{"id":2235209,"date":"2021-12-09T00:05:16","date_gmt":"2021-12-08T23:05:16","guid":{"rendered":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/?p=2235209"},"modified":"2021-12-08T23:08:00","modified_gmt":"2021-12-08T22:08:00","slug":"temporeras-contra-la-esclavitud-cuestiones-prejudiciales-de-derecho-comunitario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/2021\/12\/09\/temporeras-contra-la-esclavitud-cuestiones-prejudiciales-de-derecho-comunitario\/","title":{"rendered":"TEMPORERAS CONTRA LA ESCLAVITUD: DEMANDA DE AMPARO: \u00abNegativa de la Audiencia Provincial de Huelva a plantear al Tribunal de Justicia de la U.E. Cuestiones Prejudiciales de Derecho Comunitario Preceptivas, que estaba obligado a plantear\u00bb"},"content":{"rendered":"

<\/a>Cuestiones Prejudiciales de Derecho Comunitario<\/a><\/p>\n

INDICE- Esclavitud en la Espa\u00f1a del Siglo XXI<\/b><\/a><\/p>\n

\u2666\u2666<\/span>\u2666<\/span><\/p>\n

TEMPORERAS CONTRA LA ESCLAVITUD:\u00a0<\/strong><\/span><\/h1>\n

DEMANDA DE AMPARO CONSTITUCIONAL:<\/strong><\/span><\/h1>\n

Negativa de la Audiencia Provincial de Huelva a plantear al Tribunal de Justicia de la U.E. Cuestiones Prejudiciales de Derecho Comunitario Preceptivas, que estaba obligado<\/span> a plantear.<\/strong><\/span><\/h1>\n

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Conforme a todas las impugnaciones efectuadas en la presente Demanda de Amparo, como en cada caso ha quedado expuesto, fundamentaremos este Motivo de Amparo, relativo a la \u201cDecisi\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n ordinaria sobre el planteamiento de cuesti\u00f3n prejudicial, examinando la Jurisprudencia que, sobre esta materia, ha sido adoptada por el Tribunal Constitucional: El DUE (art. 267 TFUE) establece que ante una duda en la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del Derecho de la Uni\u00f3n, el Juez o Tribunal nacional est\u00e1 facultado para consultar al TJUE mediante el planteamiento de una cuesti\u00f3n prejudicial de interpretaci\u00f3n. <\/span><\/strong><\/p>\n

Esta facultad se torna, en principio, obligatoria, cuando la cuesti\u00f3n se plantee ante un \u00f3rgano judicial cuyas decisiones no sean susceptible de ulterior recurso judicial en la v\u00eda interna<\/span>. <\/span><\/strong><\/p>\n

De esta forma el TJUE ha afirmado que \u201cun \u00f3rgano jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, cuando se suscita ante \u00e9l una cuesti\u00f3n de Derecho comunitario, ha de dar cumplimiento a su obligaci\u00f3n de someter dicha cuesti\u00f3n al Tribunal de Justicia<\/span>, a menos que haya comprobado que la cuesti\u00f3n suscitada no es pertinente, o que la disposici\u00f3n comunitaria de que se trata fue ya objeto de interpretaci\u00f3n por el Tribunal de Justicia, o que la correcta aplicaci\u00f3n del Derecho comunitario se impone con tal evidencia que no deja lugar a duda razonable alguna; la existencia de tal supuesto debe ser apreciada en funci\u00f3n de las caracter\u00edsticas propias del Derecho comunitario, de las dificultades particulares que presenta su interpretaci\u00f3n y del riesgo de divergencias de jurisprudencia en el interior de la Comunidad<\/i>\u201d [TJUE, asunto Cilfit, n. 283\/81 (par. 21)].\u00a0<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div>\n

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\u00a0<\/p>\n<\/div>\n

\"Cuestiones<\/p>\n

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Cuestiones Prejudiciales de Derecho Comunitario planteadas <\/a>*<\/a><\/strong><\/span><\/em><\/h2>\n
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En el procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00ba 3 de La Palma del Condado, Diligencias Previas 556\/2018, se plante\u00f3 ante la Ilustr\u00edsima Audiencia Provincial de Huelva cuesti\u00f3n prejudicial para ser elevada al TJUE, siendo la elevaci\u00f3n de las diversas cuestiones prejudiciales, denegada mediante Auto de 1 de septiembre de 2020. Por tanto, habiendo visto denegada ya en dicho procedimiento, nuestra pretensi\u00f3n para ante el TJUE, ni la hemos propuesto ante el Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00ba 1 de la Palma del Condado ni ante la Audiencia Provincial, pues hubiera sido igualmente denegada, m\u00e1xime teni\u00e9ndose en cuenta que dos de los tres Magistrados (salvo el Presidente) que forman Sala en el Rollo de apelaci\u00f3n que es impugnado en este recurso de amparo, ya hab\u00edan formado parte de las decisiones habidas con ocasi\u00f3n de las alzadas planteadas frente a las decisiones del Juzgado de Instrucci\u00f3n num. 3 de La Palma del Condado que fueron impugnadas, lo que, en nuestra leal opini\u00f3n, adem\u00e1s, supondr\u00eda la conculcaci\u00f3n del principio de juez imparcial, pues entendemos existe una clara contaminaci\u00f3n o predisposici\u00f3n previas a la resoluci\u00f3n de la apelaci\u00f3n que aqu\u00ed nos ocupa.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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Las cuestiones planteadas se contraen a los siguientes extremos:<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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1.- SI LA NEGATIVA A INVESTIGAR LOS HECHOS PRESUNTAMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS, AS\u00cd COMO SI LA NEGATIVA A ACUMULAR EN UN \u00daNICO PROCESO JUDICIAL LA INVESTIGACI\u00d3N DE LOS HECHOS CONSIGNADOS EN LOS TRES ATESTADOS REMITIDOS AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCI\u00d3N No 1, seg\u00fan ha quedado expuesto en las Alegaciones de este escrito, es conforme a los art\u00edculos 2, 9, 11, 12, y concordantes, de la DIRECTIVA 2011\/36\/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevenci\u00f3n y lucha contra la trata de seres humanos y a la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas y por la que se sustituye la Decisi\u00f3n marco 2002\/629\/JAI del Consejo<\/a>, as\u00ed como al ART\u00cdCULO 4 (Prohibici\u00f3n de la Esclavitud y del Trabajo Forzado) del Convenio Europeo para la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, <\/a><\/b>de 1950 (CEDHLF); y si de existir dicha vulneraci\u00f3n, constituir\u00eda Vicio de procedimiento, en el caso de entender la existencia de Legislaci\u00f3n Sustantiva interna suficiente a este fin, o constituye Vulneraci\u00f3n Sustantiva, en otro caso.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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2.- SI LA DENEGACI\u00d3N DE LAS MEDIDAS DE PROTECCI\u00d3N DE LA IDENTIDAD DE LAS DENUNCIANTES, m\u00e1s a\u00fan si se estima que han de ser consideradas como v\u00edctimas de Delito de Trata en base a los hechos aqu\u00ed enjuiciados, constituye Vulneraci\u00f3n de lo dispuesto en los art\u00edculos 11, 12, y concordantes, de la <\/span>DIRECTIVA 2011\/36\/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011<\/b>, relativa a la prevenci\u00f3n y lucha contra la trata de seres humanos y a la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas y por la que se sustituye la Decisi\u00f3n marco 2002\/629\/JAI del Consejo, de la <\/span>DIRECTIVA 2012\/29\/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012<\/b>, por la que se establecen normas m\u00ednimas sobre los derechos, el apoyo y la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas de delitos, as\u00ed como de los <\/span>ART\u00cdCULOS 5 (Libertad y Seguridad) y 6 (Juicio equitativo), ambos del Convenio Europeo para la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales<\/b>, de 1950 (CEDHLF); y si de existir dichas vulneraciones, constituir\u00edan Vicios de Procedimiento, en el caso de entender la existencia de Legislaci\u00f3n Sustantiva interna suficiente a este fin, o constituir\u00eda Vulneraci\u00f3n Sustantiva, en otro caso. Resultan aqu\u00ed de especial relevancia las consideraciones expuestas en el apartado 8 de la Alegaci\u00f3n Primera de este escrito, en relaci\u00f3n al Video en que uno de los denunciados amenaza a las trabajadoras con enviar a Marruecos, a sus familias, grabaciones de las trabajadoras de contenido sexual.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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3.- SI LA RESOLUCI\u00d3N DE SOBRESEIMIENTO DE LAS PRESENTES ACTUACIONES, FUNDADA EN LA FALTA DE DECLARACI\u00d3N DE LAS V\u00cdCTIMAS EN ESTOS AUTOS, Y A LA VISTA DEL EXTENSO BAGAJE PROBATORIO APORTADO A LAS ACTUACIONES POR ESTA REPRESENTACI\u00d3N, AS\u00cd COMO A LA VISTA DE LAS DILIGENCIAS DE PRUEBA CUYA PR\u00c1CTICA HA SIDO SOLICITADA POR ESTA REPRESENTACI\u00d3N Y DENEGADA POR LOS \u00d3RGANOS JUDICIALES INTERVINIENTES (seg\u00fan ha quedado someramente referido en este escrito, y m\u00e1s a\u00fan si se estima que han de ser consideradas como v\u00edctimas de Delito de Trata en base a los hechos aqu\u00ed enjuiciados), constituye Vulneraci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 9, 1o (\u201cLos Estados miembros garantizar\u00e1n que la investigaci\u00f3n o el enjuiciamiento de las infracciones contempladas en los art\u00edculos 2 y 3 no dependan de la deposici\u00f3n o denuncia de la v\u00edctima, y que el proceso penal pueda seguir su curso aunque la v\u00edctima retire su declaraci\u00f3n\u201d)<\/i><\/b>, <\/i>as\u00ed como de lo dispuesto en los art\u00edculos 3, 4, 5, 7, 22, y concordantes, todos ellos de la DIRECTIVA 2011\/36\/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011<\/b>, relativa a la prevenci\u00f3n y lucha contra la trata de seres humanos y a la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas y por la que se sustituye la Decisi\u00f3n marco 2002\/629\/JAI del Consejo, as\u00ed como de los ART\u00cdCULOS 4 (Prohibici\u00f3n de la Esclavitud y del Trabajo Forzado<\/i>), 5 (Libertad y Seguridad<\/i>), 6 (Juicio equitativo<\/i>), y 13 (Derecho a un Recurso efectivo<\/i>), todos ellos del Convenio Europeo para la protecci\u00f3n de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales<\/b>, de 1950 (CEDHLF); y si de existir dichas vulneraciones, constituir\u00edan Vicios de Procedimiento, en el caso de entender la existencia de Legislaci\u00f3n Sustantiva interna suficiente a este fin, o constituir\u00eda Vulneraci\u00f3n Sustantiva, en otro caso.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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4.- SI LA FALTA DE APORTACI\u00d3N DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO \u2013 U OFERTAS VINCULANTES- CONCLUIDOS, Y FIRMADOS, POR AMBAS PARTES EN EL PA\u00cdS DE ORIGEN DE LAS TRABAJADORAS, COMO REQUISITO DEL PERMISO DE RESIDENCIA Y TRABAJO OTORGADO (m\u00e1s a\u00fan cuando ha quedado acreditado que a mis mandantes no se les ha abonado salario alguno por su trabajo), ), constituye Vulneraci\u00f3n de lo dispuesto en el Art\u00edculo 6, 3\u00ba <\/b>(A efectos de la aplicaci\u00f3n del apartado 1, letras a) y b), los Estados miembros presupondr\u00e1n que la relaci\u00f3n laboral ha durado al menos tres meses<\/b>, salvo que el empleador o el trabajador, entre otros, demuestren lo contrario<\/i>), as\u00ed como de lo dispuesto en los Art\u00edculos 8, 9, 10, 13, 14, y concordantes, todos ellos de la DIRECTIVA 2009\/52\/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, <\/b>por la que se establecen normas m\u00ednimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros pa\u00edses en situaci\u00f3n irregular; y si de existir dichas vulneraciones, constituir\u00edan Vicios de Procedimiento, en el caso de entender la existencia de Legislaci\u00f3n Sustantiva interna suficiente a este fin, o constituir\u00eda Vulneraci\u00f3n Sustantiva, en otro caso.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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5.- SI LA FALTA DE APORTACI\u00d3N DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO \u2013 U OFERTAS VINCULANTES- CONCLUIDOS, Y FIRMADOS, POR AMBAS PARTES EN EL PA\u00cdS DE ORIGEN DE LAS TRABAJADORAS, COMO REQUISITO DEL PERMISO DE RESIDENCIA Y TRABAJO OTORGADO (m\u00e1s a\u00fan cuando ha quedado acreditado que a mis mandantes no se les ha abonado salario alguno por su trabajo), constituye Vulneraci\u00f3n de lo dispuesto en los Art\u00edculos 5, 6, 11, 17, 18, 24, 25, y concordantes, todos ellos de la <\/span>DIRECTIVA 2014\/36\/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014<\/b><\/a>, sobre las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros pa\u00edses para fines de empleo como trabajadores temporeros, as\u00ed como de los <\/span>ART\u00cdCULOS 4 (Prohibici\u00f3n de la Esclavitud y del Trabajo Forzado<\/i>), 5 (Libertad y Seguridad<\/i>), 6 (Juicio equitativo<\/i>), y 13 (Derecho a un Recurso efectivo<\/i>), todos ellos del Convenio Europeo para la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales<\/b>, de 1950 (CEDHLF); y si de existir dichas vulneraciones, constituir\u00edan Vicios de Procedimiento, en el caso de entender la existencia de Legislaci\u00f3n Sustantiva interna suficiente a este fin, o constituir\u00eda Vulneraci\u00f3n Sustantiva, en otro caso.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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6.- SI, A LA VISTA DE QUE LA EMPRESA DENUNCIADA NI HA ABONADO LOS SALARIOS A MIS MANDANTES, NI REGISTR\u00d3 LOS CONTRATOS DE TRABAJO CONCLU\u00cdDOS EN OR\u00cdGEN Y QUE DAN LUGAR A LA AUTORIACI\u00d3N DE RESIDENCIA Y TRABAJO DE TEMPORADA EXPEDIDA A FAVOR DE MIS MANDANTES (<\/span>Infracci\u00f3n Grave; en realidad Muy Grave, dado que son m\u00e1s de dos las infracciones, conforme a los art\u00edculos 53, 2o, segundo inciso, y 54, ambos de la Ley Org\u00e1nica 4\/2000, de Extranjer\u00eda), y dado que, conforme a lo dispuesto en el Art\u00edculo 55, 2o, segundo p\u00e1rrafo, de la Ley Org\u00e1nica 4\/2000, de Extranjer\u00eda, \u201cel procedimiento sancionador se iniciar\u00e1 por acta de la Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social\u201d, <\/b><\/i>y siendo que, en el caso que nos ocupa, la INSPECCI\u00d3N DE TRABAJO <\/b>concluye la regularidad de la actividad empresarial en virtud de unos contratos que seg\u00fan lo manifestado por el investigado ni siquiera existen, encubriendo el presunto Delito de Trata de Seres Humanos, mediante un acto sin el cual la comisi\u00f3n del presunto Delito de Trata no podr\u00eda tener lugar, actuaci\u00f3n de car\u00e1cter esencial para la Organizaci\u00f3n Criminal de Tratantes de Seres humanos, y de la que depende su IMPUNIDAD; y a la vista <\/span>DE LA ACTUACI\u00d3N DELA GUARDIA CIVIL<\/b>, que en lugar de Identificar y tomar Declaraci\u00f3n a las trabajadoras que estaban enjauladas y privadas de libertad por la empresa denunciada, const\u00e1ndole su voluntad de denunciar a la empresa, las deja en poder de los presuntos tratantes, y procede a su expulsi\u00f3n violenta, sin permitirles interponer las denuncias, pese a que su visado y autorizaci\u00f3n de trabajo estaban plenamente vigentes, entre otros hechos relevantes que han quedado expuestos, <\/span>la decisi\u00f3n de no someter a investigaci\u00f3n judicial en los presentes autos ni a la Inspectora de Trabajo actuante, ni al mando de la Guardia Civil implicado en los hechos<\/b>, constituye Vulneraci\u00f3n de lo dispuesto en los Art\u00edculos 2, 3, 4, 9, y concordantes, todos ellos de la <\/span>DIRECTIVA 2011\/36\/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011<\/b>, relativa a la prevenci\u00f3n y lucha contra la trata de seres humanos y a la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas y por la que se sustituye la Decisi\u00f3n marco 2002\/629\/JAI del Consejo, as\u00ed como de los <\/span>ART\u00cdCULOS 4 (Prohibici\u00f3n de la Esclavitud y del Trabajo Forzado<\/i>), 5 (Libertad y Seguridad<\/i>), 6 (Juicio equitativo<\/i>), y 13 (Derecho a un Recurso efectivo<\/i>), todos ellos del Convenio Europeo para la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales<\/b>, de 1950 (CEDHLF); y si de existir dichas vulneraciones, constituir\u00edan Vicios de Procedimiento, en el caso de entender la existencia de Legislaci\u00f3n Sustantiva interna suficiente a este fin, o constituir\u00eda Vulneraci\u00f3n Sustantiva, en otro caso.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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Conforme a la Exposici\u00f3n de Motivos de la DIRECTIVA 2019\/1937, \u201cEs probable que las represalias se presenten como justificadas por razones distintas de la denuncia y puede resultar muy dif\u00edcil para los denunciantes probar el v\u00ednculo entre ambas, mientras que los autores de medidas adoptadas y motivarlas. Por lo tanto, una vez que el denunciante demuestre, razonablemente, que ha denunciado infracciones o que ha efectuado una revelaci\u00f3n p\u00fablica de conformidad con la presente Directiva y que ha sufrido un perjuicio, la carga de la prueba debe recaer en la persona que haya tomado la medida perjudicial, a quien se debe entonces exigir que demuestre que las medidas adoptadas no estaban vinculadas en modo alguno a la denuncia o la revelaci\u00f3n p\u00fablica\u201d.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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***<\/span><\/p>\n

Conforme a todas las impugnaciones efectuadas en la presente Demanda de Amparo, como en cada caso ha quedado expuesto, fundamentaremos este Motivo de Amparo, relativo a la \u201cDecisi\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n ordinaria sobre el planteamiento de cuesti\u00f3n prejudicial<\/b>, examinando la Jurisprudencia que, sobre esta materia, ha sido adoptada por el Tribunal Constitucional<\/b>: El DUE (art. 267 TFUE) establece que ante una duda en la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del Derecho de la Uni\u00f3n, el Juez o Tribunal nacional est\u00e1 facultado para consultar al TJUE mediante el planteamiento de una cuesti\u00f3n prejudicial de interpretaci\u00f3n. Esta facultad se torna, en principio, obligatoria, cuando la cuesti\u00f3n se plantee ante un \u00f3rgano judicial cuyas decisiones no sean susceptible de ulterior recurso judicial en la v\u00eda interna. De esta forma el TJUE ha afirmado que \u201cun \u00f3rgano jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, cuando se suscita ante \u00e9l una cuesti\u00f3n de Derecho comunitario, ha de dar cumplimiento a su obligaci\u00f3n de someter dicha cuesti\u00f3n al Tribunal de Justicia, a menos que haya comprobado que la cuesti\u00f3n suscitada no es pertinente, o que la disposici\u00f3n comunitaria de que se trata fue ya objeto de interpretaci\u00f3n por el Tribunal de Justicia, o que la correcta aplicaci\u00f3n del Derecho comunitario se impone con tal evidencia que no deja lugar a duda razonable alguna; la existencia de tal supuesto debe ser apreciada en funci\u00f3n de las caracter\u00edsticas propias del Derecho comunitario, de las dificultades particulares que presenta su interpretaci\u00f3n y del riesgo de divergencias de jurisprudencia en el interior de la Comunidad<\/i>\u201d [TJUE, asunto Cilfit, n. 283\/81 (par. 21)].\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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A estos efectos, el TC ha entendido que la decisi\u00f3n sobre el planteamiento de la cuesti\u00f3n prejudicial es una cuesti\u00f3n de legalidad que corresponde a los jueces y tribunales ordinarios. Y la decisi\u00f3n de no plantear cuesti\u00f3n prejudicial no implica per se la lesi\u00f3n de un derecho a la tutela judicial efectiva.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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– \u201cA semejanza de lo que acontece en las cuestiones de inconstitucionalidad [\u2026] la recta aplicaci\u00f3n del Derecho comunitario europeo por los poderes p\u00fablicos nacionales es una cuesti\u00f3n de car\u00e1cter infraconstitucional y por lo mismo excluida tanto del \u00e1mbito del proceso de amparo como de los dem\u00e1s procesos constitucionales porque la decisi\u00f3n sobre el planteamiento de la cuesti\u00f3n prejudicial corresponde, de forma exclusiva e irreversible, al \u00f3rgano judicial que resuelve el litigio\u201d [STC 111\/1993, FJ 2] L\u00ednea jurisprudencial reiterada en las SSTC 180\/1993, FJ 2; STC 201\/1996, FJ 2; y 58\/2004, FJ 10].<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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– \u201cAhora bien, teniendo en cuenta que el juez nacional debe plantear la solicitud de interpretaci\u00f3n ante el TJUE siempre que tenga \u00ab[\u2026] una duda razonable acerca de la interpretaci\u00f3n que haya de darse a una norma de Derecho comunitario, y que la soluci\u00f3n de dicha duda sea necesaria para poder emitir su fallo\u00bb [STC 111\/1993, FJ 2]. \u2022 Y que \u00abDebe tenerse en cuenta, al efecto, que la existencia o inexistencia de una duda no puede entenderse en t\u00e9rminos de convicci\u00f3n subjetiva del juzgador sobre una determinada interpretaci\u00f3n del Derecho comunitario (una apreciaci\u00f3n subjetiva) sino como inexistencia objetiva, clara y terminante, de duda alguna en su aplicaci\u00f3n. No se trata, pues, de que no haya dudas razonables sino, simplemente, de que no haya duda alguna\u201d [STC 58\/2004, FJ 13].<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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Por el contrario, esta obligaci\u00f3n desaparece \u201caun trat\u00e1ndose de decisiones de \u00f3rganos jurisdiccionales nacionales que no son susceptibles de un recurso judicial conforme al Derecho interno, tanto cuando la cuesti\u00f3n planteada fuese materialmente id\u00e9ntica a otra que haya sido objeto de una decisi\u00f3n prejudicial en caso an\u00e1logo (SSTJCE de 27 de marzo de 1963, asuntos Da Costa y acumulados, 28 a 30\/62; y de 19 de noviembre de 19991, asunto Francovich y Bonifaci, C-6 y 9\/90), como cuando la correcta aplicaci\u00f3n del Derecho comunitario puede imponerse con tal evidencia que no deje lugar a ninguna duda razonable sobre la soluci\u00f3n de la cuesti\u00f3n planteada (STJCE de 6 de octubre de 1982, asunto Cilfit, 283\/81)\u201d [STC 58\/2004, FJ 9].<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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– Adem\u00e1s \u201cla existencia de una previa Sentencia interpretativa del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no excusa del nuevo planteamiento de la cuesti\u00f3n prejudicial, cuando un \u00f3rgano judicial utiliza los criterios interpretativos fijados en un sentido que conduce a una conclusi\u00f3n contraria a la expresada por los restantes \u00f3rganos judiciales\u201d [STC 58\/2004, FJ 13].\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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A pesar de que la decisi\u00f3n sobre el planteamiento de la cuesti\u00f3n prejudicial ante el TJUE corresponde a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, esta ostenta relevancia constitucional por cuanto con ella se pueden vulnerar derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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– Ahora bien, en ning\u00fan caso \u00abLa decisi\u00f3n de no plantear una cuesti\u00f3n prejudicial al amparo del art. 234 TCE [\u2026] implica per se la lesi\u00f3n de las garant\u00edas previstas en el art. 24 CE, ni de quien pretend\u00eda dicho planteamiento y no obtuvo satisfacci\u00f3n a su pretensi\u00f3n, ni de quien, sin haberlo solicitado, pueda verse perjudicado por su no planteamiento\u00bb [STC 58\/2004, FJ 10].<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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En este sentido, existen dos posibles c\u00e1nones de control de las decisiones judiciales que, no siendo susceptibles de ulterior recurso ordinario interno, inaplican una ley nacional por entender que es incompatible con el DUE, sin previo planteamiento de cuesti\u00f3n prejudicial ante el TJUE:<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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– \u201cPor un lado, el general del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensi\u00f3n, que comprende, por lo que aqu\u00ed importa, el derecho a obtener de los jueces y tribunales una resoluci\u00f3n motivada y fundada en derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas en el proceso, sin que por esta v\u00eda pueda llegar a examinarse el acierto o desacierto \u00faltimo de la decisi\u00f3n, \u00e1mbito \u00e9ste \u00faltimo ajeno a esta jurisdicci\u00f3n constitucional (as\u00ed, para un caso semejante, STC 27\/2013, de 11 de febrero, FJ 5)\u201d [STC 232\/2015, FJ 4].<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

– \u201cPor otro lado [\u2026] el canon m\u00e1s espec\u00edfico del derecho a un proceso con todas las garant\u00edas, del que forma parte el derecho a que los jueces y tribunales resuelvan \u201cconforme al sistema de fuentes establecido\u201d (STC 58\/2004, FJ 14, y, en el mismo sentido, STC 173\/2002, de 9 de octubre, FJ 10)\u201d [STC 232\/2015, FJ 4].<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

En un primer momento, el Tribunal utiliz\u00f3 el doble canon de enjuiciamiento; as\u00ed, declar\u00f3 el obligatorio planteamiento de cuesti\u00f3n prejudicial cuando se inaplica una ley nacional por ser considerada contraria al Derecho europeo; obligatoriedad fundada en la garant\u00eda del derecho a un proceso con todas las garant\u00edas (art. 24.2 CE):<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

– \u201cde la misma manera que el constituyente quiso sustraer al Juez ordinario la posibilidad de inaplicar una ley ante un eventual juicio de incompatibilidad con la Constituci\u00f3n por corresponder de forma exclusiva la depuraci\u00f3n del ordenamiento legal, vigente la Constituci\u00f3n, al Tribunal Constitucional, que es el \u00fanico que tiene la competencia y la jurisdicci\u00f3n para declarar con eficacia erga omnes la inconstitucionalidad de las leyes, el eventual juicio de incompatibilidad de una norma legal interna con el Derecho comunitario no puede depender exclusivamente de un juicio subjetivo del aplicador de Derecho, esto es, de su propia autoridad, sino que debe estar revestido de ciertas cautelas y garant\u00edas\u201d [STC 58\/2004, FJ 11].\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

– \u201ca este Tribunal no le corresponde resolver [\u2026] si exist\u00eda o no la pretendida contradicci\u00f3n entre la normativa interna y el Derecho comunitario que justificase la inaplicaci\u00f3n de aqu\u00e9lla en beneficio de \u00e9sta sino, \u00fanica y exclusivamente, si el Juez espa\u00f1ol ha adoptado su decisi\u00f3n inaplicativa dentro de su jurisdicci\u00f3n, esto es, en el proceso debido y con todas las garant\u00edas (art. 24.2 CE), o, por el contrario, estaba obligado previamente a plantear la cuesti\u00f3n prejudicial interpretativa prevista en el art. 234 TCE en orden a dejar inaplicado el Derecho espa\u00f1ol\u201d [STC 58\/2004, FJ 11; 194\/2006, FJ 4].<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

– \u201cEl planteamiento de la cuesti\u00f3n prejudicial para dejar de aplicar una norma legal vigente por su contradicci\u00f3n con el Derecho comunitario resulta imprescindible para el respeto al sistema de fuentes establecido como garant\u00eda inherente al principio de legalidad, al que est\u00e1n sometidas las actuaciones de la Administraci\u00f3n y de los Tribunales (art. 117.1 CE)\u201d (STC 194\/2006, FJ 5).<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

Posteriormente el Tribunal, en virtud de los arts. 10.1 n) y art. 13 LOTC, modific\u00f3 su doctrina anterior y declar\u00f3 que la contradicci\u00f3n de una ley nacional con el DUE plantea un problema de estricta aplicabilidad y que la necesidad de plantear cuesti\u00f3n prejudicial correspond\u00eda apreciarla a los jueces de la jurisdicci\u00f3n ordinaria.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

– \u201cLa cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad -art. 163 CE- y la cuesti\u00f3n prejudicial del Derecho comunitario -arts. 19. 3b) del Tratado de la Uni\u00f3n Europea (TUE) y 267 del Tratado sobre el funcionamiento de la Uni\u00f3n Europea (TFUE) [antiguo art. 234 del Tratado de la Comunidad Europea (TCE)]- est\u00e1n sujetas a reg\u00edmenes jur\u00eddicos, que, en lo que ahora importa, se ajustan a exigencias diferentes: a) El planteamiento de la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad resulta imprescindible en relaci\u00f3n con las normas legales posteriores a la Constituci\u00f3n si no existe la posibilidad de lograr una interpretaci\u00f3n de ellas que acomode su sentido y aplicaci\u00f3n a la Norma Suprema: solo mediante el planteamiento de la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad puede llegarse a dejar sin aplicaci\u00f3n una norma legal posterior a la Constituci\u00f3n y que contradice a \u00e9sta; b) Distinto es el r\u00e9gimen jur\u00eddico de la cuesti\u00f3n prejudicial propia del Derecho comunitario, pues la obligaci\u00f3n de plantearla desaparece, aun trat\u00e1ndose de decisiones de \u00f3rganos jurisdiccionales nacionales que no son susceptibles de un recurso judicial conforme al Derecho interno, tanto cuando la cuesti\u00f3n suscitada fuese materialmente id\u00e9ntica a otra que haya sido objeto de una decisi\u00f3n prejudicial en caso an\u00e1logo (SSTJCE de 27 de marzo de 1963, asuntos Da Costa y acumulados, 28 a 30\/62; y de 19 de noviembre de 1991, asunto Francovich y Bonifaci, C-6 y 9\/90), como cuando la correcta aplicaci\u00f3n del Derecho comunitario puede imponerse con tal evidencia que no deje lugar a ninguna duda razonable sobre la soluci\u00f3n de la cuesti\u00f3n (STJCE de 6 de octubre de 1982, asunto Cilfit, 283\/81)\u201d\u00bb [STC 78\/2010, FJ 2].\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

– De este modo, \u201cpara dejar de aplicar una norma legal vigente por su contradicci\u00f3n con el Derecho comunitario el planteamiento de la cuesti\u00f3n prejudicial s\u00f3lo resulta preciso, con la perspectiva del art. 24 CE, en caso de que concurran los presupuestos fijados al efecto por el propio Derecho comunitario, cuya concurrencia corresponde apreciar a los Jueces y Tribunales de la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u201d [STC 78\/2010, FJ 2].<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

– As\u00ed las cosas, este razonamiento lleva a aplicar un canon de mera razonabilidad en virtud del cual \u201csi el Tribunal Supremo manifest\u00f3 que no ten\u00eda duda alguna sobre la interpretaci\u00f3n de la normativa europea aplicable al caso, es claro que no exist\u00eda la obligaci\u00f3n de remitir ante la jurisdicci\u00f3n europea una cuesti\u00f3n de interpretaci\u00f3n\u201d [STC 27\/2013, FJ 7].<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

– \u201cLa Sentencia del Tribunal Supremo recurrida en amparo se justifica en una interpretaci\u00f3n de la legalidad ordinaria y de la jurisprudencia aplicables en relaci\u00f3n con la ejecuci\u00f3n interna del Derecho de la Uni\u00f3n Europea que est\u00e1 razonada y que no resulta manifiestamente irrazonable o arbitraria y, por tanto, se trata de una resoluci\u00f3n judicial que no puede calificarse a primera vista como no fundada en Derecho, con independencia de su acierto o desacierto \u00faltimos\u201d [STC 27\/2013, FJ 6].<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

Recientemente el TC ha vuelto a mantener el doble par\u00e1metro de control, al declarar en la STC 37\/2019, relativa a la fijaci\u00f3n de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social, la vulneraci\u00f3n del derecho con todas las garant\u00edas (art. 24.2 CE) por alteraci\u00f3n del sistema de fuentes establecido, al no haber planteado el Tribunal Supremo la preceptiva cuesti\u00f3n prejudicial ante el Tribunal de Justicia. Estima, en concreto, que en el caso mencionado no concurr\u00edan los presupuestos requeridos para aplicar la doctrina europea del acto aclarado, que hubiese exonerado al juez nacional de tal obligaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

– \u201cen el procedimiento a quo no concurr\u00edan los presupuestos necesarios para apreciar que la doctrina emanada en las referidas sentencias del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea constitu\u00eda un \u201cacto aclarado\u201d respecto del problema interpretativo suscitado y, por tanto, el \u00f3rgano judicial no estaba dispensado de plantear cuesti\u00f3n prejudicial ante el mencionado Tribunal de Justicia. As\u00ed pues, debemos afirmar que se ha lesionado el derecho a un proceso con todas las garant\u00edas (art. 24.2 CE), toda vez que el \u00f3rgano judicial ha inaplicado la normativa nacional por considerarla incompatible con el art. 3.2 de la Directiva 2009\/72\/CE, sin previamente recabar un pronunciamiento prejudicial del Tribunal de Justicia. Ello ha dado lugar a una preterici\u00f3n del sistema de fuentes, con desconocimiento de las garant\u00edas que integran el proceso debido\u201d [STC 37\/2019, FJ 6].\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

\u00a0<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

En la STC 37\/2019 <\/b>el TC ha sintetizado la doctrina constitucional relativa al no planteamiento de una cuesti\u00f3n prejudicial distinguiendo los siguientes cuatro supuestos:<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

\u00aba) Resulta contrario al derecho a un proceso con todas las garant\u00edas (art. 24.2 CE), dejar de aplicar una norma interna (tenga esta rango de ley o no) sin plantear cuesti\u00f3n prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea, cuando exista una \u201cduda objetiva, clara y terminante\u201d sobre esa supuesta contradicci\u00f3n [SSTC 58\/2004, FFJJ 9 a 14; 232\/2015, FJ 5 a)]. Tal duda objetiva puede derivar (i) del hecho de existir un criterio generalizado de los tribunales espa\u00f1oles acerca de la compatibilidad entre ambas normas, que el \u00f3rgano judicial no desvirt\u00faa mediante una motivaci\u00f3n espec\u00edfica en la resoluci\u00f3n impugnada en amparo; (ii) porque pese a haberse dictado una o m\u00e1s resoluciones por el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea referentes a dicha norma nacional, ninguna se ha pronunciado directamente sobre las cuestiones que ahora se suscitan; (iii) o bien por la conjunci\u00f3n de ambas circunstancias (STC 58\/2004, FFJJ 13-14);<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

b) Resulta igualmente contrario al derecho a un proceso con todas las garant\u00edas (art. 24.2 CE), por alteraci\u00f3n del sistema de fuentes: inaplicar una norma interna sin plantear cuesti\u00f3n prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea cuando se fundamente dicha decisi\u00f3n en la doctrina del \u201cacto aclarado\u201d, en los casos en que tal doctrina no puede ser invocada; es decir, cuando no sea posible afirmar que \u201cla cuesti\u00f3n planteada es materialmente id\u00e9ntica a una que ya fue objeto anteriormente de una decisi\u00f3n con car\u00e1cter prejudicial en un asunto an\u00e1logo\u201d (STJUE de 6 de octubre de 1982, asunto 283\/81, Cilfit, apartado 13) como, por ejemplo, se examin\u00f3 en la ya citada STC 194\/2006;<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

c) En sentido contrario a lo anterior, \u201cdejar de plantear la cuesti\u00f3n prejudicial y aplicar una ley nacional supuestamente contraria al Derecho de la Uni\u00f3n no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva si esa decisi\u00f3n es fruto de una ex\u00e9gesis racional de la legalidad ordinaria, pues solo estos par\u00e1metros tan elevados forman parte de los derechos consagrados en el art. 24 CE\u201d [STC 232\/2015, FJ 5 b), con cita de las anteriores SSTC 27\/2013, de 11 de febrero, FJ 7; 212\/2014, de 18 de diciembre, FJ 3, y 99\/2015, de 25 de mayo, FJ 3];\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

d) Asimismo, cumpli\u00e9ndose con los requisitos de la doctrina del \u201cacto aclarado\u201d, tambi\u00e9n hemos dicho que \u201ccorresponde a este Tribunal velar por el respeto del principio de primac\u00eda del Derecho de la Uni\u00f3n cuando exista una interpretaci\u00f3n aut\u00e9ntica efectuada por el propio Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea. En estos casos, el desconocimiento y preterici\u00f3n de esa norma de Derecho de la Uni\u00f3n, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia, puede suponer una \u201eselecci\u00f3n irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso\u201f, lo cual puede dar lugar a una vulneraci\u00f3n del derecho a la tutela judicial efectiva\u201d [STC 232\/2015, FJ 5 c), con cita de las anterior STC 145\/2012, de 2 de julio, FFJJ 5 y 6; en igual sentido, SSTC 148\/2016, de 19 de septiembre, FJ 5 b); 162\/2016, de 3 de octubre, FJ 2, y 75\/2017, de 19 de junio, FJ 2]. \u00bb [STC 37\/2019, FJ 4].\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

Por su parte, hemos de invocar igualmente la STC 58\/2004, de 19 de abril de 2004, <\/b>F.J. 14: \u201cEn efecto, es indudable que forma parte del conjunto de las facultades inherentes a la potestad de juzgar, privativa de los Jueces y Tribunales del Poder Judicial por mandato de la propia Constituci\u00f3n (art. 117.3), la de seleccionar la norma jur\u00eddica aplicable al caso concreto de entre las varias posibles, su interpretaci\u00f3n y la subsunci\u00f3n en ella de los hechos (SSTC 76\/1995, de 22 de mayo, FJ 5; y 173\/2002, de 9 de octubre, FJ 10). Pero tambi\u00e9n es indudable que cuando se trata de inaplicar una ley, el planteamiento de la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad, si contradice la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola, o el de la cuesti\u00f3n prejudicial, si es contraria al Derecho comunitario <\/b>(eso s\u00ed, siempre y cuando, respecto de esta \u00faltima y como ocurre en el presente caso, se den las circunstancias para tal planteamiento), debe convertirse en una de las garant\u00edas comprendidas en el derecho al proceso debido frente a inaplicaciones judiciales arbitrarias o insuficientemente fundadas <\/b>de la ley espa\u00f1ola basadas en una pretendida inconstitucionalidad de la misma o utilizando como excusa la primac\u00eda del Derecho comunitario. En el asunto que nos ocupa era insoslayable para inaplicar la disposici\u00f3n de ley al caso concreto, por causa de su posible inconstitucionalidad o de su posible contradicci\u00f3n con el Derecho comunitario, la promoci\u00f3n de la correspondiente cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad o cuesti\u00f3n prejudicial (arts. 163 CE y 234 TCE), sin las cuales, las normas legales no pod\u00edan ser, en manera alguna, inaplicadas o preteridas<\/b>.<\/i><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

Los Jueces y Tribunales, en definitiva, s\u00f3lo son garantes y dispensadores de la tutela que exige el art. 24 CE cuando deciden secundum legem y conforme al sistema de fuentes establecido. El Poder Judicial es, al margen de la legalidad, nudo poder que, al resolver as\u00ed, no respeta ni asegura las garant\u00edas inherentes al procedimiento. Es, pues, evidente, que el art. 117.3 CE no faculta al Juez, una vez seleccionada la \u00fanica norma legal aplicable al caso concreto, simplemente a inaplicarla, soslayando el procedimiento expresamente establecido para ello en nuestro Ordenamiento jur\u00eddico tanto para el planteamiento de la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad prevista en el art. 163 CE como para el de la cuesti\u00f3n prejudicial recogida en el art. 234 TCE. Tal actuaci\u00f3n es contraria al principio de legalidad inherente al Estado de Derecho que la Constituci\u00f3n enuncia en su t\u00edtulo preliminar (art. 9.3 CE), y que se instituye en un l\u00edmite no s\u00f3lo de la actuaci\u00f3n administrativa (art. 103.1 CE) sino tambi\u00e9n de la judicial (art. 117.1 CE; STC 137\/1997, de 21 de julio, FJ 2)<\/i>\u201d.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

Finalmente, la STC 232\/2015, de 5 de noviembre<\/b>, establece: \u201c\u2026 dejar de aplicar una ley interna, sin plantear cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad, por entender un \u00f3rgano jurisdiccional que esa ley es contraria al Derecho de la Uni\u00f3n Europea, sin plantear tampoco cuesti\u00f3n prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea, es contrario al derecho a un proceso con todas las garant\u00edas (art. 24.2 CE) si existe una duda objetiva, clara y terminante, sobre esta supuesta contradicci\u00f3n (STC 58\/2004)<\/i>\u201d.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

Por su parte, por ultimo, debemos se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n, a nuestro juicio, del Derecho al juez legal imparcial, por cuanto dos de los tres Magistrados (salvo el Presidente de Sala) ya formaron Sala en las anteriores impugnaciones habidas con ocasi\u00f3n de la tramitaci\u00f3n de las Diligencias Previas 553\/2018, seguidas ante el Juzgado de Instrucci\u00f3n num. 3 de La Palma del Condado. Nos remitimos en este punto a lo dicho en sede f\u00e1ctica de este escrito y lo expuesto en nuestros precedentes escritos de recurso de reforma y subsidiario de apelaci\u00f3n y alegaciones al subsidiario (documentos 7 y 8 de esta demanda de amparo).<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

En definitiva, en el caso que nos ocupa, el desconocimiento y preterici\u00f3n de esas normas de Derecho de la Uni\u00f3n, tal y como han sido interpretadas por el Tribunal de Justicia, supone una \u201eselecci\u00f3n irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso<\/b>\u201f<\/b>, lo que da lugar a la vulneraci\u00f3n del derecho a la tutela judicial efectiva que invocamos<\/b>.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

Por lo dem\u00e1s, en todo caso, esta decisi\u00f3n ABSOLUTAMENTE INMOTIVADA, VULNERA EL DERECHO A LA MOTIVACI\u00d3N NO ARBITRARIA, NI IL\u00d3GICA, NI ERR\u00d3NEA.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

As\u00ed, adem\u00e1s de cuanto ha quedado referido en otros Submotivos del presente, nuestras afirmaciones resultan plenamente conformes al tan citado ATC (Pleno) 14 de febrero de 2019, n\u00ba 10\/2019, BOE 67\/2019, rec. 2320-2018<\/b>:<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

\u201c\u2026 la motivaci\u00f3n debe contener una fundamentaci\u00f3n en Derecho (STC 147\/1999, de 4 de agosto, FJ 3). Este \u00faltimo aspecto no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selecci\u00f3n, interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las disposiciones legales, salvo que con ellas se afecte al contenido de otros derechos fundamentales distintos al de tutela judicial efectiva (SSTC 256\/2000, de 30 de octubre, FJ 2; 82\/2001, de 26 de marzo, FJ 2). Pero la fundamentaci\u00f3n en Derecho s\u00ed conlleva la garant\u00eda de que la decisi\u00f3n no sea consecuencia de una aplicaci\u00f3n arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable o incurra en un error patente, ya que, en tal caso, la aplicaci\u00f3n de la legalidad ser\u00eda tan s\u00f3lo una mera apariencia (por todas, SSTC 87\/2000,de 27 de marzo, FJ 3; 82\/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 221\/2001, de 31 de octubre, FJ 6, y 55\/2003, de 24 de marzo, FJ 6)<\/i>\u201d. (FD 3<\/b>).<\/span><\/p>\n<\/div>\n

 <\/p>\n

\"\"
Sindicalismo corrupto<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

\u00a0<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Cuestiones Prejudiciales de Derecho Comunitario INDICE- Esclavitud en la Espa\u00f1a del Siglo XXI \u2666\u2666\u2666 TEMPORERAS CONTRA LA ESCLAVITUD:\u00a0 DEMANDA DE AMPARO CONSTITUCIONAL: Negativa de la Audiencia Provincial de Huelva a plantear al Tribunal de Justicia […]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":3,"featured_media":2235218,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[6,12,13],"tags":[],"class_list":["post-2235209","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-justicia","category-corrupcion","category-corrupcion_judicial"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2235209","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2235209"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2235209\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2235218"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2235209"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2235209"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2235209"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}