{"id":15149,"date":"2020-11-05T00:05:21","date_gmt":"2020-11-04T23:05:21","guid":{"rendered":"http:\/\/puntocritico.com\/?p=15149"},"modified":"2020-11-05T12:12:59","modified_gmt":"2020-11-05T11:12:59","slug":"especialidades-del-proceso-penal-por-prevaricacion-judicial-parte-ii-por-ma-dolores-fernandez-fustes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/2020\/11\/05\/especialidades-del-proceso-penal-por-prevaricacion-judicial-parte-ii-por-ma-dolores-fernandez-fustes\/","title":{"rendered":"ESPECIALIDADES DEL PROCESO PENAL POR PREVARICACION JUDICIAL (Parte II), por M\u00aa Dolores Fern\u00e1ndez Fustes\u00a0"},"content":{"rendered":"

Especialidades del proceso penal por prevaricaci\u00f3n\u00a0 judicial PARTE I<\/span><\/a><\/h1>\n

***<\/h1>\n

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\"\"<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/h1>\n

Especialidades del proceso penal por prevaricaci\u00f3n judicial<\/h1>\n

PARTE 2 de 2<\/strong><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

M\u00aa Dolores Fern\u00e1ndez Fustes<\/span>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

Universidad de Vigo\u00a0<\/span><\/p>\n

Facultad de Derecho\u00a0<\/span><\/p>\n

BARCELONA, ENERO 2013<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/em>***<\/strong><\/span><\/p>\n

Sumario<\/strong><\/span>:<\/span><\/p>\n

1<\/em>. Introducci\u00f3n<\/em><\/span><\/p>\n

2. Resoluciones incluidas en el delito de prevaricaci\u00f3n judicial<\/em><\/span><\/p>\n

3. Formas de iniciaci\u00f3n del procedimiento<\/em><\/span><\/p>\n

3.1. Por providencia<\/span><\/p>\n

3.2. Querella del Ministerio Fiscal<\/span><\/p>\n

3.3. Querella del ofendido o perjudicado<\/span><\/p>\n

3.4.Ejercicio de la acci\u00f3n popular<\/span><\/p>\n

4. Admisi\u00f3n de la querella a tr\u00e1mite<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

5. Ejercicio de la acci\u00f3n civil en el proceso penal por prevaricaci\u00f3n judicial<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

6. Procedimiento por el que se tramita<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

7. Efectos de la iniciaci\u00f3n del proceso penal por prevaricaci\u00f3n judicial<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

8. Tabla de sentencias<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

9. Bibliograf\u00eda<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

***<\/strong><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

4. Admisi\u00f3n de la querella a tr\u00e1mite<\/strong><\/span><\/p>\n

Con car\u00e1cter general, la admisibilidad de la querella estar\u00e1 condicionada al cumplimiento de las prescripciones generales consignadas en el art. 277 LECrim. Por tanto, el juez para proceder a la admisi\u00f3n de la querella deber\u00e1 examinar que \u00e9sta cumple todos los requisitos formales establecidos en la ley y que el hecho en virtud del cual se procede es constitutivo de delito (art. 313 LECrim).<\/span><\/p>\n

Pero adem\u00e1s, en algunos casos la admisi\u00f3n de la querella por prevaricaci\u00f3n judicial exige el cumplimiento de unas normas particulares previstas en el art. 410 LOPJ<\/span><\/a>41<\/a>. Seg\u00fan este precepto cuando alguna de las partes en un proceso, o persona que tuviese inter\u00e9s en \u00e9l, formulasen querella contra el juez o magistrado que deba resolver de dicho proceso, con car\u00e1cter previo a la admisi\u00f3n de \u00e9sta el \u00f3rgano competente para su instrucci\u00f3n podr\u00e1 recabar los antecedentes que considere oportunos a fin de determinar su propia competencia as\u00ed como la relevancia penal de los hechos objeto de la misma o la verosimilitud de la imputaci\u00f3n<\/span><\/a>42<\/a><\/span><\/p>\n

A la luz de este precepto podemos concluir que estas normas particulares se exigir\u00e1n cuando durante la tramitaci\u00f3n de un proceso, una de las partes o persona interesada se querella contra el juez o magistrado que est\u00e1 conociendo del mismo. De esta forma el legislador pretende evitar que la querella se utilice con la \u00fanica finalidad fraudulenta de apartar al juez o magistrado del conocimiento de un asunto concreto.<\/span>
\n<\/a>43<\/a><\/span><\/p>\n

As\u00ed, seg\u00fan se desprende de dicho precepto, con car\u00e1cter previo a la admisi\u00f3n de la querella por prevaricaci\u00f3n, el \u00f3rgano competente para conocer de la misma podr\u00e1 recabar los antecedentes que considere oportunos para analizar si tales hechos tienen relevancia penal y la imputaci\u00f3n resulta veros\u00edmil. El legislador no ha especificado que clase de antecedentes se podr\u00edan recabar, por lo que se podr\u00edan entender incluidas las siguientes actuaciones: la obtenci\u00f3n del testimonio de particulares del procedimiento en el que se haya dictado la resoluci\u00f3n concreta; recabar\u00a0informe del Ministerio Fiscal, el traslado para alegaciones al resto de las partes del procedimiento concreto, etc\u00a0<\/span><\/a>44<\/a><\/span>
\n.<\/span>
\nAhora bien, partiendo de que la desestimaci\u00f3n de la querella afecta a una de las manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva, como es el libre acceso a la Jurisdicci\u00f3n, ser\u00e1 necesario que la resoluci\u00f3n en la que \u00e9sta se acuerde adopte la forma de auto motivado, en el cual el Juez deber\u00e1 plasmar cuales son los motivos que le han conducido a considerar que los hechos no tienen apariencia delictiva<\/span><\/a>45.<\/a> Dicho auto deber\u00e1 de ser notificado al querellante<\/span><\/a>46<\/a><\/span><\/p>\n

Por tanto, podemos concluir que, la desestimaci\u00f3n in limine litis de la querella, mientras est\u00e9 debidamente razonada, no contraviene el derecho a la tutela judicial efectiva.<\/span><\/p>\n

En este sentido se ha manifestado el Tribunal Constitucional en doctrina ya consolidada. As\u00ed, la STC de 15.2.1994 (RJ 1994\\40; MP: Vicente Gimeno Sendra) se\u00f1ala que \u201ces cierto que este ius ut procedatur que ostenta el querellante no contiene ni un derecho absoluto a la incoaci\u00f3n de toda instrucci\u00f3n penal, ni un derecho incondicionado a la apertura del juicio oral, pues el derecho de querella no conlleva el de la obtenci\u00f3n de una Sentencia favorable a la pretensi\u00f3n penal (\u2026) El contenido normal del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24.1 CE, consiste en obtener una resoluci\u00f3n de fondo, pero ello no impide que el derecho tambi\u00e9n se satisfaga cuando la resoluci\u00f3n es de inadmisi\u00f3n, siempre que se dicte en aplicaci\u00f3n razonada de una causa legal, debiendo el razonamiento responder a una interpretaci\u00f3n de las normas legales de conformidad con la Constituci\u00f3n y en el sentido m\u00e1s favorable para la efectividad del derecho fundamental\u201d<\/span><\/a>47<\/a><\/span><\/p>\n

Si la querella cumple todos estos requisitos ser\u00e1 admitida a tr\u00e1mite. La admisi\u00f3n a tr\u00e1mite de la querella conlleva una serie de efectos. El efecto principal que produce la admisi\u00f3n de la querella por prevaricaci\u00f3n es la incoaci\u00f3n del correspondiente proceso penal y la constituci\u00f3n del querellante en parte dentro del dicho proceso.<\/span><\/p>\n

Llegados a este punto debemos preguntarnos que suceder\u00e1 si la querella no re\u00fane los requisitos necesarios para ser admitida a tr\u00e1mite. Debemos entender que a pesar de que la querella no re\u00fana los requisitos necesarios, como trasmite la notitia criminis obliga al \u00f3rgano jurisdiccional a abrir el proceso penal. El hecho de que la querella defectuosa sea tenida como denuncia, produce un efecto importante, que es que el querellante no ser\u00e1 parte en el proceso. No obstante, ser\u00eda perfectamente factible que tras el ofrecimiento de acciones \u00e9ste se constituya en parte en el\u00a0proceso ya iniciado en virtud de querella defectuosa, a trav\u00e9s de un simple acto de personaci\u00f3n (arts. 109, 110 y 761.2 LECrim).<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

5. Ejercicio de la acci\u00f3n civil en el proceso penal por prevaricaci\u00f3n judicial<\/span><\/strong><\/p>\n

La pretensi\u00f3n civil por los da\u00f1os y perjuicios causados podr\u00e1 ejercitarse en el mismo proceso penal en el que se enjuicie el delito de prevaricaci\u00f3n. La regla general en nuestro derecho va a ser la acumulaci\u00f3n dentro del proceso penal del enjuiciamiento de los hechos delictivos y de la pretensi\u00f3n reparatoria civil a que tales hechos pudieran dar lugar. No obstante, esta acumulaci\u00f3n de la acci\u00f3n civil a la penal no es necesaria sino facultativa, ya que en nuestro ordenamiento se prev\u00e9 la posibilidad de que la v\u00edctima pueda renunciar a la misma o reservar su ejercicio para un proceso civil posterior<\/span><\/a>48.<\/a><\/span><\/p>\n

La pretensi\u00f3n de resarcimiento para la indemnizaci\u00f3n de los da\u00f1os y perjuicios causados se dirigir\u00e1 principalmente y de forma directa contra el Juez o Magistrado <\/span><\/a>49<\/a>, que en definitiva es el responsable de los hechos causantes del da\u00f1o, coincidiendo de esta manera en la misma persona la doble condici\u00f3n de responsable criminal y responsable civil <\/span><\/a>50.<\/a><\/span><\/p>\n

Pero la pretensi\u00f3n reparatoria se podr\u00e1 dirigir adem\u00e1s contra el Estado, que es responsable civil subsidiario ex art. 121 CP. A prop\u00f3sito de esta cuesti\u00f3n, son elocuentes las palabras de QUINTERO OLIVARES, quien se\u00f1ala que \u201ces evidente que la reparaci\u00f3n no puede pender exclusivamente de la capacidad econ\u00f3mica del Juez o Magistrado responsable, por lo que habr\u00e1 que acudir a la responsabilidad subsidiaria\u201d<\/span><\/a>51<\/a><\/span><\/p>\n

Precisamente, este responsabilidad civil subsidiaria del Estado fue una de las novedades introducida por el legislador en el C\u00f3digo Penal de 1995 <\/span><\/a>52.<\/a>Pero, como ha puesto de manifiesto\u00a0parte de la doctrina, resulta criticable que esta responsabilidad civil del Estado se configure en el C\u00f3digo penal como subsidiaria, ya que contradice lo dispuesto en el art. 106 CE<\/span><\/a> 53<\/a> arts. 139 y ss. Ley 30\/1992, de 26 de noviembre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico de las Administraciones P\u00fablicas y del Procedimiento Administrativo Com\u00fan (BOE n\u00fam. 285, de 27.11.1992 ; en adelante, LRJAP) y los , que establecen un r\u00e9gimen de responsabilidad objetiva directa de la Administraci\u00f3n P\u00fablica<\/span><\/a> 54<\/a>. Por tanto, la responsabilidad de la Administraci\u00f3n en el proceso penal deber\u00eda ser, al igual que en el proceso contencioso administrativo <\/span><\/a>55<\/a>, directa y no s\u00f3lo subsidiaria <\/span><\/a>56<\/a><\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, esta responsabilidad subsidiaria del Estado en poco beneficia al perjudicado, al ser necesaria la previa declaraci\u00f3n de insolvencia del funcionario, cuesti\u00f3n improbable s\u00ed este cuenta con alg\u00fan genero de ingresos o bienes, por modestos que sean <\/span><\/a>57<\/a>. Por ello, entendemos que el reconocimiento de la responsabilidad directa del Estado, solidaria con la del funcionario causante\u00a0del da\u00f1o ser\u00eda no s\u00f3lo m\u00e1s coherente con el sistema constitucional y administrativo, sino adem\u00e1s m\u00e1s beneficioso para el perjudicado<\/span><\/a>58<\/a><\/span><\/p>\n

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento anormal de los servicios p\u00fablicos, exigible seg\u00fan las normas de procedimiento administrativo, sin que en ning\u00fan caso pueda darse una duplicidad indemnizatoria.<\/span><\/p>\n

6. Procedimiento por el que se tramita<\/strong><\/span><\/p>\n

La LECrim regulaba en el T\u00edtulo II del libro IV (Del antejuicio necesario para exigir responsabilidad criminal a Jueces y Magistrados) un procedimiento especial para exigir responsabilidad penal a los Jueces y Magistrados. Dicho procedimiento especial ha sido derogado por la Disposici\u00f3n Adicional Primera de la LOTJ <\/a>59<\/a>. Tras la derogaci\u00f3n del antejuicio, la LECrim no prev\u00e9 expresamente a trav\u00e9s de que clase de procedimiento se debe ventilar el delito de prevaricaci\u00f3n judicial.<\/span><\/p>\n

El hecho de que el antejuicio haya sido derogado por la Ley Org\u00e1nica que regula el Tribunal del Jurado no implica que las querellas contra jueces y magistrados por delitos y faltas cometidos en el ejercicio de sus cargos se deban tramitar a trav\u00e9s de este procedimiento. As\u00ed, a pesar de que en principio el art. 1 LOTJ en su apartado primero atribuye al Tribunal del Jurado de forma general el conocimiento de los delitos cometidos por funcionarios p\u00fablicos en el ejercicio de sus cargos, en el apartado segundo matiza esa primera afirmaci\u00f3n, limitando la competencia a unos tipos delictivos concretos, entre los que no figura el delito de prevaricaci\u00f3n judicial. Adem\u00e1s, el art. 5.2.II del mismo texto legal establece que la competencia del Tribunal del Jurado en ning\u00fan caso se extender\u00e1 por conexi\u00f3n al enjuiciamiento del delito de prevaricaci\u00f3n judicial <\/a>60<\/a>.<\/span><\/p>\n

La LECrim determina el cauce procesal que debe seguirse para el enjuiciamiento de los hechos delictivos atendiendo fundamentalmente a la gravedad de los mismos. As\u00ed, tanto el art. 779 LECrim en su redacci\u00f3n de la Ley Org\u00e1nica 7\/1988, de 28 diciembre, como el art. 757 redactado conforme a la Ley 38\/2002, de 24 de octubre, disponen que el procedimiento abreviado \u201cse aplicar\u00e1 al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve a\u00f1os, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean \u00fanicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuant\u00eda o duraci\u00f3n\u201d.<\/span><\/p>\n

Por tanto, teniendo en cuenta que el delito de prevaricaci\u00f3n judicial tiene asignada una pena que no excede en ning\u00fan caso los nueve a\u00f1os de prisi\u00f3n, hay que entender que su enjuiciamiento\u00a0deber\u00e1 tramitarse necesariamente a trav\u00e9s del denominado procedimiento abreviado.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, la jurisprudencia no es un\u00e1nime a la hora de determinar a trav\u00e9s de que procedimiento debe tramitarse el delito de prevaricaci\u00f3n judicial. Por un lado, en algunas sentencias el Tribunal Supremo entiende que esta clase de delitos deben de sustanciarse a trav\u00e9s del proceso ordinario. As\u00ed, la STS, 2\u00aa, de 15.10.1999 (RJ 1999\\7176; MP: Gregorio Garc\u00eda Ancos)<\/a> 61<\/a>,\u00a0 se\u00f1ala que \u201ccierto es que, de acuerdo con el tenor literal del art. 779 LECrim, cabe pensar en la\u00a0aplicaci\u00f3n del procedimiento abreviado. Sin embargo, nadie puede negar que -derogadas las\u00a0normas que reg\u00edan el antejuicio para exigir la responsabilidad criminal a los Jueces y\u00a0Magistrados- el proceso dirigido contra un Juez sigue exigiendo ciertas cautelas que se derivan\u00a0de la esencia misma de la funci\u00f3n judicial. La acusaci\u00f3n contra un Juez afecta al Estado de\u00a0Derecho y, por lo tanto, debe ser tramitada en un proceso que tenga en cuenta tanto la especial\u00a0posici\u00f3n institucional del Juez como la seriedad de un proceso que tiene la misi\u00f3n de reforzar el\u00a0Estado de Derecho. Estas cautelas eran la raz\u00f3n de la existencia del antejuicio, que en verdad era\u00a0pr\u00e1cticamente igual en su contenido al juicio mismo, pero que estaba culminada s\u00f3lo con la\u00a0admisi\u00f3n a tr\u00e1mite de la querella, la orden de instruir el sumario y la suspensi\u00f3n del Juez contra\u00a0el que se dirigiera la querella (art. 775 LECrim, derogado en 1995). El antejuicio permit\u00eda\u00a0<\/em>comprobar un grado m\u00ednimo de consistencia de la querella, necesario para proceder a la\u00a0<\/em>suspensi\u00f3n del Juez. La falta de una decisi\u00f3n intermedia de estas caracter\u00edsticas en el\u00a0<\/em>procedimiento abreviado, en el que el auto de apertura del juicio oral no es recurrible, salvo en lo\u00a0<\/em>que se refiere a la situaci\u00f3n personal del acusado, demuestra que, pese a la reforma de la Ley\u00a0<\/em>Procesal, los Tribunales deben adoptar medidas que tengan presentes las particularidades del\u00a0<\/em>proceso contra un Juez. La Sala entendi\u00f3 que si era necesaria una medida de esta trascendencia,\u00a0<\/em>su gravedad requer\u00eda que el Juez afectado pudiera disponer de la posibilidad de una revisi\u00f3n de\u00a0<\/em>la instrucci\u00f3n antes del juicio en sentido estricto, que permitiera garantizar que su derecho de\u00a0<\/em>defensa hab\u00eda sido respetado, las pruebas que se pretend\u00edan utilizar hab\u00edan sido legalmente\u00a0<\/em>obtenidas y que la aplicaci\u00f3n del derecho pretendido no era manifiestamente inconsistente. Tales\u00a0<\/em>garant\u00edas y cautelas s\u00f3lo se podr\u00edan salvaguardar mediante el procedimiento ordinario que\u00a0<\/em>permit\u00eda recurrir el auto de procesamiento, que requiere, como es sabido, una mayor solidez que\u00a0<\/em>la habitualmente dada en la pr\u00e1ctica al auto del art. 790.7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.\u00a0<\/em>Sin perjuicio de lo anterior es conveniente tener presente que el delito de prevaricaci\u00f3n es un\u00a0<\/em>delito grave por su repercusi\u00f3n en los principios del Estado de Derecho, con independencia de la\u00a0<\/em>pena para \u00e9l prevista, y que por ello es evidente que el legislador no puede haber querido\u00a0<\/em>abreviar el debate sobre su existencia, reduciendo al tiempo la posibilidad de recursos para el\u00a0<\/em>acusado. Esta decisi\u00f3n de la Sala no vulnera el art. 14 CE, dado que este caso es el primero en el\u00a0que se juzga a un Juez despu\u00e9s de derogadas las normas del antejuicio. No existe ning\u00fan otro\u00a0<\/em>caso en el que la Sala haya procedido de manera distinta en la situaci\u00f3n legal actual, es decir,\u00a0<\/em>despu\u00e9s de la derogaci\u00f3n de las normas del antejuicio. Tampoco se infringe el principio de\u00a0<\/em>legalidad. En primer lugar porque el procedimiento aplicado est\u00e1 regulado en la ley y, en\u00a0<\/em>segundo lugar, porque la exclusi\u00f3n del procedimiento abreviado, una vez derogado el antejuicio,\u00a0<\/em>hubiera significado poner al Juez en una situaci\u00f3n incompatible con la funci\u00f3n que desempe\u00f1a y\u00a0<\/em>la necesaria protecci\u00f3n de la instituci\u00f3n judicial. Sin perjuicio de ello el principio de legalidad\u00a0<\/em>s\u00f3lo se infringe cuando la soluci\u00f3n jur\u00eddica adoptada perjudica, pero en ning\u00fan caso si beneficia.\u00a0<\/em>Por otra parte, tampoco se lesiona el derecho de defensa, pues el procedimiento ordinario\u00a0<\/em>permite el derecho de defensa con mayor amplitud que el procedimiento abreviado<\/em>\u00ab.<\/span><\/p>\n

A favor de la utilizaci\u00f3n del proceso ordinario se han esgrimido, siguiendo el ATS de 3.11.1998\u00a0(RJ 1998\\3123; MP: Gregorio Garc\u00eda Ancos), los siguientes argumentos: En primer lugar, que \u201cla\u00a0elecci\u00f3n de este tr\u00e1mite procesal (sumario ordinario) s\u00f3lo tuvo por finalidad, am\u00e9n de llevar a\u00a0cabo una m\u00e1s completa investigaci\u00f3n de lo sucedido y denunciado<\/em>\u201d. En segundo lugar, que en el\u00a0proceso ordinario una vez que se llega a la convicci\u00f3n de que existen indicios racionales de\u00a0criminalidad, el juez de instrucci\u00f3n dictar\u00e1 el auto de procesamiento que, sin duda, \u201cgarantiza\u00a0una mejor y m\u00e1s amplia defensa del querellado, pues es obvio que tales garant\u00edas son menores y\u00a0quedan muy restringidas en el llamado procedimiento abreviado hasta tal punto que muy poco\u00a0despu\u00e9s de ser admitida a tr\u00e1mite la querella y con lev\u00edsima investigaci\u00f3n se puede abrir el juicio\u00a0oral y a trav\u00e9s de este acuerdo \u2018sentar en el banquillo\u2019 al querellado (…) En contra de ello se alega\u00a0que tales m\u00e1s amplias garant\u00edas tienen su contrapunto en el hecho mismo del procesamiento que\u00a0supone, adem\u00e1s de un desprestigio para el procesado, la suspensi\u00f3n de empleo y parte de los emolumentos que hubiera percibido en activo. En este sentido esta Sala no ignora (ser\u00eda necio\u00a0hacerlo) que el procesamiento de cualquier persona, sobre todo de las que gozan de un cierto\u00a0\u2018status\u2019 social y profesional, como es el caso, conlleva una fuerte carga de sufrimiento moral e\u00a0incluso material para quien la padece, pero ello no quiere decir que si se hubiera tramitado el\u00a0proceso por el procedimiento abreviado esa carga aflictiva hubiera sido de menor entidad, ya\u00a0que, incluso con la simple inculpaci\u00f3n, se pod\u00edan haber adoptado esas medidas contra el\u00a0imputado, sin esperar a la apertura del juicio oral, como recientemente sucedi\u00f3 en alg\u00fan\u00a0supuesto\u00bb.<\/em><\/span><\/p>\n

Por otro lado, en otras sentencias el Tribunal Supremo considera, en doctrina hoy consolidada,\u00a0que el delito de prevaricaci\u00f3n judicial deber\u00e1 sustanciarse por los tr\u00e1mites del procedimiento\u00a0abreviado. En este sentido se manifiesta la STS, 2\u00aa, de 11.12.2001 (RJ 2002\\1792; MP: Joaqu\u00edn\u00a0Gim\u00e9nez Garc\u00eda) al se\u00f1alar que \u201cla disyuntiva que presenta el recurrente en favor del Sumario\u00a0Ordinario no tiene, precisamente, apoyo legal en la medida que a la vista de la pena se\u00f1alada al\u00a0delito de prevaricaci\u00f3n, en cualquiera de las formas descritas en los art\u00edculos 446 y 447 nunca\u00a0excede de los nueve a\u00f1os de prisi\u00f3n que marca el l\u00edmite a partir del cual el cauce procesal\u00a0adecuado es el Sumario Ordinario, de conformidad con el art. 779 de la LECrim. En concreto,\u00a0como ya se recoge en el auto de admisi\u00f3n de la querella, los hechos, de ser ciertos, podr\u00edan\u00a0integrar un delito (…) bien en la modalidad del art. 446.3, bien en la del 447 del C\u00f3digo Penal (…).\u00a0Pues bien, las penas previstas en ambos art\u00edculos son de multa e inhabilitaci\u00f3n especial en el\u00a0primer caso, y solo inhabilitaci\u00f3n en el segundo, por ello, el Auto del se\u00f1or Magistrado Instructor\u00a0acordando la continuaci\u00f3n de la causa por el Procedimiento Abreviado competencia de la\u00a0Audiencia Provincial -o en su caso del Tribunal Superior de Justicia dada la condici\u00f3n de aforado\u00a0del recurrente seg\u00fan el art. 73.3.b de la LOPJ- est\u00e1 plenamente ajustado a las previsiones legales.\u00a0Por otra parte, el recurrente se limita a alegar vulneraci\u00f3n de los derechos que se dicen violados\u00a0sin argumentar ni m\u00ednimamente de qu\u00e9 modo y manera se le ha privado de la tutela judicial,\u00a0donde se ha vulnerado la legalidad o donde est\u00e1 la quiebra de la seguridad jur\u00eddica, por lo que ya\u00a0est\u00e1 por esta falta de acreditaci\u00f3n deber\u00eda ser desestimada la denuncia y el motivo. Recordemos a\u00a0modo de ejemplo, las SSTC 186\/1998 (RTC 1998\\186) y 185\/1992 (RTC 1992\\185) que\u00a0consolidando y reiterando una consagrada doctrina, declaran que la infracci\u00f3n de un precepto\u00a0procesal cualquiera, o el acaecimiento de cualquier irregularidad, no tiene porqu\u00e9 ocasionar\u00a0siempre y en todo caso la lesi\u00f3n autom\u00e1tica al derecho a la tutela judicial efectiva. Antes bien -se\u00a0razona en la primera sentencia- la indefensi\u00f3n a la que se refiere el art. 24-1 de la CE en tan solo\u00a0aquella que produzca un real y efectivo menoscabo del derecho de defensa de la parte procesal,\u00a0un perjuicio de \u00edndole material que le impide defender sus derechos e intereses leg\u00edtimos en la\u00a0esfera del proceso penal. En id\u00e9ntico sentido, la segunda sentencia reitera que la indefensi\u00f3n en\u00a0sentido constitucional se caracteriza por suponer una privaci\u00f3n o limitaci\u00f3n del derecho de\u00a0defensa, con mengua del derecho a intervenir en el proceso. El recurrente hace referencia, como\u00a0no pod\u00eda ser menos, a la reciente STS 2\/1999, de 15 de octubre, Causa Especial 2940\/1997 -asunto\u00a0G\u00f3mez de Lia\u00f1o- en el que se acord\u00f3 la tramitaci\u00f3n de la causa por el procedimiento del Sumario,\u00a0y donde, curiosamente, se efectu\u00f3 id\u00e9ntica denuncia a la ahora efectuada, pero all\u00ed porque la\u00a0causa se hab\u00eda tramitado por el cauce del Sumario y no por el Procedimiento Abreviado, es decir,\u00a0justo a la inversa. El presente se trata del segundo caso, tras el anteriormente citado, pero como\u00a0bien se razon\u00f3 por el Tribunal sentenciador al rechazar la cuesti\u00f3n previa planteada en este\u00a0sentido por el recurrente en el tr\u00e1mite de la Audiencia Preliminar, la sentencia 2\/1999 fue dictada\u00a0por la Sala Segunda juzgando en instancia \u00fanica, por lo que no puede verificarse la existencia de\u00a0una doctrina jurisprudencial. Al respecto habr\u00e1 que convenir que sin perjuicio de reconocer la\u00a0conveniencia de un criterio uniforme en atenci\u00f3n al cual se determine el proceso a seguir en los\u00a0casos de prevaricaci\u00f3n judicial, el argumento legal, ya expuesto, nos env\u00eda al ProcedimientoAbreviado\u201d <\/a>62.<\/a><\/span><\/p>\n

Por tanto, siguiendo la doctrina ya consolidada por el TS, consideramos que el delito de\u00a0prevaricaci\u00f3n judicial se sustanciar\u00e1 por los tr\u00e1mites del procedimiento abreviado, dado que la\u00a0pena se\u00f1alada para el delito de prevaricaci\u00f3n, en los arts. 446 y 447 CP, no es superior a los nueve\u00a0a\u00f1os de pena privativa de libertad (art. 757 LECrim).<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

7. Efectos de la iniciaci\u00f3n del proceso penal por prevaricaci\u00f3n judicial<\/span><\/strong><\/p>\n

La iniciaci\u00f3n del proceso penal por el delito de prevaricaci\u00f3n judicial puede incidir sobre el\u00a0ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional ya que puede ocasionar la suspensi\u00f3n provisional del juez o\u00a0magistrado.<\/span><\/p>\n

La inamovilidad es una de las garant\u00edas de la independencia judicial e implica que los jueces y\u00a0magistrados no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de\u00a0las causas y con las garant\u00edas previstas en la ley (art. 117.2 CE).<\/span><\/p>\n

La suspensi\u00f3n supone el apartamiento temporal del juez o magistrado de sus funciones. El art.\u00a0383 LOPJ dispone que \u201cla suspensi\u00f3n de los Jueces y Magistrados s\u00f3lo tendr\u00e1 lugar en los casos\u00a0siguientes: 1\u00ba. Cuando se hubiera declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos\u00a0cometidos en el ejercicio de sus funciones; 2\u00ba. Cuando por cualquier otro delito doloso se hubiere\u00a0dictado contra ellos auto de prisi\u00f3n, de libertad bajo fianza o de procesamiento<\/em> (\u2026)\u201d.<\/span><\/p>\n

Es necesario distinguir entre esta suspensi\u00f3n provisional o cautelar, que determina que el Juez o\u00a0Magistrado quede privado de sus funciones durante la sustanciaci\u00f3n del proceso penal, y la\u00a0suspensi\u00f3n definitiva, que se puede imponer como pena por sentencia firme. La suspensi\u00f3n\u00a0temporal implica que el Juez o Magistrado ser\u00e1 privado temporalmente del ejercicio de la\u00a0Potestad Jurisdiccional y, por tanto, tambi\u00e9n de todos los derechos y las prerrogativas que son\u00a0inherentes a su condici\u00f3n de funcionario p\u00fablico.\u00a0<\/span><\/p>\n

Llegados a este punto, hemos de preguntarnos desde cuando se le debe suspender\u00a0provisionalmente. Para responder a esta cuesti\u00f3n debemos determinar c\u00f3mo se debe interpretar\u00a0la expresi\u00f3n \u201ccuando se hubiese declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos\u00a0cometido en el ejercicio de sus cargos\u201d.<\/span><\/p>\n

Por un lado, podr\u00eda interpretarse que dicha expresi\u00f3n significa que la suspensi\u00f3n se producir\u00e1\u00a0desde la misma admisi\u00f3n a tr\u00e1mite de la querella. Esta interpretaci\u00f3n podr\u00eda conllevar graves\u00a0inconvenientes, ya que a la parte que no estuviera conforme con la actuaci\u00f3n de un determinado\u00a0Juez o Magistrado, le bastar\u00eda con interponer una querella para conseguir apartar al mismo del\u00a0conocimiento del asunto. No obstante, como hemos tenido ocasi\u00f3n de se\u00f1alar, estos\u00a0inconvenientes se pueden salvar mediante la aplicaci\u00f3n del art. 410 LOPJ, en virtud del cual el\u00a0\u00f3rgano competente para decidir sobre la admisi\u00f3n de la querella valorar\u00e1 si tales hechos tienen\u00a0relevancia penal y si la imputaci\u00f3n resulta veros\u00edmil.<\/span><\/p>\n

Por otro lado, podr\u00edamos entender que la simple admisi\u00f3n de la querella no conlleva la\u00a0suspensi\u00f3n provisional del Juez o Magistrado. Pero esto tambi\u00e9n conducir\u00eda a un grave\u00a0inconveniente, ya que si la admisi\u00f3n de la querella no llevar\u00e1 aparejada la suspensi\u00f3n del juez o\u00a0magistrado, nos encontrar\u00edamos con el contrasentido de que se est\u00e9 instruyendo un proceso penalfrente a un juez o magistrado por el ejercicio de sus funciones y, sin embargo, \u00e9ste contin\u00fae\u00a0desempe\u00f1\u00e1ndolas <\/a>63<\/a>.<\/span><\/p>\n

Dada la gravedad de esta medida, entendemos que la adopci\u00f3n de la misma exige no s\u00f3lo la\u00a0admisi\u00f3n a tr\u00e1mite de la querella, sino la existencia de un t\u00edtulo de imputaci\u00f3n concreto, esto es\u00a0que existan indicios racionales de criminalidad <\/a>64<\/a>. En este mismo sentido se manifiesta la\u00a0Comisi\u00f3n Permanente del CGPJ, que acord\u00f3 proponer al Pleno del Consejo la improcedencia de\u00a0la suspensi\u00f3n provisional en el ejercicio de sus funciones de un magistrado titular de un Juzgado\u00a0de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n, se\u00f1alando que \u201cla expresi\u00f3n utilizada en el art. 383.1 de la\u00a0LOPJ \u2018haber lugar a proceder\u2019, no equivale a la simple admisi\u00f3n de la querella, sino que se exige\u00a0un t\u00edtulo de inculpaci\u00f3n concreto, y que la supresi\u00f3n del antejuicio, obliga a concluir que el Auto\u00a0de admisi\u00f3n de una querella no puede, ineluctablemente, conducir a la suspensi\u00f3n del juez (o\u00a0magistrado) querellado sin al menos un pronunciamiento espec\u00edfico de la Sala que entienda del\u00a0asunto\u201d <\/a>65<\/a>.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en sus \u00faltimos acuerdos, ha dado un\u00a0paso m\u00e1s al hacer efectiva la suspensi\u00f3n provisional de funciones como consecuencia del auto de\u00a0apertura del juicio oral <\/a>66.<\/a> Consideramos muy acertado que se posponga la decisi\u00f3n sobre la\u00a0suspensi\u00f3n provisional hasta que las partes hayan formulado sus escritos de acusaci\u00f3n\u00a0solicitando la apertura del juicio oral y se haya dictado el auto de apertura del juicio oral por\u00a0entender que concurren los presupuestos necesarios para ello <\/a>67<\/a>.<\/span><\/p>\n

La suspensi\u00f3n provisional tiene car\u00e1cter autom\u00e1tico. As\u00ed, el Juez o Tribunal que conociera de la\u00a0causa lo comunicar\u00e1 al Consejo General del Poder Judicial, que deber\u00e1 hacer efectiva la\u00a0suspensi\u00f3n provisional, con audiencia del Ministerio Fiscal. Esta suspensi\u00f3n durar\u00e1 hasta que se\u00a0dicte sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento (art. 384 LOPJ).<\/span><\/p>\n

8. Tabla de sentencias<\/strong><\/span><\/p>\n

Sentencias y Autos del Tribunal Supremo<\/strong><\/span><\/p>\n\n\n\n
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Sala y fecha\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Referencia\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Magistrado Ponente<\/em><\/p>\n

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STS, 2\u00aa, de 13.1.1981\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 1981\\132\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Mariano G\u00f3mez de Lia\u00f1o y Cobaleda<\/span>
\nSTS, 2\u00aa, de 22.11.1989\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RJ 1989\\8699\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Enrique Ruiz Vadillo
\nSTS, 2\u00aa, de 28.12.1990\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 1990\\10102\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Francisco Soto Nieto
\nSTS, 2\u00aa, de 21.12.1990\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 1990\\9937\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Luis Rom\u00e1n Puerta Luis
\nSTS, 2\u00aa, de 19.12.1990\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 1990\\9661\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Eduardo M\u00f3ner Mu\u00f1oz
\nSTS, 2\u00aa, de 12.3.1992\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 1992\\2084\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Francisco Huet Garc\u00eda
\nSTS, 2\u00aa, de 12.3.1992\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 1992\\2442\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Jos\u00e9 Augusto Vega Ruiz
\nSTS, 2\u00aa, 31.1.1992\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 1992\\615\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Justo Carrero Ramos
\nSTS, 2\u00aa, de 4.12.1993\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 1993\\9385\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Enrique Ruiz Vadillo
\nSTS, 2\u00aa, de 15.11.1993\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RJ 1993\\8581\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Luis Rom\u00e1n Puerta Luis
\nSTS, 2\u00aa, de 4.3.1994\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 1994\\3655\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Jos\u00e9 Antonio Mart\u00edn Pall\u00edn
\nSTS, 2\u00aa, de 7.2.1994\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 1994\\1273\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Luis Rom\u00e1n Puerta Luis
\nSTC de 15.2.1994\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RJ 1994\\40\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Vicente Gimeno Sendra
\nSTS, 2\u00aa, de 12.6.1995\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 1995\\4517\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Jos\u00e9 Augusto de Vega Ruiz
\nSTS, 2\u00aa, de 10.7.1995\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 1995\\5430\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Joaqu\u00edn Mart\u00edn Canivell
\nSTS, 2\u00aa, de 17.7.1995\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 1995\\5606\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 C\u00e1ndido Conde-Pumpido Tour\u00f3n
\nSTS, 2\u00aa, de 10.10.1995\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RJ 1995\\7549\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fernando Cotta M\u00e1rquez de Prado
\nSTS, 2\u00aa, de 2.2.1996\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RJ 1996\\788\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Jos\u00e9 M.\u00a0 Mart\u00ednez-Pereda Rodr\u00edguez<\/p>\n

\n

STS, 2\u00aa, de 26.9.1997\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 1997\\6366\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Gregorio Garc\u00eda Ancos
\nSTS, 2\u00aa, de 24.6.1998\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 1998\\5694\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Eduardo M\u00f3ner Mu\u00f1oz
\nSTS, 2\u00aa, de 15.10.1999\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RJ 1999\\7176\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Gregorio Garc\u00eda Ancos
\nSTS, 2\u00aa, de 22.3.2001\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 2001\\1357\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Jos\u00e9 Antonio Mart\u00edn Pall\u00edn
\nSTS, 2\u00aa, de 11.12.2001\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RJ 2002\\1792\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Joaqu\u00edn Gim\u00e9nez Garc\u00eda
\nSTS, 2\u00aa, de 28.6.2004\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RJ 2004\\5074\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Joaqu\u00edn Delgado Garc\u00eda
\nSTS, 2\u00aa, de 3.2.2009\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RJ 2009\\1771\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Luciano Varela Castro
\nSTS, 3\u00aa, de 30.1.2012\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 2012\\3695\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pablo Lucas Murillo de la Cueva
\nSTS, 3\u00aa, de 3.5.2012\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 2012\\6472\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Jos\u00e9 D\u00edaz Delgado
\nSTS, 2\u00aa, de 9.2.2012\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 2012\\199\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0M. Colmenero Menendez de Luarca<\/span><\/p>\n

\n

STS, 2\u00aa, de 27.2.2012\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 2012\\3659\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Andr\u00e9s Mart\u00ednez Arrieta<\/p>\n

STS\u00a0 2\u00aa , de 13.2.2012\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RJ 2012\\2650\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Manuel Marchena G\u00f3mez
\nATS de 23.2.1998\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RJ 1998\\2533\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Jos\u00e9 Manuel Mart\u00ednez-Pereda Rguez.
\nATS de 3.11.1998\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 1998\\3123\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Gregorio Garc\u00eda Ancos
\nATS, 2\u00aa, de 17.1.2002\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 2002\\2344\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Enrique Bacigalupo Zapater<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

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Sentencias y Autos del Tribunal Constitucional<\/strong><\/span><\/p>\n\n\n\n
\n

Sala y fecha\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Referencia\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Magistrado Ponente<\/em><\/p>\n

\n

STC de 11.7.1983\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RJ 1983\\62\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Rafael G\u00f3mez-Ferrer Morant
\nSTC de 29.11.1984\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 1984\\113\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Angel Latorre Segura
\nSTC de 29.10.1985\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RJ 1985\\147\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Carlos de la Vega Benayas
\nSTC de 28.9.1987\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RJ 1987\\148\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Jes\u00fas Leguina Villa
\nSTC de 3.11.1987\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0JUR 1987\\173\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Luis D\u00edez-Picazo y Ponce de Le\u00f3n
\nSTC de 4.12.1989\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RJ 1989\\203\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Luis L\u00f3pez Guerra
\nSTC de 13.2.1989\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RJ 1989\\33\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Francisco Tom\u00e1s y Valiente
\nSTC de 16.11.1989\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RJ 1989\\191\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fndo. G\u00aa-Mon y Gonz\u00e1lez Regueral
\nSTC de 29.11.1993\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RJ 1993\\351\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00c1lvaro Rodr\u00edguez Bereijo
\nSTC de 12.12.1994\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RJ 1994\\326\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Carlos de la Vega Benayas
\nSTC de 15.2.1994\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RJ 1994\\40\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Vicente Gimeno Sendra
\nSTC de 31.1.1994\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 1994\\34\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Eugenio D\u00edaz Eimil
\nSTC de 2.3.1998\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 1998\\50\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Jos\u00e9 Gabald\u00f3n L\u00f3pez
\nSTC de 26.4.1999\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 1999\\79\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Fernando Garrido Falla
\nSTC de 2.4.2001\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 2001\\94\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Vicente Conde Mart\u00edn de Hijas
\nATC de 1.4.1987\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 1987\\424
\nATC de 10.11.2003\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RJ 2003\\ 360
\nATC de 19 de junio de 2006\u00a0 \u00a0 RJ 2006\\193<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

Sentencias y Autos de los Tribunales Superiores de Justicia y otros<\/strong><\/span><\/p>\n\n\n\n
\n

Sala y fecha\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Referencia\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Magistrado Ponente\u00a0<\/em><\/p>\n

\n

STSJ de Catalu\u00f1a, Civil y Penal, de\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0RJ 1999\\3422\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Lluis Puig i Ferriol
\n22.11.1999
\nSTSJ de Catalu\u00f1a, Civil y Penal, de\u00a0 \u00a0 \u00a0 RJ 2005\\502\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pon\u00e7 Feliu i Llansa
\n3.1.2005
\nSTSJ de Andaluc\u00eda, Granada, Civil y\u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 2011\\1237\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Lorenzo del R\u00edo Fern\u00e1ndez
\nPenal, de 13.10.2011
\nATSJ Andaluc\u00eda, Granada, Civil y\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 1998\\2907\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pl\u00e1cido Fern\u00e1ndez Viagas
\nPenal, de 5.5.1998
\nATSJ Murcia, Civil y Penal,\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0RJ 1998\\4477\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Manuel Abad\u00eda Vicente
\n29.6.1998
\nATSJ de Castilla-La Mancha, Civil y\u00a0 \u00a0 \u00a0JUR 2001\\102776\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Emilio Fr\u00edas Ponce
\nPenal, de 16.1.2001
\nATSJ de Castilla-La Mancha, Civil y\u00a0 \u00a0 \u00a0JUR 2001\\102282\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Eugenio C\u00e1rdenas Calvo
\nPenal, de 25.1.2001
\nATSJ Andaluc\u00eda, Granada, Civil y\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0JUR 2003\\235923
\nPenal, de 13.9.2003
\nATSJ de Andaluc\u00eda, Granada, Civil\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0JUR 2005\\276933\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Jer\u00f3nimo Garv\u00edn Ojeda
\ny Penal, de 22.6.2005
\nATSJ Murcia, Civil y Penal, de\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0JUR 2007\\85950\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Manuel Abad\u00eda Vicente
\n22.19.2007
\nATSJ de Catalu\u00f1a, Civil y Penal, de\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0JUR 2009\\236248\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Nuria Bassols Muntada
\n9.3.2009
\nSAP de Barcelona, Secc. 2\u00aa, de\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RJ 2004\\604\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Javier Arzua Arrugaeta
\n1.7.2004<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

9.- Bibiliograf\u00eda\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

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 <\/p>\n

\n

NOTAS:\u00a0<\/span><\/p>\n

<\/a>41<\/a> La redacci\u00f3n actual de este precepto es fruto de la Ley Org\u00e1nica 19\/2003, de 23 de diciembre, de modificaci\u00f3n de la Ley Org\u00e1nica 6\/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.<\/p>\n

<\/a>42<\/a> La ATSJ de Andaluc\u00eda, Granada, Civil y Penal, de 22.6.2005 (JUR 2005\\276933; MP: Jer\u00f3nimo Garv\u00edn Ojeda) se\u00f1ala claramente que \u201cla interposici\u00f3n de una querella no implica, pues, la apertura autom\u00e1tica de Diligencias Previas para la averiguaci\u00f3n de los hechos a que se refiere la misma, pues, en primer lugar, el \u00f3rgano judicial competente para el conocimiento de tales querellas ha de realizar un primer juicio, o juicio preliminar, tendente a evitar la apertura de tales Diligencias cuando de ese an\u00e1lisis resulte con toda claridad la inexistencia de relevancia penal alguna de los hechos en los que se basa, o la total inverosimilitud de la imputaci\u00f3n. Si as\u00ed sucede generalmente, para evitar que por la mera voluntad de un particular otro se vea implicado en una causa criminal, en el caso de querellas contra jueces por parte de quienes son parte en procedimientos que han de ser conocidos por los mismos, es a\u00fan m\u00e1s exigible ese juicio preliminar, por cuanto la mera apertura de la causa podr\u00eda acarrear ya la concurrencia de una causa de recusaci\u00f3n y el consiguiente apartamiento del querellado de ese procedimiento. Esa y no otra es la raz\u00f3n de que el art\u00edculo 410 LOPJ obligue a adoptar las m\u00e1ximas cautelas para evitar la apertura en vano de una causa criminal\u201d.<\/p>\n

<\/a>43<\/a> V\u00e9ase ENCINAR DEL POZO (2008, p. 63). En este sentido resulta muy expresivo el ATSJ Murcia, Civil y Penal, de 22.10.2007 (JUR 2007\\85950; MP: Manuel Abad\u00eda Vicente) cuando subraya que \u201cel art\u00edculo 410 supone, pues, una medida cautelar destinada a proteger la actuaci\u00f3n judicial del peligro de querellas temerarias presentadas por m\u00f3viles esp\u00fareos\u201d.<\/p>\n

<\/a>44<\/a> ENCINAR DEL POZO (2008, p. 64).<\/p>\n

<\/a>45<\/a> GIMENO SENDRA (2000, p. 57). En este mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia, v\u00e9ase, entre otros,\u00a0ATSJ de Andaluc\u00eda, Granada, Civil y Penal, de 22.6.2005 (JUR 2005\\276933; MP: Jer\u00f3nimo Garv\u00edn Ojeda)<\/p>\n

<\/a>46<\/a> STC de 3.11.1987 (RJ 1987\\173; MP: Luis D\u00edez-Picazo y Ponce de Le\u00f3n).<\/p>\n

<\/a>47<\/a> V\u00e9anse, tambi\u00e9n, SSTC de 2.4.2001 (RJ 2001\\94; MP: Vicente Conde Mart\u00edn de Hijas); 29.11.1993 (RJ 1993\\351; MP: Alvaro Rodr\u00edguez Bereijo); 13.2.1989 (RJ 1989\\33; MP: Francisco Tom\u00e1s y Valiente); 16.11.1989 (RJ 1989\\191; MP: Fernando Garc\u00eda-Mon y Gonz\u00e1lez Regueral); 4.12.1989 (RJ 1989\\203; MP: Luis L\u00f3pez Guerra); 28.9.1987 (RJ 1987\\148; MP: Jes\u00fas Leguina Villa). Igualmente, AATC de 19.6.2006 (RJ 2006\\193); 10.11.2003 (RJ 2003\\360); 1.4.1987 (RJ 1987\\424), entre otros.<\/p>\n

<\/a>48<\/a> GOMEZ ORBANEJA (1951, p. 372).\u00a0<\/p>\n

<\/a>49<\/a> MORENO CATENA (2012b, p. 125) se\u00f1ala que \u201cla responsabilidad civil por hecho propio derivada de los da\u00f1os o perjuicios que hubieren causado los hechos delictivos se hace recaer de forma directa en el que resulte responsable penalmente, sea como autor o como c\u00f3mplice\u201d. En el mismo sentido, GOMEZ ORBANEJA y HERCE QUEMADA (1987, p. 79) indican que \u201ccivilmente responsable por el hecho delictivo es ante todo el que haya participado en \u00e9l en cualquiera de las formas que funda la responsabilidad penal\u201d. Asimismo v\u00e9anse GOMEZ ORBANEJA (1951, p. 420) y FONT SERRA (1991, p. 38).<\/p>\n

<\/a>50<\/a> As\u00ed se desprende del art. 116 CP seg\u00fan el cual \u201ctoda persona responsable de un delito o falta lo es tambi\u00e9n civilmente si del hecho se derivasen da\u00f1os y perjuicios\u201d.<\/p>\n

<\/a>51<\/a> QUINTERO OLIVARES (2004, p. 2009).<\/p>\n

<\/a>52<\/a> Con anterioridad a la entrada en vigor del C\u00f3digo Penal de 1995, la jurisprudencia ya ven\u00eda declarando la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, partiendo de una interpretaci\u00f3n amplia o extensiva del art. 22 del anterior CP, al entender que se trataba de un precepto descriptivo y que no conten\u00eda una enumeraci\u00f3n exhaustiva. As\u00ed, se consideraba que entre las personas, entidades, organismos y empresas dedicadas a cualquier g\u00e9nero de industria -enumeraci\u00f3n empleada por el art\u00edculo citado- se encontraban las personas f\u00edsicas y las personas jur\u00eddicas, y dentro de \u00e9stas \u00faltimas, tanto las privadas, como las de car\u00e1cter p\u00fablico, estando tambi\u00e9n incluido el estado. V\u00e9anse, entre otras, las SSTS, 2\u00aa, de 22.3.2001 (RJ 2001\\1357; MP: Jos\u00e9 Antonio Mart\u00edn Pall\u00edn);\u00a010.7.1995 (RJ 1997\\5430; MP: Joaqu\u00edn Mart\u00edn Canivell); 17.7.1995 (RJ 1995\\5606; MP: C\u00e1ndido Conde-Pumpido\u00a0Tour\u00f3n); 7.2.1994 (RJ 1994\\1273; MP: Luis Rom\u00e1n Puerta Luis); 4.5.1994 (RJ 1994\\3655; MP: Jos\u00e9 Antonio Mart\u00edn Pall\u00edn); 4.12.1993 (RJ 1993\\9385; MP: Enrique Ruiz Vadillo); 15.11.1993 (RJ 1993\\8581; MP: Luis Rom\u00e1n Puerta Luis); 31.1.1992 (RJ 1992\\615; MP: Justo Carrero Ramos); 12.3.1992 (RJ 1992\\2442; MP: Jos\u00e9 Augusto de Vega Ruiz); 19.12.1990 (RJ 1990\\9661; MP: Eduardo M\u00f3ner Mu\u00f1oz); 21.12.1990 (RJ 1990\\9937; MP: Luis Rom\u00e1n Puerta Luis); 28.12.1990 (RJ 1990\\10102; MP: Francisco Soto Nieto); 22.11.1989 (RJ 1989\\8699; MP: Enrique Ruiz Vadillo) y 13.1.1981 (RJ 1981\\132; MP: Mariano G\u00f3mez de Lia\u00f1o y Cobaleda).<\/p>\n

<\/a>53<\/a> El art. 106 CE establece que \u201clos particulares en los t\u00e9rminos establecidos por la Ley, tendr\u00e1n derecho a ser indemnizados por toda lesi\u00f3n que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesi\u00f3n sea consecuencia del funcionamiento de los servicios p\u00fablicos\u201d.<\/p>\n

<\/a>54<\/a> MOLINA BLAZQUEZ (1998, p. 129); VAZQUEZ GONZALEZ (1998, p. 104) y YZQUIERDO TOLSADA (2001, pp. 284 y ss.).<\/p>\n

<\/a>55<\/a> La Ley 30\/1992 regula la responsabilidad patrimonial de las Administraciones P\u00fablicas en los arts. 139 a 144. Las principales caracter\u00edsticas de este sistema pueden resumirse, en palabras de MARTIN REBOLLO (1996, p. 14), en que \u201ces un sistema unitario en cuanto rige para todas las Administraciones P\u00fablicas; general en la medida en que se refiere a toda la actividad administrativa, sea de car\u00e1cter jur\u00eddico o puramente f\u00e1ctico, y tanto por acci\u00f3n como por omisi\u00f3n; de responsabilidad directa de modo que la Administraci\u00f3n cubre directamente, y no s\u00f3lo de forma subsidiaria, la actividad da\u00f1osa de sus autoridades, funcionarios y personal laboral, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar luego la acci\u00f3n de regreso cuando aqu\u00e9llos hubieran incurrido en dolo, culpa o negligencia graves; es, sobre todo, un r\u00e9gimen de car\u00e1cter objetivo que, por tanto, prescinde de la idea de culpa, por lo que el problema de la causalidad adquiere aqu\u00ed la m\u00e1xima relevancia; y, finalmente pretende lograr una reparaci\u00f3n integral\u201d. En similar sentido, v\u00e9ase LEGUINA VILLA (1993, pp. 395 y ss.)<\/p>\n

<\/a>56<\/a> As\u00ed LEGUINA VILLA (1993, p. 404) afirma que \u201cser\u00eda absurdo que la Administraci\u00f3n estuviera obligada a indemnizar directamente por hechos menos graves y no, en cambio, por hechos m\u00e1s graves que le son igualmente imputables si se han producido dentro del c\u00edrculo de funciones p\u00fablicas encomendadas al agente declarado\u00a0culpable\u201d. En este mismo sentido v\u00e9anse BARCELONA LLOP (1994, pp. 333 y ss.); CASINO RUBIO (1998, pp. 129 y ss.); FERNANDEZ FUSTES (2004, p. 136); MARTIN REBOLLO (1994, p. 97) y MOLINA BLAZQUEZ (1998, p. 129).<\/p>\n

<\/a>57<\/a> LEGUINA VILLA (1993, p. 404) y MOLINA BLAZQUEZ (1998, p. 129).<\/p>\n

<\/a>58<\/a> MOLINA BLAZQUEZ (1998, p. 129).<\/p>\n

<\/a>59<\/a> Derog\u00f3 expresamente el art. 410 LOPJ y el T\u00edtulo II del Libro IV de la LECrim, arts. 757 a 778.<\/p>\n

<\/a>60<\/a> VIEITES PEREZ (1997, p. 36).<\/p>\n

<\/a>61<\/a> En este mismo sentido, el ATS, 2\u00aa, de 17.1.2002 (RJ 2002\\2344; MP: Enrique Bacigalupo Zapater) acuerda que se\u00a0instruya la causa seg\u00fan el procedimiento previsto en los arts. 299 y ss. LECrim, esto es por los tr\u00e1mites del\u00a0Proceso Ordinario. Asimismo, v\u00e9anse tambi\u00e9n, AATS de 23.2.1998 (RJ 1998\\2533; MP: Jos\u00e9 Manuel Mart\u00ednez-\u00a0Pereda Rodr\u00edguez) y 3.11.1998 (RJ 1998\\3123; MP: Gregorio Garc\u00eda Ancos).<\/p>\n

<\/a>62<\/a> En sentido similar v\u00e9anse, entre otras, STS, 2\u00aa, de 27.2.2012 (RJ 2012\\3659; MP: Andr\u00e9s Mart\u00ednez Arrieta); de\u00a013.2.2012 (RJ 2012\\2650; MP: Manuel Marchena G\u00f3mez) y de 9.2.2012 (RJ 2012\\199; MP: Miguel Colmenero\u00a0Men\u00e9ndez de Luarca); STSJ de Andaluc\u00eda, Granada, Civil y Penal, de 13.10.2011 (RJ 2011\\1237; MP: Lorenzo del\u00a0R\u00edo Fern\u00e1ndez); STS, 2\u00aa, de 3.2.2009 (RJ 2009\\1771; MP: Luciano Varela Castro); STSJ de Catalu\u00f1a, Civil y Penal,\u00a0de 3.1.2005 (RJ 2005\\502; MP: Pon\u00e7 Feliu i Llansa); STS, 2\u00aa, de 28.6.2004 (RJ 2004\\5074; MP: Joaqu\u00edn Delgado\u00a0Garc\u00eda); STSJ de Catalu\u00f1a, Civil y Penal, de 22.11.1999 (RJ 1999\\3422; MP: Lluis Puig i Ferriol).<\/p>\n

<\/a>63<\/a> En este sentido v\u00e9ase, MONTERO AROCA (1990, p. 212).<\/p>\n

<\/a>64<\/a> MARTINEZ TRISTAN (2003, p. 182).<\/p>\n

<\/a>65<\/a> Acuerdo citado por VIEITES PEREZ (1997, p. 40).<\/p>\n

<\/a>66<\/a> As\u00ed la STS, 3\u00aa, de 3.5.2012 (RJ 2012\\6472; MP: Jos\u00e9 D\u00edaz Delgado) se\u00f1ala que \u201cse enjuicia en el presente recurso\u00a0el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de fecha 28 de abril de 2011, cuyo punto I-25\u00ba\u00a0resolvi\u00f3 ratificar el acuerdo de la Comisi\u00f3n Permanente de 19 de abril de 2011, adoptado por razones de urgencia\u00a0y en funciones de Pleno, por el que se acord\u00f3 hacer efectiva la suspensi\u00f3n provisional de funciones del\u00a0Magistrado Sr. Carlos Daniel como consecuencia del auto de apertura de juicio oral dictado por la Sala Segunda\u00a0del Tribunal Supremo, con fecha 11 de abril del citado a\u00f1o, en la causa especial n\u00ba 20716\/2009\u201d. En este mismo\u00a0sentido v\u00e9ase STS, 3\u00aa, de 30.1.2012 (RJ 2012\\3695; MP: Pablo Lucas Murillo de la Cueva).<\/p>\n

<\/a>67<\/a> El delito de prevaricaci\u00f3n judicial se tramita, como hemos mencionado, a trav\u00e9s del procedimiento abreviado\u00a0(v\u00e9ase apartado 6). En este procedimiento, el instructor es el competente para controlar la existencia de un\u00a0m\u00ednimo de fundamento para la apertura del juicio oral. As\u00ed, ordenar\u00e1 que se de traslado de las diligencias previas\u00a0al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas, para que en el plazo com\u00fan de diez d\u00edas, soliciten la apertura\u00a0del juicio oral formulando escrito de acusaci\u00f3n (art. 780.1 LECrim).<\/p>\n

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Especialidades del proceso penal por prevaricaci\u00f3n\u00a0 judicial PARTE I ***   \u00a0 Especialidades del proceso penal por prevaricaci\u00f3n judicial PARTE 2 de 2   M\u00aa Dolores Fern\u00e1ndez Fustes\u00a0 Universidad de Vigo\u00a0 Facultad de Derecho\u00a0 BARCELONA, […]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":3,"featured_media":15164,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-15149","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-justicia"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15149","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15149"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15149\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15164"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15149"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15149"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15149"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}