{"id":22610,"date":"2019-10-23T00:05:24","date_gmt":"2019-10-22T23:05:24","guid":{"rendered":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/?p=22610"},"modified":"2019-10-22T21:30:39","modified_gmt":"2019-10-22T20:30:39","slug":"corrupcion-y-trata-de-seres-humanos-comparando-dos-casos-operacion-urofort-y-temporeras-contra-la-esclavitud","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/2019\/10\/23\/corrupcion-y-trata-de-seres-humanos-comparando-dos-casos-operacion-urofort-y-temporeras-contra-la-esclavitud\/","title":{"rendered":"CORRUPCI\u00d3N Y TRATA DE SERES HUMANOS: COMPARANDO DOS CASOS: \u00abOPERACI\u00d3N UROFORT\u00bb Y \u00abTEMPORERAS CONTRA LA ESCLAVITUD\u00bb"},"content":{"rendered":"
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<\/a>DESCARGA\u00a0 STS SALA LO PENAL 24\/07\/2019<\/a><\/p>\n

<\/a>La operaci\u00f3n UROFORT contra la Trata moviliz\u00f3 en Huelva a m\u00e1s de 300 guardias civiles, 20 traductores y efectivos de la Cruz Roja<\/a><\/p>\n

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Tiempo de matar fresas: radiograf\u00eda de argumentos y pruebas que la judicatura onubense \u00abno trata\u00bb<\/span><\/h1>\n
Por Perico Echevarr\u00eda<\/span><\/div>\n
La Mar de Onuba<\/a><\/span><\/div>\n
13 de Octubre de 2019<\/span><\/div>\n
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Tiempo de matar, de John Grisham<\/strong><\/span><\/div>\n
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En la novela <\/span>Tiempo de matar<\/em>\u00a0de John Grisham, la peque\u00f1a afroestadounidense de 10 a\u00f1os Tonya Hailey es cruelmente violada y golpeada por dos hombres blancos racistas. Mientras son escoltados a la c\u00e1rcel, Carl Lee, padre de Tonya, que ha visto c\u00f3mo otros hombres blancos que han abusado de ni\u00f1as y mujeres negras han salido impunes de sus terribles delitos, asesina con una M-16 a los violadores de su hija. Todo ello sucede en el condado de Ford (Mississippi), en el que terratenientes blancos cultivan sus tierras con la mano de obra explotada de personas negras sometidas por su situaci\u00f3n de necesidad. Grisham se inspir\u00f3 para escribir\u00a0<\/span>Tiempo de matar<\/em>\u00a0en el brutal testimonio, real, de una ni\u00f1a de 12 a\u00f1os, v\u00edctima de una violaci\u00f3n y agresi\u00f3n similar en 1984 en el condado de DeSoto, tambi\u00e9n en Mississippi.<\/span><\/div>\n
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Carl Lee, el padre de la v\u00edctima de la novela, es acusado de homicidio y se pide para \u00e9l la pena capital. Es defendido por el abogado Jake Bragance, que cuenta con la ayuda de un letrado inhabilitado, un abogado de divorcios de dudosa moral, y una estudiante de derecho con experiencia en casos de pena de muerte. El equipo tambi\u00e9n recibe el secreto apoyo de un alguacil negro que dispensa un trato especial al padre de Tonya durante su estancia en la c\u00e1rcel.<\/span><\/p>\n

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Cierren los ojos e imaginen a una ni\u00f1a<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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La acusaci\u00f3n contra Lee es ejercida por Rufus Buckley, un fiscal corrupto que\u00a0 ve en el caso una oportunidad para lanzar su carrera pol\u00edtica. Durante todo el proceso, Bragance tropieza con m\u00faltiples impedimentos para garantizar un juicio justo a Carl Lee, comenzado por que el propio juez que preside el juicio, \u00abIchabod\u00bb Noose, rechaza ceder su competencia a otro tribunal, a pesar de que el contexto sociocultural y econ\u00f3mico del condado de Ford garantiza un jurado\u00a0blanco\u00a0<\/em>y de previsible poca o nula imparcialidad o condescendencia a la hora de juzgar a un presunto asesino negro. En la trama, adem\u00e1s, el juez Noose es intimidado por elementos locales de la\u00a0supremac\u00eda blanca,\u00a0<\/em>que defienden intereses ideol\u00f3gicos,\u00a0<\/em>sociales y econ\u00f3micos que peligran con cada derecho conquistado (y ejercido) por las hombres y mujeres negras.<\/strong><\/span><\/p>\n

En la adaptaci\u00f3n cinematogr\u00e1fica de la novela, dirigida por Joel Schumacher y producida por el propio Grisham, el abogado, interpretado por Matthew Mcconaughey, sorprende al jurado con un melodram\u00e1tico alegato final que solicita sea escuchado \u00abcon los cerrados\u00bb. Bragance relata con desgarradora crudeza y detalle la violaci\u00f3n sufrida por la peque\u00f1a Tonya, y antes de que el jurado vuelva a abrir los ojos, pide a su miembros que \u00abimaginen a esa ni\u00f1ita\u00bb. Tras un tenso silencio de diecinueve interminables segundos, a\u00f1ade: \u00aby ahora, imaginen que es blanca\u00bb.<\/strong><\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

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\u00abLas \u00fanicas obras grandes y morales son las de la verdad\u00bb<\/strong><\/em><\/span><\/h4>\n
(\u00c9mile Zola)<\/strong><\/em><\/span><\/h5>\n

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Las trece causas judiciales que conforman el\u00a0caso Do\u00f1ana 1998<\/em>\u00a0se han venido sosteniendo sobre tres patas jurisdiccionales: diez, por\u00a0vulneraci\u00f3n de Derechos Fundamentales<\/em>, se dirimen desde el pasado 10 de septiembre, de forma individualizada, en los juzgados \u00abde lo Social\u00bb de Huelva. Otras dos, de car\u00e1cter penal, se instruyen, \u00aba trompicones\u00bb, en sendos juzgados de\u00a0 Primera Instancia e Instrucci\u00f3n de La Palma del Condado (Huelva). En el\u00a0n\u00famero 1<\/em>, la magistrada Virginia Sesma instruye presuntos\u00a0Delitos contra los Derechos de los Trabajadores.\u00a0<\/em>Sesma mantiene el procedimiento en estado de sobreseimiento provisional. En el\u00a0n\u00famero 3<\/em>, al mando del magistrado Carlos Serrano, la causa sobre\u00a0Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual\u00a0<\/em>tambi\u00e9n ha sido archivada provisionalmente. Una \u00faltima causa, por presuntos\u00a0Delitos de Trata de Seres Humanos y Lesa Humanidad<\/em>, fue objeto de \u00abdiligencias previas<\/a>\u00bb por parte del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El titular del Juzgado Central de Instrucci\u00f3n 1\u00a0desisiti\u00f3 tras un conflicto de competencia<\/a>\u00a0planteado por la Fiscal\u00eda, que aunque coincide con Pedraz en que los hechos denunciados y las pruebas aportadas son indiciarias de la presunta comisi\u00f3n del delito de trata, sostuvo que \u00abla competencia para conocer de la denuncia no corresponde a los Juzgados Centrales de Instrucci\u00f3n, sino en su caso a los Juzgados de Instrucci\u00f3n de los de La Palma del Condado. La cuesti\u00f3n de competencias ha sido recurrida, \u00aben casaci\u00f3n\u00bb, por los letrados de Ausaj, y se encuentra pendiente de resolver por el Tribunal Supremo.<\/span><\/p>\n

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Informe de 24 de septiembre del Fiscal de la Audiencia Nacional sobre Competencia JCI (Diligencias Previas 56\/18)<\/strong><\/span><\/p>\n

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DESCARGA\u00a0 AUTO AN e INFORME MF<\/a><\/p>\n

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El pasado 12 de septiembre, se conocieron las\u00a0tres primeras de las diez sentencias que deben dictarse en los Juzgados de lo Social de Huelva<\/a>. En ellas, que han sido recurridas, la magistrada titular del\u00a0n\u00famero dos<\/em>, M\u00aa Inmaculada Li\u00f1\u00e1n, falla en contra de las denunciantes tras valorar toda la prueba propuesta por la defensa de la empresa y de los hermanos Matos, prop\u00ecetarios de Do\u00f1ana 1998, y rechazar la aportada por los abogados de las mujeres marroqu\u00edes, que incluyen hasta nueve horas y media de archivos digitales de audio y v\u00eddeo, debidamente fechados y de origen identificado. Esta revista ha tenido acceso a toda esa\u00a0documental<\/em>\u00a0impresa y audiovisual, algunas de las cuales ha reproducido desde que -presuntamente- tuvieron lugar los hechos denunciados. La jueza Li\u00f1\u00e1n (como antes los jueces Serrano y Sesma de La Palma del Condado, que coinciden en que \u00abno aparece debidamente justificada la perpetraci\u00f3n del delito que ha dado motivo a la formaci\u00f3n de la causa\u00bb y han optado por el sobreseimiento provisional de sendos procedimientos), concluye que \u00abnada de lo que se narra en demanda alcanza visos m\u00ednimos de verosimilitud<\/strong>\u00ab.<\/span><\/p>\n

En este art\u00edculo se detallan algunas de las pruebas y aspectos comunes de las reclamaciones de las diez mujeres que \u00abprestaron servicios para la empresa Do\u00f1ana 1998 como peones agr\u00edcolas en labores de recolecci\u00f3n de fresa; a jornada completa, de lunes a s\u00e1bado, con horario laboral de 7 a 14\u00b430 horas, siendo el salario bruto diario, incluido p.p.e., seg\u00fan Convenio de aplicaci\u00f3n, de, s.e.o.u., de 40\u00b439 euros\u00bb.\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n

\u00abVulneraci\u00f3n de Derechos Fundamentales\u00bb (I): contratos, salarios, alojamientos\u2026<\/span><\/h4>\n

Las diez mujeres denuncian que \u00abse les ofreci\u00f3 trabajo continuado por tiempo de tres meses, jornada de seis horas, con salario de algo m\u00e1s de cuarenta euros por d\u00eda, con alojamiento en vivienda a cargo de la empresa y el traslado a Espa\u00f1a incluido.\u00a0<\/em>Tambi\u00e9n que\u00a0no han recibido copia del contrato de trabajo firmaron en Marruecos \u2013que no se encontraba redactado en \u00e1rabe-, ni se les lee, entreg\u00e1ndoseles solamente un breve resumen en su idioma; cuando llegan a Espa\u00f1a, tampoco se le presenta a firma contrato alguno con la empresa espa\u00f1ola demandada, a la que viene asignada de antemano\u00bb.<\/em><\/span><\/p>\n

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En los\u00a0Hechos Probados\u00a0<\/em>en los que la jueza Li\u00f1\u00e1n basa su fallo (apoyados en dos informes realizados por la Inspectora de Trabajo Sonia Galindo), queda de manifiesto que, como denuncian las\u00a0temporeras contra la esclavitud<\/em>, la empresa no puede demostrar haberles entregado copias de los contratos. Es m\u00e1s, en el propio acto de juicio, el abogado de la patronal Freshuelva y la interprofesional Interfresa, Juan \u00c1ngel Rivera, aport\u00f3 unas copias que carec\u00edan de la firma de las denunciantes. As\u00ed pues, no aparecen los contratos que las trabajadoras firmaron en Marruecos y de los que la empresa afirma no tener copia. El presidente de Ausaj, Jes\u00fas D\u00edaz Formoso, resalta a este respecto que\u00a0l<\/b>a\u00a0normativa que regula las contrataciones en origen<\/a>, no exime a empresas ni trabajadores de la obligaci\u00f3n de estar en posesi\u00f3n de sus respectivas copias del contrato para conceder los visados temporales. D\u00edaz Formoso hace especial hincapi\u00e9, adem\u00e1s, en el art\u00edculo 3 de la Orden ESS\/1\/2012, de 5 de enero, que regula la gesti\u00f3n colectiva de contrataciones en origen, tambi\u00e9n las de\u00a02018<\/a>.\u00a0 Dicho art\u00edculo, titulado \u00abGarant\u00edas para los trabajadores\u00bb, establece que los empleadores deber\u00e1n garantizar \u00abel contrato de trabajo que se suscriba deber\u00e1 contener las mismas condiciones contenidas en la oferta de empleo de la que la autorizaci\u00f3n de residencia y trabajo trae <\/span>causa\u00bb, en esta caso las publicitadas por el propio gobierno marroqu\u00ed a trav\u00e9s de su agencia estatal\u00a0Anapec<\/em>. \u00abDicho contrato, con las condiciones referidas, ser\u00e1 el que el empleador inscribir\u00e1 en el Servicio p\u00fablico de empleo competente y respecto al que se producir\u00e1 el alta del trabajador en Seguridad Social, en cumplimiento del art\u00edculo 38.4 de la Ley Org\u00e1nica 4\/2000\u00bb. El mismo art\u00edculo, dice que el empleador deber\u00e1 garantizar\u00a0\u00abla actividad continuada durante la vigencia de la autorizaci\u00f3n solicitada\u00bb, y que en el sector agrario, se considerar\u00e1\u00a0continuada<\/em>\u00a0\u00abla actividad no inferior a un 75% del tiempo de trabajo habitual en el sector, por lo que el n\u00famero de jornadas y\/o horas de trabajo cotizadas se corresponder\u00e1 con este l\u00edmite m\u00ednimo\u00bb.<\/span><\/p>\n

Las\u00a0temporeras contra la esclavitud<\/em>\u00a0denuncian que no se les hizo entrega de una copia de sus contratos. Las \u00fanicas copias que ha aportado la empresa en sede judicial, carecen de las firmas de las trabajadoras.\u00a0 Do\u00f1ana 1998 asegura que\u00a0 no pueden aportar las copias reclamadas por los abogados de las temporeras porque \u00abcometieron el error de no quedarse con un justificante<\/em>\u00ab.<\/span><\/p>\n

La Mar de Onuba reproduce en esta p\u00e1gina (con los datos protegidos de trabajador y empresa), la copia de uno de los contratos tipo suscritos entre los empresarios onubenses y las trabajadoras marroqu\u00edes. Se trata de un Contrato Trabajo Temporal \u00aba tiempo completo<\/strong>\u00ab, con fecha de finalizaci\u00f3n -tras un periodo de prueba \u00abseg\u00fan convenio\u00bb- de 31 de julio, e inicio el 1 de marzo. Fue suscrito en Al Houceima el 19 de marzo del pasado a\u00f1o entre una trabajadora\u00a0 de 38 a\u00f1os y, en nombre de la empresa (una de las mayores explotaciones agr\u00edcolas de Almonte), por Jos\u00e9 Luis Garc\u00eda-Palacios \u00c1lvarez, presidente de Interfresa, secretario general de Asaja y presidente de la Federaci\u00f3n Onubense de Empresarios (FOE). Tambi\u00e9n preside la Caja Rural del Sur. Acostumbrada a gestionar altas y bajas de las mujeres contratadas en origen para diversas empresas. la persona que facilit\u00f3 a esta redacci\u00f3n la copia de este documento (as\u00ed como de una serie de\u00a0anexos<\/em>\u00a0relativos a la contrataci\u00f3n colectiva), asegur\u00f3 \u00abdesconocer la existencia de otro modelo de contrato\u00bb habitual en la campa\u00f1a de los frutos rojos.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n denuncian las diez mujeres que\u00a0no han cobrado su salario ni se les ha entregado nomina o recibo en ninguna ocasi\u00f3n.<\/em>\u00a0Las sentencias de la juez titular del Juzgado de lo Social n\u00famero 2 de Huelva recogen que la propia empresa ha admitido no disponer de n\u00f3minas, recibos o justificantes que demuestren la pretendida falsedad de las diez mujeres marroqu\u00edes, algo que se debe a que \u00abtodos reciben los pagos en mano\u00bb. En el caso de las denunciantes, los hermanos Matos aseguran que \u00abno han cobrado porque\u00a0adem\u00e1s de hab\u00e9rselas llevado el SAT no saben d\u00f3nde<\/a>, no est\u00e1n de acuerdo en las cantidades, ya que ellas quieren cobrar todo el mes\u00a0 y seg\u00fan los c\u00e1lculos de la empresa no han trabajado eso\u00bb. En\u00a0hechos probados,\u00a0<\/em>la jueza Li\u00f1\u00e1n recoge que \u00abdurante dos d\u00edas, mientras la empresa tramita el alta en la seguridad social, se facilita a las trabajadoras informaci\u00f3n sobre el puesto de trabajo y pasan el control de calidad\u00bb (sic). \u00abDurante este tiempo y hasta que no son dadas de alta, no comienzan la prestaci\u00f3n efectiva de trabajo<\/em>\u00ab.\u00a0 Dicho de otro modo, no devengan salario alguno. \u00abPara paliar su situaci\u00f3n econ\u00f3mica<\/em>\u00ab, recoge el texto de la magistrada, \u00abla empresa adelanta 50 \u20ac a las productoras que lo solicitan<\/em>\u00ab. Las temporeras a\u00f1aden que se les dijo en Marruecos que los contratos que nadie ha visto, eran por tres meses e inclu\u00edan trabajar ( y cobrar) todos d\u00edas de la semana, y que uno de ellos seria considerado festivo; es decir, de descanso remunerado. La empresa, cuya explicaci\u00f3n da por v\u00e1lida la sentencia, admite que las trabajadoras s\u00f3lo son requeridas para trabajar cuando las necesidades de la colecta as\u00ed lo indican, y que se encarga a las manijeras la selecci\u00f3n de trabajadoras \u00abseg\u00fan la cantidad de fruta a recoger, y se intenta rotar para que todas tengan las mismas opciones\u00bb. Los d\u00edas ociosos, la empresa no paga a las trabajadoras ning\u00fan salario. Lo que manifiestan las denunciantes coincide con la oferta de empleo publicada por la agencia nacional Anapec dependiente del gobierno marroqu\u00ed que aseguran que las anim\u00f3 a venir a Espa\u00f1a. Las sentencias dicen que \u00abnada<\/strong>\u00a0de lo que se narra en demanda alcanza visos m\u00ednimos de verosimilitud<\/strong>\u00ab.<\/span><\/p>\n

En su fallidas demandas, las mujeres afirman que\u00a0han sido enga\u00f1adas, pues las condiciones pactadas son incumplidas en su totalidad<\/em>. Sostienen que, en verdad,\u00a0\u00abel conjunto de la situaci\u00f3n resulta intolerable\u00bb,\u00a0<\/em>que \u00abas\u00ed, de entrada a las trabajadora demandantes se les confina en un recinto vallado dentro de la misma finca, permaneciendo encerradas en varios momentos, aloj\u00e1ndolas en contenedores en las que se ubica entre 6 y 8 mujeres por contenedor en literas o colch\u00f3n en el suelo, sin agua potable y sin servicios ni ventanas; la cocina y los aseos son comunes, sirviendo para tales usos otros contenedores (sobre 12 mujeres han de hacer uso compartido de la cocina y aseos). El lugar donde se ubican los contenedores se encuentra sucio y en mal estado en general, as\u00ed como los contenedores mismos, los cuales adem\u00e1s presentan groseras goteras y desperfectos. Por estas condiciones terribles de insalubridad y falta de habitabilidad, encima a la trabajadora, en contra de lo pactado, se le cobra la cantidad de 3 euros\/d\u00eda, cantidad que, por lo dem\u00e1s, se descuenta directamente del salario, no entreg\u00e1ndose contrato alguno al efecto\u00bb.<\/em><\/span><\/p>\n

Sobre este asunto del alojamiento, las condiciones de habitabilidad y el cobro de una cantidad diaria a las trabajadoras, las denunciantes sostienen que en Marruecos nunca se les dijo que deber\u00edan convivir en m\u00f3dulos prefabricados con tres literas para seis trabajadoras, un m\u00f3dulo de ducha por cada 12 mujeres, una cocina-comedor tambi\u00e9n para cada docena de trabajadoras y un wc por cada seis; o que se les cobrar\u00edan el agua, la luz y el gas. Sobre el estado de los m\u00f3dulos, el propio informe de la Inspectora Sonia Galindo, (que en\u00a0Hechos Probados XIII Li\u00f1\u00e1n\u00a0<\/em>da \u00abpor reproducido\u00ab<\/em>), la magistrada destaca que en un informe de la empresa Quir\u00f3n Prevenci\u00f3n de 23 de mayo de 2018, 12 d\u00edas antes de la denuncia interpuesta por Bel\u00e9n Luj\u00e1n en la Inspecci\u00f3n de Trabajo en nombre de las diez\u00a0temporeras contra la esclavitud<\/em>\u00a0y otras 91 mujeres, \u00abse observa que todo se cumple\u00a0salvo\u00a0<\/strong>de forma parcial\u00bb lo relativo a las taquillas individuales de las temporeras, que no cumplen con la normativa al carecer de cerraduras. Quir\u00f3n tambi\u00e9n apunta que no se cumple con la superficie cama \u2013 trabajador, que la Ordenanza de Seguridad e Higiene dice que \u00abno ser\u00e1 inferior a cuatro metros cuadrados\u00bb. Seg\u00fan la informaci\u00f3n que obra en autos, cada m\u00f3dulo prefabricado es de 15 metros cuadrados, y en cada uno de ellos se alojan hasta seis trabajadoras en tres literas.<\/span><\/p>\n

En la demanda, las diez mujeres tambi\u00e9n se quejan de que algunos de los\u00a0contenedores<\/em>, como se nombra a los m\u00f3dulos prefabricados, \u00abpresentan groseras goteras y desperfectos\u00bb, aspecto que la empresa afirma desconocer. Los abogados han aportado v\u00eddeos grabados por las propias trabajadoras que corroboran su denuncia. En otro v\u00eddeo de observa el vallado de los\u00a0contenedores<\/em>\u00a0dentro de la misma finca. Las temporeras denunciaron que \u00abse les confina en un recinto vallado, permaneciendo encerradas en varios momentos\u00bb. Estos y otros v\u00eddeos no han sido admitidos como prueba en las diferentes causas judiciales del\u00a0caso Do\u00f1ana 1998<\/em>. La magistrada Li\u00f1\u00e1n no los menciona en sus sentencias.<\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, respecto de si los hermanos Matos cobraban a las temporeras por el alojamiento, llama la atenci\u00f3n que la Inspectora de Trabajo Galindo destaque como palabras textuales de la empresa que \u00abhab\u00edan realizado un c\u00e1lculo del consumo de luz, butano, etc\u2026 de 59 euros que se cobraba, porque imag\u00ednate los consumos que tienen\u00bb. Galindo tambi\u00e9n asegura que la propia empresa le hizo llegar un \u00abinforme de pago de gastos: luz agua y gas\u00bb que establece el cobro mensual de 59 euros a cada trabajadora alojada en la finca. La cifra \u00abviene dada por una media realizada a partir del consumo de los contadores de las viviendas y el gasto de butano\u00bb. Para la jueza Li\u00f1\u00e1n, \u00abnada<\/strong>\u00a0de lo que se narra en demanda alcanza visos m\u00ednimos de verosimilitud<\/strong>\u00ab.<\/span><\/p>\n

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