{"id":2236286,"date":"2021-12-16T00:05:22","date_gmt":"2021-12-15T23:05:22","guid":{"rendered":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/?p=2236286"},"modified":"2021-12-16T09:48:13","modified_gmt":"2021-12-16T08:48:13","slug":"temporeras-introduccion-a-los-fundamentos-de-derecho","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/2021\/12\/16\/temporeras-introduccion-a-los-fundamentos-de-derecho\/","title":{"rendered":"TEMPORERAS CONTRA LA ESCLAVITUD: DEMANDA DE AMPARO: \u00abIntroducci\u00f3n a los Fundamentos de Derecho\u00bb."},"content":{"rendered":"

Indice \u2013 Esclavitud en la Espa\u00f1a del siglo XXI<\/span><\/a><\/p>\n

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Sentencia n\u00ba 3123\/21, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, de fecha 9 de diciembre de 2021, por la que se ESTIMA nuestro Recurso de Suplicaci\u00f3n<\/strong><\/span><\/p>\n

Con fecha de hoy, 15 de diciembre 2021, nos ha sido Notificada la Sentencia n\u00ba 3123\/21, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, de fecha 9 de diciembre de 2021<\/strong>, por la que se <\/span>ESTIMA <\/b>nuestro Recurso de Suplicaci\u00f3n; interpuesto en el Procedimiento de Despido n\u00ba 692\/2018, tramitado ante el Juzgado de lo Social n\u00famero 2 de Huelva<\/strong>, procedimiento cursado a instancias de Do\u00f1a W.<\/span><\/p>\n

Se trata de la primera de las Sentencias que habr\u00e1n de ser dictadas en los Recursos de Suplicaci\u00f3n\u00a0 interpuestos por las TEMPORERAS CONTRA LA ESCLAVITUD contra las Sentencias reca\u00eddas en los Juzgados de lo Social de Huelva, en las que se hab\u00edan fundado las Resoluciones de Sobreseimiento de los dos Juzgados de Instrucci\u00f3n de La Palma del Condado (Huelva), actualmente en tramitaci\u00f3n, en un caso ante el Tribunal Constitucional (Juzgado de Instrucci\u00f3n 1 de La Palma del Condado<\/a>), mientras que en el caso del Juzgado de Instrucci\u00f3n 3 de La Palma del Condado<\/a>, la tramitaci\u00f3n actual est\u00e1 siendo sustanciada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. <\/span><\/p>\n

La pr\u00f3xima semana os informaremos sobre esta importante Resoluci\u00f3n. Impactante, en realidad. <\/span><\/p>\n

De momento, felicitamos a la Letrada de AUSAJ, Bel\u00e9n Luj\u00e1n<\/strong>, cuya labor profesional es causa \u00fanica y directa de esta muy buena noticia, Letrada que se tuvo que enfrentar, no s\u00f3lo a los Abogados de los Denunciados como Tratantes de Seres Humanos, sino tambi\u00e9n al Ministerio Fiscal, e incluso a la misma Juez de lo Social (abogada que, para conseguir esta Sentencia, hubo de ganar previamente sendos Recursos de Queja<\/strong> contra las inadmisiones acordadas por la propia Juez de lo Social 2 de Huelva, de sus Recursos de Suplicaci\u00f3n contra sus propias Sentencias, por haber errado la Juez, en los tres casos, al contar hasta 5).<\/span><\/p>\n

Y, muy especialmente, felicitamos a la Temporera, Do\u00f1a W.; en realidad, a todas las temporeras.<\/span><\/p>\n

AUSAJ<\/span><\/p>\n

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La letrada de Ausaj Bel\u00e9n Luj\u00e1n, en Albacete, con algunas de las mujeres marroqu\u00edes conocidas como Temporeras contra la esclavitud.<\/span><\/figcaption><\/figure><\/blockquote>\n

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TEMPORERAS CONTRA LA ESCLAVITUD: DEMANDA DE AMPARO: <\/strong><\/span><\/p>\n

\u00abIntroducci\u00f3n a los Fundamentos de Derecho\u00bb<\/strong><\/span><\/p>\n

Por Andrea Cantos Mart\u00ednez<\/span><\/p>\n

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\"Introducci\u00f3n<\/p>\n

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La tutela judicial efectiva es un derecho no solo reconocido por la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/a>, sino enmarcado dentro de los Derechos Fundamentales de nuestro ordenamiento.<\/span><\/p>\n

Concretamente, se refiere al derecho de toda persona a invocar la actividad de los \u00f3rganos judiciales, en defensa de sus intereses leg\u00edtimos.<\/span><\/p>\n

Esta actividad debe concluir en una resoluci\u00f3n basada en derecho, al t\u00e9rmino de un proceso justo. Dicha resoluci\u00f3n debe ser cumplida, en todo caso, pero no se exige que sea favorable a las pretensiones de quien inicia el proceso para considerarse observado el derecho a la tutela judicial efectiva.<\/span><\/p>\n

Este derecho tambi\u00e9n incluye la obligaci\u00f3n de que las resoluciones judiciales est\u00e9n suficientemente motivadas, es decir, que expliquen detalladamente los motivos y razones en los que se basan para llegar a su decisi\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Esta explicaci\u00f3n debe dejar clara la ausencia de arbitrariedad, de modo que se considerar\u00e1 vulnerado este derecho en los supuestos en los que una resoluci\u00f3n o bien no contenga esta motivaci\u00f3n, ni en menor ni en mayor medida, o bien contenga una motivaci\u00f3n, pero \u00e9sta sea solo aparente, es decir, que se funde en un razonamiento arbitrario o irrazonable.<\/span><\/p>\n

***<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Con fecha de ayer, 15 de diciembre de 2021, nos ha sido notificada Sentencia n\u00ba 3123\/21 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda de fecha 9 de diciembre de 2021, por la que se estima nuestro Recurso de Suplicaci\u00f3n interpuesto en el Procedimiento de Despido tramitado ante el Juzgado de lo Social n\u00famero 2 de Huelva, procedimiento cursado a instancias de una de las temporeras, D\u00f1a. W.A.<\/span><\/p>\n

La meritada Sentencia falla a nuestro favor, declarando la nulidad de actuaciones desde un momento inmediatamente anterior a la celebraci\u00f3n del acto del juicio, que se deber\u00e1 celebrar nuevamente dict\u00e1ndose una nueva Sentencia con absoluta libertad de criterio por la Juzgadora.<\/span><\/p>\n

\u00bfQui\u00e9n hab\u00eda dicho que esto hab\u00eda acabado? <\/span><\/p>\n

Quien lo pensara, estaba, sin duda, equivocado.<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

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Parece que la invocaci\u00f3n del art\u00edculo 24 de nuestra Carta Magna<\/strong> ya es un art\u00edculo muy manido, pero justamente que a\u00fan se tenga que aludir a este derecho fundamental con tanta frecuencia, no hace sino constatar la falta de esa misma tutela judicial efectiva.<\/span><\/p>\n

En el caso que nos compete, con las temporeras de la fresa en Huelva, llamar a esta tutela judicial \u201cefectiva\u201d es cuanto menos atrevido.\u00a0 No s\u00f3lo ha mediado casi un a\u00f1o entre el Auto de sobreseimiento provisional del 12 de abril de 2019 y el Auto por el que se desestima el recurso de reforma a fecha 30 de marzo de 2020 , que constata unas dilaciones indebidas no causadas por la parte de las demandantes de amparo, sino que adem\u00e1s se ha visto restringido hasta omitido el derecho a utilizar los medios de pruebas pertinentes para su defensa; a saber: numeros\u00edsimos documentos que no se han tenido en cuenta ni por los Juzgados de Instancia ni por la Audiencia Provincial; llegando incluso a inadmitir pruebas que ya estaban admitidas por incre\u00edble que nos pueda llegar a parecer.<\/span><\/p>\n

A mayor abundamiento, recordemos que estas mujeres, v\u00edctimas de trata, inducidas a la prostituci\u00f3n por quien les explotaba de sol a sol en la recogida de la fresa; ni tan siquiera han tenido la menor deferencia para adoptar las m\u00ednimas medidas de protecci\u00f3n de identidad de las denunciantes. Recordemos su origen cultural y \u00e9tnico que les ha llevado a ser repudiadas por sus propios familiares, en diversas ocasiones por la gran repercusi\u00f3n p\u00fablica que en gran medida ha llegado a ser negativa. Parece que el estatuto de la v\u00edctima, cristalizado en ley, ha pasado a ser como reglamento inaplicado por jueces y tribunales.<\/span><\/p>\n

Es rese\u00f1able como indican tanto el \u00f3rgano instructor como la Audiencia Provincial su negativa a calificar los hechos como delito de trata ex art\u00edculo 177 bis nuestra legislaci\u00f3n penal actual:<\/span><\/p>\n

\u201cTampoco hay indicios suficientes de la captaci\u00f3n de trabajadoras para la imposici\u00f3n de trabajos forzados o pr\u00e1cticas similares o para su explotaci\u00f3n sexual, tal y como exige el art\u00edculo 177 bis del mismo texto legal\u201d y por tanto ninguna violaci\u00f3n de directivas de la Uni\u00f3n Europea ni del Convenio Europeo para la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos y Libertades fundamentales se ha producido al respecto. Por tanto, hemos de ajustarnos a dicha calificaci\u00f3n y no perdernos en otras consideraciones que no entran dentro de los m\u00e1rgenes de la causa cuyo sobreseimiento se discute<\/em>\u201d<\/span><\/p>\n

Ni reconocimiento de la normativa internacional, ni de la legislaci\u00f3n nacional. Nada, absolutamente nada. Parece que estamos ante una problem\u00e1tica que ni se tilda de jur\u00eddica. Cuando ha quedado m\u00e1s que acreditado en primer lugar que las dejaban totalmente vulnerables desde el momento que llegaban a pasar hambre, hambre en un contexto actual y en un pa\u00eds que dice ser de los \u201cdesarrollados\u201d. Hambre provocada por sus superiores para posteriormente inducirlas a la prostituci\u00f3n con una promesa indemnizatoria de unos 50 euros. \u00bfCu\u00e1ntos d\u00edas podr\u00edan comer si aceptaban un billete de 50 euros? Lo dif\u00edcil era decir no cuando lo que cuenta es poder seguir con vida. A\u00fan as\u00ed, muchas de ellas se negaban rotundamente sin ni tan siquiera se\u00f1alar que su propio jefe no es que les brindara unos derechos laborales m\u00ednimos (como ser\u00eda el pago del salario al que se hab\u00eda comprometido) sino que el contrato pactado se tornaba en pura esclavitud. Por incre\u00edble que parezca, esto est\u00e1 sucediendo, aqu\u00ed y ahora; y el poder judicial motiva que no hay normativa vulnerada al respecto.<\/span><\/p>\n

Conforme a la Sentencia del TC, Sala 2\u00aa de fecha 17 de septiembre de 2001<\/strong>: <\/span><\/p>\n

\u201cla regla de la interdicci\u00f3n de la indefensi\u00f3n requiere del \u00f3rgano jurisdiccional un indudable esfuerzo a fin de preservar los derechos de defensa de las partes, correspondiendo a los \u00f3rganos judiciales procurar que en un proceso se d\u00e9 la necesaria contradicci\u00f3n entre ellas, as\u00ed como que posean id\u00e9nticas posibilidades de alegar o probar y, en definitiva, de ejercer su derecho de defensa en cada una de las instancias que lo componen<\/em>\u201d.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

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La negaci\u00f3n a la tutela judicial es indicativa de indefensi\u00f3n, y por ende, a no verse satisfecho el derecho fundamental contemplado en art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/strong>. Nuestro Tribunal Constitucional<\/strong> afirma que la aplicaci\u00f3n efectiva del antedicho precepto ha de contener el principio de contradicci\u00f3n, sin que se produzca el perjuicio real y efectivo para el inter\u00e9s de los afectados. De ah\u00ed la existencia (no eficaz) de los derechos instrumentales del apartado segundo del precepto n\u00famero 24 de nuestra norma normarum.<\/span><\/p>\n

Se constata este quiebro del reiterado pero elemental derecho a trav\u00e9s de los acontecimientos explicitados a continuaci\u00f3n:<\/span><\/p>\n

1.- Se emite el auto de incoaci\u00f3n de diligencias previas de procedimiento abreviado a fecha 20 de junio de 2018\u00a0 por el Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00ba 1 de la Palma del Condado<\/strong>, no siendo informada la denunciante hasta finales de julio.<\/span><\/p>\n

2.- En relaci\u00f3n con el procedimiento iniciado, no se permite sacar copia de lo instruido pues no es hasta el 26 de julio de 2018 que el criterio cambia. Ahora bien, solo se permite sacar copia de forma parcial, priv\u00e1ndonos del conocimiento de la casi totalidad de lo investigado. Recordemos que esta parte no asiste ni representa a quienes son denunciados, sino a la v\u00edctima, pues no se puede alegar ning\u00fan riesgo para la investigaci\u00f3n en caso de denegarse o sustraerse la posibilidad a la v\u00edctima de poder acceder a la informaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

3.- El d\u00eda 3 de octubre de 2018 se solicita que pueda declarar y ser escuchada la perjudicada y la intervenci\u00f3n de la letrada a trav\u00e9s de videoconferencia, pues ambos sujetos ni tan siquiera se encontraban en el mismo lugar que el instructor de la causa, adem\u00e1s; y m\u00e1s importante, las imperiosas razones de seguridad. Se admiti\u00f3 la videocoferencia, si bien con ciertas matizaciones durante la misma: se interrumpi\u00f3 inesperadamente la declaraci\u00f3n debido a la conexi\u00f3n que nadie supo el porqu\u00e9 de lo ocurrido, se reflej\u00f3 en el acta pero esta no fue incorporada a los autos hasta mucho m\u00e1s tarde y adem\u00e1s, misteriosamente no se grab\u00f3 en v\u00eddeo ni en audio nada de lo que se hizo hasta el momento de la interrupci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

4.- Conforme a lo relatado y sorprende de lo expuesto, se efect\u00faa una petici\u00f3n de aclaraci\u00f3n, subsanaci\u00f3n y complemento, que al resolverse por auto de 23 de enero 2019, la instructora manifiesta que las denunciantes pueden volver a presentar denuncia por los hechos inadmitifdos. El argumento de fragmentar m\u00e1s a\u00fan los hechos es improcedente por cuanto minan m\u00e1s si cabe la tutela que merecen las v\u00edctimas del delito, dando lugar a un procedimiento poco garantista.<\/span><\/p>\n

5.- La lista aportada con m\u00e1s de cien mujeres interesadas ab initio a presentar denuncia por las condiciones lamentables en las que se encontraban, es rechazada a investigarse. No se entiende c\u00f3mo no quieren llamarlas como testigos, identificarlas o localizar su paradero. Si bien, muchas de estas mujeres son expulsadas a Marruecos de facto en un autob\u00fas puesto por la parte denunciada. Y a pesar de estar de esta situaci\u00f3n, nada se ha intentado por parte quien representa al poder judicial.<\/span><\/p>\n

6.- Las \u00fanicas diligencias de investigaci\u00f3n que se practican en toda la instrucci\u00f3n antes de dictar el sobreseimiento, fueron la declaraci\u00f3n de don Jos\u00e9 Antonio Brazo Regalado y dos agentes de campo de la Guardia Civil, y como no, la declaraci\u00f3n fallida y no repetida de la denunciante. Si este parang\u00f3n no es descriptivo, es porque obviamente la imparcialidad se ha difuminado por completo.<\/span><\/p>\n

7.- En instrucci\u00f3n se modifican fechas, al recoger la declaraci\u00f3n de un testigo, intuyendo que lo denunciado ocurri\u00f3 d\u00edas antes de la realidad f\u00e1ctica, pues as\u00ed se daba a entender que las \u00fanicas trabajadoras enfrentadas a la empresa son diez; cuando recordemos que en la lista ab initio, comenzaron siendo m\u00e1s cien.<\/span><\/p>\n

8.- Los dos agentes que intervinieron en el d\u00eda de autos, adem\u00e1s de declarar en sede judicial, reconocen abiertamente que no hicieron nada para identificar a las v\u00edctimas, a ninguna mujer de las que quer\u00eda denunciar.<\/span><\/p>\n

Se concluye pues, que la diferencia de trato hacia las partes del procedimiento es notoria y palmaria<\/span><\/strong>.<\/span><\/p>\n

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Por otro lado, y no por ello menos importante; es para destacar el pseudo<\/em> Informe de inspecci\u00f3n de Trabajo, del que tanto hemos hablado. Y anteponemos el prefijo pseudo<\/em>, pues un informe que recaba informaci\u00f3n sin levantar acta de infracci\u00f3n por los propios incumplimientos que s\u00ed se llega a reflejar en su informe es un aut\u00e9ntico papel mojado<\/strong>. En este informe solo se da voz a una trabajadora que las propias denunciantes la identifican como la alcahueta, denotando as\u00ed de qu\u00e9 parte se encontraba esta persona. No se entrevista a ninguna trabajadora m\u00e1s, se relata que estas viven en \u201chabit\u00e1culos\u201d los cuales son contenedores met\u00e1licos que ocupan un m\u00ednimo de seis trabajadoras cada uno, encontr\u00e1ndose pr\u00e1cticamente enjauladas. El pseudo<\/em>informe no deja constancia de ning\u00fan contrato de trabajo en vigor puesto que no exist\u00eda, a fecha de la expulsi\u00f3n de facto ocurrida el 3 de junio de 2018. Oculta esta circunstancia, pues ni tan siquiera se pronuncia en algo tan b\u00e1sico como es la existencia o no del contrato.<\/span><\/p>\n

Si parece que la tutela judicial efectiva se ha visto ya resquebrajada, a\u00fan quedan hechos que no solo nos encontramos ante una sutil hendidura sobre este derecho, sino que se va a profundizar m\u00e1s. Ante la solicitud de la petici\u00f3n de copia de las grabaciones sobre la declaraci\u00f3n de los agentes de la Guardias civiles, se rechaza tal petici\u00f3n diciendo que no se ha justificado la finalidad para la obtenci\u00f3n de las grabaciones. Es decir, siendo parte, se nos deniega la informaci\u00f3n cuando no hay declarado ning\u00fan secreto para la instrucci\u00f3n de esta causa.<\/span><\/p>\n

Todo ello, ante la imposibilidad de que las denunciantes que pudiesen conocer el se\u00f1alamiento para su declaraci\u00f3n por videoconferencia, imposibilidad causada por el propio Juzgado, no se les vuelve a citar.<\/span><\/p>\n

El art\u00edculo 24.2 de nuestra norma suprema, la cual ampara la tutela judicial efectiva, siempre se usa para elevar la gran responsabilidad del Estado<\/strong>, que obviamente la tiene, siendo esta manifestaci\u00f3n a trav\u00e9s de su poder judicial. Que los derechos de la ciudadan\u00eda no sean menoscabados por los l\u00edmites institucionales, que nuestro pa\u00eds se constituya como garante de los derechos fundamentales. Es un art\u00edculo que tiene un enorme peso en nuestro Ordenamiento Jur\u00eddico<\/strong>, y justamente; es en casos como este, que evidencia la falta de eficacia de la norma, que es nada m\u00e1s y nada menos, que de rango constitucional. Que desarrollada a trav\u00e9s de la ley org\u00e1nica no ha dejado de ser detonada bien sea por quienes investigan el delito desde la l\u00ednea de salida policial, hasta que estos le pasan el testigo a una instructora, que lejos de controlar a los anteriores, encubre y omite la informaci\u00f3n de quienes inducen a la prostituci\u00f3n y explotan a mujeres vulnerables para su propio beneficio.<\/span><\/p>\n

\u00a0Es en casos como este donde no hay tutela<\/strong>, pues no se est\u00e1 garantizando nada m\u00e1s que la ocultaci\u00f3n de hechos de la otra parte para no tener un juicio justo, que se traducir\u00e1 en una clara desigualdad de armas entre las partes. Donde no hay judicialidad<\/strong> m\u00e1s all\u00e1 que por la tramitaci\u00f3n del proceso, y donde el concepto de \u201cefectiva<\/strong>\u201d se diluye entre un marem\u00e1gnum de providencias, autos, atestados, declaraciones, solicitudes, reiteradas denegaciones, para acabar con un desenlace de sobreseimiento provisional sin que se les permita a las v\u00edctimas se amplificar la voz con la verdad.<\/span><\/p>\n

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