{"id":1986,"date":"2017-04-27T01:00:53","date_gmt":"2017-04-27T00:00:53","guid":{"rendered":"http:\/\/puntocritico.com\/?p=1986"},"modified":"2023-06-11T22:42:25","modified_gmt":"2023-06-11T20:42:25","slug":"ejecutados-en-indefension-parte-ii-stc-pleno-no-141992-de-10-de-febrero-por-jesus-diaz-formoso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/2017\/04\/27\/ejecutados-en-indefension-parte-ii-stc-pleno-no-141992-de-10-de-febrero-por-jesus-diaz-formoso\/","title":{"rendered":"EJECUTADOS EN INDEFENSI\u00d3N (Parte II): STC Pleno, n\u00ba 14\/1992, de 10 de febrero. Por Jes\u00fas D\u00edaz Formoso"},"content":{"rendered":"

EJECUTADOS EN INDEFENSI\u00d3N (Parte I): Corr\u00eda el a\u00f1o 2009<\/span><\/a><\/h2>\n

 <\/p>\n

\n

\u00abJos\u00e9 Lu\u00eds de los Mozos y de los Mozos es un prestigioso Catedr\u00e1tico de Derecho Civil.\u00a0Con Carlos de la Vega Benayes, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, eran los dos \u00fanicos civilistas del Tribunal Constitucional.<\/span><\/p>\n

Ambos, destacad\u00edsimos especialistas en la materia, del m\u00e1ximo nivel, sostuvieron tesis contrapuestas; lo que DEMUESTRA QUE\u00a0ES POSIBLE SOSTENER T\u00c9CNICAMENTE UNA TESIS CONTRARIA A LA AFIRMADA POR EL PLENO DEL TC<\/strong>\u00a0EN SU SENTENCIA 14\/92; ello al margen de otras consideraciones, como las expuestas en este art\u00edculo, que resultan de superior entidad, pues surgen de la literalidad clara y terminante del texto constitucional (art\u00edculo 24, 1\u00ba)\u00bb.<\/span><\/p>\n

******<\/strong><\/p>\n

\u201cEl m\u00e1s que probable futuro Presidente Macron representa y defiende un programa que intensifica todo eso que ha mostrado serias aver\u00edas y disfunciones en los \u00faltimos treinta a\u00f1os a lo largo de los cuales se fragu\u00f3 e incub\u00f3 el\u00a0\u00a0malheur\u00a0de Francia y desemboc\u00f3 en la crisis financiera global de 2008, desencadenante a su vez del grave proceso desintegrador que se vive en la Uni\u00f3n Europea desde entonces<\/em>\u201d \u2013 Rafael Poch – http:\/\/blogs.lavanguardia.com\/paris-poch\/2017\/04\/24\/macron-la-enganosa-victoria-tranquiliza-76737\/<\/a><\/span><\/p>\n

No s\u00f3lo en Francia hac\u00eda 30 a\u00f1os que se sab\u00eda que estallar\u00eda la \u201cmadre de todas las crisis\u201d \u2013 el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007-, como se\u00f1ala Poch. En Espa\u00f1a tambi\u00e9n se sab\u00eda. Por ello, el descomunal expolio inmobiliario se prepar\u00f3 15 a\u00f1os antes, en 1992, con la Sentencia del Tribunal Constitucional que ahora analizamos, que impidi\u00f3 a los Jueces otra interpretaci\u00f3n del Derecho Fundamental del art\u00edculo 24, 1\u00ba de la Constituci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

*******<\/span><\/p>\n

EJECUTADOS EN INDEFENSI\u00d3N (Parte II): STC Pleno, n\u00ba 14\/1992, de 10 de febrero<\/strong>.<\/span><\/h1>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 14\/1992, de 10 de febrero (BOE n\u00fam. 54, de 03 de marzo de 1992)<\/em><\/strong>, o c<\/em>uando el Tribunal Constitucional (TC) declar\u00f3 Inconstitucional la misma Constituci\u00f3n<\/em>.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Ante la avalancha de Cuestiones de Inconstitucionalidad formuladas al Tribunal Constitucional por m\u00faltiples \u00f3rganos Judiciales, sobre el mismo precepto (Art\u00edculo 1.435 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil; que regulaba las Ejecuciones Hipotecarias<\/em>), el Pleno del TC dicta la primera Sentencia, la 14\/1992, a la que se remitir\u00e1n todas las posteriormente dictadas sobre esta misma materia; la INDEFENSI\u00d3N que ocasiona a los Demandados en procesos de Ejecuci\u00f3n Hipotecaria la regulaci\u00f3n legal en la materia, en vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 24, 1\u00ba de la Constituci\u00f3n, conforme al cual<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u201cTodas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses leg\u00edtimos, sin que, en ning\u00fan caso<\/strong>, pueda producirse indefensi\u00f3n<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n

Es de la mayor importancia el tenor literal de este Art\u00edculo, \u201csin que, EN NING\u00daN CASO<\/strong> PUEDA PRODUCIRSE INDEFENSI\u00d3N<\/u>\u201d. Como veremos, tras esta Sentencia del TC, el art\u00edculo 24, 1\u00ba de la Constituci\u00f3n pasa a decir \u201caunque, en ocasiones, puede producirse indefensi\u00f3n<\/em><\/strong>\u201d. El Tribunal Constitucional viene as\u00ed, de hecho, a declarar la Inconstitucionalidad de la misma Constituci\u00f3n; sin el menor pudor.<\/span><\/p>\n

El precepto cuestionado en el proceso constitucional analizado, que se contiene en el art. 1.435, p\u00e1rrafo cuarto, primera frase, seg\u00fan la redacci\u00f3n introducida por la Ley 34\/1984, de 6 de agosto, de Reforma Urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil (L.E.C.), establec\u00eda: \u00abSi en los contratos mercantiles otorgados por Entidades de cr\u00e9dito, ahorro y financiaci\u00f3n, en escritura p\u00fablica o en p\u00f3liza intervenida de conformidad con lo dispuesto en el n\u00famero 6 del art. 1.429 de esta Ley se hubiere convenido que la cantidad exigible en caso de ejecuci\u00f3n ser\u00e1 la especificada en certificaci\u00f3n expedida por la Entidad acreedora, aqu\u00e9lla se tendr\u00e1 por l\u00edquida siempre que conste en documento fehaciente que acredite haberse practicado la liquidaci\u00f3n en la forma pactada por las partes en el t\u00edtulo ejecutivo y que el saldo coincida con el que aparece en la cuenta abierta al deudor<\/em>\u00ab.<\/span><\/p>\n

La indefensi\u00f3n<\/strong> es un concepto jur\u00eddico indeterminado<\/strong> (supuesto de hecho que la ley define de manera abstracta o gen\u00e9rica que solo puede ser concretado en los actos de aplicaci\u00f3n<\/em>), referido a aquella situaci\u00f3n procesal en la que la parte se ve limitada o despojada por el \u00f3rgano jurisdiccional de los medios de defensa que le corresponden en el desarrollo del proceso. Las consecuencias de la indefensi\u00f3n pueden suponer la imposibilidad de hacer valer un derecho o la alteraci\u00f3n injustificada de la igualdad de medios entre las partes, otorgando a una de ellas ventajas procesales arbitrarias.<\/span><\/p>\n

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa\u00f1ola, define la indefensi\u00f3n como:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. f. Falta de defensa, situaci\u00f3n de las personas o cosas que est\u00e1n indefensas.<\/span><\/li>\n
  2. f. Der. Situaci\u00f3n en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho en un procedimiento administrativo o judicial.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Real Academia Espa\u00f1ola \u00a9 Todos los derechos reservados<\/span><\/p>\n

    Con el antecedente de la referida STC \u2013Pleno-, n\u00ba 14\/1992, la Ley 1\/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil<\/strong>, va a mantener la situaci\u00f3n de Indefensi\u00f3n de los Demandados en los procedimientos de Ejecuci\u00f3n Hipotecaria.<\/span><\/p>\n\n\n\n
    \n

    Ley de Enjuiciamiento Civil:<\/span><\/h1>\n

    (Texto actualmente en vigor redactado por Ley 1\/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la protecci\u00f3n a los deudores hipotecarios, reestructuraci\u00f3n de deuda y alquiler social)<\/p>\n

    Art\u00edculo 695. Oposici\u00f3n a la ejecuci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

    1.En los procedimientos a que se refiere este Cap\u00edtulo s\u00f3lo se admitir\u00e1 la oposici\u00f3n del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas:<\/p>\n

    1.\u00aa Extinci\u00f3n de la garant\u00eda o de la obligaci\u00f3n garantizada, siempre que se presente certificaci\u00f3n del Registro expresiva de la cancelaci\u00f3n de la hipoteca o, en su caso, de la prenda sin desplazamiento, o escritura p\u00fablica de carta de pago o de cancelaci\u00f3n de la garant\u00eda.<\/p>\n

    2.\u00aa Error en la determinaci\u00f3n de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado. El ejecutado deber\u00e1 acompa\u00f1ar su ejemplar de la libreta en la que consten los asientos de la cuenta y s\u00f3lo se admitir\u00e1 la oposici\u00f3n cuando el saldo que arroje dicha libreta sea distinto del que resulte de la presentada por el ejecutante. No ser\u00e1 necesario acompa\u00f1ar libreta cuando el procedimiento se refiera al saldo resultante del cierre de cuentas corrientes u operaciones similares derivadas de contratos mercantiles otorgados por entidades de cr\u00e9dito, ahorro o financiaci\u00f3n en los que se hubiere convenido que la cantidad exigible en caso de ejecuci\u00f3n ser\u00e1 la especificada en certificaci\u00f3n expedida por la entidad acreedora, pero el ejecutado deber\u00e1 expresar con la debida precisi\u00f3n los puntos en que discrepe de la liquidaci\u00f3n efectuada por la entidad.<\/p>\n

    3.\u00aa En caso de ejecuci\u00f3n de bienes muebles hipotecados o sobre los que se haya constituido prenda sin desplazamiento, la sujeci\u00f3n de dichos bienes a otra prenda, hipoteca mobiliaria o inmobiliaria o embargo inscritos con anterioridad al gravamen que motive el procedimiento, lo que habr\u00e1 de acreditarse mediante la correspondiente certificaci\u00f3n registral.<\/p>\n

    4.\u00aa El car\u00e1cter abusivo de una cl\u00e1usula contractual que constituya el fundamento de la ejecuci\u00f3n o que hubiese determinado la cantidad exigible.<\/p>\n

    2. Formulada la oposici\u00f3n a la que se refiere el apartado anterior, el Secretario judicial suspender\u00e1 la ejecuci\u00f3n y convocar\u00e1 a las partes a una comparecencia ante el Tribunal que hubiera dictado la orden general de ejecuci\u00f3n, debiendo mediar quince d\u00edas desde la citaci\u00f3n, comparecencia en la que el Tribunal oir\u00e1 a las partes, admitir\u00e1 los documentos que se presenten y acordar\u00e1 en forma de auto lo que estime procedente dentro del segundo d\u00eda.<\/p>\n

    3. El auto que estime la oposici\u00f3n basada en las causas 1.\u00aa y 3.\u00aa del apartado 1 de este art\u00edculo mandar\u00e1 sobreseer la ejecuci\u00f3n; el que estime la oposici\u00f3n basada en la causa 2.\u00aa fijar\u00e1 la cantidad por la que haya de seguirse la ejecuci\u00f3n. De estimarse la causa 4.\u00aa, se acordar\u00e1 el sobreseimiento de la ejecuci\u00f3n cuando la cl\u00e1usula contractual fundamente la ejecuci\u00f3n. En otro caso, se continuar\u00e1 la ejecuci\u00f3n con la inaplicaci\u00f3n de la cl\u00e1usula abusiva.<\/p>\n

    4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecuci\u00f3n, la inaplicaci\u00f3n de una cl\u00e1usula abusiva o la desestimaci\u00f3n de la oposici\u00f3n por la causa prevista en el apartado 1.4.\u00ba anterior, podr\u00e1 interponerse recurso de apelaci\u00f3n. Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposici\u00f3n a que se refiere este art\u00edculo no ser\u00e1n susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribir\u00e1n exclusivamente al proceso de ejecuci\u00f3n en que se dicten.<\/p>\n

    Art\u00edculo 697. Suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n por prejudicialidad penal<\/strong><\/p>\n

    Fuera de los casos a que se refieren los dos art\u00edculos anteriores, los procedimientos a que se refiere este cap\u00edtulo s\u00f3lo se suspender\u00e1n por prejudicialidad penal, cuando se, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 569 de esta Ley, la existencia de causa criminal sobre cualquier hecho de apariencia delictiva que determine la falsedad del t\u00edtulo, la invalidez o ilicitud del despacho de la ejecuci\u00f3n.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Y ello, pese a la absoluta y reduplicada prohibici\u00f3n de la Indefensi\u00f3n (art\u00edculo 24, 1\u00ba Constituci\u00f3n: \u201cTodas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses leg\u00edtimos, sin que, en ning\u00fan caso<\/strong>, pueda producirse indefensi\u00f3n<\/em>\u201d), enunciada como DERECHO FUNDAMENTAL DEL M\u00c1XIMO NIVEL, GARANTIZADO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, mediante el Recurso de Amparo (Art\u00edculo 53, 2\u00ba – Constituci\u00f3n), as\u00ed como por el art\u00edculo 53, 1\u00ba, tambi\u00e9n de la Constituci\u00f3n (\u201cLos derechos y libertades reconocidos en el Cap\u00edtulo Segundo del presente T\u00edtulo<\/em>-el art\u00edculo 24 entre ellos- vinculan a todos los poderes p\u00fablicos. S\u00f3lo por ley<\/strong>, que en todo caso deber\u00e1 respetar su contenido esencial<\/strong>, podr\u00e1 regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelar\u00e1n de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 161, 1, a<\/em>\u201d).<\/span><\/p>\n

    \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 En efecto, el art 517 (T\u00edtulos ejecutivos<\/em>), apartado 2, n\u00famero 5\u00ba, de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil<\/strong>\u00a0 (LEC), incurre en una evidente INCONSTITUCIONALIDAD (que se pretende salvar recurriendo a la citada Sentencia \u2013Pleno- 14\/1992 del\u00a0 Tribunal Constitucional- del Tribunal que ignora el texto constitucional \u2013 cuya literalidad enmienda vergonzosamente<\/em>), dispone:<\/span><\/p>\n

    \u201cLas p\u00f3lizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por corredor de comercio colegiado que las intervenga, con tal que se acompa\u00f1e certificaci\u00f3n en la que dicho corredor acredite la conformidad de la p\u00f3liza con los asientos de su libro registro y la fecha de \u00e9stos<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n

    Entre estos t\u00edtulos ejecutivos destacan los que ahora nos ocupan: LAS HIPOTECAS. Conforme al Art\u00edculo 557, 1\u00ba de la misma LEC<\/strong>, titulado \u201cOposici\u00f3n a la ejecuci\u00f3n fundada en t\u00edtulos no judiciales ni arbitrales<\/em><\/strong>\u201d (entre ellos, las escrituras de Hipoteca):<\/span><\/p>\n

    \u201cCuando se despache ejecuci\u00f3n por los t\u00edtulos previstos en los n\u00fameros 4.\u00ba, 5.\u00ba, 6.\u00ba y 7.\u00ba, as\u00ed como por otros documentos con fuerza ejecutiva a que se refiere el n\u00famero 9.\u00ba del apartado 2 del art\u00edculo 517, EL EJECUTADO S\u00d3LO PODR\u00c1 OPONERSE A ELLA, en el tiempo y en la forma prevista en el art\u00edculo anterior, SI SE FUNDA EN ALGUNA DE LAS CAUSAS SIGUIENTES:<\/em><\/span><\/p>\n

    1.\u00aa Pago, que pueda acreditar documentalmente.<\/em><\/span><\/p>\n

    2.\u00aa Compensaci\u00f3n de cr\u00e9dito l\u00edquido que resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva.<\/em><\/span><\/p>\n

    3.\u00aa Pluspetici\u00f3n o exceso en la computaci\u00f3n a met\u00e1lico de las deudas en especie.<\/em><\/span><\/p>\n

    4.\u00aa Prescripci\u00f3n y caducidad.<\/em><\/span><\/p>\n

    5.\u00aa Quita, espera o pacto o promesa de no pedir, que conste documentalmente.<\/em><\/span><\/p>\n

    6.\u00aa Transacci\u00f3n, siempre que conste en documento p\u00fablico.<\/em><\/span><\/p>\n

    7.\u00aa Que el t\u00edtulo contenga cl\u00e1usulas abusivas<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n

    \u00a0Es decir, LOS DEUDORES HIPOTECARIOS NO SE PUEDEN DEFENDER EN JUICIO M\u00c1S QUE POR MEDIO DE ESTA SERIE DE ALEGACIONES, ABSOLUTAMENTE IRRELEVANTES PARA LA GENERALIDAD DE LOS CASOS\u00a0 \u2013salvo la, 7\u00aa, introducida tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (Sala Primera), de 14 de marzo de 2013; asunto C-415\/11 \u2013 Aziz vs Reino de Espa\u00f1a<\/strong>-, que ten\u00eda por objeto una petici\u00f3n de decisi\u00f3n prejudicial planteada, con arreglo al art\u00edculo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Mercantil n\u00ba 3 de Barcelona, mediante auto de 19 de julio de 2011. La referida STJUE e 14 de marzo de 2013, declara:<\/span><\/p>\n

    \u201c1) La Directiva 93\/13\/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cl\u00e1usulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, al mismo tiempo que no prev\u00e9, en el marco del procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposici\u00f3n basados en el car\u00e1cter abusivo de una cl\u00e1usula contractual que constituye el fundamento del t\u00edtulo ejecutivo, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el car\u00e1cter abusivo de esa cl\u00e1usula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensi\u00f3n del procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisi\u00f3n final. <\/em><\/span><\/p>\n

    2) El art\u00edculo 3, apartado 1, de la Directiva 93\/13 debe interpretarse en el sentido de que: <\/em><\/span><\/p>\n

    \u2013 el concepto de \u00abdesequilibrio importante\u00bb en detrimento del consumidor debe apreciarse mediante un an\u00e1lisis de las normas nacionales aplicables a falta de acuerdo entre las partes, para determinar si \u2013y, en su caso, en qu\u00e9 medida\u2013 el contrato deja al consumidor en una situaci\u00f3n jur\u00eddica menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente. Asimismo, resulta pertinente a estos efectos llevar a cabo un examen de la situaci\u00f3n jur\u00eddica en la que se encuentra dicho consumidor en funci\u00f3n de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de cl\u00e1usulas abusivas; <\/em><\/span><\/p>\n

    \u2013 para determinar si se causa el desequilibrio \u00abpese a las exigencias de la buena fe\u00bb, debe comprobarse si el profesional, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, pod\u00eda estimar razonablemente que \u00e9ste aceptar\u00eda la cl\u00e1usula en cuesti\u00f3n en el marco de una negociaci\u00f3n individual. <\/em><\/span><\/p>\n

    El art\u00edculo 3, apartado 3, de la Directiva 93\/13 debe interpretarse en el sentido de que el anexo al que remite esa disposici\u00f3n s\u00f3lo contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cl\u00e1usulas que pueden ser declaradas abusivas<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n

    *****<\/span><\/p>\n

    El Derecho es la realidad jur\u00eddica. Deber\u00eda ser la Constituci\u00f3n su fuente primera; sin embargo, es evidente que el Derecho \u201creal\u201d que padecemos tiene como Fuente la Arbitrariedad de la autoridad, cuya \u00fanica autoridad, parad\u00f3jicamente, proviene de su Potestas (Poder de coacci\u00f3n y de la aparente licitud de cualquier violencia que pueda emplear contra \u201cnosotros\u201d, los que sufrimos para que \u201cellos\u201d gobiernen repartiendo dolor y millones de euros seg\u00fan asignaci\u00f3n de un infame algoritmo corrupto excluido de cualquier publicidad diferente de la propaganda m\u00e1s abyecta).<\/span><\/p>\n

    As\u00ed lo expuso la Ilustr\u00edsima Se\u00f1ora do\u00f1a Mercedes Alaya, conforme hemos expuesto en un Post anterior (https:\/\/puntocritico.com\/2017\/01\/25\/cuando-la-ley-se-convierte-en-delito-la-impunidad-de-los-intocables-y-las-estrategias-de-acceso-al-poder-politico\/<\/a> ); esto es, la actividad legislativa Parlamentaria como medio para cometer Delitos de Corrupci\u00f3n:<\/span><\/p>\n

    \u201cDesde 1889, el primer apartado del primer art\u00edculo de nuestro C\u00f3digo Civil, ha venido estableciendo, como punto de partida de cualquier an\u00e1lisis jur\u00eddico, que \u201cLas fuentes del Ordenamiento Jur\u00eddico espa\u00f1ol son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho<\/em>\u201d. Hasta ahora.<\/span><\/p>\n

    Y decimos \u201chasta ahora\u201d porque, el d\u00eda 28 de junio de 2013, ha sido dictada una resoluci\u00f3n judicial que, en lugar de considerar a la Ley como fuente del Derecho, la concept\u00faa como acto\u00a0presuntamente<\/em>\u00a0delictivo (Auto de 28 de junio de 2013, del Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00ba 6 de Sevilla, Diligencias Previas n\u00ba 174\/2011 \u2013 caso \u201cERE\u2019s\u201d).<\/span><\/p>\n

    La Ley, expresi\u00f3n de la voluntad popular, adoptada en el Parlamento por lospresuntos<\/em>\u00a0representantes de los ciudadanos, se encuentra bajo sospecha. Y no podr\u00eda ser de otra forma, pues sospechosos son sus autores, vulgares \u201cchorizos\u201d travestidos de legisladores.<\/span><\/p>\n

    Manifiesta -con total correcci\u00f3n, as\u00ed como con una singular dosis de valor- (Los imputados podr\u00e1n encarcelar jueces con un impreso del estanco<\/strong><\/a>) la Ilustr\u00edsima Sra Magistrada-Juez, Do\u00f1a Mercedes Alaya Rodr\u00edguez, en la meritada resoluci\u00f3n de 28 de junio, fundament\u00e1ndose en un \u201cInforme de Fiscalizaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Cuentas\u201d, que \u201ces claro que la utilizaci\u00f3n v\u00eda modificaci\u00f3n presupuestaria o a trav\u00e9s de los presupuestos de la Comunidad Aut\u00f3noma, de las transferencias de financiaci\u00f3n para el pago de tales ayudas sociolaborales, habr\u00eda permitido la concesi\u00f3n de subvenciones al margen de su normativa reguladora, en la que se requiere la fiscalizaci\u00f3n previa por parte de la Intervenci\u00f3n. Al hilo de lo anterior, se considera por esta instructora que ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucci\u00f3n\u00a0y\u00a0determinar la participaci\u00f3n en los hechos investigados de otras personas<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n

    Es decir, para la Ilustr\u00edsima Sra D\u00aa Mercedes Alaya, mientras ser\u00eda el Gobierno -en este caso- del partido Socialista, quien ejecutar\u00eda los actos delictivos, ser\u00eda el Parlamento -andaluz, en este caso-, quien habr\u00eda dictado las leyes que posibilitar\u00e1n tal comportamiento delictivo, previamente decidido, por tanto, desde instancias pol\u00edticas.<\/span><\/p>\n

    Manifestaciones que la Audiencia Provincial sevillana, con motivo del Recurso de Apelaci\u00f3n formulado en dichos autos \u00a1\u00a1por el Ministerio Fiscal!! (VER\u00a0La Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n gana el Premio Nacional de Gui\u00f1ol<\/strong><\/a>), al que se adhiri\u00f3 la \u00a1\u00a1Acusaci\u00f3n Particular de la Junta de Andaluc\u00eda!! (c\u00f3mo pueden los imputados convertirse en acusadores de si mismos es cuesti\u00f3n que desborda el objeto del presente art\u00edculo<\/em>), viene a aceptar en lo sustancial lo que, en sus propias palabras (Auto de la Secci\u00f3n S\u00e9ptima, n\u00ba 77172013, de 25 de octubre de 2013), vendr\u00eda a ser una \u201cconfabulaci\u00f3n o maquinaci\u00f3n colectiva, que alcanzar\u00eda, incluso, a la tramitaci\u00f3n de las leyes de presupuestos en sede parlamentaria<\/em>\u201c, si bien\u00a0 establece la necesidad de una m\u00e1s contundente motivaci\u00f3n (razonamiento), al se\u00f1alar que\u00a0 \u201cla ideaci\u00f3n del sistema, incluida la reforma legal, para dar cobertura a un (plan de) desv\u00edo continuado de fondos, pareciendo convertir en delictivas, incluso, \u201clas referidas modificaciones presupuestarias y en los presupuestos de la Comunidad Aut\u00f3noma donde se mantendr\u00eda durante muchos a\u00f1os la transferencias de financiaci\u00f3n como cr\u00e9dito presupuestario para el pago de las subvenciones sociolaborales del programa 31.L\u2026..El auto est\u00e1 basado en una construcci\u00f3n sugerente, que no expl\u00edcita, de la ilicitud penal de la actuaci\u00f3n no solo del gobierno auton\u00f3mico sino, al parecer, tambi\u00e9n del propio parlamento andaluz, lo que refuerza -insistimos- las exigencias de una m\u00e1xima precisi\u00f3n en la descripci\u00f3n de los supuestos hechos punibles, y, dada la excepcionalidad del caso, una -m\u00ednima siquiera- exposici\u00f3n, como en otros autos similares ha hecho, de los indicios derivados de lo instruido que, en su caso, la llevar\u00edan a colegir\u00a0que el sistema legal fue ideado ex profeso para delinquir y\/o mantener una actividad delictiva<\/strong>\u00a0por la apelante -Junta de Andaluc\u00eda-, entre otros\u201d.<\/em><\/span><\/p>\n

    Nos encontramos, por tanto, ante la Resoluci\u00f3n m\u00e1s importante de todos los tiempos: a partir de ella se puede sostener que desde las instancias pol\u00edticas de los partidos mayoritarios\u00a0 se decide, desarrolla y ejecuta todo acto de corrupci\u00f3n pol\u00edtica.<\/span><\/p>\n

    *****<\/span><\/p>\n

    S\u00ed que resulta interesante saber c\u00f3mo se form\u00f3 el Pleno del Tribunal Constitucional que \u201calumbr\u00f3\u201d la STC 14\/92 y las sucesivas sobre el mismo tema, desestimando multitud de Cuestiones de Inconstitucionalidad planteadas por Juzgados de Primera Instancia y Audiencias Provinciales, dando por buenas las \u201cEjecuciones en Indefensi\u00f3n\u201d.<\/span><\/p>\n\n\n\n
    \n

    MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL MARZO 1992<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n

    \"\"<\/a>
    Tercera renovaci\u00f3n del Tribunal Constitucional 1989<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

    Presidente:<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n

    Francisco Tom\u00e1s y Valiente<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n

    Naci\u00f3 en Valencia en 1932 casado y con cuatro hijos.<\/span><\/p>\n

    Licenciado por la Universidad de Valencia en 1955<\/span><\/p>\n

    En 1964 oposita para Catedr\u00e1tico de Historia del Derecho en la Universidad de La Laguna en Tenerife y posteriormente se traslada, el mismo a\u00f1o a la Universidad de Salamanca.<\/span><\/p>\n

    En 1972 pasa a ser miembro del\u00a0Instituto Internacional de Historia del Derecho indiano.<\/span><\/p>\n

    En 1980 se incorpora a la\u00a0Universidad Aut\u00f3noma de Madrid.<\/span><\/p>\n

    En 1985 es nombrado acad\u00e9mico de la Real Academia de Historia<\/span><\/p>\n

    Elegido en 1980 Magistrado del Tribunal Constitucional por las Cortes Generales a propuesta del PSOE puesto que renueva en 1983.<\/span><\/p>\n

    El 3 de marzo de 1986 fue elegido presidente del Tribunal Constitucional y en 1989 fue renovado en dicho puesto. Ces\u00f3 en 1992 como presidente del Tribunal Constitucional<\/strong> y retorn\u00f3 a la universidad madrile\u00f1a como Catedr\u00e1tico de Historia del Derecho.<\/span><\/p>\n

    En 1991 fue elegido miembro de la\u00a0Comisi\u00f3n de Arbitraje Internacional para la Conferencia de Paz de\u00a0Yugoslavia\u00a0hasta 1995, cuando fue nombrado miembro permanente del\u00a0Consejo de Estado. Ese mismo a\u00f1o ser\u00eda nombrado\u00a0doctor honoris causa\u00a0por la Universidad de Salamanca.<\/span><\/p>\n

    Terminado su mandato, en 1992 regresa a la Universidad madrile\u00f1a como Catedr\u00e1tico de Historia del Derecho.<\/span><\/p>\n

    Asesinado el 14 de febrero de 1996 por Jon Bienzobas Arretxe alias Karaka, miembro de ETA<\/span><\/p>\n

    *******<\/span><\/p>\n

    Vicepresidente:<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n

    Francisco Rubio Llorente<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n

    Nacido en Berlanga provincia de Badajoz el\u00a025 de febrero\u00a0de\u00a01930. Casado y con tres hijos.<\/span><\/p>\n

    Estudi\u00f3 derecho en Sevilla y Madrid (1948-1953). En 1964 obtiene el t\u00edtulo de Doctor con Premio Extraordinario.<\/span><\/p>\n

    Tiene los diplomas del Instituto de Estudios Pol\u00edticos de Madrid, del Instituto de Sociolog\u00eda y Psicolog\u00eda Social de la Universidad de Colonia y el del Tercer Ciclo del Instituto de Estudios Pol\u00edticos de Par\u00eds y el Doctorado por la Sorbona en 1958<\/span><\/p>\n

    En\u00a01956\u00a0ingres\u00f3, mediante oposici\u00f3n, en el Cuerpo T\u00e9cnico de la Administraci\u00f3n Civil (hoy\u00a0Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, con destino en el Ministerio de Educaci\u00f3n y Ciencia y en\u00a01968\u00a0en el de Letrado de las Cortes. Adem\u00e1s dirigi\u00f3 el Centro de Estudios Constitucionales.<\/span><\/p>\n

    Profesor en la Facultad de Derecho de la\u00a0Universidad Central de Venezuela\u00a0(1959-1967) y en las Facultades de Ciencias Pol\u00edticas y de Derecho en la\u00a0Universidad Complutense, de la que fue catedr\u00e1tico hasta su jubilaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

    Entre\u00a01994\u00a0y\u00a02004\u00a0fue Director del Departamento de Estudios Europeos en el\u00a0Instituto Universitario Ortega y Gasset\u00a0(Madrid). Fue profesor invitado en las Universidades de\u00a0Aix en Provence\u00a0y\u00a0Pau\u00a0(Francia),\u00a0Siena\u00a0(Italia) y\u00a0Friburgo\u00a0(Suiza) y ha dictado cursos en el Instituto Universitario Europeo de Florencia y en la\u00a0Universidad de Harvard. Fue miembro del Consejo Cient\u00edfico del Annuaire International de Justice Constitutionnelle y entre\u00a01986\u00a0y\u00a01995, del Instituto EUROREGIONS, de la\u00a0Universidad de Friburgo\u00a0(Suiza). Fue miembro de la Academia Europea Cambridge, 1986) y miembro correspondiente de la Academia Argentina de Derecho Constitucional.<\/span><\/p>\n

    Desde septiembre de 1977 hasta abril de 1979 fue Secretario General del Congreso de los Diputados y en esa calidad asesor de la Ponencia que redact\u00f3 el anteproyecto de Constituci\u00f3n. Entre abril de 1979 y febrero de 1980 fue director del Centro de Estudios Constitucionales y particip\u00f3 en la elaboraci\u00f3n de las primeras leyes dictadas en desarrollo de la Constituci\u00f3n. Entre febrero de 1980 y abril de 1989 , a propuesta del Congreso de los Diputados, fue Magistrado del Tribunal Constitucional cuya Vicepresidencia ostent\u00f3 desde esta \u00faltima fecha hasta junio de 1992<\/strong>. De mayo de 2004 hasta abril de 2012 fue presidente del Consejo de Estado.<\/span><\/p>\n

    Muere en Madrid el\u00a023 de enero\u00a0de\u00a02016.<\/span><\/p>\n

    *******<\/span><\/p>\n

    Magistrados:<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n

    Fernando Garc\u00eda-Mon y Gonz\u00e1lez Regueral<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n

    Nacido en Gij\u00f3n, Asturias, el 13 de noviembre de 1920<\/span><\/p>\n

    Designado por el Senado, en 1980 y a propuesta conjunta del PSOE y de UCD,\u00a0vocal del Consejo General del Poder Judicial<\/span><\/p>\n

    Magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Senado entre 1986 y 1998. <\/strong><\/span><\/p>\n

    Ocup\u00f3 la presidencia interina del Tribunal Constitucional, como magistrado m\u00e1s antiguo, entre el 8 y el 14 de julio de 1992, en sustituci\u00f3n de Tom\u00e1s y Valiente<\/strong>, hasta la designaci\u00f3n para el puesto de Miguel Rodr\u00edguez Pi\u00f1eiro.<\/span><\/p>\n

    Falleci\u00f3 en Madrid el 2 de enero de 2011<\/span><\/p>\n

    *******<\/span><\/p>\n

    Carlos de la Vega Benayas<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n

    Licenciado en Derecho y Ciencias Pol\u00edticas en la Universidad Complutense<\/span><\/p>\n

    Doctor en Derecho por la misma universidad<\/span><\/p>\n

    Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del CGPJ (15 votos) desde febrero de 1986 hasta abril de 1995.<\/strong><\/span><\/p>\n

    Desde 1969 form\u00f3 parte del sector integrado en \u201cJusticia Democr\u00e1tica\u201d, que propugnaba una sociedad y un Estado Democr\u00e1tico y de Derecho con un Poder Judicial Independiente<\/span><\/p>\n

    Falleci\u00f3 el 15 de noviembre de 1997<\/span><\/p>\n

    *******<\/span><\/p>\n

    Eugenio D\u00edaz Eimil<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n

    Nacido en Villalba, Lugo en 1924 consejero de Estado y magistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional<\/span><\/p>\n

    Elegido Miembro del Tribunal Constitucional por el pleno del CGPJ (14 votos) <\/strong><\/span><\/p>\n

    Experto en Derecho contencioso-administrativo. Magistrado desde 1960, ocup\u00f3 diversos puestos en las audiencias territoriales de Las Palmas, La Coru\u00f1a, Granada y Madrid y en la Audiencia Nacional y fue magistrado de la Sala Cuarta, de lo contencioso-administrativo, del Tribunal Supremo y Presidente del Consejo Nacional de Objeci\u00f3n de Conciencia.<\/span><\/p>\n

    *******<\/p>\n

    Miguel Rodr\u00edguez-Pi\u00f1ero y Bravo-Ferrer<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n

    Nacido en Sevilla en febrero de 1935. Estudi\u00f3 en los Maristas y curs\u00f3 Derecho en la Universidad Hispalense donde se licenci\u00f3 y doctor\u00f3 en ambos casos con Premio Extraordinario.<\/span><\/p>\n

    Ampli\u00f3 sus estudios en las Universidades de Heidelberg, Kiel, M\u00fanich y Roma. Obtuvo en\u00a01961 la C\u00e1tedra de Derecho del Trabajo de la\u00a0Universidad de Murcia. En\u00a01962\u00a0pasa a desempe\u00f1ar dicha c\u00e1tedra en la Facultad de Derecho de la\u00a0Universidad de Sevilla, donde prosigui\u00f3 su labor docente e investigadora. En\u00a01995\u00a0obtuvo la C\u00e1tedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la\u00a0Universidad de Alcal\u00e1 de Henares, de la que se jubil\u00f3 en el a\u00f1o\u00a02005.<\/span><\/p>\n

    Maestro de la \u00a0Escuela Andaluza de Derecho del Trabajo.<\/span><\/p>\n

    Secretario de la Facultad de Derecho de Universidad de Sevilla y Decano de dicha Facultad, Vice-Decano de la de Ciencias Econ\u00f3micas y Empresariales y Director del Colegio Universitario de la R\u00e1bida que dio origen a la\u00a0Universidad de Huelva. Durante varios a\u00f1os fue Profesor Visitante de la Universidad de Roma, habiendo dictado clases magistrales en muchas otras de varios pa\u00edses.<\/span><\/p>\n

    Presidente del\u00a0Consejo Andaluz de Relaciones Laborales\u00a0y, as\u00ed mismo, primer Presidente de la Comisi\u00f3n Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Posteriormente, en febrero de 1986, fue designado Magistrado del\u00a0Tribunal Constitucional de Espa\u00f1a a propuesta del Gobierno.<\/strong><\/span><\/p>\n

    Desde 1992 hasta 1995 desempe\u00f1\u00f3 el cargo de Presidente del Tribunal Constitucional.<\/strong><\/span><\/p>\n

    Tras su salida del Alto Tribunal, pas\u00f3 a formar parte del\u00a0Consejo de Estado\u00a0como Consejero Electivo, para posteriormente ser designado Consejero Permanente de Estado y Presidente de su Secci\u00f3n Segunda (Justicia, Trabajo y Asuntos Sociales), puesto que compagina con el de miembro de la Comisi\u00f3n de Expertos de la Organizaci\u00f3n Internacional de Trabajo (OIT), siendo el primer Jurista espa\u00f1ol en desempe\u00f1ar dicha funci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

    Directivo y Presidente de la Asociaci\u00f3n Espa\u00f1ola de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social durante un largo per\u00edodo, ha ocupado la Presidencia del\u00a0Club Siglo XXI\u00a0(Madrid) y es Patrono de la Fundaci\u00f3n Adecco para la Integraci\u00f3n Laboral.<\/span><\/p>\n

    *******<\/span><\/p>\n

    Jes\u00fas Leguina Villa<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n

    Nacido en Bilbao en 1942<\/span><\/p>\n

    Magistrado del Tribunal Constitucional de 1986 a 1992 a propuesta del Congreso<\/strong><\/span><\/p>\n

    Licenciado en Derecho por la\u00a0Universidad de Deusto, recibi\u00f3 el Premio Extraordinario de Licenciatura al poseer el mejor expediente acad\u00e9mico de su promoci\u00f3n, distinci\u00f3n que tambi\u00e9n obtuvo al doctorarse en Derecho por la\u00a0Universidad de Bolonia.<\/span><\/p>\n

    Fue decano de la Facultad de Derecho de San Sebasti\u00e1n y vicerrector de la Universidad del Pa\u00eds Vasco<\/span><\/p>\n

    Fue elegido magistrado del\u00a0Consejo General del Poder Judicial\u00a0(CGPJ) por el\u00a0Congreso de los Diputados\u00a0dentro del cupo que les correspond\u00eda y tras esto, magistrado del\u00a0Tribunal Constitucional\u00a0el 13 de febrero de 1986, cargo que desempe\u00f1\u00f3 hasta el 8 de julio de 1992. Retom\u00f3 la actividad docente en la\u00a0Universidad de Alcal\u00e1 de Henares, ocupando la c\u00e1tedra de Derecho Administrativo<\/span><\/p>\n

    Falleci\u00f3 en Madrid el 14 de mayo de 2016<\/span><\/p>\n

    *******<\/span><\/p>\n

    Luis Mar\u00eda L\u00f3pez Guerra<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n

    Nacido en Le\u00f3n en noviembre de 1947<\/span><\/p>\n

    Licenciado en\u00a0Derecho\u00a0y en\u00a0Ciencias Pol\u00edticas\u00a0por la\u00a0Universidad Complutense de Madrid\u00a0y\u00a0Doctor\u00a0en Derecho por la misma Universidad. Es catedr\u00e1tico de\u00a0derecho constitucional\u00a0en la\u00a0Universidad Carlos III\u00a0y magistrado del\u00a0Tribunal Europeo de Derechos Humanos<\/span><\/p>\n

    Ha sido vocal de la\u00a0Junta Electoral Central, magistrado y vicepresidente del\u00a0Tribunal Constitucional\u00a0y vicepresidente del\u00a0Consejo General del Poder Judicial\u00a0entre 1996 y 2001. En las<\/strong>\u00a0<\/strong>elecciones auton\u00f3micas de 2003\u00a0<\/strong>fue elegido\u00a0<\/strong>diputado\u00a0<\/strong>en las listas, como n\u00famero tres de \u00e9sta, del\u00a0<\/strong>Partido Socialista Obrero Espa\u00f1ol\u00a0<\/strong>(PSOE) para la\u00a0<\/strong>Asamblea de Madrid. <\/strong><\/span><\/p>\n

    Intervino en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que\u00a0concedi\u00f3 una indemnizaci\u00f3n a Arnaldo Otegi\u00a0por los \u00abda\u00f1os morales\u00bb que habr\u00eda sufrido el proetarra tras haber sido condenado a un a\u00f1o de c\u00e1rcel por injurias al Rey.<\/span><\/p>\n

    Despu\u00e9s de las\u00a0elecciones generales de 2004\u00a0fue nombrado\u00a0Secretario de Estado\u00a0de Justicia, siendo el n\u00famero dos del Ministro\u00a0Juan Fernando L\u00f3pez Aguilar.<\/span><\/p>\n

    En\u00a02007\u00a0fue elegido, a propuesta del Gobierno de\u00a0Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero, magistrado del\u00a0Tribunal Europeo de Derechos Humanos\u00a0(TEDH) por la\u00a0Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa<\/strong>.<\/span><\/p>\n

    Como miembro de \u00e9ste fue uno de los 17 magistrados que particip\u00f3 en la sentencia que determin\u00f3 que la denominada\u00a0doctrina Parot\u00a0del\u00a0Tribunal Supremo de Espa\u00f1a, violaba la Convenci\u00f3n de Derechos Humanos y la propia\u00a0Constituci\u00f3n espa\u00f1ola\u00a0en la aplicaci\u00f3n de las condenas a presos, lo que llev\u00f3 a la puesta en libertad de la miembro de la banda de terrorista\u00a0ETA,\u00a0In\u00e9s del R\u00edo, autora de 24 asesinados, as\u00ed como de otros presos.<\/span><\/p>\n

    Fue nombrado Magistrado del Tribunal Constitucional en febrero de 1986 a propuesta del Gobierno. En 1992 fue nombrado Vicepresidente del TC Cargo en el que permaneci\u00f3 hasta abril de 1995.<\/strong><\/span><\/p>\n

    *******<\/span><\/p>\n

    Jos\u00e9 Luis de los Mozos y de los Mozos<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n

    Nacido en Valladolid en septiembre de 1924<\/span><\/p>\n

    Estudi\u00f3 en el\u00a0Colegio de San Jos\u00e9, de la\u00a0Compa\u00f1\u00eda de Jes\u00fas, a la que permaneci\u00f3 vinculado toda su vida.<\/span><\/p>\n

    Licenciado en Derecho por la\u00a0Facultad de Derecho\u00a0de la\u00a0Universidad de Valladolid. Una vez licenciado en Derecho, prepar\u00f3 su Tesis Doctoral en\u00a0Par\u00eds,\u00a0Roma\u00a0y\u00a0Hamburgo\u00a0y en\u00a01956\u00a0defendi\u00f3 la tesis sobre La conversi\u00f3n del Negocio Jur\u00eddico, obteniendo la m\u00e1xima calificaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

    Posteriormente, compatibiliz\u00f3 el ejercicio de la abogac\u00eda con su puesto de funcionario del Estado en el\u00a0Instituto Nacional de la Vivienda.<\/span><\/p>\n

    En\u00a01963, obtuvo la plaza de Profesor Adjunto de Derecho Civil. A\u00f1os m\u00e1s tarde, en\u00a01967\u00a0fue nombrado Catedr\u00e1tico de Derecho Civil de la\u00a0Universidad de Oviedo, donde ense\u00f1\u00f3 hasta\u00a01970, a\u00f1o en que paso a ejercer su C\u00e1tedra en la\u00a0Universidad de Salamanca\u00a0hasta\u00a01978, pasando despu\u00e9s a la\u00a0Universidad de Valladolid, donde permaneci\u00f3 ense\u00f1ando hasta su jubilaci\u00f3n en el a\u00f1o\u00a01994. Durante su dilatada carrera docente ocup\u00f3 importantes cargos acad\u00e9micos: Director de Departamento y de\u00a0Escuela de Pr\u00e1ctica Jur\u00eddica, director de Departamento de Derecho Civil; secretario General de la\u00a0Universidad de Valladolid; vicerrector de Investigaci\u00f3n de la\u00a0Universidad de Salamanca\u00a0y decano de la Facultad de Derecho de la\u00a0Universidad de Oviedo. Tambi\u00e9n fue profesor de\u00a0Filosof\u00eda del Derecho\u00a0y de\u00a0Derecho Romano<\/span><\/p>\n

    Senador por Alianza Popular el 15 de julio de 1986 y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Senado.<\/span><\/p>\n

    En 1989 es nombrado Magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Senado, cargo que ocup\u00f3 hasta 1992.<\/strong><\/span><\/p>\n

    Falleci\u00f3 el 30 de mayo de 2008.<\/span><\/p>\n

    *******<\/span><\/p>\n

    \u00c1lvaro Rodr\u00edguez Bereijo<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n

    Natural de Cedeira, A Coru\u00f1a, donde naci\u00f3 en febrero de 1938<\/span><\/p>\n

    Licenciado en\u00a0Derecho\u00a0por la\u00a0Universidad de Santiago de Compostela, recibi\u00f3 el Premio Extraordinario de Licenciatura al poseer el mejor expediente acad\u00e9mico de su promoci\u00f3n. En\u00a01966\u00a0se doctor\u00f3 en la\u00a0Universidad de Bolonia, obteniendo una beca del\u00a0Real Colegio de Espa\u00f1a\u00a0y la calificaci\u00f3n de \u00abCum Laude\u00bb. Ocup\u00f3 la c\u00e1tedra de Derecho Financiero y Tributario en la\u00a0Universidad Aut\u00f3noma de Madrid\u00a0y fue nombrado catedr\u00e1tico em\u00e9rito al abandonarla.<\/span><\/p>\n

    Miembro del\u00a0Tribunal de Cuentas\u00a0entre los a\u00f1os 1986 y 1989, y magistrado del<\/strong>\u00a0<\/strong>Tribunal Constitucional\u00a0<\/strong>(1989-1998) a propuesta del Senado, ostentando la presidencia de este \u00f3rgano desde 1995<\/strong>. Entre 1999 y 2000 particip\u00f3 en la convenci\u00f3n que elabor\u00f3 la\u00a0Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni\u00f3n Europea\u00a0por designaci\u00f3n del\u00a0Gobierno Espa\u00f1ol. Tambi\u00e9n ha sido\u00a0consejero de Estado\u00a0(2000-2004).<\/span><\/p>\n

    Desde el a\u00f1o 2003 forma parte del Consejo Cient\u00edfico del\u00a0Real Instituto Elcano.<\/span><\/p>\n

    *******<\/span><\/p>\n

    Jos\u00e9 Vicente Gimeno Sendra<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n

    El 15 de julio de 1977 recibi\u00f3 el premio extraordinario de doctorado de la Facultad de Derecho de la\u00a0Universidad de Valencia.<\/span><\/p>\n

    1979-1988 Ejerci\u00f3 como abogado de los Colegios de Valencia, Alicante y Madrid.<\/span><\/p>\n

    1982-1988 Asesor del Ministerio de Justicia.<\/span><\/p>\n

    1983-1988 Representante del Ministerio espa\u00f1ol de Justicia en diversos comit\u00e9s de expertos del Consejo de Europa.<\/span><\/p>\n

    1988-1998 Magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Senado.<\/strong><\/span><\/p>\n

    2001 – Asesor del Ministerio de Justicia.<\/span><\/p>\n

    2001 Miembro de la Secci\u00f3n Especial de la Comisi\u00f3n General de Codificaci\u00f3n para la elaboraci\u00f3n de un Anteproyecto de LECRIM (O.M. de 15 de octubre).<\/span><\/p>\n

    Presidente del Instituto Europeo de Ciencias Jur\u00eddicas Carlos V. En la actualidad es Catedr\u00e1tico de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Educaci\u00f3n a Distancia y Magistrado Em\u00e9rito del Tribunal Constitucional<\/span><\/p>\n

    *******<\/span><\/p>\n

    Jos\u00e9 Gabald\u00f3n L\u00f3pez<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n

    Naci\u00f3n el 23 en marzo de 1922 en El Ballestero (Albacete)<\/span><\/p>\n

    Juez desde 1946 fue posteriormente magistrado de lo contencioso.<\/span><\/p>\n

    Nombrado Magistrado del Tribunal Constitucional en julio de 1992 a propuesta del Senado<\/strong><\/span><\/p>\n

    Nombrado Vicepresidente del TC en abril de 1995<\/span><\/p>\n

    Form\u00f3 parte del TC hasta 1998<\/span><\/p>\n

    Perteneci\u00f3 y presidi\u00f3 la Asociaci\u00f3n Profesional de la Magistratura.<\/span><\/p>\n

    Presidente del Foro de la Familia entre 1999 y 2007<\/span><\/p>\n

    Falleci\u00f3 el 30 de abril de 2016<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    *****<\/span><\/p>\n

    Jos\u00e9 Lu\u00eds de los Mozos y de los Mozos es un prestigioso Catedr\u00e1tico de Derecho Civil.\u00a0Con Carlos de la Vega Benayes, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, eran los dos \u00fanicos civilistas del Tribunal Constitucional.<\/span><\/p>\n

    Ambos, destacad\u00edsimos especialistas en la materia, del m\u00e1ximo nivel, sostuvieron tesis contrapuestas; lo que DEMUESTRA QUE ES POSIBLE SOSTENER T\u00c9CNICAMENTE UNA TESIS CONTRARIA A LA AFIRMADA POR EL PLENO DEL TC<\/strong> EN SU SENTENCIA 14\/92; ello al margen de otras consideraciones, como las expuestas en este art\u00edculo, que resultan de superior entidad, pues surgen de la literalidad clara y terminante del texto constitucional (art\u00edculo 24, 1\u00ba).<\/span><\/p>\n

    *****<\/p>\n\n\n\n
    \n

    Voto particular discrepante que formula el Magistrado don Carlos de la Vega Benayas respecto de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, n\u00ba 14\/1992, de 10 de febrero, dictada en la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad n\u00fam. 1.219\/88 y acumulados, relativas al art. 1.435,4\u00ba, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.<\/strong><\/p>\n

    Con el l\u00f3gico respeto a la decisi\u00f3n de la mayor\u00eda, he de manifestar mi desacuerdo con la fundamentaci\u00f3n y fallo al que llega, desacuerdo que voy a expresar de modo sucinto:<\/p>\n

      \n
    1. a) Todas las cuestiones o dudas propuestas por los Tribunales y Jueces se refieren al citado p\u00e1rrafo 4\u00ba del art. 1.435, L.E.C., el cual no hace m\u00e1s que establecer un mecanismo o procedimiento para determinar la cantidad que ha de figurar en el t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n esgrimido por las Entidades de cr\u00e9dito, ahorro y financiaci\u00f3n, frente al deudor de dichas entidades por obligaciones mercantiles (cuentas corrientes y otra modalidad, art. 1.429,6\u00ba L.E.C.), t\u00edtulo que, junto con otros documentos en su caso, si cumple los dem\u00e1s requisitos legales, permitir\u00e1 al juez \u00abdespachar la ejecuci\u00f3n\u00bb (1.440 L.E.C.), que supone requerimiento de pago al deudor y, en su caso, si no paga, el inmediato embargo. Los arts. 1.461 y ss. de la Ley regulan la oposici\u00f3n del deudor, a cuya lectura remito.<\/li>\n<\/ol>\n

      Esta determinaci\u00f3n del quantum (no de la exigibilidad y liquidez de la obligaci\u00f3n) se hace, como se infiere de la simple lectura del precepto, inaudita parte, sin intervenci\u00f3n del otro contratante deudor, y por la entidad de cr\u00e9dito acreedora. Y es esa ausencia la que los Jueces y Tribunales consideran como constitutiva de violaci\u00f3n constitucional, bien del art. 14, bien del 24 C.E.; del 14 porque otorga un privilegio a ciertos acreedores (Bancos y Cajas) que no reconoce a otros, o porque discrimina o trata desigualmente a los deudores que, en otros supuestos (arts. 1.430 y ss. L.E.C.), tienen m\u00e1s defensa y derecho a ser oidos para reconocer la firma o la deuda; y del 24, porque estos deudores ven mermadas o desconocidas sus posibilidades de defensa.<\/p>\n

        \n
      1. b) Estoy conforme con gran parte de la Sentencia en cuanto desarrolla la teor\u00eda general del proceso ejecutivo y sus peculiares caracter\u00edsticas. Por eso me limito a indicar, repito que de modo conciso, las razones espec\u00edficas y concretas que justifican las dudas de inconstitucionalidad de los Jueces, hasta el punto de que habr\u00eda de haberse llegado a declarar la inconstitucionalidad parcial de la norma procesal cuestionada o a ser interpretada seg\u00fan la Constituci\u00f3n.<\/li>\n
      2. c) El que \u00abla cantidad exigible en caso de ejecuci\u00f3n\u00bb sea \u00abla especificada en certificaci\u00f3n expedida por la entidad acreedora\u00bb, \u00absiempre que conste en documento fehaciente que acredite haberse practicado la liquidaci\u00f3n en la forma pactada por las partes en el t\u00edtulo ejecutivo\u00bb, certificaci\u00f3n y documento elaborados por la entidad acreedora, sin m\u00e1s intervenci\u00f3n ni audiencia del deudor, constituye, por lo pronto, un acto unilateral de parte que va a permitir a la misma nada m\u00e1s y nada menos que obtener un despacho de ejecuci\u00f3n, es decir, poner en marcha el nada desde\u00f1able efecto de, incoando un proceso, obligar y constre\u00f1ir al deudor a defenderse, ya no s\u00f3lo como demandado, sino como cuasi actor al gravar su onus probandi, primero para desvirtuar la presunci\u00f3n de la exigibilidad de la deuda en la cuant\u00eda as\u00ed fijada (cuando, de habersele o\u00eddo, como prev\u00e9 el art. 153 Ley Hipotecaria para un supuesto semejante, aunque no id\u00e9ntico, podr\u00eda evitarse esa carga) y luego para oponer otras excepciones (pago, no exigibilidad, plus petici\u00f3n) en t\u00e9rminos perentorios y con medios no disponibles (la documentaci\u00f3n est\u00e1 en poder de la acreedora).<\/li>\n<\/ol>\n

        Estimo que la desigualdad en la Ley que aqu\u00ed se opera (art. 14 C.E.) lo es activa y pasivamente, desde las dos vertientes, acreedora y deudora. Constituye, en efecto, un privilegio otorgado a las entidades de cr\u00e9dito, cuya justificaci\u00f3n no es tan clara como se intenta probar con los argumentos de la Sentencia. Que esas entidades ofrezcan garant\u00edas en su funcionamiento no quiere decir que las mismas no puedan ser exigidas o se exijan a otros acreedores (por ejemplo, la intervenci\u00f3n de fedatario, civil o mercantil).<\/p>\n

          \n
        1. d) Desde el lado pasivo la diferenciaci\u00f3n discriminatoria aparece manifiesta en la situaci\u00f3n de estos deudores, es decir, los obligados por \u00abcontratos mercantiles otorgados por entidades de cr\u00e9dito, ahorro y financiaci\u00f3n en escritura p\u00fablica o p\u00f3liza\u00bb (arts. 1.435.4\u00ba y 1.429.6\u00ba L.E.C.) y se hubiera \u00abconvenido que la cantidad exigible en caso de ejecuci\u00f3n\u00bb sea \u00abla especificada en certificaci\u00f3n expedida por la entidad acreedora\u00bb y constante en \u00abdocumento fehaciente\u00bb (art. 1.435.4\u00ba).<\/li>\n<\/ol>\n

          Este trato difiere del previsto para los deudores en documento privado (arts. 1.430 y ss. L.E.C.), en el cual se prev\u00e9 la comparecencia judicial de aquellos para confesar y reconocer la firma, como necesario para conformar el t\u00edtulo y despachar la ejecuci\u00f3n. Y tambi\u00e9n difiere del trato conferido a los deudores con hipoteca en garant\u00eda de cuentas corrientes de cr\u00e9dito. Aqu\u00ed la Ley (art. 153.5\u00ba L.H.) prev\u00e9, para proceder a la ejecuci\u00f3n, la notificaci\u00f3n judicial o notarial al deudor del extracto de la cuenta y a \u00e9ste alegar, en los ochos d\u00edas siguientes, error o falsedad. No es exactamente igual la situaci\u00f3n de acreedores y deudores en los distintos supuestos, pero s\u00ed constituye esa regla del art. 153 L.H. una garant\u00eda para el deudor perfectamente aplicable sin repugnancia jur\u00eddica alguna al supuesto del art. 1.435.4\u00ba, interpretando integrativamente esta norma, como tambi\u00e9n pudiera haber hecho la mayor\u00eda, en lugar de declararla constitucional. De no ser as\u00ed, el art. 1.435.4 permanecer\u00e1 como una muestra no muy ejemplar de desigualdad procesal, pues tampoco es convincente el argumento de la libertad contractual referido al deudor que pacta con la entidad acreedora ese modo de fijar la cantidad l\u00edquida exigible. No es muy afortunado hablar de la libertad para evitar o justificar la posible desigualdad en situaciones encajables en los llamados contratos de adhesi\u00f3n.<\/p>\n

            \n
          1. e) Tambi\u00e9n los Jueces tienen raz\u00f3n cuando dudan de la constitucionalidad del art. 1.435.4 LEC en relaci\u00f3n con el art. 24 C.E.<\/li>\n<\/ol>\n

            El argumento -a primera vista atrayente y tranquilizador- de que la certificaci\u00f3n unilateralmente hecha por la entidad acreedora no es m\u00e1s que una presunci\u00f3n, un principio de prueba s\u00f3lo apto para permitir el despacho de ejecuci\u00f3n, puesto que todo estar\u00e1 luego sujeto a la posterior prueba y decisi\u00f3n judicial definitiva, tampoco vale, ni elimina el reproche.<\/p>\n

            Naturalmente que esa certificaci\u00f3n es provisional, ya que, si no fuera as\u00ed, sobrar\u00eda todo el sumario juicio ejecutivo, convertida aquella en titulo de ejecuci\u00f3n sin cognitio (tal una Sentencia judicial).<\/p>\n

            El argumento es sem\u00e1ntico, innecesario. Ocurre que admitida, como es l\u00f3gico, la naturaleza provisional y contingente de la fijaci\u00f3n del saldo, persiste el reproche de su unilateralidad y, por ende, su desprecio al principio de audiencia e igualdad de armas. A esa unilateralidad hay que a\u00f1adir otra merma de garant\u00eda, que tambi\u00e9n resulta del defectuoso texto legal.<\/p>\n

            No es cierto, en ese sentido, que la Ley determine para la certificaci\u00f3n la garant\u00eda de la fe p\u00fablica (notarial o mercantil del agente o corredor). La Ley habla de fehaciencia, lo cual no equivale a instrumento o documento p\u00fablico. Si todo documento p\u00fablico es fehaciente, no todo acto o documento fehaciente es p\u00fablico o est\u00e1 adornado con la fe p\u00fablica.<\/p>\n

            En suma: un acto unilateral, de una de las partes contractuales, sin las garant\u00edas formales de la fe p\u00fablica, con la sola m\u00ednima exigencia de un contrato en el que la parte m\u00e1s d\u00e9bil acepta aquella posibilidad, obtiene por parte de la Ley una facultad desmesurada, desproporcionada, en cuanto obliga al deudor a soportar un proceso sumario, de \u00e1mbito limitado y constre\u00f1ido a probar con muchas dificultades su postura defensiva o sus excepciones. S\u00f3lo esta facultad extraordinaria para una parte funda la ausencia de garant\u00eda para la otra. Ninguna dificultad ofrecer\u00eda para el legislador prever un tr\u00e1mite de audiencia al deudor en la formaci\u00f3n del t\u00edtulo (el ejemplo y contraste m\u00e1s claro es el art. 153 Ley Hipotecaria), que ni mermar\u00eda las garant\u00edas del acreedor, ni, lo que es mejor, impedir\u00eda el allanamiento, evitando el proceso. Y, si no el legislador, creo que la mayor\u00eda podr\u00eda haber llegado a esa soluci\u00f3n interpretativa.<\/p>\n

            Cabr\u00eda a\u00f1adir, por \u00faltimo, otra consecuencia injusta. Me refiero a los supuestos de ausencia o rebeld\u00eda, en los cuales el sistema del art. 1.435 supone la admisi\u00f3n del efecto de un verdadero proceso monitorio, es decir, embargo y ejecuci\u00f3n sin audiencia, circunstancia que, en las legislaciones que ya regulan el proceso monitorio, se excluye terminantemente. Nuestra legislaci\u00f3n no ha establecido a\u00fan esa clase de proceso y en los proyectos existentes tambi\u00e9n se excluye el supuesto de la rebeld\u00eda.<\/p>\n

            Entiendo, pues, que existe indefensi\u00f3n del deudor y merma de garant\u00edas procesales, por lo que el art. 1.435.4\u00ba L.E.C. o debi\u00f3 ser declarado inconstitucional o bien interpretado integradoramente en la forma expuesta. Persistiendo su vigencia y validez, no puede ser considerado como un ejemplo de garant\u00edas para un proceso constitucionalmente correcto.<\/p>\n

            Madrid, a diez de febrero de mil novecientos noventa y dos.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

            \"\"<\/a>
            El Excmo. Sr. D. Carlos de la Vega Benayas, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de lo Civil fallecido en el a\u00f1o 2005, fue Magistrado del TC durante los a\u00f1os 1986 a 1995. Reconocido como uno de los principales Magistrados Progresistas de su \u00e9poca.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

            Para un examen m\u00e1s profundo acerca de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 14\/1992, pueden descargar un art\u00edculo escrito en 1993 por una antigua compa\u00f1era de clase, actualmente Catedr\u00e1tica de Derecho Procesal, do\u00f1a Raquel Castillejo Manzanares (cuyo criterio, sin embargo, no es enteramente compartido por AUSAJ; si bien el art\u00edculo ilustra convenientemente sobre la materia; y permitir\u00e1 una mejor comprensi\u00f3n del Post que publicaremo la semana entrante como continuaci\u00f3n de esta serie)<\/a><\/p>\n

            Descargar: Fundamentaci\u00f3n Jur\u00eddica, Fallo y Voto Particular de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 14\/1992<\/a><\/p>\n

            EJECUTADOS EN INDEFENSI\u00d3N (Parte I)<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            EJECUTADOS EN INDEFENSI\u00d3N (Parte I): Corr\u00eda el a\u00f1o 2009   \u00abJos\u00e9 Lu\u00eds de los Mozos y de los Mozos es un prestigioso Catedr\u00e1tico de Derecho Civil.\u00a0Con Carlos de la Vega Benayes, Magistrado de la Sala […]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":3,"featured_media":2035,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[18],"class_list":{"0":"post-1986","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-justicia","8":"tag-destacado"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1986","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1986"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1986\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2035"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1986"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1986"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1986"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}