{"id":2256358,"date":"2024-06-26T00:05:39","date_gmt":"2024-06-25T22:05:39","guid":{"rendered":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/?p=2256358"},"modified":"2024-06-26T14:15:50","modified_gmt":"2024-06-26T12:15:50","slug":"recuerdo-de-la-infamia-caso-los-albertos-parte-2-el-tribunal-constitucional-polvora-del-rey","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/2024\/06\/26\/recuerdo-de-la-infamia-caso-los-albertos-parte-2-el-tribunal-constitucional-polvora-del-rey\/","title":{"rendered":"P\u00d3LVORA DEL REY: CASO \u00abLOS ALBERTOS\u00bb, Parte 2 (final)"},"content":{"rendered":"

P\u00d3LVORA DEL REY: CASO \u00abLOS ALBERTOS\u00bb<\/span><\/strong><\/h2>\n

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RECUERDO DE LA INFAMIA: CASO \u00abLOS ALBERTOS\u00bb \u2013 Parte 1: LA COARTADA (la \u00abBase Axiol\u00f3gica\u00bb de la Sentencia del Tribunal Constitucional 29\/2008)<\/span><\/a><\/strong><\/h2>\n

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RECUERDO DE LA INFAMIA: CASO \u00abLOS ALBERTOS\u00bb, Parte 2: EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: P\u00d3LVORA DEL REY.<\/span><\/h2>\n

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Seg\u00fan informa el diario digital elconfidencial.com, los empresarios conocidos como \u00abLos Albertos\u00bb, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, est\u00e1n esperando con impaciencia las gestiones que est\u00e1 realizando el Rey Juan Carlos I en el conflicto que enfrenta a Argentina y Uruguay por la pol\u00e9mica de las papeleras, es decir, la construcci\u00f3n de dos f\u00e1bricas de celulosa en el rio que separa ambos pa\u00edses.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan el diario, \u00abel \u00e9xito de la mediaci\u00f3n del Rey de Espa\u00f1a en el conflicto que enfrenta a Uruguay y Argentina a prop\u00f3sito de la construcci\u00f3n de dos plantas de celulosa en el r\u00edo Uruguay que separa ambos pa\u00edses, resultar\u00eda de vital importancia para el futuro de la papelera espa\u00f1ola Ence, cuyos primeros accionistas son Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los Albertos, y cuya acci\u00f3n podr\u00eda dispararse en Bolsa de confirmarse el acuerdo\u00bb.<\/span><\/p>\n

La informaci\u00f3n publicada se\u00f1ala que uno de los dos empresarios, Alcocer, \u00abes el mejor amigo y compa\u00f1ero de cacer\u00edas del Monarca de la \u00faltima d\u00e9cada\u00bb. Adem\u00e1s, asegura que \u00abes la primera vez que, de manera oficial, el Rey de Espa\u00f1a intermedia en un conflicto internacional en el que est\u00e1 involucrada una empresa espa\u00f1ola, si bien es ampliamente conocida su capacidad para, siempre a nivel privado, ayudar a las empresas espa\u00f1olas en el exterior\u00bb.<\/span><\/p>\n

http:\/\/www.rebelion.org\/noticia.php?id=40935<\/a><\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

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IN DUBIO, PRO RICO<\/strong><\/span><\/h2>\n
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\"P\u00d3LVORA<\/a><\/p>\n

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In dubio, pro rico. En el siglo xv, el icono la representa ciega, con los ojos vendados, para asegurar as\u00ed la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, pues la justicia debe ser impuesta sin miedo ni favoritismos, independientemente del dinero, el poder y la fuerza. A\u00f1os vistiendo la toga sirven para que la abogada Montse Su\u00e1rez, que fue durante un tiempo la cara m\u00e1s visible de Manos Limpias, concluya en este libro que la vieja dama se ha dejado por el camino sus principales atributos: la objetividad y la imparcialidad. En estas p\u00e1ginas de apasionante lectura se da cuenta de las tretas de los poderosos para eludir la acci\u00f3n de jueces y tribunales, el trato de favor que dispensa la casta pol\u00edtica a sus afines, las maniobras de determinados \u00e1mbitos econ\u00f3micos para controlar los resortes de poder relacionados con la Justicia\u2026 Con ritmo period\u00edstico, la autora relata en primera persona su experiencia en algunos de los principales procesos judiciales, desde el esc\u00e1ndalo de Mario Conde hasta el fraude del lino, pasando por el caso Telecinco, el tres por ciento en Catalu\u00f1a, el indulto a los mossos d\u2019esquadra, la doctrina Parot o la lucha por el poder en el Colegio de Abogados de Madrid. Tambi\u00e9n aporta datos nuevos, algunos sorprendentes, sobre el juego sucio en el caso N\u00f3os, que le hizo perder su trabajo de letrada en una entidad bancaria. Incluso han intentado expulsarla sin motivo alguno del ejercicio de la abogac\u00eda. La ley se estruja a conveniencia. Ya lo dice la expresi\u00f3n latina: en caso de duda, la justicia sigue favoreciendo al reo, s\u00ed\u2026 Pero m\u00e1s, mucho m\u00e1s, si este es rico y poderoso. In dubio, pro rico.<\/span><\/p>\n

\u201cLa justicia NO es igual para todos<\/strong>; in dubio pro rico\u201d, por Montse Su\u00e1rez<\/span><\/p>\n

La Esfera de los Libros, 2013<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

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LOS AMIGOS DE CAZA<\/strong><\/span><\/h2>\n

Por Montse Su\u00e1rez\u00a0<\/span><\/p>\n

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Tribunal Constitucional. Calle de Dom\u00e9nico Scarlatti, n\u00famero 6, en Madrid. Mi\u00e9rcoles 20 de febrero de 2008. Durante la ma\u00f1ana.<\/span><\/p>\n

Aquella fue una jornada negra para el Tribunal Constitucional, una m\u00e1s de las muchas que ha vivido el m\u00e1ximo garante de la Constituci\u00f3n. Lo que ocurri\u00f3 aquel d\u00eda fue considerado por muchos -tanto en el \u00e1mbito jur\u00eddico como en el mundo de la prensa- como un aut\u00e9ntico esc\u00e1ndalo. Por cinco votos frente a uno, el Tribunal Constitucional libr\u00f3 a Alberto Cortina y Alberto Alcocer de ir a la c\u00e1rcel, al estimar parcialmente el recurso de amparo presentado por los Albertos y revocar la sentencia del Tribunal\u00a0\u00a0Supremo que les conden\u00f3 a penas de tres a\u00f1os y cuatro meses de c\u00e1rcel a cada uno por delitos de estafa y falsedad en la compra de los terrenos de las Torres Kio. El fallo del tribunal marc\u00f3 el punto de inflexi\u00f3n al llamado caso Urbanor, una operaci\u00f3n por la que los Albertos obtuvieron un beneficio de m\u00e1s de veinticuatro millones de euros.\u00a0<\/span><\/p>\n

Pero, antes de seguir, hagamos un poco de historia. El 6 de enero de 1993, un d\u00eda antes de que acabase el plazo, se present\u00f3 una querella por falsedad y estafa contra ellos. El 29 ele diciembre de 2000 la Secci\u00f3n S\u00e9ptima de la Audiencia Provincial de Madrid declar\u00f3, con todo lujo de detalles, a Alberto Cortina de Alcocer y Alberto de Alcocer Torra responsables de haber estafarlo a sus socios en Urbanor, sociedad propietaria de los terrenos de la plaza de Castilla de Madrid donde hoy se alzan las Torres Kio, aunque absolvi\u00f3 a los demandados al co11Siderar que el delito hab\u00eda prescrito. En concreto se l1izo llegar a los socios minoritarios de Urbanor una suscripci\u00f3n preferente sobre los solares de las torres a un precio de 150.000 pesetas el metro cuadrado cuando, en realidad, los Albertos hab\u00edan pactado con los vendedores un precio de 231.000 pesetas. La venta se cerr\u00f3 el 7 de enero de 1987.<\/span><\/p>\n

El 14 de marzo de 2003 la Sala Segunda del Tribw1al Supremo cas\u00f3 la sentencia ratificando la censura moral de la Audiencia Provincial y conden\u00e1ndoles, adem\u00e1s, a penas de tres a\u00f1os y cuatro meses de prisi\u00f3n y seis mil euros de multa como autores de un delito de estafa y otro de falsedad en documento mercantil, al negar la prescripci\u00f3n de los delitos. Cuentan las cr\u00f3nicas de la \u00e9poca que cuando el Supremo dict\u00f3 la sentencia los cimientos del poder se tambalearon. Toda la prensa estaba pendiente de cazar la foto entrando en la c\u00e1rcel de Alberto Cortina y Alberto Alcocer, invitados ilustres en la boda de la bija del presidente del Gobierno en septiembre de 2002 y con excelentes relaciones no solo con el PP, sino tambi\u00e9n con La Zarzuela. A nadie extra\u00f1\u00f3, entonces, que teniendo tan alta recomendaci\u00f3n, los Albertos hiciesen llegar al Ministerio de Justicia su petici\u00f3n de indulto y al Tribunal Constitucional su solicitud de amparo. El principal argumento para la petici\u00f3n de la medida de gracia fue que ya hab\u00edan indemnizado \u00a0con veinticuatro millones y medio de euros a los accionistas minoritarios de Urbanor y que llevaban quince a\u00f1os pleiteando con ellos.<\/span><\/p>\n

Las buenas relaciones de Cortina y Alcocer con el PP tampoco eran ajenas a la opini\u00f3n p\u00fablica. La boda de Ana Aznar y Alejandro Agag sirvi\u00f3 para constatar algo que ven\u00eda de hace tiempo, concretamente, desde que los populares se hicieron con La Moncloa. En el entorno del palacio presidencial, sin embargo, se les miraba con recelo al principio, pues los Albertos pertenec\u00edan a la beautiful people crecida a la sombra del poder socialista. Eran amigos de Felipe Gonz\u00e1lez y, sobre todo, del \u00edntimo del expresidente del Gobierno, el fallecido empresario Enrique Sarasola. La desconfianza inicial, sin embargo, pronto se fue difuminando y en los archivos fotogr\u00e1ficos de la prensa rosa empezaron a verse im\u00e1genes como la de Alberto Ruiz-Gallard\u00f3n saliendo de un yate con el matrimonio Cortina-Cu\u00e9. Seg\u00fan se cont\u00f3 en la prensa por aquellos d\u00edas, el primo m\u00e1s joven intim\u00f3 con el alcalde de Madrid gracias al presidente de la C\u00e1mara de Comercio, Fernando Fern\u00e111dez-Tapias. Respecto a la asistencia de Alberto Alcacer y Alberto Cortina, con sus mujeres respectivas, a la boda de El Escorial, fuentes populares sostuvieron entonces que Azoar no mostr\u00f3 demasiado entusiasmo y que la invitaci\u00f3n, aunque cont\u00f3 con el visto bueno del padre de la novia, proced\u00eda de su yerno. Alberto Cortina y Alejandro Agag compart\u00edan estrecha amistad con el multimillonario italiano y gur\u00fa de la F\u00f3mula-1 Flavio Briatore, tambi\u00e9n invitado a la boda.<\/span><\/p>\n

Tras la sentencia del Tribunal Supremo, se habl\u00f3 -y as\u00ed se public\u00f3 en El Semanal Digital el 31 de marzo de 2003- de una llamada del rey al ministro de Justicia, Jos\u00e9 Mar\u00eda Michavilla, y al fiscal general del Estado, Jes\u00fas Cardenal, para tratar de frenar la entrada en prisi\u00f3n de los primos. Teniendo en cuenta la amistad que un\u00eda, sobre todo, a Alberto Alcocer con el monarca, no era de extra\u00f1ar para la prensa la preocupaci\u00f3n de este \u00faltimo. Seg\u00fan fuentes muy cercanas a don Juan Carlos, el primo mayor era de los poqu\u00edsimos privilegiados que estaban en contacto directo con \u00e9l a trav\u00e9s de su m\u00f3vil, pues pose\u00eda el n\u00famero real desde hac\u00eda tiempo y lo utilizaba con frecuencia. Lo hizo tambi\u00e9n, seg\u00fan pudo saber el semanario El Siglo, inmediatamente despu\u00e9s de que Jos\u00e9 .Mar\u00eda Azoar ganase las elecciones que le dieron la mayor\u00eda absoluta en marzo de 2000. Como es habitual, el reci\u00e9n reelegido presidente del Gobierno acudi\u00f3 a despachar con el rey para ponerle al tanto del proyecto del ejecutivo. Al cocer no lard\u00f3 en llamar al m\u00f3vil a don Juan Carlos para inquirirle sobre esa cuesti\u00f3n. Seguramente, el rey le debi\u00f3 contestar que no pod\u00eda contarle cuestiones de Estado.<\/span><\/p>\n

El 1 de abril de 2003 los Albertos interpusieron recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la resoluci\u00f3n del Supremo. Un recurso que, semanas despu\u00e9s, la Sala Segunda del Constitucional admiti\u00f3 a tr\u00e1mite y decidi\u00f3 suspender la ejecuci\u00f3n del ingreso en prisi\u00f3n. Aquello fue un filtro previo que no prejuzgaba el fo1tclo de la cuesti\u00f3n, pero que numerosos juristas – entre los que me incluyo – consideramos \u00abuna decisi\u00f3n poco com\u00fan, porque son muchas las veces que el Constitucional ha negado la admisi\u00f3n a tr\u00e1mite de recursos mucho m\u00e1s fundamentados y con m\u00e1s carga de lesi\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb. De hecho, de cada veinte que recibe suele admitir uno o, lo que es lo mismo, se limita a aceptar el cinco por ciento del total.<\/span><\/p>\n

La decisi\u00f3n de este tribunal evit\u00f3 al ejecutivo de Jos\u00e9 Mar\u00eda Aznar una diligencia que le resultaba, cuando menos, inc\u00f3moda y acord\u00f3 aplazar el pronunciamiento sobre el indulto basta que el Constitucional resolviese la solicitud de amparo, que tard\u00f3 en llegar nada menos que cinco a\u00f1os. De hecho el retraso pudo traer a los condenados m\u00e1s de una alegr\u00eda: si el Constitucional no se pronunciaba antes del14 de marzo de 2008, las penas prescribir\u00edan autom\u00e1ticamente.<\/span><\/p>\n

Preocupados por la deriva que estaban tomando las cosas a cuenta de las noticias period\u00edsticas sobre la prescripci\u00f3n que se ven\u00eda encima, los demandantes remitieron el 15 de febrero un escrito al Constitucional solicitando que, dada la importancia del caso a tratar, el recurso fuera visto por el pleno del alto tribunal en lugar de por una de sus salas. La respuesta -en forma de sentencia- lleg\u00f3 el d\u00eda 20 de febrero, a toda prisa, con nocturnidad, cierta alevos\u00eda y sin aviso de ninguna clase a Las partes. El fallo del Constitucional – del que fue ponente el actual presidente del m\u00e1ximo garante de la Ca1ta Magna, Pascual Sala- consider\u00f3 que la decisi\u00f3n del Supremo \u00abvulner\u00f3 el derecho de los demandantes a la tutela judicial efectiva en relaci\u00f3n con el derecho de la libertad personal\u00bb.<\/span><\/p>\n

Para el Constitucional la prescripci\u00f3n estaba conectada con el derecho fundamental a la libertad y con la limitaci\u00f3n del ejercicio del ius puniendi del Estado, que renuncia al mismo cuando no realiza actuaciones para la averiguaci\u00f3n y castigo del delito en el tiempo establecido por la ley. En su d\u00eda el Supremo entendi\u00f3 que la querella presentada contra los empresarios, el ella anterior a la prescripci\u00f3n de los posibles delitos, cumpl\u00eda todos los requisitos legales y fall\u00f3 la condena. Seg\u00fan el Constitucional, dicha querella era una solicitud de iniciaci\u00f3n del procedimiento\u00bb y no \u00abun procedimiento ya iniciado, por lo que el auto de incoaci\u00f3n de diligencias previas se dict\u00f3 trece d\u00edas despu\u00e9s del vencimiento del plazo de prescripci\u00f3n\u00bb. El magistrado Ram\u00f3n Rodr\u00edguez Arribas discrep\u00f3 de la sentencia, al entender que la decisi\u00f3n del Supremo estuvo bien fundamentada. Para Rodr\u00edguez Arribas, el Constitucional invadi\u00f3 funciones interpretativas que corresponden a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. Tampoco comparti\u00f3 el an\u00e1lisis especifico que se hizo respecto ele las circunstancias que concurren sobre la discutida prescripci\u00f3n y advirti\u00f3 de que, de generalizarse la doctrina en la que se basa la decisi\u00f3n del Constitucional, podr\u00eda resentirse el sistema judicial y convertirse en una garant\u00eda a favor del reo en instrumento, o al menos en causa involuntaria de impunidad de las infracciones penales.<\/span><\/p>\n

Si en algo tuvieron raz\u00f3n Alberto Cortina y Alberto Alcocer fue en que resultaba absolutamente inadmisible que el Constitucional tardase cinco a\u00f1os en pronunciarse, al punto de que en t\u00e9rminos de censura social pagaron con creces los tres a\u00f1os y cuatro meses de c\u00e1rcel que el Supremo les impuso. Por su parte, los accionistas minoritarios de Urbanor se\u00f1alaron en un comunicado que los empresarios segu\u00edan siendo culpables de estafa y falsedad en documento p\u00fablico y que ten\u00edan pendiente el pago de m\u00e1s de cuarenta millones de euros en indemnizaciones.<\/span><\/p>\n

Los peri\u00f3dicos del d\u00eda siguiente eran dinamita contra la sentencia del Tribunal Constitucional. En cuatro columnas de su portada, el diario El Mundo titul\u00f3: \u00abEl TC libra a los Albertos de ir a la c\u00e1rcel pese a admitir que estafaron\u00bb. El editorial puso negro sobre blanco que la justicia, cuando se trata de poderosos, no es igual para todos: \u00abEl fallo del Constitucional [ … ] es una verdadera burla a la justicia, que consagra el principio de impunidad de los poderosos y degrada todav\u00eda m\u00e1s la menguada credibilidad del alto tribunal. Su sentencia supone un cambio de la doctrina que el TC hab\u00eda venido aplicando hasta hace muy poco y un bofet\u00f3n al propio Supremo. El nuevo criterio es sencillamente absurdo porque hace depender la prescripci\u00f3n de la voluntad del juez, que no tiene ning\u00fan plazo marcado para admitir la denuncia o la querella. [ … ] El Constitucional ha preferido dejar de sancionar esa estafa al aplicar una nueva doctrina que favorece la impunidad del delincuente. El viejo principio del decreto romano establece que in ubio, pro reo. Lo que el Constitucional ha entendido es in dubio, pro rico, dejando claro que hay diversas clases de justicia seg\u00fan la renta y valedores de cada uno\u00bb. \u00abSalvar millonarios tan golfos es haza\u00f1a solo al alcance de juristas progresistas: C\u00e1ndido, Bermejo o el ponente Pascual Sala\u00bb, escrib\u00eda Federico Jim\u00e9nez Losantos en su columna en El Mundo.<\/span><\/p>\n

Hasta el peri\u00f3dico mon\u00e1rquico ABC subray\u00f3 en un editorial titulado \u00abUna sentencia inquietante\u00bb que el fallo del Constitucional era \u00abuna decisi\u00f3n con graves consecuencias institucionales y jur\u00eddicas\u00bb. \u00abLa v\u00edctima de este conflicto institucional -a\u00f1adi\u00f3- es la seguridad jur\u00eddica y el equilibrio entre \u00f3rganos constitucionales, el Constitucional y el Supremo. Pero si graves son las consecuencias de esta sentencia en las relaciones entre ambos tribunales, tambi\u00e9n lo son en la capacidad del Estado para combatir eficazmente el crimen. [ … ] Esta doctrina hace necesaria una urgente reforma del C\u00f3digo Penal que establezca, como propone el PP, la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo y ampl\u00ede los plazos de prescripci\u00f3n de otros delitos graves\u00bb.<\/span><\/p>\n

El dedo en la llaga del asunto lo puso .Jes\u00fas Cacho en su columna de El Confidencial: \u00abConsternaci\u00f3n por el significado procesal, jur\u00eddico y pol\u00edtico que tiene la sentencia conocida ayer; verg\u00fcenza porque la situaci\u00f3n. de deterioro de la justicia est\u00e1 tomando proporciones tan alarmantes que mejor esconder la cabeza bajo el ala para no reparar en los perniciosos efectos que, en t\u00e9rminos de fu turo colectivo y convivencia en democracia, representa esta justicia severa con el pobre y d\u00f3cil con el poderoso, justicia que hace trizas el principio de igualdad de todos ante la ley, justicia cada d\u00eda menos digna de tal nombre, es decir, m\u00e1s injusta, y adem\u00e1s lenta, terriblemente lenta, incapaz en su laxitud de dar respuesta a las exigencias de una sociedad y una econom\u00eda modernas. [ … ] Los espa\u00f1oles avisados hab\u00edan comenzado a sospechar de inmediato que la pareja – los Albertos- terminar\u00eda por salirse con Ia suya, no por la fuera\u00bb‘ de son argumentos en Derecho, sino en raz\u00f3n de la importancia de sus apoyos pol\u00edticos, a la cabeza de los cuales se encontraba se encuentra- el mism\u00edsimo rey de Espa\u00f1a, \u00edntimo amigo de francachelas de Alberto Alcocer Torra. [ … ] Una sentencia que salpica peligrosamente al rey y, por ende, a la propia instituci\u00f3n mon\u00e1rquica. Es ya una realidad que en la democracia espa\u00f1ola no se aplica un mismo C\u00f3digo Penal a todos los ciudadanos. Un chorizo sin posibles puede terminar entre rejas si roba cien euros, pero si afana mil millones, entonces tranquilo, sobre todo si es millonario y cuenta con amigos importantes. El entra\u00f1able \u00bbTodo por la patria\u00bb de la Guardia Civil ha sido sustituido por el m\u00e1s realista \u00bbTodo por la pasta\u00bb. Tiempo habr\u00e1 para referirse a las technicalities de esta sentencia, as\u00ed como al ejercicio de honestidad que con su voto particular realiz\u00f3 ayer Ram\u00f3n Rodr\u00edguez Arribas. De momento, pongamos en valor el viejo principio de Jeremy Bentham, seg\u00fan el cual \u00abtoda ley es un mal, en tanto en cuando su aplicaci\u00f3n depende del capricho de unos jueces a menudo plegados al poder coercitivo del pr\u00edncipe\u00bb. El pr\u00edncipe y Don Dinero\u00bb.<\/span><\/p>\n

A\u00f1os despu\u00e9s, tras el estallido del caso Urdangarin, Jes\u00fas Cacho se\u00f1alaba que \u00abexisten pocas dudas de que el anta\u00f1o experto balonmanista, graduado despu\u00e9s en pelotazos varios contra la cuenta de resultados de empresas y administraciones, va a terminar en el banquillo si es que el rey, que se involucr\u00f3 de lleno ante el Constitucional a la hora de impedir que su amigo Alberto Alcocer diera con sus huesos en la c\u00e1rcel tras el caso Urbanor, decidiera cruzarse de brazos en un asunto que directamente afecta tambi\u00e9n a su propia hija, s\u00e9ptima en la l\u00ednea de sucesi\u00f3n al trono de Espa\u00f1a, cosa que est\u00e1 por ver\u00bb.<\/span><\/p>\n

Poco antes de la sentencia del Tribunal Constitucional se pudo ver al rey cazando en El Avellanar, la finca de cuatro mil hect\u00e1reas que Alberto Alcocer tiene en Navas de Estena, al noroeste de la provincia de Ciudad Real. As\u00ed lo contaron varios diarios digitales, que como detalle se\u00f1alaron que fueron dos jueves consecutivos del mes de enero de 2008. Esa informaci\u00f3n llev\u00f3 a tertulianos de diversos programas de televisi\u00f3n y radio a concluir que no era tal el distanciamiento que por aquellos d\u00edas parec\u00eda existir entre el monarca y los Albertos. \u00abEl Avellanar es una finca may\u00fascula, la envidia de todo terrateniente, ideal tanto para la mayor como para la menor, y una escopeta como la del rey no se pod\u00eda sustraer a sus encantos por mucho, y muy malo, que hubiera hecho el bueno de Alcacer. Existe una tendencia natural, una inclinaci\u00f3n vital, de los jefes de Estado y de la aristocracia patria por ese deporte tan vinculado a la naturaleza como es el de la caza. A Franco le gustaba ir de ojeo con el conde de Teba, la mejor escopeta que haya visto jam\u00e1s este pa\u00eds, campe\u00f3n del mundo de tiro al pich\u00f3n; y al rey le gusta hacer lo propio con Alberto Alcacer, que todav\u00eda no tiene t\u00edtulo nobiliario, pero que todo se andar\u00e1. Tiempo al tiempo\u00bb, se sostuvo en un art\u00edculo sin firma publicado en la web de El Confidencial.<\/span><\/p>\n

Mucho se ha escribo en peri\u00f3dicos y en la web sobre la amistad de don Juan Carlos con Alberto Cortina y Alberto Alcocer, compa\u00f1eros del monarca, seg\u00fan dicen, \u00aben todo tipo de cacer\u00edas\u00bb. En el ranking de los diez cazadores con trofeo record en Espa\u00f1a se encuentran el rey, Adolfo Su\u00e1rez lllana, Miguel Corsini, los Albertos y Juan Abell\u00f3. Cuentan que con el socio y valedor de Mario Conde en Antibi\u00f3ticos S. A. y Banesto don Juan Carlos manten\u00eda un pique porque en agosto de 2007 Abell\u00f3 le arrebat\u00f3 el primer puesto en el ranking de caza mayor, al abatir a un ciervo de 228 puntos en la finca El Palomar. Dicen que este coto es \u00abun espacio cineg\u00e9tico de lujo\u00bb, donde un cazador puede llegar a pagar 30.000 euros por abatir un ciervo.<\/span><\/p>\n

El 18 de febrero de 2009, en el contexto de una tertulia radiof\u00f3nica en la que se hablaba sobre la cacer\u00eda en la que coincidieron el juez Garz\u00f3n y entonces ministro de Justicia, Mariano Fern\u00e1ndez Bermejo, antes de que se destapase el caso G\u00fcrtel, el periodista Federico Jim\u00e9nez Losantos dijo: \u00abUno de los grandes cazadores en Espa\u00f1a es Alberto Alcocer… Tendr\u00eda que estar en la c\u00e1rcel y no lo est\u00e1. <.Por qu\u00e9? Porque caza donde tiene que cazar y con quien tiene que cazar, ni m\u00e1s ni menos que con Su Majestad. Es mucho mejor cazar con el rey que cazar con Bermejo. \u00bfpor qu\u00e9? Porque Bermejo deja un rastro horroroso. El rey tambi\u00e9n, pero no lo siguen\u00bb. Estas declaraciones motivaron que el empresario interpusiese una demanda al periodista, que la justicia termin\u00f3 desestimando y Alcocer fue condenado al pago de Las costas judiciales. La juez Mar\u00eda Teresa de la Asunci\u00f3n concluy\u00f3 en su fallo que, ante esas expresiones de Losantos, \u00abdebe manifestarse que es un hecho notorio que Su Majestad el rey y Alberto Alcocer han participado juntos en diversas cacer\u00edas y as\u00ed han dado cuenta los medios de comunicaci\u00f3n\u00bb. Tras argumentar que \u00abse trata de unas declaraciones emitidas con la espontaneidad que tienen los debates radiof\u00f3nicos\u00bb, por lo que no se pueden entender corno \u00abvejatorias para el se\u00f1or Alcocer\u00bb, la sentencia prim\u00f3 el derecho a la libertad de expresi\u00f3n ante el derecho al honor, puesto que cuando hay un conflicto entre derechos fundamentales \u00abha de estarse al contexto en que se producen las expresiones, a la proyecci\u00f3n p\u00fablica de la persona a la que se dirigen las expresiones y a la gravedad de las mismas\u00bb. Adem\u00e1s se\u00f1al\u00f3 que \u00abla jurisprudencia ha destacado la debilidad de la protecci\u00f3n del derecho al honor en los supuestos de cr\u00edtica pol\u00edtica que se considera amparada por el leg\u00edtimo ejercicio de las libertades de expresi\u00f3n y comunicaci\u00f3n\u00bb. \u00abResulta incuestionable el inter\u00e9s p\u00fablico y relevancia general de la tem\u00e1tica determinante de la cr\u00edtica\u00bb, apunt\u00f3 la magistrada.<\/span><\/p>\n

Por otra parte, El Confidencial lleg\u00f3 a publicar en el a\u00f1o 2006 una informaci\u00f3n que con el t\u00edtulo \u00abEl rey trabaja para sus amigos los Albertos\u00bb sosten\u00eda que \u00abes la primera vez que, de manera oficial, el monarca intermedia en un conflicto internacional en el que est\u00e1 involucrada una empresa espa\u00f1ola\u00bb. Seg\u00fan el diario digital, \u00abAlberto Cortina y Alberto Alcacer est\u00e1n esperando con impaciencia las gestiones que est\u00e1 realizando el rey Juan Carlos I en el conflicto que enfrenta a Argentina y Uruguay por la pol\u00e9mica de las papeleras, es decir, la construcci\u00f3n de dos f\u00e1bricas de celulosa en el r\u00edo que separa ambos pa\u00edses\u00bb. Para El Confidencial, \u00abel \u00e9xito de la mediaci\u00f3n del rey de Espa\u00f1a en el conflicto que enfrenta a Uruguay y Argentina a prop\u00f3sito de la construcci\u00f3n de dos plantas de celulosa en el r\u00edo Uruguay que separa ambos pa\u00edses resultar\u00eda de vital importancia para el futuro de la papelera espa\u00f1ola En ce, cuyos primeros accionistas son Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los Albertos, y cuya acci\u00f3n podr\u00eda dispararse en bolsa de confirmarse el acuerdo\u00bb.<\/span><\/p>\n

Pero volvamos al caso Urbanor. Tras el fallo del Tribunal Constitucional, los socios minoritarios recurrieron a la v\u00eda civil – que ya hab\u00eda sido abierta por el Supremo- para exigir que los dos primos les compensasen por los perjuicios que a su juicio les ocasionaron. As\u00ed, el 4 de septiembre de 2009 el Juzgado de Primera Instancia n\u00famero 3 de Madrid conden\u00f3 a Alberto Cortina y Alberto Alcocer a abonar indemnizaciones que sumaban 10,8 millones de euros a accionistas minoritarios afectados por la estafa del llamado esc\u00e1ndalo Urbanor. La sentencia, de veintitr\u00e9s p\u00e1ginas, estima en parte la demanda formulada por Jos\u00e9 Luis San Marlin Abad y cincuenta demandantes m\u00e1s, y declara la responsabilidad civil de los primos, a los que conden\u00f3 a abonar la indemnizaci\u00f3n de forma solidaria.<\/span><\/p>\n

De lo que no se libraron los Albertos fue de sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados por el caso de la presunta carta falsa utilizada para incriminar a sus socios y conseguir la revisi\u00f3n de su condena por estafa en la venta de los terrenos donde se sit\u00faan las Torres Kio. Lo hicieron el 14 de septiembre y en octubre la Secci\u00f3n S\u00e9ptima de la Audiencia de Madrid les impuso cuatro meses de prisi\u00f3n por intento de estafa. Los Albertos fueron condenados tambi\u00e9n a pagar una multa de 192.000 euros cada uno por un delito de acusaci\u00f3n y denuncia falsa y a indemnizar a sus antiguos socios en Urbanor, Pedro Santieri y Julio San Mart\u00edn, con 15.000 euros, y a Francisco Castell\u00f3 y Luis Garc\u00eda con otros 7.500 euros por da\u00f1os morales. La sentencia, de la que fue ponente la magistrada \u00c1ngela Acevedo Fr\u00edas, conden\u00f3 tambi\u00e9n a los hermanos Jos\u00e9 Mar\u00eda y Javier Arn\u00e1iz y a la documentalista Gloria \u00c1lvarez – hija del periodista ya fallecido C\u00e1ndido- a un total de veinte meses de prisi\u00f3n por haber falsificado la carta. El tribunal absolvi\u00f3 a los letrados Ram\u00f3n Hermosilla e Ignacio Pel\u00e1ez de los delitos de falsedad y estafa procesal. La sentencia consider\u00f3 \u00absorprendente\u00bb que Cortina y Alcacer no encargasen su personaci\u00f3n ante el Supremo a abogados como Ram\u00f3n Hermosilla, el exdecano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hern\u00e1ndez-Gil, Gonzalo Rodr\u00edguez Mourullo o Manuel Delgado, que les ven\u00edan asesorando en el caso Urbanor, y confiasen el caso al exfiscal Ignacio Pel\u00e1ez, pero el tribunal no encontr\u00f3 motivos para creer que Hermosilla y Pel\u00e1ez estuviesen al tanto de la falsificaci\u00f3n y resolvi\u00f3 que ambos siguieron instrucciones de sus clientes.<\/span><\/p>\n

La sentencia, confirmada en su d\u00eda por el Supremo, consider\u00f3 que los Albertos \u00abconoc\u00edan sobradamente\u00bb la falsedad de la carta, fechada el 2 de octubre de 2000, firmada por Pedro Santieri y dirigida al constructor Julio San Mart\u00edn. En ella el arquitecto daba instrucciones al constructor para que ocultara al tribunal que iba a juzgar el caso Urbanm\u00b7 un mes despu\u00e9s que conoc\u00eda la existencia de precios diferentes en la venta de los terrenos que ocupan las Torres Kio. La Audiencia Provincial concluy\u00f3 que el conocimiento de la falsedad del documento \u00abno les impidi\u00f3 personarse como acusaci\u00f3n\u00bb contra sus socios en el procedimiento abierto en enero de 2004 por los Juzgados de Instrucci\u00f3n de Madrid, a ra\u00edz de la aparici\u00f3n de la carta. Adem\u00e1s, los empresarios aportaron la misiva falsa para tratar de enga\u00f1ar al Tribunal Supremo junto con el recurso de revisi\u00f3n contra la sentencia de 14 de mano de 2003 que les conden\u00f3 a tres a\u00f1os y cuatro meses de c\u00e1rcel.<\/span><\/p>\n

El 29 de abril de 2013 el Ministerio de Justicia acord\u00f3 rechazar la concesi\u00f3n de indulto solicitado por los Albertos. A tenor de la cuant\u00eda de la condena, los primos no entrar\u00e1n en prisi\u00f3n, pero la misma quedar\u00e1 reflejada en sus antecedentes penales -que es lo que la pareja trataba de evitar-, situ\u00e1ndoles en el disparadero de entrar en la c\u00e1rcel en caso de una eventual nueva condena y con independencia de la duraci\u00f3n de la misma.<\/span><\/p>\n

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El Rey est\u00e1 desnudo<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

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AGUALLO, LOS ALBERTOS Y JUAN CARLOS I<\/span><\/h2>\n

Por\u00a0Ernesto Ekaizer<\/span><\/p>\n

Art\u00edculo publicado el 13 de abril de 2015 en<\/span><\/div>\n
https:\/\/elpais.com\/politica\/2015\/04\/13\/analitica\/1428909830_142890.html<\/span><\/a><\/div>\n
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\"P\u00f3lvora<\/a><\/p>\n

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E<\/strong>l magistrado Angel Aguallo elabor\u00f3 el informe, en calidad de letrado del Tribunal Constitucional, que sirvi\u00f3 de borrador a la sentencia que el 20 de febrero de 2008 libr\u00f3 de la pena de tres a\u00f1os y cuatro meses de prisi\u00f3n, impuesta por el Tribunal Supremo, a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, a trav\u00e9s de una reinterpretaci\u00f3n de la doctrina vigente sobre la prescripci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Aguallo, que pas\u00f3 m\u00e1s tarde a ser magistrado de la sala tercera del Tribunal Supremo, la contencioso-administrativa, participaba por aquellas fechas junto con I\u00f1aki Urdangar\u00edn, yerno del rey Juan Carlos, en un comit\u00e9 de gesti\u00f3n de Pernod Ricard Espa\u00f1a, filial de la multinacional productora y distribuidora de bebidas alcoh\u00f3licas, vinos y espirituosos. Urdangar\u00edn ya hab\u00eda abandonado sus negocios con el Instituto N\u00f3os.<\/span><\/p>\n

Manuel Gonz\u00e1lez Peeters, abogado de Diego Torres, ex socio de Urdangar\u00edn, ha propuesto en su escrito de defensa a Aguallo y a otro miembro del citado comit\u00e9, el fiscalista Francisco Ortiz, como testigos en el juicio oral del caso N\u00f3os. Torres quiere probar que las facturas que present\u00f3 para cobrar por un proyecto de responsabilidad social corporativa (RSC) para Pernod Ricard son veraces. La Agencia Tributaria dice que son falsas.<\/span><\/p>\n

Diversos correos cruzados entre Urdangar\u00edn y Aguallo, registrados en sus cuentas del Constitucional y del Supremo, atestiguan numerosas reuniones a lo largo de meses para evaluar el proyecto de RSC.<\/span><\/p>\n

Mientras esto ocurr\u00eda en Pernod Ricard, el letrado Aguallo preparaba en el Constitucional, en febrero de 2008, un informe para la sentencia en el\u00a0caso de los Albertos<\/em>. El letrado, que es\u00a0experto en fiscalidad mas no en derecho penal, escrib\u00eda el borrador de la sentencia para que, a su vez, el ponente, el magistrado Pascual Sala, especializado en contencioso-administrativo, hiciera su exposici\u00f3n y redactara la sentencia.<\/span><\/p>\n

Todo empieza el 25 de enero de 2001. La secci\u00f3n s\u00e9ptima de la Audiencia Provincial de Madrid, formada por Mar\u00eda Luisa Aparicio, Ana Mar\u00eda Ferrer y Jos\u00e9 Antonio Alonso, confirma la estafa, pero absuelve a los empresarios. Considera prescrito el delito. Ambos enga\u00f1aron en 1987 a sus socios en la negociaci\u00f3n de la venta del conjunto de Urbanor, sociedad propietaria de los terrenos donde se construyeron las Torres KIO, en la madrile\u00f1a Plaza de Castilla. A los socios minoritarios de Urbanor se les ofreci\u00f3 una suscripci\u00f3n preferente sobre los solares a un precio de 150.000 pesetas metro cuadrado. Pero Cortina y Alcocer hab\u00edan pactado previamente con los vendedores un precio de 231.000 pesetas.<\/span><\/p>\n

\u00bfCu\u00e1l es, entonces, el problema? El 6 de enero de 2003, un d\u00eda antes de finalizar el plazo legal para la prescripci\u00f3n, se presenta una querella por falsedad y estafa contra los dos primos con defectos a subsanar. Ello no resta validez, seg\u00fan la jurisprudencia del Supremo, a la interrupci\u00f3n del plazo de prescripci\u00f3n. Sin embargo, la Audiencia Provincial absuelve a los empresarios por esa raz\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Los afectados y la Fiscal\u00eda recurren. El Tribunal Supremo falla a favor de los recursos y restituye la doctrina vigente: una querella cumple el requisito de la ley cual es \u201cdirigir el procedimiento contra el culpable\u201d e interrumpe los plazos de prescripci\u00f3n del delito.<\/span><\/p>\n

Los empresarios son condenados el 14 de marzo de 2003 a tres a\u00f1os y cuatro meses de prisi\u00f3n cada uno. Piden indulto al Gobierno y amparo al Constitucional. El TC admite a tr\u00e1mite el recurso en julio; los primos se salvan de la prisi\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Y cuando toca mover baza al Constitucional entra en escena Aguallo. En paralelo, los d\u00edas 20 y 21 de febrero se concreta una comida-reuni\u00f3n donde Aguallo, Urdangar\u00edn, Ort\u00edz, y el presidente y director general de Pernod Ricard Espa\u00f1a, Philippe Coutin, escuchar\u00e1n a Diego Torres.<\/span><\/p>\n

El 25 de febrero, en la sobremesa que mantienen en el restaurante Gaztelupe, seg\u00fan fuentes consultadas, Aguallo exhibe su euforia por la sentencia y, ufano, dice que est\u00e1 muy contento porque esa noche ha sido invitado a una cena para celebrarlo con \u201cel se\u00f1or\u201d, en referencia al rey Juan Carlos. Aguallo hac\u00eda gala de su estrecha relaci\u00f3n con el monarca, quien, por otro lado, mantiene una larga amistad con los empresarios Cortina y Alcocer.<\/span><\/p>\n

Tres semanas despu\u00e9s de la sentencia, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprueba, el 12 de marzo de 2008, el acuerdo para \u201cnombrar para esta plaza [sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo] a D. Angel Aguallo Avil\u00e9s, Catedr\u00e1tico de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de C\u00f3rdoba, y Letrado del Tribunal Constitucional\u201d.<\/span><\/p>\n

Fuentes jur\u00eddicas se\u00f1alaron ya entonces que el nombramiento fue precipitado a \u00faltima hora, desplazando a otro jurista con cualificaciones mayores, reflejo de los lazos que un\u00edan a Aguallo con el rey Juan Carlos. El magistrado que pierde ser\u00e1 pocos meses despu\u00e9s, por sus propios m\u00e9ritos, nombrado para la sala tercera del Tribunal Supremo.<\/span><\/p>\n

La sentencia del 20 de febrero de 2008 provoca un terremoto en las instituciones judiciales. A los susurros sobre el v\u00ednculo de Aguallo con el Rey, se une la decisi\u00f3n de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de presentar batalla. Una reuni\u00f3n plenaria adopta el 26 de febrero un acuerdo. Se acusa al Constitucional de \u201cvaciar de contenido\u201d el art\u00edculo 123 de la Constituci\u00f3n al interpretar cuestiones de legalidad ordinaria entrando en terreno del Supremo.<\/span><\/p>\n

Los magistrados de la Sala Segunda explican que para determinar si un delito ha prescrito se debe tomar como referencia la fecha en la que es interpuesta una denuncia o querella, no el momento en que un juez la admite a tr\u00e1mite.<\/span><\/p>\n

El fiscal general del Estado, C\u00e1ndido Conde-Pumpido, magistrado en excedencia del Tribunal Supremo, es quien marca el ritmo. En rueda de prensa, explica que discrepa \u201ctotal, radical y profundamente con la sentencia del Constitucional\u201d, advierte que los empresarios \u201cse quedar\u00e1n con el dinero\u201d, 50 millones de euros, y concluye que la resoluci\u00f3n \u201cno es la m\u00e1s adecuada para defender a las v\u00edctimas\u201d.<\/span><\/p>\n

El pleno del TC reacciona con una carta dirigida al Gobierno de Zapatero en la que comunica su rechazo e irritaci\u00f3n por la comparecencia del fiscal general del Estado y pide medidas.<\/span><\/p>\n

La sentencia salva a\u00a0los Albertos\u00a0<\/em>de ir a prisi\u00f3n. Pero el Gobierno reforma el C\u00f3digo Penal en 2010. La presentaci\u00f3n de una querella o denuncia interrumpe el plazo de prescripci\u00f3n, como quer\u00eda el Tribunal Supremo, pero se le pone al juez un plazo de seis meses para resolver si la admite a tr\u00e1mite.<\/span><\/p>\n

Ni con la doctrina vigente en 2001 ni con esta nueva norma, coinciden juristas consultados, la secci\u00f3n s\u00e9ptima de la Audiencia de Madrid -formada, entre otros, por magistrados del perfil de Jos\u00e9 Antonio Alonso, m\u00e1s tarde ministro de los gobiernos de Zapatero, y de Ana Mar\u00eda Ferrer, primera mujer que ingresa, en 2014, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo- podr\u00eda haber absuelto por prescripci\u00f3n a Alcocer y a Cortina.<\/span><\/p>\n

El magistrado Aguallo, respecto de quien el CGPJ ha solicitado informes por sus v\u00ednculos con la empresa Pernod Ricard \u2013incompatibles con el ejercicio de la magistratura- sufre desde hace ya cierto tiempo las secuelas de una enfermedad que afecta su movilidad y el habla, lo que ha motivado bajas reiteradas en su actividad.<\/span><\/p>\n

Ponente y disidente, siete a\u00f1os despu\u00e9s<\/strong><\/span><\/h3>\n

Pascual Sala recuerda que la decisi\u00f3n adoptada en 2008 fue \u201cmuy pol\u00e9mica, seg\u00fan dijo a \u00e9ste peri\u00f3dico el expresidente del Tribunal Constitucional.<\/span><\/p>\n

\u201cYo introduje modificaciones en el informe del letrado, que, por lo que recuerdo, sol\u00eda escribir textos muy largos. Tengo que decir que no le conoc\u00eda especialmente. Pero, s\u00ed, fue un asunto que se discuti\u00f3 mucho\u201d, se\u00f1al\u00f3 a preguntas de \u00e9ste diario.<\/span><\/p>\n

El \u00fanico voto particular el 20 de febrero de 2008 fue el del magistrado Ram\u00f3n Rodr\u00edguez Arribas, exvicepresidente del Tribunal Constitucional.<\/span><\/p>\n

\u201cMe qued\u00e9 solo. Ya hab\u00eda presentado voto particular en 2005 cuando se introdujeron cambios en el tema de la prescripci\u00f3n. Supuso entrar a legislar en una materia que, seg\u00fan hab\u00edamos dicho reiteradamente, era terreno del Tribunal Supremo. En 2008, me mantuve en mi posici\u00f3n de siempre. No estaba de acuerdo con un cambio que, adem\u00e1s, beneficiaba a los m\u00e1s sinverg\u00fcenzas\u201d.<\/span><\/p>\n

Tanto Sala como Rodr\u00edguez Arribas no ocultan su sorpresa por los trabajos que pudo realizar el magistrado Aguallo en la empresa Pernod Ricard, seg\u00fan han le\u00eddo en los medios de comunicaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

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EL RASTRO ‘OFFSHORE’ DE CANONICA, ABOGADO DE CONFIANZA DEL REY EM\u00c9RITO… Y DE LOS ALBERTOS<\/span><\/h2>\n

Por\u00a0Daniele Grasso<\/span><\/p>\n

Art\u00edculo publicado 17 de julio de 2018 en<\/span><\/div>\n
https:\/\/www.elconfidencial.com\/espana\/2018-07-14\/corinna-juan-carlos-dante-canonica_1592654\/<\/span><\/a><\/div>\n

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Hay una figura omnipresente en cualquier historia que acontezca en un\u00a0para\u00edso fiscal<\/a>. Tiene que ser limpia, poco sospechosa y de confianza. Su papel es contactar con alguien que lleve el papeleo de una sociedad ‘offshore’ o\u00a0gestione la burocracia<\/strong>\u00a0de un ‘trust’. Es el anillo de la cadena que une un bufete como\u00a0Mossack Fonseca<\/a>\u00a0con los beneficiarios reales de las estructuras que crean. Es la figura del intermediario.<\/span><\/p>\n

En\u00a0el caso de las escuchas<\/a>\u00a0de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la empresaria acusa al rey Juan Carlos de esconder su fortuna en Suiza y de\u00a0cobrar comisiones de empresarios espa\u00f1oles<\/strong>, tambi\u00e9n hay un intermediario. Se trata de Dante Canonica, abogado residente en Ginebra, pero nacido en un pueblo del cant\u00f3n Tesino, en la suiza italiana, hace 65 a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

Su nombre aparece en una grabaci\u00f3n en la que Corinna deja caer que el monarca em\u00e9rito est\u00e1 tratando de poner a nombre de su primo, \u00c1lvaro de Orleans, \u00abcosas\u00bb que estaban a nombre de ella. Adem\u00e1s, existen unas supuestas cuentas del Rey en Suiza, asegura la empresaria, que se pusieron a nombre de \u00c1lvaro de Orleans, residente en M\u00f3naco, para evitar declararlas al fisco espa\u00f1ol. Todo se hizo, asegura, \u00aba trav\u00e9s de Dante\u00bb.\u00a0Dante Canonica<\/strong>\u00a0es el tr\u00e1mite necesario<\/strong>, como ya lo fue, en Espa\u00f1a en Suiza, para familias del nivel de los Borb\u00f3n Dos Sicilias o para empresario de primera l\u00ednea como Alberto Cortina, Alberto Alcocer o su exmujer, Cristina Koplowitz.<\/span><\/p>\n

De los Borbones hasta Cortina<\/span><\/h3>\n

Su despacho en Suiza se llama Canonica-Valticos de Preux y asociados. Dante Canonica, contrariamente a otros abogados suizos, tiene\u00a0muy buena fama\u00a0<\/strong>en el pa\u00eds como gestor de confianza de grandes fortunas. Los documentos internos del despacho de abogados Appleby, al que este diario tuvo acceso en\u00a0los ‘Paradise Papers’ junto al ICIJ<\/a>, atestiguan que no es ajeno a tratar con familiares de los Borbones. Lleg\u00f3 a ser la persona de confianza que Camilla Crociani, Princesa de Borb\u00f3n y Dos Sicilia, y Cristina Crociani, su hermana, dejar\u00edan al cargo de la gesti\u00f3n del trust familiar, instrumento que la familia utilizaba para controlar cuatro cuentas en el banco BNP Paribas. Llegado el momento, en 1998, Canonica renunci\u00f3 a este derecho, como consta en los documentos judiciales que\u00a0salieron a la luz<\/a>\u00a0tras la disputa por la herencia de las familia Crociani.<\/span><\/p>\n

Grandes nombres de otras familias influyentes tambi\u00e9n recurrieron a Can\u00f3nica. Es el caso, como\u00a0public\u00f3 ‘Tiempo’<\/a>, de Mohamed Al Fayed, el multimillonario egipcio que posee los almacenes Harrod\u2019s de Londres.<\/span><\/p>\n

\u00abLas cosas\u00bb que Corinna insin\u00faa que se hacen \u00aba trav\u00e9s de Dante\u00bb explican bien el papel de este letrado que ejerce como tal desde 1979. Creaba \u00abestructuras\u00bb opacas en las que ella se encontraba colocada como testaferro, para adquirir y gestionar con ellas varias propiedades. Y de hecho, el despacho de Canonica aparece en los archivos internos de Mossack Fonseca,\u00a0destapados en los ‘Papeles de Panam\u00e1’<\/a>\u00a0como intermediario que gestionaba\u00a012 sociedades ‘offshore’ en Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas\u00a0<\/strong>y cinco en Bahamas. Todas ellas est\u00e1n relacionadas directamente con direcciones postales en Suiza.<\/span><\/p>\n

En algunos casos, Canonica tiene poderes para gestionar directamente las sociedades, que se suelen utilizar para ocultar a los beneficiarios reales de cuentas bancarias. En 2007, por ejemplo, firm\u00f3 el traspaso de 20 millones de d\u00f3lares entre dos sociedades en Islas V\u00edrgenes, pero con una cuenta bancaria en el banco suizo UBS, como acredita la documentaci\u00f3n del bufete paname\u00f1o.<\/span><\/p>\n

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El pasaporte de Canonica, tal y como consta en los archivos de Mossack. (EC)<\/span><\/strong><\/figcaption><\/figure>
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En otras ocasiones, Canonica ha sido \u00e9l mismo la cabeza visible de una sociedad detr\u00e1s de la cual se escond\u00eda otra persona. Ocurri\u00f3 en Espa\u00f1a, en 2011, cuando Alicia Koplowitz, exmujer de Alberto Cortina, negociaba la compra del hotel Maricel en Calvi\u00e1 (Baleares), uno de los m\u00e1s prestigioso de las islas. Sin embargo, las acciones del hotel las adquiri\u00f3 una sociedad llamada Toralipo SL. Su administrador \u00fanico era Dante Canonica. El abogado, como\u00a0atestigu\u00f3 ‘Intervi\u00fa’<\/a>, se empe\u00f1\u00f3 en decir que atend\u00eda a los intereses de un empresario \u00e1rabe, desviando as\u00ed la atenci\u00f3n de la prensa. Pero el registro mercantil permite comprobar que detr\u00e1s de la compra estaban una sociedad suiza creada por el despacho de Canonica y Hospes Hoteles. Hospes es la cadena hotelera que gestiona, a d\u00eda de hoy, el hijo del matrimonio Koplowitz-Cortina.<\/span><\/p>\n

El recorrido hasta Fasana<\/span><\/h3>\n

Con esta saga de empresarios, Canonica hab\u00eda estrechado lazos tambi\u00e9n en Suiza. Consta como director de Swiss Shipping, sociedad radicada en Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, y cuyos accionistas son Alcor Holding SA y Alfonso Cortina, tambi\u00e9n empresario y hermano de Alberto Cortina. Alcor Holding es la sociedad de inversi\u00f3n creada por\u00a0Alberto Alcocer y Alberto Cortina<\/strong>\u00a0en 1990. Hasta 2011, los directores de esta sociedad eran Dante Canonica y Arturo Fasana, abogado al frente de otro despacho suizo, Rhone Gesti\u00f3n y\u00a0asesor fiscal utilizado por la trama G\u00fcrtel<\/a>\u00a0en Espa\u00f1a. Ambos gestionaban el negocio suizo y la ‘offshore’ de los empresarios conocidos como ‘los Albertos’.<\/span><\/p>\n

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Certificado de la sociedad de Cortina.<\/strong><\/span><\/figcaption><\/figure><\/p>\n
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Hay al menos otras dos sociedades en las que, a mediados de los a\u00f1os 90, los dos gestores llegan a coincidir. En ninguna de ellas se puede llegar a intuir qui\u00e9nes fueron los beneficiarios finales. El nombre de Fasana, contrariamente al de Canonica, s\u00ed ha sonado a menudo en la prensa y en los tribunales espa\u00f1oles. \u00c9l mismo reconoci\u00f3 ante los jueces que mov\u00eda activos de Correa a M\u00f3naco, Isla de Man o Colombia.<\/span><\/p>\n

Aun as\u00ed, el abogado de origen del cant\u00f3n Tesino pas\u00f3 por un juzgado madrile\u00f1o. Lo hizo como testigo sobre las cuentas que gestionaba Fasana y nunca lleg\u00f3 a estar imputado. Ante las preguntas de El Confidencial sobre su implicaci\u00f3n en las grabaciones de Corinna, en su despacho indican que no estar\u00e1 disponible \u00abhasta septiembre\u00bb.\u00a0<\/span><\/p>\n

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CONTRAPUNTO: Gimbernat a favor de la STC de Los Albertos:\u00a0<\/strong><\/span>La prescripci\u00f3n del delito y el ‘caso Alierta’<\/span><\/h2>\n

Por Enrique Gimbernart <\/a>*<\/a><\/span><\/p>\n

Articulo publicado el 30 de julio de 2019:\u00a0<\/span><\/p>\n

https:\/\/www.elmundo.es\/opinion\/tribuna-libre\/2009\/07\/17637803.html<\/a><\/p>\n

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LA PRESCRIPCI\u00d3N del delito y, con ello, la extinci\u00f3n de la responsabilidad criminal, se produce cuando entre la consumaci\u00f3n de aqu\u00e9l y su persecuci\u00f3n penal haya transcurrido un determinado periodo de tiempo: cinco a\u00f1os, por ejemplo, y seg\u00fan el art. 131.1 del C\u00f3digo Penal (CP), para aquellos hechos punibles castigados con pena de prisi\u00f3n de m\u00e1s de tres a\u00f1os que no exceda de cinco. Seg\u00fan el art. 132.2 CP, sin embargo, \u00ab[l]a prescripci\u00f3n se interrumpir\u00e1, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra el culpable\u00bb, de tal manera que si, para seguir con nuestro ejemplo, aunque sea un d\u00eda antes de cumplirse los cinco a\u00f1os, se inicia un proceso penal contra el autor, el plazo de prescripci\u00f3n quedar\u00e1 suspendido, y ese autor ser\u00e1 condenado, ya que (todav\u00eda) no se habr\u00eda extinguido su responsabilidad criminal.<\/span><\/p>\n

Las sentencias del Tribunal Constitucional (SSTC) 63\/2005, de 14 de marzo, 29\/2008, de 20 de febrero (caso los Albertos) y 147\/2009, de 15 de junio, estiman, en contra de una de las distintas tesis que ha mantenido el Tribunal Supremo (TS) sobre cu\u00e1ndo se interrumpe la prescripci\u00f3n, que no basta la presentaci\u00f3n de denuncia o querella para suspenderla, sino que es imprescindible que a esa denuncia o querella haya subseguido \u00abun acto de interposici\u00f3n (o intermediaci\u00f3n) judicial\u00bb. Esta doctrina del TC fue rechazada rotundamente por la Sala 2\u00aa del TS, la cual, en un Acuerdo de su Pleno no jurisdiccional de 12 de mayo de 2005 (tomado a ra\u00edz de la STC 63\/2005) resolvi\u00f3 hacer caso omiso de aquella doctrina, fundament\u00e1ndolo en que esa interpretaci\u00f3n del TC del instituto de la prescripci\u00f3n \u00abvac\u00eda de contenido el art. 123 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola (CE) que establece que el TS es el \u00f3rgano jurisdiccional superior en todos los \u00f3rdenes salvo lo dispuesto en materia de garant\u00edas constitucionales, por lo que, consiguientemente, le incumbe la interpretaci\u00f3n en \u00faltima instancia de las normas penales\u00bb, Acuerdo reiterado por el Pleno el 25 de abril de 2006 y el 26 de febrero de 2008 (a ra\u00edz de la STC 29\/2008, de 20 de febrero), en el que se insiste, apelando de nuevo al art. 123 CE, que \u00abse desconoce su esencia [de la mencionada norma constitucional] fijando [el TC] una interpretaci\u00f3n de la legalidad ordinaria [del precepto que en el CP regula la prescripci\u00f3n] que s\u00f3lo corresponde al Tribunal Supremo\u00bb. Seg\u00fan los medios de comunicaci\u00f3n, uno de los principales defensores de esos Acuerdos del TS habr\u00eda sido el magistrado Enrique Bacigalupo, quien, sin embargo, tan s\u00f3lo siete a\u00f1os antes hab\u00eda mantenido la tesis contraria a la de que la prescripci\u00f3n era una instituci\u00f3n perteneciente exclusivamente a la legislaci\u00f3n ordinaria, ya que con su ex\u00e9gesis se podr\u00edan vulnerar derechos fundamentales como el de legalidad penal (art. 25.1 CE\u00bb); en efecto, en su voto particular a la sentencia mayoritaria del TS de 29 de julio de 1998 (caso Segundo Marey), dicho magistrado sostiene que Rafael Vera deber\u00eda haber sido absuelto, ya que sus delitos habr\u00edan prescrito, porque la interpretaci\u00f3n que la mencionada sentencia hace de la prescripci\u00f3n es \u00abincompatible con el principio de legalidad (art. 25.1 CE)\u00bb, habiendo incurrido el TS con una ulterior interpretaci\u00f3n de dicha instituci\u00f3n en una segunda vulneraci\u00f3n de ese derecho fundamental: \u00abLa argumentaci\u00f3n de la mayor\u00eda es nuevamente contraria al principio de legalidad\u00bb; a todo ello hay que decir que se puede mantener una (la prescripci\u00f3n es materia exclusivamente de legislaci\u00f3n ordinaria) u otra (determinadas interpretaciones de la prescripci\u00f3n pueden vulnerar derechos fundamentales) posici\u00f3n, pero no dos contradictorias entre s\u00ed, seg\u00fan cu\u00e1l sea el caso que se est\u00e1 juzgando.<\/span><\/p>\n

Por lo dem\u00e1s, los Acuerdos del TS en contra de la tesis mantenida por el TC han de ser rechazados tanto desde un punto de vista formal como material. Desde un punto de vista formal, porque el TS argumenta contra el criterio del Constitucional sobre la base de su particular entendimiento del art. 123.1 CE (\u00abEl Tribunal Supremo, con jurisdicci\u00f3n en toda Espa\u00f1a, es el \u00f3rgano jurisdiccional superior en todos los \u00f3rdenes, salvo lo dispuesto en materia de garant\u00edas constitucionales\u00bb), y de los arts. 24.1 (tutela judicial efectiva) y 25.1 (derecho a la legalidad penal) que el TC estima vulnerados cuando se fija como momento de interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n el de la interposici\u00f3n de una denuncia o querella. Independientemente de si esa doctrina del TC es correcta o no, su interpretaci\u00f3n de esos preceptos constitucionales prevalece frente a cualquier otra que pueda proceder de otros \u00f3rganos jurisdiccionales, ya que el TC es el \u00abint\u00e9rprete supremo de la Constituci\u00f3n\u00bb (art.1\u00ba.1 LOTC) y ya que los jueces y tribunales deben aplicar los preceptos constitucionales \u00abconforme a la interpretaci\u00f3n de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional\u00bb (art.5\u00ba.1 LOPJ), de la misma manera que, independientemente de si tiene raz\u00f3n (lo que muchas veces es imposible que suceda, porque el TS ha establecido doctrinas contradictorias entre s\u00ed, y por ejemplo, sobre el contenido de la prescripci\u00f3n, de la falsedad en documento privado, de la administraci\u00f3n desleal o de la apropiaci\u00f3n indebida), las Audiencias Provinciales deben acatar y respetar las sentencias del TS que revoquen sus resoluciones, no porque el TS acierte siempre, sino simplemente porque es el \u00f3rgano jurisdiccional supremo cuando interpreta la legislaci\u00f3n ordinaria.<\/span><\/p>\n

Pero es que los referidos Acuerdos del TS tambi\u00e9n deben ser rechazados desde un punto de vista material. Seg\u00fan un\u00e1nime y correcta doctrina del TC y del TS, la prescripci\u00f3n es \u00abuna instituci\u00f3n que pertenece al Derecho penal material y, concretamente, a la noci\u00f3n del delito\u00bb (as\u00ed, por todas la STS de 7 de octubre de 1997 y la STC 214\/1999, de 28 de noviembre); por ello, y porque determina el alcance y los l\u00edmites de la sanci\u00f3n penal, est\u00e1 sometida al principio de legalidad (art. 25.1 CE), en el sentido de que est\u00e1 vedado interpretar las normas que regulan la prescripci\u00f3n en el CP m\u00e1s all\u00e1 de su sentido literal posible, porque ello significar\u00eda incurrir en una prohibida analog\u00eda in malam partem.<\/span><\/p>\n

El CP exige, para que pueda considerarse interrumpida la prescripci\u00f3n que \u00abel procedimiento se dirija contra el culpable\u00bb (art. 132.2 CP), considerando el TS que \u00abdesde ese momento [desde la presentaci\u00f3n de la querella o denuncia] ya se dirige el procedimiento contra el culpable a efectos de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n\u00bb, mientras que el TC exige, por el contrario, y con raz\u00f3n, que se haya producido un acto de intermediaci\u00f3n judicial. Seg\u00fan el DRAE, el verbo \u00abincoar\u00bb tiene el \u00fanico significado de \u00abcomenzar algo\u00bb, y el adjetivo \u00abincoativo\u00bb una \u00fanica acepci\u00f3n, a saber: \u00abQue implica o denota el principio de una cosa o de una acci\u00f3n progresiva\u00bb. De ah\u00ed que, si como pretende el TS, la presentaci\u00f3n de una querella \u00abdenota el principio de una cosa\u00bb (en este caso: del procedimiento), entonces el auto de incoaci\u00f3n de unas diligencias previas no puede haber dado \u00abprincipio\u00bb a lo que ya hab\u00eda sido \u00abprincipiado\u00bb. Con otras palabras: la interpretaci\u00f3n del TS excede del sentido literal posible de las palabras contenidas en el art. 132.2 (analog\u00eda prohibida en contra del reo), ya que si ese precepto exige, para que se pueda interrumpir la prescripci\u00f3n, la presencia de un procedimiento, se entiende por s\u00ed mismo que \u00e9ste no puede existir mientras no se haya iniciado, es decir: mientras no se haya \u00abincoado\u00bb.<\/span><\/p>\n

A la misma conclusi\u00f3n -infracci\u00f3n del principio de legalidad penal si se fija como momento de interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n el de la presentaci\u00f3n de la querella o denuncia- se llega teniendo en cuenta el sentido gramatical posible de las palabras desde un punto de vista t\u00e9cnico-legal. Como han establecido el TC y el TS, el traslado al \u00f3rgano judicial, por cualquier medio, de la notitia criminis constituye s\u00f3lo un derecho (condicionado y limitado) a la \u00abapertura del procedimiento\u00bb, siendo aqu\u00e9l el \u00fanico legitimado para, admitiendo o inadmitiendo a tr\u00e1mite esa solicitud, poder decretar o no el \u00abinicio\u00bb (la \u00abincoaci\u00f3n\u00bb) del procedimiento, tal como se deriva, asimismo, del tenor literal del art. 269 LECrim, en el que se dispone inequ\u00edvocamente que no es el denunciante, sino el juez, quien, una vez recibida la denuncia, \u00abmanda proceder\u00bb o \u00abse abstiene de todo procedimiento\u00bb.<\/span><\/p>\n

DE TODO ELLO se sigue: la interpretaci\u00f3n del TS vulnera el principio de legalidad, porque, en contra del reo, y anal\u00f3gicamente, afirma la presencia de un procedimiento -tal como exige el art. 132.2 CP- cuando \u00e9ste, en realidad, todav\u00eda no existe.<\/span><\/p>\n

La sentencia de la Secci\u00f3n 17\u00aa de la Audiencia Provincial (AP) de Madrid de 17 de julio de 2009, despu\u00e9s de establecer que los acusados Ces\u00e1reo Alierta y su sobrino Luis Javier Placer hab\u00edan cometido un delito de informaci\u00f3n privilegiada, les absuelve, no obstante, por considerar que dicho delito habr\u00eda prescrito. El delito, cuyo plazo de prescripci\u00f3n es de cinco a\u00f1os, se hab\u00eda cometido el 27 de febrero de 1998, present\u00e1ndose la querella el 26 de noviembre de 2002, dict\u00e1ndose auto de incoaci\u00f3n de diligencias previas el 2 de diciembre de 2002 -es decir: cuando a\u00fan no hab\u00edan transcurrido cinco a\u00f1os-, inadmitiendo posteriormente el juez de instrucci\u00f3n la querella a tr\u00e1mite el 14 de febrero de 2003, resoluci\u00f3n que fue revocada por la AP el 6 de junio de 2003, ordenando que se admitiese a tr\u00e1mite la querella. La AP de Madrid rechaza la doctrina del TS sobre la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n (fecha de la presentaci\u00f3n de la querella) y, aceptando la del TC, como es imperativo, pues as\u00ed lo dispone el art. 5.1 LOPJ, exige un acto de intermediaci\u00f3n judicial, acto que la sentencia cree que lo constituye el de de 6 de junio de 2003 -cuando ya hab\u00edan transcurrido cinco a\u00f1os- que es la fecha en la que la AP admite a tr\u00e1mite la querella. Pero sin raz\u00f3n: el acto de interposici\u00f3n judicial determinante es el de incoaci\u00f3n de 2 de diciembre de 2002, que es cuando se inicia el procedimiento contra los posteriormente acusados, sin que el auto de inadmisi\u00f3n a tr\u00e1mite de la querella suponga m\u00e1s que una simple vicisitud en el procedimiento, ya que era una resoluci\u00f3n carente de firmeza que fue despu\u00e9s revocada por la AP; en el mismo sentido se ha manifestado la reciente STC 147\/2009, de 15 de junio, donde se establece tajantemente: \u00abel primer acto de interposici\u00f3n judicial -de iniciaci\u00f3n del procedimiento- con virtualidad interruptiva -de conformidad con el art. 132.2 CP- habr\u00eda sido el auto de incoaci\u00f3n de diligencias previas\u00bb. De todo ello se sigue que, de acuerdo tambi\u00e9n con la correcta y m\u00e1s restrictiva doctrina del TC, los delitos de informaci\u00f3n privilegiada cometidos por los acusados no habr\u00edan prescrito, por haberse dictado el auto de incoaci\u00f3n de previas antes de que hubieran transcurrido cinco a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

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<\/a>*<\/a>Enrique Gimbernat es catedr\u00e1tico de Derecho penal de la UCM y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.<\/p>\n

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SENTENCIAS PARA DESCARGA\u00a0<\/span><\/h2>\n

Algunas Sentencias dictadas en el inter\u00edn entre la doctrina del Tribunal Constitucional y la reforma del C\u00f3digo Penal que modific\u00f3 la instituci\u00f3n de la prescripci\u00f3n en las que se refleja la dicot\u00edmica situaci\u00f3n entre las posiciones del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo\u00a0 y que citan a la consabida STC 29\/2008, de 20 de febrero, son las siguientes:\u00a0<\/span><\/p>\n

    \n
  • \u00a0STS Sala 2\u00aa de 25 junio de 2008 (J2008\/97512)<\/li>\n
  • \u00a0ATSJ Canarias (LPal) Sala de lo Penal de 17 julio de 2009 (J2009\/150237)<\/li>\n
  • SAP Barcelona de 8 julio de 2009 (J2009\/212679)<\/li>\n
  • STC Sala 1\u00aa de 23 marzo de 2009 (J2009\/24845)<\/li>\n
  • STC de 23 noviembre de 2009 (J2009\/275635)<\/li>\n
  • \u00a0SAP Navarra de 26 enero de 2009 (J2009\/359578)<\/li>\n
  • \u00a0SAP Navarra de 15 julio de 2009 (J2009\/359749)<\/li>\n
  • \u00a0SAP Barcelona de 18 enero de 2010 (J2010\/16728)<\/li>\n
  • \u00a0STS Sala 2\u00aa de 15 septiembre de 2010 (J2010\/233353)<\/li>\n
  • \u00a0STS Sala 3\u00aa de 11 noviembre de 2010 (J2010\/265226)<\/li>\n
  • \u00a0STS Sala 3\u00aa de 9 diciembre de 2010 (J2010\/265279)<\/li>\n
  • \u00a0SAP Navarra de 25 mayo de 2010 (J2010\/266415)<\/li>\n
  • \u00a0SAP Navarra de 27 mayo de 2010 (J2010\/266416)<\/li>\n
  • \u00a0SAP Girona de 26 febrero de 2010 (J2010\/337188)<\/li>\n
  • \u00a0SAP Las Palmas de 1 septiembre de 2010 (J2010\/374090)<\/li>\n
  • \u00a0SAP Murcia de 24 febrero de 2010 (J2010\/58576)<\/li>\n<\/ul>\n

    Les ofrecemos para descarga a titulo ilustrativo dos de ellas.\u00a0<\/p>\n

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    Descarga aqu\u00ed<\/a><\/span><\/p>\n

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    Descarga aqu\u00ed<\/a><\/span><\/p>\n

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    RECUERDO DE LA INFAMIA: CASO \u00abLOS ALBERTOS\u00bb \u2013 Parte 1: LA COARTADA (la \u00abBase Axiol\u00f3gica\u00bb de la Sentencia del Tribunal Constitucional 29\/2008)<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n

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    RECUERDO DE LA INFAMIA: CASO \u00abLOS ALBERTOS\u00bb \u2013 Parte 1: LA COARTADA (la \u00abBase Axiol\u00f3gica\u00bb de la Sentencia del Tribunal Constitucional 29\/2008)<\/a><\/span><\/figcaption><\/figure>\n

    \u00a0<\/p>\n

    RELACIONADOS:<\/span><\/h2>\n

    EJECUTADOS EN INDEFENSI\u00d3N (Parte II): STC Pleno, n\u00ba 14\/1992, de 10 de febrero. Por Jes\u00fas D\u00edaz Formoso<\/a><\/p><\/blockquote>\n