argumentos esgrimidos en los apartados anteriores son v\u00e1lidos para cuestionar las limitaciones indiscriminadas para todas las personas residentes descritas en este ep\u00edgrafe, que deben considerarse desproporcionadas<\/strong> y atentatorias contra los derechos de las personas mayores<\/strong> (el principio de autonom\u00eda personal, el derecho a la intimidad familiar, art. 18 CE, y derecho a la salud, art. 43 CE<\/em>), as\u00ed como contra los principios b\u00e1sicos del buen cuidado<\/strong>.<\/span><\/p>\n

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Un trabajador de la salud sostiene la mano de una anciana en una residencia durante el brote de coronavirus, en Artes, cerca de Barcelona, \u200b\u200b30 de abril de 2020. \u00a9 REUTERS \/ Nacho Doce<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

EL DERECHO A LA VERDAD Y LA TUTELA JUDICIAL DE LAS V\u00cdCTIMAS<\/span><\/h3>\n

UNA INVESTIGACI\u00d3N RIGUROSA DE LOS HECHOS<\/span><\/h4>\n

En su Informe sobre lo sucedido en las residencias de mayores durante la pandemia<\/strong>, Amnist\u00eda Internacional (2020)<\/strong> ha propuesto la necesidad de establecer \u00ab[…] procedimientos de b\u00fasqueda de la verdad que no est\u00e9n al albur del inter\u00e9s coyuntural de equilibrios y mayor\u00edas parlamentarias<\/em>\u00bb. Esta propuesta tiene como objetivo el esclarecimiento de lo sucedido all\u00ed donde los factores coyunturales tratan de confundirse con los estructurales<\/strong> para evitar cualquier tipo de responsabilidad y la identificaci\u00f3n de quienes los propiciaron. Sin esta tarea, no ser\u00e1 posible dar una respuesta adecuada a las v\u00edctimas y a sus familiares ni proponer medidas que impidan que se repitan los da\u00f1os ocasionados.<\/span><\/p>\n

El derecho a la verdad<\/strong> apareci\u00f3 en el marco del Derecho internacional de los derechos humanos<\/strong> en relaci\u00f3n con las graves violaciones de derechos y con la concreta problem\u00e1tica de las desapariciones en conflictos armados (Rodr\u00edguez, 2017), pero con el tiempo ha ido proyect\u00e1ndose en otros \u00e1mbitos. En la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos<\/strong>, el derecho a la verdad aparece como elemento integrante del aspecto procesal de los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humano<\/strong>s, relativo a la obligaci\u00f3n positiva de los Estados de realizar la adecuada investigaci\u00f3n de las circunstancias de una violaci\u00f3n de derechos a efectos de proporcionar una adecuada reparaci\u00f3n a la v\u00edctimas (L\u00f3pez Guerra, 2018). La explicaci\u00f3n radica en que la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales abarca tanto las acciones de prevenci\u00f3n orientadas a evitar su vulneraci\u00f3n como la reacci\u00f3n cuando esta se produce; y esta reacci\u00f3n, la que conduce a la garant\u00eda jurisdiccional, exige la investigaci\u00f3n rigurosa de los hechos.<\/span><\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de la problem\u00e1tica t\u00e9cnico-jur\u00eddica que plantea el derecho a la verdad<\/strong> -por ejemplo, respecto a la legitimaci\u00f3n<\/em><\/strong>, \u00e1mbito en el que surgen cuestiones tales como qui\u00e9nes son sus titulares, o qui\u00e9nes pueden invocarlo en el curso de un proceso (las v\u00edctimas y sus familiares exclusivamente, o la \u00abcolectividad\u00bb<\/em>)-, lo cierto es que la ausencia de una investigaci\u00f3n adecuada y suficiente para determinar las responsabilidades de una posible vulneraci\u00f3n de derechos determina la ineficacia del derecho en cuesti\u00f3n<\/strong>. Para el TEDH<\/strong>, si se trata del derecho la vida o a la integridad f\u00edsica, \u00abla verdad<\/em>\u00bb debe configurarse como un derecho aut\u00f3nomo, de tipo procesal, con una serie de caracter\u00edsticas: la investigaci\u00f3n ha de ser pronta (para evitar la desaparici\u00f3n de pruebas con el paso del tiempo<\/em>), debe llevarse a cabo por un \u00f3rgano con la suficiente independencia y, en su caso, contar con la presencia y con participaci\u00f3n de las v\u00edctimas o sus familiares y allegados directos. Si bien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos<\/strong> ha exigido el cumplimiento de estos requisitos en casos relativos a las detenciones secretas, desapariciones forzadas y deportaciones ilegales (caso Husayn (Abu Zubayda) c. Lituania, 2018: par. 608<\/em>), no hay argumento s\u00f3lido que desplace ese derecho en otros casos de violaciones graves en los que la dificultad para obtener pruebas viene determinada por la colusi\u00f3n de intereses p\u00fablico-privados, como es el caso de las residencias geri\u00e1tricas durante la pandemia.<\/span><\/p>\n

Dicho esto, como el propio TEDH<\/strong> ha declarado en varias sentencias, frente a la complejidad de las circunstancias de un caso (los obst\u00e1culos o las adversidades que impidan el progreso de una investigaci\u00f3n<\/em>), la respuesta adecuada de las autoridades es esencial para preservar la confianza de la ciudadan\u00eda en el respeto del principio de legalidad y evitar cualquier apariencia de complicidad o tolerancia en relaci\u00f3n con los actos il\u00edcitos<\/strong>. Por las mismas razones, el p\u00fablico debe tener un derecho suficiente de seguimiento de la investigaci\u00f3n o de sus conclusiones<\/strong>, de forma que se garantice, tanto en la teor\u00eda como en la pr\u00e1ctica, la depuraci\u00f3n de responsabilidades<\/strong> (Masri c. Macedonia, 2014; y L\u00f3pez Guerra, 2018: 21-22<\/em>).<\/span><\/p>\n

De ah\u00ed que, en relaci\u00f3n con lo ocurrido en las residencias de ancianos durante la crisis sanitaria, produzca extra\u00f1eza la ausencia generalizada de investigaciones exhaustivas y eficaces del Ministerio Fiscal<\/strong>, especialmente si se toma en consideraci\u00f3n su funci\u00f3n constitucional, a saber, \u00ab[…] promover la acci\u00f3n de la Justicia en defensa de la legalidad, de los\u00a0<\/em><\/span>derechos de los ciudadanos y del inter\u00e9s p\u00fablico tutelado por la ley, de oficio o a petici\u00f3n de los interesados<\/em>\u00bb (art. 124 CE<\/strong>). El hecho de que la muerte en condiciones como m\u00ednimo equ\u00edvocas de miles de personas que se encontraban una situaci\u00f3n de vulnerabilidad objetiva (Ribotta, 2022<\/em>) no haya dado lugar, hasta ahora, a una reacci\u00f3n seria y eficaz pone en evidencia que se ha producido un fallo grave del sistema de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas mayores.<\/span><\/p>\n

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El hecho de que la muerte en condiciones como m\u00ednimo equ\u00edvocas de miles de personas que se encontraban una situaci\u00f3n de vulnerabilidad objetiva no haya dado lugar, hasta ahora, a una reacci\u00f3n seria y eficaz pone en evidencia que se ha producido un fallo grave del sistema de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas mayores<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

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M\u00e1s a\u00fan cuando el propio Tribunal Supremo<\/strong>, en Auto de 18 de diciembre de 2020<\/strong> exigi\u00f3 \u00ab[…] la evaluaci\u00f3n, aunque sea provisional, de las circunstancias concretas en la que estos resultados (la muerte de los y las residentes) se produjeron<\/em>\u00bb. En concreto, el TS<\/strong> entiende en esta resoluci\u00f3n que en los juzgados ordinarios deber\u00e1 esclarecerse si \u00ab[…] esos fallecimientos estuvieron asociados a decisiones pol\u00edticas, administrativas o de gesti\u00f3n y si aquellas son susceptibles de reproche penal. Habr\u00e1 de indagarse tambi\u00e9n el origen y la autor\u00eda de resoluciones prohibitivas que impidieron que esas personas fueran trasladadas a centros sanitarios, anticipando as\u00ed un prematuro estado de necesidad que, por su propia naturaleza, deb\u00eda haber sido, siempre y en todo caso, un acto m\u00e9dico. La instrucci\u00f3n deber\u00e1 esclarecer si la excepcionalidad derivada de las circunstancias vividas durante la pandemia justificaba decisiones que impidieron a los enfermos de mayor edad recibir la atenci\u00f3n m\u00e9dica de la que eran merecedores y a la que, por supuesto, ten\u00edan derecho<\/em>\u00bb. Cabe a\u00f1adir que, en una intervenci\u00f3n en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid<\/strong> en marzo de 2021, la fiscal de Sala de Protecci\u00f3n de Personas con Discapacidad y Personas Mayores<\/strong> hizo expresa referencia a la insuficiente justificaci\u00f3n jur\u00eddica de la que adolec\u00edan las medidas restrictivas de los derechos fundamentales de las personas mayores ingresadas en residencias adoptadas durante la pandemia. Por su parte, el Alto Tribunal del Reino Unido<\/strong> ha declarado que las decisiones del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Boris<\/strong> Johnson<\/strong> (competente en la materia<\/em>) que propiciaron el retorno de hasta 25.000 pacientes a las residencias, a trav\u00e9s de unas gu\u00edas oficiales de conducta en las que se descartaba la necesidad de hacer un test previo al regreso a los centros, eran ilegales. La sentencia declara su antijuridicidad porque no tuvieron en cuenta el riesgo que supon\u00eda para los residentes m\u00e1s ancianos y vulnerables el contagio de personas no sintom\u00e1ticas (De Miguel, 2022<\/em>).<\/span><\/p>\n

LA TUTELA JUDICIAL DE LAS V\u00cdCTIMAS<\/span><\/h4>\n

Ciertamente, la Fiscal\u00eda<\/strong> espa\u00f1ola<\/strong> ha llevado a cabo un seguimiento de la situaci\u00f3n de las personas mayores que viven en centros residenciales, supervisi\u00f3n que ha dado lugar a la apertura de numerosas diligencias civiles (para recopilar datos acerca de la situaci\u00f3n en las que se encuentran las residencias y las personas alojadas en ellas, realizar un seguimiento de su evoluci\u00f3n, y resolver problemas puntuales que requieran la intervenci\u00f3n o impulso propios de la labor protectora del Ministerio Fiscal<\/em>) y penales (como consecuencia de denuncias interpuestas por familiares y trabajadores de los establecimientos<\/em>).\u00a0<\/span>Durante el primer a\u00f1o de la pandemia, la Fiscal\u00eda<\/strong> abri\u00f3 cerca de 500 diligencias penales, de las que una treintena dieron lugar a denuncia o querella. <\/span><\/p>\n

A pesar de que a ellas se sumaron algunas m\u00e1s, muy pocas quedan vivas en los tribunales<\/strong>. Estas diligencias se in<\/span>coaban a partir de denuncias de particulares o de organizaciones que, en s\u00edntesis, alegaban la asistencia defectuosa a los residentes, la falta de organizaci\u00f3n del servicio debida a una ineficaz gesti\u00f3n de los medios materiales y personales de los centros, y la falta de informaci\u00f3n a los familiares de los residentes sobre el estado de salud de estos.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n, desde marzo de 2021, las fiscal\u00edas comenzaron a recibir denuncias que reclamaban contra el rechazo a admitir las hospitalizaciones de residentes, negativas basadas en criterios generales y no personalizados<\/strong> (los protocolos<\/em><\/strong>). Los criterios ordinarios deber\u00edan haber sido, por ejemplo, la agudizaci\u00f3n de mal estado de salud del residente, la imposibilidad de prestar la asistencia en su propio entorno, la posibilidad de recuperaci\u00f3n, la tolerancia a los recursos que deb\u00eda proporcionarle el hospital y el mayor beneficio del paciente.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, la mayor parte de las diligencias de investigaci\u00f3n han sido archivadas. Entre los motivos por los que se han sobrese\u00eddo estas denuncias, la fiscal\u00eda de Barcelona<\/strong>, por ejemplo, se\u00f1al\u00f3 que los perjudicados hab\u00edan acudido directamente a los tribunales, que los hechos ocurrieron en otras demarcaciones, que directamente se consider\u00f3 que no hab\u00eda hechos punibles o que la tipificaci\u00f3n planteada en la denuncia no era la adecuada. En estos casos, la Fiscal\u00eda<\/strong> analizaba si la conducta desarrollada por las residencias era constitutiva de alg\u00fan delito de omisi\u00f3n del deber socorro, denegaci\u00f3n de asistencia sanitaria u homicidio imprudente, concluyendo que aqu\u00e9llas no hicieron \u00ab[…] una dejaci\u00f3n de su deber de cuidado y asistencia m\u00e9dica<\/em>\u00bb, sino que adecuaron su proceder \u00ab[…] al marco normativo y a la realidad material a la que se enfrentaban en el momento de los hechos<\/em>\u00bb.<\/span><\/p>\n

A pesar de lo declarado por la Fiscal\u00eda<\/strong>, la lectura de los decretos que acordaron el archivo de muchas de las denuncias muestra que numerosas decisiones de archivo no fueron el resultado de una verdadera investigaci\u00f3n, sino que se basaron, fundamentalmente, en los informes<\/strong> (naturalmente exculpatorios<\/em>) de las propias residencias<\/strong>. En este sentido, debe recordarse que, si bien en el citado auto de 18 de diciembre de 2020<\/strong> el Tribunal Supremo<\/strong> declar\u00f3 que resultaba \u00ab[…] necesario que existan datos objetivos que permitan imputar los concretos resultados lesivos producidos en cada caso y sobre cada persona afectada<\/em>\u00bb -es decir, que exista (como argumenta la Fiscal\u00eda en sus decretos de archivo<\/em>) una \u00ab[…] relaci\u00f3n de causalidad directa, completa e inmediata, eficiente y sin interferencias entre el hecho denunciado y su pretendida consecuencia<\/em>\u00bb-, no es menos cierto que tambi\u00e9n exigi\u00f3 una \u00ab[…] evaluaci\u00f3n, aunque sea provisional, de las circunstancias concretas en la que estos resultados se produjeron<\/em>\u00bb.<\/span><\/p>\n

Debe recordarse que la Fiscal\u00eda<\/strong> y de la Administraci\u00f3n<\/strong> est\u00e1n obligadas a colaborar en la investigaci\u00f3n de una forma m\u00e1s intensa que el ciudadano particular<\/strong>, pues la facilidad probatoria en manos de aquellas est\u00e1 muy por encima de la de este. As\u00ed se deduce del art. 217.7<\/strong> de la LECiv<\/strong> (disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio<\/em>), y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional<\/strong>, que se ha pronunciado al respecto en estos t\u00e9rminos: \u00abCuando las fuentes de prueba se encuentran en poder de una de las partes del litigio, la obligaci\u00f3n constitucional de colaborar con los tribunales en el curso del proceso (art\u00edculo 118 C.E) conlleva que dicha parte es quien debe apor<\/em><\/span>tar los datos requeridos, a fin de que el \u00f3rgano judicial pueda descubrir la verdad<\/em>\u00bb (STC 227\/1991, FJ 5<\/strong>).<\/span><\/p>\n

Como se ha se\u00f1alado m\u00e1s arriba, la premisa de partida es que la investigaci\u00f3n de estos casos es compleja y que la actuaci\u00f3n de los jueces y fiscales se ver\u00e1 dificultada por numerosos obst\u00e1culos y circunstancias. Por ejemplo, la documentaci\u00f3n sobre el estado asistencial-sanitario de las personas mayores residentes en los d\u00edas previos a su fallecimiento es una documentaci\u00f3n interna de cada residencia; muy probablemente, su contenido no se ajustar\u00e1 a la realidad del momento de caos y colapso. Adem\u00e1s, se desconoce en qu\u00e9 grado y con qu\u00e9 alcance los forenses de los Institutos de Medicina Legal<\/strong> informaron las demandas de los fiscales<\/strong>, pues en la pr\u00e1ctica existe una resistencia (corporativa, comprensible<\/em>) a ver irregularidades, negligencias e imprudencias que podr\u00edan acabar responsabilizando a los trabajadores y trabajadoras de cuidados, dejando inmunes a los directores de las residencias, a los propietarios y a los responsables pol\u00edticos de las decisiones \u00abcoyunturales<\/em>\u00bb adoptadas. En todo caso, aunque se conozcan a priori<\/em> las dificultades a las que van a enfrentarse las investigaciones, estas deben ser llevadas a cabo<\/strong>.<\/span><\/p>\n

De hecho, mientras se escriben estas l\u00edneas (principios de octubre de 2022, dos a\u00f1os y medio despu\u00e9s el comienzo de la pandemia<\/em>) el Ministerio Fiscal<\/strong> ha emitido una instrucci\u00f3n a los fiscales superiores para que rindan cuentas sobre las actuaciones llevadas a cabo en relaci\u00f3n con el fallecimiento de personas en los centros residenciales y, sobre todo, para que escuchen a las familias<\/strong> (Ministerio Fiscal, 2022; y S\u00e1nchez Castrillo, 2022<\/em>). Seg\u00fan la Instrucci\u00f3n<\/strong>, \u00ab[…] la trascendencia de los hechos y su resultado, as\u00ed como el hecho de que los mismos afecten a personas especialmente vulnerables, exigen del Ministerio Fiscal una posici\u00f3n particularmente proactiva en el procedimiento<\/em>\u00bb.<\/span><\/p>\n

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CONCLUSI\u00d3N: SON NECESARIAS NUEVAS NORMAS JUR\u00cdDICAS, POL\u00cdTICAS P\u00daBLICAS CON ENFOQUE DE DERECHOS Y UN CAMBIO SOCIAL, CULTURAL Y POL\u00cdTICO<\/span><\/h3>\n

Un reciente informe firmado por 40 expertos mundiales y publicado recientemente por The Lancet (2022)<\/strong> afirma sin ambages la comisi\u00f3n de fallos masivos a nivel global en la gesti\u00f3n de los dos primeros a\u00f1os de pandemia. De las m\u00e1s de 6 millones de muertes reconocidas, un n\u00famero considerable podr\u00edan haber sido evitadas si la prevenci\u00f3n, la rapidez en la respuesta y la consideraci\u00f3n de las personas m\u00e1s vulnerables hubieran sido los principios aplicados<\/strong>. Adem\u00e1s de los derechos a la vida, a la salud y a la integridad f\u00edsica, otros derechos podr\u00edan haber sido protegidos m\u00e1s eficazmente si la sombra del edadismo y la discriminaci\u00f3n<\/strong> que este que comporta no hubieran gravitado sobre algunas de las decisiones adoptadas.<\/span><\/p>\n

Una visi\u00f3n desapasionada y de conjunto sobre lo sucedido en Espa\u00f1a desde marzo de 2020 sugiere plantear unas consideraciones finales a partir de las cuales reflexionar sobre los cambios profundos que deben producirse, al menos en tres \u00e1mbitos<\/strong>: la percepci\u00f3n <\/span>social de las personas mayores; la decisi\u00f3n pol\u00edtica de \u00abqu\u00e9 hacer con ellas\u00bb, reflejada en pol\u00edticas p\u00fablicas de mirada larga; y la regulaci\u00f3n que debe proteger sus derechos m\u00e1s all\u00e1 de reclamaciones morales.<\/span><\/p>\n

As\u00ed, en primer lugar, la gesti\u00f3n de la pandemia ha mostrado sin velos la verdadera representaci\u00f3n y el valor social que realmente tienen las personas mayores en nuestro mundo<\/strong>. Tanto por el escenario estructural de sus cuidados en el que irrumpi\u00f3 la pandemia como por algunas de las decisiones pol\u00edticas discriminatorias llevadas a cabo (Ribotta, 2022; y Naciones Unidas, 2020<\/em>). Como afirma Ribera<\/strong> (2020: 307), \u00ab[…] la crisis del coronavirus ha sido el caldo de cultivo para el edadismo<\/strong><\/em>\u00bb, en su manifestaci\u00f3n social e institucional<\/strong>. En este sentido, es urgente poner los medios necesarios para transformar una cultura basada en estereotipos, prejuicios y discriminaciones edadistas<\/strong><\/em> y construir una sociedad libre de ellos.<\/span><\/p>\n

En segundo lugar, el impacto de la pandemia sobre las personas mayores y sobre las personas con discapacidad ha puesto en cuesti\u00f3n no solo el actual modelo de residencias para personas en situaci\u00f3n de dependencia, sino tambi\u00e9n el sistema de cuidados de larga duraci\u00f3n implantado en Espa\u00f1a en diciembre de 2006<\/strong>. Se exige un cambio que, en resumen, debe \u00ab[…] caminar hacia un modelo de atenci\u00f3n y de cuidados centrados en la persona<\/em>\u00bb (Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores, 2020<\/em><\/strong>; y Marb\u00e1n et al., 2021: 160<\/em>), es decir, \u00ab[…] un cambio en profundidad del modelo de alojamientos para personas mayores o personas con discapacidades que precisan apoyos para continuar con sus proyectos de vida. Es preciso que las alternativas de alojamiento que dispensen cuidados e intervenciones profesionales se orienten desde una atenci\u00f3n centrada en las personas y no desde objetivos de mera custodia<\/em>\u00bb.<\/span><\/p>\n

Este cambio necesario exige asumir la centralidad del principio de equidad en la atenci\u00f3n a la poblaci\u00f3n de personas mayores vulnerables<\/strong> (Zunzunegui, 2022<\/em>), un enfoque que encaja con dificultad en la creciente mercantilizaci\u00f3n de los cuidados. As\u00ed, el rechazo a los macrocentros residenciales, las habitaciones individuales como derecho (porque la intimidad personal<\/strong> es un derecho fundamental<\/em>), la sustituci\u00f3n del modelo institucional (sin retroceder al institucional hospitalario<\/em>) por otro en el que nuevos dise\u00f1os arquitect\u00f3nicos y de organizaci\u00f3n favorezcan unos cuidados en los que primen la autonom\u00eda, la historia de vida y los deseos de las personas mayores… (HelpAge, 2021a; y Pinazo, 2020a<\/em>) son exigencias que compatibilizan mal con la idea de grandes beneficios econ\u00f3micos. Esta es la raz\u00f3n de que el acuerdo auspiciado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030<\/strong> para fijar los nuevos requisitos m\u00ednimos que deben cumplir todos los servicios de la dependencia en Espa\u00f1a, entre ellos, las residencias de mayores, haya sido objeto de una \u00abrebaja<\/em>\u00bb considerable despu\u00e9s de que la patronal de las residencias y algunos gobiernos regionales expresaran su oposici\u00f3n al mismo (Sosa y Cu\u00e9, 2022<\/strong>). Ahora bien, como se ha comentado en distintos foros especializados, si realmente quiere propiciarse una transformaci\u00f3n en el sector residencial y de cuidados (promoci\u00f3n de la vida independiente y atenci\u00f3n centrada en la persona en el entorno comunitario<\/em>), van a ser necesarias una mayor financiaci\u00f3n, una valent\u00eda pol\u00edtica que hasta ahora ha sido casi inexistente y una mirada que vaya m\u00e1s all\u00e1 del per\u00edodo que transcurre entre elecciones.<\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, la necesaria reforma del sector residencial y de los cuidados debe ir acompa\u00f1ada de una reflexi\u00f3n en torno al Derecho de la Vejez<\/strong> (Dabove, 2021<\/em>), es decir, sobre la actualizaci\u00f3n de un ordenamiento y unos operadores jur\u00eddicos que no est\u00e1n a la altura de la eficacia protectora de derechos exigible. De entrada, es preciso fijar los fundamentos del \u00abderecho a la verdad<\/strong><\/em>\u00bb como pilares del derecho a la tutela judicial efectiva<\/strong>, y asumir que, cuando lo que se encuentra en juego son los derechos fundamentales de personas en especial situaci\u00f3n de vulnerabilidad, la proactividad de las instituciones es debida. En el \u00e1mbito estrictamente normativo, adem\u00e1s de revisar y modificar con car\u00e1cter general las limitaciones, deficiencias y lagunas normativas que caracterizan el tratamiento de las personas mayores (OMS, 2021; y ONU, 2022<\/strong>), la experiencia de la pandemia puede servir para impulsar dos iniciativas<\/strong>. De una parte, la elaboraci\u00f3n de una Ley Integral de Protecci\u00f3n de los Derechos de las Personas Mayores<\/strong>. De otra, la tarea de convencer a los Estados de que apoyar una Convenci\u00f3n de Naciones Unidas<\/strong> con el mismo objeto contribuir\u00e1 a mejorar considerablemente la garant\u00eda de los derechos de las personas de edad avanzada (HelpAge, 2022; y Cebada, 2018<\/em>). En este sentido, la Convenci\u00f3n interamericana sobre la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada en 2015<\/strong>, recoge mandatos directamente aplicables a la crisis que ha justificado este art\u00edculo: \u00abLos Estados parte tomar\u00e1n todas las medidas espec\u00edficas que sean necesarias para garantizar la integridad y los derechos de la persona mayor en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres, de conformidad con las normas de derecho internacional, en particular del Derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario […]<\/em>\u00bb (art\u00edculo 29. Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias<\/strong>). Es un modelo para seguir.<\/span><\/p>\n

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RESIDENCIAS GERI\u00c1TRICAS DURANTE LA PANDEMIA INDICE PANDEMIA CORONAVIRUS   DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DISCRIMINACI\u00d3N EN LAS RESIDENCIAS GERI\u00c1TRICAS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 Como en muchos otros pa\u00edses, la crisis sanitaria que irrumpi\u00f3 […]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":3,"featured_media":2296085,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[52],"class_list":["post-2296035","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-justicia","tag-covid"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2296035","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2296035"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2296035\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2296085"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2296035"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2296035"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2296035"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}