{"id":2233304,"date":"2022-03-07T00:05:26","date_gmt":"2022-03-06T23:05:26","guid":{"rendered":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/?p=2233304"},"modified":"2022-04-11T20:53:36","modified_gmt":"2022-04-11T18:53:36","slug":"totalitarismo-global-jueces-represion-y-justicia-transicional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/2022\/03\/07\/totalitarismo-global-jueces-represion-y-justicia-transicional\/","title":{"rendered":"TRANSICIONES DESDE EL TOTALITARISMO CL\u00c1SICO HASTA EL TOTALITARISMO GLOBAL: \u00abJueces, represi\u00f3n y justicia transicional en Espa\u00f1a, Chile y Argentina\u00bb."},"content":{"rendered":"

Jueces, represi\u00f3n y Justicia Transicional (JT) en Espa\u00f1a, Chile y Argentina<\/span><\/strong><\/p>\n

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\u00bfPor qu\u00e9 algunas democracias han avanzado considerablemente en el esclarecimiento y enjuiciamiento de las violaciones de derechos humanos cometidas por dictaduras anteriores, mientras que otras a\u00fan cuentan con leyes de amnist\u00eda que impiden \u2014o al menos dificultan\u2014 la aprobaci\u00f3n de tales pol\u00edticas? <\/span><\/strong><\/p>\n

Nuestro objetivo es demostrar que, durante los per\u00edodos de democratizaci\u00f3n, cuanto m\u00e1s legal sea la represi\u00f3n dictatorial anterior, y cuanto m\u00e1s directa sea la implicaci\u00f3n judicial en ella, m\u00e1s resistencia habr\u00e1 para aplicar pol\u00edticas de justicia transicional. Compararemos el caso espa\u00f1ol con los de Chile y Argentina. <\/span><\/strong><\/p>\n

El establecimiento de la democracia despu\u00e9s de una dictadura de derecha responsable de la violaci\u00f3n sistem\u00e1tica de los derechos humanos oblig\u00f3 a los tres pa\u00edses a considerar la mejor manera de enfrentar este pasado violento. Una vez consolidada la democracia, factores explicativos adicionales dar\u00e1n cuenta de la presencia o ausencia de responsabilidad judicial impiden \u2014o, al menos, dificultan\u2014 la aprobaci\u00f3n de dichas medidas? <\/span><\/strong><\/p>\n

Nos proponemos demostrar que, durante los procesos de democratizaci\u00f3n, cuanto m\u00e1s \u201clegal\u201d haya sido la represi\u00f3n dictatorial, y mayor sea la implicaci\u00f3n de los jueces en ella, mayor resistencia existir\u00e1 la aplicaci\u00f3n de pol\u00edticas de justicia transicional. <\/span><\/strong><\/p>\n

Nos proponemos comparar el caso espa\u00f1ol con el chileno y el argentino. En los tres pa\u00edses hubo dictaduras de corte conservador, la violaci\u00f3n de derechos humanos fue sistem\u00e1tica y, cuando se democratizaron, tuvieron que reflexionar sobre qu\u00e9 hacer con este pasado de violencia pol\u00edtica. <\/span><\/strong><\/p>\n

Una vez que la democracia se ha consolidado, factores adicionales contribuyen a explicar la presencia o ausencia de rendici\u00f3n de cuentas en el \u00e1mbito judicial.<\/span><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n

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Revista Internacional de Sociolog\u00eda<\/span><\/a><\/p>\n

Por Paloma Aguilar (UNED)<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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INTRODUCCI\u00d3N<\/span><\/strong><\/p>\n

En algunas investigaciones se afirma que distintos tipos de dictadura producen diversos procesos de democratizaci\u00f3n (Geddes 1999). Tambi\u00e9n se han analizado de forma comparada las diversas pol\u00edticas de justicia transicional (en adelante, JT) adoptadas por diferentes pa\u00edses (Aguilar 2008a; Barahona de Brito 1997; Nalepa 2010; Olsen, Payne y Reiter 2010). Por \u00faltimo, varios autores han estudiado el funcionamiento del sistema judicial en los reg\u00edmenes autoritarios (Ginsburg y Tamir Moustafa 2008; Hilbink 2007; Pereira 2005). Sin embargo, no hemos encontrado investigaciones que hayan tratado de relacionar el tipo de pr\u00e1cticas represivas empleadas por las dictaduras, el grado de implicaci\u00f3n del sistema judicial en ellas y las ulteriores pol\u00edticas de JT.<\/span><\/p>\n

En este art\u00edculo vamos a comparar el caso espa\u00f1ol con el chileno y el argentino. En los tres pa\u00edses existieron dictaduras de corte conservador, la violaci\u00f3n de derechos humanos fue sistem\u00e1tica y ello les oblig\u00f3 a reflexionar sobre qu\u00e9 hacer con este pasado en sus respectivos procesos de democratizaci\u00f3n. No se va a llevar a cabo una comparaci\u00f3n en t\u00e9rminos de igualdad, sino que se proceder\u00e1 a una exposici\u00f3n m\u00e1s detallada de lo ocurrido en Espa\u00f1a, que es el caso menos investigado, y se realizar\u00e1n comparaciones puntuales con lo acontecido en Chile y Argentina. <\/span><\/p>\n

Existe una gran variaci\u00f3n en cuanto a las medidas de JT adoptadas en estos tres pa\u00edses: Argentina fue pionera en cuanto a la celebraci\u00f3n de juicios contra los responsables de violaciones de derechos y fue el pa\u00eds del Cono Sur en el que antes se anul\u00f3 la Ley de amnist\u00eda que garantizaba su impunidad. En Espa\u00f1a el \u00fanico proceso judicial que se ha celebrado1 \u2014el \u201ccaso Ruano\u201d\u2014 no ha supuesto condena alguna ni ha contribuido al esclarecimiento de la verdad; tampoco \u2014salvo en una \u00fanica ocasi\u00f3n (Gil 2009:58)\u2014 se han anulado las decenas de miles de sentencias de car\u00e1cter pol\u00edtico que tuvieron lugar durante la guerra civil y el franquismo, y ello a pesar de los numerosos recursos de revisi\u00f3n que se han presentado y de la evidente falta de garant\u00edas de que adolecieron; adem\u00e1s, la ley de amnist\u00eda de 1977 sigue vigente y no existe debate pol\u00edtico sobre la conveniencia de su anulaci\u00f3n. Chile ocupa un lugar intermedio, pues, tras muchas resistencias iniciales, se han celebrado multitud de juicios y, aunque la ley de amnist\u00eda de 1978 tambi\u00e9n est\u00e1 en vigor, algunos actores sociales y pol\u00edticos han llegado a proponer\u00a0<\/span>su anulaci\u00f3n. Por \u00faltimo, mientras que Argentina y Chile han contado con comisiones de la verdad, no se ha establecido ninguna en Espa\u00f1a.<\/span><\/p>\n

Nuestras hip\u00f3tesis se refieren, fundamentalmente, a los procesos de transici\u00f3n democr\u00e1tica. Una vez que la democracia se ha consolidado, otros factores contribuyen a explicar por qu\u00e9 se han incrementado los juicios en Argentina, por qu\u00e9 se han empezado a celebrar en Chile y por qu\u00e9 las pol\u00edticas de justicia y verdad apenas han experimentado avances en Espa\u00f1a. Las reformas institucionales, las iniciativas sociales, la voluntad pol\u00edtica y judicial, y los avances en legislaci\u00f3n internacional han resultado determinantes en algunos casos para cambiar las inercias heredadas de la transici\u00f3n.<\/span><\/p>\n

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\"represi\u00f3n<\/p>\n

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DEBATE TE\u00d3RICO<\/span><\/strong><\/p>\n

Los factores que m\u00e1s se han subrayado para explicar tanto la existencia de procesos judiciales contra los responsables de la represi\u00f3n autoritaria como la voluntad del Estado de esclarecer lo acontecido y reparar a las v\u00edctimas, son, fundamentalmente, la correlaci\u00f3n de fuerzas existente entre los viejos y los nuevos gobernantes, las preferencias y c\u00e1lculos estrat\u00e9gicos de las \u00e9lites pol\u00edticas, la legitimidad residual de la dictadura, la presi\u00f3n ejercida por las organizaciones de derechos humanos y la presencia de una memoria traum\u00e1tica fruto de la violencia pol\u00edtica anterior (Aguilar 2008a; Barahona de Brito 2001; Elster 2004; 2006; Huntington 1991; Sikkink 2011; O\u2019Donnell, Schmitter y Whitehead 1986). Nos proponemos demostrar que, siendo todo ello relevante, no se ha prestado suficiente atenci\u00f3n a dos variables fundamentales, muy relacionadas entre s\u00ed: a) el tipo de represi\u00f3n predominante: clandestina u oficial; y b) el grado de implicaci\u00f3n de la justicia \u2014particularmente de la ordinaria\u2014 en la represi\u00f3n pol\u00edtica a lo largo de la dictadura: directa o indirecta.<\/span><\/p>\n

La variable dependiente de esta investigaci\u00f3n no abarca todas las posibles medidas que se enmarcan dentro de las pol\u00edticas de JT, sino que se centra en la existencia o no de juicios contra los principales responsables de violaciones de derechos, la vigencia o no de leyes de amnist\u00eda que impidan \u2014o, al menos, dificulten\u2014 la celebraci\u00f3n de dichos juicios una vez democratizado el r\u00e9gimen, y la creaci\u00f3n de comisiones de la verdad que expongan p\u00fablicamente el funcionamiento de la maquinaria represiva bajo la dictadura. Para el caso espa\u00f1ol, tambi\u00e9n se tendr\u00e1 en cuenta la revisi\u00f3n de los juicios del franquismo.<\/span><\/p>\n

Los casos de Argentina y Chile responden mucho m\u00e1s claramente a la categor\u00eda de \u201cdictadura militar\u201d que el caso espa\u00f1ol. Aunque Franco fuera militar y, sobre todo en sus primeros gobiernos, los militares tuvieran amplias competencias en el \u00e1mbito judicial y ocuparan carteras importantes, el franquismo no puede considerarse un r\u00e9gimen castrense. De hecho, no fueron solo los militares ni los cuerpos especiales de la polic\u00eda \u2014como en los otros dos casos\u2014 quienes llevaron a cabo la represi\u00f3n pol\u00edtica, sino que el sistema judicial en su conjunto desempe\u00f1\u00f3 un papel fundamental, pues no se limit\u00f3 a mantener un\u00a0<\/span>silencio c\u00f3mplice ante las violaciones de derechos, sino que fue una pieza fundamental de la maquinaria represiva, sobre todo a trav\u00e9s de su participaci\u00f3n directa en los consejos de guerra y en las jurisdicciones especiales que se crearon con tal prop\u00f3sito.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan la primera hip\u00f3tesis, en aquellos pa\u00edses en los que las v\u00edctimas son consecuencia de un sistema de represi\u00f3n ilegal dise\u00f1ado desde el poder pol\u00edtico-militar (como en Argentina), es m\u00e1s probable que los jueces se hayan mantenido en mayor medida al margen de la represi\u00f3n que all\u00ed donde ha prevalecido la represi\u00f3n legal (como en Espa\u00f1a). Es cierto que en los tres casos encontramos, aunque en distinta proporci\u00f3n, coexistencia de pr\u00e1cticas represivas legales e ilegales, pero mientras que en Argentina no se ejecut\u00f3 ninguna condena a muerte por cuestiones pol\u00edticas como consecuencia de una sentencia judicial, en Espa\u00f1a se ejecutaron decenas de miles. Seg\u00fan la segunda hip\u00f3tesis, cuanto mayor haya sido la implicaci\u00f3n de la justicia ordinaria en la represi\u00f3n dictatorial \u2014lo que tuvo lugar muy particularmente en Espa\u00f1a y, en menor grado, tambi\u00e9n en Chile\u2014, mayor resistencia existir\u00e1 a la hora de impulsar determinadas pol\u00edticas de JT. Cuando las responsabilidades no solo recaen sobre la c\u00fapula militar y ciertos cuerpos de la polic\u00eda, sino que salpican al conjunto del sistema judicial, los jueces y fiscales tender\u00e1n a ser m\u00e1s reacios a cualquier revisi\u00f3n p\u00fablica del pasado y mucho m\u00e1s a la aprobaci\u00f3n de medidas punitivas contra los responsables de la represi\u00f3n. De hecho, los procesos judiciales han sido mucho m\u00e1s tard\u00edos en Chile que en Argentina, mientras que en Espa\u00f1a no han tenido lugar. Tambi\u00e9n observaremos mayor reticencia a derogar las leyes de amnist\u00eda que impiden o dificultan la celebraci\u00f3n de dichos juicios: mientras que en Chile y en Espa\u00f1a esas leyes siguen en vigor, en Argentina se derog\u00f3 tempranamente la ley de \u201cautoamnist\u00eda\u201d que aprobaron los militares antes de dejar el poder (2) y, a\u00f1os despu\u00e9s, tambi\u00e9n se declararon nulas e inconstitucionales las leyes de \u201cobediencia debida\u201d y \u201cpunto final\u201d aprobadas bajo la presidencia de Menem para evitar que prosiguieran los juicios (3).<\/span><\/p>\n

En definitiva, cuanto m\u00e1s oficial y \u201clegal\u201d haya sido la represi\u00f3n de la oposici\u00f3n, m\u00e1s habr\u00e1 estado implicada la judicatura en ella. Y, cuanto mayor haya sido el grado de colaboraci\u00f3n del sistema judicial con la dictadura, m\u00e1s resistencia ofrecer\u00e1 \u00e9ste a que se someta a revisi\u00f3n judicial el pasado, o a que se esclarezca oficialmente toda la verdad sobre la represi\u00f3n mediante comisiones de la verdad, pues son la reputaci\u00f3n y profesionalidad de todo el entramado jur\u00eddico las que podr\u00edan resultar perjudicadas. El mero hecho de revisar las causas judiciales del franquismo \u2014muchas de ellas mal instruidas o carentes de las m\u00ednimas garant\u00edas judiciales\u2014, podr\u00eda poner en entredicho el rigor y la honorabilidad de los \u00f3rganos judiciales a lo largo de muchos a\u00f1os, cuando el sistema judicial siempre ha sostenido que se mantuvo al margen de la represi\u00f3n y que en todo momento mantuvo su independencia. <\/span><\/p>\n

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EL TIPO DE REPRESI\u00d3N PREDOMINANTE: OFICIAL O CLANDESTINA:<\/span><\/strong><\/p>\n

Muchos de los consejos de guerra y de las ejecuciones registradas en Chile y en Espa\u00f1a tras los respectivos golpes militares tuvieron un car\u00e1cter dudosamente legal y coexistieron con asesinatos claramente ilegales auspiciados o permitidos por las autoridades militares (y, en el caso de Espa\u00f1a, tambi\u00e9n por las civiles). La particularidad del caso espa\u00f1ol es que el fracaso del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 en aproximadamente la mitad del territorio desencaden\u00f3 una guerra civil en la que ambos bandos cometieron multitud de ejecuciones extralegales. Hubieron de transcurrir varios meses para que se empezara a \u201cjudicializar\u201d la represi\u00f3n (Gil 2010:273).<\/span><\/p>\n

En Espa\u00f1a, la poblaci\u00f3n reclusa al finalizar la guerra era de unas 270.000 personas; entre 1936 y 1942, casi medio mill\u00f3n de prisioneros pol\u00edticos pasaron por los m\u00e1s de 100 campos de concentraci\u00f3n que se crearon y varias decenas de miles de espa\u00f1oles fueron sometidos a consejos de guerra (Rodrigo 2003 y Gil 2010). Por lo que se refiere a las v\u00edctimas mortales, seg\u00fan las \u00faltimas estimaciones, la represi\u00f3n franquista caus\u00f3 unas 130.000 muertes (unas 50.000 de ellas despu\u00e9s de la guerra civil; v\u00e9ase Espinosa 2010:77-8) y la republicana unas 50.000. Aunque todav\u00eda no existen cifras oficiales ni consensuadas por los investigadores para el per\u00edodo posterior, seg\u00fan algunas fuentes entre 1958 y 1975 la jurisdicci\u00f3n militar mand\u00f3 ejecutar 13 penas de muerte por consejos de guerra \u20144 por garrote vil y 9 fusilamientos (VV.AA 1976:1014).<\/span><\/p>\n

En Chile, la \u201ccaravana de la muerte viol\u00f3 de forma deliberada la propia legalidad del r\u00e9gimen\u201d (Pereira 2005:101). En los meses posteriores al golpe militar, \u201cel n\u00famero de personas ejecutadas de forma sumaria por el ej\u00e9rcito o la polic\u00eda (carabineros) parece sobrepasar de forma clara aquellos sometidos a alg\u00fan tipo de tratamiento judicial. Los procesados fueron juzgados en tribunales militares compuestos exclusivamente por oficiales del ej\u00e9rcito que actuaron como si el pa\u00eds estuviera en guerra\u201d (Pereira 2005:25) (4). A lo largo de los tres primeros a\u00f1os, \u201cunos seis mil chilenos fueron juzgados por dichos tribunales [\u2026]. Aproximadamente doscientos fueron sentenciados a muerte y ejecutados\u201d (Constable y Valenzuela 1991:118). <\/span><\/p>\n

Tanto en Espa\u00f1a como en Chile se avanz\u00f3 hacia la \u201cjudicializaci\u00f3n\u201d \u2014siempre imperfecta\u2014 de la represi\u00f3n, pero, mientras que en el primer caso los consejos de guerra siguieron dictando penas de muerte, aunque a un ritmo cada vez menor, en el segundo dejaron de aplicar la pena capital. Con el paso del tiempo, la represi\u00f3n extralegal chilena \u2014protagonizada, en buena medida, por la polic\u00eda pol\u00edtica y unidad de inteligencia denominada Direcci\u00f3n de Inteligencia Nacional (DINA)\u2014 acab\u00f3 siendo la \u00fanica responsable de las muertes que siguieron teniendo lugar. Es cierto que con la disoluci\u00f3n de la DINA\u00a0<\/span>en 1977 y su sustituci\u00f3n por la CNI la represi\u00f3n se atenu\u00f3 considerablemente, pero tambi\u00e9n lo es que experiment\u00f3 algunos repuntes, como a partir de 1980 (Informe CONADEP (1997:978). Al final, entre 3.000 y 5.000 personas desaparecieron o fueron asesinadas (entre 23,07 y 34,62 por cada 100.000 habitantes), unas 60.000 fueron\"\" encarceladas por motivos pol\u00edticos (461,54 por cada 100.000 habitantes; v\u00e9ase Pereira 2005:21) y varias decenas de miles fueron torturadas. <\/span><\/p>\n

Argentina es un caso distinto: aunque la pena de muerte se restableci\u00f3 durante la dictadura, ni los consejos de guerra militares, ni los tribunales ordinarios llegaron a ejecutar ninguna pena capital. Todas las muertes y desapariciones que tuvieron lugar en este pa\u00eds fueron resultado de la maquinaria de represi\u00f3n extralegal y clandestina puesta en marcha por las juntas militares, llegando a constituir uno de los casos m\u00e1s puros de \u201cterrorismo de Estado\u201d. Las v\u00edctimas eran secuestradas por las fuerzas de seguridad, llevadas a centros clandestinos de detenci\u00f3n, torturadas y, en muchos casos, asesinadas ocultando posteriormente sus cad\u00e1veres. La cifra de muertos y desaparecidos oscila entre 20.000 y 30.000 (entre 62,5 y 93,75 por cada 100.000 habitantes), unas 30.000 personas fueron encarceladas por motivos pol\u00edticos (93,75 por cada 100.000 habitantes; v\u00e9ase Pereira 2005:21) y varias decenas de miles fueron torturadas.<\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, mientras que en Chile unas 6000 personas fueron juzgadas en consejos de guerra por delitos pol\u00edticos, solo unas 350 lo fueron en Argentina; el porcentaje es de 46,1 de cada 100.000 personas en Chile y de tan solo 1,09 en Argentina. La justicia pol\u00edtica fue mucho m\u00e1s violenta en Espa\u00f1a que en Chile, tanto en t\u00e9rminos absolutos como relativos (Pereira 2005:21 y 180). Por lo que se refiere a las personas juzgadas en consejos de guerra frente a las v\u00edctimas de ejecuciones extrajudiciales, la ratio es de 1,5 por cada 1 en Chile y de 1 por cada 71 en Argentina (Pereira 2005:21).<\/span><\/p>\n

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LA IMPLICACI\u00d3N DEL SISTEMA JUDICIAL EN LA REPRESI\u00d3N:<\/span><\/strong><\/p>\n

La intensa represi\u00f3n pol\u00edtica practicada durante la guerra civil espa\u00f1ola por ambos bandos, y la llevada a cabo en la posguerra por los franquistas, no habr\u00eda sido posible sin la implicaci\u00f3n de los profesionales de la justicia. Aunque la mayor\u00eda de la represi\u00f3n, sobre todo la que se produjo durante la guerra y la posguerra, tuvo lugar en el \u00e1mbito de la justicia militar, es fundamental tener en cuenta la participaci\u00f3n de la justicia ordinaria en la implacable maquinaria represiva a lo largo de toda la dictadura. <\/span><\/p>\n

a) La justicia militar franquista, principal \u2014aunque no \u00fanica\u2014 protagonista de la represi\u00f3n b\u00e9lica y posb\u00e9lica, se hubo de nutrir, dada la ingente cantidad de procesos judiciales a que tuvo de hacer frente, fundamentalmente entre 1936 y 1944, de personal procedente de la justicia ordinaria: \u201cnumerosos jueces, fiscales y magistrados participaron activamente en la jurisdicci\u00f3n militar como jueces instructores, fiscales o ponen-tes de los consejos de guerra\u201d (Lanero 1996:335-6). Estos profesionales de la justicia\u00a0<\/span>aceptaron militarizarse temporalmente (5), en muchos casos de forma voluntaria (6), lo que signific\u00f3 que formaron parte de los tribunales militares que, hasta mediados de los a\u00f1os cuarenta, se calcula que ejecutaron unas 50.000 penas de muerte, aunque las que dictaron y luego indultaron fueron muchas m\u00e1s. Desde 1941, con motivo de la reducci\u00f3n del n\u00famero de juicios, se empez\u00f3 a desmovilizar al personal judicial militarizado y a devolverlo a la justicia ordinaria. El personal \u201cjur\u00eddico militar\u201d sigui\u00f3 participando en los consejos de guerra hasta el final de la dictadura (e incluso, posiblemente, despu\u00e9s, ya que el C\u00f3digo de Justicia Militar de 1945 se mantuvo vigente hasta 1980) a trav\u00e9s de la figura del \u2018vocal ponente\u2019, cuya presencia era obligada (7).<\/span><\/p>\n

La mayor\u00eda de las sentencias se dictaron en consejos de guerra mediante procedimiento sumar\u00edsimo (8), lo que limitaba considerablemente las oportunidades de defensa de los acusados. En ocasiones el veredicto estaba decidido de antemano y, en muchos casos, ni siquiera se respetaban las formalidades m\u00ednimas de rigor, incumpli\u00e9ndose la ya de por s\u00ed represiva legislaci\u00f3n vigente. En el caso de los procedimientos sumar\u00edsimos no solo era obligatorio que el abogado defensor fuera un militar (9), sino que, adem\u00e1s, deb\u00eda ser el de menor graduaci\u00f3n del consejo de guerra. Al abogado, debido al procedimiento sumar\u00edsimo, apenas se le proporcionaba tiempo para preparar su defensa y, dada su posici\u00f3n de subordinaci\u00f3n en la estructura militar, apenas ten\u00eda posibilidades reales de defender al acusado.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n en Chile y en Argentina la justicia militar celebr\u00f3 consejos de guerra en \u00e9poca de paz, proclamando, asimismo, el Estado de guerra o el Estado de excepci\u00f3n para incrementar su capacidad represiva y limitar los derechos de los ciudadanos (10). En Chile los jueces civiles solo participaron de forma excepcional en los consejos de guerra, los fiscales eran siempre militares (Pereira 2005:24) y los abogados de los encausados pod\u00edan ser civiles. <\/span><\/p>\n

Es evidente que la mayor parte del sistema judicial chileno fue c\u00f3mplice de la represi\u00f3n dictatorial. Pero, por un lado, no particip\u00f3 en la mayor\u00eda de los consejos de guerra que dictaron y ejecutaron penas de muerte y, por otro, hay constancia de que algunos jueces trataron de mantenerse neutrales ante el poder pol\u00edtico \u2014lo que, en no pocas ocasiones, les ocasion\u00f3 graves problemas\u2014 y de que algunos abogados hicieron lo imposible por defender a sus clientes ante los consejos de guerra (Constable y Valenzuela 1991:115-139) (11).<\/span><\/p>\n

En Argentina, a pesar de las complicidades de una parte importante del sistema judicial, la estrategia represiva fue b\u00e1sicamente extrajudicial (12); tambi\u00e9n es el caso en el que encontramos \u201cel menor grado de cooperaci\u00f3n e integraci\u00f3n c\u00edvico-militar en el \u00e1mbito judicial\u201d. Por otro lado, \u201cen Argentina hab\u00eda m\u00e1s oposici\u00f3n en la judicatura a las nociones militares de seguridad nacional que en Chile\u201d. En aquel pa\u00eds los consejos de guerra apenas se usaron para perseguir judicialmente a los disidentes pol\u00edticos. Y, a diferencia de lo ocurrido en los otros casos, \u201clos jueces y los abogados tambi\u00e9n estuvieron en el punto de mira del r\u00e9gimen: m\u00e1s de cien abogados de presos pol\u00edticos desaparecieron entre 1976 y 1983\u201d (Pereira 2005:13, 119, 26).<\/span><\/p>\n

b) La justicia ordinaria espa\u00f1ola tambi\u00e9n particip\u00f3 en una serie de jurisdicciones especiales que se crearon para la represi\u00f3n pol\u00edtica. Destaca su implicaci\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n de Responsabilidades Pol\u00edticas (13), pero tambi\u00e9n colabor\u00f3 en el Tribunal Especial\u00a0<\/span>para la represi\u00f3n de la Masoner\u00eda y el Comunismo, la jurisdicci\u00f3n de Vagos y Malean-tes (14), las Fiscal\u00edas de Tasas y la Jurisdicci\u00f3n Laboral (Lanero 1996:343, 374). En varios de estos casos, como en los consejos de guerra, se establecieron \u201ctribunales mixtos\u201d, formados por militares (que normalmente eran mayor\u00eda y sol\u00edan ocupar los puestos m\u00e1s relevantes), miembros de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y militantes del partido \u00fanico (FET y de las JONS) (\u00c1lvaro Due\u00f1as 1990). La extraordinaria expansi\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n militar \u2014invadiendo multitud de competencias previamente reservadas a la jurisdicci\u00f3n ordinaria y teniendo clara preeminencia sobre esta en caso de conflicto de competencias\u2014 y, sobre todo, la proliferaci\u00f3n de jurisdicciones especiales dedicadas a la represi\u00f3n, no tienen parang\u00f3n en los casos chileno y argentino. <\/span><\/p>\n

c) La denominada \u201cCausa General\u201d fue creada por Decreto de 26 de abril de 1940. En ella se atribu\u00eda al Ministerio Fiscal, subordinado al Ministerio de Justicia, la tarea de investigar la actividad supuestamente criminal de los simpatizantes del bando vencido en la guerra civil. Esta informaci\u00f3n fue recopilada por los fiscales de la justicia ordinaria hasta los a\u00f1os sesenta y condujo a la apertura de decenas de miles de procesos judiciales. No existe nada equivalente en los pa\u00edses del Cono Sur.<\/span><\/p>\n

d) Hasta ahora hemos centrado nuestra atenci\u00f3n en la primera etapa de la dictadura espa\u00f1ola, que fue la m\u00e1s represiva, pero el franquismo no dej\u00f3 de perseguir a los disidentes hasta el final. Con el paso del tiempo, la justicia ordinaria fue la que adquiri\u00f3 un mayor protagonismo en esta tarea; destaca su participaci\u00f3n exclusiva en el Tribunal de Orden P\u00fablico (TOP), en el que jueces y magistrados asumieron, a partir de 1963 y hasta finales de 1976, con car\u00e1cter muchas veces voluntario, el protagonismo en la represi\u00f3n ideol\u00f3gica y pol\u00edtica, salvo en el caso de los delitos de terrorismo, de los que se segu\u00eda encargando la jurisdicci\u00f3n militar (15). <\/span><\/p>\n

En Argentina y Chile no se cre\u00f3 ning\u00fan tribunal civil destinado a la represi\u00f3n. Resulta asombroso que el TOP fuera capaz, en los \u00faltimos a\u00f1os del franquismo, de dictar tantas sentencias condenatorias, y de tal dureza, por acciones que, en su mayor\u00eda, supon\u00edan el ejercicio de los derechos pol\u00edticos m\u00e1s elementales en democracia.<\/span><\/p>\n

e) La justicia ordinaria espa\u00f1ola, incluso cuando actu\u00f3 fuera del \u00e1mbito de las jurisdicciones especiales, colabor\u00f3 con la dictadura mediante el control social que ejerci\u00f3 sobre la poblaci\u00f3n y la aplicaci\u00f3n, en sus sentencias, de la ideolog\u00eda franquista (Ortiz 1996; Mir 2000). Tambi\u00e9n se ha documentado la estrecha colaboraci\u00f3n de la justicia con la polic\u00eda pol\u00edtica del r\u00e9gimen, la Brigada Pol\u00edtico-Social, y su constante inhibici\u00f3n ante las denuncias por casos de tortura (16). <\/span><\/p>\n

Las \u00fanicas cifras disponibles sobre las penas de muerte ejecutadas por la justicia ordinaria, por delitos de tipo no\"\" pol\u00edtico, se refieren al per\u00edodo 1947 a 1975 y ascienden a 41 (17). Entre 1936 y 1946 no existen datos oficiales sobre el n\u00famero de ejecuciones dictadas por la justicia ordinaria (18), pero lo cierto es que la legislaci\u00f3n vigente le permit\u00eda dictar sentencias de muerte en varios supuestos, incluso, durante algunos a\u00f1os, por motivaciones de tipo pol\u00edtico. <\/span><\/p>\n

La justicia ordinaria no ejecut\u00f3 ninguna pena de muerte ni en Chile ni en Argentina, pero hay constancia de su inhibici\u00f3n en varios casos en los que los abogados de los detenidos solicitaron el recurso de amparo (Pereira 2005:23 y 54). Seg\u00fan otros autores, los jueces \u201cse mostraron especialmente reacios a desafiar a la DINA y a otras agencias de polic\u00eda secreta, las cuales casi siempre negaron cualquier detenci\u00f3n y rechazaron ofrecer informaci\u00f3n aduciendo cuestiones de seguridad nacional\u201d (Constable y Valenzuela 1991:116 y 123). Con todo, a pesar de las cr\u00edticas que se vierten en el denominado Informe Rettig<\/strong> sobre el funcionamiento del sistema judicial bajo la dictadura chilena, tambi\u00e9n se reconoce que \u201ca finales de los a\u00f1os 70 se produjeron las primeras investigaciones exhaustivas\u201d y que, \u201ca pesar de las dificultades en materia de apoyo policial, Ministros en Visita y jueces de primera instancia lograron acreditar la existencia de delitos y la eventual participaci\u00f3n de uniformados en los mismos\u201d; si bien, por ello mismo, hubieron de declararse incompetentes y, una vez en manos de la justicia militar, las causas no prosperaron (Informe Rettig: Cap\u00edtulo IV, apartado A).<\/span><\/p>\n

El informe CONADEP de Argentina es igualmente cr\u00edtico con la inhibici\u00f3n y el silencio c\u00f3mplice de los jueces. Pero tambi\u00e9n dice que hubo jueces \u201cque, dentro de las tremendas presiones sufridas por la situaci\u00f3n reinante, cumplieron su funci\u00f3n con la dignidad y el decoro que se esperaba de ellos\u201d. Y que la \u201casistencia jur\u00eddica\u201d se vio muy perjudicada por el \u201cextra\u00f1amiento o muerte de los abogados defensores\u201d (1997:392). En general, en Argentina \u201clos tribunales estuvieron mayoritariamente al margen del sistema repre<\/span>sivo, excepto cuando denegaron el habeas corpus dando cobertura al estado de terror\u201d (Pereira 2005:4).<\/span><\/p>\n

Lo anterior demuestra la existencia, al menos en ciertos sectores de la profesi\u00f3n legal, de una mayor beligerancia con la dictadura que en Espa\u00f1a. En nuestro pa\u00eds la \u00fanica \u2014y tard\u00eda\u2014 resistencia judicial a la dictadura vino de la mano de Justicia Democr\u00e1tica (19).<\/span><\/p>\n

f) El Tribunal Supremo espa\u00f1ol no se separ\u00f3 de la doctrina franquista en la interpretaci\u00f3n de la ley y defendi\u00f3 hasta el final la ideolog\u00eda del r\u00e9gimen en sus sentencias (Bastida 1986). Adem\u00e1s, el m\u00e1ximo \u00f3rgano judicial contribuy\u00f3 \u201ca la subordinaci\u00f3n de la justicia ordinaria al fallar las cuestiones de competencia que se suscitan entre Tribunales ordinarios y militares con un criterio indefectiblemente favorable a la jurisdicci\u00f3n castrense\u201d (Lanero 1996:325-6) (20).<\/span><\/p>\n

En el caso chileno, los miembros del Tribunal Supremo simpatizaron con el golpe de Pinochet desde el principio, renunciaron a controlar las acciones del Ejecutivo y a investigar las violaciones de derechos. De hecho, entre 1973 y 1983, este tribunal \u201csolo acept\u00f3 10 de las 5400 peticiones de habeas corpus enviadas por la Vicar\u00eda\u201d (Constable y Valenzuela 1991:122). Es cierto que \u201cunos pocos jueces de dicho tribunal se arriesgaron, espor\u00e1dicamente, a mostrar, con delicadeza, opiniones discrepantes sobre la represi\u00f3n y la manipulaci\u00f3n de la ley, pero la mayor\u00eda se limit\u00f3 a someterse a los deseos del r\u00e9gimen\u201d (Constable y Valenzuela 1991:130). Por \u00faltimo, de forma similar a lo ocurrido en Espa\u00f1a, \u201cel Tribunal Supremo chileno rechaz\u00f3 revisar cualquier veredicto de los tribuna-les militares\u201d (Pereira 2005:4). <\/span><\/p>\n

En el caso argentino, la desconfianza de los militares hacia la Corte Suprema fue, como veremos, mucho mayor. <\/span><\/p>\n

Para analizar la implicaci\u00f3n del sistema judicial en la represi\u00f3n es importante conocer su grado de independencia respecto al Ejecutivo. Para ello hay que saber si las dictaduras depuraron la judicatura al tomar el poder y si crearon mecanismos para sojuzgar a los jueces y limitar el control que pod\u00edan ejercer sobre el poder pol\u00edtico. En el caso espa\u00f1ol, hubo una purga de todas las profesiones que, si bien en menor medida, tambi\u00e9n afect\u00f3 a la jur\u00eddica: \u201c[l]a separaci\u00f3n del servicio alcanz\u00f3 al 6% de la carrera judicial, y al 12% de la carrera fiscal\u201d (Lanero 1996:379). Ello le sirvi\u00f3 al franquismo para asegurarse la lealtad de jueces, magistrados y fiscales.<\/span><\/p>\n

Durante los primeros a\u00f1os, el control en el acceso a estas profesiones tambi\u00e9n se llev\u00f3 a cabo mediante la reserva de plazas: \u201c[e]n las oposiciones a la judicatura del a\u00f1o 1941, de 130 plazas convocadas, 26 eran de turno libre y 26 para cada uno de los siguientes grupos: a) caballeros mutilados; b) alf\u00e9reces provisionales; c) excombatientes; d) excautivos y hu\u00e9rfanos de la guerra\u201d (Sartorius y Sabio 2007:490). Adem\u00e1s, al asumir su cargo los jueces deb\u00edan jurar \u201cincondicional adhesi\u00f3n al Caudillo de Espa\u00f1a\u201d, lo que no parec\u00eda dejar mucho margen a la imparcialidad (21). <\/span><\/p>\n

El r\u00e9gimen franquista tambi\u00e9n cre\u00f3 un instrumento fundamental de selecci\u00f3n por criterios ideol\u00f3gicos y de adoctrinamiento pol\u00edtico posterior, la Escuela Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia. El paso por ella durante a\u00f1o y medio de todos los jueces, magistrados y fiscales contribuye a explicar su conservadurismo, pues, adem\u00e1s de las\"\" materias estrictamente jur\u00eddicas, se les impart\u00eda formaci\u00f3n \u201cmoral\u201d y \u201creligiosa\u201d. Tambi\u00e9n se pretend\u00eda con dicha escuela \u201cinculcar a los alumnos el esp\u00edritu de cuerpo y la obediencia debida a sus superiores jer\u00e1rquicos\u201d. Incluso el Ministro de Justicia reconoci\u00f3 que su prop\u00f3sito hab\u00eda sido crear \u201cuna milicia de la Justicia [\u2026] siempre dispuesta a seguir [\u2026] las consignas del Caudillo\u201d (Lanero 1996:269 y 272).<\/span><\/p>\n

Otros mecanismos institucionales usados por el franquismo para limitar la independencia judicial fueron: \u201creclutamientos, nombramientos, sanciones disciplinarias, promociones y transferencias\u201d (Magalh\u00e3es, Guarnieri y Kaminis 2006:146-7). De hecho, la asociaci\u00f3n clandestina Justicia Democr\u00e1tica nace, fundamentalmente, para expresar su descontento por \u201c[e]l f\u00e9rreo control ejercido por el ejecutivo sobre la carrera judicial a trav\u00e9s del nombramiento de los m\u00e1s importantes cargos\u201d y \u201c[l]a profusi\u00f3n con que se utilizaba la figura de \u2018las excedencias especiales\u2019, que posibilitan el paso de un gran n\u00famero de funcionarios judiciales y fiscales a la pol\u00edtica\u201d (Fern\u00e1ndez 1995:69).<\/span><\/p>\n

Varios jueces y fiscales ocuparon cargos importantes en el Ministerio de Justicia y en otros \u00f3rganos de la administraci\u00f3n, ocurriendo que la mayor\u00eda de ellos ten\u00edan \u201cun pasado de funciones en jurisdicciones especiales\u201d; de hecho, \u201ccasi todos los funcionarios con cargos ministeriales [hab\u00edan] pasado por la jurisdicci\u00f3n militar\u201d (Lanero 1996:378). Seg\u00fan esta misma autora, haber participado en tareas represivas era un buen medio para medrar en la administraci\u00f3n y en la pol\u00edtica, pues los que hab\u00edan formado parte de consejos de guerra, y otras jurisdicciones especiales de car\u00e1cter represivo, tend\u00edan a ser recompensados con altos cargos en la administraci\u00f3n. Esto, como se ver\u00e1 despu\u00e9s, tambi\u00e9n ocurri\u00f3 en democracia con muchos de los jueces y fiscales que hab\u00edan formado parte del TOP.<\/span><\/p>\n

En Chile se permiti\u00f3 m\u00e1s independencia al sistema judicial porque la sinton\u00eda ideol\u00f3gica estaba clara desde el principio. De hecho, la profesi\u00f3n jur\u00eddica hab\u00eda mostrado profundas discrepancias ideol\u00f3gicas durante la presidencia de Allende. Pinochet, mediante una aproxi<\/span>maci\u00f3n respetuosa a los jueces, trat\u00f3 de asegurarse su colaboraci\u00f3n y aquiescencia (Pereira 2005:23; Constable y Valenzuela 1991:117). Ello explica que el Ejecutivo no depurara el Tribunal Supremo y que en el resto del sistema judicial las purgas fueran muy limitadas (22). <\/span><\/p>\n

En Argentina, sin embargo, \u201cel mismo d\u00eda del golpe de estado, se cambi\u00f3 la composici\u00f3n del Poder Judicial a nivel de la Corte Suprema, del Procurador General de la Naci\u00f3n y de los Tribunales Superiores de Provincia [\u2026]. Todo Juez, para ser designado o confirmado, debi\u00f3 previamente jurar fidelidad a las Actas y objetivos del \u2018Proceso\u2019 liderado por la Junta Militar\u201d (Informe CONADEP 1997:391). A pesar de esa depuraci\u00f3n inicial, la colaboraci\u00f3n entre jueces y militares fue mucho menor que en los otros casos (Pereira 2005).<\/span><\/p>\n

La irrevocabilidad de los cargos judiciales fue respetada por el poder pol\u00edtico en el caso chileno, ya que se fio de los controles ejercidos por el Tribunal Supremo sobre el resto de la profesi\u00f3n judicial, pero no en el argentino.<\/span><\/p>\n

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\"\"<\/a>
Juicio a las Juntas; T\u00e9lam Buenos Aires, 08\/12\/05. El hist\u00f3rico fallo que condenaba a los principales jefes de las Juntas militares que asaltaron el poder el 24 de marzo de 1976. Foto: Archivo T\u00e9lam\/lz<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

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AMNIST\u00cdAS, JUICIOS Y COMISIONES DE LA VERDAD<\/strong><\/span><\/p>\n

Para entender las medidas de JT que, finalmente, se adoptaron, es necesario conocer el estado del sistema judicial al finalizar las dictaduras. En Espa\u00f1a, \u201cel mundo jur\u00eddico era el que se hab\u00eda mostrado m\u00e1s correoso a la evoluci\u00f3n de los tiempos\u201d (Sartorius y Sabio 2007:485). Seg\u00fan otro autor: \u201cLos jueces que hac\u00edan p\u00fablica manifestaci\u00f3n de su ideolog\u00eda franquista eran escasos, pero ocupaban los escalafones m\u00e1s altos de la c\u00fapula judicial\u201d, y no pocos se negaban a aplicar la legislaci\u00f3n democr\u00e1tica (Gor 1996:222).<\/span><\/p>\n

M\u00faltiples pruebas avalan el conservadurismo del sistema judicial en la transici\u00f3n espa\u00f1ola y su resistencia a los cambios (Ruiz 1985). Los testimonios del primer ministro de justicia socialista (1982-1988), Fernando Ledesma<\/strong>, y de su jefa de gabinete (1982-1985), Mar\u00eda Teresa Fern\u00e1ndez de la Vega<\/strong>, resultan reveladores. Ambos insisten en la necesidad imperiosa de democratizar el \u00e1mbito de la justicia y en los \u201cataques\u201d, \u201cpresiones\u201d y \u201ctensiones\u201d que tuvieron que soportar cuando intentaron reformarlo. Tambi\u00e9n aluden a su fuerte sentido corporativo y al gran poder que ostentaban. Asimismo, insisten en la necesidad de evitar un enfrentamiento frontal con el sistema judicial dada su gran capacidad para ejercer presi\u00f3n sobre el sistema y al hecho de que era imprescindible contar con \u00e9l para el correcto funcionamiento de la todav\u00eda fr\u00e1gil democracia. Mientras que el ex-ministro sostiene que \u201cun poder judicial puede acelerar o, por el contrario, retrasar, las transformaciones de la sociedad, puede facilitarlas o dificultarlas, puede\u00a0<\/span>favorecer la modernizaci\u00f3n de un pa\u00eds o, por el contrario, puede entorpecerla\u201d, la ex jefa de Gabinete insiste en que la justicia iba a ser la responsable de la \u201cinterpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n\u201d de las reformas y que, por lo tanto, era un \u201celemento imprescindible para la estabilidad y el cambio pol\u00edtico\u201d (Iglesias 2003:990 y 1005). <\/span><\/p>\n

La constancia de que el estamento judicial hab\u00eda estado profundamente implicado en la represi\u00f3n franquista, del conservadurismo ideol\u00f3gico en sus m\u00e1s altas esferas, de la irritaci\u00f3n con la que recib\u00eda cualquier intento de reforma y, sin embargo, de su protagonismo absoluto a la hora de aplicar la nueva legislaci\u00f3n democr\u00e1tica, contribuye a explicar que los gobiernos no se atrevieran ni siquiera a pensar en la posibilidad de someter a escrutinio p\u00fablico (mediante una comisi\u00f3n de la verdad), y mucho menos a\u00fan a revisi\u00f3n judicial, el funcionamiento de la maquinaria represiva bajo el franquismo (23). Los poderes democr\u00e1ticos, al final, se conformaron con tres reformas institucionales: a)<\/strong> la creaci\u00f3n del Tribunal Constitucional, \u00f3rgano independiente que act\u00faa como mecanismo de control de las sentencias judiciales; se trataba de \u201cfiscalizar una instituci\u00f3n que entr\u00f3 en el sistema democr\u00e1tico sin apenas depuraci\u00f3n\u201d (Benito 2009:177); b)<\/strong> la reforma de la Ley Org\u00e1nica 6\/1985 del Poder Judicial, por la que la elecci\u00f3n del Consejo General del Poder Judicial deja de estar en manos de jueces y magistrados y pasa al Parlamento; y c)<\/strong> la \u201cjubilaci\u00f3n anticipada de un tercio del escalaf\u00f3n judicial con el fin de separar a las viejas figuras del r\u00e9gimen de las altas esferas judiciales\u201d (Benito 2009:175).<\/span><\/p>\n

A pesar de la importancia que tuvieron estas reformas, la depuraci\u00f3n fue limitada y tard\u00eda. El estamento judicial sigui\u00f3 siendo predominantemente conservador (24) y nunca se ha denunciado p\u00fablicamente su colaboraci\u00f3n con la represi\u00f3n, ni el trasvase de muchos de sus miembros m\u00e1s conservadores \u2014incluso de los jueces y fiscales del TOP\u2014 a organismos como el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional (Bastida 1986:13; Gor 1996: 222; Sartorius y Sabio 2007: 494).<\/span><\/p>\n

La falta de una depuraci\u00f3n exhaustiva se vio agravada por la endogamia del sistema judicial (25), sus mecanismos de socializaci\u00f3n y reclutamiento internos, y su arraigado\u00a0<\/span>esp\u00edritu de cuerpo. Un sistema de estas caracter\u00edsticas dif\u00edcilmente iba a consentir medidas de justicia o verdad que pudieran poner en entredicho su honorabilidad, no s\u00f3lo bajo la dictadura sino incluso con posterioridad, pues es conocida la tolerancia de no pocos jueces con la brutalidad de las fuerzas de orden p\u00fablico y la violencia de extrema derecha registrada durante la transici\u00f3n (Gor 1996:223). <\/span><\/p>\n

En Argentina, Alfons\u00edn consigui\u00f3 que el Tribunal Supremo, designado por la Junta Militar, dimitiera voluntariamente al hacer p\u00fablica su intenci\u00f3n de depurarlo. Tambi\u00e9n hubo discusi\u00f3n sobre si los jueces deb\u00edan mantenerse en sus puestos. Al final, solo fueron apartados unos pocos. Con todo, \u201cla depuraci\u00f3n de la Corte Suprema y la modificaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n militar\u201d ser\u00edan determinantes para explicar la renuencia de los jueces a detener los procesos judiciales tras las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos de Menem (Barahona de Brito 1997:137).<\/span><\/p>\n

En Chile no se depur\u00f3 el Tribunal Supremo. Su conservadurismo durante la transici\u00f3n y su resistencia inicial a revisar el pasado son conocidos. Algunos asesores del Presidente Aylwin \u201cpensaron que los jueces civiles chilenos, especialmente los del Tribunal Supremo, hab\u00edan sido c\u00f3mplices de las violaciones de derechos humanos bajo el r\u00e9gimen de Pinochet, lo que era inaceptable\u201d. Sin embargo, aunque los l\u00edderes pol\u00edticos llegaran a la conclusi\u00f3n de que \u201cno pod\u00edan esperar, siendo realistas, limpiar la judicatura de todos los que hab\u00edan colaborado con la represi\u00f3n y contribuido a disimularla\u201d, lo cierto es que \u201cs\u00ed pod\u00edan reformar los procedimientos y la arquitectura de la misma, que es lo que finalmente hicieron\u201d (Pereira 2005:170) (26).<\/span><\/p>\n

En Espa\u00f1a, la ley de amnist\u00eda de 1977 hab\u00eda sido la demanda m\u00e1s solicitada por la oposici\u00f3n al franquismo. Cuando muri\u00f3 Franco arreciaron las presiones y comenzaron a aprobarse medidas de gracia parciales. El precedente m\u00e1s significativo es el Real Decreto-Ley de Amnist\u00eda de julio de 1976, el cual inclu\u00eda delitos de naturaleza pol\u00edtica \u201cen tanto no hubieran puesto en peligro o lesionado la vida o la integridad de las personas\u201d. Esta cl\u00e1usula fue interpretada en sentido muy restrictivo por los jueces, por lo que las manifestaciones a favor de la amnist\u00eda continuaron celebr\u00e1ndose.<\/span><\/p>\n

La amnist\u00eda del 15 de octubre de 1977 fue la primera ley aprobada por el reci\u00e9n estrenado Parlamento democr\u00e1tico. Los primeros borradores partieron de los partidos de la oposici\u00f3n y no conten\u00edan ninguna cl\u00e1usula que amnistiara a las autoridades responsables de haber cometido violaciones de derechos durante el franquismo, sino la excarcelaci\u00f3n de los presos pol\u00edticos (la mayor\u00eda de los pocos que a\u00fan permanec\u00edan en prisi\u00f3n hab\u00edan sido sentenciados por casos de terrorismo), la anulaci\u00f3n de sus ante-cedentes penales, la reintegraci\u00f3n en sus trabajos y el derecho a cobrar pensi\u00f3n si se encontraran en edad de jubilaci\u00f3n. Sin embargo, la Uni\u00f3n de Centro Democr\u00e1tico (UCD) consigui\u00f3 incluir dos cl\u00e1usulas que tambi\u00e9n amnistiaban a las autoridades que hubieran cometido violaciones de derechos (Aguilar 2008a).<\/span><\/p>\n

La ley que resultar\u00eda finalmente aprobada, casi por unanimidad, contendr\u00eda estas medidas que, con posterioridad, han sido aducidas para impedir la celebraci\u00f3n de juicios (27). A pesar de ello, esta ley tambi\u00e9n fue sumamente generosa con terroristas que ten\u00edan delitos de sangre recientes, algunos de ellos cometidos, precisamente, contra las fuerzas de seguridad del Estado. La capacidad del Ej\u00e9rcito para desestabilizar el sistema democr\u00e1tico fue, al principio de la transici\u00f3n, importante, y ello contribuye a explicar que la impunidad de los represores no fuera cuestionada en esos momentos.<\/span><\/p>\n

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Juicio a las Juntas<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

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En Chile, la ley de amnist\u00eda de 1978 fue aprobada, igual que la argentina y a diferencia de la espa\u00f1ola, por la propia dictadura, pero cubre \u00fanicamente su etapa m\u00e1s represiva: 1973-1978. Durante sus primeros quince a\u00f1os de vigencia, se aplic\u00f3, salvo excepciones, sin realizar investigaci\u00f3n alguna. Sin embargo, la propia norma contempla que \u201cel juez necesita llevar a cabo una investigaci\u00f3n previa a la concesi\u00f3n de la amnist\u00eda\u201d, para establecer el tipo de participaci\u00f3n de los individuos juzgados. A pesar de ello, la Corte Suprema decidi\u00f3 interpretar el decreto de otra forma, concediendo la amnist\u00eda sin investigar, mientras que el juez Carlos Cerda opt\u00f3 por llevar a cabo todas las pesquisas necesarias antes de conceder la amnist\u00eda. En los a\u00f1os noventa, esta estrategia acab\u00f3 prevaleciendo: \u201cla amnist\u00eda solo pod\u00eda aplicarse [\u2026] si se llevaba a cabo una investigaci\u00f3n y si, a trav\u00e9s de esta, se confirmaba que se hab\u00eda producido un homicidio y que la participaci\u00f3n de los responsables pod\u00eda ser establecida\u201d (Lira 2006:86). Es lo que vino a ser conocido como \u201cdoctrina Aylwin\u201d (28).<\/span><\/p>\n

Los militares argentinos, antes de ceder el poder a los civiles en abril de 1983, aprobaron una amnist\u00eda que cubr\u00eda tanto los actos de la \u201csubversi\u00f3n\u201d como los excesos de la \u201crepresi\u00f3n\u201d. Esta ley ser\u00eda anulada por el nuevo gobierno democr\u00e1tico en diciembre de ese mismo a\u00f1o. El presidente Alfons\u00edn<\/strong> consigui\u00f3 llevar a juicio a varios ex dirigentes militares y a los jefes m\u00e1s destacados de la guerrilla. Aunque en un principio se intent\u00f3 que los militares fueran juzgados por la propia instituci\u00f3n castrense, cuando \u201cel Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas resolvi\u00f3 que las \u00f3rdenes dictadas en el pretendido \u2018ejercicio de la lucha contra la subversi\u00f3n\u2019 eran \u2018inobjetablemente leg\u00edtimas\u2019, la jurisdicci\u00f3n civil hubo de hacerse cargo del caso\u201d (Tappat\u00e1 2005:93). Alfons\u00edn<\/strong> lleg\u00f3 a un acuerdo secreto con los militares para que los juicios no fueran m\u00e1s all\u00e1 de los nueve miembros de las Juntas y les garantiz\u00f3 que \u00e9stos ser\u00edan, finalmente, indultados. Sin embargo, tanto algunos jueces como las organizaciones de derechos humanos presionaron para que el proceso contra los violadores de derechos siguiera adelante, lo que desencaden\u00f3 algunos pronunciamientos militares.<\/span><\/p>\n

Las leyes de punto final (diciembre de 1986) y obediencia debida (junio de 1987) se aprobaron para tratar de poner fin a estos actos de rebeld\u00eda y estabilizar la democracia, ya que en diciembre de 1986 hab\u00eda unos 6000 procesos judiciales en marcha (Barahona de Brito 1997:122). Una parte de la judicatura, separ\u00e1ndose de los deseos del poder ejecutivo, mostr\u00f3 su rechazo a dicha legislaci\u00f3n acelerando los procesos antes de que las leyes entraran en vigor (29). En octubre de 1989 y enero de 1991, Carlos Menem<\/strong> aprobar\u00eda una serie de indultos para los encausados con anterioridad a dichas leyes. <\/span><\/p>\n

Pero, por un lado, los delitos de apropiaci\u00f3n de menores a detenidas y desaparecidas embarazadas nunca estuvieron cubiertos ni por las leyes de punto final y obediencia debida, ni por los indultos de Menem<\/strong>, lo que explica que la justicia argentina siguiera actuando durante los a\u00f1os noventa contra algunos altos cargos de la dictadura. Y, por otro lado, desde 1999 \u201cen distintas c\u00e1maras federales del pa\u00eds\u201d se empezaron a llevar a cabo los denominados \u2018Juicios por la Verdad\u2019, cuya \u201cfinalidad no es establecer la responsabilidad penal de los involucrados y, por ello, no contemplan la posibilidad de condena\u201d, sino que aspiran a proteger el \u201cderecho a la verdad y al duelo\u201d (Tappat\u00e1 2005:97). <\/span><\/p>\n

Es evidente que en Argentina la independencia judicial se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones (Acu\u00f1a 2006:236). A partir de 2001, con la primera resoluci\u00f3n judicial sobre la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, se reabrieron los juicios por privaci\u00f3n ileg\u00edtima de libertad, torturas y asesinatos. <\/span><\/p>\n

N\u00e9stor Kirchner<\/strong>, desde el principio de su mandato, se mostr\u00f3 sumamente dispuesto a mejorar la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas y a limitar la impunidad de los victimarios, orden\u00f3 a los militares la apertura de sus archivos para que se pudiera investigar la represi\u00f3n y \u201cderog\u00f3 el decreto que imped\u00eda las extradiciones de militares\u201d acusados de violacio<\/span>nes de derechos humanos (Tappat\u00e1 2005:109). Adem\u00e1s, inst\u00f3 a los jueces de la Corte Suprema a que declararan inconstitucionales los indultos aprobados por Carlos Menem<\/strong>. Con la revocaci\u00f3n final, en junio de 2005, de las citadas leyes, los procesos judiciales cobraron un nuevo impulso.<\/span><\/p>\n

En tiempos recientes, Argentina ha vuelto a ser pionera a la hora de someter a revisi\u00f3n el pasado. Adem\u00e1s de que se est\u00e1 intentando llevar a juicio a los militares que formaron parte de los consejos de guerra, tambi\u00e9n se est\u00e1n iniciando procesos contra los magistrados que actuaron de modo c\u00f3mplice, no solo durante la dictadura, sino incluso despu\u00e9s. Desde abril de 2011, el Consejo de la Magistratura ha decidido \u201cdesentra\u00f1ar qu\u00e9 papel tuvieron los jueces durante el terrorismo de Estado y c\u00f3mo actuaron a\u00f1os despu\u00e9s, cuando les toc\u00f3 juzgar a los represores\u201d. Para este Consejo, que puede \u201cpromover la destituci\u00f3n de magistrados\u201d, es prioritario averiguar qu\u00e9 hac\u00edan \u00e9stos \u201cante secuestros, torturas y desapariciones o cuando recib\u00edan un habeas corpus, y qu\u00e9 hacen en la actualidad si les toca juzgar aquellos hechos\u201d (30).<\/span><\/p>\n

Respecto a las comisiones de la verdad, ya se ha indicado que, mientras que en Espa\u00f1a no ha habido ninguna, tanto en Chile como en Argentina se crearon sendas comisiones nada m\u00e1s comenzar el proceso democr\u00e1tico. Sus respectivos informes fueron muy ampliamente difundidos y contribuyeron a esclarecer los mecanismos de la represi\u00f3n, criticando, sin ambages, las complicidades del sistema judicial con la dictadura.<\/span><\/p>\n

En Argentina, a pesar de las medidas de gracia y de los intentos del poder ejecutivo por detener la persecuci\u00f3n judicial, pr\u00e1cticamente nunca han dejado de instruirse casos ni de celebrarse juicios. Ese no ha sido el caso de Chile y menos a\u00fan el de Espa\u00f1a. Con todo, en ambos pa\u00edses se han aprobado recientemente medidas muy interesantes, dando inicio a lo que algunos han denominado una etapa de justicia \u201cpost-transicional\u201d (Aguilar 2008b; Collins 2010).<\/span><\/p>\n

En Chile, a finales de los a\u00f1os noventa se ha producido un \u201cgiro procesal\u201d. Desde entonces, \u201clos jueces han sentenciado a m\u00e1s oficiales del r\u00e9gimen militar que los jueces de cualquier otro pa\u00eds latinoamericano\u201d (Huneeus 2010:100). Hay al menos tres factores que tener en cuenta a la hora de entender las medidas que se han puesto en marcha en Chile recientemente. Primero<\/strong>, a pesar de que el Gobierno presidido por Frei trat\u00f3 de poner l\u00edmites a la justicia, una reforma en la Corte Suprema y el nombramiento de nuevos jueces hicieron que dicho \u00f3rgano a partir de 1997 comenzara a modificar sus decisiones, sosteniendo que \u201cel Derecho internacional ten\u00eda primac\u00eda sobre la ley de amnist\u00eda y que una desaparici\u00f3n es un delito que permanece hasta que se encuentra el cad\u00e1ver, lo que significa que no puede ser objeto de amnist\u00eda hasta que se resuelva\u201d (Barahona de Brito 1997:148).<\/span><\/p>\n

Segundo<\/strong>, muchos han insistido en el revulsivo que supuso el arresto en Londres de Pinochet<\/strong> solicitado por Garz\u00f3n<\/strong>. El sistema judicial chileno se sinti\u00f3 avergonzado por no\u00a0<\/span>haber sido capaz de lidiar con los cr\u00edmenes de su dictadura y reclam\u00f3 para s\u00ed el derecho a hacerlo en su pa\u00eds. Seg\u00fan Huneeus<\/strong> (2010:101), \u201cmuchos jueces vieron en la persecuci\u00f3n judicial de los casos de la era de Pinochet<\/strong> una forma de redimir a la judicatura de su pasada complicidad con el r\u00e9gimen y de su baja valoraci\u00f3n en las encuestas\u201d.<\/span><\/p>\n

Y tercero<\/strong>, aunque Collins<\/strong> no niega la importancia de las din\u00e1micas internacionales, considera que los factores internos han sido m\u00e1s determinantes para explicar los recientes desarrollos; sobre todo las \u201cacciones estrat\u00e9gicas por parte de actores internos favorables al rendimiento de cuentas y con conocimientos legales, junto con el cambio en el sistema judicial que los pa\u00edses experimentan con el paso del tiempo\u201d. Asimismo, \u201cuna receptividad judicial mayor hacia las demandas de rendimiento de cuentas\u201d ha demostrado tener gran importancia (Collins 2010:2, 3 y 220).<\/span><\/p>\n

En Espa\u00f1a, aunque tambi\u00e9n se han experimentado cambios recientes en las pol\u00edticas hacia el pasado (Aguilar 2008b), poco ha cambiado la situaci\u00f3n en t\u00e9rminos estrictos de justicia y de verdad; y la ley de amnist\u00eda, aunque ha adquirido cierta notoriedad en los \u00faltimos tiempos, no es previsible que se vaya a modificar (31) y menos a\u00fan a anular (32). <\/span><\/p>\n

\u00a0Con posterioridad a la transici\u00f3n, el salto cualitativo m\u00e1s importante tuvo lugar durante la primera legislatura presidida por Rodr\u00edguez Zapatero<\/strong> (2004-2008), debido a la aprobaci\u00f3n, a finales de 2007, de la conocida como \u201cley de memoria hist\u00f3rica\u201d (33). B\u00e1sicamente, se cubren algunas de las lagunas m\u00e1s importantes respecto a la reparaci\u00f3n material de las v\u00edctimas, se otorgan subvenciones a las asociaciones dedicadas a la recuperaci\u00f3n de la memoria y a las exhumaciones de fosas comunes, se ordena a la retirada de s\u00edmbolos franquistas y se facilita el acceso a la documentaci\u00f3n. Sin embargo, no se aprovech\u00f3 esta ley para anular, o al menos revisar, las sentencias dictadas por los consejos de guerra franquistas (34). Aunque el Gobierno en un principio pens\u00f3 que podr\u00eda dar satisfacci\u00f3n a esa demanda, traslad\u00f3 una consulta a la Abogac\u00eda General del Estado, que se mostr\u00f3 totalmente contraria a la revisi\u00f3n de juicios y la anulaci\u00f3n de sentencias. Como la mayor\u00eda del Parlamento hizo suya esta opini\u00f3n, la ley finalmente aprobada lo \u00fanico que hizo es declarar \u201cileg\u00edtimos\u201d ciertos tribunales y sentencias del franquismo, ofreciendo la posibilidad de obtener una \u201cdeclaraci\u00f3n de reparaci\u00f3n y reconocimiento personal\u201d a los que padecieron determinadas resoluciones judiciales al amparo de leyes dictadas por motivos ideol\u00f3gicos o de creencia religiosa.<\/span><\/p>\n

Esta decisi\u00f3n no es solo contraria a la opini\u00f3n del Consejo de Europa, que ha criticado duramente la ausencia de garant\u00edas de los consejos de guerra35, sino tambi\u00e9n a la de la mayor\u00eda de los espa\u00f1oles36 y no tiene en cuenta los precedentes internacionales (37). Asimismo, frente a la posici\u00f3n del Gobierno, avalada por varias sentencias del Tribunal Supremo (38) y del Tribunal Constitucional (39), se han alzado algunas voces cualificadas, aunque minoritarias, en el mundo jur\u00eddico partidarias de proceder a anular juicios y sentencias. Joan Queralt<\/strong>, Catedr\u00e1tico de Derecho Penal, argument\u00f3, antes de la aprobaci\u00f3n de la Ley 52\/2007<\/strong>, a favor de la anulaci\u00f3n de las citadas sentencias, de acuerdo con el precedente alem\u00e1n (40). Jos\u00e9 Antonio Mart\u00edn Pall\u00edn<\/strong>, antiguo magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha sostenido que la ley permitir\u00e1 llevar a cabo recursos individuales y que las sentencias consideradas ileg\u00edtimas podr\u00e1n ser anuladas de facto (41). Carlos Jim\u00e9nez Villarejo<\/strong>, ex Fiscal Jefe Anticorrupci\u00f3n, ha pedido a la judicatura valent\u00eda a la hora de aplicar la ley, y le ha solicitado que lidere el proceso judicial de cancelaci\u00f3n de sentencias franquistas (42). Y Juan Jos\u00e9 del Aguila<\/strong> (2012) ha subrayado que ni siquiera se ha cancelado el juicio contra Grimau<\/strong>, a pesar de que ha quedado inequ\u00edvocamente demostrado que el Vocal Ponente del consejo de guerra era un impostor y no ten\u00eda, como era preceptivo, el t\u00edtulo de abogado. <\/span><\/p>\n

Por lo que se refiere a la vigencia de la ley de amnist\u00eda espa\u00f1ola, lo cierto es que durante muchos a\u00f1os ha pasado desapercibida. La creaci\u00f3n en 2000 de la Asociaci\u00f3n para la Recuperaci\u00f3n de la Memoria Hist\u00f3rica<\/strong>, responsable de la mayor\u00eda de las exhumaciones, dio lugar a las primeras protestas respecto a las restricciones que impon\u00eda esta ley para revisar el pasado y reparar a las v\u00edctimas. Pero lo que realmente hizo que esta norma recabara una\"\" gran atenci\u00f3n fue el auto dictado por Garz\u00f3n<\/strong> el 16 de Octubre\u00a0<\/span>de 2008. Hasta entonces ni siquiera se hab\u00eda producido un debate sobre la imprescriptibilidad de determinados delitos, ni sobre la obligaci\u00f3n, de acuerdo con Naciones Unidas y varios tratados internacionales ratificados por Espa\u00f1a, de ofrecer reparaci\u00f3n material y moral a todas las v\u00edctimas de la violencia durante la guerra civil y la dictadura (43).<\/span><\/p>\n

La reciente proliferaci\u00f3n de asociaciones de recuperaci\u00f3n de la memoria ha sido extraordinaria. A partir de diciembre de 2006 presentaron distintas denuncias ante la Audiencia Nacional respecto a lo que mayoritariamente calificaron como \u201cdetenciones ilegales\u201d y \u201cdesapariciones forzosas\u201d \u2014ambas consideradas, tambi\u00e9n por la mayor\u00eda de los denunciantes, como cr\u00edmenes de lesa humanidad\u2014 que tuvieron lugar como consecuencia del golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Garz\u00f3n se declar\u00f3 competente para investigar dichas denuncias. Aunque, una vez que se demostr\u00f3 que los principales responsables de los cr\u00edmenes mencionados no estaban vivos, Garz\u00f3n<\/strong> se inhibi\u00f3 en favor de los juzgados territoriales, poco despu\u00e9s el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolvi\u00f3 igualmente que Garz\u00f3n no era competente (Chinch\u00f3n 2012 a y b).<\/span><\/p>\n

Algunos meses m\u00e1s tarde, se presentaron dos querellas particulares contra Garz\u00f3n<\/strong> en las que se afirmaba que hab\u00eda incurrido en prevaricaci\u00f3n cuando al principio se declar\u00f3 competente para investigar los delitos. Resulta revelador que los denunciantes estuvieran ligados a organizaciones de extrema derecha: Falange<\/strong> Espa\u00f1ola<\/strong> y Manos<\/strong> Limpias<\/strong>. El 14 de mayo de 2010 Garz\u00f3n<\/strong> fue suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional argument\u00e1ndose que hab\u00eda suficiente evidencia de que hab\u00eda prevaricado al tratar de iniciar investigaciones por los cr\u00edmenes del franquismo a sabiendas, entre otras cosas, de que la ley de amnist\u00eda no permit\u00eda hacer tal cosa. <\/span><\/p>\n

El 23 de febrero de 2012 el Tribunal Supremo resolvi\u00f3 el procedimiento abierto contra Garz\u00f3n<\/strong> absolvi\u00e9ndole del delito de prevaricaci\u00f3n. Sin embargo, consider\u00f3 todas las tesis defendidas por Garz\u00f3n como \u201cerr\u00f3neas\u201d. La posici\u00f3n del Tribunal Supremo se ha concretado en la imposibilidad de realizar cualquier tipo de investigaci\u00f3n judicial penal sobre los cr\u00edmenes de la guerra civil y el franquismo. Por otra parte, el 28 de marzo de ese mismo a\u00f1o, el Tribunal Supremo resolvi\u00f3 el conflicto de competencia planteado por los juzgados de Granada y El Escorial; aunque en este Auto se reafirm\u00f3 en lo decidido en la sentencia de febrero, ha dejado la puerta abierta a poder practicar ciertas diligencias en el orden penal respecto a los restos de las personas \u201cdesaparecidas\u201d.<\/span><\/p>\n

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CONCLUSIONES<\/strong><\/span><\/p>\n

Se ha resumido la principal evidencia emp\u00edrica que demuestra que el sistema judicial espa\u00f1ol colabor\u00f3 directamente en la intensa y extensa represi\u00f3n pol\u00edtica llevada a cabo por el franquismo. Tambi\u00e9n se han expuesto los mecanismos institucionales creados por el Ejecutivo para asegurarse la lealtad de la profesi\u00f3n judicial. <\/span><\/p>\n

En los casos chileno y argentino, a pesar de la complicidad judicial, estos casi nunca formaron parte de consejos de guerra y, por lo tanto, no dictaron condenas a muerte. Tampoco participaron en jurisdicciones especiales dedicadas a la represi\u00f3n. Adem\u00e1s, tanto en Chile como en Argentina \u201chubo jueces que buscaron la justicia de forma decidida incluso cuando la deferencia parec\u00eda ser la \u00fanica estrategia racional para aquellos interesados en su carrera profesional. En no pocos casos, esta independencia de criterio les cost\u00f3 sus puestos de trabajo\u201d (Barros 2008:177). Los jueces chilenos han contribuido a esclarecer los hechos sin por ello contravenir la ley de amnist\u00eda y en muchos casos han investigado delitos que consideran imprescriptibles de acuerdo con la legislaci\u00f3n internacional. La interpretaci\u00f3n de la amnist\u00eda en Espa\u00f1a, junto con la ausencia de mecanismos alternativos de esclarecimiento de la verdad, convierten a este pa\u00eds en un modelo de \u201colvido absoluto\u201d (Gil 2009:86).<\/span><\/p>\n

A medida que las democracias analizadas se consolidaban, iban surgiendo nuevas din\u00e1micas que hac\u00edan posible modificar los acuerdos fundacionales relativos a las pol\u00edticas de JT. Este ha sido el caso en Argentina y en Chile, pero solo limitadamente el de Espa\u00f1a, donde: a)<\/strong> la iniciativa social ha sido siempre m\u00e1s d\u00e9bil y ha recibido mucho menos apoyo legal de la profesi\u00f3n; b)<\/strong> ha existido menos sensibilidad a los desarrollos del derecho internacional contrarios a la impunidad y a la prescripci\u00f3n de ciertos delitos44; y c)<\/strong> los jueces se siguen mostrando reticentes a indagar en el pasado. No son partidarios de revisar y\/o anular los juicios injustos del franquismo, defienden la aplicaci\u00f3n de la amnist\u00eda sin llevar a cabo investigaciones que permitan esclarecer la verdad, se niegan a personarse en las exhumaciones (45) y ni siquiera reclaman los\u00a0<\/span>informes forenses (46). Todo ello constituye una clara anomal\u00eda en comparaci\u00f3n con lo que ocurre en otros pa\u00edses (47).<\/span><\/p>\n

Es sorprendente que en la ampl\u00edsima literatura existente sobre los procesos de democratizaci\u00f3n en general, y la transici\u00f3n espa\u00f1ola en particular, se haya prestado tan poca atenci\u00f3n al papel desempe\u00f1ado por el sistema judicial heredado del r\u00e9gimen anterior. Sin embargo, se trata de una variable fundamental para entender los complejos equilibrios que se producen entre los legados del pasado y las nuevas reglas, instituciones y actores que empiezan a entrar en juego. En la literatura sobre los determinantes de la JT tampoco se ha otorgado suficiente importancia a la resistencia que puede ofrecer un sistema judicial no depurado y, sin embargo, c\u00f3mplice de la represi\u00f3n, a la hora de crear comisiones de la verdad, encausar a los responsables de violaciones de derechos, y revisar\/anular las sentencias judiciales injustas del pasado. <\/span><\/p>\n

A pesar de que en Espa\u00f1a la colaboraci\u00f3n del sistema judicial con la represi\u00f3n fue muy superior y que se mantuvo durante muchos m\u00e1s a\u00f1os, ciertas medidas de JT contin\u00faan siendo impensables. Y, si bien es cierto que la resistencia en la transici\u00f3n pudo haber sido tanto pol\u00edtico-judicial como social, los datos disponibles demuestran que, hoy en d\u00eda, los espa\u00f1oles ser\u00edan partidarios de que se adoptaran medidas de este tipo (48). Una vez que el relevo generacional ha contribuido a atenuar el trauma de la guerra civil y el miedo a la inestabilidad pol\u00edtica (variables cruciales en la transici\u00f3n: Aguilar 2008a), los jueces contin\u00faan resisti\u00e9ndose a revisar las sentencias judiciales del pasado y a personarse en las exhumaciones, mientras que el poder legislativo tampoco parece dispuesto a aprobar medidas que faciliten estas tareas. Y es que no es lo mismo impulsar determinadas pol\u00edticas de JT cuando solo la c\u00fapula militar y policial de un pa\u00eds ha sido responsable de las pr\u00e1cticas represivas, que cuando una parte no desde\u00f1able de sus profesionales jur\u00eddicos ha colaborado en la represi\u00f3n. Los jueces tampoco parecen dispuestos a exponerse a una revisi\u00f3n p\u00fablica tan cr\u00edtica de su comportamiento bajo la dictadura como la que puede leerse en los informes de muchas de las comisiones de la verdad (49).<\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n es cierto que el franquismo trat\u00f3 de involucrar al m\u00e1ximo de sectores posibles en la represi\u00f3n. Ello permiti\u00f3 que se acabaran creando s\u00f3lidas redes de complicidad, lo que explica que fueran tantos quienes salieron ganando de la generosa mirada hacia delante en que consisti\u00f3, a estos efectos, la transici\u00f3n (50). Eran muchos los que no ten\u00edan alicientes para escrutar el pasado, y quienes s\u00ed los ten\u00edan, bien por desconfianza hacia el sistema judicial, bien porque entendieron que las prioridades eran otras, apenas presentaron denuncias. Tambi\u00e9n es cierto que, en contraste con lo ocurrido en otros casos, las v\u00edctimas no recibieron el imprescindible apoyo legal que se requiere para saber qu\u00e9 procesos se pueden iniciar, c\u00f3mo presentar los recursos y de qu\u00e9 forma sortear los obst\u00e1culos legales. <\/span><\/p>\n

La represi\u00f3n franquista no habr\u00eda sido posible sin la implicaci\u00f3n del sistema judicial. La dictadura, adem\u00e1s, al ser la m\u00e1s longeva de las tres, dispuso de m\u00e1s tiempo para adoctrinar y perpetuar h\u00e1bitos de dependencia ideol\u00f3gica, lo que ayuda a explicar el conservadurismo del sistema judicial y su resistencia a revisar el pasado, ya que esto supondr\u00eda, adem\u00e1s de exponer p\u00fablicamente su implicaci\u00f3n en la represi\u00f3n, someter a cr\u00edtica las malas pr\u00e1cticas judiciales y la falta de garant\u00edas de la mayor\u00eda de los juicios pol\u00edticos que se llevaron a cabo. <\/span><\/p>\n

Otras variables contribuyen a explicar los actuales l\u00edmites espa\u00f1oles en t\u00e9rminos de JT. La falta de voluntad pol\u00edtica y judicial, la debilidad de las asociaciones de v\u00edctimas \u2014solo tard\u00edamente asesoradas por profesionales del derecho\u2014, y el escaso conocimiento de derecho internacional entre la judicatura espa\u00f1ola (S\u00e1ez Valc\u00e1rcel, 2010; Chinch\u00f3n, 2012a), han demostrado ser fundamentales una vez que la democracia se ha consolidado. Sin embargo, la complicidad judicial con la larga y brutal represi\u00f3n dictatorial a\u00fan contribuye a explicar parte de la resistencia que todav\u00eda se encuentra en sectores de la judicatura a someter a revisi\u00f3n la maquinaria represiva del franquismo.<\/span><\/p>\n

La principal conclusi\u00f3n de este art\u00edculo es que, ceteris paribus<\/em>, cuanto m\u00e1s \u201clegal\u201d haya sido la represi\u00f3n, mayor habr\u00e1 sido la implicaci\u00f3n del sistema judicial en ella, y mayor resistencia existir\u00e1 a aprobar ciertas medidas de JT, al menos durante los procesos de democratizaci\u00f3n. Habr\u00eda que comprobar en otros casos si tambi\u00e9n ocurre que, cuando el sistema judicial no se ha depurado (o se ha hecho de forma tard\u00eda e insuficiente) y se caracteriza por un fuerte esp\u00edritu de cuerpo, reforzado por un cierto nivel de endogamia, los jueces tienden a establecer mecanismos de lealtad intergeneracional que les lleven a dificultar medidas de JT que podr\u00edan poner en entredicho la honorabilidad pasada \u2014y, por tanto, tambi\u00e9n presente\u2014 del colectivo.<\/span><\/p>\n

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\"\"<\/p>\n

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NOTAS<\/span><\/strong><\/p>\n

Agradezco a Juan Jos\u00e9 del \u00c1guila, Cath Collins, Javier Chinch\u00f3n, Jorge Correa, Alicia Gil, Pablo Gil, Catherine Hite, M\u00f3nica Lanero, Juan Antonio Mayoral, Conxita Mir, Manuel Ortiz, Joan Queralt y Patricia Tappat\u00e1 la informaci\u00f3n que me han proporcionado. Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento a los evaluadores an\u00f3nimos que me han ayudado a mejorar este texto. Este art\u00edculo se enmarca en el Proyecto de Investigaci\u00f3n \u201cRepresi\u00f3n dictatorial y sistemas judiciales. Los determinantes de la estabilidad autoritaria y de la justicia transicional\u201d. CSO2012-35664. Ministerio de Econom\u00eda y Competitividad. Subprograma de proyectos de investigaci\u00f3n fundamental no orientada (2013-2016). <\/span><\/p>\n

1 El intento fallido de proceso judicial iniciado por el juez Garz\u00f3n se comentar\u00e1 m\u00e1s adelante.<\/span><\/p>\n

2 La ley n.\u00ba 23.040 derog\u00f3 la ley n.\u00ba 22.924 de autoamnist\u00eda. 3 Hay que destacar la influencia que tuvo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la anulaci\u00f3n de dichas leyes.<\/span><\/p>\n

4 En muy pocos casos jueces civiles formaron parte de los consejos de guerra, pero no se tiene constancia de que ninguno de ellos votara a favor de la imposici\u00f3n de la pena de muerte.<\/span><\/p>\n

5 A partir de \ue0bfnales de 1936, se produjo una \u201cincorporaci\u00f3n masiva al Cuerpo Jur\u00eddico Militar Honorario no solo de personal judicial, sino de letrados civiles y de los licenciados en Derecho llamados a \ue0bflas\u201d. Con posterio-ridad, \u201cse abre la escala honor\u00ed\ue0bfca no solo a jueces y \ue0bfscales, sino [\u2026] a todos los profesionales jur\u00eddicos y a los licenciados en derecho\u201d (Lanero 1996: 362). Esta ins\u00f3lita implicaci\u00f3n de todas las categor\u00edas profesionales rela-cionadas con el mundo jur\u00eddico constituye una prueba irrefutable de su participaci\u00f3n en la represi\u00f3n franquista. <\/span><\/p>\n

6 No solo se trat\u00f3 de la \u201casimilaci\u00f3n obligada\u201d para \u201cjueces, \ue0bfscales y aspirantes a ambas carreras\u201d, sino que tambi\u00e9n se \u201cabre las puertas a la militarizaci\u00f3n voluntaria de magistrados, jueces y \ue0bfscales que abando-nan el servicio de Juzgado o la Audiencia por el desempe\u00f1o de funciones jur\u00eddico-militares en Consejos de Guerra y asesor\u00edas jur\u00eddicas de Auditor\u00edas y ministerios militares\u201d (Lanero 1996:363). <\/span><\/p>\n

7 De hecho, era el \u00fanico miembro del consejo que deb\u00eda ser licenciado en Derecho y era el encargado de redactar el proyecto de sentencia, de ah\u00ed la gran trascendencia que tuvo en la represi\u00f3n (agradezco a Juan Jos\u00e9 del \u00c1guila esta informaci\u00f3n). Por otro lado, en los consejos de guerra posteriores a la gran desmovilizaci\u00f3n de mediados de los cuarenta, se observa la participaci\u00f3n de juristas del \u00e1mbito universitario, ya que pod\u00edan compatibilizar sus tareas docentes con el trabajo en el Cuerpo Jur\u00eddico (agradezco este dato a Pablo Gil; Juan Jos\u00e9 del \u00c1guila (2012) ha demostrado tambi\u00e9n la participaci\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n de guerra franquista de varios c\u00e9lebres catedr\u00e1ticos de derecho, que han omitido ese dato en sus biograf\u00edas). <\/span><\/p>\n

8 Dichos procedimientos son propios de un estado de guerra, que, de hecho, se mantuvo declarado en Espa\u00f1a hasta 1948. A pesar de todo, con posterioridad a esa fecha continuaron aprobando leyes que siguieron permitiendo a la jurisdicci\u00f3n militar hacer uso de los procedimientos sumarios para ciertos delitos. <\/span><\/p>\n

9 En todo caso, seg\u00fan Juan Jos\u00e9 del \u00c1guila (en comunicaci\u00f3n personal), lo m\u00e1s habitual fue excluir a los abogados civiles de los consejos de guerra, aunque no fueran sumarios, al menos hasta 1963. Los abogados civiles solo pudieron defender a los prisioneros pol\u00edticos una vez que la justicia ordinaria recuper\u00f3 su jurisdicci\u00f3n sobre los delitos pol\u00edticos, fundamentalmente mediante la creaci\u00f3n del Tribunal de Orden P\u00fablico, esto es, a partir de 1963<\/span><\/p>\n

10 En Chile \u201cel derecho de amparo fue revocado durante los estados de sitio\u201d (Constable y Valenzuela 1991:137). Los consejos de guerra se mantuvieron durante los cinco primeros a\u00f1os posteriores al golpe militar; entre 1978 y 1989 se siguieron celebrando consejos militares, pero ya de car\u00e1cter ordinario (Pereira 2005:4 y 25). En Argentina, el Estado de sitio estuvo declarado hasta octubre de 1983 y se celebraron consejos de guerra sumarios, y secretos, en los que no se permit\u00eda la participaci\u00f3n de abogados defensores civiles, pero estos tribunales tuvieron mucha menos actividad que en los otros dos pa\u00edses (Pereira 2005:133). V\u00e9anse tambi\u00e9n Hilbink (2007) y Barros (2002; 2008). <\/span><\/p>\n

11 Las biograf\u00edas de los principales abogados antifranquistas han sido recogidas en G\u00f3mez Al\u00e9n y Vega Garc\u00eda (2010). <\/span><\/p>\n

12 \u201cEl r\u00e9gimen argentino destaca por su casi completo desprecio de las convenciones legales. Unas 350 personas fueron condenadas en tribunales militares, pero su principal respuesta ante la oposici\u00f3n pol\u00edtica fue una guerra sin cuartel [\u2026] llevada a cabo pr\u00e1cticamente sin restricciones judiciales\u201d (Pereira 2005: 26). <\/span><\/p>\n

13 La Ley de Responsabilidades Pol\u00edticas de 9 de febrero de 1939 tuvo efectos retroactivos hasta octubre de 1934. Las sanciones eran, b\u00e1sicamente, de tres tipos: inhabilitaci\u00f3n, destierro y sanci\u00f3n eco-n\u00f3mica. Unas 300.000 personas fueron sometidas a expediente. El 20% de los magistrados y el 3% de los\u00a0<\/span>jueces \u201cse dedic\u00f3 a la exigencia de responsabilidades pol\u00edticas\u201d y la pertenencia a estos organismos era voluntaria (Lanero 1996:373). <\/span><\/p>\n

14 La Ley de Vagos y Maleantes, data de 1933. Fue modificada por el franquismo en 1954 para incluir la persecuci\u00f3n de los homosexuales. En 1970 fue derogada y sustituida por la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitaci\u00f3n Social. <\/span><\/p>\n

15 La principal fuente para el estudio del TOP es Del \u00c1guila (2001). Para evitar la lentitud generada por la cantidad de casos acumulados en este tribunal especial, adem\u00e1s de ampliarse a ffinales de 1971 las plazas de magistrados y de crearse un segundo juzgado, se impuso \u201ca los jueces de instrucci\u00f3n y a los fiscales de toda Espa\u00f1a la obligaci\u00f3n de practicar las primeras diligencias, convirti\u00e9ndoles en servidores del Juzgado de Orden P\u00fablico\u201d (Justicia Democr\u00e1tica 1978:46). De esta forma, se ampliaba a\u00fan m\u00e1s la implicaci\u00f3n de la justicia ordinaria en la maquinaria represiva del franquismo.<\/span><\/p>\n

16 Esta Brigada tiene su origen en una Ley del 8 de marzo de 1941 y se mantiene hasta su derogaci\u00f3n el 9 de diciembre de 1978 (tres a\u00f1os despu\u00e9s de muerto Franco). Los jueces y fiscales garantizaron su impunidad, pues \u201cera normal en el Tribunal de Orden P\u00fablico \u2018impedir preguntas directas\u2019 sobre malos tratos policiales\u201d. Asimismo, \u201clas denuncias contra la Brigada Social eran deso\u00eddas, sin exigir ninguna clase de responsabilidades a los jefes e inspectores responsables\u201d (Jim\u00e9nez Villarejo 2011:213-215). V\u00e9ase tambi\u00e9n Justicia Democr\u00e1tica (1978:23, 65, 244-5). <\/span><\/p>\n

17 VV.AA (1976:1014). <\/span><\/p>\n

18 Resulta revelador que la Colecci\u00f3n de Jurisprudencia Criminal dejara de publicarse entre 1936 y 1946 (Serrano 1993), coincidiendo con la guerra civil y los a\u00f1os m\u00e1s duros de la represi\u00f3n dictatorial.<\/span><\/p>\n

19 Solo esta organizaci\u00f3n, creada en 1971, alz\u00f3 su voz contra el sometimiento del sistema judicial a la dictadura y el respaldo que recibi\u00f3 fue escaso. De hecho, \u201cla inmensa mayor\u00eda de los jueces y fiscales se mantuvieron fieles a la legalidad dictatorial y ni un solo alto cargo de la dictadura se enrol\u00f3 o tan siquiera simpatiz\u00f3 con Justicia Democr\u00e1tica\u201d (Sartorius y Sabio 2007:517). <\/span><\/p>\n

20 Resulta llamativo que en el enlace denominado \u201cHistoria del Tribunal Supremo\u201d de la p\u00e1gina web oficial de dicho \u00f3rgano no aparezca menci\u00f3n alguna a la guerra civil ni a la dictadura, a pesar de lo importantes que fueron estos acontecimientos para la historia de dicho \u00f3rgano (de 1931 se pasa a 1978). Puede consultarse en la siguiente direcci\u00f3n electr\u00f3nica: http:\/\/www.poderjudicial.es\/cgpj\/es\/Poder_Judicial\/Tribunal_Supremo\/Informacion_institucional\/Historia_del_TS<\/span><\/p>\n

21 Este juramento se empez\u00f3 a realizar a partir de 1938 \u201cen el ingreso en las carreras judicial y fiscal y en cada nueva toma de posesi\u00f3n\u201d (Lanero 1996:273). Todos los jueces, magistrados y fiscales que hereda la democracia hab\u00edan llevado a cabo dicho juramento.<\/span><\/p>\n

22 De hecho, \u201cEl Tribunal Supremo acept\u00f3, de forma voluntaria, depurar a aquellos de sus miembros sospechosos de simpatizar con Allende [\u2026], y obstaculiz\u00f3 los ascensos profesionales de aquellos jueces que se pensaban que eran demasiado izquierdistas\u201d (Huneeus 2010:103).<\/span><\/p>\n

23 La Sala Quinta, o de lo Militar, del Tribunal Supremo es la encargada de pronunciarse sobre la revisi\u00f3n y, en su caso, anulaci\u00f3n, de las sentencias de los consejos de guerra que tuvieron lugar durante la contienda y la dictadura. Dicha Sala se cre\u00f3 en 1987 tras la disoluci\u00f3n del Consejo Supremo de Justicia Militar, \u00f3rgano creado en 1939 y que desempe\u00f1\u00f3 un papel fundamental en la represi\u00f3n judicial. La mitad de los miembros de dicha Sala, que tiene reputaci\u00f3n de ser la m\u00e1s conservadora del Tribunal Supremo, proceden del cuerpo Jur\u00eddico Militar. Ya se ha expuesto que todos los consejos de guerra que se celebraron bajo la dictadura contaban con una persona perteneciente a dicho cuerpo. El conservadurismo de \u00c1ngel Calder\u00f3n Cerezo, presidente de dicha Sala en el momento de redactarse este art\u00edculo, es bien conocido; de hecho, siempre ha votado en contra de la revisi\u00f3n de sentencias del franquismo. Diario El Pa\u00eds, 2\/06\/2011. <\/span><\/p>\n

24 Y as\u00ed lo perciben los espa\u00f1oles incluso en nuestros d\u00edas: un 45,2% piensa que los jueces son fundamentalmente conservadores, frente a tan solo un 12% que opina que son progresistas (CIS 2861; febrero 2011). <\/span><\/p>\n

25 \u201c[E]l grado de auto reclutamiento espec\u00edfico [jueces hijos de jueces] era mucho m\u00e1s alto en Espa\u00f1a que en Francia o Italia\u201d (Toharia 1975:65)<\/span><\/p>\n

26 Sobre estas reformas, v\u00e9ase Collins (2010).<\/span><\/p>\n

27 La \u00fanica vez que se celebr\u00f3 un juicio fue en el \u201ccaso Ruano\u201d. El \u00e9l se demuestra que, de haberse iniciado antes las causas judiciales, se habr\u00edan podido esclarecer ciertos cr\u00edmenes sin que ello hubiera tenido que conllevar condena alguna, pues la ley de amnist\u00eda lo habr\u00eda impedido. Como subraya Gil: \u201cla amnist\u00eda no impide la investigaci\u00f3n y constataci\u00f3n de los hechos […], sino que por el contrario, la constataci\u00f3n por el tribunal de estos supuestos es condici\u00f3n para su aplicaci\u00f3n\u201d. Y sigue: \u201cEsta interpretaci\u00f3n acercar\u00eda m\u00e1s nuestra ley de amnist\u00eda a un mecanismo de averiguaci\u00f3n de la verdad\u201d (Gil 2009: 86). Sin embargo, por lo que se conoce, el resto de los afectados no inici\u00f3 persecuci\u00f3n judicial alguna, ya que \u201c[l]as propias v\u00edctimas entendieron que la amnist\u00eda cubr\u00eda los casos no juzgados y sin necesidad de que los presuntos autores probasen ni reconociesen nada\u201d (Gil 2009:101). A la vista de este ejemplo, llama la atenci\u00f3n la falta de iniciativa de jueces, abogados y fiscales en Espa\u00f1a, pues, frente a lo ocurrido en otros pa\u00edses, muy pocos se propusieron asesorar a las familias de las v\u00edctimas sobre los recovecos que conten\u00eda la ley para conseguir, ya que no justicia, s\u00ed, al menos, verdad. <\/span><\/p>\n

28 No solo Chile ha conseguido investigar el pasado a pesar de la vigencia de la amnist\u00eda, sino que Brasil, otro pa\u00eds con el que tambi\u00e9n se ha comparado a Espa\u00f1a por su forma elusiva de abordar el pasado, se est\u00e1 cuestionando la vigencia de dicha amnist\u00eda y est\u00e1 impulsando importantes avances en t\u00e9rminos de justicia y verdad. De hecho, un juez brasile\u00f1o ha decidido \u201cllevar a cabo el primer juicio contra miembros de la dictadura militar por cr\u00edmenes cometidos entre 1964 y 1985. Los acusados son dos miembros del ej\u00e9rcito jubilados, el Coronel Sebastiao de Moura y el Comandante Licio Maciel, acusados de secuestros durante la eliminaci\u00f3n del movimiento guerrillero de Araguaia entre 1972 y 1975. El juez ha acordado con los fiscales que la ley de amnist\u00eda de 1979 [\u2026] no es de aplicaci\u00f3n en este caso porque los cuerpos de las v\u00edctimas secuestradas nunca han sido encontrados, por lo que los casos siguen abiertos\u201d. (http:\/\/jurist.org\/paperchase\/2012\/09\/brazil-judge-agrees-to-first-war-crimes-trial-for-members-of-dictatorship.php).<\/span><\/p>\n

29 Con todo, hay que recordar que la Corte Suprema de Justicia argentina se pronunci\u00f3 a favor de la constitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida el 22 de junio de 1987.<\/span><\/p>\n

30 http:\/\/www.patriagrande.com.ve\/temas\/internacionales\/investigan-argentina-magistrados-fueron-com-plices-opresores\/ (Fecha de consulta: 26 de febrero de 2013).<\/span><\/p>\n

31 La \u00fanica iniciativa relevante a este respecto ha sido una proposici\u00f3n de ley de modificaci\u00f3n de la ley de amnist\u00eda presentada el 30 de abril de 2010 por el Grupo Mixto y rechazada por el Parlamento el 22 de julio de 2011. <\/span><\/p>\n

32 Sin embargo, la Corte Europea de Derechos Humanos hab\u00eda establecido en su Informe Anual de 2009 que la amnist\u00eda era incompatible con la obligaci\u00f3n de los Estados de investigar los casos de tortura, considerados cr\u00edmenes de derecho internacional. <\/span><\/p>\n

33 Ley 52\/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y ampl\u00edan derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecuci\u00f3n o violencia durante la guerra civil y la dictadura. <\/span><\/p>\n

34 Las otras limitaciones de esta ley, que tambi\u00e9n fueron ampliamente criticadas, caen fuera de la tem\u00e1tica central de este art\u00edculo.<\/span><\/p>\n

35 Consejo de Europa. Parliamentary Assembly. \u201cNeed for international condemnation of the Franco regime\u201d. Doc.10737. 4\/11\/2005. <\/span><\/p>\n

36 En una encuesta del CIS de abril de 2008 (n.\u00ba 2760), la mayor\u00eda de los espa\u00f1oles (un 50,4 % a favor frente a un 19,3% en contra), est\u00e1 de acuerdo con que \u201cla democracia deber\u00eda anular los juicios pol\u00edticos que tuvieron lugar bajo el franquismo\u201d. <\/span><\/p>\n

37 En 1998 el Parlamento alem\u00e1n aprob\u00f3 una Ley federal que declara nulas las sentencias injustas del nazismo. En Austria, tambi\u00e9n se han aprobado Leyes anulando sentencias injustas que tuvieron lugar durante la ocupaci\u00f3n alemana. <\/span><\/p>\n

38 La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo se ha negado, en todas las ocasiones, salvo en una muy excepcional (la de una persona juzgada dos veces por el mismo delito), a revisar las sentencias de los tribunales franquistas. Marc Carrillo ha discrepado de la actuaci\u00f3n del Tribunal Supremo y ha se\u00f1alado que \u201cantes de denegar el recurso se debe agotar la actividad probatoria si hay alg\u00fan indicio de prueba y no rechazar el recurso aludiendo que la prueba presentada es insuficiente\u201d (recogido por Gil 2009: 60-61). <\/span><\/p>\n

39 \u201cNuestro Tribunal Constitucional ya ha dejado clara la imposibilidad de aplicar la Constituci\u00f3n a actos anteriores a su entrada en vigor que ya hayan agotado sus efectos\u201d (Gil 2009: 58). <\/span><\/p>\n

40 \u201cDesmemoria hist\u00f3rica\u201d, Diario El Pa\u00eds, 5\/1\/2007, p. 26. <\/span><\/p>\n

41 Diario P\u00fablico, 20\/10\/2007, p. 11. <\/span><\/p>\n

42 Diario Siglo XXI, 18\/10\/2007<\/span><\/p>\n

43 Adicionalmente, el Comit\u00e9 de Derechos Humanos de Naciones Unidas inst\u00f3 a Espa\u00f1a en 2008 a que revocara la ley de amnist\u00eda; a que adoptara medidas para que los tribunales no consideraran prescritos los cr\u00edmenes contra la humanidad; a que valorara la posibilidad de crear una comisi\u00f3n de expertos que estableciera la verdad sobre los derechos humanos violados durante la guerra civil y el franquismo; y a que permitiera a las familias exhumar e identificar a las v\u00edctimas de las fosas comunes, ofreci\u00e9ndoles, cuando fuera apropiado hacerlo, compensaciones econ\u00f3micas. Comit\u00e9 de Derechos Humanos. Sesi\u00f3n 94. Ginebra, 13 a 31 Octubre de 2008.<\/span><\/p>\n

44 Algunos expertos afirman que el Tribunal Supremo \u201cse ha mostrado totalmente refractario a cualquier consideraci\u00f3n fundada, a cualquier aplicaci\u00f3n y a toda interpretaci\u00f3n normativa acorde con el Derecho Inter-nacional, en general, y con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular\u201d (Chinch\u00f3n, Vicente y Moreno 2012:118). V\u00e9ase tambi\u00e9n Chinch\u00f3n (2012a y 2012b). <\/span><\/p>\n

45 Seg\u00fan algunas informaciones, \u201clos jueces no quieren encargarse de las fosas del franquismo\u201d; de hecho, \u201cning\u00fan juez se ha acercado nunca a la exhumaci\u00f3n a \u2018datar\u2019 o \u2018identificar\u2019 esos restos\u201d (Diario El Pa\u00eds 20\/09\/2012). Y ello a pesar de que en el mencionado auto del Tribunal Supremo se dec\u00eda que, el hecho de que no hubiera posibilidad alguna de persecuci\u00f3n penal, no deber\u00eda ser obst\u00e1culo para se instara a los jueces de instrucci\u00f3n locales a \u201cla pr\u00e1ctica de las diligencias dirigidas a datar aquellas acciones criminales y, si fuera necesario, a la identificaci\u00f3n de los afectados, para proceder luego, consecuentemente, en derecho. Pues si hay algo inobjetable desde cualquier punto de vista [\u2026] es que los restos de quienes hubieran sufrido muertes violentas no pueden permanecer en el anonimato ni fuera de los lugares pro<\/span>pios de enterramiento\u201d (Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. Auto resolviendo cuesti\u00f3n de competencia. 28\/03\/2012). <\/span><\/p>\n

46 Seg\u00fan Francisco Etxeverr\u00eda, m\u00e9dico forense encargado de buena parte de las exhumaciones que han tenido lugar en Espa\u00f1a (Diario El Pa\u00eds, 20\/02\/2010). <\/span><\/p>\n

47 La pasividad del sistema judicial espa\u00f1ol ha hecho que los familiares de las v\u00edctimas hayan acudido a la justicia argentina; en el momento de redactarse este art\u00edculo, existe una causa abierta en Argentina, la n.\u00ba 4591\/2010, por delitos de lesa humanidad cometidos por el r\u00e9gimen franquista entre la Guerra Civil y las elecciones de 1977. En Espa\u00f1a se ha creado una red de apoyo a dicha causa denominada Red AQUA (Red Ciudadana de Apoyo a la Querella Argentina: http:\/\/redaqua.wordpress.com\/). <\/span><\/p>\n

48 En una encuesta del CIS de abril de 2008 (n.\u00ba 2760), la mayor\u00eda de los espa\u00f1oles (un 48,7% a favor frente a un 26,7% en contra), est\u00e1 de acuerdo con que \u201clas autoridades que violaron derechos humanos bajo el franquismo, deber\u00edan ser llevadas a juicio\u201d. <\/span><\/p>\n

49 M\u00e1s all\u00e1 de la fallida iniciativa que tuvo lugar en 2007 (\u201cValencia lanza una Comisi\u00f3n de la Verdad sobre el franquismo\u201d, Diario El Pa\u00eds, 10\/02\/2007), Garz\u00f3n es el \u00fanico juez espa\u00f1ol que me consta que ha solicitado\u00a0<\/span>la creaci\u00f3n de una comisi\u00f3n de la verdad en Espa\u00f1a para esclarecer los cr\u00edmenes del franquismo (Diario El Pa\u00eds, 14\/04\/2012). <\/span><\/p>\n

50 Agradezco a M\u00f3nica Lanero que compartiera conmigo su interesante idea sobre la \u201ccohesi\u00f3n en torno al secreto\u201d. Seg\u00fan ella, la estrategia franquista consisti\u00f3 en tejer una serie de complicidades entre los distintos colectivos involucrados en la represi\u00f3n. Ello explicar\u00eda que, con posterioridad, muchos de ellos optaran por protegerse mutuamente. Algunos de los principales estudiosos de la represi\u00f3n franquista, como Michael Richards (1998:9), Juli\u00e1n Casanova (2002:38) y Francisco Espinosa (2002:90) han hablado de la existencia de un \u201cpacto de sangre\u201d entre los distintos sectores implicados en ella.<\/span><\/p>\n

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Paloma Aguilar<\/strong> es doctora en Ciencias Pol\u00edticas y Sociolog\u00eda por la UNED, y doctora y m\u00e1ster por el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March. Entre sus publicaciones destacan: Memoria y olvido de la guerra civil espa\u00f1ola (Alianza Editorial, 1996; traducido al ingl\u00e9s y al griego); Pol\u00edticas de la memoria y memorias de la pol\u00edtica (Alianza Editorial, 2008); es coeditora, junto con Alexandra Barahona de Brito y Carmen Gonz\u00e1lez Enr\u00edquez, de The Politics of Memory. Transitional Justice in Democratizing Societies (Oxford University Press, 2001; traducido al espa\u00f1ol y al portugu\u00e9s). Ha publicado, entre otras, en las siguientes revistas: Comparative Political Studies, Politics & Society, Democratization, West European Politics, South European Society & Politics, History and Memory, Mat\u00e9riaux pour l\u2019histoire de notre temps, Ricer-che di Storia Pol\u00edtica, Revista Espa\u00f1ola de Investigaciones Sociol\u00f3gicas, Revista Internacional de Sociolog\u00eda, Revista Internacional de Filosof\u00eda Pol\u00edtica y Claves de Raz\u00f3n Pr\u00e1ctica. Forma parte del Consejo Editorial de las revistas South European Society & Politics y Memory Studies, y es miembro del Consejo Asesor de la Revista Internacional de Sociolog\u00eda.<\/span><\/p>\n

RECIBIDO: 14\/11\/2011ACEPTADO: 01\/04\/2012<\/span><\/p>\n

Publicado on-line: 02\/04\/2013<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

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\u00bfD\u00f3nde situar\u00edas a los Jueces?<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

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RELACIONADOS:<\/strong><\/span><\/p>\n

\u00bfFue alguna vez el r\u00e9gimen franquista un Estado de Derecho\u2026?, por Juan Jos\u00e9 del \u00c1guila<\/a><\/p><\/blockquote>\n